S-035-99<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
DR. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
Rad.- Expediente No. 5170 <\/p>\n
Despacha la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el se\u00f1or HERNANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ en contra de la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, Sala Civil, calendada el diecinueve (19) de marzo de mil novecientos noventa y tres (1993), y de su complementaria que lleva fecha del dieciocho (18) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994) proferidas dentro del proceso ordinario entablado por el se\u00f1or CELESTINO NEIRA JIMENEZ en frente del recurrente y del se\u00f1or EFRAIN CIFUENTES GOMEZ. <\/p>\n
ANTECEDENTES. <\/p>\n
2.- Las anteriores pretensiones las sustent\u00f3 el demandante en los siguientes hechos: <\/p>\n
a) Los demandados Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez y Cifuentes G\u00f3mez pactaron con Neira Jim\u00e9nez un contrato de promesa de compraventa, \u201cque aparece en el interior de la escritura p\u00fablica N\u00ba 9007 del 30 de noviembre de 1987, otorgada en la Notar\u00eda 29 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1\u2026\u201d, lo que ocurri\u00f3 el 6 de junio de 1985. <\/p>\n
b) Por virtud de ese contrato, el demandante prometi\u00f3 vender a los demandados, previo el pago de la totalidad del precio fijado ($8.500.000.oo), por escritura p\u00fablica que se otorgar\u00eda en la Notar\u00eda 29 de Bogot\u00e1, a las tres de la tarde del d\u00eda 30 de noviembre de 1987, un inmueble urbano cuya identificaci\u00f3n se hace m\u00e1s adelante, \u201cel cual procedi\u00f3 a entregar materialmente, cumpliendo en forma oportuna con la obligaci\u00f3n que al respecto suscribi\u00f3 en el documento\u201d. Los demandados, por su parte, se comprometieron al pago del precio as\u00ed: \u201c$500.000.oo, a la firma del contrato (las arras penitenciales), $500.000.oo el 30 de agosto de 1985, $1.500.000.oo el 28 de febrero de 1986, $1.000.000.oo el 30 de julio de 1986, $1.000.000.oo el 30 de noviembre de 1986, $1.000.000.oo el 28 de febrero de 1987, $1.000.000.oo el 30 de julio de 1987 y $2.000.000.oo el 30 de noviembre de 1987, reconociendo intereses sobre saldos impagados, a partir del 28 de febrero de 1986, al 1% mensual, pagaderos por mensualidades anticipadas, dentro de los 5 primeros d\u00edas de cada per\u00edodo, en la casa de mi mandante\u201d. <\/p>\n
c) El actor se comprometi\u00f3 con los prometientes compradores, al pago del impuesto predial hasta el 31 de diciembre de 1985, correspondi\u00e9ndole a estos el pago de tal tributo por los a\u00f1os de 1986 y 1987. <\/p>\n
d) El demandante cumpli\u00f3 con todas las obligaciones a su cargo, lo que en cambio no hicieron los demandados, quienes se limitaron a entregar los dos primeros instalamentos del precio acordado, absteni\u00e9ndose de hacerlo respecto de los restantes, as\u00ed como con los intereses y con el impuesto predial por las anualidades ya mencionadas. <\/p>\n
e) No obstante el incumplimiento de los demandados, el demandante concurri\u00f3 a la Notar\u00eda en la fecha y hora acordadas, para dejar constancia de que estuvo presto a cumplir la \u00faltima de las obligaciones a su cargo, habi\u00e9ndose entonces otorgado \u201cla t\u00edpica escritura de presentaci\u00f3n que se utiliza para casos como el presente\u2026\u201d. All\u00ed, igualmente, se manifest\u00f3 expresamente \u201cque no obstante que correspond\u00eda a los prometientes compradores cancelar el impuesto predial del lote, por los a\u00f1os de 1986 y 1987, mi mandante lo hab\u00eda hecho voluntariamente, a efecto de conseguir el paz y salvo notarial que la ley exige para transferir el dominio de inmuebles, el cual tambi\u00e9n aparece protocolizado en la escritura de presentaci\u00f3n No. 9007, otorgada como se dijo el 30 de noviembre de 1987\u2026\u201d. <\/p>\n
f) En varias ocasiones el demandante ha tratado de convenir con los demandados la resoluci\u00f3n extrajudicial del convenio, lo que no se ha logrado por la renuencia de Hernando Rodr\u00edguez, quien ha mantenido el inmueble en su poder \u201calegando unas veces pretensiones econ\u00f3micas sin causa y exhorbitantes (sic) y en otras arguyendo que reunir\u00e1 el precio y los intereses\u2026\u201d. \u201cRecientemente, en agosto 24 del presente a\u00f1o, el demandado Hernando Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez, hizo llegar al suscrito apoderado del demandante, una nueva solicitud tendiente a \u2018revivir\u2019 el negocio, de las indicadas en el hecho anterior, en la que el demandado precisa las sumas que dej\u00f3 de pagar, al igual que los intereses sobre saldo\u2026\u201d. <\/p>\n
