S-046-99<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO. <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., veintid\u00f3s (22) de Septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).- <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 7271 <\/p>\n
Se decide sobre la solicitud de exequatur presentada por LUIS ALEJANDRO GONZALEZ VARGAS para la sentencia divorcio que con fecha catorce (14) de mayo de 1997 profiri\u00f3 el Juzgado Noveno de Primera Instancia de Familia y Menores de la Circunscripci\u00f3n Judicial del Area Metropolitana de Caracas, Rep\u00fablica de Venezuela. <\/p>\n
Antecedentes <\/p>\n
2. Se\u00f1ala el peticionario que dicho matrimonio fue registrado conforme a las leyes de la Rep\u00fablica de Colombia en la Notar\u00eda 11 del C\u00edrculo de Cali el 17 de septiembre de 1985 habiendo entrado en r\u00e9gimen de separaci\u00f3n de cuerpos y de bienes declarado judicialmente el 10 de junio de 1993, a partir de lo cual y transcurridos m\u00e1s de dos a\u00f1os sin haber ocurrido la reconciliaci\u00f3n de los c\u00f3nyuges se decret\u00f3 el divorcio ya referido. <\/p>\n
A\u00f1ade que durante el matrimonio no se adquirieron bienes aunque s\u00ed nacieron dos hijos de nombre Jos\u00e9 Alejandro y Gustavo Enrique Gonz\u00e1lez Moreno quienes se encuentran bajo el cuidado y custodia de la c\u00f3nyuge Margarita Rosa Moreno V\u00e9lez. <\/p>\n
3.- Admitida a tr\u00e1mite la anterior solicitud y por tratarse de un fallo extranjero proferido en asunto no contencioso, de ella recibi\u00f3 traslado \u00fanicamente el Ministerio P\u00fablico que se hizo presente por medio de la procuradora delegada en lo civil y recibida que fue la causa a pruebas, la Corte mand\u00f3 tener como tales los documentos acompa\u00f1ados con la demanda y orden\u00f3 los oficios solicitados por el actor referentes a los tratados o convenios bilaterales o multilaterales vigentes entre Colombia y Venezuela sobre el reconocimiento rec\u00edproco del valor de las sentencias pronunciadas por autoridades jurisdiccionales de ambos pa\u00edses y los textos legales conforme con los cuales se permite actualmente en este \u00faltimo pa\u00eds la ejecuci\u00f3n de sentencias judiciales extranjeras proferidas en causas de divorcio matrimonial. <\/p>\n
Concluida tal etapa se concedi\u00f3 a las partes, con orden a lo dispuesto por el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 695 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, un t\u00e9rmino com\u00fan para que presentaran sus alegaciones, facultad de la que no hicieron uso. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se tiene que la relaci\u00f3n procesal existente se configur\u00f3 regularmente sin que se hubiera incurrido en defecto alguno que, por tener virtualidad para invalidar lo actuado y no haberse saneado, imponga darle aplicaci\u00f3n al art. 145 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, luego corresponde resolver sobre el fundamento de la solicitud presentada para lo cual son pertinentes las siguientes <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
1. Sabido es que la soberan\u00eda de los Estados conlleva que sean sus Jueces quienes impartan justicia en el respectivo territorio; sin embargo, esta soberan\u00eda y m\u00e1s concretamente el principio general de la independencia de los Estados, tiene una excepci\u00f3n basada en exigencias pr\u00e1cticas de internacionalizaci\u00f3n y eficacia de la justicia, consistente en permitir que decisiones de jueces de otros pa\u00edses surtan efectos en Colombia mientras se respeten determinados principios sustanciales y procesales, los cuales se se\u00f1alan en los art\u00edculos 693 y 694 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
En lo atinente a esta materia se combinan dos factores: el de la reciprocidad diplom\u00e1tica con el de reciprocidad legislativa, de manera que, como se ha reiterado en numerosas ocasiones por la doctrina jurisprudencial, \u201c\u2026en primer lugar se atiende a las estipulaciones de los tratados que tenga celebrados Colombia con el Estado de cuyos tribunales emane la sentencia que se pretende ejecutar en el pa\u00eds. Y en segundo lugar, a falta de derecho convencional, se acogen las normas de la respectiva ley extranjera para darle a la sentencia la misma fuerza concedida por esa ley a las proferidas en Colombia\u2026\u201d (G. J. t. LXXX, p\u00e1g. 464, CLI, p\u00e1g. 69, CLVIII, p\u00e1g. 78 y CLXXVI, p\u00e1g. 309 entre otras). As\u00ed pues, si existe un tratado que se ocupe de regular la materia, la necesaria conclusi\u00f3n que se sigue de ello es que debe \u00e9l aplicarse a plenitud, es decir que todo lo ata\u00f1adero al \u201cexequatur\u201d debe ajustarse a sus cl\u00e1usulas aunque el contenido de estas no se amolde con rigurosa exactitud a lo dispuesto, \u201ccomo derecho com\u00fan\u201d, en los ordenamientos procesales nacionales de los pa\u00edses signatarios. