S-025-99<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de Julio de mil novecientos noventa y nueve (1999).- <\/p>\n
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Referencia: Expediente No. 5137 <\/p>\n
Se decide por la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada y a la vez actora en reconvenci\u00f3n, contra la sentencia de fecha ocho (8) de abril de 1994, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso ordinario seguido por la sociedad LUIS F. GONZALEZ E HIJOS S. en C. S. en frente de RAFAEL RUEDA PAEZ con citaci\u00f3n mediante emplazamiento de las personas indeterminadas con inter\u00e9s para intervenir en el proceso. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
1. En la demanda con que se abri\u00f3 el proceso en menci\u00f3n y cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito de San Gil (Santander), la sociedad LUIS F. GONZALEZ E HIJOS S. en C. S., compa\u00f1\u00eda de comercio regularmente constituida con domicilio en esta capital, entabl\u00f3 acci\u00f3n reivindicatoria contra RAFAEL RUEDA PAEZ, para que previos los tr\u00e1mites correspondientes y en sentencia que haga tr\u00e1nsito a cosa juzgada, se declare que le pertenece en dominio pleno y absoluto el lote de terreno ubicado en el barrio La Playa, zona urbana del municipio de San Gil, identificado por sus linderos en el aludido escrito de demanda, y en consecuencia, se ordene al demandado la restituci\u00f3n de dicho inmueble a la sociedad demandante, con los bienes que formen parte del predio o se reputen como inmuebles, al igual que el pago de los frutos naturales o civiles percibidos o que se hubiesen podido percibir con mediana inteligencia y cuidado \u201cdesde el mismo momento de iniciada la posesi\u00f3n\u201d por tratarse de un poseedor de mala fe, previo cobro del costo de las reparaciones que tuviese que hacer la sociedad propietaria por los deterioros causados en el predio en virtud de la ocupaci\u00f3n, y la cancelaci\u00f3n de todo gravamen que pese sobre el inmueble, sin que por su parte se le ordene indemnizar las expensas al demandado por ser \u00e9ste poseedor de mala fe. Por \u00faltimo, solicita que se disponga lo relacionado con la inscripci\u00f3n de la sentencia en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria correspondiente y se condene en costas al demandado. <\/p>\n
Para sustentar las pretensiones as\u00ed rese\u00f1adas, la demanda da cuenta de hechos y afirmaciones que bien pueden compendiarse del modo siguiente: <\/p>\n
-. El lote objeto del litigio fue adquirido en el a\u00f1o de 1974 por Luis Gerardo Gonz\u00e1lez Ord\u00f3\u00f1ez y otros, mediante adjudicaci\u00f3n que se les hizo en el juicio de sucesi\u00f3n de Luis Gerardo Gonz\u00e1lez Jaimes quien a su vez obtuvo la propiedad por compra hecha a Alejandro Ordo\u00f1ez Marquez, quien por su parte lo adquiri\u00f3 de Alicia Jaimes de Gonz\u00e1lez en el a\u00f1o de 1960. Por \u00faltimo, en el a\u00f1o de 1977, mediante escritura p\u00fablica n\u00famero 1691 corrida en la Notar\u00eda 11 de Bogot\u00e1, sus propietarios aportaron el lote en menci\u00f3n al activo de la sociedad LUIS F. GONZALEZ E HIJOS S. EN C. S. <\/p>\n
-. Aunque el registro del t\u00edtulo que obra en la matr\u00edcula inmobiliaria n\u00famero 319-0000502 de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de San Gil no ha perdido actualidad, la sociedad demandante se encuentra privada de la posesi\u00f3n material del inmueble, ejercida en cambio en forma irregular por RAFAEL RUEDA PAEZ y sus hijos desde el a\u00f1o de 1985, momento en el que aprovecharon que algunos de los due\u00f1os se trasladaron a la ciudad de Bogot\u00e1 y que el lote se encontraba deshabitado para establecer una arenera dedic\u00e1ndose de esa manera a la extracci\u00f3n de material del r\u00edo Fonce que configura uno de los linderos del predio objeto de reivindicaci\u00f3n, destruyendo como consecuencia de ello los muros de cerramiento que originalmente imped\u00edan el paso por esa zona del terreno. <\/p>\n
