S-037-99<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
DR. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C. treinta (30) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
Ref: Expediente No. 5151 <\/p>\n
En su orden, se pronuncia la Corte sobre los recursos de casaci\u00f3n interpuestos por las partes demandante y demandada contra la sentencia fechada el dos (2) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, dentro del presente proceso ordinario instaurado por la sociedad VIGILANTES DE COLOMBIA LTDA. \u00abVICOL LTDA.\u00bb contra ANTONIO MELENDEZ MEDINA. <\/p>\n
ANTECEDENTES: <\/p>\n
1. En el Juzgado 31 Civil del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 se inici\u00f3 y adelant\u00f3 el citado proceso ordinario, en cuya demanda introductoria la sociedad demandante, \u00abVicol Ltda\u00bb solicita, frente al demandado, que por medio de sentencia judicial se hagan las siguientes o semejantes declaraciones: <\/p>\n
1o.) Que se decrete la resoluci\u00f3n de los contratos celebrados entre el demandado Antonio Mel\u00e9ndez, supuesto asesor, y la sociedad demandante, contenidos en sendos documentos suscritos, respectivamente, el 10 de octubre y el 10 de septiembre de 1986. <\/p>\n
2o.) Que, consecuentemente, se decrete la extinci\u00f3n de la eficacia futura de dichos contratos; la restituci\u00f3n de las partes contratantes a la situaci\u00f3n que tuvieron al tiempo de su celebraci\u00f3n; y se ordene al demandado la devoluci\u00f3n de las sumas de dinero recibidas en pago de lo no debido, entre 1981 y 1987, que ascienden en total a $95.775.250.oo. <\/p>\n
3o.) Que, en fin, se condene al demandado al pago de las costas del proceso. <\/p>\n
2. Los fundamentos f\u00e1cticos en que se apoyan las precedentes pretensiones, se pueden resumir del siguiente modo: <\/p>\n
a) Por medio de los contratos suscritos entre las partes el 10 de septiembre y el 10 de octubre de 1986, el demandado se oblig\u00f3 a prestar los servicios de asesor\u00eda a la demandante en la licitaci\u00f3n p\u00fablica nacional No. SA-SG-007\/86 abierta por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot\u00e1. D.E. y en la licitaci\u00f3n p\u00fablica No. 025\/86 promovida por la Empresa de Tel\u00e9fonos de esta ciudad, respectivamente. <\/p>\n
b) Las partes contratantes pactaron que en caso de resultar favorecida la sociedad \u00abVicol Ltda\u00bb en las licitaciones referidas, el asesor recibir\u00eda, en su orden, el 11% y el 13% del valor total de cada uno de los contratos materia de aqu\u00e9llas. <\/p>\n
c) \u00abVicol Ltda\u00bb, por medio de su representante legal, present\u00f3 a las empresas de Acueducto y de Tel\u00e9fonos las respectivas propuestas sin que en ninguna parte de ellas aparezca la intervenci\u00f3n del asesor contratado; dichas propuestas fueron aceptadas y subsecuentemente se suscribieron los respectivos contratos. <\/p>\n
d) El demandado no cumpli\u00f3 con su compromiso de asesor\u00eda en relaci\u00f3n con la elaboraci\u00f3n de los contratos adjudicados y con el tr\u00e1mite de las cuentas ante las citadas empresas oficiales; en general, no prest\u00f3 asesor\u00eda alguna durante la vigencia de los mismos, seg\u00fan lo certifican tales empresas; en cambio, la demandante s\u00ed pag\u00f3 al asesor las sumas correspondientes a los porcentajes acordados; y, <\/p>\n
e) El demandado Mel\u00e9ndez est\u00e1 obligado a pagar indemnizaci\u00f3n de perjuicios a favor de \u00abVicol Ltda\u00bb, as\u00ed: por concepto de da\u00f1o emergente, las sumas de dinero que le fueron pagadas sin causa; y, por concepto de lucro cesante, los intereses corrientes que dichas suman generan y la incidencia de la correcci\u00f3n monetaria. <\/p>\n
3. El demandado dio respuesta oportuna a la demanda, por medio de escrito en el cual manifest\u00f3 su expresa oposici\u00f3n a cada una de las pretensiones; acept\u00f3 los hechos atinentes a los contratos de asesor\u00eda y a la adjudicaci\u00f3n de las licitaciones; neg\u00f3 las imputaciones de incumplimiento que se formulan en su contra; propuso las excepciones que denomin\u00f3 \u00abCumplimiento de Contrato por parte del demandado\u00bb, e \u00abInexistencia del derecho demandado e invocado\u00bb; atribuy\u00e9ndole, en fin, a la demandante temeridad y mala f\u00e9. <\/p>\n
