S-068-99 [5224]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Silvio Fernando Trejos Bueno <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de Octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999).- <\/p>\n
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Referencia: Expediente No. 5224 <\/p>\n
Se decide por la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 7 de julio de l994 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en el proceso ordinario seguido por ANGEL MARIA SALAS ORTEGA contra el BANCO CENTRAL HIPOTECARIO, por intermedio de su sucursal de dicha ciudad. <\/p>\n
Antecedentes: <\/p>\n
1. Pretende el demandante que se declare que entre \u00e9l y sus acreedores, dentro de los que se encuentra la nombrada entidad bancaria, se celebr\u00f3 concordato preventivo potestativo, a\u00fan vigente, homologado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pasto el ocho (8) de julio de l983; \u201cque para el cumplido efecto del concordato\u201d y dentro del mismo, se suscribi\u00f3 contrato de mutuo entre el actor y el Banco Central Hipotecario por valor de $45.000.000.oo; que a partir del nueve (9) de abril de l984, dicho Banco incumpli\u00f3 el concordato y el contrato de mutuo por lo que debe indemnizar al actor los perjuicios, as\u00ed: por concepto de da\u00f1o emergente, \u201cla suma indemnizatoria\u201d, actualizada al momento de la sentencia, y desde la fecha en que acaeci\u00f3 el incumplimiento, suma que en adelante devengar\u00e1 intereses comerciales; y por concepto de lucro cesante, los intereses comerciales de mora, liquidados sobre el valor del patrimonio inmovilizado a partir del incumplimiento de la obligaci\u00f3n. De manera Subsidiaria pide que se condene \u201cin genere\u201d al pago de los perjuicios. <\/p>\n
S\u00famanse a las anteriores pretensiones la de que el Banco demandado \u201cest\u00e1 obligado a cumplir con el contrato de mutuo y con el concordato en general, en los t\u00e9rminos pactados en el mismo y que hagan viable su ejecuci\u00f3n\u201d, y la de reparaci\u00f3n del da\u00f1o moral por el equivalente a mil gramos oro. <\/p>\n
2. En resumen, la demanda relata los siguientes hechos: <\/p>\n
a) El veintisiete (27) de agosto de 1982, Angel Mar\u00eda Salas Ortega, empresario dedicado a la construcci\u00f3n, entabl\u00f3 demanda para provocar la celebraci\u00f3n de un concordato preventivo potestativo con sus acreedores, dentro de los que se encontraba el Banco Central Hipotecario, con quienes entonces convino, como \u00fanico arreglo viable, el pago de las obligaciones adeudadas mediante la venta de las unidades que componen el complejo habitacional y comercial \u201cLos H\u00e9roes\u201d de Pasto, obra que para su terminaci\u00f3n requer\u00eda de un cr\u00e9dito adicional que la hiciera posible. <\/p>\n
b) En tal virtud, el Banco Central Hipotecario, como principal acreedor con garant\u00eda real y \u00fanica entidad financiera participante en el proyecto urban\u00edstico mencionado acept\u00f3 otorgar un nuevo cr\u00e9dito para la terminaci\u00f3n de la obra y de conformidad con las condiciones por \u00e9l establecidas, a ra\u00edz de lo cual se comprometi\u00f3 a prestar la suma de $45\u2019000.000.oo, que se formaliz\u00f3 all\u00ed mediante la suscripci\u00f3n de los respectivos pagar\u00e9s, la que habr\u00eda de entregar por medio de desembolsos parciales en forma progresiva, es decir a medida en que se fueran cumpliendo las distintas etapas de la obra, seg\u00fan precisas pautas que la demanda transcribe en su integridad, y una vez se alcanzara adem\u00e1s el porcentaje en ventas previamente fijado, para lo cual habr\u00eda de contarse con la vigilancia, control y auditor\u00eda de un interventor y de un director de obra, \u201cexigencias estas que fueron establecidas por el Banco Central Hipotecario\u201d. <\/p>\n
c) En desarrollo del referido contrato el Banco entreg\u00f3 el dinero para la terminaci\u00f3n del bloque C y a su vez el constructor dio cumplimiento al compromiso por \u00e9l asumido, efectuando ventas equivalentes al 58% del bloque indicado. <\/p>\n
d) A continuaci\u00f3n, el nueve (9) de abril de 1984, el constructor solicit\u00f3 un nuevo desembolso para iniciar la siguiente etapa del proyecto consistente en la construcci\u00f3n del bloque \u201cD\u201d, petici\u00f3n que no fue atendida por el banco demandado a pesar de las numerosas solicitudes en tal sentido formuladas no s\u00f3lo por el deudor, sino tambi\u00e9n por la junta concordataria, el interventor y el Juzgado del conocimiento, requerimientos a los que el banco contest\u00f3 inicialmente aludiendo problemas financieros que afectaban sus operaciones a nivel nacional, para finalmente informar que la sede principal del Banco hab\u00eda dado instrucciones a la sucursal en Pasto para que hiciera los respectivos desembolsos; con todo, \u201ca pesar de los buenos prop\u00f3sitos y buenas intenciones\u201d, el banco incumpli\u00f3 con sus obligaciones. <\/p>\n
e) El trece (13) de febrero de 1986 un grupo de acreedores del empresario inci\u00f3 incidente de resoluci\u00f3n del concordato y la consecuente declaraci\u00f3n de quiebra por incumplimiento del concordado, petici\u00f3n a la que se accedi\u00f3 en primera instancia mediante providencia que revoc\u00f3 luego el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto tras considerar el inter\u00e9s del constructor en orden a cumplir con el acuerdo celebrado y el correlativo incumplimiento del Banco en procura de satisfacer las demandas dinerarias requeridas para la cuminaci\u00f3n del proyecto. <\/p>\n
