S-055-99<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 6640 <\/p>\n
Se decide por la Sala la solicitud formulada por LUIS VEGA OLAYA para que la Corte Suprema de Justicia conceda exequatur a la sentencia pronunciada el 17 de abril de 1953 por el Tribunal del Und\u00e9cimo Circuito Judicial del Condado de Dade, Florida, Estados Unidos de Norteam\u00e9rica, en el proceso de divorcio \u201clitigado en un Tribunal de Equidad\u201d incoado por la se\u00f1ora REBECA RAMIREZ VALENZUELA contra el aqu\u00ed demandante. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Mediante demanda que obra a folios 17 a 22 del Cuaderno de la Corte, el se\u00f1or LUIS VEGA OLAYA, mayor y vecino de Maracaibo, Venezuela, solicit\u00f3 a la Corte Suprema de Justicia se conceda exequatur a la sentencia de fecha 17 de abril de 1953 emanada del Tribunal del Und\u00e9cimo Circuito del Condado de Dade, Florida, Estados Unidos de Norteam\u00e9rica, \u201clitigado en un Tribunal de Equidad\u201d, por la cual se decret\u00f3 el divorcio entre \u00e9l y su esposa, se le otorg\u00f3 la guarda de los hijos a la demandante y, adem\u00e1s, se le restituy\u00f3 el apellido de soltera a REBECA RAMIREZ (folio 29 vto.). <\/p>\n
2. La petici\u00f3n de exequatur se fundament\u00f3 en los hechos que a continuaci\u00f3n se sintetizan: <\/p>\n
A. El demandante y la se\u00f1ora Rebeca Ram\u00edrez, ambos de nacionalidad colombiana, contrajeron matrimonio el d\u00eda 17 de julio de 1943, en la ciudad de Bogot\u00e1. <\/p>\n
B. El d\u00eda 17 de abril de 1953 el Tribunal de Und\u00e9cimo Circuito Judicial del Condado de Dade, Florida, Estados Unidos de Norteam\u00e9rica decret\u00f3 el divorcio entre ellos, se le restituy\u00f3 el apellido de soltera a la demandante en aqu\u00e9l proceso, Rebeca Ram\u00edrez Valenzuela y, adem\u00e1s, se le concedi\u00f3 la guarda de los hijos habidos en el matrimonio. Esa decisi\u00f3n fue inscrita en el Consulado General en Miami (USA), \u201c\u2026por ser residentes en Venezuela y a su vez en el Ministerio de Relaciones Exteriores, como aparece en autos\u2026\u201d, am\u00e9n de que tambi\u00e9n fue autenticado en el Consulado colombiano en Miami y en el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro pa\u00eds (folio 18 cdno. Corte). <\/p>\n
C. Durante la vigencia del matrimonio procrearon dos hijos de nombres Rafael y Marta \u201c\u2026 quienes a la fecha son mayores de edad e independientes\u201d; en ese lapso la sociedad conyugal no adquiri\u00f3 ninguna clase de bienes y tampoco existe en Colombia \u201c\u2026proceso en curso ni sentencia ejecutoriada de jueces nacionales sobre el mismo asunto.\u201d (folio 18 cdno. Corte). <\/p>\n
D. Afirm\u00f3 el demandante, que la decisi\u00f3n tomada por el Tribunal norteamericano \u201c\u2026no se opone a la ley y otras disposiciones\u2026\u201d aparte de que hay \u201c\u2026identidad sobre la materia con las normas de divorcio que rigen en los Estados Unidos de Am\u00e9rica, seg\u00fan el art. 5\u00b0 literal b) del Decreto 2272 de 1989\u2026\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
E. Sostuvo el solicitante que como las normas del Estado de la Florida, Estados Unidos, no contemplan la certificaci\u00f3n de la ejecutoria de las sentencias, \u00e9l como prueba supletoria de tal acto, aport\u00f3 la constancia de dos abogados de ese Estado \u201c\u2026cuyo documento est\u00e1 debidamente traducido y autenticado y se anexa y cuyos testimonios responden a la acreditada practica (sic) de los \u201ccertificats de costume\u201d y de \u201caffidavit de conocedores\u201d de acuerdo con el art\u00edculo 409 del C\u00f3digo Bustamante\u201d. <\/p>\n
