S-043-99 [5219]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D. C., nueve (9) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).- <\/p>\n
Referencia: Expediente N\u00ba 5219 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por los demandados JORGE ENRIQUE Y ANA CLARIVEL QUICENO ORTIZ contra la sentencia de 27 de enero de 1994, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en este proceso ordinario promovido en su contra por CARLOS ARTURO QUICENO ORTIZ. <\/p>\n
ANTECEDENTES: <\/p>\n
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I.- Por demanda que le correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, CARLOS ARTURO QUICENO ORTIZ promovi\u00f3 contra JORGE ENRIQUE Y ANA CLARIVEL QUICENO ORTIZ proceso ordinario en el que solicita se hagan las declaraciones siguientes: <\/p>\n
\u00abA) Decl\u00e1rase simulado el contrato contenido en la escritura N\u00ba 2.803 de 9 de noviembre de 1990, otorgada en la Notar\u00eda Unica del C\u00edrculo de Santa Rosa de Cabal. <\/p>\n
\u00abB) Decl\u00e1rase simulado el contrato contenido en la escritura N\u00ba 687 de 22 de marzo de 1991, otorgada en la Notar\u00eda Unica del C\u00edrculo de Santa Rosa de Cabal. <\/p>\n
\u00abC) Que como consecuencia de lo anterior, la propiedad de la mitad del inmueble descrito en las citadas escrituras, es del se\u00f1or Carlos Arturo Quiceno Ortiz. <\/p>\n
\u00abD) Como consecuencia de las declaraciones anteriores, solicito se declare sin valor las inscripciones de las escrituras p\u00fablicas n\u00fameros 2.803 de 9 de noviembre de 1990 y 687 de 22 de marzo de 1991, registradas en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de este Circuito, en el Folio de Matr\u00edcula Inmobiliaria N\u00ba 296-0022613, orden\u00e1ndole al Registrador la cancelaci\u00f3n de los mencionados registros, como tambi\u00e9n al se\u00f1or Notario, ofici\u00e1ndole para que, en el respectivo protocolo, tome nota de la invalidez de las citadas escrituras. <\/p>\n
\u00abE) Que se condene a la parte demandada, al pago de los perjuicios sufridos por el actor, con ocasi\u00f3n de la venta simulada que hizo el demandado Jorge Enrique Quiceno, a su hermana Ana Clarivel Quiceno Ortiz. <\/p>\n
\u00abF) Cond\u00e9nase en costas a los demandados\u00bb. <\/p>\n
II.- Los pedimentos enlistados se apoyan en la relaci\u00f3n f\u00e1ctica que pasa a resumirse: <\/p>\n
a.-) CARLOS ARTURO Y JORGE ENRIQUE QUICENO ORTIZ compraron a Dolores o Dolly, Mar\u00eda Magnolia y Maruja Fern\u00e1ndez V\u00e1squez, seg\u00fan escritura p\u00fablica N\u00ba 503 de 1\u00ba de marzo de 1989 otorgada en la Notar\u00eda Unica del C\u00edrculo de Santa Rosa de Cabal e inscrita en el folio inmobiliario 296-0022613, un lote de terreno mejorado con casa de habitaci\u00f3n cuyas caracter\u00edsticas y linderos aparecen en la demanda, los que fueron debidamente aclarados junto con las dimensiones a trav\u00e9s de la escritura p\u00fablica 1.609 de 4 de mayo de las mismas anualidad y Notar\u00eda. <\/p>\n
c.-) De manera simulada, en negociaci\u00f3n de confianza y aparentado un precio inexistente de $2.000.000,00, a fin de evitar que el citado inmueble fuera perseguido por sus acreedores, CARLOS ARTURO QUINCENO ORTIZ \u00abdijo transferir el derecho de mitad, a su hermano JORGE ENRIQUE QUICENO ORTIZ\u00bb, tal como se hizo constar en la escritura N\u00ba 2.803 de 9 de noviembre de 1990 tambi\u00e9n de la misma Notar\u00eda y que fue registrada en el citado folio inmobiliario, comprometi\u00e9ndose \u00e9ste a devolv\u00e9rselo \u00abcuando… cubriera todas las obligaciones civiles que hab\u00eda contra\u00eddo\u00bb, pero requerido al efecto \u00abse neg\u00f3 rotundamente\u00bb. <\/p>\n
d.-) Enterado JORGE ENRIQUE de que CARLOS ARTURO, por intermedio de apoderado, lo iba a citar ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de Santa Rosa de Cabal a absolver interrogatorio de parte para ser indagado \u00absobre el hecho de la escritura de confianza\u00bb acudi\u00f3 a la Notar\u00eda de esa poblaci\u00f3n y \u201cotorg\u00f3 la escritura N\u00ba 687 de fecha 22 de marzo de 1991″ en la que dijo venderle a ANA CLARIVEL QUICENO ORTIZ \u201c…el derecho de mitad en com\u00fan y proindiviso con el derecho de la otra mitad que le queda al vendedor sobre la totalidad…\u201d sobre el citado inmueble; pero tal negociaci\u00f3n tambi\u00e9n fue \u00abde confianza\u00bb y tampoco hubo pago de precio, a pesar de que all\u00ed consta uno de dos millones de pesos ($2.000.000,00). <\/p>\n
e.-) Al absolver interrogatorio de parte extraprocesal, JORGE ENRIQUE QUICENO ORTIZ admite haber cedido la mitad del inmueble a su hermana ANA CLARIVEL QUICENO ORTIZ \u00abpero disfraza este acto, como una daci\u00f3n en pago, hecho que tampoco ocurri\u00f3\u00bb. <\/p>\n
f.-) CARLOS ARTURO Y JORGE ENRIQUE contrataron la elaboraci\u00f3n de planos y maqueta necesarios para la construcci\u00f3n de un edificio en el lote y le pagaron al profesional Carlos Eduardo Rodr\u00edguez M. la suma de $1.650.000,00 el d\u00eda 4 de marzo de 1991, lo que demuestra que aquel no ten\u00eda la intenci\u00f3n de transferirle la mitad a su hermano. <\/p>\n
<\/p>\n
g.-) Son indicios de la simulaci\u00f3n de ambos contratos: parentesco: los contratantes son hermanos leg\u00edtimos; motivo: el acoso sufrido por CARLOS ARTURO de parte de sus acreedores; apresuramiento: JORGE ENRIQUE transfiri\u00f3 la mitad a su hermana ANA CLARIVEL tan pronto se dio cuenta que ser\u00eda citado a interrogatorio; no necesidad de enajenar: se demuestra con elaboraci\u00f3n de planos para construir en el lote un edificio; conocimiento: lo ten\u00edan JORGE ENRIQUE Y ANA CLARIVEL al momento de celebrar el contrato; no entrega de precio: confiesa expresamente JORGE ENRIQUE que en ninguno de los contratos hubo pago y entrega del precio; disfraz: JORGE ENRIQUE pretende disfrazar ambas negociaciones bajo una sospechosa \u00abcompensaci\u00f3n o daci\u00f3n en pago\u00bb; ocultamiento del negocio: \u00fanicamente cuando CARLOS ARTURO le exigi\u00f3 a JORGE ENRIQUE que le otorgara la escritura restituy\u00e9ndole su cuota parte en el inmueble, se conoci\u00f3 la existencia de la compraventa que \u00e9ste le hab\u00eda hecho a su hermana ANA CLARIVEL; conducta procesal: \u00abEl hecho de haber transferido el demandado Jorge Enrique Quiceno, la mitad del derecho que dijo venderle su hermano Carlos Arturo, en vez de transferirle su parte, a su hermana Clarivel. Y, una vez se dio cuenta que iba a ser interrogado por el demandante, se apresur\u00f3 a otorgarle escritura a su hermana, quien adem\u00e1s obr\u00f3 como testaferro\u00bb; y, precio irrisorio: fue muy inferior \u00aba la mitad del aval\u00fao catastral y del precio comercial del inmueble\u00bb. <\/p>\n
