S-033-99 [4897]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Dr. JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999) <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 4897 <\/p>\n
Procede la Corte a decidir el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los demandantes Uigberto Elayner y Jos\u00e9 Darie Garc\u00eda Pardo, contra la sentencia del 29 de octubre de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, en este proceso ordinario promovido por los recurrentes contra Jaime Alberto Gait\u00e1n Buitrago y Luis Alfredo Boh\u00f3rquez P\u00e1ez. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por demanda cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, los demandantes pretendieron, que previos los tr\u00e1mites del proceso ordinario de mayor cuant\u00eda, los citados demandados fueran declarados civilmente responsables de los perjuicios sufridos con ocasi\u00f3n del accidente de tr\u00e1nsito que la demanda describe, y consecuentemente fueran condenados solidariamente a pagarle a los demandantes el valor indemnizatorio de los mismos por los conceptos de da\u00f1o emergente, lucro cesante y perjuicio moral. <\/p>\n
2. Como causa de lo pretendido se expusieron los hechos que a continuaci\u00f3n se compendian: <\/p>\n
2.1. Para el 15 de marzo de 1986, el se\u00f1or UIGBERTO GARCIA PARDO era propietario del automotor tipo camioneta de estacas, marca Ford, color rojo, modelo 1975, placas AP-1171 de servicio particular, el cual ten\u00eda destinado al transporte permanente de cilindros con ox\u00edgeno entre las ciudades de Bogot\u00e1 y Villavicencio, al servicio pr\u00e1cticamente exclusivo de la firma Distribuidora de Repuestos RUGELES y ALVAREZ Limitada, con sede en Villavicencio. Adem\u00e1s, espor\u00e1dicamente lo explotaba haciendo acarreos a particulares. <\/p>\n
2.2. El 15 de marzo de 1986 el se\u00f1or UIGBERTO GARCIA PARDO conduc\u00eda su automotor por la v\u00eda Bogot\u00e1 – Villavicencio cargado con un cupo de cilindros met\u00e1licos con ox\u00edgeno para la firma en menci\u00f3n. A la altura del kil\u00f3metro 80, en la vereda Chirajara de Guayabetal (Cund.), m\u00e1s exactamente en el sitio denominado \u201cLa Esperanza\u201d, cuando el se\u00f1or GARCIA transitaba por su derecha fue embestido por el veh\u00edculo tracto-cami\u00f3n de placas SN-1124, conducido por el se\u00f1or JAIME ALBERTO GAITAN BUITRAGO, quien por no observar las normas de tr\u00e1nsito al dar una curva invadi\u00f3 el carril por donde transitaba el veh\u00edculo de los demandantes ocasionando as\u00ed la colisi\u00f3n. <\/p>\n
2.3. Como consecuencia del accidente, el automotor del demandante sufri\u00f3 da\u00f1os en toda su estructura: motor, caja, transmisi\u00f3n, cabina y carrocer\u00eda, implicando su destrucci\u00f3n total. Igualmente, los se\u00f1ores Garc\u00eda Pardo padecieron lesiones en su integridad personal, motivo por el cual fueron hospitalizados en el municipio de C\u00e1queza y se les dictamin\u00f3 una incapacidad para laborar \u201cpor varios d\u00edas y secuelas\u201d para Jos\u00e9 Darie Garc\u00eda Pardo. <\/p>\n
2.4. Como el veh\u00edculo qued\u00f3 por fuera del servicio, el se\u00f1or Uigberto Garc\u00eda dej\u00f3 de percibir la suma de $17.000 por viaje a Villavicencio, as\u00ed como los ingresos que obten\u00eda por el transporte de mercanc\u00eda a otros clientes. <\/p>\n
3. Notificado del auto admisorio, el demandado Luis Alfredo Boh\u00f3rquez P\u00e1ez la contest\u00f3 oponi\u00e9ndose a lo pretendido y proponiendo como excepci\u00f3n de m\u00e9rito el hecho de la v\u00edctima por concurrencia de actividades peligrosas. El otro codemandado estuvo asistido por curador ad litem, quien tambi\u00e9n contest\u00f3 exigiendo prueba de los hechos. <\/p>\n
4. Tramitado el proceso, mediante sentencia de 6 de diciembre de 1990, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 conden\u00f3 a los demandados a indemnizar los siguientes perjuicios: \u201c$1\u2019238.000 por los da\u00f1os causados al automotor antes mencionado\u201d, \u201c$13\u2019548.719 por concepto de lucro cesante\u201d, \u201c$305.110 por concepto de los perjuicios materiales irrogados en la integridad f\u00edsica de los se\u00f1ores Uicperto (sic) Garc\u00eda Pardo y Jos\u00e9 Darie Garc\u00eda Pardo\u201d,\u201c $16.452,40 por concepto de lucro cesante por incapacidad laboral\u201d y \u201c$200.000 por concepto de perjuicios morales que corresponden a Jos\u00e9 Darie Garc\u00eda Pardo por la desfiguraci\u00f3n facial sufrida\u201d. <\/p>\n
