S-031-99<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999) <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 4937 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el Municipio de Manizales en su condici\u00f3n de demandado, contra la sentencia dictada el 26 de agosto de 1993 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en este proceso ordinario promovido por LIBARDO ANTONIO JARAMILLO PINEDA frente al aqu\u00ed recurrente y otros. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En demanda presentada el 12 de junio de 1990, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales (fls. 59 al 65, c. 1), LIBARDO ANTONIO JARAMILLO PINEDA, por intermedio de apoderado judicial solicit\u00f3 que previos los tr\u00e1mites del proceso ordinario se hicieran las siguientes o semejantes declaraciones y condenas: <\/p>\n
1.1. Que es nulo absolutamente, por objeto il\u00edcito el contrato de compraventa contenido en la escritura p\u00fablica n\u00famero 1629, otorgada en la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Manizales el 30 de septiembre de 1974, mediante la cual el Dr. GUSTAVO ROBLEDO ISAZA obrando en nombre y representaci\u00f3n de la sociedad \u00abRECONSTRUCTORA MANIZALES LTDA. -RECOMAN-\u00bb vendi\u00f3 un inmueble consistente en un lote de terreno con sus mejoras y anexidades, situado en la ciudad mencionada en la Calle 50 Nro. 20 – 64, el cual aparece debidamente identificado en el libelo por los respectivos linderos. <\/p>\n
1.2. Que se ordene la cancelaci\u00f3n de la anterior escritura en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 45 y 47 del Decreto Ley 960 de 1970 y se libre el exhorto correspondiente al Notario Segundo de Manizales, para los fines indicados. <\/p>\n
1.3. Que se disponga la cancelaci\u00f3n del registro de la escritura en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 100-0001806, para cuyo efecto solicit\u00f3 se librara el respectivo oficio al Registrador de Instrumentos p\u00fablicos de la misma ciudad. <\/p>\n
1.4. Que se decreten las restituciones rec\u00edprocas a que hubiere lugar, de acuerdo con lo probado en el proceso y de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 1.746 del C. C. <\/p>\n
2. Son fundamento de las pretensiones los hechos que se resumen a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
2.1. Mediante escritura p\u00fablica No. 1629 del 30 de septiembre de 1974, otorgada en la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Manizales, el Dr. GUSTAVO ROBLEDO ISAZA obrando en nombre y representaci\u00f3n de la Sociedad \u00abRECONSTRUCTORA MANIZALES LIMITADA.- RECOMAN\u00bb, transfiri\u00f3 al Municipio mencionado el derecho de dominio y la posesi\u00f3n material, respecto del inmueble al que se hizo menci\u00f3n anteriormente. <\/p>\n
2.2. El precio de la negociaci\u00f3n fue de quinientos noventa y ocho mil doscientos seis pesos con cuarenta centavos ($598.206.40). <\/p>\n
2.3. En el hecho 5o. de la escritura se hizo constar que el inmueble objeto de la venta no hab\u00eda sido enajenado con anterioridad por el vendedor y que se encontraba libre de todo gravamen, pleito pendiente, embargo judicial, etc. <\/p>\n
2.4. La escritura mencionada fue registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos y Privados de Manizales, el 15 de noviembre de 1974, en el folio de matricula inmobiliaria No. 100-0001806. <\/p>\n
2.5. Para la fecha en que se otorg\u00f3 la escritura precitada, el inmueble objeto de la venta, se encontraba embargado dentro del proceso ejecutivo que con t\u00edtulo hipotecario adelantaba el se\u00f1or FERMIN NARANJO ARISTIZABAL contra la sociedad vendedora, en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales, y dentro del proceso ejecutivo laboral que promoviera el se\u00f1or MIGUEL LONDO\u00d1O frente a la misma sociedad, ante el Juzgado Primero Laboral, tambi\u00e9n del Circuito de Manizales. <\/p>\n
2.6. Por auto del 12 de noviembre de 1974 dicho despacho judicial orden\u00f3 el levantamiento de la cautela, decisi\u00f3n que fue anotada en el respectivo folio de matr\u00edcula inmobiliaria el 14 del mismo mes y a\u00f1o. <\/p>\n
2.7. En virtud de lo anterior, afirma el demandante, existe objeto il\u00edcito en el contrato de compraventa a que se ha hecho menci\u00f3n, raz\u00f3n por la que est\u00e1 afectado de nulidad absoluta. Para respaldar su aserto transcribe en lo pertinente los art\u00edculos 1521, 1741 y 1742 del C. C., este \u00faltimo subrogado por el art\u00edculo 2o. de la ley 50 de 1936. <\/p>\n
2.8. Tambi\u00e9n sostiene el actor que en el caso en cuesti\u00f3n, no existi\u00f3 autorizaci\u00f3n del juez del conocimiento, ni consentimiento del acreedor al momento de perfeccionarse el correspondiente acto. <\/p>\n
2.9. As\u00ed mismo, expresa que tiene inter\u00e9s jur\u00eddico para demandar, puesto que ante el mismo Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales adelanta un proceso de pertenencia por prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria de dominio en contra del Municipio multicitado, ya que ha pose\u00eddo materialmente, de manera p\u00fablica, pac\u00edfica y tranquila, parte del inmueble dado en venta desde el 10 de febrero de 1966, es decir, por m\u00e1s de veinte (20) a\u00f1os. <\/p>\n
3. Al respecto, explica que, para la fecha en que se suscribi\u00f3 la escritura contentiva del contrato atacado, estaba en posesi\u00f3n material de todo el predio y que con motivo de dicho acto entreg\u00f3 formalmente parte del mismo y se qued\u00f3 con un lote de terreno mejorado con casa de habitaci\u00f3n e instalaciones para un taller de mec\u00e1nica automotr\u00edz, ubicado en la calle 50 No. 20-64 de Manizales, dentro de los linderos anotados en el libelo. <\/p>\n
3.1. Precisado lo anterior insiste en que el inter\u00e9s para obrar se deriva \u00abde la posibilidad que tiene de obtener la declaratoria de pertenencia por prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria de dominio, cuyo tiempo ya complet\u00f3, pero que se encuentra impedido para obtenerla, ya que el inmueble en general se encuentra en cabeza de una Entidad de Derecho P\u00fablico, como lo es el Municipio de Manizales, contra el cual no podr\u00eda prosperar una acci\u00f3n de dicha naturaleza, seg\u00fan normas en actual vigencia. Por consiguiente, est\u00e1 sufriendo un perjuicio actual, que data desde la misma fecha de la escritura 1629\/74.\u00bb <\/p>\n