f) Ese incumplimiento por parte de la entidad demandada llev\u00f3 a la ruina econ\u00f3mica al constructor, por cuanto le impidi\u00f3 culminar el complejo arquitect\u00f3nico \u201cLos H\u00e9roes\u201d provoc\u00f3 la cesaci\u00f3n de los contratos laborales con las personas que trabajaban en el mismo e imposibilit\u00f3 el cumplimiento de las obligaciones comerciales con numerosos acreedores, por fuera de colocarlo en situaci\u00f3n de \u201cinhabilidad e impotencia comercial\u201d, inmoviliz\u00e1ndole adem\u00e1s su patrimonio \u201cque en otras circunstancias le hubiere permitido cumplir con todas las obligaciones y trabajar con gran solvencia moral y econ\u00f3mica en otros negocios\u201d. <\/p>\n
3. Admitida a tr\u00e1mite la demanda y surtido el traslado de rigor, la entidad demandada dio oportuna respuesta a la misma, oponi\u00e9ndose a las pretensiones, aceptando algunos hechos y negando otros tras aseverar que no pact\u00f3 contrato de mutuo con el actor, toda vez que su obligaci\u00f3n consisti\u00f3 \u00fanicamente en hacer una serie de desembolsos en favor del constructor, respecto de los cuales dio pleno cumplimiento; que, en cambio, aqu\u00e9l no entreg\u00f3 a tiempo la primera etapa de la construcci\u00f3n, en la que utiliz\u00f3 adem\u00e1s recursos que estaban destinados a otro sector de la obra, impidiendo por ello la terminaci\u00f3n de la misma, lo que gener\u00f3 el incumplimiento del denominado Programa de Obra y Plan de Inversi\u00f3n previamente aceptado en el concordato. Sostiene igualmente que hubo indebido manejo de fondos, cambio innecesario de especificaciones en la construcci\u00f3n y obras adicionales no presupuestadas. <\/p>\n
Propuso como excepciones de fondo las que denomin\u00f3 \u201cinexistencia de un contrato de mutuo\u201d debido a que lo que se celebr\u00f3 fue un acuerdo concordatario; \u201cpetici\u00f3n de modo indebido\u201d, por cuanto los hechos que configuran la demanda est\u00e1n destituidos de todo fundamento; \u201cfalta de causa\u201d generada en la ausencia de los supuestos de la pretensi\u00f3n; \u201cfalta de legitimaci\u00f3n en causa e inter\u00e9s para obrar\u201d, consistente en que ni el demandante ni el demandado son titulares del derecho que se reclama; \u201cincumplimiento de las obligaciones por parte del actor\u201d; y las que resulten probadas durante la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
4. El juez de primera instancia profiri\u00f3 sentencia en la que declar\u00f3 no probadas las excepciones de m\u00e9rito formuladas por la parte demandada y conden\u00f3 al Banco a desembolsar la suma de ($14.099.830.oo), actualizada a la fecha de pago, dispuso todo lo concerniente a intereses y deneg\u00f3 la condena por perjuicios morales. Ambas partes apelaron, el demandante con el fin de buscar una condena econ\u00f3mica superior y el banco para que se revoque totalmente el fallo de primer grado; en lo suyo, el Tribunal revoc\u00f3 la decisi\u00f3n impugnada y se inhibi\u00f3 de fallar el fondo del asunto \u201cpor falta de la debida integraci\u00f3n del litis consorcio necesario por activa\u201d. <\/p>\n
FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
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Ellos se resumen del siguiente modo: <\/p>\n
a) La sentencia precisa algunos aspectos f\u00e1cticos que estructuran la cuesti\u00f3n litigiosa y hace algunas consideraciones sobre la instituci\u00f3n jur\u00eddica del concordato, luego de lo cual se\u00f1ala que el compromiso adquirido por el Banco Central Hipotecario, consistente en otorgar \u201cun cr\u00e9dito adicional\u201d al empresario en concordato, fue pactado con el fin de que \u00e9ste pueda terminar la construcci\u00f3n que se describe en la demanda \u201cy as\u00ed poder sacar al comercio los apartamentos o inmuebles\u201d, para con su producto pagarle al banco y a los dem\u00e1s acreedores; al Banco se le facult\u00f3 para retener tal producto y abonarlo a su cr\u00e9dito; despu\u00e9s se efectuar\u00eda el pago a los dem\u00e1s acreedores. <\/p>\n
b) La f\u00f3rmula de financiaci\u00f3n del deudor fue pactada \u201ccon participaci\u00f3n de todos los acreedores\u201d, y los dineros que habr\u00edan de recibirse por el nuevo cr\u00e9dito, de acuerdo con el Programa de Obra y Plan de Inversiones, se consignar\u00edan en una cuenta de ahorros en UPAC del Banco Central Hipotecario \u201cla cual ser\u00eda manejada conjuntamente por el interventor de la obra (\u2026) y Angel Mar\u00eda Salas\u201d. As\u00ed, el dinero requerido para concluir el bloque \u201cC\u201d se entregar\u00eda en un 70% seg\u00fan la gu\u00eda descrita \u201cen el cuadro 808 del B. C. H. y el saldo en la medida en que el avance lo permita\u201d, aspecto este \u00faltimo en el que precisamente se basa el incumplimiento que se le imputa aqu\u00ed al demandado. <\/p>\n
d) El contrato celebrado entre el Banco Central Hipotecario y el actor, denominado contrato de mutuo por este \u00faltimo y de apertura de cr\u00e9dito por el primero, forma parte del acuerdo concordatario, por lo que \u201cno se trata de un negocio o convenci\u00f3n distinta, aut\u00f3noma del concordato mismo\u201d; las distintas previsiones en relaci\u00f3n con la forma en que se efectuar\u00eda el desembolso de los recursos requeridos \u201c\u2026no son sino cl\u00e1usulas que desarrollan o detallan…la convenci\u00f3n principal concordataria sobre el cr\u00e9dito adicional, firmada o acordada, por una parte, por el Banco prestamista, y, por otra, por el concordado y el resto de acreedores y luego homologado por el Juzgado del conocimiento\u201d. Aun en el supuesto de que se considere dicho cr\u00e9dito como \u201cun acto jur\u00eddico con perfiles y caracter\u00edsticas propios\u201d, evento en el cual se descarta la existencia de un contrato de mutuo, el an\u00e1lisis, la calificaci\u00f3n y las consecuencias jur\u00eddicas, \u201cno ser\u00edan posibles por fuera del pacto concordatario\u201d; as\u00ed lo admite el mismo demandante cuando incluye como premisa fundamental de la pretendida condena, la declaraci\u00f3n de vigencia del concordato y el incumplimiento del mismo. <\/p>\n
