S-036-99<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
DR. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., dieciocho (18) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
Ref: Expediente No. 5180 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de once (11) de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994), dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro del proceso ordinario seguido por MIGUEL ANTONIO SUAREZ frente a la COOPERATIVA DE TRANSPORTES VELOTAX LTDA. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES. <\/p>\n
1. Mediante demanda que le correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9, Miguel Antonio Su\u00e1rez demand\u00f3 a la Cooperativa de Transportadores Velotax Ltda., en procura de que, por la v\u00eda del proceso ordinario de mayor cuant\u00eda, se declare a la demandada responsable por los da\u00f1os y perjuicios ocasionados a un veh\u00edculo automotor de propiedad del demandante, a ra\u00edz del accidente de tr\u00e1nsito ocurrido el 29 de junio de 1992 en la v\u00eda de Ibagu\u00e9 a Alvarado, y, consecuentemente, se le condene a la misma demandada a pagar las indemnizaciones de perjuicios – da\u00f1o emergente y lucro cesante -descritas y cuantificadas en el petitum. <\/p>\n
La demanda se funda sustancialmente en los siguientes hechos: la ocurrencia del accidente de tr\u00e1nsito, la culpa imputable a la demandada y los da\u00f1os y perjuicios ocasionados al demandante por causa de dicho suceso, los que, como se dijo, se describen y cuantifican detalladamente en el escrito introductorio del proceso. <\/p>\n
2. El 3 de marzo de 1993 se admiti\u00f3 la demanda, por medio de auto que le fue notificado a la demandada el siguiente 2 de abril. En su oportuna contestaci\u00f3n, \u00e9sta manifest\u00f3 su expresa oposici\u00f3n a todas las pretensiones formuladas por el demandante. <\/p>\n
3. En providencia dictada el 11 de mayo de 1993, notificada por estado a las partes, el Juzgado se\u00f1al\u00f3 la fecha del 16 del mismo a\u00f1o \u00abpara llevar a cabo la audiencia de conciliaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 101 del C. de P.C.\u00bb advirti\u00e9ndoles sobre las consecuencias de su inasistencia a la misma (C. 1., FL. 86); diligenciamiento que fracas\u00f3, por cuanto a ella no compareci\u00f3 la parte demandada como tampoco su apoderado judicial. <\/p>\n
Seg\u00fan obra en acta, el Juez concedi\u00f3 a las partes el t\u00e9rmino de 3 d\u00edas de que trata el art\u00edculo 9o. del decreto 2651 de 1991, dentro del cual pod\u00edan solicitar la modificaci\u00f3n de las pruebas pedidas inicialmente por ellas; de esa posibilidad hizo uso \u00fanicamente el demandante; adem\u00e1s, la demandada no justific\u00f3 su inasistencia a la audiencia de conciliaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Rituada la primera instancia el juez a quo dict\u00f3 la sentencia de fecha 15 de diciembre de 1993, por medio de la cual se declar\u00f3 la responsabilidad civil de la demandada, conden\u00e1ndola a pagar por concepto de perjuicios, la suma de $36.252.077.88, \u00abm\u00e1s intereses a la tasa del 3% mensual a partir del 02-IV-93..\u00bb. <\/p>\n
La mencionada sentencia fue apelada por ambas partes y confirmada \u00edntegramente por el Tribunal, precisamente por medio del fallo que es objeto del presente recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
En la parte considerativa, el Tribunal comienza por analizar los elementos que configuran la responsabilidad civil extracontractual y, espec\u00edficamente, la que se deriva del ejercicio de las actividades peligrosas, de conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 2341 y 2356 del C.C. <\/p>\n
Posteriormente, el sentenciador, situado en el campo probatorio, dice que la parte demandada no desvirtu\u00f3 las imputaciones que le fueron hechas en la demanda; tampoco present\u00f3 ninguna prueba tendiente a establecer su alegaci\u00f3n sobre que el accidente de tr\u00e1nsito ocurri\u00f3 por caso fortuito; y ni los testimonios que solicit\u00f3 fueron recibidos, debido a su propia negligencia; en resumen, afirma el Tribunal que la demandada mostr\u00f3 absoluto desinter\u00e9s por la causa, toda vez que no present\u00f3 ninguna defensa atendible. <\/p>\n