4. La primera instancia culmin\u00f3 con sentencia en la cual se declar\u00f3 probada la referida excepci\u00f3n de cumplimiento y se negaron las s\u00faplicas de la demanda; mediante providencia posterior se neg\u00f3 la adici\u00f3n del fallo solicitada por la parte demandada sobre condena al pago de perjuicios a la demandante en favor del demandado, por su actuaci\u00f3n procesal temeraria y de mala fe. Ambas partes interpusieron el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Al desatar tales recursos, el Tribunal confirm\u00f3 la de primera instancia; e instado que fuera por el demandado para que se pronunciara sobre la condena de la demandante por temeridad o mala fe, dict\u00f3 la sentencia complementaria en la que dispuso \u00abnegar\u00bb la adici\u00f3n propuesta. <\/p>\n
Contra la sentencia de segunda instancia, ambas partes interpusieron el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
1. Tras referirse a que toda decisi\u00f3n judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso -art. 174 del C. de P.C -, el sentenciador se\u00f1ala que como ninguna de las partes discuti\u00f3 la existencia de los contratos de asesor\u00eda objeto de litigio, s\u00f3lo resta por averiguar si hubo el incumplimiento de las obligaciones que alega la demandante. <\/p>\n
2. A ese respecto dice que dichos contratos se incorporan en la especie de mandato profesional que regula el art\u00edculo 2144 del C. Civil y como en ellos se convino el desempe\u00f1o de \u00abasesor\u00bb por parte del demandado, resultaba imprescindible para el demandante \u00abacreditar qu\u00e9 obligaciones comprend\u00eda esa asesor\u00eda\u00bb; que los t\u00e9rminos de los contratos sobre el punto son de \u00abtal vaguedad que resulta casi imposible deducir un incumplimiento\u00bb; agreg\u00f3 el fallador, que para establecer dicho incumplimiento no es suficiente afirmar que el demandado no impuso su firma en las propuestas hechas por \u00abVicol Ltda\u00bb en el tr\u00e1mite de las respectivas licitaciones, pues no hay evidencia de que esa fuera una de sus obligaciones fundamentales. <\/p>\n
Apoyado en la regla de interpretaci\u00f3n de los contratos derivada de la aplicaci\u00f3n pr\u00e1ctica de sus cl\u00e1usulas, a\u00f1ade el fallador que \u00abbasta con saber que nunca fueron firmadas [las propuestas] por \u00e9l y a pesar de ello la demandante retribuy\u00f3 econ\u00f3micamente al demandado y con ello evidenci\u00f3 su conformidad\u00bb…\u00bbla conducta contractual del demandante\u00bb permite \u00abconclu\u00edr que si este pagaba a la demandada las comisiones…era porque los deberes de esa demandada estaban satisfechos\u00bb. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, dice el Tribunal, \u00abpara acreditar el incumplimiento de la parte demandada, era necesario determinar…un conjunto de obligaciones espec\u00edficas, habida consideraci\u00f3n del amplio espectro de la expresi\u00f3n < asesor\u00eda > que las partes emplearon para definir sus relaciones\u00bb y que como la demandante no las demostr\u00f3 \u00abcerr\u00f3 el camino a la resoluci\u00f3n del contrato por incumplimiento\u00bb; incumpli\u00f3 as\u00ed la carga probatoria que le impone el art\u00edculo 177 del C. de P.C. Adem\u00e1s, era \u00abmenester demostrar inequ\u00edvocamente el incumplimiento de las obligaciones\u00bb. <\/p>\n
3. Expresa la sentencia que, por el contrario, el demandado s\u00ed demostr\u00f3 que hab\u00eda efectuado m\u00faltiples actividades compatibles con \u00abel concepto de asesor\u00eda\u00bb, para lo cual se basa en la declaraci\u00f3n del testigo Jos\u00e9 Manuel Londo\u00f1o Q., en la remuneraci\u00f3n que le fue pagada al asesor y en la manifestaci\u00f3n del representante legal de la demandante, quien admiti\u00f3 haber presentado peticiones a las empresas beneficiarias de los servicios de vigilancia, coadyuvadas por el demandado; tambi\u00e9n cita a ese respecto los testimonios de los se\u00f1ores Devia y Rodr\u00edguez. <\/p>\n
4. Afirma el sentenciador que, dada la ausencia de prueba, acert\u00f3 el a quo al denegar las s\u00faplicas de la demanda, \u00absin perjuicio de que se observe que por tratarse de un contrato de tracto sucesivo eventualmente podr\u00eda decretarse la resciliaci\u00f3n con efectos hacia el futuro (ex tunc) y no hacia el pasado (ex nunc). Como la solicitud de efectos hacia el futuro est\u00e1 fundada en los mismos motivos se desecha sin perjuicio de que el contrato haya perdido eficacia pero por motivos ajenos a los debatidos en este juicio en el que solo (sic) se discuti\u00f3 el incumplimiento\u00bb. <\/p>\n