g) Los demandados, hasta el momento de la presentaci\u00f3n de la demanda, no han realizado ninguna mejora sobre el predio, en el cual funcionaba una productora de ladrillo que explotaba el demandado para el sustento suyo y el de su familia. <\/p>\n
3.- Debidamente notificado del auto admisorio del escrito incoativo acabado de mencionar, el demandado Hernando Rodr\u00edguez R. lo replic\u00f3 oponi\u00e9ndose a las pretensiones del demandante. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con los hechos, admiti\u00f3 los concernientes a la celebraci\u00f3n del contrato; neg\u00f3 que el prometiente vendedor hubiese entregado el predio; acept\u00f3 el pago de los dos primeros instalamentos, a\u00f1adiendo que \u201cel promitente vendedor retuvo el cumplimiento de sus obligaciones de entregar el predio y por esta causa los prometientes compradores retuvieron el pago de sus prestaciones, pues estas eran consecuencia de la primera obligaci\u00f3n -incumplida- a cargo del promitente vendedor\u201d. <\/p>\n
De los restantes hechos, dijo que eran falsos. Replic\u00f3 que en la actualidad \u201cel celador del se\u00f1or Celestino Neira y quien responde al nombre de Excehomo Ram\u00edrez explota familiarmente un peque\u00f1o chircal y con eso se cancela sus labores de vigilancia que son en s\u00edntesis actos de posesi\u00f3n de Celestino Neira, que no hizo entrega real y material del inmueble a sus promitentes compradores\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s, propuso la excepci\u00f3n de m\u00e9rito de \u201ccontrato no cumplido\u201d apoyado en que \u201cel promitente vendedor tiene un posesionario (sic) dentro del predio, de nombre Excehomo Ram\u00edrez, por su cuenta y riesgo, quien adem\u00e1s ejerce funciones de celadur\u00eda, y se paga con extracci\u00f3n de materiales, y a nombre de su mentor Celestino Neira ha obstaculizado en todo momento la entrada al predio no s\u00f3lo de los promitentes compradores sino de todos los asesores t\u00e9cnicos, como top\u00f3grafos, ingenieros, arquitectos, etc. que acuden a adelantar trabajos que permitan a estos desarrollar el terreno como una peque\u00f1a urbanizaci\u00f3n\u2026\u201d <\/p>\n
Interpuso tambi\u00e9n las excepciones que denomin\u00f3 \u201cnovaci\u00f3n\u201d, \u201cimposibilidad de cobrar intereses en el demandante y p\u00e9rdida de dichos intereses\u201d, e \u201cinexistencia de pagar \u2018arras penitenciales\u2019\u201d (sic). <\/p>\n
Complementariamente pidi\u00f3 que, \u201cpara el caso improbable\u201d de que la demanda prospere, \u201cse condene (sic) a los promitentes compradores el derecho a retener la cosa prometida en venta hasta tanto se le reconozca, liquide y pague el valor de las mejoras plantadas en el predio que fue prometido en venta por el se\u00f1or Celestino Neira a trav\u00e9s del posesionario celador que dej\u00f3 en el predio\u2026 Estas mejoras consisten en cercados, siembras, adecuaci\u00f3n de terrenos, adecuaci\u00f3n de vertederos y desag\u00fces, elaboraci\u00f3n de estudios urban\u00edsticos, de estudio de suelos, de plano topogr\u00e1fico y de estudio b\u00e1sico y esquema, etc. Estas mejoras tienen un costo aproximado de $600.000.oo mcte.\u2026\u201d. <\/p>\n
4.- Previas las ritualidades de rigor, al demandado Efra\u00edn Cifuentes G. se le design\u00f3 curador ad-litem, quien al responder la demanda se opuso a las pretensiones del actor, y dijo no constarle los hechos concernientes al incumplimiento de los demandados. <\/p>\n