2. Admitida a tr\u00e1mite la demanda, le dio respuesta el demandado (fl. 33 C. 1) oponi\u00e9ndose a las pretensiones y negando, entre otros hechos, la fecha indicada por la sociedad demandante para ubicar en el tiempo el comienzo de la posesi\u00f3n, para afirmar en cambio que aquella data de 1936; que en el inmueble ha mantenido, adem\u00e1s de una explotaci\u00f3n de arena, cultivos de yuca, ma\u00edz y otros productos \u201csin requerir del consentimiento de alguien\u201d; y que no es poseedor de mala fe por cuanto \u201cpor haber ganado el bien por prescripci\u00f3n extraordinaria como habr\u00e1 de declararse en la sentencia, se presume en la posesi\u00f3n de derecho (sic) la buena fe a pesar de la falta de un t\u00edtulo adquisitivo de dominio\u201d. <\/p>\n
En los mismos hechos sustenta a su vez el demandado la demanda de reconvenci\u00f3n que presenta en contra de la sociedad actora (fl. 3 C. 2), mediante escrito en el que pretende se declare que le pertenece \u201cpor haberlo ganado por prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio\u201d el inmueble objeto de litigio, y que consecuentemente, se ordene la inscripci\u00f3n de la sentencia en la Oficina de Registros P\u00fablicos competente, previa condena en costas a la sociedad demandada, pretensiones a las que, en uso del correspondiente traslado, se opuso la sociedad reconvenida luego de negar la mayor\u00eda de los hechos en que se funda la contrademanda entablada y de solicitar la prueba de la posesi\u00f3n alegada, afirmando, entre otros hechos, que el poseedor inici\u00f3 su labor sacando arena del r\u00edo por debajo del puente para, con posterioridad, pasarla por el predio, destruyendo m\u00e1s tarde el muro de cerramiento, sin que pueda deducirse posesi\u00f3n \u201cpor el hecho de extraer arena del r\u00edo y pasar por all\u00ed abusivamente\u201d, actividad en la que, adem\u00e1s, aquel lleva menos de diez a\u00f1os y por tanto no tiene derecho alguno para adquirir por prescripci\u00f3n. <\/p>\n
La curadora ad litem designada para actuar en nombre de las personas indeterminadas, contest\u00f3 la demanda de reconvenci\u00f3n para subrayar que no le constan los hechos relatados y exigir, en consecuencia, se produzca la prueba de los mismos. <\/p>\n
3. Dict\u00f3 sentencia en primera instancia el Juzgado Primero Civil del Circuito de San Gil denegando las pretensiones de la acci\u00f3n reivindicatoria entablada por la sociedad LUIS F. GONZALEZ E HIJOS S. EN C. S., y declarando, en cambio, que RAFAEL RUEDA PAEZ adquiri\u00f3 por prescripci\u00f3n extraordinaria el dominio pleno sobre el lote referido, por lo que orden\u00f3 la inscripci\u00f3n de la sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esa misma localidad. <\/p>\n
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II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
A vuelta de hacer una completa rese\u00f1a de la actuaci\u00f3n surtida durante el curso de las instancias, el Tribunal se\u00f1ala la concurrencia de los presupuestos que le permiten fallar de fondo el litigio puesto a su consideraci\u00f3n, tras lo cual pasa a ocuparse de los requisitos de viabilidad de la acci\u00f3n reinvidicatoria para detenerse luego en la definici\u00f3n de la misma a la luz de lo dispuesto en el art\u00edculo 946 del C\u00f3digo Civil y subrayar, a continuaci\u00f3n, que sobre el demandante pesa la carga de desvirtuar la presunci\u00f3n de que trata el art. 762 del mismo estatuto legal en el sentido de disponer que al poseedor se le tiene por due\u00f1o mientras otro no justifique serlo. <\/p>\n
Diferencia a continuaci\u00f3n las hip\u00f3tesis que en relaci\u00f3n con dicha carga pueden presentarse, concretamente en cuanto tiene que ver con la prueba del derecho de propiedad que tiene que suministrar el demandante en orden a recobrar la posesi\u00f3n, aseverando que a la mera posesi\u00f3n que el demandado ostenta se pueden contraponer los t\u00edtulos del reivindicante o que estos pueden enfrentarse a los t\u00edtulos y a la posesi\u00f3n del demandado, concluyendo que, en la especie litigiosa en estudio, se da la primera de las situaciones referidas, raz\u00f3n por la cual los t\u00edtulos de propiedad presentados por los demandantes deben \u201ctener una existencia precedente a la posesi\u00f3n ejercida por el demandado\u201d. <\/p>\n
