S-040-99<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. Manuel Ardila Vel\u00e1squez <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).- <\/p>\n
Ref: Expediente No. 5217 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la codemandada Martha Luc\u00eda Herrera de Blanco contra la sentencia de 18 de mayo de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 -Sala Civil- en el proceso ordinario que contra ella y Fernando Jos\u00e9 Blanco Sep\u00falveda instaur\u00f3 Leonor Rodr\u00edguez de Siecke. <\/p>\n
I. Antecedentes <\/p>\n
1. En el libelo que dio paso al proceso se pidi\u00f3 la declaratoria de resoluci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa detallado m\u00e1s adelante, conden\u00e1ndose a los demandados a que restituyan el inmueble objeto de la misma, con sus accesorios, dependencias y dem\u00e1s mejoras, juntamente con el valor de los frutos y el de los \u00abperjuicios\u00bb que con su incumplimiento causaron a los prometientes vendedores. <\/p>\n
2. Las pretensiones aparecen sustentadas en los hechos que seguidamente se recapitulan: <\/p>\n
a) El 17 de julio de 1984, los demandados prometieron comprar a Leonor Rodr\u00edguez de Siecke y Horst Volker Siecke Knoll el apartamento 505, Bloque C, Interior I, del edificio denominado Multifamiliares Gratamira, de las especificaciones dadas en el primer hecho de la demanda, cuyo precio de $11.600.000.oo deb\u00eda cancelarse as\u00ed: <\/p>\n
-$1.000.000.oo, \u00aba t\u00edtulo de arras\u00bb, entregados a la suscripci\u00f3n de la promesa; $7.459.344.oo el d\u00eda de la entrega material del bien; y el saldo de $3.140.656.oo \u00abpor subrogaci\u00f3n que los prometientes compradores har\u00edan del cr\u00e9dito hipotecario en primer grado, existente a favor de la Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda GRANAHORRAR, gravamen sobre el inmueble prometido en venta\u00bb. <\/p>\n
b) Los prometientes compradores no cumplieron con la obligaci\u00f3n de comparecer a la notar\u00eda, el 17 de septiembre de 1984, para efectos de suscribir el acto notarial que perfeccionara el contrato prometido, lo cual estaba previsto en la cl\u00e1usula sexta del documento contentivo de la promesa. Los prometientes vendedores, en cambio, s\u00ed estuvieron prestos all\u00ed para cumplir de su parte, as\u00ed como hab\u00edan cumplido con la entrega material del inmueble. <\/p>\n
A m\u00e1s de ello, los demandados incumplieron la obligaci\u00f3n estipulada en la cl\u00e1usula quinta, \u00abcual es la de subrogarse en el cr\u00e9dito hipotecario\u00bb. <\/p>\n
c) Ante la muerte de Horst Volker, la actora, adem\u00e1s de obrar en su propio nombre, lo hace en condici\u00f3n de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite. <\/p>\n
3. La demanda fue contestada por el curador ad litem que se design\u00f3 a los demandados, quien dijo oponerse a las pretensiones porque, a su juicio, es imposible resolver un \u00abcontrato de compraventa\u00bb que no se realiz\u00f3. Cuanto a los hechos observ\u00f3 que la incomparecencia de los demandados no implica necesariamente incumplimiento, pues bien pudo ella ocurrir por fuerza mayor o caso fortuito. <\/p>\n
Adem\u00e1s excepcion\u00f3 alegando que si la compraventa no se realiz\u00f3, la acci\u00f3n ha debido ser diferente, para intentar entonces el pago de perjuicios y el cumplimiento de la promesa. <\/p>\n
4. El 13 de agosto de 1991 concluy\u00f3 la primera instancia mediante fallo en el que el juzgado d\u00e9cimo civil del circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 acogi\u00f3 la resoluci\u00f3n impetrada; orden\u00f3 a la actora la devoluci\u00f3n de $7.459.344.oo y sus intereses corrientes bancarios causados desde el 15 de diciembre de 1988; orden\u00f3 a los demandados a que restituyan el inmueble junto con el valor de los frutos (calculado en $280.000.oo mensuales) producidos desde la fecha precitada. Deneg\u00f3, en cambio, el pago alusivo a los perjuicios. <\/p>\n
Fallo que confirm\u00f3 el Tribunal Superior de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 al desatar la apelaci\u00f3n interpuesta por Martha Luc\u00eda Herrera de Blanco, con las siguientes modificaciones: los intereses a cargo de la actora se computan desde el 1o. de agosto de 1984, y reconoci\u00f3 a t\u00edtulo de perjuicios y en favor de los prometientes vendedores, el monto que se pact\u00f3 como arras. La misma codemandada, como arriba se dej\u00f3 dicho, recurri\u00f3 entonces en casaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
II. La sentencia del tribunal <\/p>\n
Una vez que estableci\u00f3 las condiciones que permiten que la sentencia sea de m\u00e9rito, indic\u00f3 respecto de la resoluci\u00f3n deprecada que los demandados no pueden defenderse alegando que, seg\u00fan la cl\u00e1usula pertinente de la promesa, s\u00f3lo los vendedores estaban obligados a comparecer a la notar\u00eda para efectos de otorgar la escritura p\u00fablica, dado que, siendo bilateral el contrato prometido, genera \u00abobligaciones correlativas a ambas partes, obligaciones \u00e9stas que son fundamento rec\u00edproco la una de la otra, por lo cual si una de las partes est\u00e1 sujeta a desplegar una actuaci\u00f3n, la otra lo est\u00e1 correlativamente\u00bb; criterio que apuntal\u00f3 en la sentencia que de la Corte cit\u00f3 all\u00ed. <\/p>\n