5. El apoderado del se\u00f1or Luis Alfredo Boh\u00f3rquez P\u00e1ez interpuso recurso de apelaci\u00f3n contra la providencia del Juzgado Quinto Civil del Circuito, resuelto por la sentencia objeto del recurso de casaci\u00f3n, mediante la cual el Tribunal confirm\u00f3 lo concerniente a la declaraci\u00f3n de responsabilidad, pero modific\u00f3 el quantum de algunas de las sumas indemnizatorias, concretadas en los siguientes valores: \u201c$1\u2019224.000 por concepto de da\u00f1o emergente\u201d, \u201c$15.110 por concepto de perjuicio material\u201d, \u201c$16.452 por concepto de lucro cesante\u201d y \u201c$200.000 por concepto de perjuicio moral.\u201d <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Para adoptar la decisi\u00f3n el ad quem luego de dejar por averiguada la existencia y validez formal del proceso, coincidi\u00f3 con el a quo en que estaban demostrados los elementos de la responsabilidad civil extracontractual, pues trat\u00e1ndose del ejercicio de una actividad peligrosa, el car\u00e1cter de \u00e9sta no s\u00f3lo se predica del \u201cdependiente o empleado que obra en el acto peligroso, sino tambi\u00e9n al empleador\u201d, raz\u00f3n por la que deben responder solidariamente. Lo anterior, no sin antes concluir, despu\u00e9s de plantear algunas apreciaciones sobre la responsabilidad extracontractual y el ejercicio concurrente de actividades peligrosas, que el proceso fehacientemente demostraba que fue el conductor del demandado el que incurri\u00f3 en imprudencia y violaci\u00f3n de normas de tr\u00e1nsito. Para tal efecto trajo a colaci\u00f3n el informe del accidente rendido por la Polic\u00eda del Meta, la investigaci\u00f3n penal y su soporte probatorio, as\u00ed como el fallo proferido por el Juez Promiscuo Municipal de Guayabetal, condenando penalmente al conductor del veh\u00edculo del demandado. <\/p>\n
Seguidamente procede a examinar el valor de las condenas, para no compartirlas, por las razones que a continuaci\u00f3n se presentan: <\/p>\n
Respecto del da\u00f1o emergente dijo: \u201cobra en autos (fls. 142\/145 c.1o.), dictamen pericial, en el cual los peritos remiti\u00e9ndose al aval\u00fao de da\u00f1os hechos por el DATT, estimaron en la misma cifra de $1\u2019200.000 los sufridos por este automotor, la que se increment\u00f3 con los gastos adicionales de gr\u00faa y garaje en $38.000 m\u00e1s, para un total de perjuicios por este concepto de $ 1\u2019238.000. Dieron los Auxiliares certeza al total de documentos privados (facturas) que conforman los fls. 8, 9, 10 y 11 del cuaderno principal, pero en torno a ello, considera la Sala que teniendo el car\u00e1cter de aut\u00e9ntica s\u00f3lo las distinguidas con los Nos. 0015 y 084 puesto que su contenido y firma fueron expresamente reconocidos por quienes las expidieron mas no las restantes, s\u00f3lo tales rubros por concepto de gr\u00faa y garaje, ser\u00e1n tenidos en cuenta ($24.000), pues por no haber sido objetado el aval\u00fao pericial en este aspecto, adquiri\u00f3 firmeza. Luego, hay lugar a modificar en este punto la parte resolutiva del fallo censurado, toda vez que el monto de perjuicios por da\u00f1o emergente s\u00f3lo asciende a $1\u2019224.000.\u201d <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el lucro cesante afirm\u00f3: \u201cestiman los peritos que el lucro cesante, esto es, la ganancia o provecho que dej\u00f3 de percibir el demandante UIGBERTO GARCIA PARDO durante el tiempo que estuvo su veh\u00edculo automotor sin prestar servicio, que seg\u00fan lo indican fue entre el 15 de marzo de 1986 y 30 de agosto de 1990, asciende a $13\u2019548.719; pero al respecto encuentra la Sala, que no obstante que el experticio (sic.) no fue objeto de reparo por ninguna de las partes, los rubros por ellos liquidados no tienen soporte alguno, si se tiene en cuenta lo siguiente: Lo expuesto por el demandante a los hechos 2o. y 13) de la demanda, est\u00e1 indicando, que no era en forma exclusiva que explotaba econ\u00f3micamente el veh\u00edculo colisionado con el transporte permanente de cilindros de ox\u00edgeno entre las ciudades de Bogot\u00e1 y Villavicencio, por cuenta de la firma DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS RUGELES Y ALVAREZ LIMITADA con sede en Villavicencio, pues tambi\u00e9n afirma que espor\u00e1dicamente prestaba el servicio de acarreo de mercanc\u00eda a particulares. Si no estaba entonces destinado el veh\u00edculo a servicio exclusivo de la firma distribuidora de repuestos mal pueden los peritos contabilizar el t\u00e9rmino total, y menos hasta agosto de 1990, pues t\u00e9ngase en cuenta que en la demanda se habla de un per\u00edodo distinto que va desde el 15 de marzo de 1986 fecha del accidente, a la de la demanda, y \u00e9sta fue presentada al reparto el 10 de febrero de 1987. Adem\u00e1s, si se examina la constancia expedida por la firma en menci\u00f3n… all\u00ed se hace menci\u00f3n a 10 viajes en el mes a raz\u00f3n de $17.000 cada viaje. No indican los peritos en su experticio (sic.) la base que tuvieron para liquidar tal lucro cesante que arroj\u00f3 un monto de $13\u2019548.719 (fls 143), y si a lo anterior se agrega que la constancia expedida por la firma distribuidora no constituye siquiera prueba sumaria, ni hubo reconocimiento del contenido y firma por parte de sus suscriptores, s\u00edguese que simplemente el dictamen sin fundamento no puede ser acogido, y dado que no existe ninguna otra prueba para establecer o dar por probado tal monto de lucro cesante, no est\u00e1 ajustado a derecho ni a la realidad procesal el fallo de primer grado, en este aspecto.\u201d <\/p>\n