F. Admiti\u00f3 el memorialista que \u201cNo existen tratados o convenios vigentes sobre el reconocimiento rec\u00edproco del valor de las sentencias producidas por autoridades jurisdiccionales de ambos pa\u00edses en causas matrimoniales\u201d; finaliz\u00f3 su escrito, el demandante, manifestando que con esta actuaci\u00f3n se pretende el registro de la aludida sentencia para \u201c\u2026historiar el divorcio en los antecedentes de la asignaci\u00f3n de retiro que la Caja de Retiro de la FF.MM. le paga al se\u00f1or Tte. Luis Vega Olaya .\u201c( folio 19 cdno. Corte). <\/p>\n
3. Por auto del 24 de abril de 1997 se admiti\u00f3 la demanda, en la que se solicita conceder el exequatur a la sentencia extranjera a la que se ha hecho referencia; all\u00ed mismo se dispuso que, como el demandante dijo desconocer el domicilio, residencia o lugar donde pudiera hallarse a la se\u00f1ora Ram\u00edrez Valenzuela, con sujeci\u00f3n a lo normado por el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, \u00e9sta fuera emplazada; se notific\u00f3 de ello al Procurador Delegado en lo Civil. <\/p>\n
A. Al descorrer el traslado, la representante del Ministerio P\u00fablico manifest\u00f3 respecto de los hechos primero, segundo, tercero, s\u00e9ptimo y octavo de la demanda que, como el demandante lo que hizo fue aportar pruebas, ella se remite al valor que a las mismas le den las normas procesales; dice no constarle, el cuarto, quinto, noveno y d\u00e9cimo. Le niega la calidad de tales, al sexto, d\u00e9cimo primero, trece, catorce, d\u00e9cimo quinto. <\/p>\n
1. Dijo la prenombrada funcionaria, que como \u201c\u2026el art\u00edculo 593 (sic) del C\u00f3digo de Procedimiento Civil consagra la existencia de la reciprocidad diplom\u00e1tica o legislativa con el pa\u00eds extranjero que haya dictado la respectiva providencia, habr\u00e1 de demostrarse esta situaci\u00f3n por los medios id\u00f3neos\u2026\u201d, raz\u00f3n por la cual solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de algunas pruebas encaminadas a ese fin (folios 30 a 33 cdno. Corte). <\/p>\n
2. Rituado por los cauces legales el emplazamiento a la se\u00f1ora Ram\u00edrez Valenzuela y, vencido el t\u00e9rmino para que concurriera al proceso sin que lo hiciera, se le design\u00f3 curador ad litem (folio 40 ib.) quien, al no manifestar en tiempo la aceptaci\u00f3n del cargo, se reemplaz\u00f3 por otro auxiliar de la justicia, seg\u00fan auto del 14 de julio de 1997 que corre a folio 44 del expediente. <\/p>\n
3. Notificado el curador ad litem de la se\u00f1ora Ram\u00edrez Valenzuela del auto admisorio de la demanda de exequatur y, efectuado el correspondiente traslado, \u00e9ste, dentro del t\u00e9rmino legal contest\u00f3 la demanda, as\u00ed: <\/p>\n
a) En principio, no se opuso a las pretensiones porque \u201c\u2026resultan viables legalmente\u2026\u201d. Sin embargo, se remite a lo que resulte probado seg\u00fan los t\u00e9rminos del art\u00edculo 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil ( folio 48 cdno. Corte). <\/p>\n
b) De los hechos, dice que son ciertos el 1\u00b0, 2\u00b0 y 3\u00b0. Manifest\u00f3 no constarle el 4\u00b0, 5\u00b0, 9\u00b0,10\u00b0 y 12\u00b0; del 6\u00b0, 7\u00b0, 8\u00b0, 13\u00b0, 14\u00b0 y 15\u00b0 afirma que son apreciaciones \u201c\u2026de orden jur\u00eddico\u2026\u201d (folio 48 ib.). De all\u00ed que concluy\u00f3 su escrito manifestando que no propone excepciones \u201c\u2026por desconocer los hechos que puedan servir de fundamento a las mismas\u2026\u201d <\/p>\n
