S-027-99<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado ponente: SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO. <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de Julio de mil novecientos noventa y nueve (1999).- <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 5189 <\/p>\n
Se decide por la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha doce (12) de abril de 1994, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso ordinario seguido por la COMPA\u00d1IA BOYACENSE DE SEGURIDAD COMERCIAL, COLBASEC LTDA, contra ASEGURADORA COLSEGUROS S. A. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
1. El litigio versa sobre la indemnizaci\u00f3n que reclama la demandante con cargo a la Compa\u00f1\u00eda demandada con ocasi\u00f3n del siniestro, cuya ocurrencia fue acreditado el 27 de julio de 1989, que afect\u00f3 la p\u00f3liza de seguro de responsabilidad civil extracontractual No. 3332-3, junto con sus anexos 4 y 6; y subsecuentemente, sobre el pago de la suma de nueve millones de pesos ($9\u2019000.000.oo), por concepto de da\u00f1o emergente, con la correcci\u00f3n monetaria de dicha suma entre aqu\u00e9lla fecha y la del pago; m\u00e1s el valor de los intereses comerciales que por el mismo per\u00edodo cause dicha suma. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La causa para pedir se resume as\u00ed: <\/p>\n
a) La Aseguradora Colseguros S. A. expidi\u00f3 en favor de la nombrada compa\u00f1\u00eda de vigilancia la p\u00f3liza en cuesti\u00f3n por un valor asegurado de $10.000.000, respecto de la cual se expidieron los anexos N\u00fameros 4 y 6 en los que se dice: que se incluye como riesgo \u201c4.- (\u2026) el hurto y el hurto calificado de los bienes que est\u00e9n dentro de los predios donde el asegurado realice sus actividades de vigilancia\u201d; y que \u201c6.- La cobertura otorgada por la p\u00f3liza est\u00e1 dando cumplimiento al Decreto 2810 de 1984\u201d. Adem\u00e1s, por medio del certificado de renovaci\u00f3n N\u00ba 44615 se prorrog\u00f3 la vigencia de la p\u00f3liza por el per\u00edodo comprendido entre el 31 de diciembre de 1988 y el 31 de diciembre de 1989. <\/p>\n
b) La Compa\u00f1\u00eda Boyacense de Seguridad, o sea la asegurada, celebr\u00f3 con el Banco del Estado un contrato de prestaci\u00f3n de servicios para la vigilancia de las dependencias de \u00e9ste; en cuyo ejercicio el 17 de julio de 1989 sucedi\u00f3 un hurto calificado en una de las sucursales del nombrado Banco, hecho del que fue copart\u00edcipe del il\u00edcito el se\u00f1or Alcib\u00edades Vel\u00e1squez, guardi\u00e1n del lugar, quien a la saz\u00f3n estaba vinculado laboralmente con la compa\u00f1\u00eda de vigilancia, lo que hace a la actora civilmente responsable por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de vigilancia. <\/p>\n
c) Fue as\u00ed como la sociedad demandante por medio de la comunicaci\u00f3n 163\/89 de 27 de julio de 1989 acredit\u00f3 ante la aseguradora la ocurrencia del siniestro y la cuant\u00eda de la p\u00e9rdida, dado que se configuraba el amparo a que se refieren los anexos 4 y 6 de la p\u00f3liza arriba descrita; reclamaci\u00f3n que fue objetada por su destinataria el 23 de agosto de mismo a\u00f1o, y tambi\u00e9n en ocasiones posteriores ante la insistencia de la actora. <\/p>\n
3. En su oportunidad, la aseguradora demandada contest\u00f3 la demanda y se opuso a las pretensiones; en esencia adujo que el siniestro corresponde a un riesgo excluido del contrato de seguro, y propuso las excepciones que denomin\u00f3 as\u00ed: de \u201cinexistencia de toda obligaci\u00f3n a cargo de la Aseguradora\u2026\u201d; de \u201caducci\u00f3n en la demanda de riesgo excluido, a t\u00e9rminos del literal a) de la cl\u00e1usula cuarta y de la parte final de dicha cl\u00e1usula, de la p\u00f3liza No 3332-3, de 21 de agosto de 1984\u201d; de \u201cocurrencia de siniestro derivado de responsabilidad contractual no amparada por la Aseguradora\u201d; y \u201clas que se probaren con fundamento de el art\u00edculo 306 del C. de P. C.\u201d. <\/p>\n