5. Por medio de sentencia complementaria, el Tribunal se pronunci\u00f3 negativamente sobre la condena al pago de perjuicios alegada por el demandado contra el demandante por sus actuaciones procesales temerarias o de mala fe; sobre el particular adujo que la adici\u00f3n de la sentencia procede cuando se ha omitido un pronunciamiento sobre alguno de los extremos de la litis; que, con sujeci\u00f3n al art\u00edculo 73 del C. de P.C., es posible proferir en la sentencia dicha condena siempre que est\u00e9n reunidos los requisitos se\u00f1alados en esa norma; y que, a pesar de lo anterior, \u00abno es tema del que forzosamente deba ocuparse la sentencia en tanto no forma parte de las pretensiones ni de las excepciones a voces del art. 302 del C. de P.C.\u00bb <\/p>\n
Y concluy\u00f3 el fallador diciendo: \u00abpor lo dem\u00e1s no aparecen los elementos necesarios para que se configure la temeridad o mala fe del demandante…desvirtuar la presunci\u00f3n de buena fe o juzgar la existencia de temeridad supone que el actor haya obrado en los l\u00edmites del dolo que naturalmente debe probarse…\u00bb. En fin, que \u00abausente la prueba de la temeridad o de la mala fe no procede la condena pedida por la parte demandada\u00bb. <\/p>\n
I. EL RECURSO DE CASACION DE LA PARTE DEMANDANTE <\/p>\n
La demanda sustentatoria del recurso de la demandante contiene tres cargos respaldados en la causal primera de casaci\u00f3n del art\u00edculo 368 del C. de P.C., los cuales ser\u00e1n despachados en el orden propuesto, aunque conjuntamente el segundo y el tercero dado que adolecen de defectos de t\u00e9cnica semejantes. <\/p>\n
CARGO PRIMERO. <\/p>\n
En \u00e9l ac\u00fasase la sentencia impugnada de ser violatoria de los art\u00edculos 2189, 2190 y 2191 del C.C., por falta de aplicaci\u00f3n, normas atinentes a la revocaci\u00f3n del mandato. <\/p>\n
Iniciando el desarrollo de la censura, el impugnante se\u00f1ala que, dada la naturaleza del contrato de mandato y su alcance en la \u00f3rbita patrimonial del mandante, la ley admite la revocaci\u00f3n como un medio de terminarlo y exige la buena fe objetiva del mandatario durante su desempe\u00f1o. <\/p>\n
El Tribunal, al dar por demostrada la excepci\u00f3n de cumplimiento alegada por el demandado, desconoci\u00f3 la facultad de la demandante de revocar los contratos cuestionados otorgada por las normas infringidas y se limit\u00f3 a confirmar la decisi\u00f3n del a quo; cuando menos, aduce el impugnante, \u00abdebi\u00f3 revocar la sentencia parcialmente, en el sentido de declarar extinguida la eficacia futura de los contratos, pues la entidad mandante, estaba facultada para dejar estos contratos sin efecto\u00bb. <\/p>\n
Arguye el censor que si Vicol Ltda estaba legalmente facultado para obrar del modo dicho, aun sin mediar justa causa, no le era dable al Tribunal requerir la demostraci\u00f3n de las obligaciones nacidas del contrato y su incumplimiento; si aqu\u00e9lla pod\u00eda terminar el mandato, a su arbitrio, no se le puede reclamar dicha prueba. <\/p>\n
Por \u00faltimo, le censura despu\u00e9s de aludir a la buena fe contractual que debi\u00f3 demostrar el mandatario y de reiterar sus puntos de vista sobre la facultad legal de revocar el mandato, termina diciendo que \u00ab… y si fuera de todo, como lo dijo el Tribunal < la gesti\u00f3n realizada por la parte demandada pudo ser insuficiente como asesor\u00eda >…no puede reducirse la sentencia del Tribunal a confirmar lo dicho por el Juzgado\u00bb. <\/p>\n
SE CONSIDERA: <\/p>\n
1. Cuando la acusaci\u00f3n versa sobre la infracci\u00f3n de la ley, resulta menester que las normas sustanciales cuyo quebranto se denuncia, constituyan la base esencial del fallo impugnado, o que deban serlo; y que, cuando ello corresponda, el sentenciador no las hubiese hecho obrar en el fallo. <\/p>\n
Por consiguiente, cuando el impugnante omite denunciar el quebranto de dichas normas y apunta en la direcci\u00f3n equivocada por haber se\u00f1alado la infracci\u00f3n de normas que en nada tocan con el litigio ni con el fallo acusado, el cargo configurado de ese modo t\u00f3rnase inane. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha expresado que: <\/p>\n
\u00abHoy, a t\u00e9rminos del numeral 1 del art\u00edculo 51 del Decreto 2651 [ de 1991 ], esa exigencia [ la integraci\u00f3n de la proposici\u00f3n jur\u00eddica ] ha sido atenuada, mas no suprimida. Es decir, sobre el recurrente contin\u00faa gravitando la carga de indicarle a la Corte las normas sustanciales con las cuales debe compararse la sentencia para ver si, efectivamente, esta las vulnera; eso est\u00e1 determinado con toda claridad en el texto del susodicho numeral. En consecuencia, si el recurrente desacierta radicalmente en la tarea de se\u00f1alar esos preceptos, a la Corte no le es dable enmendar esa falta para acomodar el examen a los mandatos que s\u00ed son pertinentes al caso\u00bb (Sentencia Sala de Casaci\u00f3n Civil de 7 de marzo de 1994) <\/p>\n
