S-054-99<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, Distrito Capital, veintitr\u00e9s (23) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
Ref: Expediente No. 6305 <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. D\u00edjose en el libelo demandatorio que LILIA INES ESPINOSA ESCANDON y RICARDO SANABRIA SANCHEZ contrajeron matrimonio can\u00f3nico el 26 de agosto de 1972, en la parroquia de la Inmaculada Concepci\u00f3n del Chic\u00f3, en Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D. C. Que la demandante present\u00f3 solicitud de divorcio ante la Corte del Circuito Judicial 11 del Estado de Dade, Florida, Estados Unidos de Norteam\u00e9rica, la cual, tras la debida instrucci\u00f3n, dispuso el 24 de enero de 1995, que \u201clos v\u00ednculos matrimoniales entre las partes quedan disueltos, pues el matrimonio est\u00e1 definitivamente roto\u201d, providencia que no fue apelada por ninguno de los interesados. <\/p>\n
Agrega que esa decisi\u00f3n no se opone a las leyes colombianas sobre la materia, teniendo en cuenta lo prescrito por la Ley 25 de 1992, am\u00e9n que no versa sobre derechos reales, ni se opone al orden p\u00fablico colombiano, que en el punto concuerda con el orden p\u00fablico de los pa\u00edses de cultura occidental; adem\u00e1s, el asunto no es de competencia exclusiva de los jueces colombianos tomando en consideraci\u00f3n la residencia de las partes; tampoco ha mediado proceso en este pa\u00eds sobre el mismo y, finalmente, los jueces norteamericanos cumplieron el requisito de la debida citaci\u00f3n y contradicci\u00f3n del demandado, conforme a la normativa de ese pa\u00eds, concretamente en lo concerniente al procedimiento a seguir cuando el demandado no comparece. \u201cPor ello se pudo llegar a la ejecutoria de la sentencia, siguiendo el procedimiento propio del pa\u00eds de origen, como se comprueba con un \u2018affidavit\u2019 …\u201d. <\/p>\n
La sentencia, cuyo pase se solicita, tiene alcances similares a los que la Ley 25 de 1992 denomina \u201ccesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio religioso\u201d. De igual modo, no existe tratado p\u00fablico o convenio entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos de Norteam\u00e9rica para atender el exequatur de sentencias proferidas en uno u otro pa\u00eds, pues as\u00ed lo certifica el jefe de la oficina jur\u00eddica del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, mediante oficio No. 18.119 de junio 1\u00b0 de 1995 que se allega. Subsecuentemente, para suplir la deficiencia \u201cinternacional\u201d anotada, se aportan tres declaraciones o certificaciones, debidamente traducidas, expedidas por los abogados GLENN G. KOLK, EDITH G. OSMAN y JOHN ANDRES THORTON, quienes afirman que los tribunales del Estado de la Florida le han dado y le dar\u00e1n reconocimiento y eficacia a las sentencias proferidas por jueces colombianos. <\/p>\n
Finalmente, para comprobar la ejecutoria de la sentencia cuyo exequatur se pretende, dado que el sistema estaudinense difiere del colombiano, se acompa\u00f1a un \u201caffidavit\u201d debidamente diligenciado y suscrito ante por autoridad competente del condado de Dade, Florida. <\/p>\n
2.- Noticiado y o\u00eddo el Ministerio P\u00fablico e, igualmente, notificado en forma personal a trav\u00e9s del Consulado General de Colombia en Miami, el se\u00f1or RICARDO SANABRIA S\u00c1NCHEZ, quien al respecto guard\u00f3 silencio, se abri\u00f3 a pruebas el asunto por el t\u00e9rmino legal, vencido el cual se corri\u00f3 traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusi\u00f3n. Cumplido lo ordenado en auto del 22 de septiembre de 1998, que decret\u00f3 oficiosamente algunas pruebas, se impone resolver lo pertinente, a lo cual se procede previas las siguientes <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Si bien no puede negarse que una de las manifestaciones m\u00e1s palpables de la soberan\u00eda del Estado se percibe en el ejercicio exclusivo de la jurisdicci\u00f3n, esto es, en la atribuci\u00f3n preeminente que \u00e9ste se arroga para administrar justicia dentro de su territorio, tampoco es posible desconocer que imperativos de cooperaci\u00f3n internacional, cada vez m\u00e1s apremiantes, por lo dem\u00e1s, establecen que las decisiones judiciales proferidas en un pa\u00eds extranjero tengan debido cumplimiento dentro de los confines territoriales de otro, principio este que, por supuesto, no encuentra excepci\u00f3n en la legislaci\u00f3n colombiana, la cual, aun\u00e1ndose al concierto de las naciones, prev\u00e9 que en cuanto se re\u00fanan a cabalidad las condiciones prescritas en los art\u00edculos 693 y 694 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hay lugar a reconocer eficacia a las sentencias emanadas de autoridades judiciales for\u00e1neas. <\/p>\n
En consecuencia, para que as\u00ed acontezca es menester que el pa\u00eds en el cual fue proferida la sentencia cuyo pase se pretende, le conceda eficacia, a su vez, a las decisiones emanadas de los jueces nacionales, ya sea por virtud de la denominada reciprocidad diplom\u00e1tica, esto es, por as\u00ed haberlo estipulado los dos Estados en el marco de un tratado internacional, o, a falta de \u00e9ste, por raz\u00f3n de la reciprocidad legislativa, es decir, mediando prescripci\u00f3n legal que reconozca efectividad a las sentencias proferidas por jueces extranjeros, entre ellos, obviamente, los colombianos. <\/p>\n