3.2. La Sociedad vendedora fue liquidada definitivamente mediante escritura p\u00fablica otorgada en la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Manizales, el 8 de mayo de 1981 e inscrita en la C\u00e1mara de Comercio el 12 de agosto del mismo a\u00f1o; en virtud de lo cual, la presente demanda se dirige en contra del Municipio de Manizales y de los socios que conformaban dicha sociedad, doctores OSCAR BORRERO MOLINA Y GUSTAVO ROBLEDO ISAZA, a fin de integrar el litisconsorcio necesario. <\/p>\n
4. Notificado el auto admisorio de la demanda y corrido el respectivo traslado a los demandados (fls. 67, 68 y 83, c. 1), el Municipio de Manizales, por intermedio de apoderado judicial, dio contestaci\u00f3n oponi\u00e9ndose a todas y cada una de las pretensiones (fls. 70 al 78). <\/p>\n
Por su parte GUSTAVO ROBLEDO ISAZA, tambi\u00e9n por intermedio de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones de fondo las que denomin\u00f3: ilegitimidad de la causa del actor, ilegitimidad en la causa por pasiva, falta de fundamento sustantivo de las pretensiones del actor, validez plena del contrato de venta, prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n por pasiva, e inexistencia del hecho objeto de la demanda (fls. 85 al 90, c.1). <\/p>\n
El demandado Oscar Borrero Molina no contest\u00f3 la demanda. <\/p>\n
5. Puso fin a la primera instancia la sentencia del 11 de noviembre de 1992, por medio de la cual se absolvi\u00f3 a los demandados y se conden\u00f3 en costas a la parte demandante (fls. 149 al 166, id.). <\/p>\n
6. Apelada por la parte actora la sentencia de primer grado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, mediante providencia del 26 de agosto de 1993 (fls. 23 al 46, c. 5), la revoc\u00f3 y en su lugar declar\u00f3 viciado de nulidad absoluta por objeto il\u00edcito el contrato de compraventa celebrado por el Municipio de Manizales con la Sociedad Reconstructora Manizales Ltda. \u201cRECOMAN\u201d, el cual se encuentra contenido en la escritura p\u00fablica No. 1629 del 30 de septiembre de 1974, otorgada en la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Manizales, e inscrita en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 100-0001806. <\/p>\n
Como consecuencia de la declaraci\u00f3n anterior, orden\u00f3 oficiar tanto al Notario como al Registrador, para que se hicieran las anotaciones pertinentes y volvieran las cosas al estado en que se encontraban antes de la celebraci\u00f3n del contrato. Tambi\u00e9n dispuso que el Municipio de Manizales le restituyera a los codemandados el inmueble objeto del contrato y que \u00e9stos a su vez le reintegraran a aqu\u00e9l el precio recibido en cuant\u00eda de $598.206.40 con la respectiva correcci\u00f3n o ajuste monetario, valorado en unidades de poder adquisitivo constante \u201cUPAC\u201d, conforme a certificaci\u00f3n que expida el Banco de la Rep\u00fablica al momento del pago. <\/p>\n
Adem\u00e1s, conden\u00f3 al Municipio a pagar a los codemandados la suma de SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS ($6.743.500.oo) por concepto de frutos causados desde la fecha de celebraci\u00f3n del contrato, y a la parte demandada a cancelar las costas del proceso, aclarando que el ente municipal est\u00e1 exento de sufragar agencias en derecho por expreso mandato del inciso segundo del ordinal primero del art\u00edculo 392 del C. de P. C. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El ad quem luego de referirse al desarrollo del proceso, inicia las consideraciones afirmando que indudablemente se configura el presupuesto de la pretensi\u00f3n denominado legitimaci\u00f3n en la causa por activa, toda vez que el accionante LIBARDO ANTONIO JARAMILLO PINEDA detenta total o parcialmente el inmueble a que se refiere el contrato atacado, predio respecto del cual persigue la declaraci\u00f3n de dominio, mediante un proceso de pertenencia que en ese momento se tramitaba en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales. <\/p>\n
Por lo anterior, estima que es evidente que el acto contractual cuestionado podr\u00eda ocasionarle un perjuicio serio y actual, pues de declararse la nulidad absoluta, el inmueble regresar\u00eda al dominio privado de la sociedad vendedora o de los socios que la integraron y como las cosas vuelven al estado anterior, entonces posiblemente prosperar\u00eda su pretensi\u00f3n de dominio, ya que podr\u00eda hacer valer todo el tiempo que lleva en el predio y as\u00ed completar el lapso que la ley exige para la prescripci\u00f3n ordinaria o extraordinaria. <\/p>\n
Concluye este punto sosteniendo que es manifiesto el inter\u00e9s del demandante para actuar, puesto que la vigencia del contrato le ocasionar\u00eda consecuencias de orden patrimonial, pues mientras que el dominio del inmueble est\u00e9 radicado en un ente de derecho p\u00fablico, no puede aspirar a adquirirlo por prescripci\u00f3n, en virtud de lo previsto por el ordinal 4o. del art\u00edculo 407 del C. de P. C. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n examin\u00f3 la legitimaci\u00f3n por pasiva, encontr\u00e1ndola tambi\u00e9n configurada, para enseguida proceder a analizar el fondo de la cuesti\u00f3n debatida. <\/p>\n
Inicia su estudio sosteniendo que la jurisprudencia que sirvi\u00f3 de apoyo al a quo fue rectificada por la Corte mediante sentencia del 14 de diciembre de 1976, la cual fue ratificada por prove\u00eddo del 12 de junio de 1980. Para respaldar su aserto transcribi\u00f3 lo que consider\u00f3 pertinente al punto, luego de lo cual manifest\u00f3 que acog\u00eda en su integridad lo dicho por la Corte en esos prove\u00eddos. <\/p>\n
Precisado lo anterior, afirm\u00f3 que para que la tradici\u00f3n sea v\u00e1lida es necesario que el t\u00edtulo o contrato que le preceda tambi\u00e9n lo sea, es decir, que no se hubiere celebrado en relaci\u00f3n con cosas cuya venta prohibe de manera expresa el art\u00edculo 1521 del C\u00f3digo Civil. Sostiene que no es legal afirmar que el contrato tuvo objeto il\u00edcito, pero que no la tradici\u00f3n por cuanto el embargo hab\u00eda perdido su vigencia para el momento en que el modo se configur\u00f3. Si el t\u00edtulo se refiere a un objeto il\u00edcito, tambi\u00e9n queda viciada la tradici\u00f3n. Por consiguiente, concluy\u00f3 que deb\u00edan acogerse las pretensiones de la parte actora, por cuanto ninguna de las excepciones que el codemandado propuso, pod\u00eda prosperar. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
El municipio de Manizales, en su condici\u00f3n de codemandado, impugna la sentencia antes resumida formulando cinco (5) cargos, todos con fundamento en la causal 1a. del art\u00edculo 368 del C. de P. C. En el primero y en el quinto se acusa la sentencia de ser directamente violatoria de la ley sustancial, en tanto que los tres restantes se proponen por la v\u00eda indirecta. <\/p>\n