4. Concluidos los tr\u00e1mites, el Juzgado de conocimiento profiri\u00f3 sentencia en la que declar\u00f3 no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada y que \u00e9sta es civilmente responsable de los perjuicios que recibi\u00f3 la demandante por el advenimiento del riesgo amparado asumido por ella en las p\u00f3lizas 3332-3 y 44615 de 31 de agosto de 1984 y 1o. de noviembre de 1988, y en tal virtud accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
5. Apel\u00f3 la demandada y el Tribunal, en el fallo que aqu\u00ed es objeto de impugnaci\u00f3n, decidi\u00f3 revocar la sentencia del a quo; en cuyo lugar desestim\u00f3 las pretensiones de la demanda e impuso las consecuentes condenas en costas. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO RECURRIDO <\/p>\n
En resumen, en lo de fondo el Tribunal reflexion\u00f3 de la siguiente manera: <\/p>\n
1\u00ba) Se halla probado el contrato de seguro, sus l\u00edmites, las condiciones especiales y las generales establecidas en la p\u00f3liza, el cual se relaciona con el ejercicio de las actividades de vigilancia privada que la asegurada lleva a cabo. <\/p>\n
2\u00ba) De la integraci\u00f3n de todas las disposiciones del contrato de seguro se deduce que \u201cse excluyen de la cobertura del seguro a que se refiere la p\u00f3liza 3332-3 los da\u00f1os causados a terceros mediante hurto simple y hurto calificado de los bienes que est\u00e9n dentro de los predios donde el asegurado presta vigilancia, cuando el reato se comete por personas que est\u00e1n vinculadas con el asegurado por un contrato de trabajo o con su complicidad\u201d. <\/p>\n
3\u00ba) En el anexo No. 6 de la p\u00f3liza se convino que la aseguradora exigir\u00e1 al asegurado la presentaci\u00f3n de la copia aut\u00e9ntica de la sentencia judicial que lo declare responsable y que establezca el monto de los perjuicios; de donde se sigue que el siniestro no nace mientras no se produzca el da\u00f1o, probado mediante sentencia judicial y no aparece prueba en este \u00faltimo sentido, lo que constituye un primer motivo para que se desestimen las pretensiones. <\/p>\n
4\u00ba) Igualmente con la expedici\u00f3n del anexo N\u00ba 6 del contrato se ampli\u00f3 la cobertura pues cobija a quienes contraten el servicio de vigilancia que presta la empresa demandante; es decir, la aseguradora tambi\u00e9n asumi\u00f3 las consecuencias de la responsabilidad civil contractual en que incurra tal empresa, de acuerdo con el literal b) de la cl\u00e1usula segunda de la p\u00f3liza, pero \u201cquedando, desde luego, vigentes las exclusiones previstas en las condiciones generales del contrato, porque respecto a ellas el anexo nada expresa\u201d. <\/p>\n
5\u00ba) Sentado todo lo anterior, estima el Tribunal que se cometi\u00f3 un delito de hurto calificado en cuant\u00eda de $19.935.896 sobre dineros de propiedad del Banco del Estado, en una de las sucursales que era objeto de vigilancia de la demandante en virtud del susodicho contrato de prestaci\u00f3n de servicios; que en la perpetraci\u00f3n del il\u00edcito particip\u00f3 el vigilante del lugar Alcib\u00edades Vel\u00e1squez, trabajador de la empresa de vigilancia de quien el v\u00ednculo laboral se halla demostrado, de lo cual surge la responsabilidad civil de \u00e9sta que configura el siniestro; que en el expediente obran las copias del proceso penal seguido contra dicho vigilante con las cuales se demuestra que este fue condenado por el reato de hurto calificado agravado a ra\u00edz de esos hechos. <\/p>\n