As\u00ed pues, partiendo de este supuesto, para esclarecer lo relacionado con la \u00e9poca de iniciaci\u00f3n de la posesi\u00f3n por el demandado, respecto de la cual vuelve a hacer \u00e9nfasis en que para efectos de la reivindicaci\u00f3n, debe ser ella anterior a la fecha de los t\u00edtulos presentados como prueba del dominio, el Tribunal hace notar que el demandado expres\u00f3 en la demanda de reconvenci\u00f3n tener tal condici\u00f3n desde el a\u00f1o de 1936; m\u00e1s tarde, en el transcurso de la diligencia de inspecci\u00f3n judicial llevada a cabo durante el proceso \u201cel mismo dice que la tiene desde 1967\u201d y que el a-quo la encontr\u00f3 probada desde el a\u00f1o de 1964, elementos estos que introducen confusi\u00f3n pero que, no obstante, han de tenerse en cuenta para emprender el examen de la prueba allegada. <\/p>\n
En desarrollo de esa labor, el sentenciador colegiado divide las declaraciones en grupos para conformar el primero con los testigos presentados por la parte demandante, los cuales, seg\u00fan lo aprecia, no permiten fijar una fecha exacta en cuanto al inicio de la posesi\u00f3n por el demandado, adem\u00e1s de que rese\u00f1an como acto posesorio el tr\u00e1nsito de arena por el predio en disputa, por lo que, a\u00f1ade, \u201cm\u00e1s adelante analizaremos si el solo hecho de atravesar el predio con sacos de arena puede o no considerarse posesi\u00f3n en sentido estricto\u201d, grupo que lo conforman los testimonios de Francisco Ardila Jaimes, Josefo Quintanilla Porras, Francisco Villalba y el de Hernando Torres Pieruccini. <\/p>\n
Con los testimonios solicitados por el contrademandante, conforma el segundo grupo de declaraciones constituido por los que rindieron Rafael Rueda Silva, quien conoce al demandado desde el a\u00f1o de 1964 utilizando el predio; Jaime Olaya Pico, quien calcula de 17 a 18 a\u00f1os la posesi\u00f3n; Vicente Ruiz Villalba quien afirma que el demandado explota el predio desde hace 25 o 23 a\u00f1os; Vicente Rueda Su\u00e1rez, quien la calcula en 25 a\u00f1os; H\u00e9ctor Rueda Paez quien dice que desde el a\u00f1o de 1962 el demandado y sus hijos iniciaron la explotaci\u00f3n del inmueble; Jos\u00e9 Ram\u00f3n Rodr\u00edguez Castro quien conoce al demandado desde hace 30 a\u00f1os trabajando en ese lote; Jaime Vizcaya Entralgo quien se refiere al a\u00f1o de 1966 como el comienzo de la utilizaci\u00f3n del predio por parte del demandado; Luis Jos\u00e9 L\u00f3pez Delgado quien dice que el demandado saca arena por dicho lote a partir del a\u00f1o de 1962 y ha observado labranzas desde hace 15 a\u00f1os; Jos\u00e9 Antonio Barbosa Ariza manifiesta saber que Rafael Rueda explota el predio desde el a\u00f1o de 1970; y, Luis Eduardo Ardila quien dice haber visto al demandado desde el a\u00f1o de 1965 extrayendo arena por el lote y cultiv\u00e1ndolo con siembras de distinta naturaleza. <\/p>\n
Un tercer grupo de declaraciones lo conforma el Tribunal con los testigos que por iniciativa de la sociedad reconvenida se hicieron comparecer, esto es, con lo manifestado por Humberto S\u00e1nchez Gutierrez, top\u00f3grafo, quien en el a\u00f1o de 1986 levant\u00f3 un plano del terreno sin que en ese entonces hubiese observado ocupaci\u00f3n alguna del mismo; Jorge Ordo\u00f1ez G\u00f3mez, visit\u00f3 el lote hace ocho o diez a\u00f1os y no hab\u00eda arenera; Gilberto Galvis Franco, administrador del predio, cancela los impuestos del mismo desde hace 24 a\u00f1os y dice haber visto al demandado y a sus hijos desde hace 20 a\u00f1os all\u00ed: Eduardo G\u00f3mez Silva ha observado al demandado y a sus hijos sacar la arena por ese lote desde hace ocho a\u00f1os; Luis Antonio Ruiz Silva hizo un loteo del terreno hace ocho a\u00f1os y no observ\u00f3 posesi\u00f3n alguna. <\/p>\n