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, corresponde ahora determinar si para el presente asunto se cumplieron las exigencias de las que depende la concesi\u00f3n del \u201cexequatur\u201d solicitado, teniendo en cuenta que dentro del expediente qued\u00f3 demostrada la existencia y el contenido de un tratado multilateral -Convenci\u00f3n Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros- firmado en Montevideo en 1979, cuyo dep\u00f3sito de los correspondientes instrumentos de ratificaci\u00f3n se efectuaron en la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos el 10 de septiembre de 1981 por parte de Colombia y el 28 de febrero de 1985 por parte de Venezuela; plena vigencia de aqu\u00e9l vinculo internacional que, ante el ordenamiento jur\u00eddico local y de acuerdo con lo expuesto en el numeral anterior, determina la procedencia del aludido exequatur en lo que respecta a la sentencia extranjera a que se refiere la solicitud, toda vez que, en efecto, se trata de sentencia civil pronunciada por un tribunal ordinario de la mencionada Rep\u00fablica, investido de autoridad para dictarla en la esfera internacional de acuerdo con el correspondiente precepto de derecho internacional privado imperante en Colombia en relaci\u00f3n con esta materia, contenido en el Art. 164 del C\u00f3digo Civil, texto modificado por el Art. 14 de la Ley 1\u00aa de 1976. <\/p>\n
A) En autos obra copia aut\u00e9ntica del fallo que declar\u00f3 el divorcio por el cual qued\u00f3 disuelto el matrimonio de LUIS ALEJANDRO GONZALEZ y MARGARITA MORENO as\u00ed como la constancia de que dicha providencia fue declarada firme por ministerio de la ley (f. 5), copias que en cuanto cumplieron con los recaudos diplom\u00e1ticos y administrativos de legalizaci\u00f3n y legitimaci\u00f3n de firmas exigidas para que tengan valor (art. 259 del C. de P. C.), deben tambi\u00e9n presumirse expedidas con observancia de las formalidades externas que permiten atribuirles eficacia en el pa\u00eds de donde proceden. <\/p>\n
B) De otro lado, al tenor del ordinal h, del art. 2\u00b0 de la Convenci\u00f3n en referencia -incorporada al derecho interno como ya se dijo por la Ley 16 de 1981-, preciso es recordar que el reconocimiento de una sentencia extranjera tiene como l\u00edmite infranqueable el que no comprometa, ese reconocimiento, los principios y las leyes de orden p\u00fablico del Estado en que se pide el reconocimiento o la ejecuci\u00f3n, aspectos que deben verificar los jueces de dicho Estado, de acuerdo con las particularidades propias que cada caso ofrece. <\/p>\n
C) Conforme con lo anterior debe concluirse que emerge del texto mismo de la sentencia de la cual se viene ocupando la Corte, que mediante ella se declar\u00f3 el divorcio del matrimonio civil celebrado entre ellos, luego de surtido el procedimiento de rigor ante el juez del domicilio conyugal establecido en la ciudad de Caracas (Venezuela), procedimiento de naturaleza voluntaria en el cual han de suponerse satisfechos a cabalidad los requisitos procesales destinados a asegurar la debida citaci\u00f3n de las partes interesadas y el ejercicio de su derecho a la defensa en juicio, y cumplidos por lo tanto los recaudos que acerca de este particular exigen los literales e) y f) del Art. 2\u00b0 de la Convenci\u00f3n. <\/p>\n
D) Se trata, entonces, de un acto de autoridad leg\u00edtima desde el punto de vista internacional que, adem\u00e1s, en su contenido y efectos guarda consonancia con el r\u00e9gimen general de disoluci\u00f3n matrimonial que, bajo las directrices que fija el art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n Nacional, instituy\u00f3 en Colombia la Ley 25 de 1992. <\/p>\n
E) Finalmente es del caso se\u00f1alar que as\u00ed como se dan las condiciones de prueba previstas por el Art. 3\u00b0 de la mencionada Convenci\u00f3n Internacional para conceder el exequatur solicitado, el tr\u00e1mite surtido ante esta Corporaci\u00f3n se ajust\u00f3 a los requisitos formales pertinentes, con audiencia del Ministerio P\u00fablico representado por el Procurador Delegado en lo Civil. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Conceder el EXEQUATUR a la sentencia que con fecha catorce (14) de mayo de 1997 profiri\u00f3 el Juzgado Noveno de Primera Instancia de Familia y Menores de la Circunscripci\u00f3n Judicial del Area Metropolitana de Caracas, Rep\u00fablica de Venezuela y por cuya virtud se declar\u00f3 disuelto el matrimonio contra\u00eddo en Cali (Colombia), el nueve (9) de agosto de 1985, entre LUIS ALEJANDRO GONZALEZ VARGAS y MARGARITA ROSA MORENO VELEZ. <\/p>\n
Para los efectos previstos en los art\u00edculos 6\u00b0, 106 y 107 del Decreto 1260 de 1970 y de conformidad con los art\u00edculos 9 de la ley 25 de 1992 y 13 del Decreto 1873 de 1971, ord\u00e9nase la inscripci\u00f3n de esta providencia junto con la sentencia reconocida, en el folio correspondiente al registro civil del matrimonio. Por secretar\u00eda l\u00edbrense las comunicaciones a que haya lugar. <\/p>\n
Sin costas en la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
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