Los cargos se estudiar\u00e1n en el orden propuesto, as\u00ed: el primero y segundo se despachar\u00e1n conjuntamente por merecer consideraciones comunes, luego el tercero, y, dado que el cuarto y quinto persiguen que se case parcialmente la sentencia en lo referente a las restituciones mutuas, se omitir\u00e1 el estudio del cuarto, toda vez que el quinto est\u00e1 llamado a prosperar y s\u00f3lo habr\u00eda lugar a analizar el cuarto en la medida que \u00e9ste resultar\u00e1 impr\u00f3spero, pues al salir exitoso implica que en la sentencia que ponga fin a este litigio no debe haber condena sobre restituciones mutuas, mientras que en el cuarto simplemente se ataca la tasaci\u00f3n de \u00e9stas cuando se declara nulo el contrato por objeto il\u00edcito. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Al iniciar el desarrollo del cargo, el recurrente manifiesta que el actor LIBARDO ANTONIO JARAMILLO PINEDA pretende que se declare nulo absolutamente el contrato de compraventa contenido en la escritura No. 1629, otorgada en la Notar\u00eda Segunda de Manizales el 30 de septiembre de 1974, mediante la cual la Sociedad Reconstructora Manizales Ltda. vendi\u00f3 un inmueble al Municipio de Manizales, invocando para tal efecto su condici\u00f3n de tercero afectado por tal acto, ya que es poseedor de parte del inmueble desde el a\u00f1o de 1966 y por lo tanto tiene la posibilidad de adquirirlo por prescripci\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
Afirma el recurrente que el Tribunal viol\u00f3 directamente la ley, por aplicaci\u00f3n indebida de las normas sustanciales anotadas, al deducir del hecho de la posesi\u00f3n del actor Jaramillo Pineda, combinada con los efectos de la compraventa en cuesti\u00f3n, la existencia del inter\u00e9s jur\u00eddico y la consiguiente legitimaci\u00f3n en la causa, por cuanto el inter\u00e9s que legitima para promover esta clase de acci\u00f3n, no es un inter\u00e9s cualquiera, sino uno que no sea indirecto, eventual o contingente. <\/p>\n
Al respecto, dice, que no es jur\u00eddicamente razonable admitir que un tercero que no ostenta una condici\u00f3n judicial definida y cierta, sino que apenas pretende adquirirla, requiriendo para tal efecto una decisi\u00f3n jurisdiccional, pueda atacar actos que le son ajenos, so pretexto de causarle da\u00f1o patrimonial, pues en dicho caso no existe un inter\u00e9s jur\u00eddico cierto y determinado que justifique su intromisi\u00f3n en las relaciones jur\u00eddicas de otros, porque s\u00f3lo es titular de un derecho litigioso, el cual no tiene m\u00e1s contenido que el alea incierta de ganar o perder el litigio respectivo. De modo que no le asiste al demandante un inter\u00e9s jur\u00eddico con la consistencia que el art\u00edculo 2o. de la ley 50 de 1936 exige para que un tercero pueda alegar la nulidad absoluta de un acto celebrado por otros. <\/p>\n
Para demostrar sus aseveraciones cita y transcribe en lo pertinente dos fallos de la Corte, en los cuales se analiza el inter\u00e9s jur\u00eddico que permite a los terceros impugnar actos ajenos, para a rengl\u00f3n seguido expresar que el Tribunal incurri\u00f3 en error jur\u00eddico al estimar que al demandante le asist\u00eda el inter\u00e9s que exige la ley, por el simple hecho de ser poseedor del inmueble en la fecha de celebraci\u00f3n del contrato, pues doctrinaria y jurisprudencialmente est\u00e1 aclarado que el inter\u00e9s debe existir al momento mismo de la celebraci\u00f3n del acto impugnado, siendo irrelevante si llega a tenerse con posterioridad. <\/p>\n
Por lo anterior, dice que el inter\u00e9s en cuesti\u00f3n, tiene que ser coet\u00e1neo con la celebraci\u00f3n del contrato, requisito que no se dio en el asunto sub judice, pues seg\u00fan la demanda el actor inici\u00f3 la posesi\u00f3n en el a\u00f1o de 1966, lo cual significa que para la fecha de la celebraci\u00f3n del contrato impugnado -30 de septiembre de 1974-, s\u00f3lo llevaba nueve (9) a\u00f1os de posesi\u00f3n, estando por lo tanto muy lejos de adquirir el dominio del inmueble por prescripci\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
Para concluir, expresa que ante la evidencia de la falta de inter\u00e9s jur\u00eddico, la sentencia impugnada vulner\u00f3 por aplicaci\u00f3n indebida los preceptos citados inicialmente, incluido el art. 407 ord. 4\u00ba. del C. de P. Civil, tenido en cuenta por el Tribunal al dar por existente el inter\u00e9s jur\u00eddico del actor. <\/p>\n
Finalmente solicita se case la sentencia recurrida, para que en su lugar se profiera una confirmatoria de la de primera instancia. <\/p>\n
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CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con fundamento en la causal 1a. del art\u00edculo 368 del C. de P. C. se acusa la sentencia de ser violatoria de los art\u00edculos 1740, 1741 y 1746 del C. C., 2o. de la Ley 50 de 1936 y 407 numeral 4o. del C. de P. C. por aplicaci\u00f3n indebida como consecuencia de errores de hecho cometidos por el Tribunal en la apreciaci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
En el desarrollo del cargo sostiene la censura que el fallador incurri\u00f3 en error manifiesto de hecho en la apreciaci\u00f3n de las afirmaciones contenidas en la demanda, pues las mismas exclu\u00edan de manera absoluta el inter\u00e9s jur\u00eddico reconocido por el Tribunal al demandante, ya que el inter\u00e9s que habilita a un tercero para alegar la nulidad absoluta de un acto o contrato celebrado por otros, tiene que existir plenamente en el momento de efectuarse el acto acusado de nulidad absoluta. <\/p>\n
Tambi\u00e9n afirma el casacionista que quien es poseedor de un inmueble no est\u00e1 jur\u00eddicamente amparado contra actos dispositivos del verdadero due\u00f1o, as\u00ed le causen perjuicio, y menos cuando al momento de celebrarse el acto de enajenaci\u00f3n la posesi\u00f3n no ha tenido la duraci\u00f3n necesaria para adquirir inmediatamente el dominio por usucapi\u00f3n. <\/p>\n
Manifiesta el recurrente que el Tribunal hizo caso omiso de la confesi\u00f3n del demandante, quien en la demanda dijo que era un simple poseedor material del inmueble cuando se celebr\u00f3 el contrato atacado y que para 1974, a\u00f1o en que se efectu\u00f3 el mismo, llevaba apenas ocho a\u00f1os \u201clargos\u201d de posesi\u00f3n, por lo que le faltaba mucho tiempo para adquirir el inmueble por prescripci\u00f3n. Por lo anterior, expresa que al no hab\u00e9rsele causado ning\u00fan da\u00f1o inmediato al se\u00f1or JARAMILLO PINEDA, \u00e9ste no tiene inter\u00e9s jur\u00eddico que legitime su pretensi\u00f3n. <\/p>\n