Seguidamente el Tribunal, aludiendo a los dos primeros grupos de testigos, destaca lo antag\u00f3nico de las versiones que suministran, para agregar que a esa dificultad se suma la imprecisa informaci\u00f3n dada por parte del demandante en reconvenci\u00f3n en cuanto a la \u00e9poca exacta en que inici\u00f3 la posesi\u00f3n, circunstancia a la que se auna, adem\u00e1s, el hecho de que los testigos en referencia aseveran haber visto al demandado y a sus hijos desde hace 35 \u00f3 25 a\u00f1os, al paso que otros hablan de 17 y hasta 10 a\u00f1os en actos que no son indicadores de verdadera posesi\u00f3n porque como se ver\u00e1 -expresa la sentencia- \u201c \u2026 no es esa la realidad, aparte de que en ese conjunto de testimonios hay asomo de sospecha por la amistad que los un\u00eda \u2026\u201d. <\/p>\n
Para fundamentar la conclusi\u00f3n consistente en que no toda la \u00e9poca en que el demandado y sus hijos han ocupado por una u otra raz\u00f3n el predio en discusi\u00f3n debe tenerse como posesi\u00f3n, el Tribunal se\u00f1ala que sus amigos y conocidos los observaron sacando arena de diferentes partes del r\u00edo por debajo del puente, sin utilizar el terreno en disputa, per\u00edodo durante el cual no es factible configurar posesi\u00f3n alguna, la cual tampoco se puede entender estructurada por el simple acto de \u201crecorrer el lote de la ribera del r\u00edo al muro sobre la carrera 12, y pasar la arena por encima del mismo\u201d, am\u00e9n de que seg\u00fan lo dicho por los testigos, el muro inicialmente existente en el terreno no fue tumbado por el demandado, como un acto de se\u00f1orio, sino que fue deteriorado hasta su ruina total por la acci\u00f3n de lo veh\u00edculos empleados para la extracci\u00f3n de los materiales de r\u00edo, esto es que dicho acto fue fortuito por lo que cabe afirmar que \u201cese no es un acto de se\u00f1orio y due\u00f1o\u201d al que pueda atribu\u00edrsele significaci\u00f3n posesoria. <\/p>\n
Enseguida el Tribunal expresa que seg\u00fan el an\u00e1lisis global del conjunto probatorio, de los testimonios recibidos merecen entera credibilidad las versiones de Luis Jos\u00e9 L\u00f3pez Delgado y de Eduardo G\u00f3mez Silva, las cuales considera \u201cdesinteresadas y exentas de sospecha\u201d, y a las que se suman las de Humberto S\u00e1nchez Gutierrez y Luis Antonio Ruiz Silva, el primero top\u00f3grafo y el segundo encargado de lotear el terreno de cuya reivindicaci\u00f3n se trata, para conclu\u00edr que los actos posesorios del demandado son recientes, como que se remontan a la \u00e9poca en que \u00e9l utiliz\u00f3 el lote como dep\u00f3sito para la venta de material de r\u00edo y sembr\u00f3 matas de ma\u00edz, yuca y ahuyama, toda vez que los actos anteriores, consistentes exclusivamente en el paso por dicho inmueble del material que extra\u00eda, configuraba tan s\u00f3lo una servidumbre de tr\u00e1nsito \u201cporque lo \u00fanico que hac\u00eda Rafael Rueda era transitar por un mismo sendero del lote, transportando la arena para despu\u00e9s sacarla por encima del muro, y es que el respeto a esta pared con la incomodidad de palear la arena hacia la calle es un reconocimiento t\u00e1cito de dominio ajeno; tampoco se hicieron construcciones de ninguna clase\u201d. <\/p>\n
Con vista en las conclusiones precedentes, el Tribunal considera que el Juzgado se equivoc\u00f3 en la valoraci\u00f3n de la prueba, toda vez que la posesi\u00f3n por parte del demandado data de diez a\u00f1os, lo que hace que los t\u00edtulos presentados por el reivindicante sean suficientes para recuperar el inmueble ocupado por quien califica como poseedor de buena fe dado que la utilizaci\u00f3n del predio se hizo sin recurrir a medios violentos, raz\u00f3n por la cual le reconoce las mejoras previamente valoradas por peritos en el proceso. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACION Y CONSIDERACIONES DE LA CORTE. <\/p>\n
