S-042-99<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 Distrito Capital, nueve (9) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 5005 <\/p>\n
Resuelve la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de veinticinco (25) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994), proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia, dentro del proceso ordinario adelantado por la sociedad ZAPATA Y VELASQUEZ LTDA. frente al BANCO GANADERO, Sucursal Apartad\u00f3 (Banco Ganadero Apartad\u00f3). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El Juez Civil del Circuito de Turbo aprehendi\u00f3 el conocimiento del presente proceso, cuya demanda incoativa se present\u00f3 el 23 de agosto de 1989, ante el Juzgado Civil Municipal de Apartad\u00f3 . A su vez, el primero de los Despachos judiciales mencionados remiti\u00f3 el expediente al Juzgado Civil del Circuito de Santo Domingo, quien dict\u00f3 la sentencia de primera instancia, de conformidad con lo que sobre el particular hab\u00eda dispuesto el Tribunal en aplicaci\u00f3n del Decreto 2651 de 1991. <\/p>\n
En dicha demanda, la sociedad \u00abZapata y Vel\u00e1squez Ltda.\u00bb solicit\u00f3 que, previa citaci\u00f3n del Banco Ganadero, Sucursal Apartad\u00f3, se hiciesen las siguientes declaraciones y condenas: <\/p>\n
1a.) \u00abDecl\u00e1rese que el Banco Ganadero-Apartad\u00f3 debe responder a Zapata y Vel\u00e1squez Ltda, por el pago indebido que aquel hizo de los cheques relacionados en el hecho 18 de esta demanda, pertenecientes a la cuenta corriente 052-01126-9\u00bb; 2a.) \u00abEn consecuencia, cond\u00e9nese al Banco Ganadero-Apartad\u00f3 a pagarle a Zapata y Vel\u00e1squez Ltda, por concepto de perjuicios, las sumas de dinero correspondientes a cada uno de los cheques relacionados en el hecho 18 de esta demanda, con sus respectivas correcciones monetarias, e intereses bancarios causados desde la fecha en que se produjo el pago de cada uno de ellos por parte del Banco Ganadero- Apartad\u00f3\u00bb; y 3a.) \u00abCond\u00e9nese en costas al Banco Ganadero-Apartad\u00f3\u00bb. <\/p>\n
2. Los hechos fundamentales en que se apoyan las anteriores pretensiones, se pueden resumir del siguiente modo: <\/p>\n
a) La sociedad demandante, para el adecuado ejercicio de su objeto social y, en especial, para girar cheques como pago de sus negocios de combustibles, celebr\u00f3 un contrato de cuenta corriente bancaria con el Banco Ganadero-Apartad\u00f3, el 16 de julio de 1976, cuenta que fue distinguida con el No. 052-01126-9 y contra la cual \u00fanicamente pod\u00edan girar Fabio Zapata Arias y Marta Zuluaga de Zapata. <\/p>\n
b) El 1o. de junio de 1989, el Banco le comunic\u00f3 a Eduardo Casta\u00f1o, representante de la sociedad en la zona de Urab\u00e1, que no hab\u00eda provisi\u00f3n de fondos en la cuenta mencionada y que, por lo mismo, no era posible pagar unos cheques girados contra la mencionada cuenta corriente bancaria; mas, como la sociedad demandante s\u00ed hab\u00eda consignado dineros suficientes, procedi\u00f3 a averiguar lo que ocurr\u00eda y hall\u00f3 que los dep\u00f3sitos hab\u00edan sido retirados con la utilizaci\u00f3n de cheques falsos -lo que constat\u00f3 privadamente mediante dictamen grafot\u00e9cnico- y que pertenec\u00edan a chequeras que no hab\u00edan sido retiradas con la autorizaci\u00f3n requerida. Se dice en la demanda que en la fecha indicada fue cuando la demandante supo de la defraudaci\u00f3n. <\/p>\n
c) Seg\u00fan las copias de los cheques, suministradas por el Banco, \u00abse lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n que el pago de los cheques falsos se ven\u00eda haciendo por el Banco Ganadero-Apartad\u00f3 desde el 6 de agosto de 1986\u00bb. As\u00ed se giraron numerosos cheques por distintas cantidades que fueron debitadas de la cuenta corriente en cuesti\u00f3n, seg\u00fan la relaci\u00f3n que se hace en el hecho 18 de la demanda, obrante a folios 46 a 52 del cuaderno principal. <\/p>\n
d) Los referidos cheques adolecen de las siguientes irregularidades: es ap\u00f3crifa la firma del representante legal de la sociedad demandante, se\u00f1or Fabio Zapata Arias; no tienen sello restrictivo de pago en cuenta del primer beneficiario; algunos cheques no tienen fecha de emisi\u00f3n; todos los cheques carecen de indicaci\u00f3n del lugar en que fueron girados; varios de ellos tienen enmendaduras; y todos aparecen girados a personas naturales, no obstante que la cuenta estaba reservada para girar a personas jur\u00eddicas, identificadas como Colombianos Distribuidores de Combustibles S.A., o Codi Mobil o Distribuidores de Combustibles de Urab\u00e1. <\/p>\n
e) Varios de esos cheques fueron pagados por el Banco con sobregiros no solicitados ni autorizados por la sociedad demandante, y a pesar de su valor, nunca se solicit\u00f3 de aquella, confirmaci\u00f3n para su pago. <\/p>\n
f) Los t\u00edtulos cuestionados tampoco fueron devueltos a Zapata y Vel\u00e1squez Ltda. y \u00bb \u00fanicamente despu\u00e9s de descubierto el fraude y dada la insistencia sobre el particular, el Banco remiti\u00f3 fotocopias de los cheques pagados desde agosto de 1986″. <\/p>\n
g) Ninguno de los beneficiarios ha sido acreedor de dicha sociedad ni esta les ha girado cheques; tampoco existe continuidad en los endosos que se aprecian en sus reversos. <\/p>\n
h) Mediante comunicaci\u00f3n del 29 de noviembre de 1985, dirigida por Fabio Zapata Arias al Banco Ganadero-Apartad\u00f3, se advirti\u00f3 que los cheques girados contra la cuenta corriente 052-01126-9 deb\u00edan tener el sello restrictivo \u201cp\u00e1guese al primer beneficiario\u201d o \u201cpara consignar \u00fanicamente en la cuenta del primer beneficiario\u201d; en esa misma fecha, se le hizo saber de tales previsiones al se\u00f1or Eduardo Cata\u00f1o, representante de la demandada en la zona de Urab\u00e1. Igualmente en comunicaci\u00f3n de 15 de abril de 1983 se advirti\u00f3 al Banco que no se le entregara chequera a persona alguna que no presentara la debida autorizaci\u00f3n. <\/p>\n
i) En fin, el 23 de junio de 1989, la demandante puso en conocimiento de la an\u00f3mala situaci\u00f3n, al Gerente de la Regi\u00f3n Nor-occidental del Banco Ganadero, en Medell\u00edn, y exigiendo la restituci\u00f3n de los dineros indebidamente pagados, sin haber obtenido respuesta alguna. <\/p>\n
3. Notificado el auto admisorio de la demanda, el Banco, en forma extempor\u00e1nea, dio repuesta a la misma. <\/p>\n
4. Tramitado el proceso, el juez a quo dict\u00f3 sentencia en la que conden\u00f3 al Banco demandado a pagar la suma de $24.738.030.oo, m\u00e1s la correcci\u00f3n monetaria \u00abdesde la fecha en que se produjo el pago de los cheques fraudulentos relacionados en la parte motiva y hasta que el pago se verifique\u00bb; declar\u00f3 no probadas las excepciones y conden\u00f3 al demandado el pago de las costas \u00aben un 40%\u00bb. <\/p>\n
5. Apelada dicha providencia por ambas partes, el Tribunal finaliz\u00f3 la segunda instancia por medio de la sentencia ahora impugnada en casaci\u00f3n, en la que dispuso confirmar el fallo apelado con las siguientes modificaciones: La condena al Banco demandado se fij\u00f3 en la suma de $106.101.530.oo, incluida la correcci\u00f3n monetaria; y aument\u00f3 a un 50% las costas impuestas en la sentencia de primera instancia. Las costas en segunda instancia se las impuso \u00edntegramente al demandado. <\/p>\n
LAS MOTIVACIONES DEL FALLO IMPUGNADO EN CASACION <\/p>\n
1. Empieza el sentenciador por decir que, desde el punto de vista legal, la responsabilidad del banco girado por el pago irregular de cheques, se regula por los art\u00edculos 1382 del C. de Co., que define el contrato de cuenta corriente; y el 732 ib., que le atribuye responsabilidad al banco por el pago de un cheque falso, salvo que el depositante no notifique al librado que el t\u00edtulo era falso, dentro de los tres meses despu\u00e9s de que se le devuelva el cheque; y el art\u00edculo 1391 ejusdem, que alude a id\u00e9ntica responsabilidad, excepto cuando el cuentacorrentista haya dado lugar a ello por su culpa, y determinando que cesar\u00e1 la misma si \u00e9ste no le hubiere notificado sobre la falsedad \u00abdentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se le env\u00edo informaci\u00f3n sobre tal pago\u00bb. <\/p>\n
2. Asevera el fallador que la contraposici\u00f3n de las dos \u00faltimas normas se resuelve en favor de la aplicaci\u00f3n preferente del art\u00edculo 1391, por ser norma posterior y especial del contrato de cuenta corriente, de acuerdo con la regla de hermen\u00e9utica consagrada en el art\u00edculo 5, num. 2, de la ley 153 de 1887; y, a\u00f1ade, que el plazo de seis meses previsto en dicha norma es de caducidad y no de prescripci\u00f3n, lo que permite su examen de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 306 del C. de P.C. <\/p>\n