Rechaz\u00f3 enseguida la objeci\u00f3n elevada con relaci\u00f3n al poder que la compareciente exhibi\u00f3 aquel d\u00eda en la notar\u00eda para efectos de la representaci\u00f3n de su c\u00f3nyuge; para el juzgador es \u00e9l suficiente, \u00abdado que el mandato es un contrato que no requiere solemnidad alguna, a menos que se trate de poder general, caso en el cual s\u00ed exige el otorgamiento de escritura p\u00fablica\u00bb. Tampoco admiti\u00f3 que en \u00e9l faltase precisar el inmueble, puesto que de su contenido se desprende claramente que se refiere al mismo inmueble objeto de la promesa; adem\u00e1s, lo hall\u00f3 aut\u00e9ntico en aplicaci\u00f3n del art. 3 del Decreto 960 de 1970, el cual, en su numeral 3, consagra la facultad que tienen los notarios para ‘dar testimonio de la autenticidad de firmas (…) de funcionarios o particulares (…) que las tengan registradas ante ellos’, que fue lo aqu\u00ed acontecido. <\/p>\n
El incumplimiento de la obligaci\u00f3n de celebrar el contrato prometido, autoriza al contratante cumplido para ejercitar la acci\u00f3n resolutoria; si, pues, as\u00ed procede, actuar\u00e1 en el marco de la ley, y no se le puede acusar por ello de enriquecimiento il\u00edcito. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que la devoluci\u00f3n del precio debe hacerse \u00abcorregida\u00bb; y que como los intereses apuntan a ese fin, han de reconocerse desde el instante en que se recibi\u00f3 el dinero. <\/p>\n
Finalmente observ\u00f3 que la falta de cuantificaci\u00f3n no se opone al reconocimiento de perjuicios, dado que las partes pactaron, a t\u00edtulo de arras penitenciales, la suma de $1.000.000.oo, \u00abraz\u00f3n por la cual ante el incumplimiento de los prometientes compradores, se (sic) le debe condenar a su p\u00e9rdida en favor del contratante cumplido\u00bb. <\/p>\n
III. La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
De los nueve cargos formulados al amparo de la causal 1a. del art\u00edculo 368 del C. de Procedimiento Civil, solamente fueron admitidos seis. Se despachar\u00e1n conjuntamente, de un lado, los rese\u00f1ados como primero y tercero, y, de otro, el cuarto y el noveno, por las razones que se expondr\u00e1n cuando haya lugar; despu\u00e9s se estudiar\u00e1n los restantes, o sea el s\u00e9ptimo y octavo. <\/p>\n
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Primer cargo <\/p>\n
Denuncia el quebranto, por falta de aplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 1608, 1609, 1610, 1551 y 1553 del C\u00f3digo Civil, 9 del Decreto 2148 de 1983; y, por aplicaci\u00f3n indebida, los art\u00edculos 1546 y 1496 del C\u00f3digo Civil. Todo ello \u00abcomo consecuencia directa de la err\u00f3nea apreciaci\u00f3n de la prueba\u00bb. <\/p>\n
En su desarrollo, se explica que los promitentes compradores no son incumplidos por el hecho de su incomparecencia a la notar\u00eda convenida, pues que a \u00e9sta \u00fanicamente deb\u00edan comparecer los promitentes vendedores, tal como se previ\u00f3 en la cl\u00e1usula pertinente del escrito de promesa, la cual, por lo mismo, desconoci\u00f3 el tribunal. Contra este texto, el juzgador determin\u00f3 que tanto unos como otros deb\u00edan comparecer, con lo que anduvo \u00absuplantando la voluntad consignada en el contrato que a todas luces mandaba ese otorgamiento a una de ellas, a los promitentes vendedores, en esa fecha puesto que los promitentes compradores pod\u00edan comparecer en cualquier tiempo\u00bb. <\/p>\n
Cl\u00e1usula contractual esa con mucho sentido, toda vez que los promitentes vendedores, habiendo recibido el precio con anterioridad, ya no ten\u00edan que recibir nada aquel d\u00eda; por consiguiente, \u00abno era necesaria la presencia de los compradores\u00bb. <\/p>\n
El tribunal desconoci\u00f3 el art\u00edculo 9o. del Decreto 2148 de 1983 que acepta que \u00abel otorgamiento de la escritura se haga en diferentes momentos para las partes negociales sin que el instrumento se afecte\u00bb. <\/p>\n
La disposici\u00f3n contractual tiene respaldo en los procedimientos notariales, que no exigen \u00abla simultaneidad en la presentaci\u00f3n de las partes; pero el tribunal consider\u00f3 equivocadamente que, siendo un contrato bilateral, las obligaciones surgidas de \u00e9l \u00abse deben prestar correlativa y simult\u00e1neamente\u00bb. <\/p>\n
Si en la promesa no se previ\u00f3 la comparecencia de los prometientes compradores, quiere decir que el plazo para ellos era t\u00e1cito \u00aby se cumplir\u00eda una vez se perfeccionara ante la Corporaci\u00f3n los contratos de hipoteca a su nombre\u00bb, o en su defecto deb\u00edan \u00abpagar las cuotas hipotecarias a partir del 12 de agosto de 1984 hasta la extinci\u00f3n del cr\u00e9dito, seg\u00fan reza la promesa en su ‘otros\u00ed'\u00bb. <\/p>\n
Entonces, no se pod\u00eda predicar que estuviesen en mora de suscribir la escritura, \u00abporque la fecha y hora se\u00f1alada en la promesa no era para ellos como se desprende de su tenor literal, como tampoco hab\u00eda pasado el plazo para cancelar el cr\u00e9dito hipotecario y ni la parte actora hab\u00eda decidido reconvenir judicialmente a la parte pasiva previamente para constituirlo en la mora que estructurara el incumplimiento de la obligaci\u00f3n de subrogarse\u00bb. <\/p>\n
