S-049-99<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. Jorge Santos Ballesteros <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D. C., veintid\u00f3s de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
Referencia: Expediente N\u00ba 6700 <\/p>\n
Procede la Corte a decidir el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por JORGE ENRIQUE LANCHEROS DELGADILLO contra la sentencia del 15 de agosto de 1996, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, en el proceso de divorcio promovido por MERY TORRES DE LANCHEROS contra el recurrente. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por libelo repartido al Juzgado Octavo de Familia de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, MERY TORRES DE LANCHEROS, por conducto de apoderado judicial constituido para el efecto, demand\u00f3 a JORGE ENRIQUE LANCHEROS DELGADILLO para que con su citaci\u00f3n y audiencia se declarara la cesaci\u00f3n de los efectos civiles de matrimonio cat\u00f3lico entre ellos contra\u00eddo, que a ella se le defiriera el cuidado de las hijas comunes y que al demandado se le fijara la cuota de alimentos a favor de las hijas as\u00ed como la de MERY TORRES DE LANCHEROS para su sostenimiento y mientras no contrajese nuevas nupcias o hiciese vida de compa\u00f1era permanente con otra persona. Tales pedimentos tuvieron como soportes f\u00e1cticos aquellos que traen los numerales 1\u00ba y 3\u00ba del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil, modificado por el art\u00edculo 6\u00ba de la ley 25 de 1992. <\/p>\n
Por su lado JORGE ENRIQUE LANCHEROS DELAGADILLO en la oportunidad legal y amparado en la causal descrita en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil, present\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n a efectos de que se declarara la cesaci\u00f3n de efectos civiles de ese matrimonio cat\u00f3lico, se condenara a la demandada en reconvenci\u00f3n al pago del 50% de los gastos alimentarios de las hijas comunes y adem\u00e1s al pago de una cuota alimentaria a favor del demandante en reconvenci\u00f3n, acorde con los ingresos de \u00e9sta. <\/p>\n
2. La primera instancia culmin\u00f3 con sentencia en la que se resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u201cPrimero: Negar las pretensiones de la demanda principal. <\/p>\n
Segundo: Negar la excepci\u00f3n de fondo propuesta contra la demanda de reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
Tercero: Decretar el divorcio (cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio cat\u00f3lico) de los esposos MERY TORRES DE LANCHEROS y JORGE ENRIQUE LANCHEROS DELGADILLO, con base en lo solicitado en la demanda de reconvenci\u00f3n. Como consecuencia de lo anterior, queda disuelta la sociedad conyugal formada por la citada pareja. Proc\u00e9dase a su liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
Cuarto: Respecto de la custodia y visitas para las menores hijas… las partes deber\u00e1n atenerse a lo resuelto al respecto en la audiencia de conciliaci\u00f3n. <\/p>\n
Quinto: Como cuota de alimentos a favor de las citadas menores… y a cargo de JORGE ENRIQUE LANCHEROS DELGADILLO, se fija la suma de $350.000 mensuales, los que se incrementar\u00e1n a partir del primero de enero de cada a\u00f1o, en el mismo porcentaje en que se aumente el salario m\u00ednimo legal, teniendo como base siempre la \u00faltima cuota y deber\u00e1n ser entregados dentro de los 5 primeros d\u00edas de cada mes por el citado se\u00f1or a la madre de las menores se\u00f1ora MERY TORRES DE LANCHEROS. <\/p>\n
Sexto: Negar los alimentos a favor del c\u00f3nyuge JORGE ENRIQUE LANCHEROS. <\/p>\n
S\u00e9ptimo: Notificar al Procurador Judicial. <\/p>\n
Octavo: Oficiar a las autoridades respectivas <\/p>\n
Noveno: Condenar en costas a la demandante en demanda principal\u201d. <\/p>\n
3. Ambas partes apelaron. La demandante principal en relaci\u00f3n con todo el prove\u00eddo y el demandante en reconvenci\u00f3n s\u00f3lo respecto de los puntos 5\u00ba y 6\u00ba del fallo. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 conoci\u00f3 del asunto y profiri\u00f3, luego de rituada la instancia, la sentencia que ahora es objeto del recurso de revisi\u00f3n, enteramente confirmatoria de la del juez de primera instancia. <\/p>\n