A ese respecto, se\u00f1ala su discrepancia con la tesis del demandado, consistente esta en que basta el env\u00edo de los extractos para contar el mentado t\u00e9rmino de caducidad, porque el art\u00edculo 732 del C. de Co. \u00abordena devolver los cheques irregularmente pagados\u00bb; y, de consiguiente, si, como aparece acreditado dentro del proceso, los cheques no fueron devueltos al cuentacorrentista sino cuando se enter\u00f3 de la falsificaci\u00f3n ( 2 de junio de 1989), quiere decir que a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda (24 de agosto de 1989) no hab\u00eda transcurrido el plazo de seis meses de que trata el art\u00edculo 1391 ib. <\/p>\n
3. De otra parte, prosigue diciendo el fallador que est\u00e1 demostrado que la sociedad demandante en el a\u00f1o de 1976 abri\u00f3 la cuenta corriente sobre la que versa la demanda; y que tanto el art\u00edculo 732 del C. de Co., como el 1391 ib., le atribuyen responsabilidad al banco girado por el pago de un cheque falsificado, salvo que el cuentacorrentista haya dado lugar al hecho por su culpa. <\/p>\n
Igualmente, aduce que est\u00e1 acreditado en este caso, que concurre la culpa de ambas partes y que, en consecuencia, el da\u00f1o debe ser repartido entre ellos por partes iguales. <\/p>\n
Afirma el sentenciador a ese respecto, que el Banco incurri\u00f3 en culpa porque aunque no se demostr\u00f3 en el proceso que le hubiese llegado la carta en la que el cuentacorrentista le informaba sobre restricciones para el pago de los cheques (C. Ppl. fl. 27), s\u00ed existen serios indicios que permiten concluir que, antes de la defraudaci\u00f3n, la cuenta corriente s\u00f3lo se utilizaba para girar cheques a nombre de tres personas jur\u00eddicas y con sellos restrictivos de pago o consignaci\u00f3n a favor del primer beneficiario; hecho que se demuestra con las copias de varios cheques (C.7, fls. 10 y ss.), girados por valores muy superiores a los contenidos en los cheques falsificados. <\/p>\n
Por lo tanto, existi\u00f3 negligencia de los empleados del Banco al no haberse percatado del cambio de beneficiarios y de las cantidades de los cheques, la que deriva en la responsabilidad del demandado, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 2347 del C.C. <\/p>\n
Tambi\u00e9n infiere el sentenciador del dictamen grafol\u00f3gico – y a pesar de que la falsificaci\u00f3n no fue burda o notoria -, que con cierta diligencia y cuidado de parte de los empleados del Banco, pudo haberse evitado la defraudaci\u00f3n; por \u00faltimo, asevera el fallador que por ser peligrosa la actividad bancaria, quien la explota debe asumir los riesgos que ella entra\u00f1a, uno de los cuales es la falsificaci\u00f3n de los cheques, lo que se compensa con el lucro que el banco percibe en la operaciones que realiza. <\/p>\n
En cuanto a la culpa concurrente de la sociedad demandante, sostiene el Tribunal que ella brota de la negligencia grave que le imputa por no haberse enterado de la defraudaci\u00f3n sino pasados tres a\u00f1os de iniciada la misma; adem\u00e1s, porque hay indicios de que el autor de la falsificaci\u00f3n fue un empleado de confianza del representante legal de la misma y, por lo tanto, tambi\u00e9n se hace responsable por el hecho de sus dependientes. <\/p>\n
4. En orden a cuantificar la indemnizaci\u00f3n, el sentenciador alude a que en los folios 199 a 207 del cuaderno 5 D aparece la relaci\u00f3n de los cheques girados contra la sobredicha cuenta corriente, los cuales fueron materia de dictamen grafol\u00f3gico y de exhibici\u00f3n ante el Juzgado 10 Civil del Circuito, cuyo valor total asciende a la suma de $62.286.920.oo, discriminados as\u00ed: los girados en 1986, $3.691.400.oo; en 1987, $19.082.520.oo; en 1988, $24.000.500.oo; y en 1989, $15.512.500. <\/p>\n
A rengl\u00f3n seguido, el Tribunal, fundado en los principios de la equidad y del no enriquecimiento sin causa y con apoyo en los art\u00edculos 1626 y 1627 del C.C., concluye \u00abque si la restituci\u00f3n del dinero a la sociedad demandante se hiciera sin la correcci\u00f3n monetaria, no se estar\u00eda haciendo un pago completo\u00bb; a partir de ese concepto determin\u00f3 el valor total de la indemnizaci\u00f3n en la suma de $212.203.060.oo, incluida la indexaci\u00f3n, cuyo \u00ab…50% equivale a $106.101.530.oo que en \u00faltimas es la suma a la cual ser\u00e1 condenado el demandante\u00bb. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Los cuatro cargos en ella contenidos se decidir\u00e1n en el orden l\u00f3gico correspondiente, lo que presupone despachar, primeramente, el cuarto por medio del cual el censor se duele de un supuesto error de actividad del fallador; seguidamente se examinar\u00e1 el cargo segundo, enderezado a enervar de modo definitivo y total las pretensiones de la demanda; y, finalmente, se estudiar\u00e1n los cargos primero y tercero. <\/p>\n
<\/p>\n
CARGO CUARTO <\/p>\n
Con fundamento en la causal 5a. del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pide el impugnante la nulidad de todo lo actuado en el proceso, a partir del auto admisorio de la demanda, atendiendo las siguientes consideraciones: <\/p>\n
Dado que la demandada es una sociedad de econom\u00eda mixta, incumb\u00eda al Juez Civil del Circuito de Turbo asumir, por el factor subjetivo, la competencia para conocer del asunto y no al Municipal de Apartad\u00f3, ante quien se present\u00f3 la demanda. El Banco Ganadero, en la primera actuaci\u00f3n que tuvo en el proceso, propuso el incidente de nulidad con fundamento en que careciendo de competencia el referido Juez Civil Municipal, este no pod\u00eda haber admitido la demanda ni dar traslado de ella, puesto que eran actos privativos del Juez del Circuito. El aludido Juzgado Civil Municipal deneg\u00f3 la nulidad, aduciendo que como quiera que el demandado no contest\u00f3 la demanda ni propuso excepciones previas, no pod\u00eda alegar como nulidad los hechos configurantes de aquellas, al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 100 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. En todo caso, orden\u00f3 remitir el expediente al Juez del Circuito. <\/p>\n
A su vez, el Juzgado Municipal deneg\u00f3 la apelaci\u00f3n interpuesta contra dicho decisi\u00f3n, porque consider\u00f3 que correspond\u00eda al Juez del Circuito resolver lo pertinente, lo que dio lugar a que el Banco interpusiera el recurso de queja; y es, precisamente, la falta de resoluci\u00f3n sobre \u00e9ste, lo que \u00ablegitima el que ahora, en el \u00e1mbito de la casaci\u00f3n, se depreque la nulidad de todo lo actuado\u00bb. En su momento, la apelaci\u00f3n se fund\u00f3 en que si bien el art\u00edculo 155 ib\u00eddem, vigente a la saz\u00f3n, imped\u00eda alegar la nulidad por quien hubiera actuado en el proceso sin alegarla en excepciones previas, lo dispon\u00eda as\u00ed \u00fanicamente en el caso de la falta de competencia territorial, raz\u00f3n por la cual no era aplicable el art\u00edculo 100 \u00edb., ya que la primera norma citada, por ser especial y posterior, prevalec\u00eda sobre la \u00faltima. <\/p>\n
La actuaci\u00f3n recibida por el Juez del Circuito de Turbo, muestra que el Juez Municipal hab\u00eda rechazado la nulidad impetrada y hab\u00eda denegado la apelaci\u00f3n interpuesta contra dicha determinaci\u00f3n, encontr\u00e1ndose, entonces, en tr\u00e1mite el recurso de queja, a cuya decisi\u00f3n quedaba obligado aqu\u00e9l, y como no pod\u00eda hacerlo por falta de competencia, puesto que en ese momento se convirti\u00f3 en Juez de primera instancia, como en antes lo hab\u00eda sido el Municipal, lo procedente era ordenar que la queja se surtiera ante al Tribunal de Antioquia. Sin embargo, decidi\u00f3 asumir el conocimiento del proceso y declar\u00f3 que \u00abpor substracci\u00f3n de materia queda dirimido el recurso de queja que se indicara en las motivaciones tra\u00eddas al respecto\u00bb, violando as\u00ed la ley procesal, pues usurp\u00f3 competencia que no le correspond\u00eda y desconoci\u00f3 el principio de la doble instancia, nulidad que sigue vigente, pues \u00abel conflicto de las normas procesales para aquel momento vigentes se resuelve en que la \u00fanica excepci\u00f3n de falta de competencia que no se puede plantear como nulidad es la territorial, luego la funcional es procedente\u00bb. <\/p>\n
La nulidad no ha sido saneada, expresa ni t\u00e1citamente, pues en la primera oportunidad el apoderado del Banco la plante\u00f3 y volvi\u00f3 a insistir en ella en la audiencia preliminar de que trata el art\u00edculo 101 del C. de P.C., recibiendo como respuesta que todo estaba ya decidido. El vicio procesal se consum\u00f3, tanto que el Juez de Santo Domingo, a quien le correspondi\u00f3 dictar la sentencia de 1a. instancia, dej\u00f3 plasmado en su providencia que el recurso de queja no se resolvi\u00f3, aunque tampoco decret\u00f3 la nulidad respectiva. <\/p>\n
