S-030-99 [5200]<\/p>\n
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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE : NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, Distrito Capital, dos (2) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999).- <\/p>\n
Referencia: Expediente N\u00b0 5200 <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
I. Por demanda presentada el 17 de enero de 1991, el demandante solicit\u00f3 que se declarase que \u00abpag\u00f3 al BANCO DEL COMERCIO SUCURSAL AVENIDA DE LAS AMERICAS la suma de $2’115.199.62 en junio 1o de 1988 y septiembre 13 de 1988, lo que no deb\u00eda…\u00bb y, consecuentemente, que tiene \u00abacci\u00f3n de repetici\u00f3n de pago de lo no debido\u00bb, con el fin de obtener la restituci\u00f3n de dicha suma, en virtud de lo cual se debe condenar al Banco demandado a reembolsar esa cantidad, la correcci\u00f3n monetaria de ese guarismo desde la fecha del pago hasta su restituci\u00f3n, los intereses comerciales moratorios; que igualmente se declarase que el Banco es responsable de los perjuicios causados al actor con ocasi\u00f3n de las medidas cautelares practicadas en el proceso ejecutivo que curs\u00f3 en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali, y se condene al demandado a pagar una indemnizaci\u00f3n de $10’500.000.oo, m\u00e1s la correcci\u00f3n monetaria e intereses comerciales moratorios de esta cantidad desde el 31 de enero de 1989. <\/p>\n
II. El demandante apoya sus pretensiones en los hechos que seguidamente se compendian : <\/p>\n
a) La sociedad DIDACEROS LIMITADA constituida por escritura p\u00fablica e inscrita en la C\u00e1mara de Comercio de Santiago de Cali, que luego cambi\u00f3 su raz\u00f3n social por la de RODACEROS LIMITADA, celebr\u00f3 contrato de cuenta corriente con el Banco del Comercio Sucursal Avenida de las Am\u00e9ricas, y con ella empez\u00f3 a realizar todas sus operaciones de comercio exterior. <\/p>\n
b) En 1985 DIDACEROS LIMITADA celebr\u00f3 acuerdo con el BANCO DEL COMERCIO, por el que se extendi\u00f3 la carta de cr\u00e9dito No. 1040829 por U.S. 14.261.76, con vencimiento el 1o. de julio de 1985, obligando el banco a FERNANDO GOMEZ FONTANA como persona natural y representante legal de DIDACEROS LIMITADA, a suscribir pagar\u00e9 en blanco, incluyendo como tercero al padre del actor. <\/p>\n
c) En la fecha se\u00f1alada DIDACEROS LTDA. no cumpli\u00f3 con la carta de cr\u00e9dito e incurri\u00f3 en mora de pagar la obligaci\u00f3n, empez\u00e1ndose a causar intereses. <\/p>\n
d) El 29 de julio de 1985 el gerente de DIDACEROS LTDA. , ofrece al Banco pagar el valor de la carta de cr\u00e9dito en cuotas mensuales de U.S. 1.500 a partir del 15 de agosto de 1985, oferta que no es aceptada. <\/p>\n
e) El 13 de agosto de 1985 el Banco env\u00eda comunicaci\u00f3n relacionando los valores a cargo de DIDACEROS LTDA. por concepto de capital m\u00e1s intereses, los que ascienden a la suma de $2’591.916.64. <\/p>\n
f) El 30 de septiembre de 1985 el banco produjo una nueva liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, \u00abexcluyendo de los intereses la suma de $129.292.oo que la sociedad DIDACEROS LTDA se vio obligada a cancelar el 24 de septiembre de 1985. <\/p>\n
g) El 5 de diciembre de 1985 el gerente de DIDACEROS LTDA. hace ofrecimiento de pago de la obligaci\u00f3n, frente a la cual el Banco exigi\u00f3 como codeudor a la firma CORTES Y LAMINAS LIMITADA, y adelantada la gesti\u00f3n, DIDACEROS LTDA., cancel\u00f3 con cuatro cheques la suma de $600.000.oo, recibiendo como deudora y CORTES Y LAMINAS LTDA. como codeudora un pr\u00e9stamo por la suma de $2’300.000.oo el 30 de abril de 1986, con el cual cancelaron la referida carta de cr\u00e9dito, operaci\u00f3n que dio origen al pagar\u00e9 No. 00000814, habiendo previamente el Banco cargado a la cuenta corriente No. 104-30-057-9 los valores adeudados por la carta de cr\u00e9dito. <\/p>\n
h) De la citada cuenta corriente se debita la suma de $2’300.250.oo, y \u00abel d\u00eda 30 de abril de 1986 se le consigna el cr\u00e9dito por la suma de $2’300.000.oo y queda cancelada esta obligaci\u00f3n\u00bb, momento en el cual la subgerente del Banco produce un documento por un total de $2’900.250.oo, elaborando una nueva relaci\u00f3n de \u00absumas recibidas y aplicadas a obligaciones de DIDACEROS LTDA.\u00bb, encontr\u00e1ndose pendiente de reembolso y como saldo de la carta de cr\u00e9dito la cantidad de $189.646.48, cantidad \u00e9sta que fue cancelada por DIDACEROS LTDA. \u00aben forma inmediata y solamente qued\u00f3 vigente el cr\u00e9dito No. 00000814 por $2’300.000.oo\u201d. <\/p>\n
i) DIDACEROS LTDA. trat\u00f3 de cumplir con este cr\u00e9dito, pero por dificultades econ\u00f3micas le fue imposible cancelar la totalidad en el tiempo pactado, y a junio 30 de 1988 deb\u00eda por capital $1’594.544.49 y por intereses y gastos $1’227.260.oo. <\/p>\n