EL RECURSO DE REVISION <\/p>\n
El 23 de mayo de 1997 present\u00f3 el apoderado judicial de JORGE ENRIQUE LANCHEROS DELGADILLO demanda de revisi\u00f3n contra la sentencia del 15 de agosto de 1996, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, ejecutoriada el 18 de octubre de 1996, s\u00f3lo respecto de los numerales 5\u00ba y 6\u00ba de la del a quo, y que el Tribunal confirm\u00f3 mediante el fallo referido. <\/p>\n
Invoc\u00f3 como causales de revisi\u00f3n las contenidas en los numerales 1\u00ba y 6\u00ba del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y para sustentarlas, en s\u00edntesis adujo los siguientes hechos: <\/p>\n
Luego de relatar pormenores de las instancias, que arriba quedaron ya compendiadas en lo sustancial, se detiene el recurrente para hacer ver que \u201cel Juzgado Octavo de Familia consider\u00f3 que no se hab\u00eda demostrado la capacidad econ\u00f3mica de la se\u00f1ora Mery Torres y en el numeral 6\u00ba (de la sentencia del a quo) se fundamenta en una comunicaci\u00f3n suscrita por el se\u00f1or Pablo Enrique Ortiz Murcia fechada en marzo 12 de 1996 y presentada al juzgado el 18 del mismo mes y a\u00f1o, la cual contiene una declaraci\u00f3n de ingresos del se\u00f1or Jorge Enrique Lancheros como Gerente de la Empresa de Transportes Expreso Arco Iris\u201d. <\/p>\n
Aduce que en la segunda instancia se aportaron algunas pruebas que no fueron tenidas en cuenta por el Tribunal por considerarlas extempor\u00e1neas. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la causal contenida en el numeral 1o del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, aducida para combatir el punto 5\u00ba de la sentencia del juzgado de primera instancia y que el Tribunal confirm\u00f3, expresa el recurrente que aporta a la demanda algunos documentos que indudablemente hubieran variado el sentido de la sentencia recurrida, que prueban la capacidad econ\u00f3mica de Mery Torres, y que \u00e9sta de mala fe ocult\u00f3. Fueron las pruebas aportadas al Tribunal, no tenidas en cuenta por \u00e9ste, con lo cual \u201cla segunda instancia desconoci\u00f3 la norma de orden p\u00fablico que previene este tr\u00e1mite\u201d. <\/p>\n
En cuanto a la causal contenida en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 380 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el recurrente la invoca para combatir los numerales 5\u00ba y 6\u00ba de la sentencia del juez de primera instancia, que confirm\u00f3 el Tribunal. La hace consistir en que para fallar, el Tribunal y el Juzgado se apoyaron en un certificado de fecha 12 marzo de 1996, expedido por quien fuera Gerente de la sociedad Empresa Arco Iris Ltda. hasta el 4 de marzo de 1996, Pablo Ortiz Murcia, reemplazado luego en ese cargo por JORGE ENRIQUE LANCHEROS, el recurrente, lo que determin\u00f3 que aqu\u00e9l presentara la certificaci\u00f3n que sirvi\u00f3 al Tribunal de base para encontrar probada la capacidad econ\u00f3mica de LANCHEROS, supuesto que sirvi\u00f3 a su vez de soporte para, de un lado, negarle a \u00e9ste la cuota alimentaria a cargo de la demandada en reconvenci\u00f3n, MERY TORRES DE LANCHEROS; y de otro lado, para condenarlo en alimentos a favor de sus menores hijas. <\/p>\n
2. Como el recurso fue interpuesto dentro de la oportunidad legal fijada en el art\u00edculo 381 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y se constituy\u00f3 en forma adecuada la cauci\u00f3n se\u00f1alada (fl.54 de este cuaderno), la Corte, luego de recibir el expediente, admiti\u00f3 la demanda y dispuso su traslado a la demandada (folio 59), a quien se notific\u00f3 en legal forma (folio 67) y dentro del t\u00e9rmino. Esta, actuando en su propio nombre sin acreditar ser abogada inscrita, la contest\u00f3 y all\u00ed mismo solicit\u00f3 el amparo de pobreza, que le fue concedido no sin antes advertir el ponente que como el t\u00e9rmino de traslado para contestar la demanda se hallaba vencido, no ten\u00eda lugar la suspensi\u00f3n de que trata el art\u00edculo 161 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por lo que se ten\u00eda como no contestada la demanda. <\/p>\n