III.- Enterados los demandados de las pretensiones del demandante, satisfaciendo el derecho de postulaci\u00f3n, responden oportunamente la demanda aceptando unos pocos hechos, negando la mayor\u00eda, oponi\u00e9ndose a la prosperidad de aquellas, formulando la excepci\u00f3n de fondo que denominan \u00abdaci\u00f3n en pago\u00bb y, en escrito separado, formulan reconvenci\u00f3n en la que hacen los siguientes pedimentos: <\/p>\n
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\u00aba) Que la escritura 2803 de 9 de noviembre de 1990, Notar\u00eda de Santa Rosa de Cabal, y a la cual se contrae la presente demanda en virtud de los hechos expuestos, encubre una daci\u00f3n en pago del bien objeto de la misma, hecha a Jorge Enrique Quiceno O., pero para todos los herederos del causante Gustavo Quiceno Escobar. <\/p>\n
\u00abb.-) Que se comunique al Notario y Registrador, respectivos, la anterior declaraci\u00f3n para las anotaciones pertinentes\u00bb. <\/p>\n
Las pretensiones de la demanda de reconvenci\u00f3n se apoyan en los hechos que pasan a relacionarse: <\/p>\n
a.-) CARLOS ARTURO QUICENO ORTIZ, hermano de los contrademandantes, administr\u00f3 por espacio aproximado de seis (6) a\u00f1os, con entera libertad e independencia, los bienes de la sucesi\u00f3n del padre com\u00fan Gustavo Quiceno Escobar, que ascend\u00edan a m\u00e1s de cien millones de pesos ($100.000.000,00), sin que durante dicho tiempo llevara libros que registraran claramente las distintas operaciones, ni hubiese rendido cuentas de su gesti\u00f3n, hasta el punto de encontrarse en imposibilidad de hacerlo satisfactoriamente cuando fue requerido por sus consangu\u00edneos. <\/p>\n
b.-) Ante la poca claridad de la administraci\u00f3n de tales bienes y la imposibilidad de rendir cuentas, \u00absu familia para evitar problemas entre ellos, opt\u00f3 por recibirle a cuenta de sus deudas para con ellos, los bienes de que tratan las escrituras 2803 de nov. 9-90 y 2975 de nov. 30-90 (sic), ambas de la Notar\u00eda de Santa Rosa de Cabal, conteniendo esta \u00faltima escritura otra venta de Luz Amparo Quiceno Ortiz, a m\u00e1s de la de Carlos Arturo Quiceno O.\u00bb y, aunque en tales instrumentos se consign\u00f3 que se realizaban compraventas, fue coincidente la voluntad de todos los herederos de recibirlos en daci\u00f3n en pago correspondiente al corte o rendici\u00f3n de cuentas. <\/p>\n
V.- La primera instancia culmin\u00f3 con sentencia de 19 de marzo de 1993, en la que el Juzgado del conocimiento dispuso: <\/p>\n
\u00ab1\u00ba Declarar relativamente simulado el contrato contenido en la escritura p\u00fablica N\u00ba 2803 de fecha noviembre 9 de 1990 de la Notar\u00eda Unica de este C\u00edrculo. <\/p>\n
\u00ab2\u00ba Declarar absolutamente simulado el contrato contenido en la escritura p\u00fablica 687 de fecha marzo 22 de 1991 de la Notar\u00eda Unica de este C\u00edrculo. <\/p>\n
\u00ab3\u00ba Denegar las pretensiones c) y e) del petitum de la demanda principal por lo dicho en la parte motiva, (alusivas a que el 50% del inmueble es de propiedad del actor, y a que se condene en perjuicios a los demandados, se agrega). <\/p>\n
\u00ab4\u00ba Declarar probada la excepci\u00f3n de fondo propuesta y que se denomin\u00f3 DACION EN PAGO. <\/p>\n
\u00ab5\u00ba Acceder a las pretensiones de la demanda de reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
\u00ab6\u00ba Declarar que el cincuenta por ciento (50%) sobre el lote de terreno ubicado en la Calle 13 N\u00ba 13-67 de \u00e9sta ciudad y alinderado como reza en las escrituras mencionadas pertenece a la sociedad de hecho conformada por la c\u00f3nyuge y herederos del se\u00f1or Gustavo Escobar Quiceno. <\/p>\n
\u00ab7\u00ba Declarar sin valor la inscripci\u00f3n en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esta ciudad de las anotadas escrituras p\u00fablicas. <\/p>\n
\u00ab8\u00ba Comunicar al se\u00f1or Notario Unico de este C\u00edrculo y al Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de \u00e9sta ciudad lo decidido en esta sentencia para las anotaciones de rigor. <\/p>\n
\u00ab9\u00ba Ordenar el levantamiento de la medida cautelar de inscripci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
\u00ab10\u00ba Costas en contra del se\u00f1or Carlos Arturo Quiceno hasta un cincuenta por ciento ($50%)\u00bb. <\/p>\n
VI.- Inconforme el demandante con la resoluci\u00f3n precedente, interpuso contra ella recurso de apelaci\u00f3n, habiendo terminado el segundo grado con fallo de 27 de enero de 1994, que, luego de revocar la decisi\u00f3n revisada, hizo los pronunciamientos siguientes: <\/p>\n
\u00ab1\u00ba Decl\u00e1rase simulada absolutamente la venta contenida en la Escritura P\u00fablica N\u00ba 2803 de 9 de noviembre de 1990 de la Notar\u00eda Unica de Santa Rosa de Cabal. <\/p>\n
\u00ab3\u00ba Ord\u00e9nase la remisi\u00f3n de oficios a los se\u00f1ores Notario y Registrador de Santa Rosa de Cabal para que tengan en cuenta estas declaraciones y hagan las anotaciones y desanotaciones correspondientes. <\/p>\n
\u00ab4\u00ba No se condena a los demandados, en demanda principal, al pago de perjuicios por las razones expuestas en la parte motiva. <\/p>\n
