S-024-00 [5214]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de julio de mil novecientos noventa y nueve (1.999). <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 5214 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante contra la sentencia 9 de junio de 1994, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta -Sala de Familia- en el proceso ordinario que Francina Teresa Alzamora de Mart\u00ednez promovi\u00f3 contra Jos\u00e9 Alejandro Mart\u00ednez Pinedo y Alba Marina Pacheco Blanco. <\/p>\n
I. Antecedentes <\/p>\n
1. El proceso se adelant\u00f3 para que se declaren nulos \u00abpor simulaci\u00f3n\u00bb, tanto la compraventa plasmada en la escritura p\u00fablica No. 767 de 27 de abril de 1989, de la notar\u00eda primera de Santa Marta, como la realizada el 15 de abril de 1988, por medio de las cuales Jos\u00e9 Alejandro Mart\u00ednez Pinedo dijo transferir a Alba Marina Pacheco Blanco los bienes relacionados en la demanda. Y para que, \u00abcomo consecuencia de las nulidades que se decreten\u00bb, los demandados sean condenados a pagar o liberar los bienes de los grav\u00e1menes que se hubieren llegado a constituir sobre ellos, so pena de pagar perjuicios. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Son hechos b\u00e1sicos de la pretensi\u00f3n: <\/p>\n
El demandado Jos\u00e9 Alejandro est\u00e1 unido matrimonialmente con la demandante Francina, pero hace vida marital con Alba Marina y han procreado hijos. <\/p>\n
El 14 de abril de 1988, aqu\u00e9lla lo demand\u00f3 en separaci\u00f3n de bienes ante el juzgado segundo civil del circuito de Santa Marta, por lo que \u00e9l, \u00abcon el \u00e1nimo o prop\u00f3sito de sustraer de la liquidaci\u00f3n y adjudicaci\u00f3n de los bienes integrantes del haber de la sociedad conyugal habidos en el matrimonio\u00bb, vendi\u00f3 en apariencia a su concubina los bienes objeto del proceso; la verdad es que lo hizo por precios no pagados e irrisorios, sin que ella tuviese capacidad econ\u00f3mica para adquirirlos, am\u00e9n de que los bienes siguieron en poder de \u00e9l. <\/p>\n
Con tales negociaciones \u00abse han encubierto u ocultado otras de distinta \u00edndole enderezados, en virtud de prop\u00f3sitos dolosos de los contratantes, a restar del haber de la sociedad conyugal tal cantidad de bienes que al liquidarla como consecuencia de la acci\u00f3n judicial de separaci\u00f3n de bienes indicada, no se contara con los que integran realmente el haber conyugal. De esa manera, la c\u00f3nyuge abandonada y afectada patrimonialmente por las maniobras de los demandados, vendr\u00eda a recibir una migaja\u00bb. <\/p>\n
3. La demanda fue presentada el 29 de junio de 1989, y recibida a tr\u00e1mite por el juzgado tercero civil del circuito de Santa Marta. Creado el lazo de instancia y superadas las dem\u00e1s etapas propias del juicio, tal juzgado pronunci\u00f3 sentencia el 5 de noviembre de 1991, en la que acogi\u00f3 la simulaci\u00f3n deprecada respecto de los inmuebles y tom\u00f3 otras determinaciones consecuentes. <\/p>\n
4. Y como de dicho fallo apelara la parte demandada, el proceso subi\u00f3 a la Sala Civil del Tribunal Superior de Santa Marta; pero, luego de tramitada buena parte de la alzada, estim\u00f3se que, por la naturaleza del asunto, la Sala que deb\u00eda conocer del mismo era la de Familia, a la que se remiti\u00f3 entonces el expediente. As\u00ed que \u00e9sta decidi\u00f3 la apelaci\u00f3n mediante fallo de 9 de junio de 1994, revocando la sentencia de primera instancia y desestimando en cambio las pretensiones. <\/p>\n
5. La demandante, como se dijo a su tiempo, recurri\u00f3 en casaci\u00f3n. <\/p>\n
II. La sentencia del tribunal <\/p>\n
Resumido el litigio, elucid\u00f3 algunos aspectos del fen\u00f3meno simulatorio. Mas consider\u00f3 trascendente, antes del an\u00e1lisis probatorio, examinar el punto de la \u00abcompetencia\u00bb, en torno a lo cual asegur\u00f3: <\/p>\n