El inter\u00e9s que le asiste al impugnante para invocar la causal de nulidad, radica en que si esta se decreta revive la posibilidad de que el demandado pueda pedir pruebas, especialmente el interrogatorio del representante legal de la sociedad demandada. <\/p>\n
SE CONSIDERA: <\/p>\n
1. Con fundamento en los supuestos f\u00e1cticos compendiados, impetra el recurrente la nulidad de \u201ctodo lo actuado\u201d en el proceso, sin reparar, empero, en que la hipot\u00e9tica irregularidad por la que se duele, se situar\u00eda \u00fanicamente en el auto admisorio de la demanda, pues la actuaci\u00f3n subsiguiente se surti\u00f3 por los tr\u00e1mites prescritos en la ley y ante el juez competente. Mas exactamente, en lugar de denunciar una anomal\u00eda que hubiese puesto en entredicho la legalidad del proceso, entendido este, en sentido estricto, como la sucesi\u00f3n de actos regulados por la ley para el ejercicio de la jurisdicci\u00f3n, apenas se concreta coyunturalmente en uno de tales actos, sin advertir que, con independencia de esa supuesta irregularidad por la que se queja, el proceso se desarroll\u00f3 conforme a los ritos que le son propios e, ins\u00edstese, ante el juez competente. <\/p>\n
Y esa supuesta irregularidad, o sea, la ilegalidad de un auto, no puede alegarse en casaci\u00f3n, cabalmente, porque el numeral 5\u00b0 del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil consagra como motivo para elevar el recurso, \u201chaberse incurrido en alguna de las causales de nulidad consagradas en el art\u00edculo 140, siempre que no se hubiere saneado\u201d, precepto \u00e9ste que, a su vez, hace referencia a la nulidad del proceso, no a la informalidad de un acto cualquiera de los que lo conforman. <\/p>\n
2. De igual modo, cabe resaltar que la falta de competencia configura un hecho constitutivo de excepci\u00f3n previa, motivo por el cual, cuando no se invoca oportunamente como tal, no es posible alegarla posteriormente como nulidad, siempre y cuando, obviamente, ella sea saneable. <\/p>\n
Ahora bien, el efecto del saneamiento de la nulidad por falta de competencia, antes de la vigencia del decreto 2282 de 1989, implicaba que el expediente se remitiera \u00aba quien deba continuar tramit\u00e1ndolo, salvo cuando se origin\u00f3 en el factor territorial\u00bb (Anterior art\u00edculo 156 del C. de P.C., vigente a la saz\u00f3n), lo que equival\u00eda a decir que lo actuado ante el juez incompetente conservaba validez, excepci\u00f3n hecha, claro est\u00e1, de la incompetencia por el factor funcional. En este asunto el expediente fue remitido al funcionario competente, es decir, el Juez Civil del Circuito de Turbo, quien asumi\u00f3 el conocimiento del proceso, conservando validez de lo actuado ante el Juez Civil Municipal de Apartad\u00f3. <\/p>\n
Finalmente, independientemente de quien hubiese tenido que resolver la queja en este asunto, lo cierto es que a la postre no habr\u00eda obtenido decisi\u00f3n acorde con sus aspiraciones anulatorias, porque los motivos que a la saz\u00f3n expuso el Juzgado Municipal para rechazarla, resultaron enteramente ciertos, como acaba de verse. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con fundamento en la causal primera de casaci\u00f3n se acusa la sentencia recurrida de ser indirectamente violatoria de los art\u00edculos 732, 1391 y 822 del C. de Co.; 1608, 1613, 1614, 1615, 1617, 1626, 1627 del C. C.; 8\u00ba y 48 de la Ley 153 de 1857, infracci\u00f3n originada en los siguientes yerros de apreciaci\u00f3n probatoria: <\/p>\n
a) Error manifiesto de hecho al tener por demostrado indiciariamente que la cuenta corriente s\u00f3lo era utilizada para girar cheques con sello restrictivo de negociabilidad en favor de personas jur\u00eddicas; b) error manifiesto de hecho por suponer que en el dictamen pericial los graf\u00f3logos concluyeron que la falsedad de los cheques hubiese podido ser apreciada por los empleados del banco de haber obrado ellos con diligencia y cuidado; c) error manifiesto de hecho por no haber reparado en el dictamen pericial de los contadores que pone de presente la negligencia y descuido con los cuales la sociedad demandante manejaba su contabilidad; d) error de hecho manifiesto por no haber apreciado el concepto t\u00e9cnico elaborado por la graf\u00f3loga Eloisa Castillo Bustos, aportado por la demandante, con el cual se demuestra que la misma actora guardaba reservas sobre la autenticidad de la firma de los cheques; e) error de hecho por no haber apreciado como prueba de la responsabilidad exclusiva de la empresa demandante \u201cque la defraudaci\u00f3n tuvo desarrollo desde el 6 de agosto de 1986 hasta el 24 de mayo de 1986 (sic)\u201d. <\/p>\n
Para demostrar el cargo afirm\u00f3 el recurrente que toma como punto de partida el supuesto consistente en que las normas aplicadas por el tribunal para deducir la responsabilidad del banco fueron los art\u00edculos 732 y 1391 del C\u00f3digo de Comercio, no obstante que en la sentencia se dice que del conflicto que surge de los dos preceptos legales debe aplicarse el \u00faltimo de ellos. Sin embargo, \u201ccon una falta de hilaci\u00f3n l\u00f3gica que desconcierta\u201d el Tribunal aplico no solo aquella norma sino tambi\u00e9n el art\u00edculo 732 porque contabiliz\u00f3 el t\u00e9rmino de caducidad desde el envi\u00f3 de los cheques al cuentacorrentista, de modo que concluy\u00f3 que como no hab\u00eda transcurrido el mencionado lapso era procedente la condena. <\/p>\n
Dado pues, el sentido de la decisi\u00f3n, es obvio que pueden estructurarse acusaciones diferentes, de modo que en este cargo se recoge una de las posibilidades que ella ofrece y que de salir victorioso lleve a reparar el grave error de la sentencia. <\/p>\n
Volviendo sobre los errores cometidos por el Tribunal, afirma el recurrente que \u00e9ste parti\u00f3 del supuesto que de la cuenta corriente de la cual se giraron los cheques falsificados se exped\u00edan t\u00edtulos valores \u00fanicamente a favor de tres sociedades por una cuant\u00eda predeterminada y con sello restrictivo de negociabilidad, nada de lo cual se percataron los empleados del banco; tuvo, tambi\u00e9n, en consideraci\u00f3n que el dictamen pericial de los graf\u00f3logos concluy\u00f3 que los empleados de la entidad demandada no obraron con diligencia y cuidado al pagar los cheques, lo cual propici\u00f3 la defraudaci\u00f3n y, finalmente, que existen graves indicios de que el il\u00edcito fue cometido por un empleado de la sociedad demandante se\u00f1or Alfonso L\u00f3pez, quien falsific\u00f3 la firma en los cheques. Las dos primeras se fundan en errores de hecho y la segunda es cierta y la comparte la censura. <\/p>\n
Respecto de lo primero es palpable que no existe prueba alguna que permita pensar que de esa cuenta corriente s\u00f3lo se giraban cheques con sello restrictivo de negociabilidad, \u00fanicamente en favor de tres personas jur\u00eddicas. Se pregunta el censor cuales fueron los cheques que le permitieron al sentenciador advertir un cambio s\u00fabito en los beneficiarios y su valor, si no existen en el expediente los cheques anteriores a la defraudaci\u00f3n, que le permitieran colegir que el Banco sab\u00eda de esa situaci\u00f3n; m\u00e1s exactamente no obran en el expediente cheques anteriores a los falsificados que permitan deducir las circunstancias en las cuales se giraban estos usualmente. <\/p>\n
Adem\u00e1s, sin gracia de discusi\u00f3n se aceptara la tesis del Tribunal consistente en que expedir habitualmente cheques a favor de personas jur\u00eddicas y con negociabilidad restringida impide girarlos posteriormente en otras circunstancias, tal criterio apareja \u201cel peor y m\u00e1s lamentable entendimiento de la manera como operan los bancos\u201d, toda vez que las normas legales los obligan a pagar todo cheque, salvo que exista orden de no pago o compromiso de abstenerse de atenderlo por la ausencia de ciertos requisitos, adem\u00e1s que si se abstiene de pagarlos debe reembolsar el 20% de cada t\u00edtulo al girador. <\/p>\n
Por el contrario, a\u00f1ade el inconforme, lo acreditado por los cheques es que entre agosto de 1986 y mayo de 1989 se giraron simult\u00e1neamente t\u00edtulos con negociabilidad restringida a personas jur\u00eddicas y otros, de libre negociaci\u00f3n, a favor de personas naturales, siendo estos los reputados falsos. <\/p>\n
De otro lado, ya en relaci\u00f3n con el segundo yerro de facto que se le atribuye al juzgador, asegura la censura que ni del tenor literal del dictamen pericial, como tampoco de su \u201cesp\u00edritu,\u201d se infiere lo aseverado en la sentencia recurrida. Por el contrario, luego de un examen exhaustivo concluyeron los peritos que los cheques realmente estaban adulterados, sin que en momento alguno sostuvieran que la falsedad fuese f\u00e1cilmente percibible, o que hubiese sido advertida por los funcionarios del banco de haber actuado con diligencia y cuidado. Supuso, pues, el Tribunal, algo que la prueba pericial no contiene. <\/p>\n