5.- Impulsado el tr\u00e1mite pertinente, el a-quo le puso fin a la primera instancia con sentencia en la que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de contrato no cumplido, por lo cual deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Al proveer sobre el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el demandante, el Tribunal revoc\u00f3 la decisi\u00f3n anterior, accediendo en su lugar a lo solicitado por la parte accionante. Orden\u00f3, pues, a los demandados que entregaran el inmueble al actor. Declar\u00f3 que los demandados perd\u00edan las arras penitenciales por valor de $500.000.oo, como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Le impuso al demandante devolver a los demandados la suma de $500.000.oo, valor de la cuota de amortizaci\u00f3n \u201cque debi\u00f3 pagarse el 30 de agosto de 1985, al valor adquisitivo actual teniendo en cuenta la correcci\u00f3n monetaria\u201d. Dijo, finalmente, que no hab\u00eda lugar al pago de perjuicios ni mejoras. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL. <\/p>\n
1.- Estudiando lo que es propiamente la materia del litigio, el ad-quem expres\u00f3 que no comparte la apreciaci\u00f3n del a-quo en relaci\u00f3n con la excepci\u00f3n de contrato no cumplido por las siguientes razones: <\/p>\n
<\/p>\n
a) Cuando se analiz\u00f3 el interrogatorio de parte de Celestino Neira no se tuvo en cuenta que seg\u00fan el art\u00edculo 200 del C. de p. c., la confesi\u00f3n debe aceptarse con las modificaciones, aclaraciones y explicaciones concernientes al hecho confesado, a menos que exista prueba que la desvirt\u00fae. Sobre tal base, recuerda lo manifestado por el interrogado, para se\u00f1alar que \u201clo que se deduce de lo expuesto por el absolvente, es que s\u00ed entreg\u00f3; que fue el contratante Rodr\u00edguez quien incumpli\u00f3 al no acudir a la cita que hab\u00edan convenido para la entrega, y que el comprador que recibi\u00f3 acept\u00f3 que all\u00ed permaneciera Excehomo Ram\u00edrez\u201d. <\/p>\n
b) Las dem\u00e1s pruebas reafirman y hacen m\u00e1s clara la \u201cconfesi\u00f3n\u201d. As\u00ed, destaca c\u00f3mo \u201cel absolvente present\u00f3 el acta de entrega del bien en manuscrito (folio 76 c. 1), firmada por Celestino Neira Jim\u00e9nez como vendedor, que entrega, y Efra\u00edn Cifuentes G\u00f3mez como el comprador que recibe\u201d, documento que no fue tachado de falso ni por el otro comprador ni por el curador ad-litem. En \u00e9l hay una constancia que menciona el absolvente, de acuerdo con la cual, \u00e9ste aclara que el inquilino que se encuentra en el predio queda, a partir de la fecha, a voluntad de los compradores, \u201c\u2018\u2026si le arriendan o prescinden de sus servicios\u2019\u201d. La susodicha constancia est\u00e1 fechada el 10 de junio de 1985, o sea cuatro d\u00edas despu\u00e9s de la suscripci\u00f3n de la promesa, lo que, dice el Tribunal, acept\u00f3 sin reparo el comprador que recibi\u00f3. <\/p>\n
c) Hernando Rodr\u00edguez se conform\u00f3 con la entrega efectuada al otro comprador pasando a ocupar el bien, lo que se halla establecido con las siguientes pruebas: \u201ccomunicaci\u00f3n dirigida a Celestino Neira Jim\u00e9nez por los dos promitentes compradores el d\u00eda 28 de octubre de 1985 (folio 46, c. 1), que tampoco fue tachada de falsa,\u2026 la cual en uno de sus apartes dice: \u2018se\u00f1or Neira, hacemos esta \u00faltima solicitud, teniendo en cuenta que nosotros hemos agotado toda clase de esfuerzos en relaci\u00f3n con su deuda y con el terreno y a pesar de ello no hemos enajenado ni un palmo de terreno y si llegado este plazo no damos cumplimiento, le entregaremos su terreno real y material como usted lo hizo con nosotros, estando dispuestos a perder todo el dinero que ha recibido y quedando de amigos como siempre\u2019. Esto, concluye el Ad-quem, es una expresa confesi\u00f3n del demandado Hernando Rodr\u00edguez de recibo material del inmueble\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
d) El testigo Miguel Angel Jaramillo C., tra\u00eddo por la parte demandada, \u201cdice que vive, con su familia en el predio objeto del litigio porque los llev\u00f3 Hernando Rodr\u00edguez como celador y que a\u00fan vive all\u00ed, porque aqu\u00e9l le ha dicho que no se vaya todav\u00eda, que all\u00ed cumple las funciones de celador de Hernando Rodr\u00edguez\u201d. <\/p>\n
e) Por \u00faltimo, milita la manifestaci\u00f3n que Rodr\u00edguez hizo por medio de su apoderado, sobre su posesi\u00f3n material \u201cal alegar la existencia de mejoras plantadas por \u00e9l\u201d porque \u201csi no hubiera recibido no cabr\u00eda la posibilidad de reclamar mejoras\u201d. <\/p>\n
De todo lo anterior colige el Ad-quem que \u201c\u2026el hecho material de la entrega es un hecho indivisible\u201d, por lo que \u201c\u2026si est\u00e1 comprobado\u2026 que el bien le fue entregado a uno de los promitentes compradores, la obligaci\u00f3n de entrega qued\u00f3 cumplida a cabalidad\u201d. <\/p>\n