En cuanto a los perjuicios derivados de las lesiones, expres\u00f3: \u201cSimilar precisi\u00f3n deber\u00e1 adoptarse con relaci\u00f3n al rubro de $290.000 de los perjuicios materiales estimado por los peritos, pues si al demandante JOSE DARIE GARCIA PARDO s\u00f3lo se le cotiz\u00f3 en tal calidad el costo de unas intervenciones quir\u00fargicas que han de practic\u00e1rsele para restaurar las secuelas de las heridas que sufri\u00f3 en el accidente de tr\u00e1nsito, m\u00e1s (sic) ellas no se han realizado, no se trata este rubro de un perjuicio actual, sino eventual, no es cierto sino hipot\u00e9tico, y como es sabido que el perjuicio debe existir al tiempo de deducirse la acci\u00f3n, porque el derecho no puede reclamarse de futuro…\u201d <\/p>\n
De otro lado, el Tribunal da por probados los gastos m\u00e9dicos, \u201cque totalizan $15.110, si bien los comprobantes de pago que obran a fl. 12 a 22 est\u00e1n desprovistos de autenticidad, no se remite a duda que son gastos ciertos y causados…\u201d Igual consideraci\u00f3n se realiza a prop\u00f3sito del lucro cesante derivado de la incapacidad temporal para trabajar, tasado en la suma de $16.452. Respecto al monto del da\u00f1o moral no hizo reparo alguno. <\/p>\n
Por \u00faltimo, como el apelante se hab\u00eda mostrado inconforme porque no se decretaron pruebas por \u00e9l pedidas, consider\u00f3 que esa irregularidad se hab\u00eda saneado de acuerdo con el art. 140 ord. 6 del C. de P. Civil. Adem\u00e1s, no dud\u00f3 de la propiedad del se\u00f1or Boh\u00f3rquez P\u00e1ez sobre el veh\u00edculo involucrado en el accidente, no obstante haberse incurrido en un lapsus en una de las letras de su segundo apellido. <\/p>\n
EL RECURSO DE CASACION <\/p>\n
Dos cargos se formulan contra la sentencia del ad quem, ambos por la causal primera del art. 368 del C. de P. Civil, los cuales se resolver\u00e1n de manera conjunta por admitir consideraciones similares, no s\u00f3lo porque las acusaciones debieron formularse en un \u00fanico cargo, sino porque ambos participan de id\u00e9nticos errores de t\u00e9cnica. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con apoyo en la causal primera del art. 368 del C. de P. Civil, acusa la sentencia impugnada por violar indirectamente el art. 2341 del C. Civil, \u201cpor inaplicaci\u00f3n parcial\u201d, como consecuencia de los errores de hecho cometidos en la apreciaci\u00f3n del dictamen pericial practicado en el proceso. <\/p>\n
Seg\u00fan el recurrente, el art. 174 del C. de P. Civil, establece como principio que toda decisi\u00f3n judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, apreciadas en conjunto \u201cutilizando la sana cr\u00edtica, es decir analizando el porque (sic.) se le da o se le niega a una prueba el valor probatorio con relaci\u00f3n al hecho que se pretende demostrar\u201d. <\/p>\n
Luego se ocupa de la defensa de la prueba pericial, la cual califica de bien \u201cconcebida\u201d por apoyarse \u201cen lo probado en el proceso\u201d y porque los auxiliares \u201cdieron raz\u00f3n clara y expresa de la forma como estructuraron su dictamen\u201d. De suerte, dice, una vez deja por descontado que en la producci\u00f3n y pr\u00e1ctica de la prueba no se cometi\u00f3 irregularidad alguna, que \u201cera de forzosa obligaci\u00f3n del fallador valorar el contenido de la prueba pericial\u201d, acerca del cual expone en confrontaci\u00f3n con lo decidido por el ad quem: <\/p>\n
a) Al analizar el Tribunal el da\u00f1o emergente, resuelve disminuir la tasaci\u00f3n pericial argumentando que solamente las facturas 0015 y 084 deb\u00edan tenerse en cuenta por concepto de servicio de gr\u00faa y de garaje, por cuanto las otras que hab\u00edan estimado los peritos \u201ccarec\u00edan de autenticidad\u201d, o sea que el ad quem \u201cpuso en duda que estos gastos en valor igual a $14.000.oo no se hab\u00edan realizado por los demandantes\u201d. Sin embargo, agrega, \u201cresulta curioso\u201d que al apreciar los gastos m\u00e9dicos s\u00ed tuvo en cuenta documentos no reconocidos. De manera que la \u201cfalta de l\u00f3gica en la apreciaci\u00f3n de esta prueba trajo como consecuencia el error\u201d denunciado. <\/p>\n