e) El convenio concordatario requiere de un acuerdo de voluntades de car\u00e1cter multilateral, toda vez que a \u00e9l \u201cconcurren todos los acreedores, en defensa de sus personales intereses, y desde luego el concordado\u201d, pudiendo concurrir tambi\u00e9n terceros en el supuesto previsto en el numeral 1\u00b0 del art. 2 del Decreto 350 de 1989; puede acontecer, entonces, que uno de los acreedores, con el fin de salvar a la empresa de la quiebra y de proteger sus propios intereses, asuma obligaciones o compromisos adicionales frente a los dem\u00e1s acreedores y al concordado \u201ca cambio de contraprestaciones espec\u00edficas\u201d; o que el concordado se obligue \u201cno ya ante alguno o algunos de sus acreedores en particular\u201d sino en frente de todos, dualidad hipot\u00e9tica esta que, en caso de incumplimiento, produce efectos de diversa \u00edndole, por modo que si \u201clo que sobreviene es el incumplimiento de las obligaciones contra\u00eddas por terceros o de acreedores colocados en la dicha condici\u00f3n en cuanto al resto de intervinientes en el pacto concordatario,…la titularidad de la acci\u00f3n para exigir el cumplimiento de esas obligaciones incumplidas y la indemnizaci\u00f3n de perjuicios o la resoluci\u00f3n del pacto o convenci\u00f3n espec\u00edfica no radica ni en el concordado ni en ning\u00fan acreedor en particular – menos a propio nombre -, sino en quienes est\u00e1n ubicados en el otro extremo de la relaci\u00f3n, esto es, en todos.\u201d; esto por cuanto \u201ccomo es lo l\u00f3gico, el derecho de acci\u00f3n o simplemente la acci\u00f3n, dimanante del derecho sustancial, la tiene o se leg\u00edtima en el titular de este, es decir en el acreedor de la prestaci\u00f3n debida\u201d. <\/p>\n
f) Con apoyo en el art\u00edculo 83 del C. de P.C. y la jurisprudencia, bajo la \u00f3ptica de la legitimaci\u00f3n en la causa plural, el sentenciador se\u00f1ala las consecuencias que sobrevienen cuando no se encuentra debidamente integrado el contradictorio; todo para resaltar que es deber del juez de primera instancia, o de las partes, conformar el litisconsorcio necesario y que si ello no se logra oportunamente, \u201cel fallo ineluctablemente tendr\u00e1 que ser inhibitorio\u201d, por cuanto el juzgador de segundo grado carece de facultad para integrarlo. <\/p>\n
g) En este caso los sujetos de la relaci\u00f3n de donde deriva sus pretensiones el actor son varios; hacen parte de ella la totalidad de acreedores o la junta concordataria en su caso, de donde se sigue que \u201cno se trata de un pacto o convenci\u00f3n simplemente bilateral entre Banco obligado y concordado, (\u2026\u2026.) choca contra la l\u00f3gica el que se pretendiese asimilar una obligaci\u00f3n u obligaciones contra\u00eddas por una persona o entidad dentro del \u00e1mbito de un concordato, esto es en un pacto o convenio multilateral, como si se tratase de una obligaci\u00f3n pura y simple adquirida y convenida en desarrollo de la autonom\u00eda particular\u201d. <\/p>\n
h) En conclusi\u00f3n, se impone dictar un fallo inhibitorio, lo que no se opone al pronunciamiento acogido en otra etapa del proceso por el cual se neg\u00f3 a otros acreedores la posibilidad de intervenir en \u00e9l como coadyuvantes del demandante, pues \u201clo interlocutorio no ata para lo definitivo\u201d, adem\u00e1s, \u201c\u2026la figura o instituto de la coadyuvancia es absolutamente distinta del litisconsorcio necesario y que la una no supone a la otra ni rigen en un mismo plano\u201d. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION: <\/p>\n
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CARGO PRIMERO: <\/p>\n
1. Denuncia el quebranto indirecto de las siguientes normas de derecho sustancial: por aplicaci\u00f3n indebida, los art\u00edculos 51, 75 numerales 2 y 12, 83 inciso 1\u00b0, 87, 97 numeral 9 y art. 398 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; 865, 1914, 1923 inciso 1\u00b0 y 1926 del C\u00f3digo de Comercio; y 8, inciso 5\u00b0, 11, 12 inciso 2\u00b0 y 38 del Decreto 350 de l989, estos en cuanto modifican el r\u00e9gimen del concordato preventivo potestativo; por falta de aplicaci\u00f3n, los art\u00edculos 4, 37 numeral 4\u00b0 y 83 inciso 2\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; 1546, 1602, 1603, 1608 ordinal 1\u00b0, 1613, 1614, 1615, 1618, 2221, 2228, 2432, 2438 y 2440 del C\u00f3digo Civil; 822, 864 inciso 1\u00b0, 870, 871, 883, 884 y 1169, en \u201cconcomitancia\u201d con el 824 y 861, todos del C\u00f3digo de Comercio; 89 de la Ley 153 de l887 en cuanto regula la promesa de contrato en general y del mutuo en particular; y los art\u00edculos 1400, 1402 y 1406 tambi\u00e9n del C\u00f3digo de Comercio, 1910 numerales 1, 2 y 3, 1911 numerales 1, 4 y 6, 1921 inciso 1\u00b0, 1922 numeral 3, 1925 inciso 2\u00b0 del C\u00f3digo de Comercio, en concomitancia \u201csi ello fuere pertinente por los efectos de la ley en el tiempo\u201d con los art\u00edculos 2\u00b0 primera parte y en especial su regla 6\u00b0; 3, 17, 30, numeral 3 y 33 inciso 2\u00b0 del Decreto 350 de l989; como consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
2. A manera de introducci\u00f3n, el recurrente se refiere a los aspectos meramente te\u00f3ricos que a su juicio tienen relevancia en torno del tema jur\u00eddico debatido en el proceso, para aseverar enseguida que el sentenciador cometi\u00f3 errores de hecho \u201cal apreciar err\u00f3neamente unas pruebas y haber dejado de considerar otras\u201d, por cuya ocurrencia el Tribunal dedujo que no qued\u00f3 debidamente integrado el contradictorio y, por ende, dict\u00f3 un fallo inhibitorio. <\/p>\n