Obra en el proceso, adem\u00e1s, un concepto t\u00e9cnico aportado por la parte demandante y elaborado por la graf\u00f3loga Eloisa Castillo, que pone de presente que aquella, la actora, dudaba sobre la autenticidad de la firma de los cheques; empero el ad quem pas\u00f3 \u201col\u00edmpicamente\u201d sobre dicho informe, sin deducir del mismo consecuencia alguna. \u201cEs evidente que la demandante lo solicit\u00f3 porque abrigaba serias dudas sobre la falsedad de los cheques. Cierto es que cada cual tiene certidumbre sobre si una rubrica es suya o no\u201d, de ah\u00ed que hubiese acudido al examen grafol\u00f3gico puesto que no le resultaban apreciables a simple vista. Si el fallador no hubiese incurrido en la omisi\u00f3n que se le enrostra, jam\u00e1s habr\u00eda dicho que los empleados del Banco hubiesen podido advertir con diligencia y cuidado la falsedad de los t\u00edtulos valores; desde luego que si el mismo librador no ten\u00eda certeza de la falsedad, menos pod\u00eda exigirse a los empleados del Banco que la tuviesen. <\/p>\n
Se duele, igualmente, la censura de que el dictamen de los peritos contadores fue absolutamente ignorado en la sentencia de segundo grado no obstante su incidencia probatoria. En efecto, aquellos concluyeron que en la contabilidad de la sociedad demandante no fueron conciliados mensualmente, en el libro auxiliar bancario, los extractos de la cuenta corriente del Banco Ganadero, ni aparecen asentados los cheques relacionados en la demanda, los cuales solo se mencionan en el extracto bancario de su archivo. Resulta inaudito que el fallador hubiese pretermitido tal experticia pues de haber reparado en ella habr\u00eda depositado toda la culpa, con exclusi\u00f3n de la correlativa del Banco, en la sociedad demandante, toda vez que el dictamen es prueba suficiente de que \u00e9sta no se percato durante el lapso considerable de tres a\u00f1os de lo que estaba sucediendo con su dinero. <\/p>\n
Finalmente, tampoco estim\u00f3 el juzgador que la defraudaci\u00f3n tuvo desarrollo desde el 6 de agosto de 1986 hasta el 24 de mayo de 1989. Llama la atenci\u00f3n que hubiese sido posible la falsedad durante todo este tiempo sin que la giradora lo advirtiera. \u201c\u00bfComo pudieron hacerlo y c\u00f3mo por tanto tiempo?\u201d, se pregunta la censura; lo primero ya est\u00e1 resuelto. Simplemente la demandante llevaba su contabilidad de una manera contraria a las normas que regulan la actividad contable, y la segunda no se la formul\u00f3 el ad quem porque no repar\u00f3 en la confesi\u00f3n del demandante de que la defraudaci\u00f3n se consum\u00f3 durante casi tres a\u00f1os, ello debido a su propia negligencia, culpa esta que tiene la virtud de exonerar al demandado. <\/p>\n
Refiri\u00e9ndose a la trascendencia de tales yerros asegura el recurrente que las pruebas omitidas por el Tribunal apuntan de manera convergente, a demostrar que fue la culpa exclusiva de Zapata y Vel\u00e1zquez Ltda., la que facilit\u00f3 la ocurrencia del delito y por causa de tal inobservancia viol\u00f3 las normas denunciadas. <\/p>\n
S E C O N S I D E R A: <\/p>\n
1. Refiri\u00e9ndose a la responsabilidad bancaria originada en el pago de cheques falsos, ha dicho la Corte que \u201c…En la legislaci\u00f3n positiva colombiana el tema cuestionado no ha sido regulado en forma \u00fanica. Inicialmente consagr\u00f3 la responsabilidad del Banco girado por el pago de un cheque falso, exoner\u00e1ndolo de tal responsabilidad \u00fanicamente en el supuesto de que el librador omitiera notificarle, o no lo hiciera oportunamente, que el cheque pagado era falso. <\/p>\n
\u201cDec\u00eda el art\u00edculo 191 de la ley 46 de 1923, en efecto, que \u2018Todo Banco ser\u00e1 responsable a un depositante por el pago que aqu\u00e9l haga de un cheque falso o cuya cantidad se haya aumentado, salvo que dicho depositante no notifique al banco, dentro de un a\u00f1o despu\u00e9s de que se le devuelva el comprobante de tal pago, que el cheque as\u00ed pagado era falso o que la cantidad de \u00e9l se hab\u00eda aumentado\u2019. <\/p>\n
\u201cA la luz de la regulaci\u00f3n contenida en la norma transcrita, mediante la cual se consagraba en el punto la teor\u00eda del riesgo creado, al Banco correspond\u00eda soportar las consecuencias derivadas del pago de un cheque falsificado o cuya cantidad se hubiera aumentado, responsabilidad de la cual no se exoneraba ni a\u00fan con la prueba de que la falsedad o la adulteraci\u00f3n hab\u00edan encontrado su causa determinante en la conducta negligente del cuentacorrentista, en la guarda del instrumento. Los perjuicios de dicho cobro indebido eran, pues, de cuenta del Banco girado, siempre que el cliente le hiciera saber oportunamente el hecho fraudulento. <\/p>\n
\u201c… Por cuanto el principio consagrado en el sobredicho art\u00edculo 191 descartaba, para los efectos de deducir la responsabilidad por el pago de cheques falsos, todo g\u00e9nero de culpa en el titular de la cuenta corriente, bien pronto la doctrina y la jurisprudencia, y con ellas al legislador posteriormente, hubieron de atemperar su rigor, en el sentido de eximir de tal responsabilidad al Banco, en raz\u00f3n de la relaci\u00f3n de causalidad que existiera entre la culpa del librador y la falsificaci\u00f3n del instrumento. <\/p>\n
\u201cFue pues as\u00ed como el legislador colombiano de 1971, mediante el art\u00edculo 1391 del actual C\u00f3digo de Comercio, en congruencia con lo que ya hab\u00eda expresado en normas anteriores, preceptu\u00f3 que \u2018..Todo Banco es responsable con el cuentacorrentista por el pago que haga de un cheque falso o cuya cantidad se haya alterado, salvo que el cuentacorrentista no le hubiera notificado (al banco) sobre la falsedad o adulteraci\u00f3n del cheque, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se le envi\u00f3 la informaci\u00f3n sobre tal pago\u2019. <\/p>\n
El asunto fue nuevamente abordado, entre otras, en sentencias del 30 de septiembre de 1986 y del 24 de octubre de 1994, habi\u00e9ndose puntualizado en esta \u00faltima que: \u201c… conviene insistir una vez m\u00e1s, en que el citado art\u00edculo 1391 del C\u00f3digo de Comercio establece quien debe correr con los riesgos de los cheques falsificados, riesgo impuesto por la ley a las entidades financieras quienes, dado el volumen de transacciones que realizan, compensan las p\u00e9rdidas que los cheques falsificados pueden causar, regla esta que, de acuerdo con las disposiciones reci\u00e9n aludidas, tiene como obvia excepci\u00f3n que la culpa de los hechos recaiga en el cuentacorrientista o en sus dependientes, factores o representantes. El sistema legal, pues, no ofrece dificultad ninguna para su cabal entendimiento, siempre y cuando se tenga presentes precisos derroteros de doctrina trazados por la jurisprudencia, aun bajo la vigencia de la ley 46 de 1923 (cfr. G. J. Tomo CLII, p\u00e1g. 526 y siguientes). En efecto, seg\u00fan esta l\u00ednea de pensamiento que hoy en d\u00eda encuentra visible reflejo en el art\u00edculo 1391 del C\u00f3digo de Comercio, se estima que el ejercicio de la banca de dep\u00f3sito se equipara fundamentalmente al de una empresa comercial que, masivamente, atrae a s\u00ed y asume los riesgos inherentes a la organizaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n del servicio de caja, luego es precisamente en virtud de este principio de la responsabilidad de empresa, cuyos rasgos objetivos no pueden pasar desapercibidos, que el establecimiento bancario, asumiendo una prestaci\u00f3n t\u00e1cita de garant\u00eda, responde por el pago de cheques objeto de falsificaci\u00f3n, ello en el entendido, se repite, que es inherente a la circulaci\u00f3n y uso de t\u00edtulos bancarios de esta \u00edndole, el peligro de falsificaci\u00f3n y el costo econ\u00f3mico de tener que pagarlos lo que se compensa sin duda con el lucro que para los bancos reporta el c\u00famulo de operaciones que en este \u00e1mbito llevan a cabo. Pero, asimismo, no deben perderse de vista otros postulados acogidos sin reparo para atemperar el rigor de esta doctrina, habida cuenta que en cuanto ella hace pesar sobre el banco, en su calidad de librado, el riesgo de \u201cfalsificaci\u00f3n\u201d a base de imputarle una responsabilidad, lo cierto es que la misma puede moderarse, e incluso quedar eliminada, si concurre culpa imputable al titular de la cuenta corriente, lo cual significa, como lo dejara sentado la Corte, que \u2018\u2026como la medida de la responsabilidad de un banco por el pago de un cheque falso no se detiene en la culpa sino que alcanza el riesgo creado, no le basta el lleno de las preocupaciones habituales, sino que es preciso probar alg\u00fan g\u00e9nero de culpa en el titular de la cuenta para que el banco quede libre\u2026\u2019(G. J. Nm. 1943. P\u00e1g. 73)\u201d. <\/p>\n