j) El Banco del Comercio inici\u00f3 proceso ejecutivo contra RODACEROS LTDA. y contra CORTES Y LAMINAS LIMITADA para el pago de esas sumas, el cual se adelant\u00f3 en el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cali, y estando en curso este proceso el Banco adelanta otro proceso ejecutivo en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cali contra RODACEROS LTDA., FERNANDO GOMEZ Y MIGUEL GOMEZ VARGAS, para obtener el pago de $998.664.61 suma contenida en el pagar\u00e9 AF-00049609, m\u00e1s los intereses y costas del proceso; t\u00edtulo valor que aparece con fecha de suscripci\u00f3n de 9 de agosto de 1983 y fecha de vencimiento de 20 de noviembre de 1986, proceso \u00e9ste en donde se dict\u00f3 sentencia de seguir adelante la ejecuci\u00f3n, y dentro del cual se embarg\u00f3 un bien inmueble que soportaba un gravamen hipotecario a favor de GRANAHORRAR, quien citada, promovi\u00f3 proceso hipotecario de manera inmediata, momento en el cual el actor ya \u00abhab\u00eda celebrado contrato de promesa de venta sobre el lote de terreno el 27 de febrero de 1987, desconociendo la acci\u00f3n judicial injusta del Banco del Comercio\u00bb. <\/p>\n
k) El 29 de febrero de 1988 el actor suscribi\u00f3 escritura p\u00fablica a SANTOS RICARDO EGRED OTERO, resultando \u00e9ste perjudicado a consecuencia de la citaci\u00f3n del acreedor hipotecario y del embargo reca\u00eddo sobre el bien inmueble, que lo llev\u00f3 a incumplir la promesa de venta celebrada. <\/p>\n
l) Desde un comienzo el demandante explic\u00f3 al Banco que estaba cobrando una obligaci\u00f3n en forma doble, y que s\u00f3lo adeudaba la del Juzgado 4o. Civil del Circuito de Cali, y ante la eventualidad del proceso hipotecario pide al juzgado que liquide el cr\u00e9dito y en julio 1o. de 1988 abona a la obligaci\u00f3n la suma de $2’002.238.35, el 14 de septiembre de 1988 \u00ababona la suma de $120.000.oo en el Banco Popular y con la nueva reliquidaci\u00f3n se cancela la deuda de $112.961.71 y le devuelven el mayor valor consignado\u00bb. En octubre 3 de 1988 se decreta la terminaci\u00f3n del proceso por pago total y cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares. <\/p>\n
m) Como consecuencia del proceso ejecutivo, el actor \u00abtuvo que cancelarle al se\u00f1or SANTOS RICARDO EGRED la suma de $10’500.000.oo por perjuicios, mediante el traspaso de tres tractores…\u00bb. <\/p>\n
n) El Banco del Comercio le cobr\u00f3 a DIDACEROS LIMITADA la suma de $129.292.oo, \u201csuma que le oblig\u00f3 a pagar el 24 de septiembre de 1985\u201d y que corresponde a intereses de junio, julio y agosto de 1983, que ya hab\u00edan sido cancelados. <\/p>\n
o) El valor pagado en el Juzgado 1o. Civil del Circuito ascendi\u00f3 a $2’115.199.62, suma que no se adeudaba \u00abporque con la constituci\u00f3n del pagar\u00e9 No. 00000814 se cancelaba la totalidad de las obligaciones que surg\u00edan de la carta de cr\u00e9dito NO. 10400829 y por tal motivo, mal podr\u00eda el Banco del Comercio se\u00f1alar nuevas cifras para llenar un Pagar\u00e9 cuando claramente afirmaba en Agosto 14 de 1986 y en documentos anteriores que con el pago de $600.000.oo y el cr\u00e9dito de $2’300.000.oo se cancelaba esa carta de cr\u00e9dito\u00bb. <\/p>\n
q) El demandante presionado por las circunstancias y ante la mala fe del banco acreedor pag\u00f3 una obligaci\u00f3n que no deb\u00eda, por lo que tiene acci\u00f3n para repetir lo pagado y \u00abpara solicitar indemnizaci\u00f3n de perjuicios como consecuencia de las medidas cautelares practicadas\u00bb, pues el Banco del Comercio \u00abal novar la obligaci\u00f3n mediante el pagar\u00e9 por $2’300.000.oo con CORTES Y LAMINAS, liber\u00f3 de toda obligaci\u00f3n y compromiso al se\u00f1or FERNANDO GOMEZ FONTANA y por tal motivo no pod\u00eda iniciar acci\u00f3n ejecutiva contra \u00e9l y mucho menos por obligaciones inexistentes\u00bb. <\/p>\n
III. Enterada la entidad demandada de las pretensiones del actor, se allan\u00f3 a las dos primeras, advirtiendo que el pago indicado lo recibi\u00f3 por error y de buena fe, y se opuso a las restantes que quedaron en pie luego de la correcci\u00f3n que se hizo al libelo inicial, dio respuesta a cada uno de los 60 hechos planteados, y formul\u00f3 excepciones perentorias. <\/p>\n
IV. El a quo accedi\u00f3 a las dos primeras declaraciones deprecadas, conden\u00f3 al demandado a pagar a su demandante las sumas de $2’002.238.35 y $112.961.22, neg\u00f3 las pretensiones octava, novena y d\u00e9cima, conden\u00f3 al demandado en el 60% de las costas y al demandante en un 40%. <\/p>\n
V. Inconforme con lo as\u00ed decidido, el demandante apel\u00f3 de la sentencia ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, y \u00e9ste al desatar el recurso mediante sentencia de 4 de marzo de 1994, confirm\u00f3 la proferida por el a quo. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
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Anticipa que lo pretendido por la parte actora con la apelaci\u00f3n es, \u201centre otras cosas\u201d, que se imponga a la parte demandada la devoluci\u00f3n de la suma de dinero a que fue condenado en primera instancia, con correcci\u00f3n monetaria e intereses comerciales moratorios a la tasa del 58.54% anual. Por eso, tras se\u00f1alar que el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 2318 del C.C. impone a la persona que ha recibido de mala fe el pago de lo no debido la obligaci\u00f3n de pagar \u201ctambi\u00e9n los intereses corrientes\u201d, y de transcribir sobre el particular lo pertinente de jurisprudencia en la que la Corte asevera que el pago de los intereses tiene lugar \u00fanicamente cuando se da mala fe comprobada del accipiens, y seg\u00fan la cual, adicionalmente, los intereses corrientes constituyen una tasaci\u00f3n legal de los perjuicios causados