Afirma el censor que la integraci\u00f3n del litisconsorcio responde a la necesidad de que la sentencia que se dicte afecte a todos los interesados en la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial, seg\u00fan lo que ha ense\u00f1ado la jurisprudencia con respaldo en el art\u00edculo 83 del C. de P.C., y, por consiguiente, \u00e9ste precepto no se aplica en los eventos en los que existe una convenci\u00f3n jur\u00eddica con diversos sujetos de la cual emanan prestaciones dis\u00edmiles, ni cuando una relaci\u00f3n aparenta un contrato \u00fanico pero incluye varios contratos formalmente unidos entre s\u00ed de los cuales surgen prestaciones diversas o pluralidad de obligaciones con m\u00faltiples derechos de cr\u00e9dito, pero se demanda \u00fanicamente el cumplimiento coercitivo de uno solamente o de varios de ellos, considerados como integrantes de esa unidad formal; el cargo se explana sobre el fen\u00f3meno de la \u201cuni\u00f3n externa o simplemente formal de contratos\u201d. <\/p>\n
4. Espec\u00edficamente se denuncian los yerros evidentes de hecho siguientes: <\/p>\n
a) Interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de la demanda, por cuanto el fallador supuso que la pretensi\u00f3n del demandante tiene por causa el incumplimiento del concordato por parte del Banco, viendo en este \u00faltimo un \u00fanico acuerdo, no obstante que del texto de aqu\u00e9lla se desprende que \u201csu autor le atribuye independencia y autonom\u00eda al contrato de mutuo, preexistente al concordato y que se anex\u00f3 a \u00e9ste\u201d; si en el libelo se aludi\u00f3 al acuerdo concordatario fue como premisa indispensable para deducir de all\u00ed la subsistencia del contrato de mutuo y la responsabilidad del Banco por su incumplimiento, o sea con un car\u00e1cter meramente declarativo que \u201cnada nuevo agregar\u00eda a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica existente\u201d; en la demanda se alude al cr\u00e9dito inicial y al nuevo pr\u00e9stamo en favor del concordado, quien, como \u00fanico obligado, firm\u00f3 los respectivos pagar\u00e9s. <\/p>\n
b) Equivocada inteligencia sobre el contenido del concordato y de su correspondiente auto aprobatorio, pues de sus estipulaciones se puede inferir \u201cque en ese documento no se plasm\u00f3 un contrato \u00fanico\u201d, sino que se agregaron varios contratos que, aunque conexos, guardan absoluta independencia, como son el concordato y el mutuo de que se trata. Sostener lo contrario, lleva al absurdo de considerar que si por alg\u00fan motivo se afecta la validez del concordato, los pactos de mutuo e hipotecas nacidos de \u00e9l correr\u00edan la misma suerte, \u201co que tales pronunciamientos no los podr\u00eda hacer la jurisdicci\u00f3n relativamente a los contratos agregados, sin que la declaraci\u00f3n de invalidez pueda dejar vivo el concordato\u201d; adem\u00e1s, obra en el acuerdo que el demandante fue designado como administrador de la obra \u201csin limitaci\u00f3n trascendente al cobro de sus derechos\u201d, y sin ostentar la representaci\u00f3n de los restantes acreedores o de la junta concordataria. <\/p>\n
c) Interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de los autos por medios de los cuales se negaron las solicitudes de coadyuvancia formuladas por dos de los acreedores participantes en el concordato, toda vez que en ambas instancias se consider\u00f3 que no exist\u00eda v\u00ednculo alguno que pudiese dar lugar a confundir los derechos del concordado con los de los dem\u00e1s acreedores, y, sin embargo, el Tribunal desconoci\u00f3 los efectos procesales de dichos pronunciamientos. <\/p>\n
d) No se apreciaron los siguientes documentos: la contestaci\u00f3n de la demanda en la que el Banco reconoci\u00f3 tener una relaci\u00f3n de cr\u00e9dito con el demandante; los pagar\u00e9s que respaldan el contrato de mutuo y en los que el demandante figura como \u00fanico obligado; fue \u00e9l quien a su vez garantiz\u00f3 con hipoteca la restituci\u00f3n del dinero y cancel\u00f3 el correspondiente impuesto de timbre; las inspecciones judiciales practicadas sobre los libros de contabilidad relacionados con la construcci\u00f3n del complejo habitacional y comercial \u201cLos H\u00e9roes\u201d y sobre los libros del Banco , en las cuales se estableci\u00f3 la preexistencia de un cr\u00e9dito personal con garant\u00eda real que posteriormente, a ra\u00edz del proceso concordatario, fue ampliado en la cuant\u00eda convenida pero siempre por cuenta y bajo la responsabilidad del deudor; los dict\u00e1menes periciales que verificaron la existencia de cr\u00e9ditos sucesivos que el Banco otorg\u00f3 al demandante; y el acta donde consta el acuerdo concordatario, la pluralidad de contratos ajustados entre las partes, y que quedaron unidos o agregados all\u00ed de manera simplemente formal. <\/p>\n
Consideraciones de la Corte: <\/p>\n
1. Ciertamente que el art\u00edculo 89 de la ley 222 de 1995 consagra el concordato que, en esencia, consiste en los acuerdos a que llegan un empresario deudor y \u201cla masa\u201d de sus acreedores sobre la forma de solucionar el pasivo que pesa sobre el patrimonio del primero, los cuales han de adoptarse cumpliendo las formalidades previstas en la ley y cuyo objeto consiste en \u201cla recuperaci\u00f3n y conservaci\u00f3n de la empresa como unidad de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica y fuente generadora de empleo, as\u00ed como la protecci\u00f3n adecuada del cr\u00e9dito\u201d, cual lo se\u00f1ala el art\u00edculo 94 ib\u00eddem. <\/p>\n
En tal virtud, en el acuerdo se pueden adoptar las medidas que sean necesarias para salvaguardar los intereses generales y particulares involucrados en la situaci\u00f3n de crisis econ\u00f3mica que vive el deudor, entre las que se destacan las que tienden a facilitarle a \u00e9ste nuevos medios de financiaci\u00f3n que le permitan la prosecuci\u00f3n normal de sus actividades, evento en el cual las propuestas han de contar con el aval de la asamblea concordataria y con la respectiva autorizaci\u00f3n emitida por la autoridad del conocimiento para los efectos que tengan que ver con la admisibilidad del acuerdo as\u00ed concebido. <\/p>\n