3. Decretadas y practicadas las pruebas en la oportunidad legal y surtido el traslado para alegar, del que s\u00f3lo hizo uso la parte demandada, corresponde ahora decidir el recurso de revisi\u00f3n impetrado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Est\u00e1 no s\u00f3lo definido sino que no presenta discusi\u00f3n alguna, el que el recurso extraordinario de revisi\u00f3n no procede contra toda sentencia ejecutoriada, que es lo que sugiere el art\u00edculo 379 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, sino \u00fanicamente contra la sentencia proferida en proceso contencioso que, encontr\u00e1ndose en firme, produce efecto de cosa juzgada material (art\u00edculo 331 y 332 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil). Por este aspecto, la Corte dijo que \u201cen el campo del derecho procesal no puede establecerse sinonimia entre las expresiones sentencia ejecutoriada y sentencia definitiva, por cuanto la primera es la sentencia que, seg\u00fan la ley, es irrecurrible, o que si\u00e9ndolo, no fue impugnada, raz\u00f3n por la cual no puede modificarse en el proceso en que se profiri\u00f3; sin embargo, tal ejecutoria no impide que, en ciertos casos y seg\u00fan la naturaleza de la controversia que define la sentencia, el contenido de \u00e9sta pueda modificarse, en proceso posterior; y la segunda, en cambio, es la que a m\u00e1s de encontrarse ejecutoriada, constituye cosa juzgada material, y por ende, se torna inmodificable, hasta el punto de que sus efectos no pueden variarse en el proceso posterior, ni de oficio ni a petici\u00f3n de parte. <\/p>\n
Adelante agrega: \u201c3.- Por manera que si una sentencia solo hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada formal, la declaraci\u00f3n de certeza que ella contenga es solamente interna en sus efectos y por tanto provisional, pero no material o externa. Por consiguiente, esa sentencia no puede ser legalmente susceptible de atacarse con el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, pues en tal hip\u00f3tesis no hay valladar alguno que impida hacerle modificaciones en proceso posterior, que ciertamente no es posible hacerle, en el mismo proceso en que se profiri\u00f3. <\/p>\n
\u201c4.- De consiguiente, no son susceptibles del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, por cuanto no constituye cosa juzgada en sentido material las sentencias enumeradas en el art\u00edculo 333 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, o sea, las que se dicten en procesos de jurisdicci\u00f3n voluntaria, las que deciden sobre situaciones susceptibles de modificaci\u00f3n mediante proceso posterior, por autorizaci\u00f3n expresa de la ley, las que declaran probada una excepci\u00f3n de car\u00e1cter temporal, que no impida iniciar otro proceso al desaparecer la causa que dio lugar a su reconocimiento y las que contengan decisi\u00f3n inhibitoria sobre el m\u00e9rito del litigio. <\/p>\n
\u201c5.-Respecto de las sentencias que deciden situaciones susceptibles de modificaci\u00f3n mediante proceso posterior, por autorizaci\u00f3n expresa de la ley, se afirma por la doctrina que se trata de sentencias que deciden en forma provisional o transitoria la cuesti\u00f3n litigiosa, y por lo tanto, no est\u00e1n amparadas por la fuerza de la cosa juzgada material, por cuanto el mandato en ella contenido es eficaz en la medida en que se mantengan las condiciones de hecho que fundaron su expedici\u00f3n, las cuales al variar o desaparecer, determinan la posibilidad de modificar o revocar el pronunciamiento del fallo, aunque sea firme, por otro posterior. Opera respecto de ellas, entonces, el principio rebus sic stantibus. \u201c( G.J. T. CCVIII, p\u00e1g. 252). <\/p>\n
Viene a punto la anterior cita jurisprudencial al caso que se presenta en este asunto, en relaci\u00f3n con la decisi\u00f3n quinta de la sentencia que se revisa, en vista de que su contenido \u2013fijaci\u00f3n de cuotas alimentarias a las menores hijas comunes- no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada material, y por lo mismo, bien puede el recurrente acudir a los medios previstos en la ley para lograr la exoneraci\u00f3n o disminuci\u00f3n de la cuota alimentaria. Por este aspecto, el recurso de revisi\u00f3n no es procedente y en consecuencia, no hay lugar a considerar la causal esgrimida por el recurrente ni los argumentos f\u00e1cticos que presenta. <\/p>\n