Contin\u00faa afirmando que tambi\u00e9n incurri\u00f3 en error de hecho el fallador al omitir tener en cuenta la confesi\u00f3n hecha por el demandante en el interrogatorio de parte, seg\u00fan la cual s\u00f3lo hasta el a\u00f1o de 1988 empez\u00f3 a tener el comportamiento de poseedor, raz\u00f3n por la que insiste en sostener que el demandante no tiene legitimaci\u00f3n en la causa, puesto que para la fecha de celebraci\u00f3n del contrato objeto de la litis ten\u00eda apenas la condici\u00f3n de tenedor del inmueble en menci\u00f3n. <\/p>\n
Deducida la ausencia de legitimaci\u00f3n en la causa, impetra la casaci\u00f3n del fallo impugnado, para que en su defecto se confirme la sentencia del a quo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art. 2\u00ba. de la ley 50 de 1936, \u201cLa nulidad absoluta\u2026 puede alegarse por todo el que tenga inter\u00e9s en ello\u2026\u201d. <\/p>\n
Seg\u00fan el texto precedente, la nulidad absoluta de un contrato puede pretenderla adem\u00e1s de quienes intervinieron en su celebraci\u00f3n y son parte del mismo, todos aquellos que resulten afectados por las consecuencias jur\u00eddicas del referido acto. Una norma de este linaje, se ha dicho por la doctrina, ampl\u00eda el panorama de la legitimaci\u00f3n cuando se trata de impugnar por v\u00eda de nulidad absoluta, no s\u00f3lo porque est\u00e1 de por medio el orden p\u00fablico, sino con el fin de asegurar y garantizar la vigencia de los principios de buena fe, justicia y equidad en la relaci\u00f3n negocial. <\/p>\n
Desde siempre doctrina y jurisprudencia se han preocupado por averiguar el significado de la expresi\u00f3n \u201cinter\u00e9s\u201d, como fundamento legitimante de los terceros, porque como se anot\u00f3, el precepto en comentario identifica a estos como \u201cTitulares de la acci\u00f3n de nulidad absoluta\u201d, al lado de las partes y el ministerio p\u00fablico \u201cen el inter\u00e9s de la moral o de la ley\u201d, sin perjuicio del deber de oficiosidad que la norma atribuye al juez, para cuando se dan las circunstancias que ella misma se\u00f1ala. <\/p>\n
La doctrina y la jurisprudencia chilena al examinar texto similar al colombiano (art. 1683 del C.C. Chileno), han estado de acuerdo en que la norma se refiere a quienes tienen un inter\u00e9s econ\u00f3mico o patrimonial en la declaraci\u00f3n de nulidad absoluta, o sea a quien derive de la satisfacci\u00f3n de la pretensi\u00f3n un beneficio pecuniario, quedando excluido, seg\u00fan lo dice Claro Solar, el inter\u00e9s puramente moral porque \u00e9ste es el que motiva la declaraci\u00f3n por parte del ministerio p\u00fablico. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n, tambi\u00e9n ha precisado que el inter\u00e9s que legitima al tercero es un inter\u00e9s econ\u00f3mico que emerge de la afecci\u00f3n que le irroga el contrato impugnado. (Casaciones de de 17 de agosto de 1893, G. J. t. IX, p\u00e1g. 2; 13 de julio de 1896, G. J. t. XII, p\u00e1g. 13; 29 de septiembre de 1917, G. J. t. XXVI, p\u00e1g. 180; 8 de octubre de 1925, G. J. t. XXXV, p\u00e1g. 7; 20 de mayo de 1952, G. J: t. LXXII, p\u00e1g. 125, entre otras). Desde luego que el \u201cinter\u00e9s\u201d al cual se refiere el art\u00edculo inicialmente citado, no es distinto al presupuesto material del inter\u00e9s para obrar que debe exhibir cualquier demandante, entendiendo por este el beneficio o utilidad que se derivar\u00eda del despacho favorable de la pretensi\u00f3n, el cual se traduce en el motivo o causa privada que determina la necesidad de demandar, que adem\u00e1s de la relevancia jur\u00eddico sustancial, debe ser concreto, o sea existir para el caso particular y con referencia a una determinada relaci\u00f3n sustancial; serio en tanto la sentencia favorable confiera un beneficio econ\u00f3mico o moral, pero en el \u00e1mbito de la norma analizada restringido al primero, y actual, porque el inter\u00e9s debe existir para el momento de la demanda, descart\u00e1ndose por consiguiente las meras expectativas o las eventualidades, tales como los derechos futuros. <\/p>\n
2. En el asunto sub-judice el actor impetra la nulidad absoluta por objeto il\u00edcito del contrato de compraventa contenido en la escritura p\u00fablica No. 1629 del 30 de septiembre de 1974, otorgada en la Notar\u00eda Segunda de Manizales, por medio de la cual la Sociedad Reconstructora Manizales Ltda. -RECOMAN-, vendi\u00f3 al Municipio de Manizales un lote de terreno ubicado en la calle 50 No. 20-64 de esa misma ciudad, el cual tiene un \u00e1rea total de 1.842. 56 M2. <\/p>\n
<\/p>\n
Seg\u00fan el demandante, su inter\u00e9s jur\u00eddico para pretender la nulidad de dicho contrato, surge de la situaci\u00f3n posesoria ejercida por m\u00e1s de veinte (20) a\u00f1os sobre parte del inmueble objeto del contrato, la cual le permite alegar, como en efecto lo hizo antes de presentar la demanda de nulidad, la prescripci\u00f3n adquisitiva extraordinaria de dominio. <\/p>\n
Ciertamente, la circunstancia descrita por el demandante, aunada a la condici\u00f3n de la entidad compradora del bien (municipio de Manizales), llevan a dejar por averiguado que el contrato de compraventa objeto de la pretensi\u00f3n, produjo un efecto jur\u00eddico negativo en el patrimonio del actor al hacer inocua la alegada posesi\u00f3n material que sobre parte del bien enajenado ven\u00eda ejerciendo como hecho precedente al acto impugnado, pues a partir de \u00e9l y por virtud de la tradici\u00f3n que de la propiedad se hizo al municipio de Manizales (entidad de derecho p\u00fablico), el inmueble se hizo imprescriptible al tenor de lo dispuesto por el art. 407 del C. de P. Civil. <\/p>\n
En esta afecci\u00f3n, radica entonces, el inter\u00e9s jur\u00eddico del demandante para pretender la nulidad absoluta del contrato de compraventa que involucr\u00f3 el sector del inmueble por \u00e9l pose\u00eddo, porque en tanto ese contrato conserve su validez y con ella la de la tradici\u00f3n efectuada al municipio codemandado, la pretensi\u00f3n de usucapi\u00f3n carece de tutela jur\u00eddica. <\/p>\n