al solvens, sin que a ellos se les pueda agregar otros perjuicios diferentes, el Tribunal pasa a manifestar que, ante tal interpretaci\u00f3n normativa, \u201cno tiene cabida la indemnizaci\u00f3n de perjuicios por el pago de lo no debido, todo se limita a devolver s\u00f3lo la cantidad, en el caso del dinero, que se pag\u00f3\u201d, y que \u201cpara que adicionalmente se puedan reclamar intereses corrientes es preciso que haya habido mala fe en quien acept\u00f3 el pago de lo no debido\u201d. Agrega el ad-quem, que \u201cEn esta eventualidad la correcci\u00f3n monetaria no es viable debido a que ella participa de la noci\u00f3n del da\u00f1o emergente y, por lo tanto, corresponde a una indemnizaci\u00f3n de perjuicios, que no tiene espacio, seg\u00fan la jurisprudencia, en el r\u00e9gimen del art\u00edculo citado\u201d. Dentro de esa l\u00ednea de pensamiento concluye que \u201cPor consiguiente, el pretendido reajuste de la correcci\u00f3n monetaria que solicita el recurrente para que se haga en la sentencia no es factible y por ende la misma, por tal concepto, no se modificar\u00e1\u201d. <\/p>\n
En seguida se ocupa concretamente de los intereses de mora que a la tasa del 58.54% aspira se le reconozcan al recurrente, destacando que \u00e9ste cuestion\u00f3 la interpretaci\u00f3n dada por el a-quo al inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 2318 del C.C., que aleg\u00f3 que la mala fe del Banco estaba demostrada mediante prueba indiciaria y, as\u00ed mismo, que no es signo de buena fe el hecho de que un banco afirme el extrav\u00edo de documentos; reparos todos esos ante los cuales pasa a se\u00f1alar el Tribunal que el hecho en que se sustenta un indicio debe aparecer probado plenamente de conformidad con el art\u00edculo 248 del C. de P.C., que al tenor del art\u00edculo 250 ib\u00eddem la apreciaci\u00f3n se debe hacer en conjunto y teniendo en cuenta su gravedad, concordancia y convergencia, como su relaci\u00f3n con las dem\u00e1s pruebas del proceso, y que el manejo de documentos por parte de una entidad bancaria \u201cno excluye la posibilidad, aunque sea m\u00ednima, de cometer errores\u201d, pues el hecho de tener \u201cun adecuado y bien organizado sistema de contabilidad, no demuestra que se haya incurrido en ellos de mala fe\u201d. Agrega, que el error demostrado en la elaboraci\u00f3n de documentos por parte del Banco, no conlleva necesariamente a que haya obrado de mala fe para obtener un pago de lo no debido, y que de admitirse dicho error como un indicio, \u00e9ste no ser\u00eda grave \u201cpues la mayor fuerza indicativa del mismo no es la que permita inferir mala fe en quien lo cometi\u00f3\u201d. <\/p>\n
Contin\u00faa haciendo las manifestaciones que en seguida se transcriben: <\/p>\n
\u201cExpresa, as\u00ed mismo, el recurrente que el hecho de haber reconocido el Banco el error despu\u00e9s de tres a\u00f1os de haberse efectuado el pago y eso en el t\u00e9rmino de los 20 d\u00edas de la contestaci\u00f3n de la demanda es un indicio de que obr\u00f3 de mala fe. <\/p>\n
\u201cEl descubrimiento del error mucho tiempo despu\u00e9s no es necesariamente un indicio de que se incurri\u00f3 en \u00e9l de mala fe. Pudo ser que no lo hab\u00eda advertido y solo supo del mismo a ra\u00edz de la demanda al estudiar los documentos para afrontar la controversia. No es este hecho un indicio grave. <\/p>\n
\u201cConsidera el actor que por el hecho de haber llenado un pagar\u00e9 en blanco que se le hab\u00eda entregado tres a\u00f1os antes, cuando todos los documentos aportados al proceso acreditaban que ya no exist\u00eda obligaci\u00f3n alguna a cargo del se\u00f1or G\u00f3mez Fontana que se pudiera incluir en dicho t\u00edtulo, el banco ha obrado de manera dolosa y de mala fe. <\/p>\n
\u201cEs cierto que el documento en blanco se llen\u00f3 y como resultado de ello se obtuvo el pagar\u00e9 que di\u00f3 lugar al pago de lo no debido. Pero ese hecho no indica que haya habido mala fe. Inclusive, el acto de llenar el documento en blanco hasta lograr un pagar\u00e9 no lleva o demuestra que hubo error. Este se demuestra con otras pruebas. Por lo tanto tampoco prueba la pretendida mala fe. <\/p>\n
\u201cLas circunstancias que surgen del hecho de que haya otro proceso donde el demandado G\u00f3mez Fontana hizo abonos que no report\u00f3 oportunamente el Banco ejecutante hoy demandado, y la que se desprende de lo expresado en el interrogatorio de parte del representante del Banco cuando afirma que para llenar los espacios en blanco se consultaron los libros de contabilidad, donde precisamente no aparec\u00eda obligaci\u00f3n alguna a cargo del mencionado se\u00f1or, no son prueba evidente de la mala fe alegada. La segunda cuando m\u00e1s, permite inferir, al considerar otras pruebas como la confesi\u00f3n de la parte demandada, que hubo un error, pero no la pretendida mala fe. <\/p>\n