b) Con relaci\u00f3n a la suma de dinero dejada por fuera de la sentencia de segunda instancia, ($290.000.oo), atribuibles a la indemnizaci\u00f3n de los perjuicios materiales por las lesiones no padecidas por el se\u00f1or Jos\u00e9 Darie Garc\u00eda Pardo, dice el impugnante que la constancia m\u00e9dica que obra en el expediente acerca de la necesidad de practicar las operaciones a su poderdante para restablecerle el rostro, es prueba suficiente de la realidad del da\u00f1o, raz\u00f3n por la que controvierte las \u201celucubraciones\u201d que el Tribunal hace para concluir que se est\u00e1 reclamando un \u201cposible perjuicio futuro\u201d. Al respecto explica que las operaciones no se han realizado por falta de medios econ\u00f3micos, pero eso no significa \u201cque el da\u00f1o no haya ocurrido\u201d. \u201cEntonces -expresa- pretender sostener que se trata de un perjuicio eventual que no debi\u00f3 reconocerse por los peritos, argumentando que no se ha pagado suma alguna por este, es nada m\u00e1s ni nada menos que lesionar a\u00fan m\u00e1s a la v\u00edctima, pues el da\u00f1o en el rostro est\u00e1 demostrado qui\u00e9rase o no\u201d. <\/p>\n
c) En cuanto al lucro cesante, $13.548.710.oo, dejados por fuera de la condena en la sentencia de segunda instancia, afirma el recurrente: <\/p>\n
El Tribunal para llegar a la anterior conclusi\u00f3n expuso cuatro razones: que las facturas apreciadas por los peritos para determinar el producido mensual del automotor, carec\u00edan de autenticidad; que los peritos \u201cno indicaron\u2026 la base que tuvieron para liquidar el lucro cesante\u2026\u201d; que el automotor no estaba dedicado exclusivamente al transporte de ox\u00edgeno, sino que prestaba otros servicios que no fueron probados, y que el veh\u00edculo fue vendido el 16 de julio de 1987, motivo por el cual no se pod\u00eda reclamar el lucro cesante posterior. <\/p>\n
Alega el recurrente que tales razones carecen de sentido y s\u00f3lo se entienden porque el ad quem realiz\u00f3 no una valoraci\u00f3n global de la prueba, sino fraccionada. En efecto, dice, si el dictamen pericial se hubiese aunado a los cuatro testimonios dejados de apreciar, quienes afirman que \u201cel veh\u00edculo si estaba siendo explotado econ\u00f3micamente al ser utilizado para transportar cilindros de ox\u00edgeno\u201d, se habr\u00eda tenido que reconocer el lucro cesante en el monto se\u00f1alado por los peritos. Por consiguiente, concluye, se cometi\u00f3 yerro en la apreciaci\u00f3n de los testimonios de las personas que en el cargo se identifican, pues, repite, de haberse hecho su valoraci\u00f3n en conjunto con el dictamen, la conclusi\u00f3n hubiese sido distinta. <\/p>\n
Finaliza el cargo se\u00f1alando que el fallador de segunda instancia le restringi\u00f3 al dictamen su valor probatorio, no obstante su firmeza porque con respecto a \u00e9l no hubo \u201creparo alguno\u201d. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Denuncia por la misma causal primera, la violaci\u00f3n, por inaplicaci\u00f3n parcial, del art. 2341 ib\u00eddem, como consecuencia de errores de hecho en la valoraci\u00f3n de los testimonios de Jorge Obdulio Mayorga, V\u00edctor Antonio Mayorga, Jos\u00e9 Drigelio Rey Baquero y Jaime Guti\u00e9rrez. <\/p>\n
Al desarrollar el cargo se explica que dichos testimonios fueron ignorados en cuanto ellos informaban sobre la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del veh\u00edculo accidentado, aunque no les constara el valor del perjuicio. Expresamente dice el recurrente que \u201cno puede rest\u00e1rsele valor a cada una de estas declaraciones por el hecho de que en sus respuestas no se diga por los deponentes qu\u00e9 valor o valores pagaba la compa\u00f1\u00eda Distribuidora de Repuestos Rugeles y Alvarez Ltda., por concepto de fletes al se\u00f1or Uigberto Garc\u00eda Pardo\u201d. <\/p>\n
Al no tener en cuenta esos testimonios para analizarlos en conjunto con el dictamen pericial, se cometi\u00f3 el error de hecho que el cargo denuncia, porque esos testigos no \u201cfueron tachados de sospechosos\u201d, ni de ellos puede predicarse \u201cirrelevancia\u201d, pues de su sola lectura resulta f\u00e1cil concluir \u201cque el veh\u00edculo ven\u00eda recibiendo por parte de su due\u00f1o una explotaci\u00f3n econ\u00f3mica adecuada\u201d <\/p>\n
Si el Tribunal, advierte, \u201cno hubiera ignorado estas declaraciones y hubiera hecho un esfuerzo m\u00e1s profundo en su valoraci\u00f3n armoniz\u00e1ndolas con el dictamen pericial la conclusi\u00f3n obligatoria hubiera sido necesariamente la de confirmar \u00edntegramente\u201d la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como bien se sabe, el C\u00f3digo de Procedimiento Civil Colombiano, en materia de casaci\u00f3n consagra el llamado sistema ecl\u00e9ctico, seg\u00fan el cual la violaci\u00f3n del derecho sustancial se puede producir por dos v\u00edas distintas y excluyentes: la directa y la indirecta. La primera ocurre cuando el fallador infringe la norma sustancial \u201cderecha o rectamente\u201d, es decir, sin desviaci\u00f3n en el campo de la prueba de los hechos. En cambio la segunda modalidad se presenta cuando la violaci\u00f3n de la ley sustancial es consecuencia de los errores en que incurre el fallador en el \u00e1mbito de la apreciaci\u00f3n de la prueba, originando as\u00ed una distorsi\u00f3n en las conclusiones de facto que a la postre determinan la vulneraci\u00f3n de la norma sustancial. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la denominada v\u00eda indirecta, debe repetirse, porque el caso lo exige, que los errores probatorios que generan la violaci\u00f3n de la norma sustancial, pueden ser de hecho o de derecho, seg\u00fan que la equivocaci\u00f3n se presente en el proceso de conocimiento material u objetivo de la prueba, o en la etapa l\u00f3gica siguiente de la apreciaci\u00f3n o contemplaci\u00f3n jur\u00eddica de la misma. Dar por demostrado un hecho sin existir en el expediente prueba de \u00e9l (suposici\u00f3n), o no darlo por acreditado a pesar de existir prueba id\u00f3nea del mismo (preterici\u00f3n), o alterar la objetividad de la prueba, bien sea adicionando su real contenido, o mutilando lo que ella exterioriza, son las hip\u00f3tesis que sobre el error de hecho ha considerado la Sala. Al contrario, como se indic\u00f3, el error de derecho es de \u00edndole jur\u00eddica, puesto que sucede cuando superada la contemplaci\u00f3n material de la prueba, para definir si existe o no, el fallador partiendo de su existencia afronta la valoraci\u00f3n de la misma, pero incurriendo en desacierto, por cuanto infringe el r\u00e9gimen legal de producci\u00f3n, conducencia, eficacia o evaluaci\u00f3n del respectivo medio de prueba. Apreciar pruebas que no cumplen con los requisitos legales para su producci\u00f3n, o no evaluar las aducidas por considerarlas ilegalmente allegadas, o darle valor persuasivo a un medio que la ley prohibe para el caso, o no obstante la exigencia legal de prueba espec\u00edfica, dar por demostrado el hecho o acto con medio distinto al se\u00f1alado, o exigir prueba especial cuando la ley no la requiere, es ejercicio ejemplificativo de errores de derecho realizado varias veces por la Corte. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, en forma igualmente repetida, la Corte viene diciendo que la argumentaci\u00f3n sobre que la apreciaci\u00f3n de las pruebas se realiz\u00f3 con exclusi\u00f3n de las pautas que al respecto consagra el art. 187 del C. de P. Civil, es denunciar un t\u00edpico error de derecho, pues en ese caso se est\u00e1 omitiendo la aplicaci\u00f3n de una norma procesal probatoria, destinada a establecer sistema de evaluaci\u00f3n de la prueba. En este evento -dice la Corte- el impugnante con el objetivo de demostrar el error, debe poner \u201cde manifiesto c\u00f3mo la apreciaci\u00f3n de los diversos medios lo fue de manera separada o aislada, sin buscar sus puntos de enlace o coincidencia. Ese y no otro debe ser el criterio a seguirse cuando de individualizar ese tipo de yerro se trata. En consecuencia, si, con prescindencia de las conclusiones obtenidas en el campo de los resultados de la prueba, pues es asunto que cae en el terreno rigurosamente f\u00e1ctico, la referida tarea valorativa se ci\u00f1\u00f3 a la norma citada, no ser\u00e1 admisible la predica del error cuando bajo el pretexto de su demostraci\u00f3n, lo que se persigue es la sustituci\u00f3n del examen de conjunto realizado por el sentenciador por el que proponga el recurrente\u201d. <\/p>\n
Desde el punto de vista formal, entre el error de hecho y el de derecho, debe dejarse expuesta otra diferencia que tiene que ver con su demostraci\u00f3n, consistente en que uno y otro debe plantearse con respecto a \u201cpruebas determinadas\u201d, pero exigi\u00e9ndose en torno al segundo, adem\u00e1s, la indicaci\u00f3n de \u201clas normas de car\u00e1cter probatorio que se considere infringidas explicando en qu\u00e9 consiste la infracci\u00f3n\u201d (art. 374 del C. de P. Civil), porque como tambi\u00e9n lo ha advertido la Corte, el recurso de casaci\u00f3n no es una instancia adicional, ni los prop\u00f3sitos que lo orientan apuntan a ello, raz\u00f3n por la que no se considera instituido para provocar reex\u00e1menes probatorios con independencia de su car\u00e1cter formalista y dispositivo, porque no es cualquier equivocaci\u00f3n del juez la que puede dar origen al mismo, sino aquellas que adem\u00e1s de manifiestas, trat\u00e1ndose de errores de hecho, son trascendentes, o sea determinantes de la decisi\u00f3n combatida, que es caracter\u00edstica igualmente atribuible al error de derecho. <\/p>\n