El desacierto descrito en la cita y p\u00e1rrafo precedentes se refleja en el presente cargo, en el cual se citan como infringidas las normas atinentes a la revocaci\u00f3n del mandato, sin que esta haya sido el motivo aducido en el proceso para la terminaci\u00f3n de los contratos de asesor\u00eda; de ese modo, los art\u00edculos 2189, 2190 y 2191 del C. Civil no son las normas que regulan el caso ni, por ende, constituyen la base fundamental del fallo impugnado; ni deb\u00edan serlo. <\/p>\n
Seg\u00fan se compendi\u00f3 atr\u00e1s, el litigio versa exclusivamente sobre la resoluci\u00f3n de sendos contratos de asesor\u00eda por raz\u00f3n del incumplimiento atribu\u00eddo al demandado y sobre las pretensiones derivadas y, a su vez, el fallo acusado fue decidido en esos t\u00e9rminos aunque de manera adversa al demandante. <\/p>\n
Es evidente que la censura no denuncia la infracci\u00f3n de ninguno de los preceptos reguladores de tales materias, o sea, los propios de la resoluci\u00f3n o terminaci\u00f3n del contrato de mandato por causa de incumplimiento de las obligaciones del mandatario o asesor. <\/p>\n
2. Por si fuera poco lo anterior, denota el cargo la inconformidad del impugnante con la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y probatoria tal y como fue apreciada por el Ad quem. Ello se observa cuando aqu\u00e9l expresa: <\/p>\n
\u00abSi Vicol Ltda. estaba legalmente facultada para dejar sin efectos los contratos de mandato celebrados con Alvaro Mel\u00e9ndez, sin que la ley exigiera para ese efecto la existencia de una justa causa, no le era dable al Tribunal,…exigir la demostraci\u00f3n de las obligaciones nacidas del contrato y su incumplimiento. Si para el caso en que no exista incumplimiento por parte del mandatario, el mandante est\u00e1 facultado para dar por terminado el contrato, est\u00e1 dem\u00e1s exigir demostrar las obligaciones que nacieron de los contratos y el incumplimiento de las mismas. Como, si Vicol pod\u00eda terminar el mandato, <a su arbitrio>, se le exige semejante prueba\u00bb. <\/p>\n
Inconformidad semejante es tambi\u00e9n visible respecto de la conclusi\u00f3n a que lleg\u00f3 el fallador en el sentido de que si bien los contratos disputados pueden cesar en sus efectos hacia el futuro, lo es por motivos ajenos a los debatidos en este proceso; la censura echa de menos el que la sentencia no haya acogido un hecho distinto del invocado en la demanda introductoria. <\/p>\n
Bastan los anteriores razonamientos para que la Sala despache el cargo primero de manera adversa al recurrente. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Se imputa al fallo acusado la infracci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1546, 1613 y 1617 del C. Civil, por falta de aplicaci\u00f3n, proveniente de error de derecho por infringir la norma probatoria contenida en el art\u00edculo 250 del C. de P.C. <\/p>\n
En la fundamentaci\u00f3n del cargo, d\u00edcese que los indicios contingentes deben ser plurales, pues de ser uno solo carece de eficacia probatoria y que el art\u00edculo 250 del C. de P.C. impone al juez la apreciaci\u00f3n de los indicios \u00aben conjunto, teniendo en consideraci\u00f3n su gravedad, concordancia y convergencia\u00bb, norma que denota la exigencia de que ellos deben aparecer con pluralidad real. <\/p>\n
Argumenta el impugnante que el Tribunal, despu\u00e9s de encontrar insuficiente la gesti\u00f3n de asesor\u00eda prestada por el demandado, bas\u00f3 su decisi\u00f3n en el hecho indiciario en que se constituy\u00f3 el pago efectuado al asesor de la remuneraci\u00f3n pactada, para deducir el cumplimiento de las obligaciones de \u00e9ste; infringi\u00f3 as\u00ed el citado art. 250, pues no le era dable llegar a esa conclusi\u00f3n por raz\u00f3n de la singularidad del indicio, m\u00e1xime que su pluralidad es indispensable para examinar su concordancia y convergencia. <\/p>\n
El error de derecho que se le enrostra al sentenciador, consiste en haber atribu\u00eddo eficacia a un \u00fanico indicio contingente, apreciaci\u00f3n que lo llev\u00f3 a dar por demostrado el cumplimiento de las obligaciones del demandado y, por ende, a quebrantar los preceptos arriba indicados. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
Por la v\u00eda indirecta, ac\u00fasase el fallo impugnado de haber infringido indirectamente los art\u00edculos 1546, 1613 y 1617 del C. Civil, por falta de aplicaci\u00f3n, como consecuencia de los errores de derecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