\u201cLa Sala en todos los hechos anotados no ve, despu\u00e9s de analizarlos en conjunto la prueba indiciaria con el m\u00e9rito que le otorga el recurrente, para establecer la mala fe del demandado al recibir el pago de lo no debido. Por consiguiente, no hay lugar a condenar a la entidad demandada a pagar intereses corrientes, y como a esa conclusi\u00f3n lleg\u00f3 el fallador de primer grado, no hay lugar a modificar los puntos de la sentencia donde se resolvi\u00f3 sobre tal pretensi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Refiere seguidamente el ad-quem, que el apelante pretende se condene al Banco al pago de los perjuicios causados con la medida cautelar decretada en el proceso ejecutivo seguido en su contra para el cobro de un pagar\u00e9 llenado sin existir la obligaci\u00f3n \u201cque a la postre pag\u00f3 indebidamente\u201d, manifestando al respecto y con citaci\u00f3n de jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, que siendo ese un caso de responsabilidad aquiliana por abuso de las v\u00edas de derecho, regido por el art\u00edculo 2341 del C.C., al demandante correspond\u00eda demostrar la temeridad o mala fe de la conducta del Banco y los elementos estructurales de esa especie de responsabilidad: da\u00f1o, culpa y relaci\u00f3n de causalidad entre los dos elementos anteriores. <\/p>\n
En ese orden de ideas asevera expresamente: <\/p>\n
\u201cEl embargo del inmueble del actor, decretado en virtud de la solicitud del Banco del Comercio, Sucursal de la Avenida de las Am\u00e9ricas, se inscribi\u00f3 en la oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos y Privados de Cali el 20 de Febrero de 1.987 (folios 181 y 182 cdno 1). La promesa de compraventa celebrada entre el demandante Fernando G\u00f3mez Fontana y Santos Ricardo Egred, mediante el cual el primero transferir\u00eda el dominio del inmueble mencionado al segundo el 29 de febrero de 1.988, fue acordada el 26 de Febrero de 1.987, es decir ocho d\u00edas despu\u00e9s de haberse registrado la medida cautelar referida. Adem\u00e1s, el se\u00f1or G\u00f3mez se enter\u00f3 del proceso en agosto de 1.987 (folio 145 cdno 1) cuando fue notificado personalmente del mandamiento ejecutivo. Por lo dem\u00e1s, el 27 de abril de 1.987, es decir dos meses largos despu\u00e9s de haberse registrado el embargo del inmueble, lleg\u00f3 al proceso la comunicaci\u00f3n del Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cali mediante la cual se informa del embargo de remanentes que se decret\u00f3 en el proceso ejecutivo que a Fernando G\u00f3mez Fontana y otro le adelantaba el Banco de Colombia, Sucursal de Cali (folio 186 Cdno 1). Es m\u00e1s, cuando se levant\u00f3 el embargo decretado en el proceso del Banco del Comercio se dispuso que los bienes del se\u00f1or G\u00f3mez Fontana continuaran embargados por cuenta del proceso del Banco de Colombia (folio 226 cdno 1)\u201d. <\/p>\n
Finalmente consigna que al no haber mala fe en la iniciaci\u00f3n del proceso ejecutivo, tampoco la hubo en la solicitud que condujo al decreto de la medida cautelar, y as\u00ed mismo no se observa temeridad alguna que determine abuso de las v\u00edas de derecho por parte del Banco, pues no se demostr\u00f3 que \u00e9ste se hubiera enterado del error antes de iniciarse el proceso ejecutivo o durante el desarrollo del mismo, o que a pesar de ello hubiera insistido en mantener la citada medida cautelar; por lo que no se dan los supuestos de mala fe y temeridad en que descansa la responsabilidad aquiliana, siendo del caso confirmar en este punto la denegatoria de condena proferida por el a-quo. <\/p>\n
EL RECURSO DE CASACION <\/p>\n
Tres cargos, todos dentro del \u00e1mbito de la causal primera de casaci\u00f3n, formula el recurrente contra la sentencia del Tribunal, los cuales se despachar\u00e1n en el orden propuesto. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Acusa la sentencia de violar \u201cDIRECTAMENTE\u201d (sic), por aplicaci\u00f3n indebida, el art\u00edculo 2318 del C.C.; y los art\u00edculos 2356, inciso 1\u00b0, 1649, 1626, 1627 y 2319 del mismo C\u00f3digo, por falta de aplicaci\u00f3n, a consecuencia de errores de hecho cometidos por el Tribunal en el campo probatorio. <\/p>\n
Al sustentarlo dice que el Tribunal se equivoc\u00f3 al aplicar el art\u00edculo 2318 del C.C., pues existen pruebas en el proceso que demuestran la mala fe de la parte demandada; que la conclusi\u00f3n equivocada de dicho sentenciador se debi\u00f3 a no relacionar todos los medios de convicci\u00f3n entre si; y que \u201csi la prueba arrimada, indicios, confesi\u00f3n, documentos se examina en detalle una a una y como un todo, la sentencia del Tribunal hubiera sido otra y favorable a la parte demandante\u201d. A continuaci\u00f3n enumera los requisitos que requiere la prueba indiciaria para su efectividad de acuerdo con los art\u00edculos 248 y 250 del C. de P.C., esto es, que el hecho sustentatorio de cada indicio est\u00e9 debidamente probado y que la apreciaci\u00f3n de los indicios se haga en conjunto teniendo en cuenta su gravedad, concordancia y convergencia y en relaci\u00f3n con las dem\u00e1s pruebas; agregando que al proceso se trajo prueba irrefutable de hechos de los que sin dificultad puede inferirse que el Banco actu\u00f3 de mala fe, lo que no vio el Tribunal por el yerro en que incurri\u00f3. <\/p>\n