Lo anterior no es obst\u00e1culo para que, en principio, se entienda que la eficacia de los actos o contratos a que pueda dar origen la real provisi\u00f3n de dichos recursos econ\u00f3micos se extienda s\u00f3lo al deudor y a quienes con \u00e9l los celebren; en relaci\u00f3n con tales actos o contratos, los restantes acreedores reciben el tratamiento propio de terceros, sin perjuicio de que en determinadas circunstancias, inherentes a cada situaci\u00f3n litigiosa en particular, la conexi\u00f3n contractual existente imponga, por necesidad l\u00f3gica o jur\u00eddica, una soluci\u00f3n diferente. <\/p>\n
En esos t\u00e9rminos, en materia de concordatos, sucede con frecuencia que en ejercicio de la llamada autonom\u00eda negocial y tras de expresar su voluntad en un \u00fanico documento, las partes le dan vida a diversos contratos que, aun conservando su identidad t\u00edpica y por ende quedando sometidos a la regulaci\u00f3n que les es propia, quedan sin embargo coligados entre s\u00ed, funcionalmente y con relaci\u00f3n de rec\u00edproca dependencia, hasta el punto de que las vicisitudes de uno, en mayor o menor grado, pueden repercutir en los otros, casos en los cuales es deber de los jueces establecer con cuidado y con base en las pruebas recaudadas si, adem\u00e1s de las finalidades de cada uno de los contratos celebrados, existe o no un objetivo conjunto y general querido por las partes. <\/p>\n
As\u00ed, en los contratos coligados, seg\u00fan ense\u00f1a la doctrina, no hay un \u00fanico contrato at\u00edpico con causa mixta \u201c\u2026 sino una pluralidad combinada de contratos, cada uno de los cuales responde a una causa aut\u00f3noma, aun cuando en conjunto tiendan a la realizaci\u00f3n de una operaci\u00f3n econ\u00f3mica unitaria y compleja, luego el criterio de distinci\u00f3n no es aqu\u00e9l, formal, de la unidad o de la pluralidad de los documentos contractuales, ya que un contrato puede resultar de varios textos y, por contra, un \u00fanico texto puede reunir varios contratos. El criterio es sustancial y resulta de la unidad o pluralidad de causas \u2026\u201d (Francesco Galgano. El Negocio Jur\u00eddico. Cap. IV. Secci\u00f3n 2\u00aa. N\u00fam. 26); en otras palabras, habr\u00e1 conexi\u00f3n contractual cuando celebrados varios convenios deba entenderse que desde el punto de vista jur\u00eddico no pueden ser tratados como absolutamente independientes, bien porque su naturaleza y estructura as\u00ed lo exija, o bien porque entonces quedar\u00eda sin sentido la disposici\u00f3n de intereses configurada por las partes y articulada mediante la combinaci\u00f3n instrumental en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
2. En ese orden de ideas, en este caso resulta ineludible apreciar que en la compleja f\u00f3rmula concordataria fluye palpable la coexistencia de voluntades contractuales que, sin embargo, se distinguen entre s\u00ed de manera di\u00e1fana, lo que, por tanto, permite aseverar que no se est\u00e1 frente a un contrato \u00fanico. En efecto, resulta ser cierto y evidente que, como natural reflejo del concordato, el Banco asumi\u00f3 el compromiso de car\u00e1cter econ\u00f3mico a que se refiere la demanda consistente en refinanciar un cr\u00e9dito proveniente de una relaci\u00f3n contractual preexistente al mismo concordato; y que para garantizar la satisfacci\u00f3n del cr\u00e9dito o la refinanciaci\u00f3n en cuesti\u00f3n, se oblig\u00f3 s\u00f3lo el empresario deudor, como quiera que suscribi\u00f3 en nombre propio los respectivos pagar\u00e9s destinados a respaldar las entregas escalonadas de dinero a que se comprometi\u00f3 la entidad demandada (folios 46 a 57 C. 2); por consiguiente, no se puede contrariar la realidad consistente en que el v\u00ednculo originado en ese compromiso no se creaba entre el Banco y la masa de los acreedores, ni que, en esa medida, tampoco \u00e9stos pasaban a ser deudores del banco, lo que de suyo pone de manifiesto la errada inteligencia que el Tribunal le dio a la demanda, al acta que contiene el acuerdo y a las restantes pruebas documentales que la complementan. <\/p>\n
N\u00f3tese que cuando en virtud del proceso concordatario el empresario y sus acreedores convinieron en aplazar los pagos a cargo del deudor hasta la conclusi\u00f3n de la obra, para que despu\u00e9s con el producto de la venta de los locales comerciales y de las unidades familiares se pagaran las acreencias en los montos previamente fijados, uno y otros se obligaron rec\u00edprocamente a cumplir con el arreglo que pondr\u00eda fin al concordato, bien fuera exitosamente, en cuyo caso la totalidad de intereses quedar\u00edan satisfechos, o bien ante el fracaso que convertir\u00eda entonces el tr\u00e1mite referido en un proceso de ejecuci\u00f3n concursal. <\/p>\n
Empero, sucede que como presupuesto indispensable para llevar a la pr\u00e1ctica la soluci\u00f3n acordada, el empresario admitido a concordato y uno de sus acreedores, el Banco demandado, pactaron a favor del primero la realizaci\u00f3n de una operaci\u00f3n de refinanciaci\u00f3n destinada a facilitarle los nuevos recursos que permitir\u00edan la terminaci\u00f3n del proyecto inmobiliario y abrirlo a venta para pagar las distintas acreencias; esta circunstancia determina la presencia de un v\u00ednculo funcional claramente identificable entre los dos acuerdos as\u00ed concluidos, el cual da lugar a un fen\u00f3meno de conexi\u00f3n contractual que, aun cuando supera en intensidad e importancia la simple uni\u00f3n externa de contratos por la que propugna el recurrente, muy lejos est\u00e1 de tener el grado de relevancia jur\u00eddica que le asigna el fallo impugnado en el sentido de considerar que, por activa, se deba integrar un litisconsorcio necesario entre el deudor y los dem\u00e1s acreedores, como requisito indispensable para que se pueda exigir del banco el cumplimiento de los susodichos acuerdos y su consiguiente responsabilidad civil por la defectuosa ejecuci\u00f3n del compromiso de cr\u00e9dito en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