Para procurar la infirmaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, formul\u00f3 el apoderado de la parte demandada y actora en reconvenci\u00f3n recurso de casaci\u00f3n debidamente sustentado mediante demanda que da cuenta de un solo cargo cuyo contenido pasa a resumirse. <\/p>\n
CARGO UNICO: <\/p>\n
a) No se percat\u00f3 el Tribunal que la sociedad reivindicante acept\u00f3 la posesi\u00f3n del demandado cuando al contestar la demanda de reconvenci\u00f3n, le niega \u00fanicamente la posibilidad de obtener por prescripci\u00f3n, tras aducir que dicha posesi\u00f3n es tan s\u00f3lo de diez a\u00f1os. <\/p>\n
b) La sociedad demandante confes\u00f3 en el escrito introductorio que el demandado se encuentra en posesi\u00f3n del inmueble desde el a\u00f1o de 1985. <\/p>\n
c) Rafael Rueda Silva a folio 5 del cuaderno n\u00famero cinco asever\u00f3 que el demandado se encuentra en el inmueble desde el a\u00f1o de 1964, \u201csiempre ha asistido ah\u00ed desde que yo trabaj\u00e9 con ellos y siempre lo he visto ah\u00ed trabajando\u201d. <\/p>\n
d) Jaime Olaya Pico ha presenciado al demandado y a su familia trabajando en el lote desde hace 17 \u00f3 18 a\u00f1os ( fl. 7 Cdo. 5). <\/p>\n
e) Vicente Ruiz Villalba dice haber visto al demandado dede hace 25 a 30 a\u00f1os como due\u00f1o del lote, \u201ceste testigo -a\u00f1ade la censura- da la raz\u00f3n de su dicho y hace una afirmaci\u00f3n que resulta sincera y diciente\u201d. <\/p>\n
f) Jaime Rueda Su\u00e1rez por fuera de afirmar haber visto al demandado poseer el lote desde hace 25 \u00f3 30 a\u00f1os, agreg\u00f3, en versi\u00f3n que pas\u00f3 por alto el Tribunal, que aquel se dedica a sacar arena del r\u00edo para depositarla en el lote y venderla posteriormente, \u201cyo he ido all\u00e1 a comprarle arena\u201d dijo categ\u00f3ricamente el deponente. <\/p>\n
g) Tampoco apreci\u00f3 el Tribunal la versi\u00f3n suministrada por H\u00e9ctor Rueda Su\u00e1rez en el sentido de que desde hace 30 a\u00f1os le compra arena al demandado en el lote objeto del litigio. <\/p>\n
h) En cuanto a la declaraci\u00f3n de Jos\u00e9 Ram\u00f3n Rodr\u00edguez, el Tribunal tambi\u00e9n omiti\u00f3 tener en cuenta que ha visto al demandado desde hace 30 a\u00f1os sacar arena por el lote, primero por encima del muro, y que a\u00f1o tras a\u00f1o siembran en \u00e9l m\u00e1iz, fr\u00edjol, ahuyama, pl\u00e1tano y yuca. <\/p>\n
i) Jaime Viscaya Entralgo conoce al demandado en posesi\u00f3n del inmueble desde 1966. Luis Jos\u00e9 L\u00f3pez Delgado, por su parte, habla de una posesi\u00f3n superior a los 20 a\u00f1os. Jos\u00e9 Antonio Barbosa Ariza ha presenciado las labores desplegadas por el demandado en el lote, consistente en la siembra de algunos productos agricolas, limpieza del terreno, paso con arena y dep\u00f3sito para la venta del material de r\u00edo, desde el a\u00f1o de 1970; y Luis Eduardo Ardila Ribero ha visto al demandado en posesi\u00f3n del inmueble desde el a\u00f1o de 1965. <\/p>\n
De las pruebas referidas, al decir del recurrente, se concluye que Rafael Rueda P\u00e1ez es poseedor del inmueble en disputa, hecho que tambi\u00e9n se infiere de las declaraciones recibidas a instancia de la sociedad reivindicante, especialmente de las versiones dadas por Luis Francisco Ardila Jaimes y Josefo Quintanilla Porras, quienes s\u00f3lo difieren en el tiempo de duraci\u00f3n de la misma. <\/p>\n
Los declarantes que rindieron su versi\u00f3n durante el transcurso de la diligencia de inspecci\u00f3n judicial practicada al inmueble objeto de litigio, informan tambi\u00e9n sobre una posesi\u00f3n superior a los veinte a\u00f1os, como en efecto lo sostienen, Francisco Villalba quien dice conocer al demandado desde antes del a\u00f1o de 1950 en posesi\u00f3n del predio, Hernando Torres Pieruccini y Pablo Antonio Galvis quien dice saber que la posesi\u00f3n data del a\u00f1o de 1963. <\/p>\n
