S-039-99<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de Septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).- <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 5192 <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 22 de marzo de l994, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, en el proceso ordinario seguido por MARIA CRISTINA BERNAL DE AMADOR y ANA JOSEFA OROZCO DE BERNAL contra LUIS GILBERTO BONILLA ROBLES. <\/p>\n
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1. En la demanda con que se introdujo el presente proceso, las demandantes pidieron, de modo principal, que judicialmente se decrete la resoluci\u00f3n de la promesa de compraventa celebrada entre las partes el 14 de agosto de 1981, por medio de la cual las nombradas demandantes prometieron vender y el demandado prometi\u00f3 comprar los derechos herenciales que a aqu\u00e9llas les pueda corresponder en la sucesi\u00f3n del se\u00f1or Antonio Bernal Jim\u00e9nez, vinculados a un inmueble situado en la Calle 63\u00aa N\u00ba 15-71 de esta ciudad; y consecuentemente que se ordene la restituci\u00f3n del mismo y se condene al demandado a pagar la multa por incumplimiento pactada en la suma de $400.000.oo, con correcci\u00f3n monetaria e intereses legales, am\u00e9n de los perjuicios que les cause el retardo en la restituci\u00f3n; de su lado, las demandantes se comprometieron a reintegrar el dinero recibido con ocasi\u00f3n de ese negocio. De modo subsidiario, pidieron que se declare la nulidad de la promesa de venta, en cuyo evento reclaman la restituci\u00f3n del inmueble y el pago de la susodicha multa con correcci\u00f3n monetaria e intereses. <\/p>\n
2. La causa para pedir se puede compendiar de la siguiente manera: <\/p>\n
a) El precio pactado en la referida promesa fue de $2.000.000 cuyo pago deb\u00eda cumplir el demandado as\u00ed: $338.000 mediante dep\u00f3sito judicial a orden del Juzgado Primero Civil del Circuito \u201cpara cubrir el valor de la liquidaci\u00f3n que dicho despacho hizo, dentro del proceso ejecutivo que adelant\u00f3 Gregorio P\u00e9rez S\u00e1nchez, contra Antonio Mar\u00eda Bernal\u201d; $161.111, el 2 de enero de l982; $300.000, el 11 de agosto de l982; $1\u2019000.000, el 11 de agosto de l983; y los restantes $200.000, el 11 de diciembre de l983. <\/p>\n
b) A su vez las prometientes vendedoras se obligaron a entregar el inmueble el 2 de enero de 1982, debidamente saneado, lo que cumplieron luego de recibir el segundo abono del precio pactado. <\/p>\n
c) Para perfeccionar el contrato de compraventa prometido, las partes acordaron otorgar la respectiva escritura p\u00fablica a los 30 d\u00edas de haberse protocolizado la sucesi\u00f3n de Antonio Mar\u00eda Bernal Jim\u00e9nez, en la Notar\u00eda 1\u00aa de esta ciudad a las 4 de la tarde. <\/p>\n
d) Se pact\u00f3 para el caso de incumplimiento de las obligaciones, una cl\u00e1usula penal sancionatoria por valor de $400.000.oo; y verbalmente que por el uso del inmueble el prometiente comprador pagar\u00eda el equivalente al 2% de los intereses de la obligaci\u00f3n \u201co sea la suma de $40.000.oo mensuales \u2026\u201d.; pago que \u00e9l nunca hizo. <\/p>\n
e) El demandado no ha cumplido con el pago del precio ni en las fechas ni en las cantidades pactadas; \u201cen forma caprichosa, y aprovech\u00e1ndose del estado senil de Ana Josefa Orozco de Bernal\u201d ha pretendido incluir dentro del precio convenido, el valor de los servicios p\u00fablicos que ha pagado desde que ocupa el inmueble. <\/p>\n
f) En el Juzgado Decimoquinto Civil del Circuito cursa la demanda de declaraci\u00f3n de muerte por desaparecimiento de Antonio Mar\u00eda Bernal, la cual constituye la base previa de la sucesi\u00f3n a cuya iniciaci\u00f3n se comprometieron las demandantes. <\/p>\n
3. En principio el demandado estuvo representado por un curador ad litem, quien en el escrito de respuesta a la demanda manifest\u00f3 atenerse a lo que resulte probado en el proceso. (F. 56 C. 1); despu\u00e9s, en la fase de pruebas, compareci\u00f3 al proceso por conducto de apoderado judicial. <\/p>\n
4. Agotado el tr\u00e1mite, el Juzgado 14 Civil del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 dict\u00f3 sentencia en la que declar\u00f3 la nulidad absoluta de la promesa de compraventa y, subsecuentemente orden\u00f3 que el demandado restituya el inmueble objeto de la misma, y que las demandantes a su vez restituyan la suma de $1.000.000.oo; y dej\u00f3 diferido al tr\u00e1mite del art\u00edculo 308 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil lo que le corresponda a las partes \u201cpor los perjuicios, intereses, p\u00e9rdidas, deterioros, frutos y otros semejantes que se hayan podido causar y a que puedan tener derecho respecto de los bienes involucrados por raz\u00f3n al contrato o acto declarado nulo y que son motivo de las restituciones\u201d; por \u00faltimo, se abstuvo de proferir condena en costas. Apel\u00f3 el demandado. <\/p>\n