2.- Afirma, enseguida, que el prometiente vendedor \u201ccumpli\u00f3 con sus obligaciones contractuales\u201d, con tantas mayores veras cuanto que concurri\u00f3 a la Notar\u00eda 29 de Bogot\u00e1 el 30 de noviembre de 1987, d\u00eda se\u00f1alado para el otorgamiento de la escritura, como consta en la escritura No. 9.007. Por consiguiente, los demandados estaban obligados a cumplir por su parte y no lo hicieron, con lo que el actor qued\u00f3 legitimado para promover la demanda. \u201c\u2026S\u00f3lo cancelaron dos cuotas de amortizaci\u00f3n del precio del bien\u2026, absteni\u00e9ndose de cancelar las restantes, a lo cual estaban obligados pues recibieron el predio de manos del vendedor, y no comparecieron a la notar\u00eda el d\u00eda se\u00f1alado para perfeccionar el contrato\u201d. <\/p>\n
3.- Ocup\u00e1ndose de las excepciones, dice que no prospera la de contrato no cumplido, por haber sido los demandados quienes incumplieron. <\/p>\n
Tampoco la relacionada con el derecho de retenci\u00f3n porque seg\u00fan el dictamen pericial, \u201clas mejoras enunciadas en la contestaci\u00f3n de la demanda no existen\u201d. <\/p>\n
Igual suerte debe correr la de novaci\u00f3n, \u201cporque no hubo intenci\u00f3n de novar el contrato; lo que hizo el actor en la carta de septiembre 24 de 1986 (fl.8), fue se\u00f1alar los casos de incumplimiento de los demandados, para concluir que tomaba la determinaci\u00f3n de no efectuar la negociaci\u00f3n, actitud que ha concretado mediante la instauraci\u00f3n del proceso que aqu\u00ed se decide\u201d. <\/p>\n
A\u00f1ade que no hay lugar a tomar ninguna determinaci\u00f3n en cuanto a la excepci\u00f3n de p\u00e9rdida de intereses o imposibilidad de cobrarlos, \u201cporque al resolver el contrato las cosas vuelven al estado anterior como si \u00e9ste no se hubiera celebrado\u201d. <\/p>\n
Finalmente, deniega la condena al pago de perjuicios que hab\u00eda sido pedida en la demanda, porque fueron fijados anticipadamente al pactar arras penitenciales, a cuya p\u00e9rdida condena a los demandados como consecuencia del incumplimiento. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Dos cargos, ambos con fundamento en la causal primera del art\u00edculo 368 del C. de P.C. se proponen en ella en contra de la sentencia anterior. La Sala los despachar\u00e1 conjuntamente. <\/p>\n
Cargo primero <\/p>\n
D\u00edcese en \u00e9l que la sentencia incurri\u00f3 en la violaci\u00f3n del art\u00edculo 200 del C. de P.C. \u201cpor haberlo interpretado err\u00f3neamente\u201d, lo que lo llev\u00f3 a violar los art\u00edculos 1602, 1603, 1605, 1608, 1609, 762 y 1546 del C. C. <\/p>\n
<\/p>\n
1.- Al referirse al que llama \u201cconcepto de la violaci\u00f3n\u201d, expone el recurrente que el art\u00edculo 200 del C. de P.C., mencionado en la sentencia, se interpret\u00f3 err\u00f3neamente y que por ello se acude a la causal primera del art\u00edculo 368 del C. de P.C.. Agrega que atacar\u00e1 la sentencia por la v\u00eda directa porque el fallador \u201csin considerar las pruebas que formaron su juicio, deja de aplicar al caso controvertido el precepto que lo disciplina, o le aplica disposiciones no pertinentes o aplica la que s\u00ed lo es, pero d\u00e1ndole alcances que no tiene\u201d. <\/p>\n
2.- Emprendiendo su demostraci\u00f3n, sostiene el impugnante que si el art\u00edculo 200 del C. de P.C. se toma como lo hizo el Tribunal, con cercenamiento de su texto, cobra el sentido que le dio la Corporaci\u00f3n, pero que si se mira que este dice \u201cexcepto cuando exista prueba que las desvirt\u00fae\u201d, la conclusi\u00f3n hubiera sido otra. Que, entonces, el Ad quem incurri\u00f3 en \u201cun grande error de derecho\u201d y, en consecuencia, en un sinn\u00famero de errores de hecho: Por lo primero, tom\u00f3 su dicho como plena prueba del cumplimiento, y por lo segundo \u201cno analiz\u00f3 las pruebas que desvirtuaban las acomodadas declaraciones, modificaciones y explicaciones dadas por el demandante al confesar su incumplimiento\u201d. <\/p>\n