\u00ab5\u00ba Se deniegan las pretensiones de la demanda de reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
\u00ab6\u00ba Costas del proceso a cargo de los demandados en favor del demandante principal. Liqu\u00eddense las de esta instancia\u00bb. <\/p>\n
FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El Tribunal estudia por separado la demanda principal y la demanda de reconvenci\u00f3n y, luego de dar por establecidos los presupuestos procesales y de no hallar motivo de nulidad, pas\u00f3 a pronunciar sentencia de fondo revocatoria de la de primera instancia, en cuyo sustento consign\u00f3 las motivaciones que pasan a destacarse. <\/p>\n
A.- Respecto de la demanda principal: <\/p>\n
a.-) Encuentra presente la legitimaci\u00f3n en la causa de las partes involucradas en el proceso y como secuela de su participaci\u00f3n en el \u00abcontrato de compraventa plasmado en la escritura p\u00fablica No. 2803 de noviembre 9 de 1990 registrada el 4 de diciembre de 1990 en el folio de matricula inmobiliaria n\u00famero 296-022613 de la oficina de Registro de Santa Rosa de Cabal y cuya simulaci\u00f3n depreca el demandante\u00bb. <\/p>\n
b.-) Cita doctrina que define lo que es la simulaci\u00f3n, las dos clases que hay, y asevera que la absoluta, objeto de estudio de manera principal, \u00bb se encamina a que se declare que tras la apariencia enga\u00f1osa no existe acto jur\u00eddico alguno\u00bb, mientras la relativa, tema de la demanda de reconvenci\u00f3n, \u00abse dirige a obtener el reconocimiento del acto verdaderamente pactado entre las partes con sus determinadas consecuencias\u00bb. <\/p>\n
c.-) Enumera como elementos axiol\u00f3gicos de la simulaci\u00f3n el acuerdo entre las partes, y explica, citando doctrina o jurisprudencia que no identifica, que \u00abla ficci\u00f3n supone una relaci\u00f3n bilateral entre los que efect\u00faan el negocio, quienes cooperan juntos en la creaci\u00f3n del acto aparente, en la producci\u00f3n de la falsa imagen constitutiva del acto simulado\u00bb y el prop\u00f3sito de enga\u00f1ar que puede ser \u00abil\u00edcito, lesiva (sic) o no a los intereses de ley o de terceros\u00bb. Agrega, adem\u00e1s, que actualmente existe libertad probatoria para demostrarla, aunque la m\u00e1s utilizada es la que surge de los indicios, tales como \u00abel parentesco, la amistad \u00edntima, la cuant\u00eda y la naturaleza de los bienes enajenados, la falta de ejecuci\u00f3n del contrato, su contenido, la imposibilidad econ\u00f3mica del adquirente o acreedor, el estado del patrimonio del enajenante, el comportamiento de las partes en el litigio, la manera de realizar el contrato entre otros\u00bb. <\/p>\n
d.-) Encuentra acreditado en el plenario que: <\/p>\n
-CARLOS ARTURO y JORGE ENRIQUE adquirieron, en com\u00fan y proindiviso, el inmueble detallado y descrito en la escritura p\u00fablica No. 503 del 1o. de marzo de 1989 de la Notaria Unica del C\u00edrculo de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, cuyo precio fue de $ 17’000.000 y no de $ 4’000.000 como se consign\u00f3 en dicho instrumento, porque \u00abLa fotocopia de los cheques que se dice por el demandante son aquellos con los cuales pago (sic) dicha compra, no pueden apreciarse como prueba porque no re\u00fanen los requisitos del art. 254 C.P.C. en concordancia con el 278 C.P.C., adolece del mismo defecto la fotocopia aportada a folio 43, la del cheque con el que dice el damandado que pag\u00f3 su parte en la deuda\u00bb. <\/p>\n
-JORGE ENRIQUE QUICENO le vende la mitad del inmueble, lo que era propiedad de CARLOS ARTURO, a su hermana ANA CLARIVEL QUICENO, en la suma de dos millones de pesos ($2’000.000.oo), seg\u00fan escritura 687 de 22 de mayo de 1991. <\/p>\n
-Tanto las partes como Luz Amparo, Juli\u00e1n, Jos\u00e9 Fernando, Gustavo, Mar\u00eda Elena, Alba Luc\u00eda y Clarivel Ortiz de Quiceno fueron reconocidos como interesados en la sucesi\u00f3n del causante Gustavo Quiceno Escobar, en su calidad de hijos los primeros y de c\u00f3nyuge sobreviviente la \u00faltima, y la administraci\u00f3n de los bienes sucesorales le fue confiada a CARLOS ARTURO \u00abquien por m\u00e1s de cinco a\u00f1os administr\u00f3 a su talante una fama, los ganados de la finca, los camiones y una camioneta\u00bb, aunque no con mucho \u00e9xito y s\u00ed con severos problemas como lo admite al absolver interrogatorio de parte al manifestar \u00abque para salvar el patrimonio familiar entreg\u00f3 a su hermano la mitad del lote\u00bb y que, adem\u00e1s, \u00abadministraba tanto sus bienes personales como los de la sucesi\u00f3n sin hacer una diferenciaci\u00f3n adecuada y documentada acerca de los negocios relativos a cada patrimonio\u00bb. <\/p>\n
-Se demuestran los gastos efectuados en el lote para iniciar la construcci\u00f3n, por la versi\u00f3n del arquitecto que dise\u00f1\u00f3 el plano del edificio y a quien se le cancelaron los respectivos honorarios profesionales. <\/p>\n
-El precio total del inmueble a la fecha de noviembre 9 de 1990 de acuerdo al dictamen pericial era de $ 25’040.000 y, por ende, la mitad ascend\u00eda a $12’520.000 \u00abque supera en mucho lo expresado de dos millones\u00bb. <\/p>\n
e.-) Concluye que la simulaci\u00f3n \u00abest\u00e1 probada porque en realidad el acto contenido en la escritura no se realiz\u00f3, no se pag\u00f3 ning\u00fan precio por el bien, ni tampoco se entreg\u00f3 bien alguno en contraprestaci\u00f3n de ese precio seg\u00fan se deduce de la contestaci\u00f3n de la demanda y las pruebas\u00bb. <\/p>\n