Significa que la actora quiere capitalizar la inasistencia de los promitentes compradores, sin que de su parte hubiere iniciado la \u00abtradici\u00f3n jur\u00eddica del inmueble que empezaba precisamente por el otorgamiento a los vendedores de la escritura p\u00fablica, lo que la convirti\u00f3 en parte incumplida\u00bb; olvid\u00f3 el tribunal que, seg\u00fan el art. 1609 del C. C., a \u00e9stos no se les pod\u00eda tachar de incumplidos, cuando aquella parte no se allan\u00f3 a cumplir. <\/p>\n
Tercer cargo <\/p>\n
Por \u00e9ste se estiman violados, por inaplicaci\u00f3n, los art\u00edculos 89 de la ley 153 de 1887, 1742 (modificado por el 2 de la ley 50 de 1936), 1500, 1501, 1502, 1602, 1740, 1741 y 1746 del C\u00f3digo Civil; y, por aplicaci\u00f3n indebida, los art\u00edculos 1546, 1609, 1610, 1746, 961 a 971 del mismo ordenamiento. Una y otra cosa debidas a \u00aberror manifiesto en la apreciaci\u00f3n de la prueba\u00bb. <\/p>\n
Ap\u00fantase al efecto que si la promesa no determin\u00f3 la comparecencia notarial de los prometientes compradores, el tribunal no puede, so pretexto de interpretar el convenio, suplir las deficiencias objetivas del mismo, y lo que proced\u00eda entonces era la declaraci\u00f3n oficiosa de la nulidad; no haberlo hecho as\u00ed, \u00abequivale a un yerro de facto protuberante del sentenciador, trat\u00e1ndose como se trata de una cuesti\u00f3n de orden p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
No apreci\u00f3 el tribunal que la promesa no impuso obligaci\u00f3n a los promitentes compradores de comparecer a la notar\u00eda; y es un error sostener que la bilateralidad de la promesa de contrato exige la comparecencia simult\u00e1nea de las partes, como que el art. 9 del decreto 2148 de 1983 permite que ellas lo hagan en tiempos diferentes y despu\u00e9s el notario autoriza la escritura con la fecha de comparecencia del primero de los otorgantes. Sin ese error -contin\u00faa el censor-, se hubiera fijado el tribunal en que \u00ablos contratos son nulos cuando adolecen de los requisitos que disciplinan su validez que est\u00e1n predeterminados en las caracter\u00edsticas de sus solemnidades, art\u00edculo 1500 por los requisitos para obligarse en el art\u00edculo 1502 del C\u00f3digo Civil y por las formalidades que lo estructuran seg\u00fan prevee el art\u00edculo 1501 ibidem\u00bb. <\/p>\n
Nulidad que, seg\u00fan el art\u00edculo 2 de la ley 50 de 1936, puede y debe ser declarada, aun sin petici\u00f3n de parte, siempre que se den los requisitos de la norma. <\/p>\n
Rem\u00e1tase el cargo as\u00ed: <\/p>\n
\u00abPara concluir, se piensa en este cargo que la promesa est\u00e1 viciada de nulidad, por cuanto hab\u00eda indeterminaci\u00f3n de la fecha en que los promitentes compradores deb\u00edan acudir a la Notar\u00eda a hacer sus declaraciones y otorgarlas ante el Notario, ya porque no se dej\u00f3 expresamente o porque el plazo para ello estaba determinado por otros factores como la aceptaci\u00f3n de la subrrogaci\u00f3n (sic) del cr\u00e9dito hipotecario por la Corporaci\u00f3n Granahorrar, es decir condicionada a la voluntad de un tercero, todos estos factores cortapisas a la claridad jur\u00eddica deseada que conllevan a su nulidad\u00bb. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
1. Como quiera que el despacho de uno de los cargos conlleva necesariamente el del otro, pues ambos vienen apuntalados en argumentos similares, desp\u00e1chanse a la vez no obstante su notorio antagonismo: ciertamente, giran en derredor de la cl\u00e1usula sexta de la promesa, en cuyo contenido focaliza el recurrente los yerros probatorios que le achaca al tribunal. <\/p>\n
A la verdad, ning\u00fan reproche merece la afirmaci\u00f3n de que el otorgamiento de la escritura p\u00fablica demandaba el concurso de los prometientes compradores. Es natural pensar que si la promesa tiene por objetivo asegurar de antes el contrato que por lo pronto no se puede o no se quiere realizar, para la formaci\u00f3n de \u00e9ste deban concurrir todos los que le dieron cuerpo jur\u00eddico a la promisi\u00f3n. El convenio prometido, en tanto que contrato, requiere, incluso por definici\u00f3n, el cruce de voluntades de quienes se ligaron por la promesa. <\/p>\n
Por modo que si en la ocurrencia de autos, el contrato prometido es el de compraventa de bienes ra\u00edces, el cual, lo advierte el art\u00edculo 1857 del c\u00f3digo civil, se perfecciona con el otorgamiento de escritura p\u00fablica, es apenas obvio que a \u00e9ste acto concurran todos y cada uno de los prometientes; de otro modo, estar\u00edan dejando de concurrir a la celebraci\u00f3n misma de convenio semejante. <\/p>\n
Raz\u00f3n por la cual ha sostenido esta Corporaci\u00f3n que, en tal evento, \u00abel deudor de la obligaci\u00f3n de otorgar la escritura p\u00fablica de compraventa no lo es \u00fanicamente el que promete vender; tambi\u00e9n tiene esa misma obligaci\u00f3n quien prometi\u00f3 comprar. Uno y otro son deudores\u00bb (CLXV, 249). <\/p>\n