3.- Tras anunciar que se ocupar\u00e1 de los errores de hecho, arguye que, de acuerdo con las cl\u00e1usulas del contrato, se trataba de una entrega real y material equivalente a la transmisi\u00f3n a los adquirentes de la posesi\u00f3n del predio, o sea, coloc\u00e1ndolos \u201cen tal situaci\u00f3n que no estuvieran ni por asomo obligados a reconocer dominio ajeno\u201d. Que era una entrega \u201cque no estaba condicionada a pagos ulteriores de cuotas o instalamentos del precio, pues el contrato es claro en se\u00f1alar que primero es la entrega del predio en posesi\u00f3n y despu\u00e9s el recaudo de las cuotas en el tiempo, cantidad y forma convenidos\u201d. El Tribunal, afirma la censura, confundi\u00f3 err\u00f3neamente lo determinado en el contrato con la ejecuci\u00f3n posterior del mismo \u201cpues de lo que se trataba era de fijar qu\u00e9 pactaron las partes inicialmente, a qu\u00e9 se obligaban rec\u00edprocamente, qu\u00e9 deberes o cargas se asumen primero y por qui\u00e9n y cu\u00e1les son las obligaciones consecuenciales y no como lo hizo el Tribunal, tener por cumplida la exigencia sin detenerse a examinar qu\u00e9 hab\u00eda realmente en ella como intenci\u00f3n de los contratantes\u201d. <\/p>\n
4.- Afirma que el Tribunal, por causa de la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 200 del C. de P.C., aplic\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 1546 del C. C. \u201cotorgando al promitente comprador (sic) -real contratante incumplido- derecho a ejecutar la acci\u00f3n alternativa de resoluci\u00f3n del contrato\u2026\u201d. <\/p>\n
Y que, del mismo modo, dej\u00f3 de aplicar los siguientes preceptos del C\u00f3digo Civil: art\u00edculo 1602, porque siendo el contrato una ley para las partes, en este caso \u201cla forma escalonada como se pactaron las obligaciones de las partes no puede variarlas a voluntad del juzgador ni modificar sus modalidades, de manera arbitraria\u201d. Art\u00edculo 1603, porque el Tribunal mal pod\u00eda \u201c\u2026tener por cumplida la obligaci\u00f3n de entrega, si como aparece consignada en la promesa, lo que las partes concibieron fue traditar la posesi\u00f3n y el vendedor demandante mantuvo un vigilante sobre el predio con la precisa orden de perturbar a sus compradores y oblig\u00e1ndoles en consecuencia a reconocer su dominio, resignando el car\u00e1cter de se\u00f1ores y due\u00f1os que por el contrato les correspond\u00eda asumir frente al vendedor y frente a todos\u201d. Art\u00edculos 1605 y 1608, porque el prometiente vendedor est\u00e1 en mora pues dej\u00f3 pasar el t\u00e9rmino estipulado sin cumplir con la obligaci\u00f3n de entregar la posesi\u00f3n real y material. Art\u00edculo 1609, porque estando en mora Celestino Neira, no naci\u00f3 para \u00e9l la posibilidad jur\u00eddica de poner en movimiento el aparato jurisdiccional del estado. Art\u00edculo 762, porque los prometientes compradores jam\u00e1s detentaron la verdadera posesi\u00f3n por la mala fe del prometiente vendedor, \u201cal reservarse el \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o sobre el predio y perturbando los planes de urbanizaci\u00f3n que sobre el mismo ten\u00edan los promitentes compradores\u201d. Art\u00edculo 1618, toda vez que la intenci\u00f3n de los contratantes fue, para los compradores, comprar un predio y urbanizarlo, y el vendedor, entreg\u00e1rselos en posesi\u00f3n para que pudieran cumplir con ese prop\u00f3sito. <\/p>\n
Cargo segundo <\/p>\n
Ac\u00e1 se le imputa a la sentencia la violaci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1546, 1614, 1615, 1625, 1932, 674, 675, 768, 961, 962, 964, 965, 966, 969, 1524, 1602, 1603, 1605, 1609, 1880, 1882, 1884, 1893, 1914, 1915 y 752 del C. C., a causa de manifiestos errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
1.- Despu\u00e9s de aludir a lo que denomina el \u201cconcepto de la violaci\u00f3n\u201d, dentro del cual destaca que para \u201cel ejercicio v\u00e1lido de la acci\u00f3n resolutoria se requiere que el demandante haya satisfecho a cabalidad las (obligaciones) que le incumben anteriores o simult\u00e1neas de las que deb\u00eda cumplir el demandado\u2026\u201d, emprende el censor la que llama \u201cdemostraci\u00f3n del cargo\u201d, a cuyo prop\u00f3sito empieza por transcribir la estipulaci\u00f3n contractual de acuerdo con la cual \u201cla entrega real y material del terreno se har\u00e1 hoy mismo por parte del promitente vendedor junto con sus anexidades y dependencias\u2019 \u201d. <\/p>\n
