S-021-99<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Dr. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C. once (11) de junio de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
Ref: Expediente No. 5144 <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de once (11) de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994), proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso ordinario de pertenencia seguido por los se\u00f1ores VICTOR ORLANDO PINZON FARFAN y MARTHA LILIANA NAVARRETE, frente a la se\u00f1ora IRENE ROBAYO BERNAL y personas indeterminadas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante demanda que fue presentada ante el Juez Civil del Circuito de Chocont\u00e1, los se\u00f1ores V\u00edctor Orlando Pinz\u00f3n Farf\u00e1n y Martha Liliana Navarrete convocaron a la se\u00f1ora Irene Robayo Bernal, de quien dijeron desconocer su residencia, y a personas indeterminadas, a fin de que mediante los tr\u00e1mites de un proceso ordinario de pertenencia, se hiciese la siguiente declaraci\u00f3n judicial: <\/p>\n
Que pertenece a los citados demandantes, \u00abpor haberlo adquirido por prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva del dominio\u00bb, una casa-lote situada en el \u00e1rea urbana del municipio de Chocont\u00e1, cuyos linderos, direcci\u00f3n y caracter\u00edsticas se describen en la demanda. Solicitaron, adem\u00e1s, la inscripci\u00f3n del respectivo fallo judicial. <\/p>\n
Los demandantes fincaron sus pretensiones en la posesi\u00f3n de buena fe que, como due\u00f1os, han mantenido sobre el inmueble desde el 3 de diciembre de 1991, por compra que de la misma hicieron a Eva Romero Pedraza y Ana Rosa Castillo Moreno, seg\u00fan consta en sendas escritura p\u00fablicas; dicen que su posesi\u00f3n, sumada a la de los \u00abtradentes anteriores\u00bb, alcanza a treinta a\u00f1os, en forma continua, y que se ha manifestado por la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del predio, la mejora de las construcciones existentes, el cultivo del solar y el pago de los impuestos respectivos. <\/p>\n
Por \u00faltimo, indica la demanda que en el Certificado de Registro correspondiente aparece, como titular de un derecho real, en el a\u00f1o de 1920, la se\u00f1ora \u00abIrene Robayo Bernal, persona que mis poderdantes desconocen, esta afirmaci\u00f3n es bajo juramento\u00bb. <\/p>\n
2. Admitida la demanda se orden\u00f3 la notificaci\u00f3n a los demandados y el emplazamiento de estos \u00aben la forma establecida en el Art. 407 del C. de P.C.\u201d. Efectuado \u00e9ste respecto de \u00abIrene Robayo Bernal y dem\u00e1s personas indeterminadas\u00bb, se les design\u00f3 curador ad litem con quien se surti\u00f3 la notificaci\u00f3n y traslado de la demanda. Dicho curador dio respuesta, por escrito, a la demanda manifestando que no se opon\u00eda a las pretensiones \u00abpor no tener conocimiento de los hechos\u00bb. <\/p>\n
3. Tramitado el proceso, el a quo dict\u00f3 sentencia acogiendo las pretensiones de los demandantes; y ordenada que fuera la consulta ante el Tribunal, \u00e9ste decidi\u00f3 por medio del fallo ahora impugnado en casaci\u00f3n, donde dispuso revocar la sentencia de primera instancia e \u00abInhibirse de fallar sobre las pretensiones formuladas, por carencia del presupuesto denominado capacidad para ser parte en la demandada Irene Robayo Bernal\u00bb. <\/p>\n
LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Despu\u00e9s de explicar en qu\u00e9 consisten los presupuestos procesales y espec\u00edficamente el de \u00abcapacidad para ser parte\u00bb, cuya falta genera un fallo inhibitorio, el sentenciador dice que dicho presupuesto se halla establecido en el art\u00edculo 44 del C. de P.C., seg\u00fan el cual \u00abToda persona natural o jur\u00eddica puede ser parte en un proceso\u00bb, lo que excluye a la persona fallecida, \u00abResultando injur\u00eddico iniciar una causa judicial contra alguien que ya no puede ser sujeto de la misma\u00bb; justamente por ello, agrega, se le cataloga como un presupuesto procesal, o sea \u00abcomo una condici\u00f3n para que el juzgador pueda proferir una decisi\u00f3n de m\u00e9rito\u00bb. No es posible una actuaci\u00f3n judicial sin parte, como tampoco podr\u00eda haber sentencia frente a quien fue demandado despu\u00e9s de muerto. <\/p>\n