4. La Corte, en auto del 30 de julio de 1997 (fls. 52 y 53 del expediente), abri\u00f3 a pruebas el tr\u00e1mite del presente exequatur seg\u00fan el t\u00e9rmino estipulado en el numeral 5 del art\u00edculo 695 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y all\u00ed dispuso tener como prueba, en cuanto derecho corresponda, los documentos adosados por el demandante al libelo de la demanda y, adem\u00e1s, orden\u00f3 solicitar informaci\u00f3n al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia \u201c\u2026 con destino a este proceso, si en la actualidad existe tratado vigente con los Estados Unidos de Norteam\u00e9rica que conceda efectos rec\u00edprocos a las sentencias judiciales proferidas en ambos pa\u00edses, especialmente en materia de divorcio\u2026\u201d. Y tambi\u00e9n \u201cal se\u00f1or C\u00f3nsul de los Estados Unidos de Norteam\u00e9rica\u201d, con el fin de \u201cinformar si existe legislaci\u00f3n vigente en su pa\u00eds que conceda efectos a sentencias proferidas en el exterior, especialmente sobre divorcio\u201d (fl. 53 ib\u00eddem). <\/p>\n
A. Vencido el per\u00edodo probatorio sin que se hubieran allegado las pruebas pedidas, la Corte por auto del 11 de septiembre de 1997 dispuso requerir al Ministerio de Relaciones Exteriores para que informara sobre el tr\u00e1mite \u201cdado a la solicitud que por conducto de \u00e9l se orden\u00f3 elevar \u2018al se\u00f1or C\u00f3nsul de los Estados Unidos de Norteam\u00e9rica\u2019\u201d (fl. 56 cuaderno Corte), lo que en efecto se hizo, remitiendo escrito contentivo de las gestiones que la Subsecretar\u00eda de Comunidades Colombianas en el Exterior y Asuntos Consulares del mencionado Ministerio, hab\u00eda adelantado (fls. 57 a 64 ib\u00eddem). <\/p>\n
B. La Corte al advertir preclu\u00edda la etapa probatoria, con base en lo normado en el numeral 6 del art\u00edculo 695 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, orden\u00f3 el traslado com\u00fan a las partes para que alegaran de conclusi\u00f3n y, seg\u00fan informe secretarial, dicho t\u00e9rmino se \u201cvenci\u00f3 en SILENCIO\u201d (fl. 64 fte. y vto. ib\u00eddem). <\/p>\n
C. La Corte, en auto de 29 de enero de 1998 (fls. 65 y 66 cuaderno del expediente), hizo uso de la facultad que le confieren los art\u00edculos 179 y 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y, con base en ellos dispuso que, en \u201c\u2026 cumplimiento de las formalidades establecidas por el art\u00edculo 193 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil env\u00edese carta rogatoria al Tribunal del Und\u00e9cimo Circuito Judicial de Dade, Florida, Estados Unidos de Norteam\u00e9rica, para que en desarrollo del principio de la mutua cooperaci\u00f3n entre los Estados, si lo tiene a bien, (\u2026) informe a esta Corporaci\u00f3n sobre la existencia o inexistencia de \u2018precedentes\u2019 en virtud de los cuales se hubieren concedido efectos civiles a sentencias judiciales proferidas por los jueces extranjeros en materia de divorcio, en caso afirmativo, cu\u00e1les son los requisitos exigidos para tal fin, y si ello ha ocurrido en relaci\u00f3n con sentencias de jueces colombianos \u2026\u201d <\/p>\n
D. Seg\u00fan inform\u00f3 con fecha 22 de mayo de 1998 el Segundo Secretario de la Embajada de Colombia en Washington D. C. al Ministerio de Relaciones Exteriores, la carta rogatoria fue enviada al Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteam\u00e9rica para su tr\u00e1mite, tal y como lo reafirma la Secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corporaci\u00f3n al indicar que \u201c\u2026 hasta el momento no ha regresado diligenciada \u2026\u201d la aludida carta rogatoria. (fl. 70 cdno. de la Corte). <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En desarrollo de la soberan\u00eda estatal, al Estado le corresponde la administraci\u00f3n de justicia con car\u00e1cter exclusivo, am\u00e9n de obligatorio en todo el territorio nacional, motivo por el cual las sentencias proferidas por Jueces extranjeros, en l\u00ednea de principio, no producen efectos en Colombia. <\/p>\n