En ese orden de ideas, puntualiza: a) que mediante confesi\u00f3n se prob\u00f3 que el Banco y sus funcionarios extraviaron documentos que dieron lugar a la ocurrencia de los hechos; que no es corriente que una entidad bancaria extrav\u00ede documentos, ante lo cual se pregunta si en el caso de este litigio se formul\u00f3 alg\u00fan denuncio por la aludida p\u00e9rdida y si, adem\u00e1s, no ser\u00eda del caso inferir del hecho probado del extrav\u00edo y de la ausencia de denuncia la presencia de la mala fe del Banco; b) que se prob\u00f3 tambi\u00e9n mediante confesi\u00f3n que el Banco se tard\u00f3 3 a\u00f1os en aceptar que el solvens no le deb\u00eda suma alguna, no obstante tener en su poder documentos expedidos por la misma entidad en donde constaba la inexistencia de la obligaci\u00f3n; c) que se prob\u00f3 \u201ccon los documentos respectivos\u201d que el Banco certific\u00f3 la ausencia de obligaciones a cargo del actor por la Carta de Cr\u00e9dito N\u00b0 10400829 y a pesar de ello llen\u00f3 un pagar\u00e9 firmado en blanco y lo habilit\u00f3 para iniciar la ejecuci\u00f3n; y d) que el Tribunal no encontr\u00f3 mala fe en la confesi\u00f3n del representante del Banco cuando acepta que los abonos hechos por el actor no se llevaron a los libros de contabilidad, que para llenar el pagar\u00e9 se consultaron \u00e9stos y en ellos no aparec\u00eda para \u00e9l deuda alguna. Esos indicios, a\u00f1ade, son graves considerados uno a uno, y grav\u00edsimos si es conjunto, por lo que constituyen \u201cplena prueba de la mala fe que reclama el Tribunal, pero que no quiso apreciar, a la vista de la prueba documentaria con que deben relacionarse a t\u00e9rminos del art\u00edculo 250 del C. de P.C.\u201d. <\/p>\n
Despu\u00e9s de indicar que a folios 21, 22 y 23 del cuaderno 1 obra prueba que implica el finiquito de la deuda cobrada por el Banco con intervenci\u00f3n judicial, de reiterar que por indebida apreciaci\u00f3n de los elementos probatorios en general el Tribunal aplic\u00f3 indebidamente el inciso 2\u00b0 del art\u00edculo 2318 del C.C. que lo obligaba a ordenar la restituci\u00f3n de lo recibido m\u00e1s los intereses corrientes a la tasa del 58.54% anual y a condenar al Banco por los perjuicios ocasionados al actor con la medida cautelar, el recurrente insiste en que \u201cde haberse apreciado todo el material probatorio en su conjunto de acuerdo con las normas de la sana cr\u00edtica, tal como lo pide el art\u00edculo 187 del C. de P.C. el Tribunal habr\u00eda concluido que el BANCO DEL COMERCIO actu\u00f3 de mala fe…\u201d; hecho lo cual el recurrente se ocupa del concepto de la violaci\u00f3n, que para \u00e9l se produjo en forma \u201cDIRECTA\u201d (sic), reclamando as\u00ed mismo que la devoluci\u00f3n de lo pagado debi\u00f3 ordenarse con su correspondiente reajuste, dado el fen\u00f3meno de la desvalorizaci\u00f3n monetaria. <\/p>\n
Por \u00faltimo, tras se\u00f1alar, que a causa de los errores f\u00e1cticos se\u00f1alados el Tribunal quebrant\u00f3 indirectamente (sic) los preceptos sustanciales se\u00f1alados al inicio del cargo, el casacionista solicita a la Corte casar la sentencia recurrida y declarar que el Banco demandado debe restituir al actor \u201cla suma que recibi\u00f3 como pago NO DEBIDO, con correcci\u00f3n monetaria\u201d, como se deprec\u00f3 en la petici\u00f3n s\u00e9ptima de la demanda. <\/p>\n
SE CONSIDERA <\/p>\n
Este cargo, en la forma como viene formulado, no se ci\u00f1e a la t\u00e9cnica del recurso de casaci\u00f3n, por lo siguiente: <\/p>\n
1.- A lo largo del desarrollo del ataque, acusa el recurrente la infracci\u00f3n del art\u00edculo 2341 por distintos conceptos de violaci\u00f3n, que se contraponen entre s\u00ed. En efecto, en el encabezamiento del cargo se enuncia la inaplicaci\u00f3n de todos los preceptos sustanciales all\u00ed indicados, incluida la disposici\u00f3n en referencia (art. 2341 del C.C.), pero en su desarrollo se vuelve sobre la cuesti\u00f3n para aseverar que el Tribunal se equivoc\u00f3 al aplicar dicha norma, con lo cual la impugnaci\u00f3n se torna contradictoria en este punto, y adem\u00e1s inepta para el prop\u00f3sito con ella perseguido, como quiera que son fen\u00f3menos diferentes que implican as\u00ed mismo consecuencias tambi\u00e9n diversas, que el Tribunal de casaci\u00f3n no puede de oficio conciliar, porque una cosa es que el recurrente no tenga el deber de indicar el concepto de la obligaci\u00f3n, y otra bien distinta el que haci\u00e9ndolo por su cuenta y riesgo refunda esos conceptos o los proponga de manera tal que genere antagonismos en relaci\u00f3n con el quebranto de un precepto. <\/p>\n
2.- Se acude a la v\u00eda de la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, anunciada en el inicio del cargo y as\u00ed reiterada posteriormente en su desenvolvimiento, pero se advierte, delanteramente y tambi\u00e9n a lo largo de toda la acusaci\u00f3n, que fue como consecuencia de yerros f\u00e1cticos en la apreciaci\u00f3n probatoria, con lo cual el cargo incurri\u00f3 en confusi\u00f3n respecto de la violaci\u00f3n directa, que descarta el error probatorio y supone conformidad del recurrente con las conclusiones f\u00e1cticas sacadas por el Tribunal, para situarse precisamente en el lado opuesto, que caracteriza la violaci\u00f3n indirecta de la ley, esto es la que recae sobre la apreciaci\u00f3n de los medios de convicci\u00f3n y su valoraci\u00f3n legal. <\/p>\n