4. En lo suyo, el Tribunal confirm\u00f3 parcialmente la providencia impugnada, pues \u00fanicamente la reform\u00f3 en el sentido de condenar a las demandantes a restituir en favor del demandado la suma de $1.600.000, con correcci\u00f3n monetaria desde la contestaci\u00f3n de la demanda y hasta la fecha de pago, m\u00e1s una tasa del 6% anual tambi\u00e9n a partir del momento en que se trab\u00f3 la relaci\u00f3n jur\u00eddica procesal. En relaci\u00f3n con los perjuicios, intereses, p\u00e9rdidas, deterioros, frutos y otros conceptos semejantes, se conden\u00f3 al demandado a pagar a las demandantes el valor de los frutos naturales o civiles producidos por el inmueble objeto de la litis a partir de la contestaci\u00f3n de la demanda, y hasta que se realice la entrega, previo cumplimiento del procedimiento previsto en el art. 307 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; finalmente conden\u00f3 al apelante a pagar el 50% de las costas causadas a prop\u00f3sito de la segunda instancia. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
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Ellos se resumen as\u00ed: <\/p>\n
1\u00ba) La naturaleza de las pretensiones supone la existencia de un contrato entre las partes del cual emanan obligaciones rec\u00edprocas, por lo que se est\u00e1 en presencia de un derecho personal \u201cal tenor del art\u00edculo 666 del C\u00f3digo Civil\u201d; y puesto que las personas que intervinieron en su celebraci\u00f3n son las mismas que se encuentran involucradas en el presente litigio, se halla debidamente integrado el contradictorio y las demandantes legitimadas para controvertir el derecho; ello excluye que \u00e9stas tuvieran que demostrar la titularidad del derecho de dominio del inmueble sobre el cual versa la promesa; de otro lado, es errado pretender, como propone el apelante, que una de las demandantes desisti\u00f3 de la acci\u00f3n. <\/p>\n
2\u00ba) Aunque de las cl\u00e1usulas segunda y octava del contrato de promesa de compraventa fuera dable en principio inferir que se estipul\u00f3 el plazo determinado para celebrar el contrato prometido, toda vez que los prometientes convinieron en que la escritura p\u00fablica se otorgar\u00eda a los treinta d\u00edas siguientes a la fecha de protocolizaci\u00f3n del proceso de sucesi\u00f3n de Antonio Bernal Jim\u00e9nez, a la saz\u00f3n due\u00f1o del inmueble, en realidad ello no sucedi\u00f3 as\u00ed porque \u201cdicho plazo depende inexorablemente de una condici\u00f3n potestativa que se subordina a la mera voluntad del que se obliga\u201d, cual es la de iniciar dicho proceso sucesorio tras la declaratoria de muerte presunta del causante, lo que \u201cpone de relieve la presencia de una condici\u00f3n mera o puramente potestativa, ya que depende exclusivamente del capricho o voluntad de las prometientes vendedoras, a quienes corresponder\u00e1 determinar cu\u00e1ndo instaurar el mortuorio de su padre y esposo y luego de ello cu\u00e1ndo proceder a su protocolizaci\u00f3n, para luego s\u00ed contabilizar el plazo estipulado en la promesa\u201d. <\/p>\n
3\u00ba) Lo anterior afecta de nulidad no s\u00f3lo la condici\u00f3n estipulada por las partes sino la misma promesa de compraventa, por faltar la determinaci\u00f3n del plazo o condici\u00f3n que fije el momento en que habr\u00eda de celebrarse el contrato prometido, cual dedujo el a quo, quedando por definir lo relacionado con las restituciones mutuas, dado el car\u00e1cter \u201cretroactivo\u201d de la declaratoria de nulidad, dentro de las cuales se halla la obligaci\u00f3n del demandado de restituir el inmueble \u201cjunto con los frutos naturales y civiles, pero estos s\u00f3lo a partir de la contestaci\u00f3n de la demanda\u201d por cuanto recibi\u00f3 la tenencia del inmueble de buena fe en cuanto deriva de la celebraci\u00f3n de un acuerdo de voluntades previo, todo de conformidad con lo dispuesto en los art\u00edculos 964 y 1746 del C\u00f3digo Civil; su liquidaci\u00f3n queda sujeta al tr\u00e1mite previsto en el art. 307 del C. de P. C. <\/p>\n