Se\u00f1ala el fallo impugnado que a lo anterior se suma el hecho de haberse citado a las partes para la audiencia de conciliaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 101 del C. de P.C. y ni la parte demandada ni su apoderado se hicieron presentes a tal acto, sin que mediara justificaci\u00f3n alguna para ello. <\/p>\n
Expresa la sentencia que en esas circunstancias, dicha parte se hizo acreedora a la sanci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 10, No. 4, del Decreto 2651 de 1991, seg\u00fan la cual \u00abse tendr\u00e1n por ciertos los hechos susceptibles de confesi\u00f3n contenidos en la demanda\u00bb, por lo que obr\u00f3 bien el a quo al aplicarla en el presente caso y al deducir la responsabilidad civil que se le imputa a la parte demandada, m\u00e1xime cuando aparecen acreditados en el proceso los hechos que la configuran. <\/p>\n
III. EL RECURSO DE CASACION <\/p>\n
La demanda de casaci\u00f3n s\u00f3lo fue admitida en relaci\u00f3n con los dos primeros de los tres cargos formulados en ella; ambos se apoyan en la causal quinta (5a.) de casaci\u00f3n y se despachar\u00e1n conjuntamente, dado que se originan en un hecho com\u00fan. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Al amparo del art\u00edculo 140-8 del C. de P.C., recl\u00e1mase la nulidad del proceso porque no se cit\u00f3 a la parte demandada a la audiencia de conciliaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 101 del C. de P.C., modificado por los art\u00edculos 9 y 10 del Decreto 2651 de 1991, a pesar de que en la primera de estas normas se establece que el juez debe citar a demandantes y demandados con esa finalidad. <\/p>\n
Dice el impugnante que si la ley ordena citarlas, esa orden es de obligatorio cumplimiento, pero que en este caso el juez se\u00f1al\u00f3 fecha y hora para la diligencia respectiva con las prevenciones de ley, por auto que fue notificado por estado, pero sin convocar a las partes para que concurrieran personalmente a la misma. <\/p>\n
A rengl\u00f3n seguido, se refiere a los art\u00edculos 133, 169 y 224 del C. de P.C. como ejemplos de citaci\u00f3n legal, para concluir que \u00ab…cuando la ley ordena citar al demandado…hay que realizar no solamente la notificaci\u00f3n por estado, o personal, sino citar realmente a las partes…\u00bb. Sostiene, entonces, que existe un vac\u00edo en el art\u00edculo 101 del C. de P.C., toda vez que no dice en qu\u00e9 forma se debe hacer la citaci\u00f3n para la audiencia de conciliaci\u00f3n, pero que debe efectuarse en forma personal o telegr\u00e1fica o por boleta de citaci\u00f3n, en aplicaci\u00f3n de los principios consagrados en los art\u00edculos 4o. 5o. y 6o. del C. de P.C. <\/p>\n
Argumenta que por la falta de citaci\u00f3n de la parte demandada a dicha audiencia, se gener\u00f3 desigualdad entre las partes, puesto que la demandada qued\u00f3 condenada en virtud de que el art\u00edculo 10o. del Decreto 2651, numeral 4o, seg\u00fan el cual, por motivo de la inasistencia a tal acto procesal, se deben dar por ciertos los hechos susceptibles de confesi\u00f3n contenidos en la demanda; efecto que en este caso conculca el derecho de defensa y el debido proceso de dicha parte. <\/p>\n
Por \u00faltimo, dice el impugnante que semejante anomal\u00eda se debe corregir dado que en aras del principio de la especificidad de los motivos de nulidad, no se pueden sacrificar dichas garant\u00edas, consagradas a su vez en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n; y porque a pesar de que la demandada no fue citada legalmente a la audiencia de conciliaci\u00f3n, se le castig\u00f3 su inasistencia con la p\u00e9rdida del juicio. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
En \u00e9l se invoca la nulidad del proceso consagrada en el art\u00edculo 140-6o. del C. de P.C., que ocurre \u00abCuando se omiten los t\u00e9rminos u oportunidades para pedir o practicar pruebas..\u00bb, con fundamento en que el art\u00edculo 9o. del decreto 2651 del C. de P.C. establece que las partes pueden ser interrogadas en la audiencia de conciliaci\u00f3n y que \u00abdespu\u00e9s de terminada la audiencia y dentro de los tres d\u00edas siguientes, las partes podr\u00e1n modificar las solicitudes de pruebas contenidas en la demanda o en cualquier otro escrito que de acuerdo con la ley pueda contenerlas\u00bb; derecho que no pudo ejercer la parte demandada para pedir el interrogatorio del demandante, ya que no fue citada legalmente a la referida audiencia. Por la misma raz\u00f3n, tampoco se pudieron tomar las declaraciones de varios testigos. <\/p>\n