Con todo, si por aludir el recurrente en parte posterior de su acusaci\u00f3n a la menci\u00f3n de que por causa de los errores de hecho denunciados el Tribunal \u201cquebrant\u00f3 indirectamente\u201d las normas se\u00f1aladas en el encabezamiento del cargo, tuviera que advertirse que aqu\u00e9l incurri\u00f3 en lapsus calami y que el verdadero y \u00fanico sentido l\u00f3gico del ataque es entenderlo formulado por v\u00eda indirecta, en ese caso otro es el reparo que cabe hacer a la acusaci\u00f3n, consistente en que confunde el error probatorio de hecho con el de derecho, pues habiendo denunciado la comisi\u00f3n del primero desde la formulaci\u00f3n del cargo, lo deduce en \u00faltimas del quebranto de los art\u00edculos 248, 250 y 187 del C. de P.C., que por ser atinentes a la valoraci\u00f3n de la prueba y no a su contemplaci\u00f3n material dentro del proceso, constituye yerro de derecho y no de facto. <\/p>\n
3.- De admitirse, por lo dicho, que el cargo denuncia violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, se tornan desenfocadas las razones en las cuales se apoya el recurrente para pedir la condena por correcci\u00f3n monetaria, ya que el Tribunal la neg\u00f3 mediante consideraciones de tipo jur\u00eddico consistentes en que ella no cabe frente a los alcances interpretativos del art\u00edculo 2318 del C.C., cuesti\u00f3n que debe combatirse por el camino de la violaci\u00f3n directa de la ley, es decir, sin sujeci\u00f3n a la apreciaci\u00f3n de pruebas. <\/p>\n
4.- El cargo, afectado as\u00ed gravemente en su estructura t\u00e9cnica, impide no s\u00f3lo su consideraci\u00f3n de fondo, sino su despacho favorable. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Mediante \u00e9l se le achaca a la sentencia violaci\u00f3n \u201cdirecta\u201d (sic) de los art\u00edculos 4o., 5o., 8o., y 48 de la Ley 153 de 1887; 1544, 1603, 1617, 1613, 848, 1626, 1627, 1649, 1746 del C. C.; 920, 831 y 871 del C. de Co., por falta de aplicaci\u00f3n, a consecuencia de manifiestos errores de hecho en el an\u00e1lisis de \u201calgunos medios probatorios\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Comienza haciendo disquisici\u00f3n de car\u00e1cter doctrinal sobre el nominalismo y el realismo monetario, para aseverar que \u201ccon base en una interpretaci\u00f3n amplia de los textos legales, la jurisprudencia se ha pronunciado en favor de la correcci\u00f3n monetaria en las obligaciones restitutorias entre las cuales deben incluirse las que tienen su fuente en la NULIDAD y en el PAGO DE LO NO DEBIDO\u201d. Se apoya al respecto en un conocido expositor del derecho y en jurisprudencia de la Corte que cita, explicando que la tesis del nominalismo la consagra el art\u00edculo 2224 s\u00f3lo para el contrato de mutuo y no para el pago de todas las obligaciones, y que en el C\u00f3digo Civil y en el comercial hay muchas normas con apego a la teor\u00eda del realismo, tal como acontece con los art\u00edculos 648, 1617, 1603 del C.C. y 871 del C. de Co. <\/p>\n
Despu\u00e9s de invocar la equidad y el principio de la simetr\u00eda que debe imperar en los contratos bilaterales, en cuyo respaldo transcribe fallo de esta Corporaci\u00f3n, puntualiza en otro aparte de su censura, que \u201cal analizar el material probatorio, la parte demandante prob\u00f3 no s\u00f3lo el error del banco que fue grave, sino su culpa igual de grave y m\u00e1s a\u00fan su dolo…\u201d, exponiendo m\u00e1s adelante que la condena confirmada por el Tribunal de restituir el pago de lo no debido sin correcci\u00f3n monetaria \u201cobedeci\u00f3 a los siguientes evidentes yerros f\u00e1cticos\u201d, que concreta a continuaci\u00f3n en el ataque. <\/p>\n
SE CONSIDERA <\/p>\n
1.- Aspira el recurrente con este cargo, que la Corte Case la sentencia del Tribunal y ordene la restituci\u00f3n de los dineros recibidos por el Banco en pago de lo no debido, con la correspondiente correcci\u00f3n monetaria, negada por dicho sentenciador sobre la base de que esa condena no cabe dentro de los alcances del art\u00edculo 2318 del C.C.. Para combatir esta decisi\u00f3n, formula su ataque por violaci\u00f3n \u201cdirecta\u201d de las normas legales que cita, entre las cuales no relaciona aquella, diciendo que esa violaci\u00f3n se produjo por manifiestos errores de hecho en el an\u00e1lisis de algunos medios probatorios. <\/p>\n
2.- Formulada en esos t\u00e9rminos la censura, ella resulta igualmente alejada de las exigencias t\u00e9cnicas del recurso de casaci\u00f3n, por cuanto a\u00fan si se admitiera que \u00e9sta no estaba llamada a combatir el quebranto del art\u00edculo 2318 del C.C. en que se apoy\u00f3 el Tribunal para decidir como lo hizo, es lo cierto que el ataque se desv\u00eda luego al campo probatorio, sosteniendo, contrario a lo que dedujo el sentenciador, que existi\u00f3 culpa grave y a\u00fan dolo en la conducta del Banco demandado, que no observ\u00f3 el Tribunal por los errores f\u00e1cticos en que incurri\u00f3, concretados despu\u00e9s en el ataque. <\/p>\n
3.- La acusaci\u00f3n, adem\u00e1s, resulta desenfocada porque el Tribunal no hizo descansar la desestimaci\u00f3n de la correcci\u00f3n monetaria en que la conducta del Banco hubiera sido dolosa, sino de la consideraci\u00f3n, ya se\u00f1alada anteriormente, de que esa condena no es posible hacerla frente a los alcances hermen\u00e9uticos del art\u00edculo 2318 del C.C.; consideraci\u00f3n ante la cual el referido ataque en casaci\u00f3n se torna, consecuentemente, inane. <\/p>\n