f.-) Alude a la figura de la daci\u00f3n en pago, excepci\u00f3n propuesta por los demandados, para lo cual reproduce extracto de la sentencia de la Corte de 8 de mayo de 1993 aparecido en la Revista Jurisprudencia y Doctrina de julio de 1993, y expresa que \u00abEn la litis no aparece demostrada ninguna de las obligaciones que se dice fueron objeto del acto que se plasma en la escritura p\u00fablica 2803. Los demandados al igual que los declarantes coherederos, son acordes en manifestar que el actor tuvo la administraci\u00f3n de los bienes sucesorales, que no les rindi\u00f3 cuentas y que admiti\u00f3 deberles dinero, que con el inmueble se los pagaba. Pero ninguno es determinante en decir cual (sic) fue la suma que \u00e9ste les reconoc\u00eda y en cuanto (sic) aceptaron ellas recibirle el derecho en (sic) lote, no hay determinaci\u00f3n precisa en la obligaci\u00f3n extinguida y sustitutiva. ‘Nos deb\u00eda y nos pago’ no es suficiente para estructurar la figura que como medio exceptivo fue propuesta\u00bb. <\/p>\n
g.-) Insiste que no puede prosperar la excepci\u00f3n de fondo alegada de daci\u00f3n en pago, \u201cno solo porque no est\u00e1 demostrada sino porque su car\u00e1cter no tiene ninguna relevancia frente a la simulaci\u00f3n propuesta porque no constituye un hecho impeditivo extintivo(sic) de la acci\u00f3n propuesta; la daci\u00f3n extingue una obligaci\u00f3n como pago que es y en el presente caso no aparece claramente definida la obligaci\u00f3n solucionada con la tradici\u00f3n del inmueble, consecuentemente la apariencia del acto simulatorio es m\u00e1s evidente y debe aniquilarse\u00bb. <\/p>\n
h.-) La simulaci\u00f3n absoluta del contrato de compraventa de la cuota parte del inmueble, la mitad, hecha por JORGE ENRIQUE a su hermana ANA CLARIVEL, escritura p\u00fablica 687 de 22 de mayo de 1991, est\u00e1 plenamente comprobada \u00abcon las declaraciones de Jos\u00e9 Fernando Quiceno, Luz Amparo Quiceno quienes dicen que tal acto se realiz\u00f3 por efectos tributatorios que pod\u00edan recargar a JORGE ENRIQUE; no hubo precio no hubo intenci\u00f3n de transferir el dominio\u00bb y, adem\u00e1s, tampoco los demandados logran desvirtuar la afirmaci\u00f3n del actor de que la citada \u00abescritura fuera de confianza\u00bb al no allegar medio de convicci\u00f3n alguno que desvirtuara las mencionadas declaraciones, y, adicionalmente, \u00abde los hechos que se afirman en la demanda de reconvenci\u00f3n se deduce tambi\u00e9n que no hubo en realidad acuerdo entre ellos para hacer la venta que se explica en la escritura\u00bb. <\/p>\n
j.-) En lo que ata\u00f1e al pago de perjuicios no se accede a lo peticionado por el actor porque \u00abno determina que clase de perjuicios son los que solicita se le indemnicen, de manera que una condena por este aspecto resultar\u00eda ser hipot\u00e9tica; la prueba pericial practicada para el efecto se fundamenta en hip\u00f3tesis cuya realidad f\u00e1ctica procesal no tiene piso, consecuentemente la petici\u00f3n as\u00ed formulada no se concret\u00f3 debidamente y por ello la Sala no tiene fundamento real para acceder a ella\u00bb. <\/p>\n
B.- Respecto de la demanda de reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
a.-) Empieza por precisar que los demandantes en reconvenci\u00f3n aspiran a que se declare la simulaci\u00f3n relativa del contrato que obra en la escritura p\u00fablica No. 2803, por no haber sido de compraventa como externamente se hizo constar sino una daci\u00f3n en pago. <\/p>\n
b.-) Analiza que la pretensi\u00f3n se fundamenta en los mismos hechos expuestos al formular la excepci\u00f3n perentoria ya desestimada en su momento y, reitera, que \u00abtal daci\u00f3n no existe porque no se determinaron claramente las obligaciones sustituida y sustitutiva y consecuentemente la, (sic) pretensi\u00f3n de la demanda de reconvenci\u00f3n tampoco puede resolverse favorablemente\u00bb. <\/p>\n
EL RECURSO DE CASACION <\/p>\n
<\/p>\n
Con fundamento en la causal primera de casaci\u00f3n, en un \u00fanico cargo se acusa la sentencia de infringir, indirectamente, por falta de aplicaci\u00f3n los art\u00edculos 1625, 1626, 1627, 2407 del C\u00f3digo Civil, en concordancia con los art\u00edculos 1501, 1502, 1562, 1602 del C\u00f3digo Civil; 16 y ss. de la ley 95 de 1890; 498, 499, 501, 503 y 505 del C\u00f3digo de Comercio y 8 de la ley 153 de 1887, a consecuencia de errores de hecho cometidos por el Tribunal en el an\u00e1lisis del acervo probatorio. <\/p>\n
Empiezan los recurrentes por relacionar gen\u00e9ricamente las siguientes pruebas que en su sentir fueron defectuosamente apreciadas por el Tribunal: escrituras 2803 y 2975 de 9 y 30 de noviembre de 1990 de la Notar\u00eda Unica de Santa Rosa de Cabal, Risaralda; los interrogatorios de parte evacuados; el conjunto de testimonios recepcionados en el proceso; el recibo de pago de gastos de elaboraci\u00f3n de planos por el arquitecto Carlos Rodr\u00edguez y las libretas y cuadernos de cuentas. Contin\u00faa con la enunciaci\u00f3n de las no apreciadas: el indicio deducido de los libros y papeles de comercio; la inspecci\u00f3n judicial de 9 de octubre de 1992 y la declaraci\u00f3n de Carlos Rodr\u00edguez. <\/p>\n
<\/p>\n
Pasan luego los recurrentes a enunciar los errores de hecho en que incurri\u00f3 el fallador de segundo grado: <\/p>\n
\u00ab1- No dar por demostrado, est\u00e1ndolo, que efectivamente se hab\u00eda celebrado daci\u00f3n en pago entre las partes. <\/p>\n
\u00ab2- Dar por demostrado, sin estarlo, que no demostr\u00f3 la existencia de la daci\u00f3n en pago como mecanismo para extinguir obligaciones del actor. <\/p>\n
\u00ab3- No dar por demostrado, est\u00e1ndolo, que efectivamente estaban reunidos los elementos estructurales de la simulaci\u00f3n relativa en la escritura 2803 de noviembre 9 de 1990 de la Notar\u00eda Unica de Santa Rosa de Cabal. <\/p>\n
\u00ab4- No dar por demostrado, est\u00e1ndolo, que se determinaron expresa y claramente las obligaciones a extinguir, y la prestaci\u00f3n sustitutiva para la realizaci\u00f3n de la daci\u00f3n en pago. <\/p>\n
\u00ab5- Dar por demostrado, sin estarlo que no concurr\u00edan los elementos estructurales de la daci\u00f3n en pago en la escritura 2803 de 9 de noviembre de 1990\u00bb. <\/p>\n
Al desarrollar el cargo, los recurrentes concretan esos yerros de apreciaci\u00f3n probatoria cometidos por el fallador de segundo grado, as\u00ed : <\/p>\n