La sociedad reconvenida, por su parte, hizo comparecer al administrador del predio, se\u00f1or Gilberto Galvis Franco, quien dijo haberse percatado de que el demandado se encuentra en posesi\u00f3n del predio desde hace m\u00e1s de veinte a\u00f1os, versi\u00f3n que sin embargo el Tribunal cercen\u00f3, como igual sucedi\u00f3 con lo manifestado por Eduardo G\u00f3mez Silva, Luis Jos\u00e9 L\u00f3pez Delgado, para finalmente quedarse en conjeturas respecto de las declaraciones de Humberto S\u00e1nchez Guti\u00e9rrez y Luis Antonio Ruiz Silva. <\/p>\n
Para la censura, el error del Tribunal radica en la suposici\u00f3n que hace en torno a la permanencia del muro en el lote poseido por el demandado, toda vez que \u201cno tumbar la pared no apunta a demostrar ausencia de \u00e1nimo de poseedor\u201d, puede significar, en cambio, busqueda de protecci\u00f3n o de seguridad por parte del poseedor para prevenir intervenciones ajenas en desmedro del dep\u00f3sito de materiales. Puntualiza, finalmente, que existe error de hecho en la apreciaci\u00f3n hecha por el Tribunal en el sentido de que tumbar el muro es un acto posesorio, el cual se configura en cambio con la explotaci\u00f3n del bien en la forma narrada por los testigos, lo que implica que se dio el error ostensible y manifiesto que permite casar la sentencia impugnada para \u201cacoger la pretensi\u00f3n de pertenencia\u201d. <\/p>\n
1. La facultad de la Corte frente a una impugnaci\u00f3n que utilice la v\u00eda indirecta es por principio la de velar por la recta inteligencia y la debida aplicaci\u00f3n de las leyes sustanciales, no as\u00ed la de revisar una vez m\u00e1s y con absoluta discreci\u00f3n, todas las cuestiones de hecho ventiladas en las instancias, raz\u00f3n por la cual se tiene dicho que la Corte, en cuanto act\u00faa como tribunal de casaci\u00f3n, \u201cha de recibir la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica tal como ella se encuentre definida en el fallo sujeto al recurso extraordinario…\u201d (G. J. t. CXXX, 63) y en consecuencia, este \u00faltimo deviene ineficaz cuando se lo estructura sobre la base de argumentos que exhibiendo tan solo una discrepancia entre el parecer subjetivo del censor y el del juzgador de instancia en lo que ata\u00f1e a la interpretaci\u00f3n de los hechos litigados, tiende a controvertir por lo tanto el criterio empleado por dicho juzgador respecto a la elecci\u00f3n y valoraci\u00f3n de las pruebas determinantes de su decisi\u00f3n, olvidando justamente que seleccionar los medios de prueba, desde luego sin incurrir en arbitrariedad y atribuirles de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica dentro del conjunto de todos los que legalmente corresponde evaluar (Art. 187 del C. de P. C.), es facultad propia o privativa de aquellos funcionarios. <\/p>\n
En ese sentido, es preciso subrayar que los errores probatorios de hecho que se endilgan al Tribunal para que se case la sentencia impugnada, deben ser ostensibles o protuberantes, requisito que exige la plena demostraci\u00f3n de una excepcional anomal\u00eda invalidante que solo se presenta cuando la estimaci\u00f3n probatoria aducida por el recurrente es la \u00fanica factible frente a la realidad procesal, tornando por tanto en contraevidente la efectuada por el juez. <\/p>\n
2. Lo dicho anteriormente cobra especial significaci\u00f3n en la especie litigiosa en estudio por cuanto sin duda alguna y cual lo hace ver con acierto el escrito de r\u00e9plica presentado por la parte actora en el proceso de origen, el recurrente en casaci\u00f3n se propone replantear la valoraci\u00f3n probatoria que minuciosa y pormenorizadamente efectu\u00f3 el Tribunal, para concluir que el fallador cercen\u00f3 las declaraciones de algunos de los testigos, cuando en realidad cada uno de dichos medios de prueba fue apreciado en debida forma por el ad-quem, de manera que s\u00ed las conclusiones no fueron las que el demandado y reconviniente pretend\u00eda, ello obedeci\u00f3 al an\u00e1lisis global de la prueba y no por la apreciaci\u00f3n individual de cada uno de los medios de los que emerge. <\/p>\n