Qui\u00e9rese decir, entonces, que como contrapartida de la actividad empresarial que es desarrollada por la instituci\u00f3n bancaria en su propio inter\u00e9s y bajo su control, operaci\u00f3n cuyo ejercicio acarrea, indudablemente, diversos riesgos, entre ellos, el de pagar cheques cuya falsificaci\u00f3n no sea imputable al librador, el ordenamiento le atribuye, en inobjetable aplicaci\u00f3n del principio \u201cubi emolumentum, ibi incomoda\u201d, la obligaci\u00f3n de soportar tal contingencia, imposici\u00f3n que, de todas formas, encuentra justificaci\u00f3n igualmente v\u00e1lida en otros argumentos tales como que la falsedad se dirige y consuma contra el banco, pues, a la postre, el pago del cheque se produce con su propio dinero y no con el del cuentacorrentista, dada la particular naturaleza del dep\u00f3sito bancario. Empero, como ha quedado dicho, la responsabilidad bancaria en tal hip\u00f3tesis no es absoluta, habida cuenta que \u00e9sta cesa, cuando la culpa de los hechos recaiga en el cuentacorrentista o en sus dependientes, factores o representantes. <\/p>\n
2. Si las cosas son de ese modo, esto es, que por causa de la anotada imposici\u00f3n a las entidades bancarias del riesgo de pagar cheques falsificados, deviene in\u00fatil e insubstancial la tarea de emprender la acreditaci\u00f3n de alguna culpa atribuible a ellas, habida cuenta que la ley las considera responsables por el pago de los cheques adulterados, obligaci\u00f3n que se extingue cuando por culpa imputable al titular de la cuenta corriente se hubiese producido la defraudaci\u00f3n. <\/p>\n
En consecuencia, a\u00fan de admitirse que el fallador incurri\u00f3 en los yerros de facto se\u00f1alados en la censura, consistentes en: a) tener por demostrado indiciariamente que la cuenta corriente s\u00f3lo era utilizada para girar cheques con sello restrictivo de negociabilidad en favor de personas jur\u00eddicas, b) suponer que los graf\u00f3logos concluyeron que la falsedad de los cheques hubiese podido ser apreciada por los empleados del banco de haber obrado ellos con diligencia y cuidado y, c) no haber apreciado el concepto t\u00e9cnico elaborado por la graf\u00f3loga Eloisa Castillo Bustos, aportado por la demandante, con el cual se demuestra que \u00e9sta guardaba reservas sobre la autenticidad de la firma de los cheques; errores estos que lo condujeron a tener como probada la culpa del banco demandado, tales incorrecciones, examinadas a la luz de los criterios jurisprudenciales trasuntados, resultar\u00edan a la postre intrascendentes, habida cuenta que si bien no podr\u00eda decirse que est\u00e1 demostrada con esos medios de prueba la culpa del demandado, tampoco habr\u00eda lugar a su exoneraci\u00f3n, toda vez que seguir\u00eda gravitando sobre \u00e9l la se\u00f1alada responsabilidad en los t\u00e9rminos ya anotados; por supuesto que, como ha quedado dicho, no pesa sobre el actor en los litigios de esta especie la carga de demostrar la culpa del banco librado pues la ley, sin entrar a reparar si el banco actu\u00f3 culposamente, le atribuye el riesgo derivado del pago del cheque falsificado. <\/p>\n
3. An\u00e1lisis particular merece, en cambio, lo relacionado con los hechos que pondr\u00edan presente la culpa del demandante a la que alude el recurrente como causal de exoneraci\u00f3n. El examen que de la cuesti\u00f3n se propone la Sala, debe reparar, primeramente, en que por disposici\u00f3n del art\u00edculo 1391 del C\u00f3digo de Comercio, la responsabilidad del banco, derivada del pago de un cheque falso, cesa cuando \u201cel cuentacorrentista haya dado lugar a ello por su culpa o la de sus dependientes, factores o representantes\u201d, es decir, que la entidad bancaria queda exonerada de la responsabilidad empresarial de la que se ha hablado, originada en el pago de los instrumentos espurios, cuando el librador, o las personas por las que \u00e9l responde, hubieren incurrido en culpa que hubiese \u201cdado lugar a ello\u201d. <\/p>\n
Pero, como es di\u00e1fano en la aludida regla, debe existir un v\u00ednculo de causalidad entre la culpa del librador y la adulteraci\u00f3n del t\u00edtulo valor, es decir, que hay lugar a la exoneraci\u00f3n del banco en cuanto este demuestre la existencia de una culpa del girador ligada a la falsificaci\u00f3n del cheque de modo que pueda colegirse que \u00e9sta \u00faltima debe su existencia a aquella otra. <\/p>\n
Por consiguiente, precisando lo que desprevenidamente se dijera en oportunidad anterior (G.J. No.1943, p\u00e1g.73 y transcrito en sentencia del 29 de noviembre de 1976), d\u00e9bese destacar ac\u00e1 y con singular \u00e9nfasis, que no cualquier inobservancia atribuible al librador da lugar a la liberaci\u00f3n de responsabilidad del banco acusado de pagar cheques espurios, pues para que tal exoneraci\u00f3n se produzca es menester que la culpa de aqu\u00e9l se encuentre entroncada con la falsificaci\u00f3n de los mismos, de modo que sea posible inferir que \u00e9sta \u00faltima debe su existencia a aquella otra. <\/p>\n
Cabr\u00eda preguntarse, en el asunto de esta especie, si la culpa imputable a la sociedad demandante, derivada de las irregularidades rese\u00f1adas por los peritos en torno al manejo de su contabilidad, es de tal entidad que cada vez que anomal\u00edas de esa \u00edndole se presenten suelan dar lugar a la emisi\u00f3n de cheques falsos, cuesti\u00f3n que inmediatamente habr\u00e1 de responderse de manera negativa, por supuesto que el desorden de la contabilidad no es causa que usualmente conduzca a la emisi\u00f3n de cheques adulterados. <\/p>\n
Si bien podr\u00eda decirse que se trat\u00f3 de una condici\u00f3n que pudo facilitar el monto de la falsificaci\u00f3n, no es una circunstancia que la hubiese creado o producido. Dicho en otros t\u00e9rminos, que una empresa lleve desorganizadamente su contabilidad no puede considerarse, seg\u00fan el giro normal o usual de los acontecimientos, una causa que produzca o conduzca a la emisi\u00f3n de cheques falsificados de sus cuentas. En consecuencia, el desorden de la contabilidad atribuible a la sociedad demandante no puede calificarse como una culpa con la envergadura suficiente para exonerar al Banco encausado. Y, justamente, en este punto se resiente la reclamaci\u00f3n de la censura, puesto que las deficiencias de la contabilidad rese\u00f1adas por los peritos no pueden considerarse como una causa id\u00f3nea y determinante de la falsificaci\u00f3n de los cheques que conduzca a la exoneraci\u00f3n del Banco demandado. <\/p>\n
Otro tanto puede decirse de la supuesta negligencia derivada de haberse enterado de la defraudaci\u00f3n pasados tres a\u00f1os de iniciada la misma, pues tal circunstancia no tuvo la virtualidad de ocasionar la adulteraci\u00f3n de los cheques, aunque pueda admitirse que el defraudador pudo aprovecharse de ese descuido para consumar su il\u00edcito. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, es patente que el Tribunal tuvo en consideraci\u00f3n la conducta descuidada del demandante para reducir, en forma proporcional, la condena del banco demandado, situaci\u00f3n que, sin ahondar demasiado, habr\u00e1 de mantenerse para no menoscabar la regla prohibitiva de la reforma en perjuicio del recurrente. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con fundamento en la causal primera de casaci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 368 del C. de P.C., v\u00eda directa, se acusa el fallo del Tribunal de haber infringido los art\u00edculos 732 del C. de Co., por indebida aplicaci\u00f3n parcial; 1391 \u00edb., por falta parcial de aplicaci\u00f3n; y, por aplicaci\u00f3n indebida, los art\u00edculos 822 del C. de Co.; 1608, 1613, 1614, 1615, 1617 y 1649 del C.C.; 8o. y 48 de la ley 153 de 1887. <\/p>\n
En la explicaci\u00f3n del cargo, en punto de la responsabilidad del Banco por el pago de un cheque falso, el impugnante comienza por se\u00f1alar la contradicci\u00f3n existente entre los art\u00edculos 732 y 1391 del C. de Co., la que estima se da s\u00f3lo en materia de la caducidad de la acci\u00f3n, en cuanto el primero determina que dicha responsabilidad se tipifica \u00ab..salvo que dicho depositante no notifique al Banco, dentro de los tres meses despu\u00e9s de que se le devuelva el cheque, que era falso o que la cantidad de \u00e9l se hab\u00eda aumentado\u00bb, mientras que el art\u00edculo 1391 dispone la cesaci\u00f3n de dicha responsabilidad en el supuesto de que \u00ab..el cuentacorrentista no le hubiere notificado sobre la falsedad, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se le envi\u00f3 la informaci\u00f3n sobre tal pago\u00bb. <\/p>\n