<\/p>\n
a.-) Se accedi\u00f3 a la simulaci\u00f3n absoluta del contrato de compraventa que contiene la escritura p\u00fablica 2803 de 9 de noviembre de 1990, sin tenerse en cuenta que ella no existi\u00f3 y que simplemente se trat\u00f3 de una simulaci\u00f3n de car\u00e1cter relativo que ocult\u00f3 la verdadera negociaci\u00f3n celebrada entre las partes, que fue una daci\u00f3n en pago, por lo que se recortaron los verdaderos alcances de dicho instrumento. <\/p>\n
b.-) De la declaraci\u00f3n del se\u00f1or Jos\u00e9 Fernando Quiceno Ortiz se recortaron los siguientes puntos: \u00ab1- Administraci\u00f3n por parte del demandante principal, de los bienes de la sucesi\u00f3n de Gustavo Quiceno Escobar desde 1984 a 1990…2- La imposibilidad del demandante principal de rendir cuentas de esa administraci\u00f3n…3- El reconocimiento expreso de la existencia de un pasivo por parte del demandante principal, y a su cargo, como consecuencia de esa administraci\u00f3n, pasivo a favor de los dem\u00e1s hermanos Quiceno Ortiz y de la madre de aquel y de \u00e9stos…4- La celebraci\u00f3n de una reuni\u00f3n de familia entre los Quiceno Ortiz, donde se materializ\u00f3: El ofrecimiento y aceptaci\u00f3n de la daci\u00f3n en pago, entre las partes y los dem\u00e1s hermanos Quiceno Ortiz y la madre de \u00e9stos, por las obligaciones debidas por el actor en la demanda principal, como consecuencia de la administraci\u00f3n indicada; daci\u00f3n en pago por medio de la cual extingu\u00edan la obligaci\u00f3n de rendir cuentas y el pasivo por parte del demandante principal, con la entrega, daci\u00f3n o escrituraci\u00f3n de derechos reales principales, como el contenido en la escritura 2803 de noviembre 9 de 1990…5- La existencia de una sociedad familiar o de hecho entre la familia Quiceno Ortiz…6- La enorme cuant\u00eda de los bienes administrados por el demandante principal\u00bb. <\/p>\n
c.-) Los mismos hechos que fueron preteridos respecto del testimonio de Jos\u00e9 Fernando Quiceno Ortiz, \u00abfueron desapercibidos por el sentenciador de segundo grado\u00bb en relaci\u00f3n con las declaraciones de Luz Amparo Quiceno Ortiz (fls. 8 a 13), Clarivel Quiceno de Ortiz (fls. 14 a 18), Mar\u00eda Helena Quiceno Ortiz (fls. 18 a 19), todos del cuaderno 6 y Alba Luc\u00eda Quiceno Ortiz (fls. 8 a 13 del cuaderno 5). Igual cosa sucedi\u00f3 con la versi\u00f3n de Amador Arias Berm\u00fadez, folios 1 a 7 del cuaderno 5; pero, adem\u00e1s, \u00abignor\u00f3 las expresas referencias a la inadecuada contabilidad que llevaba el demandante, pues no permit\u00eda el acceso al libro de venta; elementos con los cuales una vez m\u00e1s nac\u00eda el indicio contra el actor, por estar mal llevados los libros de comercio\u00bb. <\/p>\n
d.-) \u00abLos interrogatorios de parte realizados a los demandados ANA CLARIVEL QUICENO ORT\u00cdZ Y JORGE ENRIQUE QUICENO ORTIZ, coincidentes de la misma forma, con los declarantes anteriores, respecto de los hechos arriba extractados de los testimonios de Jos\u00e9 Fernando Quiceno, tambi\u00e9n pasaron por alto para el Ad quem\u00bb. <\/p>\n
e.-) Respecto del interrogatorio de parte del demandante CARLOS ARTURO QUICENO ORTIZ, se ignoraron los siguientes hechos: \u00abSu calidad de administrador de los bienes de la sucesi\u00f3n hasta diciembre de 1990, el distanciamiento de \u00e9ste frente a sus hermanos a partir del momento de celebraci\u00f3n de la escritura 2803 de 9 de noviembre de 1990, la realizaci\u00f3n de una reuni\u00f3n familiar en noviembre de 1990 donde determinaron celebrar las referidas escrituras, dentro de las que se encuentra la 2803, la existencia de una sociedad familiar de los Quiceno Ortiz, cuya administraci\u00f3n ven\u00eda ejerciendo hasta 1990, de la que devengaba una suma determinada por ejercer la administraci\u00f3n, al mismo tiempo que le daban la carne, la injustificada respuesta de que por qu\u00e9 en una de las escrituras en la que se convino la daci\u00f3n en pago, al mismo tiempo que la suscrib\u00eda el demandante, tambi\u00e9n lo hac\u00eda una de las hermanas Quiceno, a favor de la madre de \u00e9ste. La contradictoria respuesta sobre la inminencia de ejecuciones en su contra, que le motivaron a suscribir las escrituras simuladas, simulaci\u00f3n que, sin embargo, no realiz\u00f3 de una finca en Puerto Boyac\u00e1 que era de su propiedad\u00bb. <\/p>\n
f.-) Del testimonio rendido por el arquitecto Carlos Eduardo Rodr\u00edguez Merizalde, quien fue la persona que elabor\u00f3 unos planos para edificar en el lote litigado y extendi\u00f3 el recibo correspondiente al pago de los honorarios profesionales, ignor\u00f3 que \u00abel negocio para el efecto lo celebr\u00f3 con el demandado Carlos Arturo Quiceno y que el pago se realiz\u00f3 en 1990 (fol. 12 cuad. ppal), que corresponde al mismo a\u00f1o cuando se celebr\u00f3 la escritura 2803 de 9 de noviembre de 1990, y no el 4 de marzo de 1991, como lo expresa el hecho 15 de la demanda introductoria\u00bb. <\/p>\n
g.-) No tuvo en cuenta el indicio que debe deducirse en contra del demandante principal del hecho de no llevar en legal forma los libros de comercio relacionados con la administraci\u00f3n de los bienes, ejercida entre 1984 y 1990, los que fueron aportados por JORGE ENRIQUE QUICENO e incorporados durante la diligencia de inspecci\u00f3n judicial practicada el 29 de octubre de 1992. <\/p>\n
h.-) En lo que ata\u00f1e a la escritura p\u00fablica 2975 de noviembre 30 de 1990, se ignor\u00f3 \u00abque correspond\u00eda a uno de los actos jur\u00eddicos acordados en la reuni\u00f3n familiar de los Quiceno durante el mes de noviembre de 1990, como materializaci\u00f3n de los actos de extinci\u00f3n de obligaciones jur\u00eddicas existentes en la sociedad familiar\u00bb. <\/p>\n