Afirma, entonces, que Celestino Neira no cumpli\u00f3 con la obligaci\u00f3n de entregar la posesi\u00f3n real y material del predio el d\u00eda de la firma del documento. Que mantuvo en la finca un celador de nombre Excehomo Ram\u00edrez con el encargo espec\u00edfico de que \u201c \u2018quede como recomendado \u00fanica y exclusivamente para que estorbe, para que no entre personal distinto\u2019 \u201d, seg\u00fan se lee en el interrogatorio de parte. Expresa que \u201cTodos los testigos son responsivos, concordantes, exactos en afirmar que Celestino Neira no hizo entrega del predio en las condiciones pactadas\u201d, no obstante lo cual el Tribunal \u201cdio car\u00e1cter de plena prueba infirmatoria de todas las otras con aptitud para destru\u00edrlas, a la desvergonzada declaraci\u00f3n del demandante de que en definitiva s\u00ed entreg\u00f3 el predio y a un documento entregado sorprevisamente al final del interrogatorio de parte, visto a folio 75 del primer cuaderno, donde en fecha distinta a la pactada y con la sola firma presunta del comprador Efra\u00edn Cifuentes, pues este no compareci\u00f3 al proceso a reconocer ese documento, se trat\u00f3 de probar por fuera de t\u00e9rmino que esa obligaci\u00f3n s\u00ed fue cumplida. No quiso ver, no vio el Tribunal las reservas que al d\u00eda siguiente hizo a tal documento y los reparos que le formul\u00f3 en memorial visible folio 77, suficientes para enervar esa prueba sorpresiva y guardada como los tah\u00fares, en la manga, el antiguo apoderado de Rodr\u00edguez Rodr\u00edguez\u201d. <\/p>\n
2.- De all\u00ed infiere que al demandante debe ten\u00e9rsele como incumplido, en refuerzo de lo cual invoca los art\u00edculos 1882 y 1884 del C. C., lo mismo que algunos conceptos de la doctrina. <\/p>\n
3.- Insiste, m\u00e1s adelante, en que \u201cla entrega del inmueble no se hizo en la forma convenida, pero el sentenciador pas\u00f3 por alto las pruebas respectivas\u201d: <\/p>\n
a) No vio que la obligaci\u00f3n de entrega del inmueble \u201clo era en t\u00e9rminos de posesi\u00f3n\u2026\u201d, como tampoco que tal entrega deb\u00eda efectuarse el 6 de junio de 1985. <\/p>\n
b) No tuvo en cuenta \u201cen toda su trascendencia la confesi\u00f3n del demandante cuando absolvi\u00f3 el interrogatorio de parte, la cual conjuga con lo que prueba el documento que recoge el pacto, y con el dicho de los testigos\u201d. <\/p>\n
c) No se percat\u00f3 del dicho de los testigos, \u201clos cuales son uniformes y responsivos al afirmar que en la heredad se encuentra a \u00f3rdenes de Celestino Neira, el celador Excehomo Ram\u00edrez\u201d. <\/p>\n
d) No se fij\u00f3 en que el documento presentado sorpresivamente al final del interrogatorio de Celestino Neira, \u201ccarece de validez probatoria porque se present\u00f3 extempor\u00e1neamente y fue objetado por el antiguo apoderado del demandado Rodr\u00edguez, sin que se pidiera su reconocimiento por la persona que aparece suscribi\u00e9ndolo\u201d. <\/p>\n
e) No atendi\u00f3 que el testigo Miguel Angel Jaramillo Cardona, fallido celador del predio por cuenta de los demandados, \u201ccon plena claridad y firmeza respondi\u00f3 que en el predio vive Excehomo Ram\u00edrez y que \u00e9l es quien manda all\u00ed\u201d. Tampoco vio que el declarante Abraham Umbarila afirma que con el doctor Rodr\u00edguez no se llev\u00f3 a cabo nada, porque no le entregaron nada. <\/p>\n
SE CONSIDERA. <\/p>\n
1.- Se ha dicho, reiterada y enf\u00e1ticamente por dem\u00e1s, que la interposici\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n no da lugar a una tercera instancia en el proceso, dentro de la cual pueda el recurrente formular antojadizamente sus reparos a la sentencia cuestionada, pues, dada la particular naturaleza de ese medio impugnativo, la empresa que debe acometer el censor no es otra que la de demostrar los errores de juicio o de actividad constitutivos de las causales espec\u00edficamente se\u00f1aladas en la ley, en los que hubiese incurrido el sentenciador, labor que, por supuesto, debe abordar con meticuloso apego a las exigencias formales o de t\u00e9cnica consustanciales al recurso. En consecuencia, si de la causal primera se trata, le incumbe comprobar que la sentencia infringe las normas sustanciales por cuyo quebranto se duele, efecto para el cual debe tener presente que las determinaciones del juzgador estuvieron precedidas de un examen del material probatorio a partir del cual reconstruy\u00f3 hist\u00f3ricamente, acertadamente o no, los hechos del litigio, reconstrucci\u00f3n sobre la cual hizo actuar o dej\u00f3 de hacerlo, aquellos preceptos sustanciales cuya violaci\u00f3n se denuncia. <\/p>\n