2. Una elemental lectura del contenido de los cargos, permite colegir en comparaci\u00f3n con la doctrina expuesta con antelaci\u00f3n, los defectos t\u00e9cnicos de tales planteamientos, porque no obstante el cargo anunciarse para denunciar errores de hecho en la apreciaci\u00f3n del referido dictamen pericial y de los testimonios que la demanda de casaci\u00f3n se\u00f1ala, el desarrollo del mismo involucra ataques que necesariamente debieron proponerse por la v\u00eda directa, o por la indirecta pero como consecuencia de errores de derecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, con una falencia adicional consistente en haberse omitido la indicaci\u00f3n de \u201clas normas de car\u00e1cter probatorio que se consideren infringidas explicando en qu\u00e9 consiste la infracci\u00f3n\u201d, como claramente lo exige el inc. 2\u00ba. del num. 3\u00ba. del art. 374 del C. de P. Civil. Al respecto basta observar que no obstante que en ambos cargos el recurrente se queja de la falta de valoraci\u00f3n en conjunto del dictamen pericial y los cuatro testimonios que identifica el segundo, por ning\u00fan lado aparece indicada la vulneraci\u00f3n del art. 187 del C. de P. Civil, ni mucho menos la explicaci\u00f3n sobre \u201cen que consiste la infracci\u00f3n\u201d, pues acerca de esto contradictoriamente se acepta la apreciaci\u00f3n de las declaraciones, pero exigiendo \u201cun esfuerzo m\u00e1s profundo en su valoraci\u00f3n armoniz\u00e1ndolas con el dictamen pericial\u201d, sin precisar los puntos de enlace o coincidencia, que de manera concreta debieron considerarse para no incurrir en el error. <\/p>\n
De igual modo, denunciar como error de hecho en la apreciaci\u00f3n del dictamen, la exclusi\u00f3n de gastos por $14.000, por cuanto para tal conclusi\u00f3n los peritos tuvieron en cuenta facturas que \u201ccarec\u00edan de autenticidad\u201d, es otra desviaci\u00f3n de t\u00e9cnica que en modo alguno la Corte puede corregir, porque el presunto error de hecho estar\u00eda precedido a modo de secuencia l\u00f3gica de un error de derecho en la contemplaci\u00f3n jur\u00eddica de la prueba documental, que no se desarrolla, ni demuestra, porque tampoco se denunci\u00f3 t\u00e9cnicamente, como igualmente ocurre con el costo de la operaci\u00f3n rectificatoria de la secuela dejada por las lesiones, pues la no apreciaci\u00f3n del dictamen, estuvo precedida del descarte del documento de folio 2-1, por tratarse de un \u201csolo informe\u201d carente de autenticidad, como en efecto se verifica. <\/p>\n
3. No empece los defectos t\u00e9cnicos descubiertos en el ac\u00e1pite precedente, la Corte haciendo abstracci\u00f3n de ellos, examinar\u00e1 el contenido de los cargos no s\u00f3lo para demostrar que los errores no se cometieron, sino para hacer ver otras deficiencias e introducir una rectificaci\u00f3n doctrinal, porque el raciocinio del Tribunal es equivocado cuando aborda el tema del da\u00f1o futuro en torno a las circunstancias del caso concreto. <\/p>\n
3.1. Por principio general, quien sufre un da\u00f1o imputable a delito o culpa cometido por otra persona, tiene derecho a la reparaci\u00f3n integral (arts. 1626, 1627 y 2341 del C. Civil, y 16 de la ley 446 de 1998). <\/p>\n
Ahora, como de conformidad con el principio de la necesidad de la prueba (art. 174 del C. de P. Civil), toda decisi\u00f3n judicial debe fundarse en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, el reconocimiento judicial de una pretensi\u00f3n que tenga como objeto la indemnizaci\u00f3n de un perjuicio, supone la demostraci\u00f3n de todos y cada uno de los elementos que configuran la tutela jur\u00eddica de dicha pretensi\u00f3n, incluyendo, por supuesto, el da\u00f1o, salvo aquellos eventos de presunci\u00f3n de culpa, de conformidad con la doctrina de la Corte, y la presunci\u00f3n de da\u00f1os de acuerdo con la ley, como en los casos de los art\u00edculos 1599 y 1617 num. 2 del C. Civil. <\/p>\n
Sin embargo, una es la prueba del da\u00f1o, o sea la de la lesi\u00f3n o menoscabo del inter\u00e9s jur\u00eddicamente tutelado, y otra, la prueba de su intensidad, del quantum del perjuicio. De ah\u00ed que la doctrina haga alusi\u00f3n al contenido patrimonial del da\u00f1o para referirse a su intensidad, es decir, a su valor en moneda legal (dinero), como patr\u00f3n de referencia para determinar la mensura, por cuanto considera que dada su simplicidad y universalidad, es el que m\u00e1s conviene al tr\u00e1fico de las reparaciones, caso en el cual opera una reparaci\u00f3n por equivalencia o propiamente indemnizatoria, por oposici\u00f3n a la reparaci\u00f3n natural que implica \u201cvolver las cosas al estado que tendr\u00edan si no hubiera ocurrido el hecho da\u00f1oso\u201d. Desde luego que demostrada la lesi\u00f3n como tal, la falta de la prueba de la intensidad para efectos de la cuantificaci\u00f3n reparatoria, debe ser suplida por el juzgador de primera o segunda instancia, cumpliendo con el deber de decretar pruebas de oficio, de acuerdo con lo preceptuado para tal efecto por los incisos 1\u00ba y 2\u00ba del art. 307 del C. de P. Civil, so pena de incurrir en \u201cfalta sancionable conforme al r\u00e9gimen disciplinario\u201d, pues dicho texto legal ved\u00f3 como principio general, las condenas en abstracto o in genere. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, dable resulta rectificar la concepci\u00f3n doctrinal que el ad quem expone sobre el da\u00f1o futuro indemnizable. Al respecto la Corte reitera que el da\u00f1o objeto de reparaci\u00f3n debe ser cierto, pero no necesariamente debe ser actual, porque el da\u00f1o cierto y futuro, como igualmente se ha sostenido, tambi\u00e9n es indemnizable, tal como ocurre con las lesiones o secuelas que afectan la integridad f\u00edsica personal y exigen una atenci\u00f3n m\u00e9dica o quir\u00fargica. Estas lesiones o secuelas son el da\u00f1o mismo, por ende cierto. Desde luego que el da\u00f1o futuro, cierto e indemnizable es tal en tanto sea susceptible de avaluaci\u00f3n en el momento en que se formula la pretensi\u00f3n y sea desarrollo de un da\u00f1o presente. En cambio no es reparable el perjuicio eventual o hipot\u00e9tico, por no ser cierto o no haber \u201cnacido\u201d, como dice la doctrina, dejando a salvo los eventos de p\u00e9rdida de una probabilidad. De manera que es necesario no confundir el perjuicio futuro cierto con el eventual o hipot\u00e9tico, como lo hace el Tribunal al utilizar indistintamente todos los t\u00e9rminos. Es que en el caso, vale la pena dejar en claro, que el da\u00f1o de que se trata era cierto y actual. <\/p>\n
En consideraci\u00f3n a lo expuesto, aparece claro que las lesiones producidas en la integridad f\u00edsica de una persona son indemnizables con independencia de que haya habido o no atenci\u00f3n m\u00e9dica y la erogaci\u00f3n econ\u00f3mica correlativa, pues se dan las condiciones que el da\u00f1o debe reunir para que sea indemnizable, cuales son la afecci\u00f3n de un inter\u00e9s propio (la integridad f\u00edsica personal, para el caso), que sea cierto y que no haya sido reparado, adem\u00e1s de la posibilidad avaluativa, que para el caso es el costo de la atenci\u00f3n m\u00e9dica. <\/p>\n
3.2. Al entrar en el campo de los errores denunciados se observa lo siguiente: <\/p>\n
El fallo impugnado redujo el da\u00f1o emergente en $14.000, por cuanto se fincaba en dos facturas carentes de autenticidad. Frente a este razonamiento el recurrente afirma que otras facturas, relacionadas con otros conceptos, no obstante la falta de autenticidad, fueron valoradas y aceptadas como prueba por el ad quem, raz\u00f3n por la que califica como error de hecho el desconocimiento de la eficacia probatoria prestada por dichos documentos en relaci\u00f3n con el dictamen pericial, porque ellos fueron el sustento de \u00e9ste. <\/p>\n
Adem\u00e1s de la cr\u00edtica que antes qued\u00f3 expuesta con respecto al planteamiento de este sector del cargo, debe anotarse que lo que se califica como yerro no es m\u00e1s que una inconsistencia en el an\u00e1lisis de la prueba por parte del juzgador, quien debi\u00f3 examinar los documentos bajo el mismo rasero, pero sin que la incoherencia como tal demuestre el error, pues el impugnante no acometi\u00f3 la tarea dial\u00e9ctica dirigida a explicar por qu\u00e9 raz\u00f3n dichos documentos debieron apreciarse y cu\u00e1les normas probatorias se infringieron por tratarse de un inconfundible error de derecho. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a la condena que por lucro cesante hab\u00eda dispuesto el juez de primera instancia, el Tribunal estim\u00f3 que la suma liquidada por los peritos no ten\u00eda soporte probatorio alguno, am\u00e9n de la falta de fundamentaci\u00f3n en cuanto a la base de la liquidaci\u00f3n y apoyarse en un documento otorgado por un tercero, carente de autenticidad porque no fue reconocido, ni en su firma, ni en su contenido. Por \u00faltimo, luego de insistir en la ausencia de fundamentaci\u00f3n, el ad quem anot\u00f3 que no tiene claridad dictaminar una indemnizaci\u00f3n por lucro cesante hasta agosto de 1990, cuando el automotor fue enajenado por el demandante en julio de 1987. <\/p>\n
El recurrente controvierte lo expuesto por el fallador, se\u00f1alando que los testimonios de los se\u00f1ores Jorge Obdulio Mayorga, V\u00edctor Mayorga, Jos\u00e9 Drigelio Rey y Jaime Guti\u00e9rrez, acreditan la existencia del lucro cesante, aunque no \u201cel valor o valores\u201d que pagaba la empresa que encomendaba los transportes. Adem\u00e1s, dice, obra en el expediente la constancia expedida por dicha empresa, la cual se alleg\u00f3 al proceso en forma legal y no fue tachada de falsa. Finalmente alega que el veh\u00edculo se vendi\u00f3 como \u201cchatarra\u201d, porque la p\u00e9rdida fue total y los demandados no objetaron el dictamen. <\/p>\n
A prop\u00f3sito de este otro aspecto de la controversia, obs\u00e9rvese que no obstante ser la falta de fundamentaci\u00f3n del dictamen un argumento central y repetido en el raciocinio del ad quem, el recurrente lo deja por fuera del ataque, puesto que guarda silencio sobre \u00e9l, quedando este como suficiente soporte de la conclusi\u00f3n f\u00e1ctica del Tribunal, como tambi\u00e9n sucede, seg\u00fan se dej\u00f3 dicho, en cuanto se denuncia la absoluci\u00f3n relacionada con el valor de la operaci\u00f3n quir\u00fargica, pues para esto, el Tribunal tambi\u00e9n desech\u00f3 por falta de fundamentaci\u00f3n el dictamen, y por contera su soporte documental, como atr\u00e1s qued\u00f3 explicado. <\/p>\n