i.-) Precisa el censor que \u00abesas pruebas, como la declaraci\u00f3n de Amador Arias, el testimonio del arquitecto que elabor\u00f3 los planos, y los interrogatorios de parte de haber sido apreciados correctamente por el Ad Quem, habr\u00edan permitido concluir que estaban definidos de forma visible y patente los elementos determinantes de los valores de las obligaciones, y m\u00e1s precisamente, las obligaciones de hacer (rendir cuentas) y de dar (pagar un pasivo no determinado claramente a causa de estar mal llevados los libros por el solvens, deudor o demandante principal); obligaciones, que extingu\u00eda el solvens (demandante principal) entregando a los accipiens (sus coherederos o consangu\u00edneos, sociedad de hecho Quiceno Ortiz) una prestaci\u00f3n ofertada por aquel, el deudor (cuota parte de dominio del predio consignado en la escritura 2803 de 9 de noviembre de 1990) y aceptada expresamente por los acreedores. Es decir, las partes determinaron manifiesta y di\u00e1fanamente las prestaciones sustitutivas y sustituyentes. De esa forma se liberaba de las obligaciones (rendir cuentas y pasivos no determinados matem\u00e1tica y milim\u00e9tricamente por estar mal llevados los libros del deudor demandante) el deudor, demandante ahora de la simulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
j.-) Hace un an\u00e1lisis de lo que debe considerarse como daci\u00f3n en pago, citando al efecto a varios tratadistas de la materia y establece la diferencia que existe entre ella, la novaci\u00f3n y la compraventa por tratarse de una figura aut\u00f3noma e independiente por medio de la cual se pueden extinguir las obligaciones. Esto fue lo acordado, dicen, en la reuni\u00f3n familiar de los Quiceno Ortiz, que decidieron ponerle fin a la rendici\u00f3n de cuentas del administrador de la sociedad de hecho surgida a partir de la muerte del se\u00f1or Gustavo Quiceno Escobar, pero que, al no ser tenida en cuenta por el Tribunal, dio lugar a que no se aplicaran los art\u00edculos 16 y ss. de la ley 95 de 1890 y 498, 499, 501, 503 y 505 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
SE CONSIDERA: <\/p>\n
I.- Es preciso determinar preliminarmente si el cargo re\u00fane los requisitos formales exigidos por el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 51 del Decreto 2651 de 1991 para el evento en que \u201cse invoque la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial\u201d, pues seg\u00fan este precepto \u201cSer\u00e1 suficiente se\u00f1alar cualquiera de las normas de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n jur\u00eddica completa\u201d. <\/p>\n
El entendimiento de esa disposici\u00f3n impone observar, que la norma sustancial que a juicio del recurrente debe ser citada como violada, tiene que estar \u00edntimamente ligada con el aspecto jur\u00eddico sobre el que versa la pretensi\u00f3n ventilada en el litigio, o con el que sirve de soporte a la oposici\u00f3n, porque en rigor ellos constituyen o deben constituir la base esencial de la decisi\u00f3n, ya que demarcan los confines de la misma. Dentro de esa l\u00f3gica elemental le bastar\u00e1 por tanto al casacionista citar como infringida cualquiera de las normas de ese linaje que gobiernen esos extremos de la controversia, esto es, la pretensi\u00f3n o la oposici\u00f3n. <\/p>\n
Ello significa, precisando el alcance de esa disposici\u00f3n, que la norma sustancial a ser citada por el casacionista como infringida no tiene por qu\u00e9 estar necesaria y directamente ligada con el exclusivo tema jur\u00eddico de la pretensi\u00f3n, pues la r\u00e9plica y la normatividad sustancial vinculada con ella en tanto son igualmente soporte ineludible de la litis tambi\u00e9n pueden determinar la satisfacci\u00f3n de ese requisito formal, esto \u00faltimo en la medida en que el impugnante sea la parte opositora y que a su juicio cite como quebrantada alguna de las disposiciones que regulan el aspecto cardinal de su defensa, no tenido en cuenta por el sentenciador. No se puede arg\u00fcir que, al tenor del art\u00edculo – <\/p>\n
51-1 del Decreto 2651 de 1991, las normas jur\u00eddicas que constituyen base esencial del fallo impugnado y que por consiguiente deben ser invocadas por el recurrente cual soporte t\u00e9cnico de la acusaci\u00f3n, tengan que ser \u00fanica e indefectiblemente las que toquen con la pretensi\u00f3n del actor que dio inicio al proceso, si como adicionalmente lo dispone en forma expresa el mismo precepto, tambi\u00e9n cumplen ese requisito las disposiciones sustanciales que a pesar de no constituir efectivamente la base esencial de la decisi\u00f3n combatida, s\u00ed han \u201cdebido serlo\u201d por apuntalar en el litigio la posici\u00f3n de la parte opositora desestimada por el sentenciador y que por ende resultaron quebrantadas a juicio del censor; m\u00e1s si, seg\u00fan se vio, esa posici\u00f3n tambi\u00e9n concierne de manera fundamental al thema decidendum, cuyas normas regulatorias cumplen as\u00ed mismo por voluntad de la ley el requisito formal por ella impuesto. No de otra forma podr\u00eda entenderse que el actor en casaci\u00f3n pudiese relacionar, en cumplimiento de dicha preceptiva t\u00e9cnica, cualquiera de las normas sustanciales que fueron, o han \u201cdebido serlo\u201d, base esencial del fallo impugnado, y que ello pueda hacerlo, seg\u00fan ese mismo mandato legal, a su propio juicio. <\/p>\n
