S-032-99<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL <\/p>\n
Magistrado Ponente.- <\/p>\n
Dr. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., tres (3) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
Rad.- Expediente No. 5156 <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de veintiuno (21) de junio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro del presente proceso ordinario seguido por el se\u00f1or PLACIDO PEREZ RAMIREZ frente a LA COOPERATIVA TOLIMENSE DE TRANSPORTES LIMITADA – COOTOLTRAN – y el se\u00f1or PEDRO LEON SALAS TRUJILLO <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 qued\u00f3 radicada la demanda con que se instaur\u00f3 el proceso mencionado, contentiva de las siguientes pretensiones: <\/p>\n
Que se declare a la Cooperativa Tolimense de Transportadores Limitada -Cootoltran – y al se\u00f1or Pedro Le\u00f3n Salas Trujillo, civil y solidariamente responsables de los da\u00f1os y perjuicios causados al demandante Pl\u00e1cido P\u00e9rez Ram\u00edrez, por causa de accidente de tr\u00e1nsito ocasionado por la buseta de placas WT 46-70. <\/p>\n
Consecuentemente, que se condene en concreto a los demandados a pagar solidariamente en favor del demandante, el valor de los respectivos da\u00f1os y perjuicios materiales – lucro cesante y da\u00f1o emergente -; o, en abstracto, fijando las bases para hacer la correspondiente liquidaci\u00f3n; en uno u otro caso con indexaci\u00f3n o correcci\u00f3n monetaria. <\/p>\n
Que se les condene a pagar los perjuicios morales, con aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 106 del C. Penal. <\/p>\n
Que se les ordene, tambi\u00e9n, pagar los intereses corrientes moratorios, desde la fecha de la condena hasta que se realice el pago. <\/p>\n
2. Los hechos en que se apoyan las precedentes pretensiones se pueden resumir de la siguiente manera: <\/p>\n
a) El 21 de febrero de 1989, en la zona urbana de Ibagu\u00e9, Pl\u00e1cido P\u00e9rez Ram\u00edrez fue atropellado por la referida buseta de servicio p\u00fablico, afiliada por esa \u00e9poca a la Cooperativa mencionada por medio de contrato de administraci\u00f3n, de propiedad de Pedro Le\u00f3n Salas Trujillo y conducida por Juan Carlos Barrag\u00e1n. <\/p>\n
b) En esa fecha, Pl\u00e1cido P\u00e9rez se desplazaba en compa\u00f1\u00eda de su esposa Dalila Mart\u00ednez Lozano. A la altura de la carrera 5a. con calle 25, se encamin\u00f3 por el and\u00e9n izquierdo de \u00e9sta y al llegar a la esquina de la carrera 6a. observ\u00f3 la v\u00eda libre para cruzarla, pero cuando iba en la mitad de la calzada, la buseta -que sub\u00eda por la Calle 25- desvi\u00f3 intempestivamente a la derecha para tomar la carrera 6a. sin percatarse de la presencia del citado peat\u00f3n, quien result\u00f3 atropellado; el conductor no hizo pare alguno y adem\u00e1s transitaba por una v\u00eda que no corresponde a la ruta No. 15 asignada a la Cooperativa demandada. <\/p>\n
c) Como consecuencia del accidente, el demandante sufri\u00f3 lesiones que obligaron a su hospitalizaci\u00f3n e intervenci\u00f3n quir\u00fargica, a pesar de la cual le fue dictaminada una \u00abperturbaci\u00f3n funcional permanente del \u00f3rgano de la visi\u00f3n\u00bb que lo tiene al borde de la ceguera total; por ello no ha podido ejercer su oficio de talabarter\u00eda con menoscabo de su econom\u00eda y la de su familia, puesto que desde entonces no ha podido proveer su propio sostenimiento ni el de su hogar; perjuicios materiales estos, a los que se suman los morales derivados de tener que seguir sometido a tratamiento m\u00e9dico. <\/p>\n
d) En la carpeta correspondiente a la citada buseta, inspeccionada en forma anticipada en las oficinas de la Cooperativa, se hall\u00f3 el contrato individual de trabajo suscrito el 1o. de febrero de 1989 entre Juan Carlos Barrag\u00e1n como \u00abChofer Mec\u00e1nico\u00bb y Pedro Le\u00f3n Salas Trujillo como \u00abpatrono\u00bb del conductor de la misma; y, <\/p>\n