Col\u00edgese, entonces, que el impugnante puede compartir la visi\u00f3n que de los hechos se hubiese formado el Tribunal o puede discrepar de \u00e9l. De ser lo primero, deber\u00e1 enderezar su acusaci\u00f3n por la v\u00eda directa, lo que lo apremia a desenvolver la acusaci\u00f3n sin abandonar el \u00e1mbito estricto de la norma legal, con miras a poner de presente que el juzgador se equivoc\u00f3 en la soluci\u00f3n jur\u00eddica dada a esos hechos. Y si lo segundo, le incumbe demostrar los errores de apreciaci\u00f3n probatoria, ya sea de hecho o de derecho, que aqu\u00e9l hubiere cometido en la estimaci\u00f3n de las pruebas o de la demanda, cuando fuere del caso, y que lo habr\u00edan conducido a quebrantar los preceptos sustanciales. Sin embargo, la escogencia de una u otra opci\u00f3n no es cuesti\u00f3n referida a su simple parecer, como que todo depender\u00e1 de la forma como supuestamente se hubiere presentado la violaci\u00f3n de la ley en la sentencia. En todo caso, si opta por la v\u00eda directa, no le ser\u00e1 dable proponer su propia versi\u00f3n de los hechos, pues con tan peculiar manera de configurar el cargo no har\u00e1 otra cosa que exhibir su discrepancia con la fundamentaci\u00f3n f\u00e1ctica de la misma. <\/p>\n
D\u00e9bese destacar, entonces, que adem\u00e1s de estarle vedado al impugnante mixturar las dos formas de ataque en un mismo cargo, tampoco le es permitido acudir arbitrariamente a cualquiera de ellas, pues le ser\u00e1 imperioso trazar la acusaci\u00f3n por la v\u00eda directa cuando no existan errores de hecho o de derecho en la apreciaci\u00f3n probatoria imputables al juzgador, de modo que la disconformidad con la sentencia cuestionada deber\u00e1 ubicarse, por fuerza, en el \u00e1mbito estrictamente jur\u00eddico. Por el contrario, cuando la discrepancia con la decisi\u00f3n recurrida se anide en sus fundamentos f\u00e1cticos, deber\u00e1 perfilar la censura por la v\u00eda indirecta, encontr\u00e1ndose impelido, en tal supuesto, a definir clara y puntualmente la especie de error que le endilga al fallador, es decir, si es de hecho o de derecho. <\/p>\n
2.- Pues bien, lo anteriormente expuesto viene al caso para poner de presente c\u00f3mo el aqu\u00ed recurrente, en un franco desd\u00e9n por las se\u00f1aladas exigencias t\u00e9cnicas del recurso, lo plante\u00f3 de manera tan desinhibida y caprichosa que, inclusive, sin dificultad puede decirse que se asimila a un alegato de instancia. En efecto, de un lado, a pesar de haber reiterado en el cargo primero que rebatir\u00eda la sentencia por la v\u00eda directa, lo encauz\u00f3 por la indirecta, como que le atribuye al Tribunal la comisi\u00f3n de errores de apreciaci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
3.- En el cargo segundo, el cual viene propuesto por la v\u00eda indirecta, son, a su vez, no menos protuberantes las fallas t\u00e9cnicas de la demanda. En efecto, el censor critica al sentenciador no haber tenido en cuenta \u201cel dicho de los testigos\u201d, quienes -agrega- afirman uniforme y responsivamente que Excehomo Ram\u00edrez se encuentra en la heredad por cuenta de Celestino Neira. Sin embargo, se abstiene de individualizar los testimonios supuestamente preteridos, lo que deja sin piso este paso de la impugnaci\u00f3n; por supuesto que la necesidad de especificar la prueba por cuya indebida apreciaci\u00f3n se duele el impugnante, es una de las exigencias t\u00e9cnicas de la v\u00eda indirecta de la causal primera. <\/p>\n
Dice, igualmente, que el fallador no tuvo en cuenta que el documento de la supuesta tradici\u00f3n entregado sorpresivamente al final del interrogatorio por Celestino Neira, \u201ccarece de validez probatoria\u201d por haber sido presentado con extemporaneidad, y que fue objetado por el apoderado del demandado Rodr\u00edguez, sin que se hubiera pedido su reconocimiento por la persona que aparece suscribi\u00e9ndolo. Empero, estos aspectos tocan, como es palmar, con las ritualidades propias del decreto y apreciaci\u00f3n de las pruebas, por lo que el error en el punto no pod\u00eda ser de hecho, como la denuncia lo plante\u00f3, sino de derecho, lo que complementariamente le exig\u00eda al recurrente citar los preceptos de disciplina probatoria que habr\u00edan sido violados por el Tribunal. <\/p>\n