As\u00ed que, el se\u00f1alamiento de la oportunidad en que debi\u00f3 extenderse en este caso la escritura p\u00fablica, vincul\u00f3 de manera imperiosa tanto a quienes prometieron vender cuanto a quienes prometieron comprar. Rep\u00edtese, por antonomasia no puede un contrato formarse con apenas una parte. <\/p>\n
Es inexacto, as\u00ed, sostener que la promesa haya omitido se\u00f1alamiento tal para los prometientes compradores; y desaparece por contera el argumento que le hace creer al recurrente que la promesa estaba viciada de nulidad. <\/p>\n
Lo dicho no resulta hostil, en modo alguno, a lo dispuesto en el art\u00edculo 9 del Decreto 2148 de 1983, porque si bien \u00e9l autoriza a que una escritura p\u00fablica pueda perfeccionarse en diversos momentos, ha de dejarse bien en claro que no entra\u00f1a una facultad del resorte exclusivo de las partes, y much\u00edsimo menos que pueda ejercerla ad libitum una sola de ellas. Tr\u00e1tase en realidad de una hip\u00f3tesis excepcional, y en todo caso supeditada a que el notario as\u00ed lo acepte, si es que, de otro lado, media una \u00abcausa debidamente justificada\u00bb. <\/p>\n
De all\u00ed que esa misma disposici\u00f3n empiece diciendo terminantemente, en su primer inciso, que la escritura \u00abser\u00e1 firmada y fechada en un mismo acto\u00bb. Esta es, sin duda, la regla general; atemperada no m\u00e1s que por el caso excepcional\u00edsimo ya visto, que no es, ni remotamente -el recurrente ni siquiera intent\u00f3 presentarlo como tal- evento de an\u00e1lisis en el presente litigio. Por el contrario, equivocadamente cree el censor que es una facultad ejercitable a su talante. <\/p>\n
Cabe anotar, por \u00faltimo, que la Corte est\u00e1 relevada de abordar aquel punto de la acusaci\u00f3n que se\u00f1ala a secas que la promesa es nula por cuanto al haberse supeditado el plazo a la aceptaci\u00f3n de la subrogaci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario por la corporaci\u00f3n Granahorrar, eso constituye una cortapisa a la \u201cclaridad jur\u00eddica deseada\u201d, pues es palmario que all\u00ed anduvo el recurrente de espaldas a la naturaleza dispositiva del recurso extraordinario, desde luego que no aparece, en manera alguna, una verdadera sustentaci\u00f3n de tama\u00f1o aserto; sustentaci\u00f3n tanto m\u00e1s imperiosa si, como se comprueba sin tropiezo de ning\u00fan g\u00e9nero, la supeditaci\u00f3n del plazo ni siquiera aparece mencionada en la cl\u00e1usula sexta. <\/p>\n
Cuarto cargo <\/p>\n
Consid\u00e9rase que hubo infracci\u00f3n directa de los art\u00edculos 1746 del C\u00f3digo Civil y 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, habida cuenta que el tribunal, al tocar el punto de las restituciones mutuas, \u00abconcretamente sobre la revalorizaci\u00f3n por correcci\u00f3n monetaria y de los dineros desembolsados en su integridad por los promitentes compradores\u00bb, no dio a tales normas el alcance que tienen. <\/p>\n
El juzgador no accedi\u00f3 a esos derechos del demandado; ni siquiera cuando se le pidi\u00f3 que adicionara la sentencia, arguyendo equivocadamente que se lo imped\u00eda el principio de la congruencia de los fallos. <\/p>\n
Hay quebranto del derecho sustancial \u00abpor la evidente falta de equidad\u00bb. Seg\u00fan el art\u00edculo 1746 del C. C., que es de un gran contenido de equidad, se \u00abdebe alejar toda otra consideraci\u00f3n que haga m\u00e1s gravosa para una de las partes la situaci\u00f3n o hip\u00f3tesis que contempla la norma citada que regula ese proceso de restituir al ‘mismo estado’ en que se encontrar\u00edan de no haber contratado\u00bb. A las dos partes hay que tratarlas igualmente, con sentido equilibrado, so pena de violarse el art. 13 de la C. N.; las restituciones mutuas \u00abdeben guardar debida proporci\u00f3n sin ninguna discriminaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Y resulta que aqu\u00ed se reconoci\u00f3 en favor de la demandante \u00abfactores que desequilibran la restituci\u00f3n de las cosas dadas en el fallido contrato\u00bb; pues si a ella ha de entreg\u00e1rsele un bien valorizado, \u00abincrementado adem\u00e1s por la plusval\u00eda urbana, que es el mejoramiento continuo que sufren las zonas urbanas y el valor agregado proveniente del mercado de inmuebles de la capital que por cierto tiene los \u00edndices m\u00e1s grandes del mundo\u00bb, la equidad no se logra reconociendo s\u00f3lo intereses del dinero que a su turno debe ella restituir, sino \u00abacudiendo a la tasaci\u00f3n al valor del UPAC\u00bb. <\/p>\n
Reconocimiento que no se opone a la congruencia del fallo, porque, seg\u00fan la Corte Suprema, el juez est\u00e1 facultado para hacer ese reconocimiento oficiosamente, \u00abpara que reine la equidad en las devoluciones consecuenciales\u00bb. <\/p>\n
En el proceso \u00abexisten manifestaciones de sobra\u00bb sobre el pago de cuotas que, por concepto del precio convenido, realizaron los demandados en Granahorrar, desde el 12 de septiembre de 1984 hasta abril de 1986; su valor, por consiguiente, debe ser objeto de restituci\u00f3n, as\u00ed como las cuotas de administraci\u00f3n; el valor del impuesto predial; el de las mejoras hechas al predio; y el valor pagado en raz\u00f3n del seguro por muerte de Volker Siecke, el cual aprovecha a los demandados porque fueron \u00e9stos quienes pagaron el seguro de vida. <\/p>\n