En cambio, no hay lugar a reconocer entre los frutos el acuerdo verbal sobre el pago de un supuesto arrendamiento por parte del prometiente comprador, por cuanto \u00e9ste no fue acreditado; a ese respecto se justifica un tr\u00e1mite incidental posterior dado que solamente las partes conocen las circunstancias en que se celebr\u00f3 tal acuerdo verbal; ello impide liquidar la condena en concreto como lo ordena la ley procesal, a lo cual se junta el \u201cfen\u00f3meno procesal de la prohibici\u00f3n al juzgador de reformar en perjuicio del apelante, en lo que sin duda se incurrir\u00eda al condenar en concreto al demandado al pago de una suma cierta de dinero por concepto de frutos, que el aduce como ajena a la contrataci\u00f3n que se anula\u201d. <\/p>\n
En fin, se encuentra probado que el demandado pag\u00f3 como parte del precio la suma de $1\u2019600.000, dinero que se le deber\u00e1 restituir con correcci\u00f3n monetaria, pero s\u00f3lo a \u201ca partir de la contestaci\u00f3n de la demanda\u201d dada la buena fe de las demandantes, seg\u00fan liquidaci\u00f3n que tendr\u00e1 en cuenta el \u00edndice de precios al consumidor certificado por el DANE, m\u00e1s un lucro cesante correspondiente al 6% anual a partir del 28 de abril de 1987. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
CARGO UNICO <\/p>\n
Con fundamento en la causal 1\u00aa de casaci\u00f3n se acusa la sentencia del Tribunal de ser violatoria de las normas sustanciales siguientes: por falta de aplicaci\u00f3n, los art\u00edculos 97, 1312, 1603, 1624, 1602 del C\u00f3digo Civil; y por aplicaci\u00f3n indebida, los art\u00edculos 1535 y 1746 del C\u00f3digo Civil y 89 de la Ley 153 de l887, como consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. Y tambi\u00e9n como consecuencia de errores de derecho mediando la infracci\u00f3n de los art\u00edculos 316 del Decreto 2282 de l989 (sic), 44, 194, 195 y 196 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y por aplicaci\u00f3n indebida del art. 175 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
En la sustentaci\u00f3n del cargo se aduce lo siguiente: <\/p>\n
1\u00ba) Que la falta de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 97 del C\u00f3digo Civil, \u201cgener\u00f3 la conclusi\u00f3n a que lleg\u00f3 el Tribunal adicionando el posible vicio encontrado por el juez de primera instancia para trasladarlo al art\u00edculo 1535 del C. C. como complemento al numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 89 de la ley 153 de 1887\u201d, y lo llev\u00f3 a inferir, adem\u00e1s, \u201cque no existir\u00eda ilegitimidad en la personer\u00eda sustantiva de las demandantes al reconocerles un derecho personal (art. 666 C\u00f3digo Civil.) y no el precepto del art\u00edculo 665…como derecho real para mi representado\u201d. <\/p>\n
2\u00ba) Que durante las instancias aleg\u00f3 la ausencia de inter\u00e9s de Mar\u00eda Cristina Bernal, quien adujo una mera expectativa en la condici\u00f3n de presunta heredera de Antonio Mar\u00eda Bernal su padre, frente a quien no ha acreditado ese parentesco. <\/p>\n
3\u00ba) Que no es cierto que las obligaciones de las demandantes, en cuanto al plazo prefijado para cumplir la promesa, quedaron sujetas a una condici\u00f3n puramente potestativa derivada de la exclusiva voluntad de aqu\u00e9llas, puesto que el art\u00edculo 97 del C\u00f3digo Civil autoriza a cualquiera de las personas mencionadas en el art. 1312 ib\u00eddem, \u201cpara intentar la declaraci\u00f3n de presunci\u00f3n de muerte respecto de la persona de Antonio Mar\u00eda Bernal como presunto c\u00f3nyuge y padre de las demandantes\u201d, lo que incluso autorizaba al demandado, en su condici\u00f3n de acreedor y de haberlo querido, para iniciar los procesos que habr\u00edan permitido cumplir con el plazo establecido; es decir, se trata de una condici\u00f3n \u201csimplemente potestativa\u201d dado que requer\u00eda tambi\u00e9n \u201cla realizaci\u00f3n de un hecho exterior no adscrito en forma personal a ellas pues en \u00faltimas, otras personas ten\u00edan esta facultad\u201d; interpretaci\u00f3n que omitida es motivo de la violaci\u00f3n del art\u00edculo 1535 del C. C. <\/p>\n
4\u00ba) Desde otra perspectiva, el cargo aborda los temas de la resoluci\u00f3n del contrato y de la mora, sobre todo con el fin de hacer ver que las demandantes no estaban habilitadas para invocarla puesto que tambi\u00e9n hab\u00edan incumplido las obligaciones a su cargo. <\/p>\n