2. El numeral sexto de la sentencia cuya revisi\u00f3n se pide, niega los alimentos al recurrente, c\u00f3nyuge divorciado sin su culpa de conformidad con el mismo fallo. <\/p>\n
La connotaci\u00f3n sancionadora que implica la obligaci\u00f3n alimentaria plasmada en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil, modificado por el art\u00edculo 23 de la ley 1\u00aa de 1976 (\u201cSe deben alimentos: … 4.- a cargo del c\u00f3nyuge culpable, al c\u00f3nyuge divorciado o separado de cuerpos sin su culpa) permiti\u00f3 que este recurso no fuese rechazado -por raz\u00f3n de no ser la sentencia sujeta a revisi\u00f3n (inciso 4\u00ba del art\u00edculo 383 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil)- porque dicha sanci\u00f3n a cargo del c\u00f3nyuge culpable establece una obligaci\u00f3n de car\u00e1cter permanente. Y en ese sentido, al haber sido negado el derecho a alimentos al c\u00f3nyuge inocente, mas no en el de la fijaci\u00f3n o no de una cuota, es que tal aspecto de la sentencia conllevar\u00eda una situaci\u00f3n inmodificable susceptible de ser atacada mediante el recurso de revisi\u00f3n. Y as\u00ed, siendo que en la sentencia se decide que \u201cse niega los alimentos a favor del c\u00f3nyuge\u201d recurrente, tal situaci\u00f3n, prima facie, podr\u00eda significar que, a pesar de lo establecido en el numeral cuarto del art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil, el c\u00f3nyuge inocente y divorciado no tuviese, hacia el futuro, derecho a reclamaci\u00f3n de alimentos, por virtud de lo declarado en la sentencia. <\/p>\n
Sin embargo, la situaci\u00f3n que describe la sentencia es otra, como se comprueba con la parte considerativa pertinente, alusiva a que en cuanto a \u201cla condena al pago de alimentos a favor del demandado y cargo de la demandante, esta no puede se\u00f1alarse, debido a que en el proceso no obra prueba alguna que demuestre la necesidad de los alimentos por parte del c\u00f3nyuge dada su situaci\u00f3n econ\u00f3mica\u201d. En otras palabras, la decisi\u00f3n del fallo en punto de \u201cnegarle alimentos\u201d al c\u00f3nyuge inocente, no puede tener la connotaci\u00f3n de una declaraci\u00f3n definitiva que implique que la c\u00f3nyuge culpable del divorcio quede exonerada para siempre de la obligaci\u00f3n alimentaria, sino de la negativa a fijar en ese momento una cuota alimentaria a favor del c\u00f3nyuge inocente, por no necesitarla, a juicio de ambas instancias. Con lo cual no queda otro camino que aplicar las mismas consideraciones antes anotadas, en punto de la improcedencia del recurso de revisi\u00f3n contra la decisi\u00f3n del Tribunal en cuanto a la cuotas alimentarias de las hijas comunes. <\/p>\n
En resumen, ambas decisiones del Tribunal, atacadas por v\u00eda del recurso de revisi\u00f3n, no tienen fuerza de cosa juzgada material y por ende tales partes de la sentencia, que no toda, no son susceptibles del recurso de revisi\u00f3n. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar infundado el recurso extraordinario de revisi\u00f3n interpuesto por JORGE ENRIQUE LANCHEROS DELGADILLO contra la sentencia del 15 de agosto de 1996, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, en el proceso de divorcio promovido por MERY TORRES DE LANCHEROS contra el recurrente. <\/p>\n
SEGUNDO: Condenar al recurrente al pago de los perjuicios que haya ocasionado a la demandada en revisi\u00f3n, y en las costas, lo cual se efectuar\u00e1 con la cauci\u00f3n prestada. Liqu\u00eddense los perjuicios por el tr\u00e1mite incidental (art\u00edculo 384, inciso final, del C. de P. C.). T\u00e1sense las costas. <\/p>\n
Para su conocimiento y fines pertinentes comun\u00edquese lo anterior a la compa\u00f1\u00eda de seguros otorgante de la cauci\u00f3n. <\/p>\n
TERCERO: Devu\u00e9lvase el expediente al juzgado de origen, salvo los cuadernos correspondientes a lo actuado en la Corte, cuyo archivo se ordena. Por secretar\u00eda l\u00edbrese el oficio correspondiente. <\/p>\n
Cumplido lo anterior arch\u00edvese esta actuaci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
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