El recurrente pide a la Corte, pues, que haga las siguientes precisiones: las normas alusivas a las restituciones mutuas son \u00abinexorablemente de equidad\u00bb; en caso de que la prestaci\u00f3n sea en dinero \u00abcabe la actualizaci\u00f3n del capital adicionalmente a los intereses corrientes\u00bb; \u00abla condici\u00f3n de contratante incumplido no debe ser discriminatorio para no reconocer la revalorizaci\u00f3n de los montos pagados pues la sanci\u00f3n jur\u00eddica que \u00e9ste tiene es el pago de perjuicios \u00fanicamente\u00bb. <\/p>\n
Noveno cargo <\/p>\n
Pone de presente la infracci\u00f3n directa, por inaplicaci\u00f3n, de los art\u00edculos 14, 15, 25 y 34 del decreto 2148 de 1983, 25, 27, 68, 71, 72, 101 a 104 del decreto 960 de 1970, 252 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y \u00abdecreto 231 de 1985\u00bb; y, por aplicaci\u00f3n err\u00f3nea, los art\u00edculos 3 del decreto 960 de 1970, 2142, 2149, 2150, 2156, 1546, 1609, 1746 y 961 a 971 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
El juzgador crey\u00f3 equivocadamente que, a la luz del numeral 3 del art. 3 del decreto 960 de 1970, el mandato que Volker Siecke otorg\u00f3 a su esposa para que a su nombre continuara con el diligenciamiento de la promesa, era suficiente; y tambi\u00e9n se equivoc\u00f3 al considerar que tal mandato era especial y que, por ende, no requer\u00eda escritura p\u00fablica. <\/p>\n
Si el juzgador hubiera analizado con detenimiento las normas regulativas de la presentaci\u00f3n de los mandatos ante los notarios, habr\u00eda declarado nulo el que exhibi\u00f3 dicha se\u00f1ora para efectos de extender la escritura de comparecencia notarial, seg\u00fan la preceptiva del art. 2 de la ley 50 de 1936. Porque sucede que si el poder se otorga por documento privado debe presentarse personalmente o reconocido ante juez o notario (art. 14 del decreto 2148 de 1983); y en el mandato susodicho no se dio cumplimiento a esto, dado que la firma solamente se cotej\u00f3 con una registrada en la notar\u00eda. Significa entonces que la comparecencia de Volker Siecke a la notar\u00eda, no existi\u00f3 en realidad. <\/p>\n
Tal poder presenta, adem\u00e1s, otros yerros que lo invalidan, porque no observ\u00f3 los art\u00edculos 25 del decreto 2148 de 1983, 36 del decreto 2163 de 1970, 1\u00b0 del decreto 231 de 1985, 24, 25, 27 y 30 a 34 del Decreto 960 de 1970. <\/p>\n
De manera que si el mandato exhibido por Leonor no era suficiente, no ha debido prosperarle, por lo tanto, la petici\u00f3n resolutoria del contrato, precisamente \u00abal no comprobar que la parte contractual que ella representa en el proceso cursado no estuvo en la Notar\u00eda Primera en forma cabal para cumplir con la presentaci\u00f3n que le tocaba para suscribir la escritura de venta\u00bb. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
Si la infracci\u00f3n de la ley ha sido denunciada por la v\u00eda directa, el recurrente ha debido omitir planteamientos que encarnen controversia en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. Pues, como ha sido repetido, en tal caso su actividad \u00abtiene que realizarse necesaria y exclusivamente en torno a los textos legales sustanciales que considere no aplicados, o aplicados indebidamente, o err\u00f3neamente interpretados\u00bb, con la prevenci\u00f3n terminante de que \u00aben todo caso, con absoluta prescindencia de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relaci\u00f3n con las pruebas\u00bb (G. J. CXLVI, p. 50). <\/p>\n
El impugnante soslay\u00f3 aqu\u00ed tal regla de t\u00e9cnica, toda vez que, tocante con el noveno cargo, al dolerse de que el tribunal haya pasado por suficiente el poder con el que Leonor Rodr\u00edguez de Siecke dijo en la notar\u00eda representar a su c\u00f3nyuge, indiscutiblemente est\u00e1 planteando una disputa alrededor de esa prueba; efectivamente, sostiene en contrario la insuficiencia del poder, porque, en su sentir, \u00e9ste no fue autenticado en debida forma. Y si de la v\u00eda expresamente elegida por el recurrente se hiciera abstracci\u00f3n y se dijese que el cargo viene montado sobre la base de desaciertos probatorios -v\u00eda indirecta- tampoco quedar\u00eda exento de objeciones, porque entonces hubiese sido preciso, en acato de lo que dispone el art\u00edculo 374 del C. P. C., indicar qu\u00e9 tipo de yerro es el que denuncia, y aducir los argumentos que tiendan a sustentar en uno y otro – si de hecho o de derecho – la acusaci\u00f3n, tarea en la que no se puede esperar que la Corte suplante al casacionista. <\/p>\n