5\u00ba) En punto de las decisiones adoptadas sobre las restituciones mutuas, se\u00f1ala la falta de apreciaci\u00f3n del pago total del precio que hizo el demandado aunque \u201cno con la religiosidad prevista en la promesa\u201d; obligaci\u00f3n que cumpli\u00f3 mediante la cancelaci\u00f3n peri\u00f3dica de $40.000 pesos mensuales indicados de mala fe por las demandantes, con la \u2018ininteligible expresi\u00f3n\u2019 de que correspond\u00eda al 2% de los intereses de la obligaci\u00f3n, que si fuera para aplicar sobre el saldo de la obligaci\u00f3n no arrojar\u00eda una suma superior a $30.000.oo. <\/p>\n
De otro lado, la demandante Ana Josefa Orozco de Bernal acept\u00f3 haber recibido la totalidad del precio pactado, como se comprueba con los documentos que dentro del proceso fueron cuestionados por haberse obtenido mediante enga\u00f1os, seg\u00fan suposici\u00f3n que pende del hecho de que \u201cno fueron suscritos por Mar\u00eda Cristina Bernal\u201d; sospecha infundada que de tenerse en cuenta habr\u00eda de afectar en igual medida la circunstancia por la cual \u00e9sta \u201cni siquiera se percat\u00f3 de su obligaci\u00f3n prevista para el 2 de enero de 1982 para hacer entrega de lo que no ten\u00eda ni pose\u00eda, acusiosidad (sic) que pone de presente para decir que no se le hab\u00edan pagado las sumas de dinero pactadas\u201d. <\/p>\n
Adem\u00e1s, la parte demandante se contradice pues mientras Mar\u00eda Cristina Bernal se refiere a los $40.000 pesos mensuales como arrendamiento, en la demanda se indica como inter\u00e9s previamente pactado; a su turno Ana Josefa Orozco dice que el demandado le cancel\u00f3 el precio previamente convenido, lo que da a entender que los cuatrocientos mil pesos ($400.000.oo) restantes, fueron cancelados en contados mensuales de $40.000.oo \u201ccomo pensi\u00f3n a donde viv\u00eda do\u00f1a Josefa, y apenas natural resulta que satisfecha la obligaci\u00f3n no hubiera pagado ning\u00fan otro valor\u201d. <\/p>\n
6\u00ba) Por \u00faltimo, en su difuso escrito el recurrente objeta la interpretaci\u00f3n jurisprudencial que invariablemente se ha dado al art\u00edculo 1746 del C. C. por cuanto \u201cconsidero viable, es equitativo y es de justicia que las prestaciones debidas sean iguales estimadas en dinero, obvi\u00e1ndose de esta manera tr\u00e1mites incidentales\u201d, todo para pedir que en las restituciones se le reconozca suma igual a la que comercialmente tiene el inmueble cuya restituci\u00f3n se le ha ordenado; igualmente pide que la actualizaci\u00f3n del dinero que se le debe restituir opere \u201cdesde el momento mismo en que fueron canceladas las diferentes partidas\u201d, toda vez que las demandantes actuaron de mala fe, de una parte, al negociar un bien respecto del cual nada han hecho para su saneamiento hasta el punto \u201cde que en la actualidad se encuentra fuera del comercio con medida de embargo vigente\u201d, y de la otra, asesoradas por quien con posterioridad fue su apoderado, situaci\u00f3n que al no ser tenida en cuenta por el Tribunal lo llev\u00f3 a desconocer lo previsto en los art\u00edculos 1602, 1603 y 1624 del C\u00f3digo Civil; igual sucede con el art\u00edculo 44 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por haber permitido la intervenci\u00f3n de Mar\u00eda Cristina Bernal, quien no figura como propietaria del bien prometido, frente al cual carece adem\u00e1s de cualquier otro derecho toda vez que \u201cno se le ha reconocido vocaci\u00f3n hereditaria\u201d respecto de quienes figuran inscritos como titulares del mismo. Esa ilegitimidad se extiende tambi\u00e9n a la demandante Ana Josefa Orozco de Bernal quien desautoriz\u00f3 no s\u00f3lo la presentaci\u00f3n de la demanda sino tambi\u00e9n cualquier otra actuaci\u00f3n, seg\u00fan documento suscrito ante Notario en el a\u00f1o de 1987 que no ha sido tachado, debi\u00e9ndose concluir entonces que solamente quedar\u00eda una disputa por el 50% que, en gracia de discusi\u00f3n, corresponder\u00eda a Mar\u00eda Cristina Bernal. <\/p>\n
Sobre lo anterior se\u00f1ala el cargo que \u201cpor parte alguna aparece que el Tribunal haya valorado la confesi\u00f3n de Mar\u00eda Cristina Bernal y tampoco lo hace respecto de los documentos que extendi\u00f3 Ana Josefa Orozco de Bernal; esta circunstancia amerita afirmar que no fueron tenidos en cuenta los art\u00edculos 175, 194, 195 y 196 del C. de P. C al desconocerse estos medios de prueba como id\u00f3neos en la comprobaci\u00f3n de los pagos efectuados\u201d. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE: <\/p>\n
