S-029-99<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
DOCTOR JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 Distrito Capital, veintinueve (29) de julio de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
Rad. Expediente 5074 <\/p>\n
Despacha la Corte el Recurso extraordinario de Casaci\u00f3n propuesto por la parte demandante contra la sentencia del 7 de diciembre de 1993, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario de pertenencia adelantado por LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO VENECIA DE SANTAFE DE BOGOTA, frente a las sociedades \u00abOSPINAS y Cia. S.A.\u00bb y \u00abPARTICIPACIONES LTDA\u00bb, y en el cual actu\u00f3, adem\u00e1s, EL DISTRITO CAPITAL DE SANTAFE DE BOGOTA como tercero interviniente. <\/p>\n
A N T E C E D E N T E S: <\/p>\n
1. Impetr\u00f3 la parte actora que se declarara que le pertenece, por haberlo adquirido por prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio, el inmueble determinado como zona A, sin nomenclatura definida y ubicado en el barrio Venecia de esta ciudad, el cual especifica por sus linderos en la correspondiente demanda. <\/p>\n
2. Los supuestos f\u00e1cticos que conforman la \u00abcausa petendi\u00bb, pueden compendiarse de la siguiente forma: <\/p>\n
3. Las sociedades encausadas, enteradas de la demanda, se opusieron a las pretensiones all\u00ed contenidas. Dijeron desconocer varios de los hechos que la sustentan, negaron otros, y propusieron la excepci\u00f3n que denominaron \u00abimprocedencia de la declaraci\u00f3n de pertenencia\u00bb, la cual fundamentaron, b\u00e1sicamente, en que el inmueble pretendido es de uso p\u00fablico puesto que mediante escritura p\u00fablica No.3069 del 29 de diciembre de 1989 lo transfirieron al Distrito Capital, aunque la afecci\u00f3n, como tal, se remonta al a\u00f1o de 1961, tesis coadyuvada por esta entidad p\u00fablica en el escrito mediante el cual asent\u00f3 su tercer\u00eda. <\/p>\n
4. El Juzgado 8\u00b0 Civil del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, al cual correspondi\u00f3 diligenciar la demanda, puso fin a la primera instancia mediante sentencia desestimatoria de las pretensiones, decisi\u00f3n que fue confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, al despachar el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la demandante. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1.- Luego de relatar los antecedentes relevantes del litigio y de advertir la presencia cabal de los presupuestos procesales, repar\u00f3 el Tribunal en que se ejercit\u00f3 la acci\u00f3n de pertenencia por prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria de dominio de un inmueble, cuya prosperidad, seg\u00fan la ley, supedit\u00f3 al lleno de los siguientes requisitos: a) Que verse sobre una cosa prescriptible; b) que se ejerza posesi\u00f3n pac\u00edfica, p\u00fablica e ininterrumpida, y c) que esa posesi\u00f3n haya durado un tiempo no inferior a 20 a\u00f1os. <\/p>\n
La regla general, agrega, es que se puede usucapir el dominio de los bienes corporales, ra\u00edces o muebles, que est\u00e1n en el comercio humano, motivo por el cual pod\u00edan prescribirse los bienes fiscales del Estado, dado que \u00fanicamente quedaron a salvo los de uso p\u00fablico. Empero, \u00abcon la expedici\u00f3n del decreto 2282 de 1989\u00bb, el legislador sustrajo a los bienes de propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico, tal como aparece en el art\u00edculo 407 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
2.- Se pregunta, entonces, el ad-quem si el bien en disputa \u00abes de uso p\u00fablico\u00bb, y encuentra que en la copia de la escritura No.3069 del 29 de diciembre de 1989, otorgada ante la Notar\u00eda 24 del C\u00edrculo de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, las sociedades demandadas cedieron a t\u00edtulo gratuito al Distrito Especial de Bogot\u00e1, hoy Distrito Capital de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, el inmueble descrito en la demanda, a lo cual se suman el interrogatorio de parte absuelto por el Representante Legal de la parte demandante y la declaraci\u00f3n de SARA MARIA CAMARGO DE LEIVA. <\/p>\n