Lo propio sucede en lo concerniente al cuarto cargo, habida cuenta que, la falta de equidad que le achaca al sentenciador, la basa en que \u00e9ste, para decretar la restituci\u00f3n del inmueble, tuvo en cuenta una serie de factores que, a su parecer, marcan un desequilibrio en comparaci\u00f3n con la restituci\u00f3n del dinero; con lo cual est\u00e1 significando que para establecer tal desequilibrio, necesariamente se tendr\u00eda que descender a la contemplaci\u00f3n de los asuntos que la censura pone de presente, tales como el de la valorizaci\u00f3n del bien, el cual, a su juicio est\u00e1 \u00abincrementado adem\u00e1s por la plusval\u00eda urbana, que es el mejoramiento continuo que sufren las zonas urbanas\u00bb, am\u00e9n del \u00abvalor agregado proveniente del mercado de inmuebles de la capital que por cierto tiene los \u00edndices m\u00e1s grandes del mundo\u00bb; cosas todas que, a ojos vistas, constituyen un marco f\u00e1ctico, y del cual no podr\u00eda prescindir el juzgador para indagar comparativamente si en verdad se rompi\u00f3 el equilibrio y la equidad denunciadas. <\/p>\n
Y qu\u00e9 decir cuando, de otra parte, en el mismo cargo cuarto se queja el casacionista de no hab\u00e9rsele reconocido, como parte integrante del precio, la devoluci\u00f3n de las cuotas pagadas en Granahorrar, indicando al efecto que a ello ten\u00eda derecho desde \u00abque existen manifestaciones de sobra\u00bb en el expediente. Es decir, le endilga al tribunal no haberse fijado en las bases probatorias que conduc\u00edan evidentemente a su reconocimiento. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, ambos cargos pecan tambi\u00e9n contra el car\u00e1cter dispositivo que entra\u00f1a la casaci\u00f3n, al denunciarse, en el noveno, que el susodicho poder ostenta otros yerros que lo invalidan, arguyendo el recurrente que dej\u00f3 de observarse el art\u00edculo 25 del decreto 2148 de 1983 y otras tantas normas que en la parte pertinente del cargo cita, pero sin mencionar siquiera en qu\u00e9 consisten los requisitos que as\u00ed echa de menos en el consabido poder; vale decir, en el punto no pas\u00f3 de mencionar las disposiciones legales. Asimismo, ya en el cuarto, el impugnador se limit\u00f3 a decir que la equidad no se logra con s\u00f3lo reconocer intereses, sino que adicionalmente se debe upaquizar el precio a devolver, pero sin que sobre el particular hubiese intentado los argumentos que principalmente se dirijan a debelar el criterio del sentenciador, seg\u00fan el cual la suma a restituir queda corregida mediante el mecanismo de los intereses, y sin que, much\u00edsimo menos ensayara un parang\u00f3n entre una cosa y otra para llegar a determinar cu\u00e1l de las dos cuadra m\u00e1s a su conveniencia, punto en el que no pod\u00eda esperar que lo hiciese oficiosamente la Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Una acusaci\u00f3n de esta laya adolece de la falta de precisi\u00f3n con que debe ingresar el recurrente a la casaci\u00f3n. Ha de verse que con singular pertinacia ense\u00f1a la Corte que el casacionista, quiz\u00e1 como lo m\u00e1s elemental de su tarea, \u00abest\u00e1 obligado a proponer cada cargo en forma concreta, completa y exacta, para que la Corte, situada dentro de los t\u00e9rminos de la censura y en congruencia con \u00e9stos, pueda decidir el recurso, sin tener que moverse oficiosamente a completar, modificar o recrear la acusaci\u00f3n planteada sin acierto\u00bb (prove\u00eddo de 9 de agosto de 1974). <\/p>\n
Por consecuencia, carecen de \u00e9xito estos otros cargos. <\/p>\n
<\/p>\n
S\u00e9ptimo cargo <\/p>\n
Ac\u00fasase la vulneraci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 1544, 1546 y 1746 del C\u00f3digo Civil, debida a la \u00abno apreciaci\u00f3n de las pruebas tendientes a reconocer los derechos de los compradores fallidos\u00bb. <\/p>\n
Para el impugnador, tal yerro probatorio del tribunal desequilibr\u00f3 las prestaciones mutuas, dejando de reconocer en favor de los demandados, y como parte del precio pagado por \u00e9stos, las cuotas que cancelaron a Granahorrar \u00aby el abono que hizo la compa\u00f1\u00eda de Seguros del cr\u00e9dito hipotecario por las primas de seguros pagadas por los compradores a nombre del se\u00f1or H. Volcker Siecke por la subrrogaci\u00f3n (sic) que del cr\u00e9dito se hab\u00edan hecho\u00bb. <\/p>\n
Se dejaron de apreciar: <\/p>\n
-\u00abla promesa de contrato, donde dice que el saldo de $3.140.656.oo los pagaron mediante subrrogaci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario o el monto que resulte liquidado por la Corporaci\u00f3n de Ahorro y Vivienda Granahorrar. La cl\u00e1usula s\u00e9ptima reitera la obligaci\u00f3n de pagar las cuotas hipotecarias liquidadas por la corporaci\u00f3n mencionada. El otros\u00ed, con toda claridad determina que desde el 12 de septiembre de 1984 los compradores pagaron las cuotas hipotecarias a la Corporaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
-el certificado que adjunt\u00f3 la contraparte (folio 103, cuaderno 1), en el que consta que por s\u00f3lo concepto de capital pagaron los prometientes compradores la suma de $1.040.146.03, esto es, sin contar con los valores mensuales del seguro de vida relativo a Volker Siecke, y los intereses del saldo del cr\u00e9dito. <\/p>\n
-el alegato de conclusi\u00f3n en el que la actora reconoci\u00f3 que el saldo crediticio lo pag\u00f3 la aseguradora, precisamente porque los demandados hab\u00edan pagado las cuotas, de lo cual no se puede enriquecer aquella. <\/p>\n
-constancia del saldo del cr\u00e9dito en upacs a 17 de diciembre de 1984, el cual hab\u00eda descendido al pagarse la deuda. <\/p>\n