De otro lado, examinado el dictamen, entre otras cosas sin fundamentaci\u00f3n porque no ofrece explicaciones sobre la base utilizada para determinar el costo de las operaciones de transporte (funcionamiento y mantenimiento), tasado en un 15%, ni la raz\u00f3n del c\u00e1lculo del lucro sobre un per\u00edodo de 54 meses, ni la incidencia o no de la enajenaci\u00f3n del automotor en julio de 1987, se advierte que para hacer la liquidaci\u00f3n del perjuicio referenciado, los peritos realizaron su trabajo con apoyo en informaci\u00f3n que aparec\u00eda en el expediente, derivada del documento privado expedido por la sociedad que encargaba los transportes. Pues bien, a este documento el ad quem le rest\u00f3 la fuerza probatoria por no haberse reconocido ni el contenido, ni la firma en \u00e9l impuesta, o sea, por carencia de autenticidad. Igual ejercicio hizo, como varias veces se ha anotado, con la llamada por el censor \u201ccotizaci\u00f3n\u201d m\u00e9dica de la operaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre este aspecto de la acusaci\u00f3n, como antes se dej\u00f3 anunciado, la Corte verifica otro problema de t\u00e9cnica que le impide llegar al fondo de la cuesti\u00f3n, porque el ataque qued\u00f3 incompleto, pues debiendo tener un enfoque bifrontal se hizo caso omiso de \u00e9l. Si el Tribunal desech\u00f3 el soporte fundamentador del dictamen, como lo era la otra prueba obrante en el expediente, a la cual se le neg\u00f3 valor probatorio por una raz\u00f3n estrictamente jur\u00eddica, entonces debi\u00f3 impugnarse la decisi\u00f3n denunciando t\u00e9cnicamente el error de derecho cometido, por tratarse de un punto que tiene que ver con el r\u00e9gimen de producci\u00f3n y validez de la prueba. Desde luego, como ya se anot\u00f3, sobre esto nada dijo el recurrente, salvo lo que antes se dej\u00f3 expuesto sobre la inconsistencia o tratamiento no uniforme para las pruebas que padec\u00edan similar defecto en opini\u00f3n del Tribunal. <\/p>\n
Es que si con l\u00f3gica se analiza el juicio de Tribunal, se constata que \u00e9ste cometer\u00eda el error de hecho que se acusa, como consecuencia del error de derecho que se reserva el recurrente. En otras palabras, como el ad quem se equivoca al desconocerle eficacia probatoria a la prueba documental que sirvi\u00f3 de soporte a los peritos para emitir su dictamen, entonces surge el error de hecho por la pretermisi\u00f3n de esta segunda prueba, pues es as\u00ed como queda hu\u00e9rfano de sustento. Se trata de dos vicios y dos pruebas independientes, aunque una de ellas apoyada en la otra. <\/p>\n
Para finalizar, el error atribuido al ad quem con relaci\u00f3n a la apreciaci\u00f3n de los testimonios, nada aporta al estudio del caso, porque es el propio recurrente quien afirma que estos nada dicen sobre el valor o valores de los transportes, siendo precisamente este aspecto el que echa de menos el Tribunal. De modo que lo verdaderamente cuestionado por la sentencia: el valor de la p\u00e9rdida de beneficio esperado, no aparece probado por los testimonios, como el propio impugnante lo declara, manifest\u00e1ndose as\u00ed de acuerdo con el Tribunal. Dice as\u00ed el recurrente: \u201cEsta prueba (la de los testimonios) es clara y di\u00e1fana en este aspecto y no puede predicarse de ella cosa diferente de que hay certeza sobre ese hecho (se refiere a la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica del veh\u00edculo), aunque, como es l\u00f3gico, no pod\u00edan en su versi\u00f3n afirmar cual era el valor que se pagaba por los fletes en cada viaje\u201d (subrayado de la Corte). <\/p>\n
Como consecuencia de todo lo expuesto, los cargos no prosperan. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 29 de octubre de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 en el proceso ordinario promovido por Uigberto y Jos\u00e9 Darie Garc\u00eda Pardo contra Jaime Alberto Gait\u00e1n Buitrago y Luis Alfredo Boh\u00f3rquez B\u00e1ez. <\/p>\n
Sin costas en casaci\u00f3n por la rectificaci\u00f3n doctrinaria (art. 375 inc. 5 del C. de P. Civil). <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase oportunamente al Tribunal de origen. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
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S-033-99 [4897] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente Dr. JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999) Referencia: Expediente No. 4897 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81638","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81638","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81638"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81638\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81638"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81638"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81638"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}