2. Asevera el fallador, que en el presente proceso se pudo establecer que la demandada Irene Robayo Bernal falleci\u00f3 desde el a\u00f1o de 1965; y que ante tal circunstancia, la demanda no pod\u00eda ser dirigida sino contra sus herederos determinados e indeterminados, seg\u00fan lo dispone el art\u00edculo 81 del C. de P.C., lo cual no se hizo ni se pretendi\u00f3 en la demanda. <\/p>\n
3. De ese modo -se\u00f1ala la sentencia impugnada-, falta el presupuesto procesal de capacidad para ser parte en la demandada Bernal Robayo, irregularidad que no se subsana \u00ab…con el emplazamiento de los herederos indeterminados (sic) ni con la designaci\u00f3n de un curador…\u00bb, ya que, como ha dicho la Corte < … Los muertos no pueden ser procesalmente emplazados, ni mucho menos representados v\u00e1lidamente por curador ad litem…>. Es por esa raz\u00f3n, culmina diciendo el Tribunal, que se ve precisado a proferir un fallo inhibitorio. <\/p>\n
EL RECURSO DE CASACION <\/p>\n
CARGO UNICO <\/p>\n
Con respaldo en la causal tercera de casaci\u00f3n, consagrada en el art\u00edculo 368 del C. de P.C., ac\u00fasase la sentencia del Tribunal de contener en su parte resolutiva \u00abdeclaraciones o disposiciones contradictorias\u00bb. <\/p>\n
En la fundamentaci\u00f3n del cargo y para solicitar que se case la sentencia impugnada, el censor aduce que \u00e9sta es contradictoria en sus declaraciones y disposiciones, apoyado en las siguientes razones: <\/p>\n
1o. Por ser inhibitoria no decide nada y deja en el vac\u00edo lo resuelto por el juez de primera instancia, lo que contiene una \u00abenorme contradicci\u00f3n\u00bb en lo resuelto, dado que si bien es cierto que la demandada hab\u00eda fallecido, tambi\u00e9n lo es que ten\u00eda capacidad para ser parte, ya que los \u00abmuertos\u00bb son representados por sus herederos, sean personas determinadas o indeterminadas <\/p>\n
Ninguno de los emplazados en el proceso se present\u00f3 a hacer valer sus derechos y, de consiguiente, el curador ad litem representa a los demandados, sean personas vivas o fallecidas; en \u00e9l \u00abdescansa la capacidad para ser parte procesal, la demandada Irene Robayo Bernal\u00bb. <\/p>\n
2o. Por dejar de decidir sobre lo consultado, pues si la demandada no ten\u00eda capacidad para ser parte, \u00abcon mayor raz\u00f3n ha debido fallarse de fondo\u00bb. <\/p>\n
3o. Porque el Tribunal \u00abdecidi\u00f3 inhibirse\u00bb, siendo que la \u00abincapacidad para ser parte\u00bb dar\u00eda lugar a una nulidad o a irregularidades del proceso. <\/p>\n
4o. Por decidir que Irene Robayo Bernal carec\u00eda de capacidad para ser demandada, cuando fue la persona contra quien se dirigi\u00f3 la demanda, dado que figuraba en el certificado del Registrador como propietaria del inmueble disputado. <\/p>\n
5o. Porque el Tribunal es competente para decidir el grado de consulta, \u00aby no fallar, es contradecir lo resuelto y al no confirmar o revocar lo decidido por el ad quo (Sic), est\u00e1 denegando justicia, lo que conlleva a contener declaraciones contradictorias\u00bb. <\/p>\n
SE CONSIDERA <\/p>\n
1. Como es sabido, la causal 3a. de casaci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 368 del C. de P.C., se refiere a un error in procedendo, cuya ocurrencia se detecta cuando la parte resolutiva de la sentencia impugnada contiene disposiciones o declaraciones notoriamente contradictorias, hasta el punto de hacerse imposible su cumplimiento o ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Para que sea pr\u00f3spero el cargo que se apoye en dicha causal, deben darse los siguientes supuestos: <\/p>\n
a) Pluralidad de decisiones contenidas en la sentencia que es objeto del recurso de casaci\u00f3n; y, <\/p>\n
b) Contradicci\u00f3n rec\u00edproca advertible entre dichas decisiones, de modo tal que se haga imposible su cumplimiento o ejecuci\u00f3n simult\u00e1neas. <\/p>\n
2. En el caso sub lite, la sentencia del Tribunal contiene dos decisiones proferidas para resolver la consulta de la sentencia de primera instancia: una donde \u00e9sta se revoca y otra que declara la inhibici\u00f3n para decidir de fondo, por la falta del presupuesto procesal de capacidad para ser parte de la demandada Irene Robayo Bernal. <\/p>\n