En efecto, el Tribunal clausur\u00f3 el tema de la correcci\u00f3n monetaria despu\u00e9s de aseverar que la indemnizaci\u00f3n por perjuicios no cabe dentro de los limites del art\u00edculo 2318 del C.C. y al sostener as\u00ed mismo que frente a dicha norma s\u00f3lo es posible el reconocimiento de intereses corrientes cuando el accipiens act\u00faa de mala fe; en muestra de lo cual agreg\u00f3 finalmente que \u201cpor consiguiente, el pretendido reajuste de la correcci\u00f3n monetaria que solicita el recurrente para que se le haga en la sentencia no es factible y por ende la misma, por tal concepto, no se modificar\u00e1\u201d. Dicho lo anterior, el ad-quem se ocup\u00f3 de la aspiraci\u00f3n del actor apelante relativa a que en la condena se incluyeran intereses de mora, y a ese respecto, despu\u00e9s de examinar el acervo probatorio, dijo no encontrar demostrada la mala fe del Banco para imponerle el pago de esos intereses. De manera que cuando el Tribunal aludi\u00f3 a que no se prob\u00f3 la mala fe del accipiens, lo hizo justamente teniendo por mira la pretensi\u00f3n alusiva a intereses, pero no la de correcci\u00f3n monetaria, que para \u00e9l no cabe dentro de la cobertura del art. 2318, al estar subsumida en el concepto de perjuicios. <\/p>\n
En otras palabras, as\u00ed considerada la posici\u00f3n del Tribunal, el argumento jur\u00eddico expuesto por \u00e9l en relaci\u00f3n con los alcances del art\u00edculo 2318 del C.C. s\u00f3lo pod\u00eda destruirlo el recurrente alegando en el cargo la violaci\u00f3n, por v\u00eda directa, de la citada disposici\u00f3n, lo que no hizo en su acusaci\u00f3n. <\/p>\n
4.- El cargo, pues, no se abre paso. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Le censura a la sentencia, a causa de manifiestos errores de hecho en la apreciaci\u00f3n probatoria, la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 2356, 1626, 1627, 1613, 1616, 1649 y 63 del C.C., por falta de aplicaci\u00f3n, que lo llev\u00f3 a hacer actuar \u201cincorrectamente el art\u00edculo 2341 del mismo c\u00f3digo\u201d. <\/p>\n
En su desarrollo menciona el recurrente los elementos que al tenor del art\u00edculo 2341 estructuran la responsabilidad aquiliana, a\u00f1adiendo que la culpa por la que debe responder el Banco es la LEVISIMA, y que la carga de la prueba le incumb\u00eda al actor. Sostiene que tomado ese precepto en la forma como lo hizo el Tribunal \u201ccobra el sentido que all\u00ed se le dio como fundamento jur\u00eddico del fallo\u201d denegatorio de la condena por perjuicios causados al actor con el proceso ejecutivo, pero que si por el contrario dicho juzgador hubiera apreciado las pruebas que acreditan el beneficio exclusivo de la entidad demandada con el pago sin causa que se le hizo, hubiera trasladado a ella la prueba de la diligencia y cuidado, proceder con el que \u201chubiera interpretado y aplicado por ende correctamente el art\u00edculo 2341 del C.C. y sacado valederas las pretensiones del actor\u201d. Por ese motivo, sigue afirmando, que \u201cEl ataque, pues, se basa en la posibilidad cierta de que el Tribunal no s\u00f3lo dej\u00f3 de aplicar las normas pertinentes sino que aplic\u00f3 otra que disciplina el caso pero con otros alcances, por errores evidentes de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u201d. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n transcribe jurisprudencia de la Corte que fija los perfiles del yerro f\u00e1ctico y define cu\u00e1l es la labor del juez de casaci\u00f3n, tras lo cual insiste en que hay plena prueba en el proceso de que el Banco fue el \u00fanico beneficiado con el pago, que el Tribunal no quiso examinar esa prueba, que de haberlo hecho \u201cno se hubiera detenido en consideraciones relativas a si hubo o no abuso en la petici\u00f3n de medidas cautelares o si el actor prob\u00f3 o no la culpa grave que le correspond\u00eda como carga procesal\u201d; criterio en pos del cual se apoya en el art\u00edculo 1604 como la norma que el ad-quem \u201ccumpl\u00edale aplicar\u201d y conforme a la cual, dice, habr\u00eda reconocido que el Banco respond\u00eda en este caso por la culpa LEVISIMA y que a \u00e9l se trasladaba la carga de probar diligencia y cuidado en sus operaciones. <\/p>\n
De lo anterior deduce que el demandado no prob\u00f3 lo de su cargo, y que el demandante en cambio, sin estar obligado a ello, acredit\u00f3 la malicia y la culpa lata, equivalente al dolo en aquel, ya que su conducta resulta inexcusable por ser entidad que goza de la confianza ciudadana, tiene vigilancia del Estado, capta recursos del p\u00fablico y participa en la vida econ\u00f3mica del pa\u00eds. <\/p>\n
As\u00ed, una vez explica el concepto de la violaci\u00f3n por inaplicaci\u00f3n de las normas legales citadas en el encabezamiento del cargo, solicita que la Corte, en sede de instancia, declare que el demandado debe pagar los perjuicios causados al actor, como se pide en la pretensi\u00f3n novena de la demanda. <\/p>\n
SE CONSIDERA <\/p>\n
1.- El recurrente persigue con este cargo, se case la sentencia del Tribunal y se declare por la Corte que el demandado debe pagar los perjuicios causados al actor con el proceso ejecutivo promovido en su contra, pronunciamiento que depreca por la violaci\u00f3n de normas sustanciales que cita y quebrant\u00f3 el Tribunal a causa de errores probatorios de hecho. Sin embargo, el despacho de fondo planteado a la Corte no es posible, por la ineptitud formal del ataque que a continuaci\u00f3n se concreta: <\/p>\n