-libelo del folio 20 del cuaderno 4, en el que la apoderada de la demandante reconoce que para la fecha en que la aseguradora cancel\u00f3 la deuda por muerte del se\u00f1or Siecke, no se hab\u00eda cancelado las cuotas de febrero y marzo de 1986; de donde se desprende que las anteriores s\u00ed se hab\u00edan cancelado. <\/p>\n
<\/p>\n
\u00abTodas estas constancias indican que el fallador de segunda instancia ten\u00eda suficientes elementos para ordenar la devoluci\u00f3n por parte de la se\u00f1ora Leonor Rodr\u00edguez de Siecke de las cuotas pagadas a la Corporaci\u00f3n de acuerdo a liquidaciones que mensualmente le hac\u00eda Granahorrar a los promitentes vendedores, tampoco reconoci\u00f3 que la cancelaci\u00f3n de a (sic) la obligaci\u00f3n hipotecaria favorec\u00eda a los promitentes compradores porque era ellos quienes pagaban el seguro a H. Volker Siecke con la aquiescencia del mismo con beneficio de la misma Corporaci\u00f3n y no de la se\u00f1ora Leonor Rodr\u00edguez de Siecke\u00bb. <\/p>\n
El alcance de la impugnaci\u00f3n consiste en que la Corte, enmendando el yerro cometido, equilibre las prestaciones mutuas y, antes del fallo sustitutivo, solicite de Granahorrar las pruebas pertinentes. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
El compendio del cargo se\u00f1ala que los yerros probatorios que se denuncian son de hecho, por supuesto que al tribunal se le achaca la inapreciaci\u00f3n de varias probanzas. <\/p>\n
As\u00ed que cuando el aqu\u00ed recurrente se duele de que el tribunal, pasando por alto el acervo probatorio que menciona, no haya condenado, como elemento componente del precio, la devoluci\u00f3n de las cuotas canceladas a la Corporaci\u00f3n Granahorrar, inmediatamente hace suponer que en el proceso militan pruebas irrefragables de que en verdad esos pagos fueron efectuados por ellos; es decir, crean la expectativa de que en el material probatorio pertinente no hay brecha para la duda; que se habla de pruebas tan contundentes como pretermitidas. <\/p>\n
Mas sucede que nada parecido muestra el expediente. Cierto que la promesa se\u00f1ala, como parte del precio convenido, la amortizaci\u00f3n de las cuotas que liquide tal Corporaci\u00f3n; pero esto no prueba m\u00e1s que el nacimiento de obligaci\u00f3n; jam\u00e1s su extinci\u00f3n por parte del solvens. Es verdad igualmente que la certificaci\u00f3n del folio 103 del cuaderno 1, que fue adjuntada por los propios demandantes, indica que para el a\u00f1o de 1985 se cancel\u00f3 a la Corporaci\u00f3n la suma de $1.040.146.03; pero es inexacto que all\u00ed se indique que dicha cancelaci\u00f3n fue obra de los prometientes compradores. Objeci\u00f3n que por igual cabe respecto de la constancia que muestra un decrecimiento en el n\u00famero de los Upac adeudados. Y en abono del pago que alegan nada aporta el que la aseguradora hubiese pagado el saldo del cr\u00e9dito con ocasi\u00f3n de la muerte de uno de los prometientes vendedores. <\/p>\n
Por \u00faltimo, cuando el impugnante acaricia el \u00e9xito impugnaticio sobre la base de que la demandante afirm\u00f3 que, al tiempo en que la aseguradora cancel\u00f3 el saldo del cr\u00e9dito, los prometientes compradores estaban en mora de amortizar las cuotas correspondientes a febrero y marzo de 1986, aspira a que el pago de las anteriores, y por parte suya, se establezca por mera v\u00eda de inferencia, olvidando as\u00ed que su tarea como casacionista no es la de fincar el quiebre de la sentencia sobre posibilidades probatorias m\u00e1s o menos fundadas, sino sobre elementos persuasivos desprovistos de toda duda. <\/p>\n
Los anteriores razonamientos muestran cu\u00e1n distante estuvo el recurrente de demostrar que el tribunal se equivoc\u00f3 de tal manera \u00abque sin mayor esfuerzo en el an\u00e1lisis de las probanzas se vea que la apreciaci\u00f3n probatoria pugna evidentemente y de manera manifiesta con la realidad del proceso\u00bb. Su aspiraci\u00f3n, pues, no se abre paso con apenas \u00abLa duda que genera el punto de hecho o la plurarilidad de interpretaciones que sugiera\u00bb (LXVII, p. 380). <\/p>\n
La falta de contundencia del planteamiento del censor se descubre al indicar que, tras el quiebre de la sentencia, la Corte obtenga de la Corporaci\u00f3n las pruebas del caso, que no pueden ser otras que las que tienden a establecer el pago que sinembargo alega como puntal de la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
Desc\u00e1rtase, as\u00ed, que el cargo advenga victorioso. <\/p>\n
Octavo cargo <\/p>\n
Se reprueba la sentencia por violar directamente los art\u00edculos 1859 y 1861 del C\u00f3digo Civil, por aplicaci\u00f3n indebida. <\/p>\n
Eluc\u00eddase al efecto que la funci\u00f3n de las arras en el contrato de compraventa es la de reafirmar las prestaciones de dar una cosa y la de pagar el precio. <\/p>\n