Vistas as\u00ed las cosas, el ad quem no incurri\u00f3 en el yerro que se le imputa, porque como qued\u00f3 explicado, el demandante est\u00e1 amparado por un inter\u00e9s jur\u00eddico concreto, serio y actual para pretender la nulidad absoluta del contrato atr\u00e1s referenciado, pues como igualmente se dijo, s\u00f3lo en la medida en que logre su aniquilaci\u00f3n se abre paso la pretensi\u00f3n de usucapi\u00f3n sobre dicho bien. En otras palabras, si la sentencia de este proceso accede a la pretensi\u00f3n propuesta, de ella dimana un beneficio material o econ\u00f3mico, cual es la utilidad de su posesi\u00f3n. <\/p>\n
De otro lado, tampoco cometi\u00f3 el ad quem los errores de hecho que el cargo le imputa por no haber apreciado presuntas confesiones del demandante acerca del momento en que entr\u00f3 en posesi\u00f3n del bien, porque como ya se explic\u00f3, lo esencial para el tema propuesto en este proceso es la situaci\u00f3n posesoria del demandante para la \u00e9poca de la celebraci\u00f3n del contrato impugnado, independientemente del tiempo de su ejercicio. Por lo dem\u00e1s, en el interrogatorio de parte mencionado por el recurrente no aparece la confesi\u00f3n que dice omitida, pues la referencia que hace al a\u00f1o 1988, no es para ubicar all\u00ed el comienzo de su posesi\u00f3n sobre el lote que ahora persigue, sino el desprendimiento de otro sector, efectivamente entregado al municipio de Manizales. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto, los cargos examinados no prosperan. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Con apoyo en la causal 1a. del art\u00edculo 368 del C. de P. C., se acusa la sentencia del Tribunal de violar indirectamente los art\u00edculos 1521 numeral 3o., 1740, 1741 y 1816 del C. C.; as\u00ed como el art\u00edculo 2o. de la Ley 50 de 1936, como consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
Al desarrollar el cargo afirma el casacionista que el fallador no examin\u00f3 la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica del proceso, sino que dio por establecido que efectivamente para la fecha en que se celebr\u00f3 el contrato de compraventa impugnado, el inmueble sobre el cual reca\u00eda el mismo se encontraba embargado dentro del proceso ejecutivo hipotecario promovido por Ferm\u00edn Naranjo Aristiz\u00e1bal. <\/p>\n
Seg\u00fan la censura, el Tribunal apreci\u00f3 err\u00f3neamente las copias del proceso ejecutivo antes mencionado, las cuales indican manifiestamente que el embargo decretado en dicho proceso, en virtud del desistimiento del acreedor Ferm\u00edn Naranjo qued\u00f3 \u201climitado en su subsistencia a la protecci\u00f3n de los intereses del Banco de Caldas como acreedor hipotecario codemandante\u201d y, por lo tanto, desprovisto de toda funci\u00f3n cautelar desde cuando el banco acreedor declar\u00f3 ante el juzgado que el cr\u00e9dito cuyo pago persegu\u00eda le hab\u00eda sido cancelado en su integridad, raz\u00f3n por la cual desisti\u00f3 de la demanda, solicit\u00f3 se oficiara al Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de Manizales comunic\u00e1ndole el levantamiento de la medida y se archivara el expediente. Todo lo cual consta en un memorial presentado por el Banco de Caldas al juzgado el 6 de marzo de 1972. <\/p>\n
<\/p>\n
Afirma el impugnante que no importa que la nota de registro del embargo no se hubiera cancelado sino tiempo despu\u00e9s, por cuanto durante dicho lapso la medida solo existi\u00f3 formalmente, ya que los cr\u00e9ditos hipotecarios para cuya garant\u00eda se constituy\u00f3 se encontraban totalmente cancelados. Tambi\u00e9n sostiene que la enajenaci\u00f3n no pudo quedar viciada por objeto il\u00edcito, puesto que no caus\u00f3 perjuicio a nadie y que al haber desistimiento de la pretensi\u00f3n ejecutiva por pago, el inmueble volvi\u00f3 al comercio y se hizo libremente enajenable, sin que se requiriera la autorizaci\u00f3n o el consentimiento de alguien, pues ninguna persona ten\u00eda inter\u00e9s en que no se enajenara. <\/p>\n
Seguidamente mencion\u00f3 otro embargo decretado por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Manizales, al cual seg\u00fan el casacionista se hizo referencia en la demanda, pero que no fue objeto de consideraci\u00f3n alguna en la sentencia acusada. Pese a lo anterior sostiene que si el fallador lo tuvo en cuenta para decretar la nulidad absoluta del contrato, incurri\u00f3 en manifiesto error de hecho en la apreciaci\u00f3n del oficio del 22 de marzo de 1973, obrante a folio 53 del cuaderno No. 1, pues es ostensible que el lote de terreno embargado en el proceso laboral es distinto del embargado en el proceso ejecutivo hipotecario y vendido despu\u00e9s al Municipio de Manizales por el contrato impugnado de nulidad, lo cual se establece con la simple confrontaci\u00f3n de los linderos, de la nomenclatura y de las fichas catastrales, as\u00ed como de la extensi\u00f3n superficiaria, anotadas en la escritura No. 1629 y en el oficio en menci\u00f3n. <\/p>\n
Concluye solicitando se case la sentencia del Tribunal, para que la Corte en sede de instancia confirme la del a-quo, pero por las razones esgrimidas en la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El embargo de bienes sujetos a registro, dice el art. 681 num. 1 del C. de P. Civil, \u201c se comunicar\u00e1 al respectivo registrador, por oficio que contendr\u00e1 los datos necesarios para el registro\u201d. Significa la norma que el embargo de bienes inmuebles, que son bienes sujetos a registro, conforme lo determina el decreto 1250 de 1970, art. 2\u00ba. ord. 1, s\u00f3lo alcanza perfecci\u00f3n cuando en atenci\u00f3n a la comunicaci\u00f3n del funcionario que decret\u00f3 la medida, el registrador de instrumentos p\u00fablicos lo inscribe en el respectivo folio de matr\u00edcula inmobiliaria. Contrario sensu, acogiendo el apotegma que dice que las cosas se deshacen como se hacen, se puede predicar que el embargo que recae sobre tales bienes, no se considera levantado mientras no se inscriba la correspondiente orden de cancelaci\u00f3n, pues el texto legal \u00faltimamente citado no s\u00f3lo somete a registro las providencias judiciales que disponen la medida cautelar, sino tambi\u00e9n las que ordenan la cancelaci\u00f3n de la misma, por cuanto la norma sin distinguir se refiere a la \u201cprovidencia judicial\u201d \u201cque implique\u201d \u201cmedida cautelar\u201d, quedando as\u00ed involucrada tanto su constituci\u00f3n como su extinci\u00f3n. <\/p>\n