6\u00ba) En fin, no obstante que por raz\u00f3n de dicho hurto la compa\u00f1\u00eda de vigilancia incumpli\u00f3 el contrato de prestaci\u00f3n de servicios, y la responsabilidad civil estar\u00eda cobijada por el contrato de seguro, en este caso no lo est\u00e1 \u201c..por estar excluido, porque el perjuicio se caus\u00f3 con autor\u00eda y complicidad de una persona ligada con el asegurado por un contrato de trabajo\u201d; exclusi\u00f3n que fue pactada en la cl\u00e1usula cuarta de las condiciones generales del contrato de seguro, lo cual impide el pago de las indemnizaciones reclamadas. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACION. <\/p>\n
<\/p>\n
CARGO UNICO. <\/p>\n
1. Con respaldo en la causal primera de casaci\u00f3n se tilda la sentencia acusada de ser violatoria de la ley por cuanto el Tribunal dej\u00f3 de aplicar los art\u00edculos 16, 1618, 1621 y 1622 del C\u00f3digo Civil y 1072, 1077, 1080, 1127 y 1131 del C\u00f3digo de Comercio, por haber incurrido en error de derecho, con violaci\u00f3n medio de los art\u00edculos 6o. y 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en la apreciaci\u00f3n del anexo No. 6 de la p\u00f3liza de seguro de responsabilidad civil extracontractual No. 3332-3 expedida por la demandada. <\/p>\n
2. El recurrente explica que la estipulaci\u00f3n del contrato de seguro que obra en dicho anexo, la cual hizo valer el Tribunal, consistente en que la aseguradora exigir\u00e1 que el asegurado presente copia de una sentencia judicial ejecutoriada en la que se declare su responsabilidad civil y que se establezcan los perjuicios, debe tenerse por no pactada; a ese respecto estima que tal cl\u00e1usula es \u201cflagrantemente violatoria de las normas probatorias vigentes\u201d, las cuales consagran el principio de la plena libertad probatoria; y que las \u201climitaciones al principio de la autonom\u00eda de la voluntad\u201d impiden a las partes \u201cque regulen una situaci\u00f3n que est\u00e1 consagrada de manera imperativa en el ordenamiento jur\u00eddico\u201d, cuyas normas son de orden p\u00fablico y obligatorio cumplimiento. <\/p>\n
3. Dadas esas premisas, la censura deduce que el error de derecho en que incurri\u00f3 el Tribunal estriba en haber considerado que les es dado a las partes establecer por su propia voluntad formalismos ad probationem que no se encuentran consagrados en el ordenamiento legal; error que lo llev\u00f3 a negar las pretensiones de la demandante con apoyo en que no se aport\u00f3 copia aut\u00e9ntica de la sentencia judicial que declara que la actora incurri\u00f3 en la conducta que la misma corporaci\u00f3n \u201cacepta estar demostrada en el proceso\u201d; o sea, por no presentar un documento exigido por el contrato \u201cpero en modo alguno por la ley\u201d. A vuelta de insistir en el punto, concluye el cargo diciendo que el fallador incurri\u00f3 \u201cen error de derecho en la apreciaci\u00f3n del anexo No. 6 a la p\u00f3liza de seguro de responsabilidad civil extracontractual 3332-3 expedida por el demandado, ya que no apreci\u00f3 las pruebas que obran en el expediente en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, otorg\u00e1ndole a la estipulaci\u00f3n contractual en menci\u00f3n un valor que no tiene frente a lo dispuesto en el ordenamiento jur\u00eddico\u201d. <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, el recurrente afirma que por cuanto el Tribunal encontr\u00f3 establecida la responsabilidad civil del demandante y la cuant\u00eda de los perjuicios, y en cuanto por virtud del mismo Anexo N\u00ba 6 se ampar\u00f3 la responsabilidad de ella \u201cfrente a los usuarios de su servicio\u201d, la sentencia debe ser \u201cinfirmada\u201d, pues su fundamentaci\u00f3n es producto del error probatorio de derecho denunciado. <\/p>\n
IV. Consideraciones de la Corte: <\/p>\n