e) Juan Carlos Barrag\u00e1n Rond\u00f3n, como conductor dependiente de los demandados, desplegaba en el momento del accidente una actividad peligrosa, lo que exige para quien la ejerce suma prudencia, conocimientos especiales y observancia de los reglamentos, puesto que de lo contrario \u00abse corre el riesgo de causar da\u00f1o, como el que sufri\u00f3 mi mandante debido a la conducta imprudente de Barrag\u00e1n Rond\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Enterados los demandados del auto admisorio de la demanda, dieron respuesta com\u00fan y oportuna a la misma. En el escrito respectivo, manifestaron su oposici\u00f3n a las sobredichas pretensiones y ofrecieron su propia versi\u00f3n sobre los hechos; particularmente le imputan culpa a la v\u00edctima por haber cruzado imprudentemente la calzada, lo que estiman se debi\u00f3 a su edad de 60 a\u00f1os, a la falta de costumbre para cruzar v\u00edas de mucho tr\u00e1fico dada su procedencia de una peque\u00f1a poblaci\u00f3n y al impedimento f\u00edsico que padec\u00eda por tener una pr\u00f3tesis en el ojo izquierdo. <\/p>\n
4. Rituada la primera instancia, el juez a quo profiri\u00f3 sentencia absolutoria de los demandados, despu\u00e9s de reconocer de oficio la excepci\u00f3n de cosa juzgada derivada del decreto de cesaci\u00f3n del procedimiento contra el conductor del veh\u00edculo, \u00abal considerarse la existencia exhimiente (sic) de culpa de la v\u00edctima\u00bb, dentro de la correspondiente investigaci\u00f3n penal sobre lesiones personales. <\/p>\n
5. Apelada dicha providencia por el demandante, el Tribunal concluy\u00f3 la segunda instancia por medio de sentencia confirmatoria, la misma que ahora viene impugnada en casaci\u00f3n. <\/p>\n
II. LAS MOTIVACIONES DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA <\/p>\n
Respaldado en la jurisprudencia, comienza el sentenciador por se\u00f1alar que cuando el da\u00f1o se produce por el ejercicio de una actividad peligrosa, como es la conducci\u00f3n de veh\u00edculos, la norma aplicable es el art\u00edculo 2356 del C.C.; que en desarrollo de este precepto, la v\u00edctima se encuentra exenta de probar el elemento culpa del demandado; que dicha responsabilidad cobija no solo al autor del da\u00f1o por su hecho personal, sino a las personas que ejercen la direcci\u00f3n, el control y el manejo de la respectiva actividad peligrosa; y que el due\u00f1o, empresario o explotador de tal actividad, no se puede liberar sino con la demostraci\u00f3n de una causa extra\u00f1a. <\/p>\n
A partir de esas pautas o premisas, el fallador pasa a examinar los efectos de la cosa juzgada penal absolutoria en el proceso civil y cita a ese prop\u00f3sito el art\u00edculo 55 del C. de P.Penal (Decreto 0050 de 1987) relativo a que \u00abLa acci\u00f3n civil no puede iniciarse ni proseguirse cuando en el proceso penal se haya declarado por providencia en firme, que el hecho causante del perjuicio no se realiz\u00f3 o que el sindicado no lo cometi\u00f3..\u00bb. <\/p>\n
Observa el ad quem que el Juzgado 10o. Penal Municipal de Ibagu\u00e9, por auto de 28 de septiembre de 1990, decret\u00f3 la cesaci\u00f3n de procedimiento en favor del conductor de la buseta accidentada bajo el argumento de que el sindicado no era culpable, porque el accidente tuvo como causa exclusiva la conducta de la v\u00edctima. <\/p>\n
Dicha declaraci\u00f3n judicial, arguye el sentenciador, significa que el sindicado no cometi\u00f3 el hecho causante del perjuicio y que, de consiguiente, se debe dar plenos efectos a la cosa juzgada penal absolutoria prevista en el sobredicho art\u00edculo 55 del C. de P.P. <\/p>\n
Asevera el sentenciador que la decisi\u00f3n judicial penal influye necesariamente en el proceso civil de responsabilidad y a ese respecto acoge y cita el fallo de la Corte de 19 de septiembre de 1959, en el cual se dice que ello ocurre siempre que dicha decisi\u00f3n se refiera a uno de los motivos exonerativos de esta, entre los cuales se halla la culpa de la v\u00edctima; doctrina que el sentenciador estima reiterada en fallo posterior dictado el 11 de octubre de 1985 sobre el mismo tema. <\/p>\n
Basado en lo anterior, el Tribunal encontr\u00f3 ajustada a derecho la decisi\u00f3n de primera instancia y, en consecuencia, dispuso su confirmaci\u00f3n. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
CARGO UNICO <\/p>\n
Con fundamento en la causal 1a. de casaci\u00f3n, se acusa la sentencia impugnada de haber quebrantado indirectamente los art\u00edculos 306 del C. de P.C., por aplicaci\u00f3n indebida; 174, 83, 185 y 187 \u00edb.; 2341, 2342, 2343, 2347 y 2356 del C. Civil, por falta de aplicaci\u00f3n, como consecuencia de error de derecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