Como se trata de un bien que no puede adquirirse por prescripci\u00f3n, concluye entonces el fallador diciendo que no se re\u00fane el primero de los presupuestos atr\u00e1s se\u00f1alados, raz\u00f3n por la cual encuentra \u201cinocuo analizar los testimonios, pues ellos no pueden suplir un requisito fundamental de la acci\u00f3n de pertenencia…\u00bb. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Como quiera que los dos cargos que ella contiene pudieron formularse en uno solo, la Corte, atendiendo lo dispuesto por el art\u00edculo 51 del decreto 2651 de 1991, cuya vigencia fue adoptada como definitiva por el art\u00edculo 162 de la ley 446 de 1998, los integrar\u00e1 para despacharlos en conjunto. <\/p>\n
<\/p>\n
1.- Se acusa en este cargo la sentencia impugnada de ser violatoria de los art\u00edculos 762, 981, 674, 2512, 2513, 2517, 2518, 2522, 2527, 2531, 2532 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n; del art\u00edculo 2519 idem y el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 407 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por aplicaci\u00f3n indebida. Y del art\u00edculo 1\u00b0 de la ley 50 de 1936, normas todas estas infringidas como consecuencia de los siguientes errores de estimaci\u00f3n probatoria: <\/p>\n
a) En primer lugar, err\u00f3 de hecho el Tribunal al no darse cuenta que la escritura p\u00fablica No.3069 del 29 de diciembre de 1989 de la Notar\u00eda 24 de este c\u00edrculo notarial, fue otorgada cuando ya se hallaba en tr\u00e1mite este proceso ordinario de pertenencia. Error de la misma especie cometi\u00f3 el Tribunal, al no percatarse que la demanda fue presentada el 13 de julio de 1989 y fue admitida el 10 de agosto de ese mismo a\u00f1o. <\/p>\n
b) As\u00ed mismo, tambi\u00e9n err\u00f3 el fallador al desfigurar en su fidelidad objetiva, la declaraci\u00f3n jurada del se\u00f1or ARMANDO DUPONT AVILA, representante legal de la entidad demandante. <\/p>\n
2.- Empe\u00f1ado ya en la sustentaci\u00f3n del cargo, afirma el recurrente que el Tribunal consider\u00f3 que por el mero otorgamiento del aludido instrumento p\u00fablico, el inmueble a que el mismo se refiere, adquiri\u00f3 la \u00abcategor\u00eda\u00bb de bien de uso p\u00fablico, sin observar, empero, que los cedentes afirmaron transmitir los derechos de propiedad y posesi\u00f3n que sobre el mismo ten\u00edan, pero es obvio que tales sociedades no tienen ni han tenido desde hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os su posesi\u00f3n, como lo acredita el documento que obra de los folio 77 a 184 del cuaderno dos, el cual tambi\u00e9n ignor\u00f3 el sentenciador. <\/p>\n
2.1.- La posesi\u00f3n de los \u00abdemandantes\u00bb, agrega, se inici\u00f3 en junio de 1967, raz\u00f3n por la cual en junio de 1987 se cumplieron 20 a\u00f1os de posesi\u00f3n material, p\u00fablica y pac\u00edfica, situaci\u00f3n que conduce a que al cumplirse el per\u00edodo de tiempo previsto en la ley, la actora adquiri\u00f3 el inmueble por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, seg\u00fan lo preceptuado por los art\u00edculos 2531 y 2532 del C.C., en armon\u00eda con el art\u00edculo 1\u00b0 de la ley 50 de 1936. Quiere esto decir, que cuando se admiti\u00f3 la demanda el derecho ya estaba consolidado en cabeza de la entidad demandante, motivo por el cual el Tribunal no pod\u00eda razonar que se trataba de un bien de uso p\u00fablico o un bien fiscal pues la escritura p\u00fablica de cesi\u00f3n es posterior a la presentaci\u00f3n y admisi\u00f3n de la demanda, olvidando, de paso, que el que nada tiene nada transfiere como se infiere del art\u00edculo 752 ib\u00eddem, norma que tampoco fue aplicada. <\/p>\n
2.2.- El art\u00edculo 674 del C\u00f3digo Civil, a\u00f1ade, llama bienes de la Uni\u00f3n a aquellos cuyo dominio corresponde a la Rep\u00fablica, y si puede ser usado por todos los habitantes del territorio nacional, como sucede con las calles, plazas, puentes, etc., se denominan bienes de la Uni\u00f3n de uso p\u00fablico o bienes p\u00fablicos del territorio. En este proceso no se encuentra ninguna prueba que acredite que el inmueble pretendido sea de tal especie, como tampoco de que se trate de un bien fiscal pues ninguna prueba demuestra que el Distrito ejerciera posesi\u00f3n sobre \u00e9l. <\/p>\n