Fue por esa raz\u00f3n, entonces, que el sentenciador arrib\u00f3 a la convicci\u00f3n de que en efecto el demandado era el poseedor del predio reivindicado, pero que a su vez le permiti\u00f3 tambi\u00e9n concluir que dicha posesi\u00f3n no ten\u00eda la antig\u00fcedad alegada para efectos de hacer operar la prescripci\u00f3n adquisitiva, en virtud de que la \u00e9poca anterior a los \u00faltimos diez a\u00f1os no present\u00f3 las caracter\u00edsticas requeridas por la ley para que sea posible tener por configurada una situaci\u00f3n de esa naturaleza. <\/p>\n
Es equivocado por ende aseverar que el Tribunal no tuvo en cuenta las declaraciones de quienes dicen haber visto al demandado ocupando el inmueble desde hace m\u00e1s de veinte a\u00f1os, incluso hasta treinta y cinco a\u00f1os, por cuanto es precisamente con base en dichos testimonios que la sentencia tiene en cuenta la actividad inicial del demandado consistente en extraer material de r\u00edo Fonce para pasarlo por el predio hasta la v\u00eda p\u00fablica, hecho del cual concluye finalmente el Tribunal que aquellos primeros actos no tuvieron significado posesorio, pues consistieron, en una servidumbre de tr\u00e1nsito por un sendero que posteriormente pudo llegar a transformarse en medio para llevar a cabo actividades propias del poseedor pero por un lapso de tiempo insuficiente para la operancia de la usucapi\u00f3n cuya declaraci\u00f3n persigue en su favor el demandado. <\/p>\n
Como se observa, no existe error alguno en la apreciaci\u00f3n probatoria hecha por el Tribunal que, valga advertirlo para abundar en motivos, no edific\u00f3 la sentencia estimatoria de la pretensi\u00f3n reivindicatoria \u00fanicamente en el punto relacionado con el muro que delimitaba el predio objeto de litigio con los colindantes, sino que dej\u00f3 tambi\u00e9n en claro, como ya se anot\u00f3, que el mero acto de utilizar el predio para cargar los veh\u00edculos de material de r\u00edo no es por si s\u00f3lo indicativo de posesi\u00f3n, por lo que, circunscrito a la \u00e9poca en que inici\u00f3 las actividades tendientes a la utilizaci\u00f3n del predio para la siembra de algunos productos agricolas y para el dep\u00f3sito de material, examin\u00f3 los testimonios para lograr un denominador com\u00fan de diez a\u00f1os transcurridos en dicha actividad, lo que permite se\u00f1alar que el yerro que se le endilga al Tribunal, no aparece acreditado con pruebas que justifiquen una versi\u00f3n que permita ver en su decisi\u00f3n el grave error cometido al apreciar las pruebas; por el contrario, el recurso interpuesto se limita a presentar una posibilidad de apreciaci\u00f3n del material probatorio que, aun cuando fuera el correcto, no tendr\u00eda incidencia en el recurso por ser apenas otra posibilidad interpretativa de los hechos. <\/p>\n
El cargo, en consecuencia, no prospera. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha ocho (8) de abril de 1994 proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de San Gil para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso de la referencia. <\/p>\n
Costas a cargo de la parte recurrente. T\u00e1sense en su oportunidad. <\/p>\n
COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
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S-025-99 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO Bogot\u00e1 D.C., veintid\u00f3s (22) de Julio de mil novecientos noventa y nueve (1999).- […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81630","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81630","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81630"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81630\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81630"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81630"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81630"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}