\u00abEs de observarse que el Juez Tercero Civil del Circuito, fall\u00f3 este proceso a pesar de estar en vigencia la organizaci\u00f3n de la Legislaci\u00f3n de Familia, proceso que por su naturaleza nos correspond\u00eda, lo que trae consecuencialmente que se genere una njlidad (sic), la que fu\u00e9 saneada puesto que las partes la convalidaron con su posterior actuaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Y viendo superado tal asunto, abord\u00f3 el fondo de la controversia e inquiri\u00f3 la prueba de la simulaci\u00f3n suplicada. Al cabo de lo cual concluy\u00f3 que no se hab\u00eda demostrado, porque \u00ablos indicios para que sean plena prueba dentro de cualquier proceso, deben estar plenamente probados, los hechos en que se fundamentan y la existencia de varios de ellos deben estar provistos de la suficiente fuerza probatoria de lo que con ello pretende probarse\u00bb. Revoc\u00f3, pues, el fallo de primer grado, disponiendo en su lugar la desestimaci\u00f3n de las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
III. La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
Con apoyo en la quinta causal de casaci\u00f3n, el \u00fanico cargo formulado se\u00f1ala que se present\u00f3 la nulidad prevenida en el numeral 1o. del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Expl\u00edcase al efecto que no hay duda de que la naturaleza del litigio concierne al r\u00e9gimen econ\u00f3mico del matrimonio, pues que la situaci\u00f3n planteada consiste en que \u00abuno de los c\u00f3nyuges afectado por la disposici\u00f3n de bienes tomada por el otro, se siente agraviado econ\u00f3micamente. Se encamina la demanda a la salvaguarda de intereses puramente econ\u00f3micos provenientes de la sociedad conyugal de bienes, sociedad \u00e9sta afectada por hechos que constituyen desmendros (sic) econ\u00f3micos en cuanto se sustraen bienes sociales en detrimento de la econom\u00eda conyugal\u00bb. De tal suerte que se trata de un asunto del que deben conocer, por mandato del decreto 2272 de 1989, la jurisdicci\u00f3n de familia. Y si bien \u00e9sta no estaba creada cuando se inici\u00f3 este juicio, es lo cierto que tan pronto como ella entr\u00f3 en funcionamiento ha debido remit\u00edrsele el proceso para que continuara con su tr\u00e1mite, seg\u00fan la previsi\u00f3n que sobre el particular hizo el mismo decreto. <\/p>\n
Para el recurrente, entonces, si la jurisdicci\u00f3n de familia comenz\u00f3 a funcionar en Santa Marta el 25 de septiembre de 1990 y no se cumpli\u00f3 con dicha remisi\u00f3n, significa que el juez civil adelant\u00f3 gran parte del proceso y dict\u00f3 sentencia de primer grado cuando su conocimiento ya correspond\u00eda a otro juez. O sea que se gener\u00f3 la endilgada nulidad, cual lo admiti\u00f3 la Sala de Familia; s\u00f3lo que \u00e9sta \u00abacudi\u00f3, extra\u00f1amente, al argumento errado de considerar el asunto relativo a la simple competencia judicial, con abandono del concepto de Jurisdicci\u00f3n que es figura procesal que comprende la competencia. Lo correcto habr\u00eda sido decir que la Sala Civil no pod\u00eda conocer del proceso por falta de jurisdicci\u00f3n. De esa manera, siguiendo esos lineamientos, la Sala de Familia advierte tosudamente (sic) que no hay nulidad en el tr\u00e1mite en del (sic) proceso en raz\u00f3n de que la falta de competencia qued\u00f3 subsanada por no haber sido alegada oportunamente por las partes\u00bb. <\/p>\n
Y a\u00f1adi\u00f3 que as\u00ed se present\u00f3 un \u00abCraso error que condujo a la Sala de Familia a pronunciar sentencia de m\u00e9rito a pesar de que lo pertinente desde el punto de vista procesal, era reconocer la falta de jurisdicci\u00f3n del Juez Civil de primera instancia y decretar, en consecuencia, la nulidad del proceso por evidente falta de jurisdicci\u00f3n, en cuanto tal nulidad es insaneable como lo manda el inciso segundo (2o.) numeral seis 6) del Art. 144 del C. P. C.\u00bb. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
Como bien se observa, para la censura hubo nulidad en buena parte del tr\u00e1mite de primera instancia, dado que, en su parecer, el asunto aqu\u00ed ventilado ha debido pasar al conocimiento del juez de familia, desde el propio instante en que esta jurisdicci\u00f3n, creada por el decreto 2272 de 1989, entr\u00f3 en funcionamiento. Como lo indica la naturaleza dispositiva de la casaci\u00f3n, la Corte fija la vista no m\u00e1s que en el preciso punto denunciado, sin tener que reparar en aspectos distintos, tal como sucede por ejemplo, con el de la competencia funcional. <\/p>\n