1.1.- No se precisa por el recurrente, mediante la individualizaci\u00f3n respectiva, las pruebas preteridas, supuestas o mal apreciadas por parte del Tribunal, que lo condujeron al quebranto denunciado de normas de derecho sustancial, omisi\u00f3n que hace inatendible la censura, porque como lo ha dicho la Corte, dada la estructura del yerro f\u00e1ctico, no es posible que frente a \u00e9ste se haga un ataque global de pruebas, si para su demostraci\u00f3n es pertinente desplegar por el casacionista una labor de parang\u00f3n entre la conclusi\u00f3n probatoria combatida y la que realmente demuestra el correspondiente medio de persuaci\u00f3n. Desentendi\u00e9ndose por completo de esa labor a su cargo en orden a plantear debidamente el ataque y a demostrar el error, el recurrente dej\u00f3 de lado igualmente, al actuar en la forma omisiva en que lo hizo, establecer la evidencia de esos presuntos yerros y, algo m\u00e1s, hacer notar la trascendencia de los mismos en la parte resolutiva de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
1.2.- Tampoco se combatieron en el cargo, como era de rigor, todos los fundamentos que sirvieron de apoyo al Tribunal para expedir la sentencia impugnada, como quiera que ninguna referencia se hizo a su consideraci\u00f3n atinente a que dentro de proceso ejecutivo distinto del promovido por el Banco del Comercio, el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cali inform\u00f3 del decreto de embargo de remanentes para ser tenido en cuenta en aquel, proferida esta medida en el ejecutivo que contra el mismo aqu\u00ed actor hab\u00eda promovido all\u00ed el Banco de Colombia, Sucursal de Cali (fl. 186 C. 1). No lo dijo expresamente el Tribunal pero si se desprende t\u00e1citamente de sus afirmaciones, que como ese reporte se produjo el 27 de abril de 1987, \u201cdos meses largos despu\u00e9s de haberse registrado el embargo del inmueble\u201d prometido en venta por el aqu\u00ed demandante pero con anterioridad en todo caso a la fecha de perfeccionamiento del contrato prometido (29 de febrero de 1988), la inscripci\u00f3n de ese embargo no fue el \u00fanico motivo de impedimento para que el contrato prometido y en \u00faltimas solemnizado pudiera registrarse en el folio de matr\u00edcula pertinente, mayormente si se tiene en cuenta que, cual lo destaca igualmente el Tribunal, \u201ccuando se levant\u00f3 el embargo decretado en el proceso del Banco del Comercio, se dispuso que los bienes del se\u00f1or G\u00f3mez Fontana continuaran embargados por cuenta del proceso del Banco de Colombia (folio 226 C. 1)\u201d. <\/p>\n
Si, entonces, la del Banco del Comercio no fue la \u00fanica medida cautelar reca\u00edda sobre el bien prometido en venta, y si fue esa la circunstancia que en verdad quiso relievar el Tribunal para notar c\u00f3mo dicha medida no engendr\u00f3 por si misma el perjuicio alegado por el actor de este litigio en tanto la otra medida cautelar hubiera impedido por igual el registro del t\u00edtulo de venta, ello pone de presente que ese pilar del fallo recurrido en casaci\u00f3n ten\u00eda que ser combatido, porque el ataque restringido en la forma como lo plante\u00f3 el cargo, no har\u00eda sucumbir la sentencia. <\/p>\n
El ataque fue, pues, diminuto y no amerita consideraci\u00f3n de fondo alguna, por cuanto, as\u00ed saliera airoso de ese estudio, el otro soporte no impugnado mantendr\u00eda inc\u00f3lume la sentencia. <\/p>\n
1.3.- Si el recurrente afirma que la culpa predicable del Banco del Comercio fue la lev\u00edsima y no otra, como cree que lo dedujo el ad-quem, con fundamento en las pruebas, no ha debido plantear en el cargo la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 2341 del C.C., porque ese concepto de violaci\u00f3n es propio de la acusaci\u00f3n directa, que ninguna relaci\u00f3n tiene con las conclusiones f\u00e1cticas; fuera de que, como es sabido, en materia de responsabilidad civil extracontractual no es posible la divisi\u00f3n Tripartita de culpas que consagra el art\u00edculo 1604 del C.C., criterio imperante desde la \u00e9poca de la Ley Aquilia, cuando ya se dec\u00eda \u201cin lege Aquilia et levissima culpa venit\u201d, con lo cual se signific\u00f3 que en dicha responsabilidad cualquier clase de culpa compromete al autor del da\u00f1o. <\/p>\n
2.- El cargo, dado los reparos que vienen de anunciarse, tampoco es pr\u00f3spero. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada en este proceso ordinario por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali. <\/p>\n
Las costas del recurso de casaci\u00f3n corren de cargo del recurrente. <\/p>\n
COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAM\u00cdREZ G\u00d3MEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
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S-030-99 [5200] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA MAGISTRADO PONENTE : NICOLAS BECHARA SIMANCAS Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, Distrito Capital, dos (2) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999).- […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81635","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81635","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81635"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81635\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81635"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81635"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81635"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}