2.3.- Concluye el recurrente afirmando: \u00abPero ni siquiera se haya (sic.) demostrado que el bien materia de esta litis corresponda a los bienes descritos en el instrumento p\u00fablico que habla de la donaci\u00f3n entre vivos…\u00bb. Como el Tribunal no repar\u00f3 en todas estas circunstancias, declar\u00f3 que el bien era de uso p\u00fablico y por consiguiente no susceptible de adquirirse por prescripci\u00f3n. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
1.- Se acusa en \u00e9l la sentencia recurrida de violar los art\u00edculos 762, 981, 674, 2512, 2513, 2517, 2518, 2522, 2527, 2531, 2532 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n; el art\u00edculo 2519 idem y el numeral 4\u00b0 del art\u00edculo 407 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por aplicaci\u00f3n indebida. El art\u00edculo 1\u00b0 de la ley 50 de 1936, y de los art\u00edculos 187 y 228 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil por falta de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
2.- Para fundamentar la acusaci\u00f3n, afirma el censor que el Tribunal cometi\u00f3 error de hecho al desconocer \u00abel texto y contexto\u00bb de la declaraci\u00f3n de parte de ARMANDO DUPONT AVILA, quien relata que la Junta de Acci\u00f3n Comunal por \u00e9l representada, hizo rellenar el terreno materia de la demanda, lo defendi\u00f3 de varias invasiones, y, adem\u00e1s, que el predio siempre ha estado bajo el control de la demandante desde el a\u00f1o de 1967 hasta la fecha en que rindi\u00f3 declaraci\u00f3n. <\/p>\n
3.- Tampoco se percat\u00f3 el fallador, prosigue la censura, del testimonio de JORGE ENRIQUE VILLAMARIN CORREDOR, quien expresa que hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os la Junta hizo arreglos al lote, inclusive lo fumig\u00f3 con petr\u00f3leo para \u00abacabar con los sancudos (sic.) y otras plagas\u00bb, que rellen\u00f3 un ca\u00f1o de aguas negras, utilizando 400 o 500 \u00abviajes\u00bb de recebo, y que solicit\u00f3 del Distrito una aplanadora para asentar el lote. <\/p>\n
4.- Tampoco apreci\u00f3 el Tribunal el testimonio de ELICIO INFANTE VILLARRAGA, quien dijo que la Junta hizo rellenar ese lote \u00abcon unas 700 bolquetadas (sic.) de tierra y de recebo, que muchas veces gentes inexcrupulosas (sic.) lo intentaron invadir pero que la Junta evit\u00f3 la invasi\u00f3n…\u00bb, convirti\u00e9ndolo en parqueadero, construy\u00e9ndole mejoras y comport\u00e1ndose como due\u00f1a. <\/p>\n
5.- Tambi\u00e9n omiti\u00f3 apreciar el testimonio de JESUS MANUEL VALBUENA LOPEZ, a\u00f1ade el recurrente, quien afirma conocer ese lote desde 1954 y constarle que era un basurero por el que corr\u00eda un ca\u00f1o de aguas negras y que en el a\u00f1o de 1968, \u00abentraron en posesi\u00f3n de el porque iba a venir el Papa…\u00bb, que despu\u00e9s la Junta lo arrend\u00f3 a MARIO GONZALEZ y \u00e9l lo replan\u00f3 us\u00e1ndolo como parqueadero. <\/p>\n
6.- Err\u00f3 tambi\u00e9n el Juzgador al no tener en cuenta la sentencia del 11 de septiembre de 1984, proferida por el juzgado 28 Civil del Circuito de esta ciudad en donde el Juez neg\u00f3 por prescripci\u00f3n la acci\u00f3n posesoria impetrada por las sociedades demandadas. Tampoco apreci\u00f3 el testimonio de EMPERATIZ DUQUE de MAYORGA, quien afirma que ese lote era un basurero y que la Junta tom\u00f3 posesi\u00f3n de \u00e9l e hizo obras de relleno. <\/p>\n
7.- Emprende la sustentaci\u00f3n del cargo manifestando que de haber analizado el Tribunal tales medios de prueba, habr\u00eda visto que la demandante realiz\u00f3 todos aquellos actos que denotan se\u00f1or\u00edo sin reconocer dominio ajeno a partir de 1967. El Tribunal, con el argumento equivocado de que \u00abel bien es de USO PUBLICO\u00bb, no quiso examinar los medios de prueba que acreditan los hechos posesorios de la entidad actora, ni se dio cuenta que cuando estos comenzaron el bien no era de \u00abuso p\u00fablico\u00bb, es que nunca lo ha sido, como lo acreditan los documentos que obran al folio 77 del cuaderno 2, porque si bien la sentencia no es medio de prueba, si permite, en este caso, inferir que las sociedades demandadas dijeron, con miras a obtener el amparo posesorio que deprecaban que eran las poseedoras del inmueble, luego este no era de uso p\u00fablico. <\/p>\n