As\u00ed precisado el alcance de la regla 1\u00aa del art\u00edculo 51 del Decreto 2651 de 1991, no ofrece dificultad concluir que el cargo en estudio es formalmente apto en este punto para los fines que persigue el recurrente, porque aun cuando \u00e9ste no cit\u00f3 el art\u00edculo 1766 del C.C. ni el art\u00edculo 267 del C. de P.C. que regulan el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la simulaci\u00f3n deducida en la demanda que dio inicio a este proceso, s\u00ed relacion\u00f3 varias de las normas sustanciales que gobiernan la figura de la daci\u00f3n en pago sobre la que edific\u00f3 precisamente su defensa (no s\u00f3lo para excepcionar sino para contrademandar); defensa que el fallo desestim\u00f3 a consecuencia, seg\u00fan el recurrente, de yerros cometidos por el Tribunal al estimar el acervo probatorio. Entonces, si lo que el impugnante persigue con el recurso de casaci\u00f3n es demostrar esos yerros f\u00e1cticos que le enrostra al sentenciador y que le impidieron a \u00e9ste apreciar que el otorgamiento de la escritura p\u00fablica 2803 de 9 de noviembre de 1990 tuvo por antecedente una daci\u00f3n en pago y la consecuente extinci\u00f3n de un cr\u00e9dito preexistente, resulta significativo y suficiente para los efectos del art\u00edculo 51-1 del Decreto 2651 de 1991 que el recurrente en casaci\u00f3n hubiese citado, como lo hizo, cualquiera de las normas sustanciales que regulan lo atinente a esa defensa, m\u00e1s cuando se sabe que sobre dicha situaci\u00f3n f\u00e1ctica se hizo descansar la pretensi\u00f3n de simulaci\u00f3n relativa planteada en la demanda de reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
II.- El cargo, cuyo estudio de fondo se emprende dadas las consideraciones precedentes, denuncia la comisi\u00f3n de yerro f\u00e1ctico por parte del Tribunal al dejar \u00e9ste de apreciar los aspectos probatorios que en la censura se detallan, que dieron lugar, seg\u00fan ella, a que dicho sentenciador declarara, entre otros pronunciamientos, simulada absolutamente la venta contenida en la escritura N\u00b0 2803 de 9 de noviembre de 1990, y desestimara, as\u00ed mismo, la excepci\u00f3n de daci\u00f3n en pago propuesta por los demandados, como la pretensi\u00f3n de simulaci\u00f3n relativa, que con fundamento en esa daci\u00f3n \u00e9stos propusieron en reconvenci\u00f3n respecto de esa misma venta. <\/p>\n
Para llegar a la decisi\u00f3n combatida en este cargo, es decir, para que el Tribunal hubiese resuelto en segunda instancia el litigio en forma adversa a la parte demandada y reconviniente, dicho sentenciador consider\u00f3 que la figura jur\u00eddica de la daci\u00f3n en pago, exige, para que pueda tener operancia legal como modalidad extintiva de una obligaci\u00f3n, la ineludible determinaci\u00f3n cuantitativa de la obligaci\u00f3n preexistente o sustitu\u00edda como de la obligaci\u00f3n sustitutiva, porque s\u00f3lo as\u00ed se da el \u201cpoder liberatorio\u201d a ella asignado en el ordenamiento, y que por esa raz\u00f3n las partes \u201cdeben acordar cu\u00e1l es el alcance de las prestaciones intercambiadas para que haya pago con todos sus efectos legales\u201d. Dentro de esa l\u00ednea de argumentaci\u00f3n asevera posteriormente el fallo del ad quem que en el proceso no aparecen cuantificadas esas dos prestaciones objeto del acto plasmado en la escritura 2803; que los demandados y los declarantes son acordes en manifestar que el actor principal tuvo la administraci\u00f3n de los bienes sucesorales, que no les rindi\u00f3 cuentas, que admiti\u00f3 deberles dinero, que con el inmueble se los pagaba; pero que \u201cninguno es determinante en decir cu\u00e1l fue la suma que \u00e9ste les reconoci\u00f3 y en cuanto aceptaron ellos recibirle el derecho en lote (sic)\u201d, por lo que, agrega, \u201cno hay determinaci\u00f3n precisa en la obligaci\u00f3n extinguida y sustitutiva. \u2018Nos deb\u00eda y nos pag\u00f3\u2019 -dice- no es afirmaci\u00f3n suficiente para estructurar la figura que como medio exceptivo fue propuesta\u201d. <\/p>\n
Siendo esa la manera de reflexionar el Tribunal, los recurrentes en casaci\u00f3n, que escogieron la v\u00eda indirecta de impugnaci\u00f3n por su presunta conformidad con las consideraciones jur\u00eddicas del fallo, debieron dirigir su actividad a demostrar que, a diferencia de lo apreciado por el citado juzgador, la realidad f\u00e1ctica del proceso daba cuenta cabal de la cuantificaci\u00f3n de las prestaciones intercambiadas, echada de menos por el fallo, desplegando en esa direcci\u00f3n la labor de confrontaci\u00f3n entre \u00e9sta y la apreciaci\u00f3n objetiva que de ella sac\u00f3 aqu\u00e9l. Empero, no fue esa la conducta observada por los casacionistas que, muy por el contrario, antes que acreditar en su acusaci\u00f3n que ambas obligaciones (la preexistente y la sustitutiva) aparecen debidamente cuantificadas en el proceso, como lo exigi\u00f3 el fallo, se encaminaron fue a hacer notar que estaban perfectamente definidas esas obligaciones intercambiadas porque lo acordado por las partes fue que se tuviera lo debido por lo pagado; proceder con el cual los recurrentes no lograron demostrar el evidente yerro probatorio denunciado, haci\u00e9ndose patente el desenfoque de su acusaci\u00f3n, pues no fue esa la exigencia del Tribunal en orden a admitir como legalmente producida la susodicha daci\u00f3n en pago. <\/p>\n
En efecto, parten los recurrentes de que por restringido alcance en la apreciaci\u00f3n de los testimonios de Amador Arias Berm\u00fadez, de Jos\u00e9 Fernando, Luz Amparo, Mar\u00eda Elena y Alba Luc\u00eda Quiceno Ortiz, lo mismo que en el de Clarivel Ortiz de Quiceno, el sentenciador omiti\u00f3 ver los hechos siguientes: a) que el actor principal tuvo la administraci\u00f3n de los bienes de la sucesi\u00f3n de Gustavo Quiceno Escobar, b) la imposibilidad de dicho administrador para rendir cuentas de su gesti\u00f3n; c) el reconocimiento expreso de \u00e9ste de que en esa labor surgi\u00f3 para \u00e9l un pasivo a su cargo y en favor de los hermanos Quiceno Ortiz y de la madre de \u00e9stos; d) el ofrecimiento y aceptaci\u00f3n de la daci\u00f3n en pago entre el deudor, los Quiceno Ortiz y la madre de \u00e9stos; e) la existencia de una sociedad familiar o de hecho entre la familia Quiceno Ortiz y la madre de \u00e9stos; y f) la enorme cuant\u00eda de los bienes administrados por el demandante principal. Empero, estos aspectos probatorios que se dicen omitidos por el fallo recurrido, no conducen a demostrar que s\u00ed hubiese estado establecido el quantum de la obligaci\u00f3n preexistente y el de la sustitutiva reclamado en el fallo. <\/p>\n