2.- Con todo, excepci\u00f3n al se\u00f1alado principio, de amplio espectro en la esfera judicial, lo constituye el axioma consignado en el art\u00edculo 693 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, al establecer que, \u201clas sentencias y otras providencias que revistan tal car\u00e1cter, pronunciadas en un pa\u00eds extranjero en proceso contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria, tendr\u00e1n en Colombia la fuerza que les concedan los Tratados existentes con ese pa\u00eds, y en su defecto la que all\u00ed se reconozca a las proferidas en Colombia\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
A. Es as\u00ed por lo que la Corte en diferentes providencias, a puesto de relieve que \u201clas sentencias proferidas por jueces extranjeros no surten efectos en Colombia, a menos que, con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n patria se concede a ellas, con el lleno de los requisitos establecidos por el art\u00edculo 694 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el exequatur correspondiente.\u201d (Sentencia 12 de agosto de 1997. Exp. No.6174) <\/p>\n
B. Tambi\u00e9n ha dicho esta Corporaci\u00f3n que \u201cla reciprocidad diplom\u00e1tica tiene lugar cuando entre Colombia y el pa\u00eds de donde proviene la decisi\u00f3n judicial objeto del exequatur, se ha suscrito tratado p\u00fablico que permita igual tratamiento en este Estado extranjero a las sentencias emitidas por jueces colombianos, de manera que como contraprestaci\u00f3n a la fuerza que \u00e9stas tengan en aqu\u00e9l, las suyas vinculen en nuestro territorio\u201d (Sent. 25 de septiembre de 1996, Exp. 5524). <\/p>\n
C. De igual manera ha sostenido la Sala que \u201cla reciprocidad legislativa toma asiento, por su parte, al reconoc\u00e9rsele efectos jur\u00eddicos a las sentencias de los jueces colombianos por la legislaci\u00f3n del pa\u00eds de donde proviene la decisi\u00f3n materia del exequatur, pues igual fuerza vinculante tendr\u00e1n las decisiones de sus jueces en el Territorio Nacional, siendo entendido que esta forma de reciprocidad puede ser a su vez basada en textos legales escritos o en la pr\u00e1ctica jurisprudencial imperante en el pa\u00eds de origen del fallo objeto de exequatur\u201d (Sentencia ib\u00eddem). <\/p>\n
D. \u201cConviene al respecto se\u00f1alar -ha rese\u00f1ado tambi\u00e9n esta Corte-, que las decisiones judiciales en el sistema de derecho anglosaj\u00f3n tienen por objeto no s\u00f3lo definir la controversia planteada sino tambi\u00e9n descubrir la ley natural aplicable a los hechos presentados, creando un precedente que puede ser utilizado por otros tribunales enfrentados a casos similares. Este principio de la autoridad del precedente legal, llamado tambi\u00e9n stare decisis (estarse a lo decidido sin perturbar puntos ya fijados) no se encuentra escrito ni siquiera en la Constituci\u00f3n de los Estados Unidos, pero su respeto ha permitido el desarrollo jur\u00eddico estable, equitativo y predecible de los pa\u00edses que lo han acogido.\u201d <\/p>\n