<\/p>\n
Se\u00f1ala el impugnante que el art\u00edculo 177, inc. 2o., del C. de P.C., dice que \u00ab…las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba..\u00bb; con referencia a las \u00faltimas, sostiene que \u00ablas verdaderas negaciones son las sustanciales o absolutas o indefinidas de hecho, que, como lo reconoce el art\u00edculo 177 citado, no requieren ser probadas porque no est\u00e1n suponiendo afirmaci\u00f3n indirecta de otro hecho concreto…\u00bb, de lo cual concluye que \u00abla negaci\u00f3n ALVARO MELENDEZ MEDINA no cumpli\u00f3 con su compromiso de asesor\u00eda, negaci\u00f3n en la que se fundamenta la demanda\u00bb, es de esa especie y, por lo tanto, no requiere prueba. <\/p>\n
La censura finaliza diciendo que el Tribunal incurri\u00f3 en error de derecho en la apreciaci\u00f3n del art\u00edculo 177 del C. de P.C., al exigir la prueba de las obligaciones que nutr\u00edan los contratos de asesor\u00eda y de su incumplimiento, por lo que el fallo acusado no pod\u00eda confirmar la decisi\u00f3n del a quo. <\/p>\n
SE CONSIDERA: <\/p>\n
1. En m\u00faltiples ocasiones ha expresado la Corte, de manera uniforme, que: <\/p>\n
\u00abLa acusaci\u00f3n de un fallo por error de hecho manifiesto o error de derecho en la estimaci\u00f3n de pruebas no puede prosperar cuando se refiere a una o algunas, si las dem\u00e1s constituyen un soporte de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
No es procedimiento correcto el ataque aislado de los medios de prueba, porque a\u00fan en el evento de hacerlo victoriosamente subsistir\u00e1n las razones que en torno a los dem\u00e1s expuso el sentenciador, y que por ser suficientes para fundar la decisi\u00f3n impugnada hacen invariablemente impr\u00f3spera la acusaci\u00f3n\u00bb ( Casaci\u00f3n de abril 11 de 1971, G.J CXLII, p. 140; Casaci\u00f3n de 21 de febrero de 1992, G.J.CCXVI, p. 149). <\/p>\n
2. Siguiendo las pautas anteriores, la Sala observa que los dos cargos que ahora se despachan pecan de incompletos y, por lo mismo, no puede emprender su estudio de fondo. <\/p>\n
Ciertamente que la sentencia impugnada se basa, de manera cardinal, en que la demandante no logr\u00f3 demostrar las obligaciones espec\u00edficas a cargo del demandado derivadas de los contratos de asesor\u00eda cuestionados; y, adem\u00e1s, en que tampoco demostr\u00f3 el incumplimiento alegado, mientras que el demandado si logr\u00f3 demostrar el ejercicio de distintas actividades \u00abcompatibles\u00bb con el \u00abconcepto de asesor\u00eda\u00bb, aserto que finc\u00f3 en la declaraci\u00f3n de tres testigos y en la afirmaci\u00f3n que hizo el representante legal de la demandante sobre algunas de ellas. Por \u00faltimo, sostiene que la cesaci\u00f3n de efectos de los contratos hacia el futuro no era dable declararla, por causas distintas a la terminaci\u00f3n del contrato por incumplimiento del demandado, dado ya que a \u00e9ste se circunscribe el debate judicial. <\/p>\n
3. Empero, el censor, en el cargo segundo, se abstiene de combatir el sustrato del fallo impugnado consistente, como se dijo, en la falta de demostraci\u00f3n de las obligaciones espec\u00edficas del asesor, respecto de las cuales la demandante predica su incumplimiento en aras de obtener la resoluci\u00f3n de los contratos de asesor\u00eda objeto de litigio. <\/p>\n
Tampoco la censura ataca las dem\u00e1s apreciaciones probatorias y las conclusiones f\u00e1cticas referidas en el p\u00e1rrafo precedente. Se limit\u00f3, sin m\u00e1s y de manera aislada, a denunciar el error de derecho que le enrostra al sentenciador por haber tenido en cuenta un \u00fanico indicio para inferir el cumplimiento de las obligaciones del demandado, derivado del pago de la retribuci\u00f3n econ\u00f3mica pactada que hizo la demandante al asesor; consideraci\u00f3n que, seg\u00fan se anot\u00f3, tampoco fue la \u00fanica en que se apoy\u00f3 el sentenciador. <\/p>\n
4. Deficiencia semejante denota el cargo tercero. En \u00e9l se imputa al sentenciador error de derecho por haber exigido la demostraci\u00f3n del incumplimiento de las obligaciones del demandado, cuando la afirmaci\u00f3n hecha en ese sentido en la demanda no requiere prueba, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 177 del C. de P.C. <\/p>\n
Mas, la acusaci\u00f3n olvida impugnar de alg\u00fan modo, las apreciaciones f\u00e1cticas y probatorias que hizo el sentenciador, por las que concluy\u00f3 que no se demostraron las obligaciones espec\u00edficas a cargo del demandado contratante y por las que dedujo que, en cambio, este s\u00ed logr\u00f3 demostrar el ejercicio de actividades compatibles con el concepto de la asesor\u00eda para la cual fue contratado. <\/p>\n