Adicionalmente esos alcances de la prueba no fueron omitidos por el Tribunal que, como se sabe, los apreci\u00f3, pues para dicho sentenciador no hay duda de que la administraci\u00f3n de esos bienes \u201cestuvo en manos de Carlos Arturo por m\u00e1s de seis a\u00f1os\u201d; que \u00e9ste \u201cadministr\u00f3 a su talante una fama, los ganados de la finca, los camiones y una camioneta\u201d; que Amador Arias \u201cllevaba una precaria contabilidad de dicha administraci\u00f3n\u201d (fl. 25 C. 8); que \u201cesa administraci\u00f3n estaba en problemas que daba p\u00e9rdida…que el demandante administraba tanto sus bienes personales como los de la sucesi\u00f3n sin hacer una diferenciaci\u00f3n adecuada y documentada acerca de los negocios relativos a cada patrimonio\u201d (fl. 26 C. 8); que el administrador \u201cno les rindi\u00f3 cuentas y que admiti\u00f3 deberles dinero, que con el inmueble se los pagaba\u201d (fl. 29 C. 8). Todos esos aspectos de la prueba que se dicen omitidos, los vio entonces el Tribunal, s\u00f3lo que para \u00e9l fueron irrelevantes porque en su concepto, se repite una vez m\u00e1s, no fueron determinantes para establecer \u201ccu\u00e1l fue la suma que \u00e9ste (Carlos Arturo, se agrega) les reconoci\u00f3 y en cuanto aceptaron ellos (los Quiceno Ortiz y Ortiz de Quiceno) recibirle el derecho en lote (sic)\u201d, consideraci\u00f3n jur\u00eddica esta \u00faltima, se insiste, sobre la que adujo el sentenciador era la \u00fanica manera en que pod\u00eda estructurarse legalmente la figura de la daci\u00f3n en pago. De manera que no fue porque el sentenciador hubiese cometido el yerro probatorio que se le endilga, que resolvi\u00f3 abstenerse de reconocer la susodicha daci\u00f3n en pago, como lo dice la censura, sino que ello se debi\u00f3 a la concepci\u00f3n jur\u00eddica que sobre ese fen\u00f3meno plasm\u00f3 en su fallo, acorde con la cual estim\u00f3 que la prueba no era suficiente, conclusi\u00f3n que en realidad no es contraevidente. <\/p>\n
Id\u00e9ntico comentario cabe hacer de la err\u00f3nea apreciaci\u00f3n que la censura achaca a la sentencia en punto de los interrogatorios de parte absueltos por los demandados Jorge Enrique y Ana Claribel Quiceno Ortiz, del interrogatorio del actor Carlos Arturo Quiceno, as\u00ed como del testimonio de Carlos Eduardo Rodr\u00edguez Merizalde y de otras pruebas, por cuanto la err\u00f3nea apreciaci\u00f3n probatoria que se dice dio a estos medios de convicci\u00f3n el Tribunal, nada acreditan en orden a demostrar la cuantificaci\u00f3n reclamada por \u00e9ste para las dos prestaciones intercambiadas; con lo cual, se reitera, los yerros de apreciaci\u00f3n denunciados, as\u00ed fueran reales, nada traducen en el acierto de la acusaci\u00f3n, que sigue as\u00ed por un sendero errado, en tanto los recurrentes perseveran en demostrar que las partes tuvieron lo debido por lo pagado y que, por esta v\u00eda, la obligaci\u00f3n primitiva se extingui\u00f3 por completo en virtud de la ameritada daci\u00f3n, aspecto de la prueba que en verdad no reclam\u00f3 el Tribunal, porque \u00e9ste no exigi\u00f3 que las prestaciones intercambiadas fueran conocidas por las partes sino que el monto de las mismas estuviera debidamente cuantificado. <\/p>\n
Nada distinto reclam\u00f3 el Tribunal, y por eso, aun cuando se admitiera en gracia de discusi\u00f3n que qued\u00f3 demostrado que la intenci\u00f3n fue en verdad la de extinguir con el intercambio de prestaciones toda la deuda, la censura, fuera de resultar desatinada por lo ya dicho, ning\u00fan yerro evidente demostrar\u00eda en las conclusiones probatorias del sentenciador, porque los medios de convicci\u00f3n nada demuestran acerca del quantun de esas prestaciones y porque, adem\u00e1s, la extinci\u00f3n de la obligaci\u00f3n sustitu\u00edda, fundamento de la censura, queda en entredicho con las declaraciones de Ana Claribel Quiceno Ortiz (fl. 11 Cd. 3), Jos\u00e9 Fernando Quiceno Ortiz (fl. 6 Cd. 6) y Claribel Ortiz de Quiceno (fl. 14 Cd. 6), que dan margen para concluir que qued\u00f3 a cargo del actor un saldo de la obligaci\u00f3n preexistente. <\/p>\n
III.- Lo anterior pone entonces en evidencia, que el cargo apunta en una direcci\u00f3n equivocada por evidente desenfoque de los recurrentes, pues si a criterio de la censura la daci\u00f3n en pago es legalmente procedente cuando la prueba del proceso demuestra a cabalidad que las prestaciones intercambiadas estaban perfectamente definidas porque lo que quicieron las partes fue tener lo debido por lo pagado, con ese criterio los recurrentes han debido formular la impugnaci\u00f3n contra el fallo del ad quem por la v\u00eda directa, no por la indirecta como equivocadamente lo hicieron. <\/p>\n
IV.- El cargo se desestima. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 27 de enero de 1994, proferida en este proceso ordinario por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. <\/p>\n
Costas del recurso de casaci\u00f3n a cargo de la parte demandada recurrente. <\/p>\n
C\u00d3PIESE, NOTIF\u00cdQUESE Y DEVU\u00c9LVASE OPORTUNAMENTE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAM\u00cdREZ G\u00d3MEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
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S-043-99 [5219] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D. C., nueve (9) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).- Referencia: Expediente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81648","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81648","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81648"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81648\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81648"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81648"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81648"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}