\u201cEl holding o regla que se derive de la decisi\u00f3n de un juez es entonces seguido respetuosamente por las dem\u00e1s cortes en casos donde los hechos se asimilan al supuesto que origin\u00f3 la decisi\u00f3n anterior. Sin embargo, cuando al aplicar el holding el juez observa que puede producir en el caso particular una injusticia, o, simplemente, las condiciones han cambiado y hacen de ese holding una decisi\u00f3n inapropiada para la \u00e9poca, la corte puede alejarse del precedente (overruled) y fallar como considere acertado\u201d. <\/p>\n
\u201cA pesar de ser los jueces quienes desarrollan la ley en este sistema de derecho, ellos no deben expresar reglas para casos que no les han sido presentados. Si lo hacen, lo as\u00ed dicho ser\u00e1 considerado dictum y se le respetar\u00e1, pero no tendr\u00e1 autoridad como precedente y no tendr\u00e1 que ser seguido por las otras cortes cuando se presente un asunto en el que la controversia radique precisamente sobre el tema que se analiz\u00f3 como dictum en otro proceso\u201d. <\/p>\n
\u201cCon lo dicho anteriormente se quiere dejar en claro que la \u2018ley\u2019 en el sistema anglosaj\u00f3n, salvo en determinadas materias, no se encuentra escrita en t\u00e9rminos generales. Que es tarea del juez y del abogado examinar si existen o no, de acuerdo con los casos que se han presentado, reglas definidas aplicables al caso que se litiga y si concurre alg\u00fan hecho que haga diferente la situaci\u00f3n como para no aplicar el precedente ya desarrollado por los jueces. Por estas razones, la certeza total sobre la aplicaci\u00f3n de una decisi\u00f3n a un caso espec\u00edfico no puede encontrarse en este sistema de derecho referido\u201d. (Sentencia de 19 de junio de 1994, Exp. 3894). <\/p>\n
3. De igual modo ha sostenido la Corte que, para la prosperidad de la demanda, \u201cLa actividad del actor debe estar orientada, pues, a demostrar la existencia de la reciprocidad diplom\u00e1tica o, en su defecto, de la legislativa, de conformidad con lo establecido por el art\u00edculo 177 del Estatuto Procedimental Civil que impone a las partes \u2018 probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u2019. Si se cumplen esas exigencias el exequatur deber\u00e1 otorgarse siempre que se den, adem\u00e1s, los restantes requisitos previstos en el art\u00edculo 694 de la misma obra, requisitos cuyo sentido general no es otro que el de establecer la regularidad internacional de la sentencia, sin entrar a calificar la justicia intr\u00ednseca de la primera decisi\u00f3n jurisdiccional mediante dicha providencia adoptada\u201d. (Sent. septiembre 25 de 1996. Exp. 5724). <\/p>\n
4. Sentado todo lo anterior, la Corte analizar\u00e1, seguidamente, si en el asunto bajo su examen se cumplen las exigencias contempladas en el art\u00edculo 693 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y de ser as\u00ed, pasar\u00eda al estudio de los requisitos enlistados en el art\u00edculo 694 de la codificaci\u00f3n citada. <\/p>\n
A. Basta una simple ojeada al ac\u00e1pite de pruebas de la demanda (folio 22 cdno. Corte) para advertir claramente, sin mayores disquisiciones, que en modo alguno las probanzas all\u00ed vertidas apuntan a la demostraci\u00f3n de las aludidas reciprocidades diplom\u00e1tica o legislativa, lo cual, insiste la Corporaci\u00f3n, se traduce en carga que soporta y debe aliviar el actor, conforme lo precept\u00faa el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
B. Sin embargo, la Corte, inicialmente, y, dentro del per\u00edodo probatorio que ordena la ley (Art. 695.5 C\u00f3digo de Procedimiento Civil), orden\u00f3 formular las solicitudes pertinentes al Ministerio de Relaciones Exteriores y, por intermedio de \u00e9ste, al C\u00f3nsul de los Estados Unidos de Norteam\u00e9rica, en procura de lograr las mentadas exigencias del citado art\u00edculo 693 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (folios 52 y 53 C. Ib.). <\/p>\n