Seg\u00fan lo anterior, trat\u00e1ndose de bienes sujetos a registro como los inmuebles, el embargo es un acto procesal complejo, porque su consumaci\u00f3n con el efecto excluyente del tr\u00e1fico jur\u00eddico (comercio), supone la ocurrencia de dos actos complementarios: el decreto de embargo que debe proferir el juez y la inscripci\u00f3n del mismo que debe realizar el registrador. A su vez, la cancelaci\u00f3n requiere de estas dos mismas actividades: la providencia de desembargo y el acto del registrador produciendo el efecto cancelatorio, pues s\u00f3lo as\u00ed resulta borrada la inscripci\u00f3n de la medida y se obtiene el retorno del bien al comercio. <\/p>\n
Empero, el casacionista controvierte la posici\u00f3n doctrinal sobre la cancelaci\u00f3n del embargo, argumentando que el tribunal incurri\u00f3 en la violaci\u00f3n de las normas sustanciales antes identificadas como consecuencia de los errores de hecho que cometi\u00f3 al apreciar las copias del proceso ejecutivo del se\u00f1or Ferm\u00edn Naranjo contra Reconstructora Manizales Ltda., al no advertir que por virtud del desistimiento presentado por el citado acreedor, el embargo \u201cqued\u00f3 limitado en su subsistencia a la protecci\u00f3n de los intereses del Banco de Caldas como acreedor hipotecario codemandante\u201d, quedando desprovisto de toda funci\u00f3n cautelar desde cuando el banco acreedor declar\u00f3 ante el juzgado que el cr\u00e9dito cuyo pago persegu\u00eda, hab\u00eda sido cancelado en su totalidad, siendo ese el motivo para desistir de la demanda, como en efecto se acept\u00f3 disponi\u00e9ndose consecuentemente el desembargo, sin que para nada importe, dice el mismo impugnante, que la nota de inscripci\u00f3n del embargo haya sido cancelada tiempo despu\u00e9s, porque aceptado el desistimiento por pago, el inmueble volvi\u00f3 al comercio y se hizo libremente enajenable. <\/p>\n
2. Las copias a las que se refiere el recurrente aparecen del folio 13 al 58 del cuaderno principal, correspondientes al proceso ejecutivo hipotecario del se\u00f1or Ferm\u00edn Naranjo Aristiz\u00e1bal contra Reconstructora Manizales Ltda., al cual el Banco de Caldas acumul\u00f3 una demanda de igual clase. En dicho proceso se decret\u00f3 el embargo del bien por auto de 13 de julio de 1970, proferido por el juzgado segundo civil del circuito de Manizales, comunicado al registrador por oficio 248 del mismo d\u00eda, inscrito en igual fecha (fols. 20 a 23-1). <\/p>\n
En el folio 31 del cuaderno 1 existe memorial del ejecutante Naranjo Aristiz\u00e1bal, manifestando que desist\u00eda del proceso ejecutivo y pidiendo el desembargo. Este desistimiento fue aceptado por auto de 22 de octubre de 1971, pero advirtiendo que el bien continuaba embargado por raz\u00f3n de la acumulaci\u00f3n del Banco de Caldas. <\/p>\n
El 28 de marzo de 1972 (fol. 51-1), el Banco de Caldas manifest\u00f3 que \u201cdesist\u00eda de la acci\u00f3n respectiva por pago de la obligaci\u00f3n\u201d, solicitando por consiguiente el \u201cdesembargo\u201d. <\/p>\n
Sin haberse producido decisi\u00f3n en torno a la anterior petici\u00f3n por el no pago de unos honorarios de perito, al juzgado segundo civil del circuito y para el ejecutivo all\u00ed adelantado, lleg\u00f3 el oficio No. 066 de 22 de marzo de 1973, proveniente del juzgado primero laboral del circuito, comunicando que en un ejecutivo laboral que all\u00ed se adelantaba contra Reconstructora Manizales Ltda., se hab\u00eda dispuesto el embargo del inmueble que el oficio identifica (fol. 53-1). El juzgado receptor por auto de 23 de marzo de 1973, dispuso agregar el oficio al expediente \u201cpara los efectos indicados en el Art\u00edculo 542 del C. de P.C.\u201d. <\/p>\n
El 24 de octubre de 1974 se anex\u00f3 un recibo de los peritos sobre el pago de honorarios (fol. 54-1) y el 9 de noviembre de 1974, se recibi\u00f3 el oficio del juzgado laboral donde se informaba que en providencia de 8 de noviembre de 1974 se hab\u00eda aceptado el desistimiento en el proceso ejecutivo laboral y se hab\u00eda ordenado el levantamiento de la medida cautelar. Fue as\u00ed como el 12 de noviembre de 1974, se acept\u00f3 el desistimiento presentado por el banco de Caldas y se dispuso el desembargo del inmueble perseguido, cuya cancelaci\u00f3n en el registro se hizo en la misma fecha, 12 de noviembre de 1974. <\/p>\n
Las anteriores constancias procesales, aunadas a la fecha de celebraci\u00f3n del contrato cuestionado, perfeccionado por escritura p\u00fablica No. 1629 de 30 de septiembre de 1974, dejan en claro que tal acto se produjo cuando a\u00fan se encontraba el bien embargado, tanto porque la inscripci\u00f3n de la medida segu\u00eda vigente, como porque en el proceso nada se hab\u00eda dispuesto sobre la petici\u00f3n de desembargo como consecuencia del pago, pues como ya se vio, \u00e9sta s\u00f3lo vino a responderse afirmativamente el 12 de noviembre de 1974, cuando se prob\u00f3 el pago de los honorarios a los peritos y el desembargo ordenado en el ejecutivo laboral. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como las pruebas no informan que la enajenaci\u00f3n impugnada se haya efectuado previa autorizaci\u00f3n del juez o consentimiento del acreedor para cuya garant\u00eda se decret\u00f3 la cautela, los yerros denunciados en manera alguna se configuran, raz\u00f3n por la cual el cargo no puede prosperar. <\/p>\n
3. Por \u00faltimo, proponer en casaci\u00f3n como fundamento del cargo que el bien embargado en el proceso ejecutivo laboral era distinto al embargado en el hipotecario, es traer a colaci\u00f3n un medio nuevo y desde luego vedado, pues nunca en el transcurso de las instancias se hizo dicho planteamiento. <\/p>\n
QUINTO CARGO <\/p>\n
Con apoyo en la causal 1a. de casaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 368 del C. de P. C., se acusa la sentencia del Tribunal de ser violatoria por la v\u00eda directa, de los art\u00edculos 961 a 971, 1746 del C. Civil, por aplicaci\u00f3n indebida, y por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 2o. de la ley 50 de 1936. <\/p>\n
<\/p>\n
Afirma la censura que el fallador viol\u00f3 las normas anotadas, ya que la legitimaci\u00f3n en la causa del tercero para solicitar la nulidad absoluta de un acto o contrato, es apenas en la medida del inter\u00e9s jur\u00eddico de dicho tercero, el cual se circunscribe a la mera declaraci\u00f3n de la nulidad, pues s\u00f3lo interesa a las partes contratantes las restituciones y prestaciones mutuas. <\/p>\n
Para demostrar su aserto sostiene que del texto del art\u00edculo 2o. de la ley 50 de 1936, se infiere que dicha norma reconoce al tercero, \u00fanicamente el derecho a alegar la nulidad absoluta, mas no las restituciones a que la declaratoria de nulidad da lugar, pues el art\u00edculo 1746 del C.Civil, de manera inequ\u00edvoca reconoce que el derecho a volver las cosas al estado anterior al acto o contrato declarado nulo, corresponde exclusivamente a las partes contratantes, no a los terceros legitimados en la causa. <\/p>\n