2. De conformidad con la certificaci\u00f3n expedida por la Oficina Jur\u00eddica del Ministerio de Relaciones Exteriores (folio 12 del expediente), no existe ning\u00fan tratado bilateral o multilateral que vincule a Colombia con los Estados Unidos de Norteam\u00e9rica en lo concerniente \u201cal reconocimiento y ejecuci\u00f3n en cada uno de estos dos pa\u00edses, de las sentencias proferidas por el otro\u201d, raz\u00f3n por la cual es menester indagar si dentro de la legislaci\u00f3n interna de esa naci\u00f3n, concretamente, en el Estado de la Florida, pueden tener eficacia las decisiones emanadas de jueces colombianos. <\/p>\n
Al respecto, obran en el expediente las declaraciones rendidas por los abogados GLENN G. KOLK, JOHN ANDRES THORNTON, EDITH G. OSMAN y YARA L. BASHOOR, quienes, en s\u00edntesis, testifican que las sentencias proferidas por los jueces colombianos son ejecutables en el Estado de la Florida, testimonios \u00e9stos que, conforme lo tiene dicho la Corte, no requieren ratificaci\u00f3n en el proceso pues tal requisito no lo impone el art\u00edculo 188 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, am\u00e9n que el art\u00edculo 229 ejusdem, prescribe que s\u00f3lo podr\u00e1n ratificarse las declaraciones que se hubiesen recibido fuera del proceso, en los casos y con los requisitos previstos en los art\u00edculos 298 y 299 ib\u00eddem. \u201cEstas disposiciones en ning\u00fan momento se refieren a los testimonios rendidos por abogados en el exterior para dar fe del contenido de la ley extranjera, testimonios que por la materia sobre la cual versan, difieren de la simple declaraci\u00f3n de un tercero sobre hechos que le constan. As\u00ed, en la forma en que ya se expres\u00f3 en el caso del testimonio al que se refiere el art\u00edculo 188 es preferible que el deponente se presente con una informaci\u00f3n preparada y completa y que no declare a la ligera, sin esa necesaria preparaci\u00f3n previa\u201d (Sentencia del 19 de julio de 1994). <\/p>\n
3. De otro lado, obra en el expediente copia debidamente legalizada y traducida de la sentencia cuyo exequatur se reclama, de la cual afirmaron los abogados JOHN THORNTON y YARA BASHOOR, bajo juramento, que cuando una providencia judicial se certifica como \u201cfinal\u201d en el estado de la Florida, como aqu\u00ed sucede, tal manifestaci\u00f3n \u201cequivale a lo que en el derecho latino se entiende por ejecutoriada\u201d. <\/p>\n
En todo caso, no sobra advertir que el encartado RICARDO SANABRIA, quien fue notificado personalmente de la existencia de esta causa, permaneci\u00f3 en silencio, no obstante que pod\u00eda aportar oportunamente los elementos de convicci\u00f3n que pudieran enervar o aminorar el m\u00e9rito probatorio de todas estas testificaciones que le eran adversas. <\/p>\n
4. As\u00ed mismo, la sentencia cuyo exequatur se reclama, no contrar\u00eda el orden p\u00fablico Colombiano, toda vez que en la actualidad, de conformidad con lo previsto en la ley 25 de 1992, se admite la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio, situaci\u00f3n enteramente asimilable al divorcio, aun cuando no disuelva el v\u00ednculo que emana del matrimonio can\u00f3nico desde el punto de vista estrictamente religioso. <\/p>\n
Adem\u00e1s, no son ajenas a nuestra legislaci\u00f3n las razones aducidas por el Juez de la Corte del Circuito Judicial 11 del Condado de Dade, Florida, Estados Unidos de Norteam\u00e9rica, para acceder al divorcio que se le impetraba, pues en el punto \u00e9ste tuvo en consideraci\u00f3n que \u201c\u2026el demandado abandon\u00f3 a su familia en o alrededor de junio 2 de 1994, cuando sali\u00f3 de la c\u00e1rcel y no regres\u00f3 al hogar matrimonial\u201d; que \u201c\u2026el demandado solo ha tenido contacto ocasional telef\u00f3nico con cualquiera de sus hijos desde que abandon\u00f3 a su familia. Durante este per\u00edodo no ha hecho ning\u00fan esfuerzo para estar con ellos o para verlos. Durante este mismo per\u00edodo, el demandado tambi\u00e9n ha incumplido en suministrar alg\u00fan dinero para el mantenimiento de sus hijos\u2026\u201d, circunstancias todas ellas que ponen de presente un grave e injustificado incumplimiento del c\u00f3nyuge de sus deberes como tal y como padre (art\u00edculo 6\u00b0 ley 25 de 1992). <\/p>\n
5. En fin, como se re\u00fanen a cabalidad las exigencias legales para conceder el exequatur reclamado, a ello proceder\u00e1 la Corte. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley CONCEDE EL EXEQUATUR, s\u00f3lo para los efectos civiles correspondiente, conforme a lo dicho en la parte motiva, a la sentencia proferida por la Corte del Circuito Judicial 11 del Condado de Dade, Florida, Estados Unidos de Norteam\u00e9rica, por medio de la cual se orden\u00f3 la disoluci\u00f3n del matrimonio celebrado entre LILIA INES ESPINOSA ESCANDON y RICARDO SANABRIA SANCHEZ. <\/p>\n
Para los efectos previstos en los art\u00edculos 6 y 106 del Decreto 1260 de 1970 y 9\u00b0 de la Ley 25 de 1992, of\u00edciese a la Notar\u00eda 7\u00aa del C\u00edrculo de esta ciudad para que tome nota de esta sentencia y de la proferida por la Corte del Circuito Judicial 11 del C\u00f3ndado de Dade, Florida de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, en el folio pertinente del libro de matrimonios. <\/p>\n
Costas a cargo del demandado. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
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