1. Seg\u00fan la demanda de casaci\u00f3n que se acaba de compendiar y en orden a dar claridad a su estudio, es pertinente se\u00f1alar que en ella se denuncia, en primer lugar, la apreciaci\u00f3n por medio de la cual el Tribunal desconoci\u00f3 validez del plazo o condici\u00f3n que fue establecido en el contrato de promesa cuestionado; y despu\u00e9s, pero en forma un tanto difusa, confusa, superficial y sin apego a la t\u00e9cnica que exige el recurso, hace menci\u00f3n a que el derecho discutido en relaci\u00f3n con el demandado es de \u00edndole real y no personal como lo entendi\u00f3 el sentenciador colegiado; que en las demandantes, por razones distintas, no mediaba inter\u00e9s para demandar; que la resoluci\u00f3n del contrato no pod\u00eda ser invocada por ellas al haber incurrido en incumplimiento; y, por \u00faltimo, censura varias de las conclusiones en que se fundan las restituciones mutuas impuestas en la sentencia. <\/p>\n
2. En lo que ata\u00f1e con la acusaci\u00f3n relativa a la declaratoria de nulidad del contrato de que aqu\u00ed se trata, importa se\u00f1alar que la promesa bilateral de celebrar un contrato es un acto jur\u00eddico que, aunque aut\u00f3nomo, es de car\u00e1cter preparatorio de otro futuro; por lo tanto, su existencia es, por esencia, limitada en el tiempo; restricci\u00f3n que se infiere de lo dispuesto en el art\u00edculo 89 de la ley 153 de 1887, en cuyo enunciado general, en principio, se le priva de eficacia, salvo que se ajuste a todas y cada una de las exigencias que all\u00ed mismo se ordenan y describen, entre las cuales merece especial atenci\u00f3n, por ser aqu\u00ed la pertinente, la de que \u201c3\u00aa. La promesa contenga un plazo o condici\u00f3n que fije la \u00e9poca en que ha de celebrarse el contrato\u201d . <\/p>\n
Lo anterior significa que necesariamente bajo una de dichas modalidades, plazo o condici\u00f3n, o de ambas en combinaci\u00f3n, pueden y deben las partes establecer cu\u00e1ndo se ha de celebrar o perfeccionar el contrato futuro, en el entendido, claro est\u00e1, de que si se trata de la segunda \u201c \u2026 La \u00fanica condici\u00f3n compatible con ese texto legal (requisito 3\u00ba del art\u00edculo 89 de la Ley 153 de 1887), en consideraci\u00f3n a la funci\u00f3n que all\u00ed cumple, es aquella \u2018que comporta un car\u00e1cter determinado\u2019, por cuanto s\u00f3lo una condici\u00f3n de estas (o un plazo), permite la delimitaci\u00f3n de la \u00e9poca en que debe celebrarse el contrato prometido \u2026\u201d (G. J. Tomo CCXLVI, No. 2485, p\u00e1g. 498). <\/p>\n
3. De acuerdo con lo anterior, si de la promesa bilateral se trata, la obligaci\u00f3n de hacer que de ella emana no puede ser pura y simple, toda vez que por su misma esencia estar\u00e1 siempre sujeta a un plazo o condici\u00f3n determinados por los cuales se fije la \u00e9poca de la celebraci\u00f3n del respectivo contrato definitivo; as\u00ed, estar\u00e1 sujeta al primero si su exigibilidad depende de un hecho futuro, cierto y determinado, o a la segunda, en el car\u00e1cter de suspensiva, cuando su nacimiento depende de un acontecimiento futuro e incierto que como tal puede darse o no (art. 1530 y 1536C. C.), pero cuya determinaci\u00f3n temporal en el caso espec\u00edfico de la promesa se impone a fin de que se sepa de antemano la \u00e9poca en que debe ocurrir o no el suceso condicional. <\/p>\n
4. De otro lado, la condici\u00f3n suspensiva que para ese fin se conciba puede ser potestativa, o sea que el hecho en que consiste dependa de la voluntad del acreedor o del deudor, pero sin olvidar que la hay de dos clases: la simplemente potestativa, que supone no s\u00f3lo una manifestaci\u00f3n de voluntad del interesado, sino la realizaci\u00f3n de un hecho exterior cuya efectividad \u00e9ste no puede controlar de modo absoluto; y la puramente potestativa que depende exclusivamente de la mera voluntad de las partes, siendo nula en el evento de que \u201cconsista en la mera voluntad de la persona que se obliga\u201d , como cuando \u00e9sta dice me obligo si quiero, lo que en verdad equivale a la completa negaci\u00f3n del v\u00ednculo, y v\u00e1lida cuando \u201cconsiste en un hecho voluntario de cualquiera de las partes\u201d, el que justamente por ser tal excluye el libre albedr\u00edo del deudor (art\u00edculo 1535 ibidem.) <\/p>\n