Cuando tales sociedades, contin\u00faa, dijeron donar el lote al Distrito, este ya hab\u00eda salido de su patrimonio porque su derecho de dominio ya se hab\u00eda extinguido por haberlo adquirido por prescripci\u00f3n la demandante, como lo dispone el art\u00edculo 2538 del C.C. <\/p>\n
Incurri\u00f3 en error el fallador al considerar que por el solo otorgamiento de la escritura p\u00fablica 3069 del 29 de diciembre de 1989, los bienes a los cuales ese instrumento se refieren adquirieron la calidad de \u00abbienes de uso p\u00fablico\u00bb, con lo cual el Tribunal quebrant\u00f3 el art\u00edculo 674 ib\u00eddem, pues un bien es de tal especie cuando re\u00fane los requisitos se\u00f1alados en esta norma, no advirtiendo, entonces, que la suscripci\u00f3n de la escritura p\u00fablica no tiene la \u00abvirtualidad autom\u00e1tica\u00bb para convertir un predio que antes era particular en un bien de uso p\u00fablico, m\u00e1xime cuando se encuentra pose\u00eddo por terceras personas que lo han adquirido por prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Tampoco se ha demostrado que en el inmueble pretendido existan calles, plazas o puentes de uso p\u00fablico, como tampoco pod\u00eda considerar el Tribunal que el bien fue destinado por la sociedad \u00abOSPINAS Y CIA S.A.\u00bb para el servicio de la comunidad, errores todos estos que le impidieron al Juzgador estimar las referidas pruebas. <\/p>\n
C O N S I D E R A C I O N E S: <\/p>\n
1. Parece menester recordar una vez m\u00e1s que la legislaci\u00f3n, en lo relativo a la adquisici\u00f3n de los derechos reales, particularmente el de dominio, exige la conjugaci\u00f3n del t\u00edtulo y el modo, entendi\u00e9ndose por el primero \u201cel hecho del hombre o la sola ley que lo faculta para la adquisici\u00f3n\u201d de esa especie de derechos, mientras que el segundo consiste en aquel mecanismo mediante el cual se realiza el t\u00edtulo cuando \u00e9ste da lugar a su adquisici\u00f3n. <\/p>\n
Dest\u00e1case as\u00ed mismo que, por disposici\u00f3n del art\u00edculo 673 del C\u00f3digo Civil, los modos de adquirir el dominio, \u201cson la ocupaci\u00f3n, la accesi\u00f3n, la tradici\u00f3n, la sucesi\u00f3n por causa de muerte y la prescripci\u00f3n\u201d, siendo este \u00faltimo un modo de adquirir el dominio de las cosas por su posesi\u00f3n durante el t\u00e9rmino y en las condiciones que la ley se\u00f1ala y que, en cuanto tal, se consolida de manera independiente de cualquier relaci\u00f3n precedente, siempre y cuando, en trat\u00e1ndose de la extraordinaria, se re\u00fanan los siguientes presupuestos: a) Que la cosa sea susceptible de adquirirse por prescripci\u00f3n; b) que el bien haya sido pose\u00eddo durante el t\u00e9rmino de 20 a\u00f1os; y, c) que la posesi\u00f3n sea ininterrumpida. Reunidos, pues, estos requisitos puede decirse del poseedor que ha adquirido por prescripci\u00f3n extraordinaria un predio y, por tal raz\u00f3n, que es propietario del mismo. <\/p>\n
Debe concluirse, subsecuentemente, que la sentencia que se profiera dentro del juicio de pertenencia correspondiente, es de car\u00e1cter meramente declarativo, o sea que est\u00e1 encaminada a reconocer jur\u00eddicamente una situaci\u00f3n f\u00e1ctica preexistente que no resulta alterada por la decisi\u00f3n judicial que as\u00ed lo admita. De ah\u00ed que se diga que se hace propietario de un inmueble por usucapi\u00f3n, quien se encuentre en las circunstancias atr\u00e1s se\u00f1aladas, independientemente de que se le haya declarado judicialmente como tal o no. De igual modo, la inscripci\u00f3n de la sentencia estimatoria de las pretensiones del poseedor en la Oficina de Registro pertinente, tiene una preponderante finalidad de publicidad que le permite al poseedor legitimarse para actuar en el tr\u00e1fico jur\u00eddico como due\u00f1o, generando, por tanto, la seguridad suficiente frente a los terceros, quienes, en ese orden de ideas, podr\u00e1n tener certeza de la calidad con la que obra el actor, sin que pueda decirse, entonces, que esa inscripci\u00f3n ostente el car\u00e1cter de tradici\u00f3n, desde luego que, como es palpable, se trata de distintos modos de adquirir el dominio, pues mientras \u00e9sta, la tradici\u00f3n, es la forma como se cumplen las obligaciones que tienen por objeto prestaciones de dar, la usucapi\u00f3n es la forma de hacerse due\u00f1o mediante la posesi\u00f3n en los t\u00e9rminos y circunstancias prescritos por la ley, de manera que cuando se profiere la sentencia estimatoria de las pretensiones del actor, el modo ya se ha operado mediante la prescripci\u00f3n adquisitiva. <\/p>\n