De otro lado, importa se\u00f1alar que para la celebraci\u00f3n del acuerdo particular entre el concordado y el Banco ning\u00fan reparo fluye del hecho de haber estado en tr\u00e1mite el proceso concursal, toda vez que por causa de \u00e9ste el primero no pierde su autonom\u00eda, y, para el segundo, la naturaleza del v\u00ednculo de mutuo tiene su g\u00e9nesis en actividades de banca en las cuales desempe\u00f1an papel preponderante los llamados \u201ccontratos de cr\u00e9dito\u201d, que no son otra cosa que moldes jur\u00eddicos unitarios que se adoptan con el fin de dispensar o recibir cr\u00e9ditos de acuerdo con ciertas pautas t\u00e9cnicas propias de una empresa bancaria, los cuales, por lo general, implican la combinaci\u00f3n de varios actos o contratos conexos para cuyo tratamiento, sin menoscabo del conjunto, el derecho privado civil y mercantil suministra las reglas correspondientes. <\/p>\n
3. Dentro del contexto anterior, se impone examinar si hay o no lugar a la necesaria integraci\u00f3n plural de la parte demandante, aspecto que constituye la medula del fallo acusado y de la impugnaci\u00f3n, a lo cual se procede a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
a) Seg\u00fan el art\u00edculo 83 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en armon\u00eda con el art\u00edculo 51 ib\u00eddem, hay relaciones jur\u00eddicas sustanciales o pretensiones respecto de las cuales, ya por su propia \u00edndole o por mandato de la ley, no es posible hacer un pronunciamiento judicial de m\u00e9rito sin la comparecencia plena de las personas que son sujetos de ellas, toda vez que la sentencia debe comprenderlas a todas y de manera uniforme; se configura de ese modo un litisconsorcio necesario, que se denomina por activa si tal la pluralidad se hace imperativa en la parte demandante, o por pasiva si lo es en la parte demandada. <\/p>\n
b) Empero, no a toda relaci\u00f3n jur\u00eddica o pretensi\u00f3n que tenga venero en un acuerdo de voluntades cabe extender, sin distingo, la precedente noci\u00f3n de litisconsorcio necesario; la secuela que deriva su presencia, seg\u00fan la cual, \u201cla demanda deber\u00e1 formularse por todas o dirigirse contra todas…\u201d, s\u00f3lo encuentra fiel expresi\u00f3n en todas aquellas pretensiones encaminadas a obtener que se reconozca la existencia, validez, modificaci\u00f3n, disoluci\u00f3n o alteraci\u00f3n de determinado acto jur\u00eddico; por lo tanto, lo que se impone es hacer un cuidadoso examen de la demanda a fin de verificar exactamente, con vista en ella, cu\u00e1l es la naturaleza y el alcance personal de la relaci\u00f3n sustancial sometida a controversia, para deducir de all\u00ed si el litisconsorcio es o no necesario. <\/p>\n
c) Aqu\u00ed, en el libelo que dio origen a la especie de este proceso, se observa que el demandante pidi\u00f3 que se declare que se celebr\u00f3 un concordato preventivo potestativo entre \u00e9l y sus acreedores, uno de los cuales fue el banco demandado; que para el cumplido efecto del mismo, deudor y banco suscribieron un contrato de mutuo; y que el \u00faltimo incumpli\u00f3 el concordato y el pr\u00e9stamo, por lo cual el demandante reclama distintas indemnizaciones. <\/p>\n
Por consiguiente, resulta palmario que la definici\u00f3n de la cuesti\u00f3n litigiosa descrita, por su naturaleza, no liga para tan precisos efectos sino a los sujetos que hoy son parte de este proceso, lo que equivale a decir, en contra de lo que vio el Tribunal, que no se requiere de la concurrencia en el proceso de la totalidad de los agentes jur\u00eddicos frente a quienes despliegan su eficacia vinculante los convenios en referencia, toda vez que, en principio, la reclamaci\u00f3n que se formula por uno s\u00f3lo de ellos, como aqu\u00ed acontece con el deudor del pr\u00e9stamo, no redunda en menoscabo de los restantes; en verdad, no se advierte que la sola iniciativa del deudor concursado concretada en este proceso afecte de manera directa a los acreedores que hoy est\u00e1n por fuera de \u00e9l, como tampoco que a \u00e9stos se les vulnera de alg\u00fan modo su derecho de defensa. <\/p>\n
d) La afirmaci\u00f3n precedente no se desvirt\u00faa por el hecho de que la causa que dio origen al contrato de mutuo haya sido la de facilitar la recuperaci\u00f3n de la empresa en concordato, puesto que una vez fue concretado el compromiso financiero \u00fanicamente entre el deudor y el Banco, los efectos consiguientes y en particular los derivados del incumplimiento de las obligaciones contra\u00eddas por uno u otro deben definirse con su sola presencia, desde luego que los dem\u00e1s acreedores si acaso tienen a ese respecto un inter\u00e9s indirecto, el cual, per se, no los hace part\u00edcipes necesarios de la cuesti\u00f3n litigiosa, la cual, entonces, ata\u00f1e \u00fanicamente con una relaci\u00f3n jur\u00eddica de \u00edndole singular o individual como la rese\u00f1ada. <\/p>\n
e) S\u00edguese de todo lo anterior que el Tribunal incurri\u00f3 en los errores probatorios que la censura describe, por cuanto dej\u00f3 de observar en debida forma la evidencia procesal que le habr\u00eda permitido deducir la coexistencia de contratos plenamente definidos en el acta que contiene el acuerdo concordatario y que por consiguiente no era del caso dictar fallo inhibitorio con apoyo en que la demanda deb\u00eda provenir no s\u00f3lo del deudor sino de todos los dem\u00e1s acreedores, lo que constituye argumento suficiente para producir la casaci\u00f3n de la sentencia recurrida. <\/p>\n
4. Ahora bien, no obstante que el cargo debe prosperar por las razones expuestas, resulta pertinente rectificar la doctrina de la Corte expuesta en otras ocasiones (Gacetas judiciales CXXXIV, p. 170; CXXXVIII, p. 28-29; CLI, p.172; N\u00ba 2415, p. 278, entre otras), prohijada en este caso por el Tribunal, seg\u00fan la cual, cuando en el tr\u00e1mite de la segunda instancia se detecta la falta de integraci\u00f3n de un litisconsorcio necesario, en cualquiera de los extremos de la relaci\u00f3n jur\u00eddica procesal, \u201cel fallo tendr\u00e1 que ser inhibitorio\u201d ( G. J. N\u00fameros ). <\/p>\n