5. Trasladadas las nociones precedentes al \u00e1mbito de la promesa de contrato en la cual la transitoriedad se erige como elemento predominante en cuanto para su validez el numeral 3\u00ba del Art. 89 de la Ley 153 de 1887 exige que quede fijada con precisi\u00f3n la \u00e9poca en que tendr\u00e1 lugar la celebraci\u00f3n del contrato prometido, es precisamente el evento de una condici\u00f3n, por si sola o combinada con un plazo, uno de los medios posibles para que el se\u00f1alado requisito quede satisfecho, siempre y cuando se tenga presente que en esta materia no tienen cabida modalidades indeterminadas en el tiempo puesto que, por su naturaleza, los efectos de la promesa no puede quedar en suspenso indefinidamente; en ese sentido cabe aseverar que cuando de condici\u00f3n se trata para que \u00e9sta pueda cumplir cabalmente la funci\u00f3n \u00fatil que se comenta debe ser determinada, lo que suceder\u00e1 \u201ccuando la realizaci\u00f3n del evento que puede tener ocurrencia, en el caso de que efectivamente la tenga ocurrir\u00e1 dentro de un lapso temporal determinado de antemano\u201d; en otros t\u00e9rminos, el l\u00edmite temporal al que se refiere el numeral 3\u00b0 del art. 89 de la Ley 153 de l887, puede quedar sujeto a un acontecimiento futuro que puede suceder o no, \u201cpero cuyo momento requiere acoplarse con la fijaci\u00f3n de la \u00e9poca\u201d (G. J., t. CLXXXVIII, p\u00e1g. 189); en verdad, en los t\u00e9rminos comentados la indeterminaci\u00f3n del plazo o la condici\u00f3n hace \u00e9stos inocuos para fijar la \u00e9poca en que debe celebrarse el contrato prometido. De consiguiente, siendo tal fijaci\u00f3n requisito esencial del contrato de promesa, este ser\u00e1 nulo cuando \u00e9l no obre en el escrito que la contenga, ni cuando la \u00e9poca est\u00e9 subordinada a una condici\u00f3n de la cual no se pueda extraer cu\u00e1ndo se puede establecer si el hecho en que ella consiste sucedi\u00f3 o no. <\/p>\n
<\/p>\n
6. En el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, se pact\u00f3 que la escritura p\u00fablica destinada a perfeccionar el contrato prometido se otorgar\u00eda a los 30 d\u00edas de haberse protocolizado el proceso de sucesi\u00f3n de Antonio Mar\u00eda Bernal Jim\u00e9nez, proceso que las prometientes vendedoras se obligaron a adelantar tan pronto se declarara judicialmente la muerte presunta por desaparecimiento del citado causante. <\/p>\n
En ese orden de ideas y una vez examinada la combinaci\u00f3n de condici\u00f3n y plazo que la estipulaci\u00f3n en referencia contiene, fluye que la primera de dichas modalidades no puede catalogarse como puramente potestativa, toda vez que no depende \u00fanicamente de la voluntad de las obligadas sino tambi\u00e9n de un hecho externo a ellas como es el atinente a la iniciaci\u00f3n y la culminaci\u00f3n de los procesos aludidos; se trata de una condici\u00f3n simplemente potestativa, v\u00e1lida como tal, pero la cual evidentemente es indeterminada, toda vez que no se fij\u00f3 la \u00e9poca en que pod\u00eda darse el hecho condicional consistente en la protocolizaci\u00f3n de la sucesi\u00f3n de Antonio Bernal Jim\u00e9nez. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, la promesa objeto de litigio no satisface la exigencia del numeral 3 del Art. 89 de la Ley 153 de 1887, circunstancia por virtud de la cual la decisi\u00f3n final adoptada en la sentencia se ajusta a derecho, siendo intrascendente la err\u00f3nea motivaci\u00f3n a ra\u00edz de la cual el Tribunal vio en la cl\u00e1usula octava de la promesa el establecimiento de una condici\u00f3n puramente potestativa, en lugar de simplemente potestativa que fue pactada, raz\u00f3n de suyo suficiente para que el cargo no pueda prosperar. <\/p>\n
En efecto, aunque los contratantes especificaron la \u00e9poca a partir del cumplimiento de la mentada condici\u00f3n, toda vez que pactaron que aquel t\u00e9rmino correr\u00eda desde la protocolizaci\u00f3n del proceso de sucesi\u00f3n del causante, cabe subrayar que esa determinaci\u00f3n resulta en \u00faltimas imprecisa en la medida en que tal plazo no se puede separar de esa eventualidad que bien puede darse o no darse, lo que en si mismo no ri\u00f1e con la condici\u00f3n, pero s\u00ed en cuanto fue dispuesta en una f\u00f3rmula compuesta que la torna en indeterminada, dada la incertidumbre que refleja respecto de la \u00e9poca en que aquellos procesos culminar\u00edan, lo que la hace ineficaz frente a la finalidad que se propone alcanzar la disposici\u00f3n legal recientemente citada. <\/p>\n
Por \u00faltimo, no puede la Corte dejar de advertir que existe otro vicio sustancial de mayor envergadura que afecta la promesa disputada de objeto il\u00edcito, por cuanto recae sobre derechos herenciales respecto de una persona que estaba viva cuando aqu\u00e9lla se celebr\u00f3; pacto que resulta contrario a la ley como quiera que, seg\u00fan el art\u00edculo 1520 del C. Civil, \u201cEl derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de una donaci\u00f3n o contrato, aun cuando intervenga el consentimiento de la misma persona\u201d, punto sobre el cual pasaron de largo tanto los litigantes como los jueces de ambas instancias, no obstante su evidencia, el cual por s\u00ed solo ser\u00eda suficiente para desechar, tambi\u00e9n por intrascendente, el cargo propuesto. <\/p>\n