<\/p>\n
A folio 55 milita comunicaci\u00f3n suscrita por el Jefe de la Oficina Jur\u00eddica del Ministerio de Relaciones Exteriores, identificada como O.J.A.T. 046362 de fecha 5 de septiembre de 1997 en la que informa \u201c\u2026que revisados los archivos de esta oficina no se encontr\u00f3 instrumento internacional en la materia suscrito bilateralmente o en el Marco de un Organismo Internacional, con el mencionado pa\u00eds\u201d. Con base en ese informe se profiri\u00f3 el auto del 11 de septiembre de ese mismo a\u00f1o para que se requiriera al Ministerio en menci\u00f3n y diera cuenta del tr\u00e1mite atinente a la solicitud que por su intermedio se le hab\u00eda formulado al se\u00f1or C\u00f3nsul de los Estados Unidos de Norteam\u00e9rica (folio 56 ib\u00eddem.). <\/p>\n
<\/p>\n
C. Posteriormente la Corte, de oficio y, a pesar de haberse vencido el per\u00edodo probatorio, con base en las facultades otorgadas por los art\u00edculos 179 y 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, resolvi\u00f3 solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores, previo el lleno de los requisitos se\u00f1alados en el art\u00edculo 193 de la obra tantas veces citada, para que dirigiera carta rogatoria al Tribunal del Und\u00e9cimo Circuito Judicial del Condado Dade, de Miami, Florida, Estados Unidos de Norteam\u00e9rica (folios 65 y 66 ib.). <\/p>\n
D. Finalmente, con fecha 26 de enero de 1999 de la Secretar\u00eda Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria de la Corporaci\u00f3n inform\u00f3 que \u201chasta el momento no se ha regresado diligenciada, la Carta Rogatoria\u2026\u201d (folio 70 cdno. Corte). <\/p>\n
E. De todo lo hasta aqu\u00ed rese\u00f1ado, fuerza concluir que, a pesar del empe\u00f1o que la Corte puso en la aducci\u00f3n de las referidas pruebas, \u00e9stas no se allegaron al expediente, con lo cual tambi\u00e9n qued\u00f3 demostrado, de paso, el escaso inter\u00e9s del demandante en hacerlo bien a trav\u00e9s de la demanda o posteriormente, lo cual lleva a la Corporaci\u00f3n afirmar, lisa y llanamente, que el actor no cumpli\u00f3 con la carga probatoria que, \u201cministerio legis\u201d, le incumb\u00eda. <\/p>\n
5. Por lo expuesto, se impone denegar lo solicitado. <\/p>\n
III. D E C I S I O N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CONCEDE EL EXEQUATUR a la sentencia proferida el 17 de abril de 1953 por el Tribunal del Und\u00e9cimo Circuito Judicial de y para el Condado Dade, Florida, Estados Unidos de Norteam\u00e9rica, No. 156952-E. dentro del proceso de divorcio de REBECA RAMIREZ, como demandante y LUIS VEGA, como demandado. <\/p>\n
Condenar en costas al demandante. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOS\u00c9 FERNANDO RAMIREZ G\u00d3MEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
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S-055-99 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Dr. CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., veinticuatro (24) de septiembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) Referencia: […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81659","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81659","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81659"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81659\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81659"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81659"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81659"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}