\u00abComo es ampliamente conocido -ha dicho la Corte-, reunidos los requisitos legales para la operancia de la prescripci\u00f3n adquisitiva, ella \u2018se efect\u00faa por ministerio de la ley una vez pose\u00eddo el mueble o ra\u00edz durante el tiempo que establece la ley en cada caso\u2019, cual lo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de casaci\u00f3n del 1\u00b0 de mayo de 1928, G.J. XXXV, p\u00e1g. 254. Es decir, que la jurisdicci\u00f3n del Estado, por conducto del funcionario competente, no crea con la sentencia que en el respectivo proceso de pertenencia se profiera, el derecho real que ya hab\u00eda sido adquirido por el prescribiente si este as\u00ed lo demuestra, sino que tan solo tiene car\u00e1cter declarativo del mismo, jam\u00e1s constitutivo del derecho.\u00bb (G.J. 219 pag.332). Esta que ha sido la doctrina constante de la Corte, la ha reiterado en distintas sentencias de casaci\u00f3n, entre otras, en la de 7 de octubre de 1997 y 6 de abril de 1999. <\/p>\n
2. Si las cosas son como acaba de ponerse de presente, es decir, que el poseedor adquiere el dominio del bien cuando completa el t\u00e9rmino de posesi\u00f3n exigido por la ley, en las circunstancias y con los requisitos que \u00e9sta se\u00f1ale e independientemente de la sentencia que as\u00ed lo declare, era indispensable determinar en este asunto, si para la fecha en la que el titular inscrito cedi\u00f3 su derecho de domino sobre el inmueble al Distrito, el poseedor demandante alegaba haber consolidado ya el derecho cuyo reconocimiento reclama en la demanda. <\/p>\n
Y no cabe duda en este punto, que el Tribunal pas\u00f3 por alto que para la \u00e9poca en que fue otorgada (29 de diciembre de 1989), e inscrita (25 de enero de 1990) la escritura de cesi\u00f3n del predio, el actor no solo aduc\u00eda haber consolidado su derecho, sino que, inclusive, hab\u00eda presentado ya la demanda de pertenencia, incurriendo de ese modo en el error de facto que se le atribuye, yerro que lo llev\u00f3 a sostener con cierta ligereza, que como las sociedades demandadas lo hab\u00edan cedido al Distrito, era un bien de \u00abuso p\u00fablico\u00bb, sin reparar en que tal aseveraci\u00f3n s\u00f3lo era posible en la medida en que tuviera por cierto que la aludida escritura de cesi\u00f3n se suscribi\u00f3 y registr\u00f3 con anterioridad al afianzamiento del dominio alegado por la actora, pues, como ha quedado dicho, el derecho de aquella pudo consolidarse con anterioridad a la demanda de pertenencia, su admisi\u00f3n o, inclusive, la sentencia que la reconozca. De no ser as\u00ed, es decir, si la susodicha cesi\u00f3n resultare posterior a la usucapi\u00f3n que alega el demandante, las sedicentes cedentes se estar\u00edan comprometiendo a transferir un derecho que ya no les pertenecer\u00eda. <\/p>\n
3. Sin embargo, esa omisi\u00f3n del Tribunal, que la censura denuncia en el cargo primero de la demanda y por la cual aqu\u00e9l dej\u00f3 de ver las pruebas que el recurrente se\u00f1ala en el segundo cargo, es, francamente, intrascendente por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
3.1 El art\u00edculo 674 del C\u00f3digo Civil, luego de precisar que los bienes de la Uni\u00f3n son las cosas cuyo dominio corresponde a la Rep\u00fablica, distingue entre aquellos cuyo \u00ab…uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos\u00bb y a los cuales denomina \u00abbienes de la Uni\u00f3n de uso p\u00fablico o bienes p\u00fablicos del territorio\u00bb, de estos otros, tambi\u00e9n de la Uni\u00f3n, \u201ccuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes…\u00bb, a los que llama simplemente \u00abbienes de la uni\u00f3n o bienes fiscales\u00bb. <\/p>\n