Adem\u00e1s, sin dar explicaci\u00f3n o fundamentaci\u00f3n alguna, el censor estima igualmente infringida la norma de disciplina probatoria antes citada, por el hecho de que el sentenciador haya exigido la demostraci\u00f3n de las obligaciones que nutr\u00edan los contratos de asesor\u00eda; no dice el impugnante en qu\u00e9 funda el error que le atribuye al sentenciador, quedando hu\u00e9rfano de respaldo su aserto, como quiera que su argumentaci\u00f3n la centra en la afirmaci\u00f3n del cumplimiento de las mismas, inserta en la demanda introductoria. <\/p>\n
En todo caso, el \u00faltimo aspecto de la acusaci\u00f3n es equivocado, pues justamente por aplicaci\u00f3n del principio de la carga de la prueba, consagrado en el art\u00edculo 177 del C. de P.C., \u00abIncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u00bb, de lo cual se sigue que quien demanda la resoluci\u00f3n de un contrato debe demostrar, cuando menos, la existencia del v\u00ednculo y las obligaciones que este genera, cuya afirmaci\u00f3n es definida y, por lo mismo, no est\u00e1 exenta de prueba. <\/p>\n
Precisamente la ausencia de la demostraci\u00f3n de tales obligaciones fue lo que primordialmente condujo al sentenciador a pronunciarse de manera desfavorable a las s\u00faplicas de la demanda, y como quiera que la demandante dej\u00f3 exp\u00f3sito este fundamento del sentenciador, toda vez que no lo combate en casaci\u00f3n, el cargo tercero resulta insuficiente. <\/p>\n
5. De todo lo anterior s\u00edguese que los cargos segundo y tercero ostentan defectos de t\u00e9cnica en su proposici\u00f3n y, por lo tanto, no prosperan. <\/p>\n
<\/p>\n
I. EL RECURSO DE CASACION DE LA PARTE DEMANDADA <\/p>\n
CARGO UNICO <\/p>\n
Con fundamento en la causal primera de casaci\u00f3n, en el cargo \u00fanico se tilda la sentencia impugnada de ser violatoria del art\u00edculo 2341 del C.C., por falta de aplicaci\u00f3n, como consecuencia del error de derecho en que incurri\u00f3 el sentenciador por quebrantar el art\u00edculo 174 del C. de P.C. <\/p>\n
El recurrente impugna espec\u00edficamente la sentencia complementaria, en la cual se consider\u00f3 que en el proceso no aparecen los elementos necesarios para que se configure la conducta procesal temeraria y de mala fe de la demandante, dado que \u00e9sta \u00absupone que el actor haya obrado en los l\u00edmites del dolo que naturalmente debe probarse\u00bb; y que \u00abausente la prueba…no procede la condena pedida por la parte demandada\u00bb. <\/p>\n
A ese respecto, la censura sostiene: <\/p>\n
a) Que la sentencia impugnada \u00abno expresa en qu\u00e9 pruebas se fundamenta la Sala para consignar dichas afirmaciones\u00bb. <\/p>\n
b) Que seg\u00fan el art\u00edculo 174 del C. de P.C., \u00abToda decisi\u00f3n judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso\u00bb. <\/p>\n
c) Que en el proceso aparecen regular y oportunamente allegadas distintas pruebas de la temeridad y mala fe de la demandante; pruebas que enlista el recurrente de manera prolija en dos grupos. <\/p>\n
En el primer grupo menciona las pruebas que, seg\u00fan el recurrente, sirven para demostrar la labor de asesor\u00eda prestada por el demandado: la demanda contentiva de los hechos 13 y siguientes (Folio 238, C. #1) y los documentos que aparecen en el cuaderno No. 3 a folios 36, 7, 8, 10, 11, 12, 13 y ss., 15, 17, 18, 19 y ss., 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32 y ss. y 68 y ss. <\/p>\n
En el segundo grupo, rese\u00f1a las que acreditan que el demandado s\u00ed prest\u00f3 la asesor\u00eda; y las que demuestran que Vicol Ltda no pod\u00eda ignorar la asesor\u00eda prestada, que neg\u00f3 esta de mala fe, que no le pag\u00f3 al asesor los porcentajes pactados, que no pod\u00eda ignorar su propio incumplimiento, que afirm\u00f3 de mala fe haber pagado tales porcentajes, que no pag\u00f3 los $95.000.000 cuya devoluci\u00f3n reclama de mala fe; pruebas que, dice, obran en el cuaderno 3 a folios 75, 92, 101, 104, 122 a 221, 251; las fotocopias del expediente No. 12779 por falso testimonio contra el representante legal de Vicol Ltda; y las declaraciones visibles en el cuaderno 5 a folios 20 y 25. <\/p>\n
De acuerdo con dichas demostraciones, Vicol Ltda obr\u00f3 con temeridad y mala fe, seg\u00fan el art. 74 del C. de P.C. y debe responder por los perjuicios causados seg\u00fan el art. 72 \u00edb. <\/p>\n