En la sustentaci\u00f3n del cargo propuesto, empieza el impugnante por recordar que el fallo acusado se apoya en la decisi\u00f3n judicial absolutoria que cobij\u00f3 al conductor del veh\u00edculo accidentado con la cesaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n penal, basada en que existi\u00f3 culpa de la v\u00edctima. <\/p>\n
A ese respecto afirma que la copia de la sobredicha providencia penal fue tra\u00edda al proceso, como prueba de esta, en dos ocasiones: la primera, el 19 de abril de 1991 cuando finaliz\u00f3 la audiencia de testimonios practicada por juez comisionado, \u00abpero que no se profiri\u00f3 el auto que ordenara agregarla al expediente\u00bb (C. 3, fl. 57 ); y la segunda, a prop\u00f3sito del recurso de reposici\u00f3n que interpusiera el apoderado de los demandados contra el auto que dispuso correr traslado para alegar en la primera instancia, propuesto para atraer la atenci\u00f3n sobre algunas pruebas que, como la referida, no exist\u00edan al contestar la demanda. Dicho recurso fue negado, \u00abpero en la sentencia de 26 de agosto de 1993 se acogi\u00f3 [la prueba en cuesti\u00f3n] en toda su integridad\u00bb. <\/p>\n
Estima el impugnante que la aludida prueba no fue objeto de solicitud, ni se incorpor\u00f3 oportuna y legalmente al proceso, o sea, dentro de los t\u00e9rminos que determina el procedimiento civil, sino que aparece \u00absin la debida pr\u00e1ctica y contradicci\u00f3n (Art. 183 del C. de P.C.) y en tales condiciones al ser apreciada por el fallador como \u00fanica prueba, se incurri\u00f3 en error de derecho que … trascendi\u00f3 a la parte resolutiva, pues a pesar de ser oficioso el reconocimiento de la cosa juzgada, no le imped\u00eda al Tribunal inquirir por la presencia en autos de dicha probanza..\u00bb, d\u00e1ndose la violaci\u00f3n indirecta de las normas sustanciales y de disciplina probatoria enunciadas en el cargo. <\/p>\n
Dice la censura que el error denunciado es trascendente porque \u00abEn el debate valorativo de pruebas el Tribunal opt\u00f3 por la probanza penal para el reconocimiento oficioso de la excepci\u00f3n de cosa juzgada, que es donde radica el yerro, y que le impidi\u00f3 apreciar en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica…\u00bb las pruebas obrantes en el proceso que se determinan en el cargo propuesto \u00aby que necesariamente hab\u00edan conducido al fallador a tomar una decisi\u00f3n contraria a la que se concreta en el fallo acusado\u00bb. <\/p>\n
IV. SE CONSIDERA: <\/p>\n
1. El error de derecho que denuncia el impugnante se hace consistir en la err\u00f3nea apreciaci\u00f3n que el sentenciador hizo de las copias del auto de cesaci\u00f3n de procedimiento, dictado el 28 de septiembre de 1990 por el Juzgado D\u00e9cimo Penal Municipal de Ibagu\u00e9, por medio del cual se favoreci\u00f3, con tal medida, al conductor del veh\u00edculo causante del accidente de tr\u00e1nsito, a ra\u00edz del cual se produjeron los distintos da\u00f1os que son objeto de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios reclamada en este proceso. <\/p>\n
Estima el censor que la referida prueba no fue pedida, ni decretada, como tampoco incorporada al proceso en legal forma y, por lo mismo, no pod\u00eda ser apreciada por el fallador en la sentencia impugnada; que \u00e9ste, por obrar de ese modo, infringi\u00f3 las normas de disciplina probatoria que regulan tales aspectos. <\/p>\n
El censor califica de an\u00f3mala su incorporaci\u00f3n al proceso, dada la forma en que el apoderado de los demandados la alleg\u00f3 al expediente: <\/p>\n
En una segunda oportunidad, con motivo del recurso de reposici\u00f3n que interpuso el demandado contra el auto que orden\u00f3 correr traslado para alegar en la primera instancia, propuesto para atraer la atenci\u00f3n del a quo sobre la pr\u00e1ctica de distintas pruebas, entre las cuales se pidi\u00f3, en ese momento, la incorporaci\u00f3n de las copias contentivas de la citada providencia penal. Arguye el impugnante que dicho recurso fue negado y se rechaz\u00f3 la petici\u00f3n, pero \u00aben la sentencia de 26 de agosto de 1993 se acogi\u00f3 en toda su integridad\u00bb (C. 1, Fls. 124, 125, 130, 131, 131 vto. y 151). <\/p>\n
Sostiene, adem\u00e1s, que el error de derecho denunciado, trasciende a la parte resolutiva del fallo impugnado puesto que el Tribunal, con apoyo en esa \u00fanica prueba, acogi\u00f3 la excepci\u00f3n de cosa juzgada y, consecuentemente, absolvi\u00f3 a los demandados. <\/p>\n