De la simple lectura del aludido precepto se infiere que, seg\u00fan el C\u00f3digo Civil, los bienes de la \u00abUni\u00f3n\u00bb se clasifican en dos: De un lado, los de uso p\u00fablico, como las calles, plazas, puentes y caminos, y, de otro, los fiscales, es decir, aquellos que no estando adscritos a la prestaci\u00f3n de un servicio p\u00fablico, forman parte del patrimonio estatal, ya sea por disposici\u00f3n constitucional, o porque han sido adquiridos por la Naci\u00f3n, los departamentos, los municipios y, en general las entidades de derecho p\u00fablico, para destinarlos a la organizaci\u00f3n de los fines que le son propios, siendo su uso com\u00fan restringido o reprimido, distinci\u00f3n \u00e9sta que, como es sabido, se funda en conceptos de un n\u00edtido perfil romanista. <\/p>\n
En cuanto a los primeros, los de uso p\u00fablico, d\u00e9bese precisar aqu\u00ed que se caracterizan, como su nombre lo anuncia, porque, como acontece con algunos de propiedad privada, est\u00e1n destinados al uso com\u00fan; porque son inalienables e imprescriptibles y, finalmente, porque pertenecen, salvo los privados afectados al uso p\u00fablico, a entidades de derecho p\u00fablico, exigencia esta \u00faltima entendida en el sentido de que se encuentran sometidos a una singular, pero innegable, potestad estatal que excluye la propiedad privada sobre ellos, ya sea porque, como piensan algunos, tal poder configura un \u201cdominio eminente\u201d, traducido en meras facultades de polic\u00eda administrativa que apenas le conceden a su titular las facultades de guarda y vigilancia, sin estructurar, en todo caso, un derecho de propiedad en sentido estricto, o ya, como piensan otros, como un genuino derecho p\u00fablico de propiedad cuyo ejercicio puede diferir en varios aspectos del modo como los particulares despliegan su poder sobre los bienes, pero sin ser sustancialmente distintos. <\/p>\n
Por el contrario, en relaci\u00f3n con los bienes fiscales, los entes de derecho p\u00fablico se comportan, en un todo, como lo har\u00eda un particular, raz\u00f3n por la cual confluyen en ellos los atributos de la propiedad que permite gravarlos, enajenarlos, arrendarlos, etc. Ahora bien, dentro de las caracter\u00edsticas propias de su especie, se destacaba aquella que los hac\u00eda susceptibles de ser adquiridos por usucapi\u00f3n, peculiaridad que se infer\u00eda por exclusi\u00f3n, de lo dispuesto por el art\u00edculo 2519 del C\u00f3digo Civil, que de manera contundente determina que los bienes de uso p\u00fablico de la Naci\u00f3n no pueden adquirirse por prescripci\u00f3n. Sin embargo, con la entrada en vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil de 1971 (decreto 1400 de 1970), cuyo art\u00edculo 413 consagr\u00f3 que \u00bb no procede la pertenencia….ni respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico\u00bb, desapareci\u00f3 una de las particularidades que permit\u00eda, junto con las ya apuntadas, diferenciar los bienes fiscales de los de uso p\u00fablico, habida cuenta que frente a unos y otros se torna improcedente la acci\u00f3n de pertenencia. Pero, hay que decirlo tambi\u00e9n, no por ello puede concluirse que en la actualidad se unificaron tales conceptos, o que la clasificaci\u00f3n hubiese dejado de existir, o que los bienes fiscales pasaron a ser de uso p\u00fablico. Aconteci\u00f3, simplemente, que lo que otrora fue uno de los criterios de diferenciaci\u00f3n hoy dej\u00f3 de serlo, sin que por tal raz\u00f3n la disimilitud se haya esfumado. <\/p>\n
3.2. Si bien ya se ha dicho que dentro de las particularidades que distinguen los bienes de la Uni\u00f3n de uso p\u00fablico se encuentra la consistente en que la titularidad de los mismos corresponde siempre a una entidad de derecho p\u00fablico, nada impide, empero, que por razones de diversa \u00edndole los particulares puedan destinar al uso com\u00fan bienes que les pertenezcan o construir en ellos v\u00edas, parques o edificaciones destinadas a tal fin, caso en el cual, por mandato del art\u00edculo 676 del C\u00f3digo Civil, \u201clos puentes y caminos construidos a expensas de personas particulares, en tierras que les pertenecen, no son bienes de la Uni\u00f3n, aunque los due\u00f1os permitan su uso y goce a todos los habitantes de un territorio… Lo mismo se extiende a cualesquiera otras construcciones hechas a expensas de particulares, en sus tierras, aun cuando su uso sea p\u00fablico, por permiso del due\u00f1o\u201d (se subraya). <\/p>\n