De otro lado, se queja el impugnante de que el ad-quem no tuvo en cuenta \u201cen toda su trascendencia\u201d \u201cla confesi\u00f3n\u201d del prometiente vendedor; pero se abstuvo de puntualizar los aspectos de esa declaraci\u00f3n que aquel habr\u00eda pasado por alto, omisi\u00f3n que hace inane el reproche. Y si bien es necesario admitir en el punto, que el Tribunal incurri\u00f3 en el contrasentido de afirmar que se encontraba acreditada la entrega del lote con la llamada \u201cconfesi\u00f3n\u201d del prometiente vendedor, pues tal aseveraci\u00f3n por ser favorable a la parte que la hace, carece por s\u00ed misma de relevancia probatoria, no es menos cierto que en la sentencia se destac\u00f3, as\u00ed mismo, que lo manifestado por el absolvente se encontraba reafirmado por otras pruebas como eran el manuscrito contentivo del acta de entrega verificada entre Celestino Neira y Efra\u00edn Cifuentes; la comunicaci\u00f3n dirigida por este \u00faltimo y por Hernando Rodr\u00edguez al primero, el 28 de octubre de 1985; el testimonio de Miguel Angel Jaramillo C. y con la alegaci\u00f3n de mejoras por parte de Rodr\u00edguez, pruebas todas estas que no fueron debidamente controvertidas por el recurrente. <\/p>\n
En fin, el impugnante le enrostra al Tribunal no haber visto las manifestaciones del testigo Miguel Angel Jaramillo Cardona, concernientes a que en el predio \u201cvive Excehomo Ram\u00edrez y que \u00e9l es quien manda all\u00ed\u201d, ni las de Abraham Umbarila, cuando afirma que con el Dr. Rodr\u00edguez \u201c \u2018 no se llev\u00f3 a cabo nada, porque no le entregaron nada\u2019 \u201d. Ciertamente, la sentencia calla respecto de este \u00faltimo testigo, mas tal error es intrascendente puesto que pruebas distintas -unas combatidas sin \u00e9xito, y otras dejadas completamente al margen-, le siguen sirviendo de fundamento al hecho de haberse efectuado la entrega. En lo referente a la declaraci\u00f3n de Jaramillo Cardona, el ataque es incompleto porque lo evidente es que el juzgador encontr\u00f3 que este testigo tambi\u00e9n dec\u00eda que viv\u00eda en el predio por cuenta de Hernando Rodr\u00edguez, por lo que la demostraci\u00f3n del error comportaba, para que fuera redondo, establecer que aquel se equivoc\u00f3 cuando le dio cr\u00e9dito a esta otra parte de la declaraci\u00f3n en lugar de aquella sobre la cual se llama ahora la atenci\u00f3n. <\/p>\n
4.- En conclusi\u00f3n, la denuncia de tales errores pone de presente c\u00f3mo el recurrente no da con la censura en lo que fueron las reales bases f\u00e1cticas de la sentencia, lo cual representa un motivo suficiente para desestimarla, con tanta mayor raz\u00f3n cuanto que en varios apartes de la misma se dedic\u00f3, simplemente, a contraponer a los argumentos probatorios del Tribunal su propia interpretaci\u00f3n de los hechos, en una serie de consideraciones propias de un alegato de instancia que de un cargo en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Los cargos, en consecuencia, no se abren paso. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida el 19 de marzo de 1993 y su complementaria de fecha 18 de febrero de 1994, dentro del proceso ordinario promovido por CELESTINO NEIRA JIMENEZ contra el recurrente y EFRAIN CIFUENTES GOMEZ. <\/p>\n
Costas en el recurso a cargo del recurrente. T\u00e1sense en su oportunidad. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
Referencia: Expediente No.5170 <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
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S-035-99 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente DR. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., diecisiete (17) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999). Rad.- Expediente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81640","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81640","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81640"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81640\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81640"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81640"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81640"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}