7. En relaci\u00f3n con el tema de la legitimaci\u00f3n de cada una de las demandantes, es notoria la deficiencia de t\u00e9cnica del cargo dado que el impugnante pretende volver a plantear el debate de instancia para que se adopte una conclusi\u00f3n diferente a la que en su momento acogi\u00f3 sobre el particular el juzgador de instancia, pero sin esforzarse por puntualizar ni demostrar los yerros probatorios que denuncia. Pero aun dejando de lado estos defectos, basta decir que no se requiere ser propietario de un inmueble para prometerlo en venta ni, llegado el caso, para hacer uso de las acciones judiciales encaminadas a obtener la resoluci\u00f3n del contrato, lo que equivale a decir que en la especie de este proceso Mar\u00eda Cristina Bernal Amador, como contratante, ostenta por si misma inter\u00e9s jur\u00eddico y legitimaci\u00f3n para actuar. <\/p>\n
8. En cuanto al desacierto que se hace consistir en que el Tribunal dej\u00f3 de ver que Ana Josefa Orozco de Bernal revoc\u00f3 los poderes generales mediante los cuales se entabl\u00f3 el proceso, e hizo constar que en ning\u00fan momento autoriz\u00f3 la presentaci\u00f3n de la demanda, – respecto de lo cual cita el recurrente el art. 340 del C. de P. C. -, resulta suficiente decir que el s\u00f3lo otorgamiento de la escritura sobre revocaci\u00f3n de un mandato no implica el conocimiento positivo de esa revocaci\u00f3n por el mandatario y por terceros. <\/p>\n
Aqu\u00ed ocurri\u00f3 que la demandante Ana Josefa Orozco de Bernal otorg\u00f3 poder general a Jaime Eduardo Amador, quien a su vez confiri\u00f3 personer\u00eda a un abogado para iniciar el presente proceso. Una vez admitida la demanda, en octubre de 1985, aquella revoc\u00f3 el poder general citado, y nombr\u00f3 como su apoderado para continuar con el proceso a otro profesional. El diecinueve (19) de junio de 1986 ANA JOSEFA OROZCO DE BERNAL nuevamente otorg\u00f3 poder general, esta vez a su hija MARIA CRISTINA BERNAL DE AMADOR, quien el primero (1\u00b0) de julio de l986 revoc\u00f3 el poder otorgado al abogado mencionado antes y reintegr\u00f3 al indicado inicialmente, aceptando \u00e9ste formalmente el encargo. El demandado por su parte aport\u00f3 al proceso, la escritura p\u00fablica otorgada el 26 de junio de 1986, en la que se revoca el poder general otorgado a MARIA CRISTINA BERNAL DE AMADOR, mas como no obra en el expediente medio de prueba alguno que acredite el conocimiento que pudiese haber tenido esta \u00faltima sobre dicha revocatoria, ni prueba de la revocatoria del poder especial otorgado al \u00faltimo abogado, toda la argumentaci\u00f3n resulta inoficiosa. <\/p>\n
9. En relaci\u00f3n con la apreciaci\u00f3n del Tribunal por la cual concluy\u00f3 que el demandado pag\u00f3 un mill\u00f3n seiscientos mil pesos ($1.600.000.oo) y no la totalidad del precio pactado en dos millones de pesos ($2.000.000.oo), recuerda la Corte que frente a una impugnaci\u00f3n que invoque la violaci\u00f3n indirecta de la ley por error de hecho, la acusaci\u00f3n ha de concretarse a velar por la recta inteligencia y la debida aplicaci\u00f3n de las leyes sustanciales, y no a revisar una vez m\u00e1s y con absoluta discreci\u00f3n todas las cuestiones de hecho ventiladas en las instancias; en esa direcci\u00f3n, es preciso subrayar que los errores de hecho que se endilgan a la sentencia deben ser ostensibles o protuberantes para que logren \u00e9xito, hasta el punto de que broten de inmediato y de modo tal que la \u00fanica y posible estimaci\u00f3n probatoria sea la que propone el recurrente; de otro lado, resulta inadmisible que se denuncie error de derecho respecto de la apreciaci\u00f3n de la confesi\u00f3n de Mar\u00eda Cristina Bernal y del documento suscrito por Mar\u00eda Josefa Orozco, relacionados con el pago de las obligaciones del comprador, fundado en que el Tribunal no las apreci\u00f3 objetivamente, lo que ciertamente constituir\u00eda un error de hecho. <\/p>\n