Y cuando el juzgador reconoci\u00f3 en este caso como perjuicios el monto de las arras pactadas, extralimit\u00f3 sus alcances, \u00abpor cuanto en el negocio jur\u00eddico resuelto cuya declaraci\u00f3n se produjo, aquellos elementos esenciales del contrato de compraventa, en cuanto hace a los promitentes vendedores, ya se hab\u00edan agotado; \u00abesto es, hab\u00edan recibido toda la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica que constitu\u00eda el precio y por consiguiente no exist\u00eda ning\u00fan perjuicio para los demandantes en cuanto a que estaba satisfecho el cien por ciento su prestaci\u00f3n, de all\u00ed que se considere que el perjuicio que trata de enmendar la cl\u00e1usula de arras confirmatoria penales la posibilidad de causar perjuicios por el no recibo del precio se hab\u00eda extinguido y por ende no hay causa jur\u00eddica para que se le d\u00e9 aplicaci\u00f3n en el caso concreto\u00bb. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
N\u00f3tase bien que el recurrente se duele solamente de que se haya dado aplicaci\u00f3n a las arras, no obstante que las obligaciones propias de la compraventa hab\u00edanse cumplido, caso en el cual, dice, desaparece la funci\u00f3n de aqu\u00e9llas. Quiere decir \u00e9sto que no se censura el que el juzgador haya dado a las arras el car\u00e1cter indemnizatorio en raz\u00f3n del incumplimiento contractual. <\/p>\n
Y es as\u00ed, porque no alega m\u00e1s que \u00e9sto: <\/p>\n
\u00abParece evidente que la figuraci\u00f3n de la instituci\u00f3n dentro del contrato de compraventa est\u00e1 encaminada a que las prestaciones de dar una cosa y la de pagar un precio sean las que pretende reafirmar la instituci\u00f3n de las arras\u00bb (Se subraya ahora). <\/p>\n
Sin embargo, tal cuestionamiento rev\u00e9lase, al pronto, absolutamente desacertado. Pues bien parece que el recurrente olvida que el pacto de arras se hizo fue en consideraci\u00f3n a la promesa de contratar, que, de todos es sabido, no es dable confundir con el contrato mismo que se promete. Pacto que, dicho al paso, es valedero, porque si bien \u00e9l no est\u00e1 positivamente consagrado en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano sino para la compraventa y el arrendamiento, no quita que pueda estipularse \u00aben otros contratos, en uso de la libertad de contrataci\u00f3n, por cuanto ni la ley lo impide, ni repugna ello a la \u00edndole de las arras seg\u00fan se ha explicado. Su regulaci\u00f3n por el C\u00f3digo Civil, en relaci\u00f3n con la compraventa, nada tiene de excepcional y restrictivo, pues no se ofrece con tal car\u00e1cter y, as\u00ed, las normas al respecto, a virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 8o. de la ley 153 de 1887, son susceptibles de aplicaci\u00f3n por analog\u00eda al pacto de arras en relaci\u00f3n con otros contratos, en tanto el derecho no lo proh\u00edba. Entonces, la estipulaci\u00f3n de arras de retractaci\u00f3n es de recibo, tanto en la promesa bilateral de compraventa como en la promesa unilateral de venta o de compra\u00bb (G. J. CXIX, p\u00e1g. 25). <\/p>\n
Vista la compatibilidad jur\u00eddica existente entre el pacto de arras y la promesa de contratar, f\u00e1cil es colegir cu\u00e1l es la funci\u00f3n que de ordinario est\u00e1n llamadas a cumplir: la de garantizar la obligaci\u00f3n que es propia de la promesa, vale decir, la de celebrar el contrato prometido. En este marco de ideas, no es cierto, como erradamente lo piensa el impugnador, que el cumplimiento anticipado de las obligaciones propias del contrato prometido posea virtud para extinguir la funci\u00f3n de las arras pactadas al tiempo de la promesa, desde que, como es inconcuso, aun est\u00e1 en vilo la celebraci\u00f3n, nada menos, que del contrato objeto de la promisi\u00f3n; esto es, desde que est\u00e1 pendiendo aquello que principalmente, por no decir que \u00fanicamente, tiende a garantizar en tal evento el compromiso de las arras, si es que, de otra parte, como aqu\u00ed lo se\u00f1ala el propio recurrente, se las tiene como de retractaci\u00f3n, o com\u00fanmente llamadas penitenciales. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el razonamiento del cargo cae en paralogismo. No puede confundirse, it\u00e9rase, las obligaciones de la promesa con las que han de surgir m\u00e1s adelante con el contrato prometido. De consiguiente, tampoco prospera el cargo. <\/p>\n
IV. Decisi\u00f3n <\/p>\n
Concordemente con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica, y por autoridad de la ley, no casa la sentencia que el Tribunal Superior de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 profiri\u00f3 en este asunto el 18 de mayo de 1993, materia de la impugnaci\u00f3n extraordinaria. <\/p>\n
Costas en casaci\u00f3n a cargo del recurrente. T\u00e1sense. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase en oportunidad al tribunal de procedencia. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
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S-040-99 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Dr. Manuel Ardila Vel\u00e1squez Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).- […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81645","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81645","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81645"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81645\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81645"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81645"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81645"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}