Lo anterior debe darse por razones de orden jur\u00eddico y de conveniencia en pos de lograr que, en \u00faltimas, se llegue a producir una justa y oportuna composici\u00f3n de los litigios, y, por sobre todo, en cumplimiento del preciso mandato legal contenido en el art\u00edculo 37-4 del C. de P.C., que le impone a los jueces el deber de emplear todos los poderes de que se halla investido para evitar los fallos inhibitorios, los que, en esencia, no son propiamente sentencias, bajo el entendido de que \u00e9stas, en su pr\u00edstino sentido, est\u00e1n destinadas a decidir \u201csobre las pretensiones de la demanda o las excepciones que no tengan el car\u00e1cter de previas\u201d, seg\u00fan definici\u00f3n que consagra el art\u00edculo 302 ib\u00eddem. <\/p>\n
Sobre el punto importa recordar que de anta\u00f1o ha predicado esta Corporaci\u00f3n, con apoyo en el art\u00edculo 83 del C. de P.C., que cuando por inadvertencia del juez de la primera instancia y de las partes, el fallador ad quem se encuentra que no est\u00e1n presentes todos las personas a quienes les corresponder\u00eda formular o contradecir las pretensiones de la demanda, \u201c…l\u00f3gicamente ya no podr\u00e1 hacer uso de los poderes de saneamiento consagrados en el art\u00edculo 83, por cuanto aquellos se agotan con la decisi\u00f3n de primera instancia; tampoco la sentencia podr\u00e1 ser de fondo…\u201d; quedando como \u00fanica posibilidad que se dictara un fallo inhibitorio. <\/p>\n
Un nuevo examen de la cuesti\u00f3n permite ver que dicha conclusi\u00f3n no tiene efectivo respaldo en el citado art\u00edculo 83 del C. de P.C, el cual manda que: \u201cCuando el proceso verse sobre relaciones o actos jur\u00eddicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposici\u00f3n legal, no fuere posible resolver de m\u00e9rito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deber\u00e1 formularse por todas o dirigirse contra todas\u201d, y dispone a rengl\u00f3n seguido las medidas que debe tomar el juez con el fin de que se logre la plena integraci\u00f3n de las partes, bien en el auto admisorio de la demanda o bien despu\u00e9s, de oficio o a petici\u00f3n de parte, pero siempre \u201cmientras no se haya dictado sentencia de primera instancia\u201d; preclusi\u00f3n \u00e9sta que en combinaci\u00f3n con la imposibilidad de resolver de m\u00e9rito a que alude el precepto, ha dado p\u00e1bulo a que en segunda instancia, ante la falta de conformaci\u00f3n del litisconsorcio necesario, se dicten fallos inhibitorios, como \u00fanica soluci\u00f3n emergente posible. <\/p>\n
Empero, un entendimiento l\u00f3gico e integrado con todo el ordenamiento procesal civil permite afirmar, primero, que es cierto que todas las medidas de integraci\u00f3n del litisconsorcio necesario deben surtirse en el tr\u00e1mite de la primera instancia; y segundo, que, en cambio, no es cierto que una vez superada tal instancia el sentenciador superior, de continuar la deficiente conformaci\u00f3n de aqu\u00e9l, no le queda otro camino que abstenerse de proveer sobre el fondo del asunto puesto a su consideraci\u00f3n. En efecto, lo \u00fanico que en \u00e9sta hip\u00f3tesis impide el precepto es \u201cresolver de m\u00e9rito\u201d, lo que indudablemente deja espacio para que el juzgador ad quem pueda adoptar cualquier medida procesal, legalmente admisible, que conduzca a solucionar la an\u00f3mala situaci\u00f3n, mientras no resuelva de fondo que es lo \u00fanico que en verdad se le prohibe; mucho m\u00e1s, si precisamente, como se dijo, es deber ineludible del juez evitar los fallos inhibitorios. <\/p>\n
Ahora bien, la medida procesal que le corresponde adoptar al fallador de segunda instancia est\u00e1 dada por la consagraci\u00f3n de la causal 9\u00aa del art\u00edculo 140 del C. de P.C., la cual se produce, entre otros eventos, cuando se deje de notificar o emplazar a una de \u201clas dem\u00e1s personas que deban ser citadas como parte\u201d, situaci\u00f3n que ata\u00f1e con los litisconsortes necesarios, quienes deben ser citados al proceso justamente para que se pueda resolver de m\u00e9rito sobre la cuesti\u00f3n litigiosa; situaci\u00f3n que se da tanto frente aquellos litisconsortes que mencionados en la demanda y en el auto admisorio de la misma no fueron notificados de \u00e9ste; como frente a quienes deben ser citados, y no lo han sido, a pesar de que por la ley o por la naturaleza del litigio deben demandar o ser demandados; todo en aplicaci\u00f3n de lo dispuesto en el art\u00edculo 83 del C. de P.C. <\/p>\n
Desde luego que, cuando as\u00ed suceda, el decreto de la nulidad s\u00f3lo comprender\u00e1 el tr\u00e1mite adelantado en la segunda instancia y la sentencia apelada u objeto de consulta, puesto que abolida \u00e9sta se restituye la posibilidad de disponer la citaci\u00f3n oportuna de las personas que debieron formular la demanda o contra quienes se debi\u00f3 dirigir \u00e9sta, para los fines que ata\u00f1en con la defensa de sus intereses; se dan as\u00ed unas ventajas pr\u00e1cticas de valor apreciable, con relaci\u00f3n al fallo inhibitorio, consistentes en que subsiste el mismo proceso, se evita que se pierda tiempo y la actividad procesal producida hasta ese momento, se mantienen los efectos consumados de las normas sobre interrupci\u00f3n de la caducidad y prescripci\u00f3n; y, por sobre todo, se propende porque de todos modos se llegue al final a la composici\u00f3n del litigio. <\/p>\n