Significa lo anterior, entonces, que aun cuando, en sentido estricto, los bienes de uso p\u00fablico se caracterizan porque pertenecen a una entidad de derecho p\u00fablico que los asigna al uso com\u00fan, nada se opone a que los particulares destinen, tambi\u00e9n, al uso general, bienes que les pertenecen, o que construyan en ellos obras enderezadas a tal finalidad, todo ello, claro est\u00e1, sin menoscabo de su derecho de dominio o de la posesi\u00f3n que sobre los mismos ejercen, y sin que, obviamente, ese acto de desprendimiento constituya venero que permita consolidar alg\u00fan derecho para quienes se sirven de ellos. <\/p>\n
\u201cLuego, ha dicho la Corte, los puentes y caminos as\u00ed como las dem\u00e1s obras, (calzadas, canales, etc.), que se construyan por los particulares a sus expensas y en terrenos de su propiedad, no pasan al dominio de la Naci\u00f3n por el solo hecho de que sus due\u00f1os permitan que los habitantes de un territorio puedan libremente transitar, pasear, estacionarse o reunirse en esos sitios. Son \u00e9stos actos de mera facultad que de acuerdo con el art\u00edculo 2520 del C.C., no confieren posesi\u00f3n ni dan lugar a prescripci\u00f3n alguna. <\/p>\n
\u201cPor tanto, la sola destinaci\u00f3n o afectaci\u00f3n de un inmueble de propiedad particular a servicio p\u00fablico, no es ni puede ser t\u00edtulo suficiente en favor de la Naci\u00f3n y menos a\u00fan de los particulares, que al gozar y usar de tal servicio no ejercitan acto alguno de posesi\u00f3n material. <\/p>\n
\u201cDicho en otros t\u00e9rminos, lo que da a un bien el car\u00e1cter de bien de la Uni\u00f3n de uso p\u00fablico o de bien p\u00fablico del territorio -para emplear una cualquiera de las expresiones de que se vale el inciso 2\u00ba del art. 674 del mismo C.C.-, no es solamente su afectaci\u00f3n a un servicio p\u00fablico. Es necesario, adem\u00e1s, que esa afectaci\u00f3n o destinaci\u00f3n, decretada por la autoridad, est\u00e9 respaldada por un t\u00edtulo de dominio sobre tal bien y a favor de la Naci\u00f3n misma. Lo contrario constituir\u00eda el m\u00e1s franco y absoluto desconocimiento del derecho de propiedad\u201d (G.J. LXXIV, p\u00e1g. 797). <\/p>\n
D\u00e9bese destacar, entonces, y con especial reciedumbre, que de la cabal interpretaci\u00f3n de los art\u00edculos 676 y 2520 del C\u00f3digo Civil, se colige que quienes usan un bien sometido al se\u00f1or\u00edo privado, pero puesto de manera inequ\u00edvoca y real por su propietario al servicio com\u00fan, como aqu\u00ed acontece, no llegan a consolidar derechos particulares de ninguna especie, derivados de su mera utilizaci\u00f3n, ello, inclusive, en el supuesto de que ejercitaren actos de dominio sobre el mismo, pues en tal caso, esa posesi\u00f3n devendr\u00eda, por lo in\u00fatil, en ineficaz; tales bienes, en s\u00edntesis, son imprescriptibles mientras se encuentren afectados al uso com\u00fan al cual los destin\u00f3 efectivamente su due\u00f1o. No es posible, desde luego, que el derecho de dominio de quien se desprende del aprovechamiento particular de un bien, movido por criterios de utilidad social y, por ende, encaminado a satisfacer intereses generales, sufra mengua por los actos de terceros que pretendan consolidar derechos originados en el uso tolerado por el propietario, pues de ser ello posible, se quebrantar\u00edan los principios de prevalencia del inter\u00e9s general y de la funci\u00f3n social de la propiedad que irradia la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