Finaliza solicitando se case la sentencia atacada en lo referente a los numerales 2o., 3o. y 4o. de la parte resolutiva, para que en sentencia sustitutiva se absuelva al Municipio de Manizales de las condenas impuestas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De acuerdo con el art. 1746 del C. Civil, la declaraci\u00f3n judicial de la nulidad de un contrato, \u201cda a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallar\u00edan si no hubiese existido el acto o contrato nulo\u201d. Consagra este art\u00edculo los efectos retroactivos de la nulidad, sin distinguir su clase, al afectar el pasado, por cuanto las cosas deben volver al estado anterior a la celebraci\u00f3n del contrato, como si \u00e9ste no hubiese existido. Son estos los efectos ex tunc de la sentencia declarativa de la nulidad, que permiten suponer como lo ha dicho la Corporaci\u00f3n que \u201cel acto o contrato no tuvo existencia legal, y entonces, por imperativo de l\u00f3gica, hay que restaurar las cosas al estado en que se hallar\u00edan si dicho acto o contrato no se hubiese celebrado\u201d (G:J. CXXXII, p\u00e1g. 250). <\/p>\n
Ahora, seg\u00fan lo ha definido la Corte, la regla general que sienta el art. 1746 tiene dos excepciones: a) cuando la nulidad tiene como motivo la causa o el objeto il\u00edcito, caso en el cual no puede repetirse lo que se haya dado o pagado a sabiendas de la ilicitud (art. 1525 ib\u00eddem), y b) cuando se declara la nulidad del contrato celebrado con un incapaz sin los requisitos que la ley exige, evento en el cual el que contrat\u00f3 con \u00e9l no puede pedir restituci\u00f3n o reembolso de lo que gast\u00f3 o pag\u00f3 en virtud del contrato invalidado, sino en cuanto probare haberse hecho m\u00e1s rica con ello la persona incapaz (art. 1747 del C. Civil). <\/p>\n
Con todo, respecto al campo de aplicaci\u00f3n del art. 1746, la Corte tiene dicho que este precepto \u201cregula las situaciones de car\u00e1cter sustancial que se cumplir\u00edan entre las partes contratantes cuando una de ellas solicite la declaraci\u00f3n de nulidad. Y como el mismo art\u00edculo estableci\u00f3 que eso era sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o causa il\u00edcita, aspecto previsto por el art\u00edculo 1525 del C\u00f3digo Civil, al ordenar que no podr\u00e1 repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa il\u00edcita, a sabiendas, l\u00f3gicamente, se deduce que esas disposiciones s\u00f3lo son aplicables cuando se controvierte la nulidad entre las partes contratantes; pero no, cuando quien la solicita es un tercero en calidad de acreedor, con el objeto de reintegrar el patrimonio de su deudor y obtener la soluci\u00f3n de la deuda, quien, por tal circunstancia es tercero tambi\u00e9n a los efectos que entre las partes puede traer la declaraci\u00f3n de nulidad por el recurrente. Y esto es as\u00ed, porque el tercero perjudicado por el acto de su deudor en raz\u00f3n del contrato celebrado por \u00e9ste, no est\u00e1 dentro de la posibilidad de hecho de realizar lo que la ley llama \u2018prestaciones mutuas\u2019. (G.J. ,t. XC. p\u00e1g. 643, subrayas texto). <\/p>\n
De modo, que conforme lo argumenta la Corte en el precedente anterior, la excepci\u00f3n que al art. 1746 consagra el art. 1525, s\u00f3lo es aplicable cuando el debate judicial se surte entre las propias partes contratantes, quienes vedadas por el principio \u201cnadie es o\u00eddo alegando su propia iniquidad\u201d, no pueden pretender la repetici\u00f3n de lo dado o pagado por un objeto o causa il\u00edcita a sabiendas. Empero, si quien reclama la nulidad es un tercero interesado por su \u201ccalidad de acreedor, con el objeto de reintegrar el patrimonio de su deudor y obtener la soluci\u00f3n de la deuda\u201d, entonces s\u00ed puede pedir que la cosa sea restituida a su propietario, pero sin que respecto de \u00e9l tenga aplicabilidad \u201clo que la ley llama prestaciones mutuas\u201d, no s\u00f3lo porque \u201cno est\u00e1 dentro de la posibilidad de hecho\u201d su realizaci\u00f3n, sino porque quien es \u201ctercero\u201d, \u201ctambi\u00e9n\u201d lo es \u201ca los efectos que entre las partes puede traer la declaraci\u00f3n de nulidad\u201d. <\/p>\n
La interpretaci\u00f3n planteada por la Corte, tiene su raz\u00f3n de ser en dos argumentos: uno \u00e9tico y otro pragm\u00e1tico. El primero permite predicar la intransmisibilidad de la sanci\u00f3n prevista en el art. 1525, porque como tal solo puede imponerse a quien personalmente estuvo comprometido con la mala fe al celebrar el contrato \u201ca sabiendas\u201d de la ilicitud. El segundo, porque como qued\u00f3 dicho, el tercero no est\u00e1 en posibilidad de cumplir prestaciones o hacer restituciones de cosas que nunca recibi\u00f3 o aprovech\u00f3. <\/p>\n
2. En el presente caso, el tercero demandante pretendi\u00f3 adem\u00e1s de la declaraci\u00f3n de nulidad del contrato que le afectaba, \u201cDecretar las restituciones rec\u00edprocas a que hubiere lugar, \u2026de acuerdo con lo previsto en el art. 1746 del C\u00f3digo Civil\u201d; petici\u00f3n que respondi\u00f3 el Tribunal disponiendo que el municipio de Manizales, restituyera a los otros codemandados el \u201cinmueble materia de la convenci\u00f3n\u201d y pagara frutos por el valor que la sentencia indica, amen de ordenarle a los codemandados reintegrar al ente p\u00fablico el precio recibido con la correspondiente correcci\u00f3n monetaria. <\/p>\n
Contra estas decisiones se orienta el cargo, porque seg\u00fan el recurrente el inter\u00e9s del tercero queda circunscrito a la mera declaraci\u00f3n de nulidad, pues las restituciones y prestaciones mutuas s\u00f3lo interesan a las partes contratantes, porque eso es lo que se infiere de una correcta interpretaci\u00f3n del art. 2\u00ba. de la ley 50 de 1936 y una debida aplicaci\u00f3n de los arts. 961 a 971 y 1746 del C. Civil. <\/p>\n