d) Que, de esa manera, la sentencia complementaria no se fund\u00f3 en las pruebas regular y oportunamente aportadas al proceso, \u00abviolando el art. 175 del C. de P.C….porque de haberlas tenido en cuenta habr\u00eda consignado las consideraciones respectivas y habr\u00eda sin duda fallado en consonancia con ellas; de ah\u00ed que neg\u00f3 la solicitada condena al pago de los perjuicios, dejando sin aplicaci\u00f3n el citado art. 2341 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
e) Por \u00faltimo, la censura cita apartes de la sentencia de Casaci\u00f3n civil de 11 de octubre de 1973, sobre la responsabilidad civil derivada de la actuaci\u00f3n temeraria y de mala fe atribuida a una de las partes, para deducir que en este caso se dan todos los elementos o supuestos necesarios para que se imponga a la parte demandante la condena indemnizatoria respectiva. <\/p>\n
SE CONSIDERA <\/p>\n
1. Como se sabe, en trat\u00e1ndose de la imputaci\u00f3n al pago de las costas procesales, el t\u00edtulo XX del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, adopt\u00f3 un criterio eminentemente objetivo, esencialmente caracterizado por condicionar su imposici\u00f3n, sin otras cortapisas, al vencimiento puro y simple de la parte, esto es, sin reparar en la mala fe o la temeridad de su comportamiento. A diferencia, pues, de lo prescrito en el C\u00f3digo Judicial de 1931, en el que la condena al pago de las costas se encontraba supeditada, b\u00e1sicamente, a que el litigante sostuviese \u201ctemeraria o maliciosamente, sin raz\u00f3n o fundamento apreciable, cualquier acci\u00f3n, excepci\u00f3n, oposici\u00f3n o incidente\u201d, el ordenamiento en vigor, dada la innegable dificultad pr\u00e1ctica de comprobar los anteriormente rese\u00f1ados aspectos subjetivos y tomando en consideraci\u00f3n la moderna calificaci\u00f3n de las costas como una disminuci\u00f3n del derecho en pleito que deb\u00eda resarcirse junto con \u00e9ste, acudi\u00f3 a un mecanismo caracterizado por su simplicidad, a\u00fan a riesgo de reducir la amplitud que el sistema derogado pod\u00eda ofrecer, consistente en atribuirle al vencido, sencillamente por ser tal, la obligaci\u00f3n de pagar las costas del proceso. <\/p>\n
Empero, esa imputaci\u00f3n absoluta e incondicional de las costas al vencido, no impide la coexistencia de una responsabilidad subordinada a la comprobaci\u00f3n en un determinado proceso de aquellas condiciones subjetivas del litigante, caso en el cual la condena adquiere un cariz singular que la entronca con las reglas generales del resarcimiento de los perjuicios, habida cuenta que no obedece ya a una imputaci\u00f3n objetiva o de mera causalidad derivada del simple vencimiento, sino al resultado de una concreta situaci\u00f3n del litigante que, fundada en la culpa, lo hace responsable de los perjuicios que irrogue a la parte contraria, esto es, como autor voluntario y consciente de un acto injusto. <\/p>\n
Qui\u00e9rese destacar, entonces, que de conformidad con el sistema actualmente vigente, la culpa del litigante, derivada de su temeridad o mala intenci\u00f3n, no constituye el soporte medular de la condena a pagar las costas, pues para su asignaci\u00f3n acudi\u00f3 el codificador, como ha quedado suficientemente dicho, a un criterio objetivo, ajeno, por ende, a tales consideraciones; sin embargo, por razones de diverso talante, entre ellas, el ponderable apremio de mantener el proceso ajustado a ineludibles principios de moralidad, lealtad y buena fe, as\u00ed como la necesidad de resarcirle pronta y eficazmente al vencedor los perjuicios provenientes de la conducta culposa del contrario, aquellos aspectos subjetivos fueron tomados en consideraci\u00f3n por el legislador, con un perfil similar al que se ense\u00f1oreaba en el C\u00f3digo Judicial para efectos de ordenar el pago de las costas, pero, esta vez, con el fin de hacerlo responsable \u201cpor los perjuicios que con sus actuaciones procesales, temerarias o de mala fe cause a la otra o a terceros intervinientes\u201d (art\u00edculo 72 C\u00f3digo de Procedimiento Civil). De ah\u00ed que, prosigue el trasuntado precepto, \u201cCuando en el proceso o incidente aparezca la prueba de tal conducta, el juez, sin perjuicio de las costas a que haya lugar, impondr\u00e1 la correspondiente condena en la sentencia o en el auto que los decida…\u201d. <\/p>\n