Mas ocurre que la mentada nulidad no ha podido presentarse, sencillamente porque la controversia agitada en este proceso corresponde conocerla a los jueces civiles y no a los de familia. En efecto, si el proceso cuestiona de simulados algunos contratos por virtud de los cuales el c\u00f3nyuge de la actora transfiri\u00f3 bienes a un tercero, toda la pesquisa judicial debe estar orientada no m\u00e1s que a establecer si en verdad tales negocios son ficticios; no es, por lo mismo, un litigio que tenga su fuente inmediata en el r\u00e9gimen econ\u00f3mico del matrimonio como para decirse que cae dentro del \u00e1mbito que atribuye competencia a los jueces de familia (decreto 2272 de 1989, art\u00edculo 5). <\/p>\n
En efecto, tras apuntar la Sala que un evento como este, \u201cintr\u00ednsecamente no encarna litigio alguno acerca de derechos que tengan manantial inmediato en el r\u00e9gimen econ\u00f3mico matrimonial\u201d, ya que la decisi\u00f3n a tomarse impone \u00fanicamente el examen de averiguar si el negocio jur\u00eddico impugnado s\u00f3lo existe en la apariencia\u201d, explic\u00f3 al punto: <\/p>\n
\u201cAhora, que a la larga la decisi\u00f3n a tomar en el pleito incida en la conformaci\u00f3n del patrimonio social partible, no es factor que impulse a decir que ah\u00ed est\u00e1 la raz\u00f3n para que sean los jueces de familia quienes deban asumir el conocimiento de proceso tal. Porque la preceptiva enantes citada, dada la especialidad a que refiere, impone que a la hora de averiguar las facultades atribuidas a dichos jueces se aplique un criterio de derecho estricto, de donde precisamente se desgaja el apotegma de que lo que no est\u00e9 puntualmente all\u00ed asignado, sencillamente no es de su competencia\u201d. <\/p>\n
Por suerte que – prosigue la Sala – que \u201clos litigios que de esta estirpe est\u00e1n atribuidos a los jueces de familia son aquellos que apuntan rectamente a las instituciones que doctrinalmente conforman el r\u00e9gimen econ\u00f3mico del matrimonio \u2018y no por la repercusi\u00f3n que una determinada decisi\u00f3n judicial puede tener en relaci\u00f3n con las mismas\u2019, a\u00f1adiendo que cuando un c\u00f3nyuge opugna un contrato que el otro ha celebrado antes de la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal, \u2018el asunto no debe tildarse como de familia, as\u00ed la prosperidad de la pretensi\u00f3n repercuta en el haber de la sociedad conyugal\u201d. <\/p>\n
Y remat\u00f3 all\u00ed mismo: <\/p>\n
\u201cSi, pues, el pleito refiere a la simulaci\u00f3n de un contrato, es asunto meramente civil, as\u00ed y todo se haya entablado entre c\u00f3nyuges y pueda finalmente tener percusi\u00f3n en el haber social de la sociedad formada por el hecho del matrimonio\u201d (Cas. Civ. de 6 de mayo de 1998, Exp. No. 5028). <\/p>\n
Situaci\u00f3n que, valga la pena expresarlo, vino a corroborar posteriormente el propio legislador al expedir la Ley 446 de 1998, pues que entregado a la tarea de precisar cuales son las controversias que ata\u00f1en al r\u00e9gimen econ\u00f3mico del matrimonio a que alud\u00eda el art\u00edculo 5, num 12, del Decreto 2272 de 1989, no contempl\u00f3 all\u00ed el litigio debatido en este proceso. (art. 26, letra B de la precitada Ley). <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, si la controversia planteada en este proceso ordinario corresponde a la jurisdicci\u00f3n civil, no puede abrirse paso la casaci\u00f3n en la que la recurrente aparece doli\u00e9ndose de que haya un sido un juez civil el que tramitara toda la primera instancia, ya que jam\u00e1s puede considerarse que la actuaci\u00f3n adelantada por quien es competente est\u00e1 viciada por esta raz\u00f3n de nulidad. <\/p>\n
Ocurre, pues, que el cargo no prospera. <\/p>\n
Decisi\u00f3n <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta profiri\u00f3 en este proceso el 9 de junio de 1994, materia de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Costas en casaci\u00f3n a cargo del recurrente. T\u00e1sense. <\/p>\n
Notif\u00edquese y oportunamente devu\u00e9lvase al tribunal de procedencia. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
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