Dichas decisiones no se contradicen, puesto que su emisi\u00f3n corresponde al desempe\u00f1o propio del Tribunal en el grado de consulta en el que actu\u00f3, siendo la una consecuencia de la otra, sin que se excluyan rec\u00edprocamente, cualesquiera hubieran sido los fundamentos en que se apoy\u00f3 el sentenciador para obrar de ese modo. <\/p>\n
En ese sentido, pues, no se cumplen los supuestos de la causal invocada que exige, como se dijo, la presencia de decisiones contradictorias; otra cosa suceder\u00eda si, por ejemplo, se hubiera confirmado la sentencia estimativa de las pretensiones proferida en la primera instancia, y que, al mismo tiempo, el Tribunal se hubiera declarado inhibido para decidir de fondo; mas, como se advirti\u00f3, esta no es la hip\u00f3tesis que se concreta en la sentencia impugnada. <\/p>\n
3. De otra parte, se observa que el censor basa el cargo en que el Tribunal no decidi\u00f3 la consulta, dado que, en su sentir, no revoc\u00f3 ni confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia para limitarse a dictar el fallo inhibitorio mencionado, planteamiento con el cual da a entender que subsisten de manera simult\u00e1nea, la sentencia de fondo dictada en primera instancia y la sentencia inhibitoria dictada en la segunda. <\/p>\n
Empero, dicha omisi\u00f3n, a\u00fan de haber ocurrido, no ser\u00eda impugnable con respaldo en la causal tercera de casaci\u00f3n. Adem\u00e1s, en realidad ella no se produjo, habida cuenta que la parte resolutiva de la decisi\u00f3n cuestionada, como ya se dijo, denota que el ad quem, antes de inhibirse de fallar de fondo, dispuso expresamente la revocatoria de la sentencia de primer grado. <\/p>\n
4. Ahora bien, si se interpreta la demanda de casaci\u00f3n como que fuese dirigida \u00fanicamente a combatir la sentencia inhibitoria proferida por el Tribunal, con mayor raz\u00f3n no se estructura la causal de casaci\u00f3n aducida, puesto que un fallo de tal naturaleza revela un solo pronunciamiento y, por su naturaleza, no contiene una verdadera disposici\u00f3n o declaraci\u00f3n ata\u00f1edera a la cuesti\u00f3n litigiosa o de fondo, de la cual se pueda predicar su ejecutabilidad. <\/p>\n
5. En los otros aspectos de la fundamentaci\u00f3n del cargo, seg\u00fan el compendio que se hizo del mismo, se ve patente, ora la intenci\u00f3n del censor de formular reparos de orden f\u00e1ctico y jur\u00eddico respecto de la conclusi\u00f3n a que lleg\u00f3 el Tribunal de no hallar presente el presupuesto procesal de capacidad para ser parte de la mencionada demandada, ya el prop\u00f3sito de rebatir los efectos jur\u00eddicos que el sentenciador dedujo de tal ausencia. <\/p>\n
Sin embargo, las censuras de ese orden no tienen cabida en el \u00e1mbito de la causal tercera de casaci\u00f3n; esta, como se sabe, configura un error in procedendo, dentro de la cual no son admisibles objeciones relativas al raciocinio jur\u00eddico o sobre los hechos y las pruebas que condujeron al sentenciador a decidir como lo hizo. El ataque en casaci\u00f3n, por dichos aspectos, en su caso, debe, entonces, desplegarse por medio de una causal distinta a la aqu\u00ed invocada por el recurrente. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, N O C A S A la sentencia de once (11) de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994), proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, dentro del proceso ordinario de pertenencia seguido por los se\u00f1ores VICTOR ORLANDO PINZON FARFAN y MARTHA LILIANA NAVARRETE, frente a la se\u00f1ora IRENE ROBAYO BERNAL y personas indeterminadas. <\/p>\n
Costas en el recurso de casaci\u00f3n a cargo de la parte recurrente. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
(en permiso) <\/p>\n
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 5144 <\/p>\n
PEDRO LAFONT PIANETTA <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
(en permiso) <\/p>\n
RAFAEL ROMERO SIERRA <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
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