A decir verdad, el impugnante tiene raz\u00f3n dadas las particularidades del caso concreto, porque el inter\u00e9s del tercero poseedor en v\u00eda de adquirir por prescripci\u00f3n el bien objeto de la negociaci\u00f3n, que por virtud de ella entr\u00f3 a ser parte del patrimonio de un ente p\u00fablico, ve satisfecho su inter\u00e9s con la declaraci\u00f3n de nulidad contractual que apareja reintegrar al patrimonio del vendedor, persona privada, el inmueble de cuya posesi\u00f3n se trata, pues es este pronunciamiento el que remueve el obst\u00e1culo para la consumaci\u00f3n del modo, si es que se cuenta con los otros elementos que lo configuran. Por supuesto que el \u201cderecho\u201d de retrotraer totalmente las cosas para situarlas en su estado precontractual, como si el contrato impugnado nunca se hubiese celebrado, lo otorga expresamente el art. 1746 \u201ca las partes\u201d del contrato. \u201c\u2026da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que hallar\u00edan si no hubiese existido el acto o contrato nulo\u201d, dice la norma. Restituir el precio reajustado por parte del vendedor, pagar frutos como obligaci\u00f3n del comprador, adem\u00e1s de la orden de restituci\u00f3n de la totalidad del bien adquirido, cuando la posesi\u00f3n del tercero demandante se ejerce sobre un sector del mismo que nunca perdi\u00f3, son disposiciones judiciales que ning\u00fan beneficio confieren al demandante, precisamente porque respecto de esas pretensiones carec\u00eda de inter\u00e9s para obrar. <\/p>\n
De otro lado, es oportuno advertir que la carencia de inter\u00e9s del tercero para pretender las restituciones, tampoco pudiera ser suplida por la oficiosidad del juez, no s\u00f3lo porque las constancias procesales descartan esa como una intenci\u00f3n clara de las partes contratantes, sino porque si bien es cierto que esa oficiosidad la ha aceptado la Corte para cuando se est\u00e1 frente a una pretensi\u00f3n de nulidad de una de dichas partes, bajo el entendido que a ella subyace la de las restituciones no formulada expl\u00edcitamente, trat\u00e1ndose de la pretensi\u00f3n de un tercero no es dable ese mismo an\u00e1lisis, porque como ya qued\u00f3 explicado, el inter\u00e9s de \u00e9ste se agota en la propia y exclusiva pretensi\u00f3n de nulidad, sin que pudiera entenderse la referida implicitud, mas, como aqu\u00ed ocurre, cuando las partes contratantes, como ya se advirti\u00f3 denotan un inter\u00e9s contrario a \u00e9stas, que para el caso todav\u00eda es m\u00e1s claro por estar frente a una nulidad derivada de un objeto il\u00edcito, que como lo ha dicho la Corporaci\u00f3n es una de las excepciones a la aplicabilidad del art. 1746 del C. Civil, de conformidad con el art. 1525, ib\u00eddem. <\/p>\n
Por raz\u00f3n de lo expuesto, el cargo examinado debe prosperar. <\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
1o. Es procedente reiterar, la declaraci\u00f3n de nulidad absoluta que por objeto il\u00edcito del contrato de compraventa celebrado entre la Sociedad RECONSTRUCTORA MANIZALES LTDA -RECOMAN- y el MUNICIPIO DE MANIZALES, contenido en la escritura p\u00fablica No. 1629 del 30 de septiembre de 1974, otorgada en la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Manizales, dispuso el Tribunal. <\/p>\n
Lo anterior porque est\u00e1 plenamente establecido que para la fecha de la venta dicho inmueble se encontraba embargado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de ese Municipio dentro del proceso ejecutivo hipotecario que adelantaba Ferm\u00edn Naranjo Aristiz\u00e1bal frente a la Sociedad vendedora, como consta en el certificado de tradici\u00f3n que obra al folio 6 del cuaderno No. 1., lo cual constituye objeto il\u00edcito al tenor del numeral 3o. del art\u00edculo 1521 del C. C., pues que no se demostr\u00f3 que previamente a efectuar la enajenaci\u00f3n se hubiese obtenido autorizaci\u00f3n del juez o consentimiento del acreedor. <\/p>\n
2o. No es procedente proveer respecto de las prestaciones y restituciones mutuas consecuentes a la declaratoria de nulidad, por las razones expuestas al despacharse el cargo quinto. <\/p>\n
<\/p>\n
3o. Al resultar infirmado parcialmente el fallo recurrido en casaci\u00f3n, o sea, en cuanto conden\u00f3 a los demandados a prestaciones y restituciones mutuas, se impone revocar la sentencia de primera instancia, reproduciendo de la parte resolutiva de la sentencia impugnada en casaci\u00f3n, aquellos ordenamientos que no fueron desvirtuados por el citado recurso. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, de agosto 26 de 1993, y, como fallador de instancia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
1o. Revocar la sentencia de primer grado de noviembre 11 de 1992, dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales, y en su lugar, declarar la \u201cnulidad absoluta por objeto il\u00edcito del contrato de compraventa celebrado entre el MUNICIPIO DE MANIZALES con la sociedad \u201cRECONSTRUCTORA MANIZALES LTDA -RECOMAN-, contenido en la escritura p\u00fablica No. 1629 del 30 de septiembre de 1974, otorgada en la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo de Manizales\u201d, como lo hubo de disponer el Tribunal en la correspondiente sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
2o. Como consecuencia de la declaraci\u00f3n anterior of\u00edciese a la \u201cNotar\u00eda mencionada y al Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de Manizales, para que al margen de la escritura y en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria dejen las notas que le den vigencia y efectividad a esta sentencia\u201d, como igualmente lo orden\u00f3 el Tribunal. <\/p>\n
3o. Ni\u00e9ganse las restituciones y prestaciones mutuas, en virtud de lo expuesto en esta providencia a prop\u00f3sito del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
4o. Costas en primera instancia a cargo de la parte demandada, pero reducidas al 50%, aclarando que el Municipio de Manizales no est\u00e1 obligado a sufragar agencias en derecho por expreso mandato del inciso segundo del ordinal 1o. del art\u00edculo 392 del C. de P. C. En segunda instancia no se causaron, como tampoco en casaci\u00f3n. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y oportunamente devu\u00e9lvase al Tribunal de origen. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
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S-031-99 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Dr. JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999) […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81636","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81636","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81636"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81636\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81636"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81636"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81636"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}