Semejante contradicci\u00f3n, agrega, se resuelve en favor de la aplicaci\u00f3n del citado art\u00edculo 1391, por ser norma especial y posterior, como tambi\u00e9n lo sostuvo el Tribunal; de consiguiente, el t\u00e9rmino de caducidad de la acci\u00f3n ( 6 meses ) y el hecho a partir del cual se debe comenzar a contar ( entrega al cuentacorrentista de la informaci\u00f3n sobre el pago del cheque ), conforman supuestos inseparables de la norma y, por lo mismo, no puede tomarse dicho t\u00e9rmino para contarlo a partir de la entrega de los cheques devueltos, como si en esto \u00faltimo s\u00ed fuera admisible la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 732. <\/p>\n
Destaca la censura que el sentenciador, a pesar de que concluy\u00f3 que la norma aplicable era el art\u00edculo 1391 del C. de Co., hizo obrar el art\u00edculo 732 \u00edb., a fin de fijar la fecha de iniciaci\u00f3n del t\u00e9rmino de caducidad previsto en la primera de estas normas; y apoyado, entonces, en que no se sobrepas\u00f3 dicho t\u00e9rmino, tomadas la fecha de devoluci\u00f3n de los cheques – 2 de junio de 1989 – y la de la presentaci\u00f3n de la demanda, consider\u00f3 tempestiva la reclamaci\u00f3n formulada contra el banco. <\/p>\n
A\u00f1ade, que como consecuencia de la indebida aplicaci\u00f3n parcial del art\u00edculo 732, el ad quem correlativamente dej\u00f3 de aplicar, tambi\u00e9n de manera parcial, el art\u00edculo 1391, \u00ab…pues uno de los supuestos de hecho, aquel seg\u00fan el cual la caducidad debe contarse desde el env\u00edo de la informaci\u00f3n del pago, que no es otra que la remisi\u00f3n de los extractos mensuales, no fue hecho obrar en el asunto litigado, cuando, como lo repiten hasta el cansancio jurisprudencia y doctrina, este es el precepto pertinente y aplicable a esta clase de litigios…\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, aclara el censor, que si bien el Tribunal dio por acreditadas las fechas de devoluci\u00f3n de los cheques y la de presentaci\u00f3n de la demanda para descartar la caducidad, no cuestiona estas conclusiones f\u00e1cticas, dado que el cargo se enfila por la v\u00eda directa y que los errores jur\u00eddicos denunciados son \u00abprimeros y cardinales del Tribunal\u00bb, por lo que pecar\u00eda contra la t\u00e9cnica del recurso entrar a demostrar que existen otros medios de convicci\u00f3n que acreditan que el Banco desde 1986, mes a mes, le remit\u00eda a la sociedad demandante los extractos que reflejaban el movimiento de su cuenta. Este aspecto – dice -, de prosperar el cargo, deber\u00e1 asumirlo la Corte obrando en sede de instancia. <\/p>\n
Finalmente, el impugnante, tras explicar en qu\u00e9 consisten las dem\u00e1s infracciones de la ley sustancial a que se refiere el cargo, solicita a la Corte la quiebra del fallo impugnado para que, en sede de instancia, dicte la sentencia que en derecho corresponda. <\/p>\n
SE CONSIDERA: <\/p>\n
1. Dado que el ordenamiento jur\u00eddico se manifiesta como una totalidad conformada por un conjunto de enunciados entre los cuales reina un orden, a aqu\u00e9l suele consider\u00e1rsele como un sistema. En efecto, el Derecho lo es porque pretende la exclusi\u00f3n de toda incompatibilidad entre las normas que lo conforman, sin que puedan coexistir en \u00e9l reglas que sean contrarias entre si. Cuando as\u00ed sucede, se dice que el ordenamiento normativo presenta antinomias, esto es, inconsistencias originadas en la correlaci\u00f3n de un caso concreto con dos o m\u00e1s soluciones contradictorias, incoherencia que, por supuesto, debe ser superada conforme a las reglas que el mismo Derecho prev\u00e9 de manera expresa, o, en su defecto, de acuerdo a los principios generales esbozados por la dogm\u00e1tica jur\u00eddica. <\/p>\n
Aquella situaci\u00f3n se produce cuando dos o m\u00e1s normas pertenecientes a un mismo ordenamiento jur\u00eddico y que afectan un mismo \u00e1mbito de validez, presentan un contenido prescriptivo incompatible. Tales inconsistencias pueden ser de diversos grados, dependiendo de que el campo de referencia de ambas normas sea igual, de modo que se superpongan totalmente, como cuando una norma prohibe lo que la otra manda, o, tambi\u00e9n, que el \u00e1mbito de una de ellas comprenda al de la otra pero agregando casos distintos; o en fin, cuando dos preceptos siendo aut\u00f3nomos contengan algunos supuestos f\u00e1cticos iguales y otros diversos, en cuyo caso la antinomia existe \u00fanicamente cuando las partes coincidentes se regulen de manera incompatible. <\/p>\n
As\u00ed pues, tratando de desentra\u00f1ar la naturaleza y alcances de la incoherencia advertida entre los art\u00edculos 732 y 1391 del C\u00f3digo de Comercio, se debe empezar por se\u00f1alar que uno y otro coinciden en prescribir como regla general que todo banco es responsable por el pago de un cheque falso, debiendo, subsecuentemente, soportar el da\u00f1o derivado de ese hecho, con las salvedades que en cada caso se anotan. En este punto, pues, lejos de ser incompatibles, las dos disposiciones son redundantes. Son reiterativas, igualmente, al establecer la cesaci\u00f3n de tal responsabilidad en caso de culpa del librador del cheque, aun cuando el art\u00edculo 1391 se\u00f1ala expl\u00edcitamente lo que en el art\u00edculo 732 est\u00e1 impl\u00edcito, es decir, que tal exoneraci\u00f3n se extiende a los eventos de culpa de los dependientes, factores o representantes del librador. Coinciden, tambi\u00e9n, ambos preceptos, al hacer cesar la responsabilidad del banco cuando el girador se abstiene de notificarle la falsedad del cheque, aunque se contradicen en el t\u00e9rmino en que tal notificaci\u00f3n se debe realizar y el momento a partir del cual \u00e9ste se computa, divergencia esta \u00faltima, francamente aparente, como oportunamente se ver\u00e1. <\/p>\n
En s\u00edntesis, las disposiciones citadas muestran la unidad de prop\u00f3sito que las orienta, ya que, adem\u00e1s de prescribir la responsabilidad del banco por el pago del cheque falso y la de exonerarlo en caso de culpa del girador que de lugar a la falsificaci\u00f3n, le imponen al depositante o cuentacorrentista la carga de dar aviso oportuno al banco sobre la falsedad del cheque pagado. <\/p>\n
As\u00ed mismo, es meramente aparente la se\u00f1alada contradicci\u00f3n relativa al momento a partir del cual empieza a contabilizarse el t\u00e9rmino de caducidad de la responsabilidad bancaria. En efecto, mientras el art\u00edculo 732, relativo a la reglamentaci\u00f3n del cheque como t\u00edtulo valor, exonera de responsabilidad al banco cuando el depositante \u00ab…no notifique al banco, dentro de los tres meses despu\u00e9s de que se le devuelva el cheque, que el t\u00edtulo era falso…\u00bb; el art\u00edculo 1391, perteneciente a la normatividad reguladora del contrato de cuenta corriente bancaria, dispone que dicha responsabilidad \u00ab…cesar\u00e1 si el cuentacorrentista no le hubiere notificado sobre la falsedad o adulteraci\u00f3n del cheque, dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se le envi\u00f3 la informaci\u00f3n sobre tal pago\u00bb. <\/p>\n
No existe contradicci\u00f3n en tal punto, puesto que, de un lado, la devoluci\u00f3n del cheque pagado que toma como punto de partida el art\u00edculo 732 ejusdem, y el env\u00edo de \u00abla informaci\u00f3n sobre tal pago\u00bb que toma en consideraci\u00f3n el art\u00edculo 1391 ib\u00eddem, son acontecimientos que, por mandato del art\u00edculo 728 \u00eddem, deben ser cumplidas por el banco en forma simult\u00e1nea; y, de otro lado, fundamentalmente, porque el \u00e1mbito de referencia del art\u00edculo posterior (el 1391) es mayor y, por ende, comprende al del precepto anterior; por supuesto que enviar los cheques es una manera de informar sobre su pago. As\u00ed las cosas, uno y otro no deben mirarse en el punto como excluyentes entre s\u00ed, ni, en consecuencia, es predicable stricto sensu una verdadera contradicci\u00f3n entre las sobredichas normas. <\/p>\n
D\u00e9bese subrayar, entonces, que la carga atribuida al cuentacorrentista de notificar al banco de la falsedad del cheque pagado por \u00e9ste, surge a partir del momento en que aqu\u00e9l tenga noticia del pago, ya sea mediante la devoluci\u00f3n de los cheques descargados, o por raz\u00f3n de cualquier otra \u201c informaci\u00f3n sobre tal pago\u201d. Subsecuentemente, si en la pr\u00e1ctica sucede la devoluci\u00f3n del cheque y el env\u00edo de la informaci\u00f3n en fechas diferentes, menester es concluir, miradas las normas en su contexto y en sentido teleol\u00f3gico, que el primero de aquellos hechos que llegase a ocurrir ser\u00e1 el que determine desde cu\u00e1ndo el depositante o cuentacorrentista tuvo conocimiento del pago del cheque falso; y es a partir de all\u00ed cuando empieza a correr el t\u00e9rmino otorgado por la ley para dar aviso al banco sobre el pago an\u00f3malo, bajo la consecuencia de que si el aviso o notificaci\u00f3n se omite o resulta extempor\u00e1neo cesar\u00e1 la responsabilidad de aqu\u00e9l. <\/p>\n