3.3. Obra al folio 194 del cuaderno principal, copia del escrito mediante el cual la sociedad constructora \u201cUrbanizaci\u00f3n Muz\u00fa S.A\u201d, de cuyos derechos son causahabientes las sociedades demandadas, por haberles recibido en el proceso de liquidaci\u00f3n de aquella (escritura 227 del 22 de diciembre de 1970, folio 53 del cuaderno 1), solicit\u00f3 al Director de la Oficina de Planeaci\u00f3n Distrital que aceptase canjear los lotes que inicialmente se hab\u00edan destinado a \u201czonas verdes\u201d por otros que resalt\u00f3 en el plano B4\/2-4, que igualmente obra en el expediente (folio 161 del cuaderno Principal; folio 21 del cuaderno 3), uno de los cuales es objeto de este litigio. Canje que, como aparece en el aludido plano, fue aceptado por el Distrito, aceptaci\u00f3n que, por lo dem\u00e1s, tambi\u00e9n se colige del oficio D.J. 340\/309\/89, emanado del Departamento Administrativo de Planeaci\u00f3n Distrital (folio 156 del cuaderno 1), en el que se lee que \u201c… \u2018En relaci\u00f3n con la zona de reserva denominada \u201cA\u201d definido en el Plano de Urbanizaci\u00f3n B-4\/ 2 – 4 zona integrada con las Manzanas 76 y 78 (subrayamos) del primer sector y que en parte de dicho terreno funciona una escuela, se puede observar que el resto del predio est\u00e1 involucrado en la zona de reserva como canje de las zonas verdes y los destinados a parqueo (subrayamos) Manzana A y B seg\u00fan plano B – 14\/ 1 del segundo sector que fueron loteados por el urbanizador y referenciado en el Plano No. 3792 de Mayo 29 de 1961 y confirmado en el Plano de Canje de Zonas (subrayamos) con la misma referencia y la misma fecha aceptado y aprobado por el Departamento Administrativo de Planeaci\u00f3n Distrital… En consecuencia de lo anterior se considera que ustedes est\u00e1n en mora de elevar a instrumentos p\u00fablicos el respectivo canje de zonas\u2019… Encontramos en este pronunciamiento de la Procuradur\u00eda en 1979 concordancia con el Oficio No. 00335 del 8 de marzo de 1968 expedido por el Departamento Administrativo de Planeaci\u00f3n Distrital, dirigido al se\u00f1or ARTURO ZULUAGA MACHADO, Sociedad Urbanizadora Muz\u00fa, el cual precept\u00faa lo siguiente: \u2018\u2026que de acuerdo con los planes de canje aprobados mediante Oficio No. 4958 de Mayo 30 de 1991 en base a una solicitud hecha por usted, la Manzana 75\/76 y zona de reserva del Plano B-4\/4 de la Urbanizaci\u00f3n La Laguna est\u00e1n destinados a zona escolar y parque (subrayamos)…\u201d. <\/p>\n
Es palpable, entonces, que la aludida sociedad, para dar cumplimiento a los reglamentos que a la saz\u00f3n gobernaban la actividad urbanizadora en la ciudad capital, afect\u00f3 unos lotes de su propiedad al uso p\u00fablico, particularmente al servicio de los habitantes del lugar, motivo por el cual, ning\u00fan miembro de la comunidad, como tampoco la Junta de Acci\u00f3n Comunal del sector, aqu\u00ed demandante, pod\u00eda ejercitar posesi\u00f3n sobre ellos al abrigo de la tolerancia de sus due\u00f1os. <\/p>\n
En ese orden de ideas, los supuestos actos de se\u00f1or\u00edo alegados por la actora en la demanda, y cuya ambig\u00fcedad, en todo caso, pusieron de manifiesto los testigos escuchados en el proceso, no consolidan posesi\u00f3n \u00fatil en su favor que le permita reclamar la prescripci\u00f3n adquisitiva del mismo. <\/p>\n
Subsecuentemente, los cargos no prosperan. <\/p>\n
D E C I S I O N: <\/p>\n
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, dentro del proceso ordinario de pertenencia adelantado por LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO VENECIA DE SANTAFE DE BOGOTA, frente a las sociedades \u00abOSPINAS y C\u00eda. S.A.\u00bb y \u00abPARTICIPACIONES LTDA\u00bb, y en el cual actu\u00f3, adem\u00e1s, EL DISTRITO CAPITAL DE SANTAFE DE BOGOTA como tercero interviniente. <\/p>\n
Se condena a la parte recurrente al pago de las costas del recurso. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 5074 <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
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S-029-99 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: DOCTOR JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 Distrito Capital, veintinueve (29) de julio de mil novecientos […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81634","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81634","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81634"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81634\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81634"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81634"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81634"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}