Si bien no puede negarse que se trata de dos conceptos distintos, a cuya desemejanza, inclusive se refiri\u00f3 esta Corporaci\u00f3n diciendo que \u201c…el derecho positivo diferencia n\u00edtidamente entre la condena al pago de la indemnizaci\u00f3n de perjuicios y la condena en costas, traduci\u00e9ndose aquellos, en t\u00e9rminos muy generales, en la disminuci\u00f3n patrimonial que por factores externos al proceso en s\u00ed mismo considerado, pero con ocasi\u00f3n de \u00e9l, hubiese podido sufrir la parte, al paso que las costas comprenden \u2018(\u2026) aquellos gastos que, debiendo ser pagados por la parte de un determinado proceso, reconocen a este proceso como causa inmediata y directa de su producci\u00f3n \u2026\u2019 (Derecho Procesal Civil, Parte General, Jaime Guasp, pag. 530)\u201d (Auto del 10 de junio 1998), no obstante tal distinci\u00f3n, se dec\u00eda, debe se\u00f1alarse que, tanto la condena al pago de los perjuicios ocasionados por la temeridad y la mala fe, como la imputaci\u00f3n al pago de las costas procesales, constituyen un aditamento accesorio del derecho en litigio, de origen netamente procesal. <\/p>\n
Cabe inferir, por consiguiente, respecto de la condena prevista en el art\u00edculo 72 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, lo que en su oportunidad dijera la Corte a prop\u00f3sito de la condena de costas fundada en la temeridad y la mala fe del litigante vencido, o sea, que tales condenas tienen siempre \u201cla calidad de accesorias del derecho principalmente deducido en juicio, y su falta de reconocimiento, o su reconocimiento indebido, no pueden fundar la casaci\u00f3n del fallo en cuanto al derecho principal, por no poderse llegar a \u00e9ste mediante lo accesorio. Y la segunda raz\u00f3n para no constituir un motivo de casaci\u00f3n es que la condena en costas se subordina a la apreciaci\u00f3n de la temeridad propia del fondo del derecho discutido por acci\u00f3n o excepci\u00f3n, de manera que es aquel derecho el que debe atacarse y no la represi\u00f3n o la temeridad con que se ejercit\u00f3, pues es lo que las costas sancionan. La sentencia recurrida examina el derecho que asiste a las partes, tal como qued\u00f3 trabado en la litis contestaci\u00f3n, sin que para alterarlo influya la mayor o menor o la ninguna temeridad con que se haya incoado o defendido posteriormente durante el proceso, y las costas s\u00f3lo miran a este \u00faltimo aspecto. <\/p>\n
\u201cY por \u00faltimo, para apreciar la temeridad o malicia tienen los tribunales una absoluta libertad de criterio, por no haber, ni poderlas haber, en lo general, reglas precisas que la determinen, y envuelven por tanto cuestiones de hecho extra\u00f1as al recurso de casaci\u00f3n\u201d (G. J. XLII, p\u00e1g. 459). <\/p>\n
En s\u00edntesis, habida cuenta que tanto la imputaci\u00f3n al desembolso de las costas procesales, como la condena a pagar los perjuicios originados en la temeridad o mala fe del litigante, prevista en el art\u00edculo 72 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, consisten, no obstante las ya anotadas diferencias que las separan, en derechos accesorios nacidos dentro del proceso o con ocasi\u00f3n de \u00e9ste, deben estar gobernadas, en materia de su alegaci\u00f3n en casaci\u00f3n, por el trasuntado criterio que se ha mantenido invariable en multitud de providencias(G.J.LXII, p\u00e1g. 723; LXXIV, P\u00e1g.79; LXXXVIII, P\u00e1g.524; XCV, p\u00e1g. 305, entre muchas otras), seg\u00fan el cual, no constituyen objeto del aludido recurso. <\/p>\n
En ese orden de ideas el cargo no se abre paso. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de dos (2) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994), dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9, dentro del presente proceso ordinario instaurado por la sociedad VIGILANTES DE COLOMBIA LTDA – \u00abVICOL LTDA.\u00bb frente al se\u00f1or ANTONIO MELENDEZ MEDINA. <\/p>\n
C\u00f3piese y notif\u00edquese <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
(en permiso) <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
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S-037-99 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: DR. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C. treinta (30) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999). […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81642","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81642","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81642"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81642\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81642"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81642"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81642"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}