2. El cargo, tal como viene propuesto, est\u00e1 condenado al fracaso, habida cuenta que denuncia un error de derecho fundado en distintos reparos de orden formal, que har\u00edan ineficaz la prueba cardinal apreciada en el fallo impugnado, y sobre los cuales el impugnante no se pronunci\u00f3 durante las instancias. <\/p>\n
En verdad, muestra la actuaci\u00f3n procesal que el recurrente en ning\u00fan momento aleg\u00f3 o puso de presente que no pod\u00eda ser apreciada la prueba de la que se trata, al amparo de que antes deb\u00eda \u00absolicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los t\u00e9rminos y oportunidades se\u00f1alados para ello en este C\u00f3digo\u00bb (Art\u00edculo 183 del C. de P.C.)., pese a que la misma se aport\u00f3 desde la primera instancia. <\/p>\n
Antes bien, cuando se trajo al proceso en la forma indicada, el demandante adopt\u00f3 una actitud pasiva y silente que surge de su no comparecencia a la referida audiencia de testimonios y, por supuesto, de haber callado frente al recurso de reposici\u00f3n interpuesto por los demandados contra el auto que orden\u00f3 correr el traslado para alegar, siendo que de tales actos se vali\u00f3 el apoderado de los demandados para incorporar al expediente la prueba discutida. <\/p>\n
Por si lo anterior fuera poco, el apoderado del demandante en los alegatos que present\u00f3 ante los jueces de ambas instancias, se dio a la tarea de analizar la prueba que ahora cuestiona y, sobre la base de que fue debidamente tra\u00edda al proceso, se limit\u00f3 a rebatirla de fondo, o sea, en relaci\u00f3n con el efecto de cosa juzgada del auto de cesaci\u00f3n de procedimiento y su incidencia en el presente proceso civil; efecto que fue reconocido por el a quo y prohijado despu\u00e9s por el Tribunal. <\/p>\n
En ninguna de tales alegaciones se aludi\u00f3 siquiera a una de las irregularidades en que las que ahora funda el error de derecho que le enrostra al fallador, sobre las cuales el demandante por primera vez viene a pronunciarse con motivo de la presente impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Con ese proceder, el recurrente aparece introduciendo un medio nuevo inadmisible en casaci\u00f3n, que lo es de esa naturaleza en tanto que el asunto no es ni de puro derecho ni de orden p\u00fablico, pues versa sobre un aspecto f\u00e1ctico y probatorio fundamental que debi\u00f3 y pudo ser objeto de discusi\u00f3n en el tr\u00e1mite de las instancias. <\/p>\n
La comentada actitud pasiva de la parte que ahora se queja de la apreciaci\u00f3n de la prueba, adquiere un cariz relievante si, adem\u00e1s, se tiene en cuenta que el demandado, en la contestaci\u00f3n de la demanda, bas\u00f3 su defensa en la culpa exclusiva de la v\u00edctima, pidiendo, a la saz\u00f3n, se trajera al proceso copia de la actuaci\u00f3n penal adelantada contra el conductor del veh\u00edculo accidentado, justamente en lo relativo a la definici\u00f3n de la situaci\u00f3n jur\u00eddica del sindicado dentro de la respectiva investigaci\u00f3n penal. <\/p>\n
4. En ese orden de ideas, el cargo no puede prosperar, pues como ha ense\u00f1ado la Corte: \u00abToda alegaci\u00f3n en casaci\u00f3n conducente a demostrar que el Tribunal incurri\u00f3 en err\u00f3nea apreciaci\u00f3n de alguna o algunas pruebas por motivos de derecho o de hecho que no fueron planteadas en las instancias, configura un medio nuevo, que no es de recibo en el recurso extraordinario\u00bb (G.J. LXXXIII, p. 76). <\/p>\n
Por lo tanto, el cargo resulta inane. <\/p>\n
V. DECISION <\/p>\n
En armon\u00eda con las consideraciones precedentes, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de veintiuno (21) de junio de mil novecientos noventa y cuatro ( 1994 ), proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro del presente proceso ordinario seguido por el se\u00f1or PLACIDO PEREZ RAMIREZ frente a LA COOPERATIVA TOLIMENSE DE TRANSPORTES LIMITADA – COOTOLTRAN – y el se\u00f1or PEDRO LEON SALAS TRUJILLO. <\/p>\n
Costas en el recurso de casaci\u00f3n a cargo de la parte recurrente. T\u00e1sense en su oportunidad. <\/p>\n
C\u00f3piese y notif\u00edquese <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO SCHLOSS <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
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