Existe, por el contrario, una real situaci\u00f3n de antinomia entre tales normas en cuanto contemplan dos t\u00e9rminos de caducidad distintos, uno de 3 meses y otro de 6. Para resolver tal contradicci\u00f3n, debe recordarse, sin embargo, que el art\u00edculo 5\u00b0 de la ley 57 de 1887 prescribe que \u201cSi en los c\u00f3digos que se adoptan se hallaren algunas disposiciones incompatibles entre si, se observar\u00e1n en su aplicaci\u00f3n las reglas siguientes: … 1) La disposici\u00f3n relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga car\u00e1cter general… 2) Cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad, y se hallen en un mismo C\u00f3digo, preferir\u00e1 la disposici\u00f3n consignada en art\u00edculo posterior;…\u201d . No cabe duda, entonces, que la norma aplicable es el art\u00edculo 1391 del C\u00f3digo de Comercio, por ser norma posterior al art\u00edculo 732 \u00edb. y hacer parte de la normatividad que regula el contrato de cuenta corriente. <\/p>\n
Las explicaciones precedentes le permiten a la Corte extraer las siguientes conclusiones: a) Que el t\u00e9rmino dentro del cual el cuentacorrentista debe dar aviso al banco sobre la falsedad del t\u00edtulo pagado es de seis (6) meses, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 1391 del C.C.; b) Que dicho t\u00e9rmino empieza a correr a partir del env\u00edo de la informaci\u00f3n suministrada por el banco al cuentacorrentista sobre el pago del cheque falso, la que bien puede darse al mismo tiempo con la devoluci\u00f3n del t\u00edtulo y el env\u00edo del extracto de la cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 728 \u00edb.; o de alguna de las dos formas, seg\u00fan sea lo que ocurra primero; c) Que si no se da dicho aviso oportunamente, cesa la responsabilidad del banco por el pago del cheque falso. <\/p>\n
2. En el caso de este proceso, el sentenciador expresamente aplic\u00f3 el art\u00edculo 732 del C. de Co. en combinaci\u00f3n con el art\u00edculo 1391 \u00edb., mas no de la manera como quedara explicado, incurriendo en yerro de estricta \u00edndole jur\u00eddica, consistente en que tom\u00f3 como punto de partida del t\u00e9rmino dentro del cual el cuentacorrentista debe hacer la notificaci\u00f3n comentada al Banco – 6 meses – \u00abdespu\u00e9s de que se devuelva el cheque [al depositante]\u00bb, que corresponde al supuesto previsto en el art\u00edculo 732, y, por sobretodo, se\u00f1al\u00e1ndolo como la \u00fanica hip\u00f3tesis legalmente admisible para verificar su cumplimiento; conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3, parad\u00f3jicamente, despu\u00e9s de haber prohijado la tesis de la prevalencia del citado art\u00edculo 1391 y de que el t\u00e9rmino de caducidad s\u00ed es el que establece \u00e9sta norma. <\/p>\n
Por causa de tal yerro jur\u00eddico, el sentenciador no entr\u00f3 a analizar las posibilidades que ofrece el art\u00edculo 1391 del C\u00f3digo de Comercio que, como se dijo, alude, con mayor amplitud, al t\u00e9rmino de los \u00abseis meses siguientes a la fecha en que se le envi\u00f3 [al cuentacorrentista] la informaci\u00f3n sobre tal pago\u00bb, dentro del cual este deb\u00eda notificar al banco sobre el pago de los cheques falsos; lo que le habr\u00eda permitido al fallador analizar otro punto de referencia para confrontarlo con la realidad que muestra el proceso, cu\u00e1l es la fecha de env\u00edo del correspondiente extracto que registra el movimiento mensual de la cuenta corriente, fecha que en la realidad, y no obstante que la ley la prev\u00e9 simult\u00e1nea con la de devoluci\u00f3n del cheque, puede no coincidir con esta \u00faltima. <\/p>\n
El indicado error jur\u00eddico adquiere un cariz trascendente, habida consideraci\u00f3n que la defraudaci\u00f3n con los cheques falsos materia de litigio, tuvo su comienzo en el a\u00f1o de 1986 para prolongarse hasta el a\u00f1o de 1989. Es decir, que de no haber existido semejante equivocaci\u00f3n, otra habr\u00eda sido la conclusi\u00f3n para determinar la tempestiva o intempestiva reclamaci\u00f3n de la sociedad demandante frente al Banco. <\/p>\n
En estas condiciones, el cargo primero debe prosperar, imponi\u00e9ndose la quiebra del fallo impugnado, pero solamente para exonerar de responsabilidad al Banco demandado con relaci\u00f3n a aquellos cheques respecto de cuyo pago indebido el librador no hubiese dado oportuno aviso. Por lo dem\u00e1s, como anteriormente se dijera, dado que el cargo que prospera no arrasa en todo su contexto resolutorio la decisi\u00f3n impugnada, con motivo de la sentencia que la Corte proferir\u00e1 en sede de instancia, habr\u00e1 de tenerse en cuenta a plenitud el postulado que impide reformar en perjuicio del \u00fanico recurrente. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Tambi\u00e9n con fundamento en la causal primera de casaci\u00f3n, se duele el recurrente de la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 822 del C. de Co.; 1608, 1613 a 1617, 1626, 1627 y 1649 del C. C.; y 8\u00ba y 48 del la Ley 153 de 1857. <\/p>\n
Asevera el impugnante que muchos son los fallos de la Corte en los cuales se ha definido que la desvalorizaci\u00f3n monetaria \u201ces en si misma un perjuicio constitutivo del da\u00f1o emergente\u201d. Y esta misma Corporaci\u00f3n ha dicho que el resarcimiento de los da\u00f1os y perjuicios solo es procedente cuando el deudor ha sido constituido en mora. En consecuencia, si el deudor no est\u00e1 en mora, la obligaci\u00f3n podr\u00e1 estar incumplida y ser exigible, pero aqu\u00e9l no estar\u00e1 obligado a pagar perjuicios. <\/p>\n
As\u00ed pues, no estando el Banco Ganadero constituido en mora, mal pod\u00eda conden\u00e1rsele al pago de los perjuicios por expresa prohibici\u00f3n legal. No obstante que el asunto fue planteado en las instancias, el Tribunal la desatendi\u00f3, en tanto estim\u00f3 que la condena era pertinente desde la fecha del pago de los cheques a pesar de no estar constituido en mora el demandado, pasando por encima de las orientaciones sentadas por la jurisprudencia de la Corte y violando, de paso, las normas relacionadas anteriormente que determinan cu\u00e1ndo el deudor est\u00e1 en mora y cuales son las consecuencias de la misma. Tambi\u00e9n aplic\u00f3, de manera indebida, los art\u00edculos 8 y 48 de la Ley 153 de 1887, pues los principios generales de derecho que resumen las doctrinas de enriquecimiento sin causa y la equidad invocadas por el ad quem se reflejaron en el litigio en virtud de la aplicaci\u00f3n indebida de este precepto. <\/p>\n
\u201cAhora bien, aunque es cierto que algunas de las normas que acuso como infringidas no aparecen mencionadas en el texto de la sentencia no lo es menos que, sin hacer expresa alusi\u00f3n a ellas, las aplic\u00f3, pues un fallo … como el censurado, no puede tener otro sustento que los preceptos que aqu\u00ed se analizan\u201d. <\/p>\n
S E C O N S I D E R A <\/p>\n
1. Si, como hoy universalmente se acepta, la labor de interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de la ley a cargo del juzgador solamente rinde verdaderos frutos, cumpliendo a cabalidad su cometido, cuando lo conducen a decisiones razonables y justas, es decir, cuando hace de la ley un instrumento de justicia y equidad, t\u00f3rnase forzoso sentar que, justamente, ante la ausencia de norma expresa que proh\u00edje la correcci\u00f3n monetaria en nuestra legislaci\u00f3n y dado que la inestabilidad econ\u00f3mica del pa\u00eds y el creciente deterioro del poder adquisitivo del dinero son circunstancias reales y tangibles que no pueden pasar desapercibidas al juez a la hora de aplicar los preceptos legales que adoptan como regla general en la materia, el principio nominalista, el cual, de ser aplicado ciegamente conducir\u00eda a graves e irreparables iniquidades, ha concluido la Corte, que ineludibles criterios de justicia y equidad imponen condenar al deudor a pagar en ciertos casos, la deuda con correcci\u00f3n monetaria. <\/p>\n
Si bien no puede desconocerse que en alguna oportunidad la Corte justific\u00f3 la correcci\u00f3n monetaria de las condenas en la necesidad de indemnizar un da\u00f1o emergente, no lo es menos que en la actualidad, en todos aquellos eventos en los cuales de manera concreta ha inferido la necesidad de reconocerla, ha acudido expl\u00edcita o impl\u00edcitamente, como fundamento de tal reconocimiento, a la equidad, entendida no como un principio general del derecho, sino, en acatamiento de lo previsto por el art\u00edculo 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica colombiana, como un instrumento auxiliar de la interpretaci\u00f3n judicial que permite ahondar en las normas jur\u00eddicas en b\u00fasqueda de esa justicia. <\/p>\n