1. Siguiendo precisos derroteros institucionales que por ley estructuran el recurso de casaci\u00f3n y especialmente la causal primera que consagra el art\u00edculo 368 del C. de P.C., importa recordar, una vez m\u00e1s, que por virtud de la aplicaci\u00f3n del principio dispositivo de que se halla impregnado ese medio de impugnaci\u00f3n, le corresponde al recurrente se\u00f1alar, con claridad, precisi\u00f3n y de manera completa las acusaciones tendientes a configurar los errores de juzgamiento que, en su opini\u00f3n, dan pie para que sea casado el fallo impugnado; en tal virtud, la Corte no puede sobrepasar esos l\u00edmites, como tampoco puede recrearse con las acusaciones ya para completarlas o ya para enmendarlas a su antojo. En ese sentido, trasluce evidente la diferencia que existe entre las atribuciones de los juzgadores de instancia y la funci\u00f3n de control restricta que les compete ejercer a los tribunales de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2. De acuerdo con lo anterior, tiene sentado la Corte que por v\u00eda de la causal primera de casaci\u00f3n no cualquier cargo puede recibirse, ni puede tener eficacia legal, sino tan s\u00f3lo aquellos que impugnan directa y completamente los fundamentos de la sentencia o las resoluciones adoptadas en \u00e9sta; de all\u00ed que haya predicado repetidamente que los cargos operantes en un recurso de casaci\u00f3n \u00fanicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido, con el objeto de desvirtuarlas o quebrantarlas, puesto que si alguna de ellas no es atacada y por si misma le presta apoyo suficiente al fallo impugnado \u00e9ste debe quedar en pie, haci\u00e9ndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura. <\/p>\n
3. Confrontado lo anterior con la sentencia del Tribunal y el \u00fanico cargo que contra ella se eleva, fluye lo siguiente: <\/p>\n
De un lado, que el Tribunal apoy\u00f3 su decisi\u00f3n en dos fundamentos esenciales: el uno, sobre el cual hizo un examen detenido y prolijo, estrib\u00f3 en que el siniestro, en tanto que en su acaecimiento particip\u00f3 un empleado de la empresa de vigilancia asegurada, fue expresamente excluido de los amparos a que se refiere la p\u00f3liza 3332-3, seg\u00fan se desprende del literal a) de la cl\u00e1usula cuarta de la misma, en la cual se lee que \u201c\u2026no cubren las responsabilidades del asegurado provenientes de: a) Perjuicios causados intencionalmente por el Asegurado o con su complicidad o por personas que est\u00e1n ligadas con \u00e9l por un contrato de trabajo o con la complicidad de las mismas\u201d; y el otro, que fue analizado someramente, vers\u00f3 sobre el requisito consistente en que la aseguradora exigir\u00e1 al asegurado la copia aut\u00e9ntica de la sentencia judicial que lo declare responsable, copia cuya ausencia echa de menos el sentenciador. <\/p>\n
De otro lado, se ve que el recurrente solamente ataca el segundo de tales fundamentos, y omite completamente el primero, raz\u00f3n por la cual la acusaci\u00f3n qued\u00f3 corta o disminuida, dado que aquel que no fue objeto de censura por si mismo le sirve de apoyo al fallo impugnado; am\u00e9n de que resulta precedente a cualquiera otra consideraci\u00f3n; todo lo cual hace inane el cargo e impide, o por lo menos hace innecesario, que la Corte se detenga a examinar otros aspectos de la acusaci\u00f3n, seg\u00fan las pautas antes trazadas. <\/p>\n
El cargo, entonces, no puede prosperar. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el doce (12) de abril de 1994 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso arriba referido. <\/p>\n
Las costas en casaci\u00f3n son de cargo de la parte recurrente t\u00e1sense en su oportunidad. <\/p>\n
COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
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