Alega el recurrente que no hubo audiencia de conciliaci\u00f3n, pues en el acta respectiva se dice que por no haber comparecido la demandada se \u00abdeclara preclu\u00edda esta oportunidad conciliatoria\u00bb (C. 1, Fl. 87), lo que prueba de manera irrefutable que \u00abno hubo audiencia por sustracci\u00f3n de materia porque la parte demandada no asisti\u00f3 porque no fue citada y sin embargo el Juez le dio aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 9o. del Decreto 2651 de 1991, que habla del t\u00e9rmino adicional de pruebas despu\u00e9s de terminada la audiencia\u00bb; t\u00e9rmino que no se utiliz\u00f3 porque la demandada no fue citada a la audiencia como lo ordena el art\u00edculo 101 del C. de P.C. <\/p>\n
Est\u00e1 demostrado en el proceso que no se pod\u00eda pedir ni practicar pruebas dentro de la audiencia de conciliaci\u00f3n o tres d\u00edas despu\u00e9s de su celebraci\u00f3n, ya que esta no tuvo ocurrencia por el motivo indicado \u00aby se omiti\u00f3 por el juez, por su culpa dicha oportunidad adicional\u00bb; aclara el impugnante que ellas se decretan en el mentado t\u00e9rmino de tres d\u00edas cuando haya audiencia; sino la hay \u201cno se puede decretar dicho per\u00edodo adicional y si se decreta es ilegal\u00bb, lo que sustenta la declaraci\u00f3n de la nulidad deprecada. <\/p>\n
SE CONSIDERA <\/p>\n
1. De conformidad con el principio de la especificidad que, como es sabido, confluye con otros a gobernar el r\u00e9gimen de las nulidades procesales, estas s\u00f3lo se configuran por la ocurrencia de un vicio procesal al que la ley le de esa calificaci\u00f3n, lo que, simplemente, se traduce en que las nulidades son taxativas. Tal regla no sufre mengua para los efectos de la configuraci\u00f3n de la causal 5a. de casaci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 368 del C. de P.C., ya que para la prosperidad de \u00e9sta exige dicho precepto que se haya \u00abincurrido en alguna de las causales de nulidad consagradas en el art\u00edculo 140\u00bb. <\/p>\n
2. Precisado lo anterior, en lo que respecta al cargo primero, basta decir que, al rompe, la Sala observa que \u00e9ste no se acomoda a la mencionada exigencia y, por ende, no puede alcanzar \u00e9xito. El recurrente se\u00f1ala como irregularidad del proceso, el hecho de que la parte demandada no haya sido citada en legal forma para que pudiera concurrir a la audiencia de conciliaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hip\u00f3tesis que, en verdad, no corresponde a ninguno de los motivos de nulidad contemplados en el art\u00edculo 140 ejusdem, incluido, obviamente, el numeral octavo sobre el cual hizo descansar su imputaci\u00f3n, pues la regla en \u00e9l contenida ocurre \u00fanicamente \u00abCuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n al demandado o a su representante, o al apoderado de aqu\u00e9l o de \u00e9ste, seg\u00fan el caso, del auto que admite la demanda o del mandamiento ejecutivo, o su correcci\u00f3n o adici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Pero, adem\u00e1s, el impugnante se duele por el hecho de que no se cit\u00f3 a la demandada a la referida audiencia, de una manera distinta a la de haberse notificado por estado el auto que fij\u00f3 fecha y hora para llevarla a cabo, esto es, debi\u00f3 haberse citado para ese prop\u00f3sito de una forma \u00abreal\u00bb, directa y personal, que, seg\u00fan estima, es el modo legal de hacerlo; sin embargo, es palpable que no habiendo previsto de manera espec\u00edfica el C\u00f3digo de Procedimiento Civil esa otra forma particular de notificaci\u00f3n de tal prove\u00eddo a las partes, debe hacerse por estado, ello por mandato del inciso 1\u00b0 del art\u00edculo 321 del mencionado estatuto. <\/p>\n