M\u00e1s exactamente, dado que la equidad, adem\u00e1s de constituir un criterio o pauta para la interpretaci\u00f3n del derecho, admitido por la t\u00f3pica judicial, asume, por mandato constitucional, la funci\u00f3n interpretativa del car\u00e1cter abstracto de la ley para adaptarla a las circunstancias espec\u00edficas de cada hip\u00f3tesis en ella previstas, permiti\u00e9ndole al juez profundizar en el contenido de una norma con miras a deducir la justa soluci\u00f3n de un conflicto, se ha constituido, en no pocas ocasiones, quiz\u00e1s la mayor\u00eda, en una imprescindible herramienta que le ha permitido a la Corte ahondar en los preceptos legales que gobiernan los distintos asuntos con miras a encontrar en ellos alcances que convengan con la justicia impidiendo que determinado acreedor soporte el riesgo de la depreciaci\u00f3n de la moneda. De la mano de tal instrumento, principios que informan el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, tales como el del equilibrio contractual o el de la integralidad del pago, justifican con creces su reconocimiento en aquellos eventos en los cuales han tenido cabida. <\/p>\n
2. Cabalmente, ha dicho esta Corporaci\u00f3n que \u201c…en ausencia general de norma expresa que lo consagre (salvo las especiales ya reconocidas para el sistema UPAC, en sentencia del 24 de abril de 1979) ha admitido (la Corte), mediante interpretaci\u00f3n de las normas legales vigentes, el derecho al pago \u00edntegro de los perjuicios causados contra el responsable extracontractualmente (Cas.30-03-1984, G.J. CLXXVI, p\u00e1g.128; 06-08-1985, G.J. CLXXX, p\u00e1g.266; etc.), comprendiendo dentro de aquel el derecho al quantum equivalente al de la correcci\u00f3n monetaria. Factor \u00e9ste que ha sido incluido en este derecho, m\u00e1s como exigencia de la actualizaci\u00f3n de la reparaci\u00f3n del da\u00f1o al momento en que efectivamente se verifica el pago, que como da\u00f1o emergente propiamente dicho, pues si bien se trata de un fen\u00f3meno extra\u00f1o al hecho il\u00edcito, al contrato y a los autores, que lo pone al margen de la responsabilidad directa de estos, no es menos cierto que tienen incidencia al establecer el quantum de la reparaci\u00f3n, porque si la v\u00edctima o sus herederos requieren de un pago completo por parte del responsable extracontractualmente, que se determina al momento de su realizaci\u00f3n, l\u00f3gicamente habr\u00e1 que incluir, adem\u00e1s del valor del momento de su causaci\u00f3n, el que corresponda a la correcci\u00f3n hasta el momento del pago, a fin de que sea pleno o completo, lo que desde luego, tambi\u00e9n descansa en la equidad. <\/p>\n
\u201cY tambi\u00e9n es cierto que en numerosos fallos (Cas. 01-04-1987 G.J.CLXXXVIII, pag. 123; 02-02-90; 24-10-90; 06-06-91; 17-09-91; 03-12-92; 01-02-94; 07-03-94; 30-05-94; 08-02-94; 30-10-94; 29-07-94, etc.) en que se ha decretado la nulidad de ciertos contratos, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, con fundamento en el art\u00edculo 1746 del C\u00f3digo Civil, se ha entendido que la regulaci\u00f3n de las restituciones mutuas all\u00ed contempladas, no solo resaltan la necesidad de que por mandato legal expreso, se logre unas restituciones \u2018al mismo estado en que se hallar\u00edan (los contratantes) si no hubiese existido el acto o contrato nulo\u2019, sino que el inciso 2o. del citado precepto impone el deber de acudir a \u2018las reglas generales\u2019, que, en materia de contratos conmutativos, ser\u00eda la de establecer el equilibrio equitativo de los contratantes del contrato anulado. Y precisamente en tal virtud la jurisprudencia, en consideraci\u00f3n a las mencionadas restituciones equivalentes y equitativas, ha reconocido la restituci\u00f3n dineraria con correcci\u00f3n monetaria en equivalencia a las contraprestaciones\u201d. (G. J. CCXXXIV, P\u00e1g. 439) <\/p>\n
<\/p>\n
Incurre, pues, en desacierto la censura, en cuanto en t\u00e9rminos absolutos asevera que el pago de obligaciones dinerarias corregidas monetariamente obedece a la necesidad de resarcir un perjuicio y que, subsecuentemente, mientras el deudor no sea constituido en mora no hay lugar a tal reconocimiento, porque \u00e9sta -la mora-, es el presupuesto ineludible de toda indemnizaci\u00f3n. El desatino que al recurrente se le atribuye radica en que, como viene de exponerse, el fundamento de la correcci\u00f3n monetaria no puede ubicarse en la urgencia de reparar un da\u00f1o emergente, sino en obedecimiento, ins\u00edstese, a principios mas elevados como el de la equidad, el de la plenitud del pago, o el de la preservaci\u00f3n de la reciprocidad en los contratos bilaterales. De ninguna manera, en fin, es dable inferir que en asuntos como el de esta especie, el reajuste de la condena en proporci\u00f3n a la depreciaci\u00f3n del signo monetario constituya un perjuicio m\u00e1s que deba ser reparado, puesto que, reiterase a\u00fan a riesgo de fatigar, la p\u00e9rdida del poder adquisitivo del dinero no afecta la estructura intr\u00ednseca del da\u00f1o, sino su cuant\u00eda, de modo que la correcci\u00f3n tiene por finalidad la reparaci\u00f3n integral, no la de indemnizar un perjuicio m\u00e1s; am\u00e9n que, en ese mismo orden de ideas, tampoco puede verse en ello una sanci\u00f3n por un acto contrario al ordenamiento legal. <\/p>\n
No prospera el cargo. <\/p>\n
SENTENCIA SUSTITUTIVA <\/p>\n
Como quiera que prosper\u00f3 el cargo primero de la demanda de casaci\u00f3n, cuyos alcances, no obstante, son parciales, d\u00e9bese proferir la sentencia que habr\u00e1 de sustituir en lo pertinente la recurrida. Sin embargo, para tal efecto se hace menester decretar las pruebas que adelante se indicar\u00e1n. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
DECISION <\/p>\n
Por lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley CASA en los t\u00e9rminos anotados en su oportunidad, la sentencia de veinticinco (25) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994), proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia, dentro del proceso ordinario adelantado por la sociedad ZAPATA Y VELASQUEZ LTDA. frente al BANCO GANADERO, Sucursal Apartad\u00f3 (Banco Ganadero-Apartad\u00f3); y, actuando en sede de segunda instancia se dispone: De conformidad con los art\u00edculos 307, 375, 179, 180 y 243 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se ordena oficiar al Banco de la Rep\u00fablica (Gerencia General) en Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D. C. para que con destino a este proceso, dentro del t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas contados a partir del recibo de la respectiva comunicaci\u00f3n, rinda informe debidamente circunstanciado mediante el cual se determine, teniendo en cuenta la disminuci\u00f3n del poder adquisitivo de la moneda ocurrida en el pa\u00eds y calculada con referencia al \u00edndice de precios al consumidor, el valor que en la fecha tienen las siguientes cantidades anotadas en los respectivos cheques, as\u00ed: n\u00fameros: 7465587, por $ 200.000; 7465588, por $ 265.000; 7465589, por $ 275.000; 7465591, por $ 275.000; 7465592, por $ 265.000; 7465593, por $ 270.000; 7465594, por $ 295.000; 7465595, por $ 295.000; 7465596, por $ 333.000; 7465597, por $ 285.000; 7465598, por $ 316.000.Y Cheques n\u00fameros: A3033608, 614, 619, 623, 626, 631, 632, 637, 638, 640, 646, 694, por $275.000, cada uno; Nos. A3033611, 612, 613, 615, 616, 617, 618, 620, 622, 624, 625, 627, 630, 633, 634, 635, 636, 639, 641, 642, 643, 644, 647, 649, por valor de $280.000 cada uno; N\u00fameros A3033602, por $278.000; 603, por $276.000; 605, por $283.000; 610, por $276.000; 648, por $270.000; 650, por $276.000; 651, por $ 180.000; 652, por $265.000; 653, por $ 283.000; 687, por $260.000; 601, 629, 688, 689, 692, 695, 696, 697, 699 y 700 , por $285.000 cada uno; 691, por $286.000; 693, por $273.000; 609, por $265.000; 638, por $275.000; 628 y 698, por $ 270.000 cada uno; y A3033604, por $272.000. <\/p>\n
L\u00edbrese por Secretar\u00eda el oficio correspondiente, indicando la fecha de pago de cada uno de los anteriores t\u00edtulos, la cual aparece relacionada en el dictamen pericial que obra al folio 197 y subsiguientes del cuaderno de pruebas del demandante. <\/p>\n
COPIESE Y NOTIFIQUESE <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 5005 <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
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S-042-99 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Dr. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 Distrito Capital, nueve (9) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). Referencia: Expediente No. 5005 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81647","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81647","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81647"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81647\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81647"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81647"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81647"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}