En realidad, el fallador acept\u00f3 los pagos realizados por el demandado de los cuales obran los correspondientes recibos, sin restarles valor por el hecho de que estuviesen aceptados de manera expresa \u00fanicamente por una de las prometientes vendedoras. El pago del saldo de $400.000 que el recurrente afirma haber realizado en cuotas mensuales como pensi\u00f3n, en opini\u00f3n del Tribunal no aparece acreditado en el expediente; y aunque Ana Josefa Orozco afirma que el precio acordado fue cubierto en su totalidad, lo que hace constar en uno de los recibos de pago vistos por el Tribunal, (F. 68 C. 1), tambi\u00e9n obra, como medio de prueba que pone en entredicho esa aseveraci\u00f3n, la versi\u00f3n subsiguiente de la misma mediante la cual pone en duda la ocurrencia de esos \u00faltimos pagos (fl. 96 vuelto C. 1); todo lo cual conduce a inferir que no fue arbitraria la interpretaci\u00f3n de los hechos que en el punto hizo el sentenciador. <\/p>\n
10. Restan por hacer tres observaciones adicionales: primera, el argumento consistente en decir que en virtud de la declaratoria de nulidad se lleve a cabo la restituci\u00f3n de un bien inmueble en favor de una de las partes y para la otra la entrega del dinero constitutivo del precio pero en un importe igual al valor comercial del bien ra\u00edz en cuesti\u00f3n, es una simple proposici\u00f3n abstracta que no comporta discrepancia con el material probatorio que obra en el proceso, y que por lo dem\u00e1s, tampoco encuentra respaldo en la ley en tanto que \u00e9sta dispone la clase de restituciones rec\u00edprocas cuando se anula un contrato; en la materia no es un cambio de jurisprudencia por el que clama el recurrente, sino por la modificaci\u00f3n del texto del Art. 1746 del C\u00f3digo Civil, aventurando en ello una ins\u00f3lita teor\u00eda que resulta dif\u00edcil de comprender. <\/p>\n
Segunda, en relaci\u00f3n con la existencia de error de hecho en la decisi\u00f3n que fij\u00f3 el momento de la contestaci\u00f3n de la demanda para iniciar el c\u00e1lculo de la correcci\u00f3n monetaria sobre el precio a restituir, en lugar de la fecha en que se hizo el pago del mismo, en consideraci\u00f3n a que las prometientes vendedoras actuaron de mala fe seg\u00fan lo que anota la censura, la Corte se ve precisada a decir nuevamente que el recurso de casaci\u00f3n no constituye una instancia adicional del proceso adecuada para controvertir la apreciaci\u00f3n probatoria de los jueces de instancia. En el punto, las precarias condiciones t\u00e9cnicas del recurso en estudio se tornan a\u00fan m\u00e1s evidentes, pues se observa que el impugnante se abstuvo de indicar con la precisi\u00f3n requerida los medios de prueba que permitir\u00edan arribar a la conclusi\u00f3n por \u00e9l propugnada, labor en cuyo desarrollo tan s\u00f3lo se refiere a hechos carentes de prueba, como son el de la supuesta elaboraci\u00f3n del escrito contentivo de la promesa de compraventa por parte de quien despu\u00e9s llevar\u00eda la vocer\u00eda procesal de una de las contratantes; y la supuesta intenci\u00f3n de las demandantes de incumplir con la promesa pactada, conducta esta \u00faltima que sustenta con la falta de inter\u00e9s en la iniciaci\u00f3n de los procesos requeridos para el perfeccionamiento del contrato de venta prometido y con la existencia de medidas cautelares que impiden la transferencia de la propuesta del inmueble. <\/p>\n
Empero, ninguna de estos hechos tiene entidad suficiente para desvirtuar la buena fe en cabeza de las actoras, lo que incide en que la apreciaci\u00f3n del Tribunal deba mantenerse inc\u00f3lume. <\/p>\n
La tercera, sobra cualquier comentario sobre la resoluci\u00f3n del contrato en vista de que la declaraci\u00f3n de nulidad del contrato disputado permanece en pie, no obstante la presente impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
11. El cargo, en consecuencia, resulta de diversas maneras inoperante y por ello se despacha en forma desfavorable. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia objeto del recurso de casaci\u00f3n arriba referido. <\/p>\n
Las costas en casaci\u00f3n son a cargo del recurrente. T\u00e1sense en su oportunidad. <\/p>\n
COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
<\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
<\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
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S-039-99 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de Septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).- […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81644","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81644","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81644"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81644\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81644"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81644"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81644"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}