A prop\u00f3sito del punto, vale la pena anotar que en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil actualmente vigente, con relaci\u00f3n a los autos se conciben tres clases de notificaciones: personal, por estado y por estrado, siendo esta \u00faltima la notificaci\u00f3n que ocurre cuando la providencia se profiere en el curso de audiencia o diligencia. Trat\u00e1ndose de las otras dos, por sabido se tiene que la notificaci\u00f3n personal es la forma de notificaci\u00f3n de los autos acerca de los cuales la propia ley expresamente la \u201cordene\u201d, como lo indica el art\u00edculo 314, numeral 4\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Siendo ello as\u00ed, como en efecto lo es, v\u00e1lido resulta concluir que la notificaci\u00f3n por estado es la forma general de la notificaci\u00f3n de los autos, tal como lo declara el art\u00edculo 321 ib\u00eddem, cuando se\u00f1ala que, \u201cla notificaci\u00f3n de los autos que no deba hacerse personalmente, se cumplir\u00e1, por medio de anotaci\u00f3n en estados\u2026\u201d <\/p>\n
As\u00ed las cosas, seg\u00fan se anticip\u00f3, el auto mediante el cual se fija d\u00eda y hora para la celebraci\u00f3n de la audiencia del art\u00edculo 101 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, o sus equivalentes, no precisa de notificaci\u00f3n personal, ni de ninguna otra distinta a la de por estados, por cuanto no existe norma que as\u00ed lo consagre o lo exija, excluy\u00e9ndolo del sistema general que, se repite, es el de estados <\/p>\n
3. El segundo cargo se fundamenta en que por causa de la supuesta indebida notificaci\u00f3n del auto que citaba a las partes a la audiencia de conciliaci\u00f3n, no pudo asistir, como tampoco ejercer posteriormente, la opci\u00f3n que se le brindaba para modificar la solicitud inicial de pruebas, en raz\u00f3n de que tal audiencia no se realiz\u00f3. Mas, como ha quedado establecido, no hubo la indebida notificaci\u00f3n por la que se queja el censor, am\u00e9n que este parte de un supuesto que no corresponde a la realidad que ofrece el proceso, pues confunde la legalidad de la citaci\u00f3n para la audiencia, con la efectiva realizaci\u00f3n y existencia de la misma. <\/p>\n
Ciertamente que la discrepancia y discusi\u00f3n sobre la forma legal de la citaci\u00f3n comentada, o sobre si fue o no suficiente la notificaci\u00f3n por estado del auto que fij\u00f3 fecha y hora para su celebraci\u00f3n, no da pie para concluir que tal acto, realizado en la forma que sucedi\u00f3 en el proceso, no se cumpli\u00f3 o no surte efectos, como tampoco es dable predicar que por la inasistencia de la demandada a la sobredicha audiencia esta deja de existir para los efectos consiguientes. La realidad es que en el expediente se constata lo siguiente: <\/p>\n
Que despu\u00e9s de trabada la litis, el Juez fij\u00f3 fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliaci\u00f3n mediante auto notificado por estado a las partes; la audiencia se abri\u00f3 en la fecha y hora indicadas; no habiendo alcanzado el prop\u00f3sito de la conciliaci\u00f3n por la ausencia de la demandada. En el mismo acto procesal, cuya existencia material y jur\u00eddica es inobjetable, se dio el t\u00e9rmino adicional para que la partes solicitaran la modificaci\u00f3n de las pruebas inicialmente pedidas, en cumplimiento del art\u00edculo 9o. del Decreto 2651 de 1991, providencia que qued\u00f3 notificada all\u00ed mismo \u00abaunque no hayan concurrido las partes\u00bb (art. 325 C. de P.C.). Igualmente, se observa que la demandada no ejerci\u00f3 el derecho procesal as\u00ed concedido. <\/p>\n
Muestra la actuaci\u00f3n descrita que, ni por asomo, el Juez a quo pretermiti\u00f3 el t\u00e9rmino u oportunidad probatoria derivada de la celebraci\u00f3n de la audiencia de conciliaci\u00f3n; ni que, como parad\u00f3jicamente lo plantea el recurrente, dicha oportunidad se hubiese dado de manera ilegal o indebida; quedando en claro que el censor limit\u00f3 su demanda a quejarse de su propia indolencia, con un m\u00ednimo de diligencia y cuidado bien pudo enterarse de la audiencia de conciliaci\u00f3n y asistir a la misma, y, por ende, aprovechar la oportunidad probatoria que ahora echa de menos. <\/p>\n
S\u00edguese de lo anterior, que tampoco se incurri\u00f3 en la causal de nulidad invocada en el cargo segundo. <\/p>\n
Despr\u00e9ndese como corolario de todo lo dicho que ninguno de los cargos propuestos puede prosperar. <\/p>\n
DECISION: <\/p>\n
Costas en el recurso de casaci\u00f3n a cargo de la parte recurrente. T\u00e1sense oportunamente. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 5180 <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
(en permiso) <\/p>\n
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