5. En este caso, como se anot\u00f3 atr\u00e1s, se da la circunstancia de que se produce la quiebra del fallo inhibitorio y, por lo mismo, lo dicho precedentemente s\u00f3lo tiene por mira hacer la referida rectificaci\u00f3n doctrinaria; lo que aqu\u00ed corresponde hacer, ante la prosperidad del cargo primero, es dictar el fallo sustitutivo, el cual debe proferirse sin importar que, como adelante se explica, en \u00e9l se defina el litigio en forma desfavorable al demandante, quien recurri\u00f3 en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Se proceder\u00e1 de ese modo porque, de un lado, debe entenderse que la queja fundamental del impugnante que ataca un fallo inhibitorio radica sobre que no se haya dictado sentencia de fondo, lo que corresponde a la finalidad propia del ejercicio del derecho del acci\u00f3n y del derecho correlativo de contradicci\u00f3n que tienen cabal efectividad cuando se dicta la sentencia que pone fin al proceso y resuelve de fondo la controversia, cualquiera sea la respuesta judicial que se produzca, positiva o negativa. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, la casaci\u00f3n del fallo inhibitorio a consecuencia de la cual la Corte deba dictar sentencia de fondo pero desfavorable al recurrente, no implica la violaci\u00f3n del principio de la no reformaci\u00f3n en perjuicio en casaci\u00f3n; soluci\u00f3n que por lo dem\u00e1s no resulta extra\u00f1a en el ordenamiento procesal, puesto que el inciso final del art\u00edculo 357 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil lo prev\u00e9 as\u00ed en el \u00e1mbito del recurso de apelaci\u00f3n. De otro lado, casada la sentencia y situada la Corporaci\u00f3n en sede de segunda instancia, se encuentra que el fallo del a quo, aunque favorable al impugnante, fue apelado por ambas partes. <\/p>\n
Sentencia sustitutiva <\/p>\n
1. Am\u00e9n de lo explicado al despachar el cargo primero, se observa que seg\u00fan el material probatorio que obra en el expediente, las partes acordaron un pr\u00e9stamo adicional por $45\u2019000.000.oo que el B.C.H. se comprometi\u00f3 a entregar por etapas para la financiaci\u00f3n y pago de la totalidad de los costos y gastos correspondientes a la administraci\u00f3n, terminaci\u00f3n y venta total de las unidades inmobiliarias integrantes del complejo urban\u00edstico \u201cLos H\u00e9roes\u201d de Pasto, y que hacen parte del activo fijo del concordado; dicho pr\u00e9stamo ser\u00eda instrumentado mediante el otorgamiento de pagar\u00e9s suscritos por el deudor Angel Mar\u00eda Salas Ortega a favor del B.C.H, garantizados con los mismos inmuebles que se encuentran gravados, previo desembolso del dinero pendiente del cr\u00e9dito anterior y por medio de entregas que se efectuar\u00edan en la forma convenida en la cl\u00e1usula quinta del referido documento, las que se cumplieron, seg\u00fan los medios de prueba allegados al plenario, en la siguiente forma: <\/p>\n
1\u00ba) El 13 de diciembre de 1983 el Banco le entreg\u00f3 al constructor la suma que aun no hab\u00eda desembolsado del cr\u00e9dito pendiente, esto es, la cantidad de $2\u2019518.700.oo, dando as\u00ed cumplimiento a una de las disposiciones previstas dentro del nuevo compromiso de financiaci\u00f3n incluido dentro del acuerdo concordatario, hecho que se demuestra con la copia del respectivo pagar\u00e9 suscrito para ser pagado el 16 de agosto de 1984 (C. 2, folio 48 vuelto). <\/p>\n
2\u00ba) De la suma restante del cr\u00e9dito , pactada en la cantidad de $ 45\u2019000.000.oo, el constructor recibi\u00f3, sin contar la deducci\u00f3n de los intereses debidos y los gastos de gesti\u00f3n pertinentes, las siguientes sumas: $10\u2019000.000, el 16 de agosto de 1983; $6.838.170, el 2 de diciembre de 1983; $8\u2019664.000, el 27 de febrero de 1984; $943.000, el 12 de julio de 1984; $155.000, el 24 de agosto de 1984 y $4.300.000, el 14 de septiembre de 1984, seg\u00fan documentos que obran a folios 46 a 57 del cuaderno n\u00famero dos. <\/p>\n
3\u00ba) La suma total de dichos desembolsos oscila entre $31\u2019489.114.oo que fue la verificada mediante la inspecci\u00f3n judicial practicada a los libros del demandante (C. 2, fl. 81 a 100), y $28\u2019020.870.oo que arroja el dictamen pericial rendido el 8 de octubre de 1990 (C. 2, folio 427); de all\u00ed resulta que la ejecuci\u00f3n del contrato se dio en un significativo porcentaje y a su vez que subsiste un saldo pendiente de desembolso que el banco no ha realizado, omisi\u00f3n en la cual radica la causa de las pretensiones del demandante. <\/p>\n
2. Como es sabido, la responsabilidad civil contractual exige la concurrencia de distintos presupuestos como son, entre otros, la demostraci\u00f3n de la existencia del contrato, la cual en este caso se halla acreditada, y el incumplimiento culpable que se le achaca al demandado, frente a lo cual debe aparecer igualmente acreditado el oportuno cumplimiento del actor de sus propias obligaciones que fueren previas o precedentes a las del Banco, pues s\u00f3lo as\u00ed se legitima para demandar aqu\u00e9lla. <\/p>\n
3. Pero ocurre que es all\u00ed donde el material probatorio resulta escaso para determinar la culpa exclusiva y excluyente del Banco, no obstante la inconsistente explicaci\u00f3n que fue ofrecida al constructor antes del proceso, en el sentido de que dicha situaci\u00f3n proven\u00eda o bien de los problemas econ\u00f3micos que a nivel nacional atravesaba la entidad por dicha \u00e9poca (fl. 77 C. 1); o ya de la ausencia de interventor de obra (fl. 55 C. 1); para despu\u00e9s se\u00f1alar en la contestaci\u00f3n de la demanda que no hizo m\u00e1s desembolsos porque el constructor no cumpli\u00f3 con las estipulaciones previamente convenidas en cuanto a los avances de obra. Empero, aquellas equ\u00edvocas explicaciones no logran desvirtuar las serias dudas que se dan en relaci\u00f3n con el oportuno desarrollo y terminaci\u00f3n de la edificaci\u00f3n en construcci\u00f3n mediante la correcta inversi\u00f3n de los primeros dineros recibidos y con el consiguiente cumplimiento por parte del contratante demandante. <\/p>\n
Para obviar entonces esa deficiente y fragmentaria valoraci\u00f3n probatoria ha de considerarse la totalidad de los factores detallados, de donde fluyen las pruebas que acreditan las dificultades de todo orden que redundaron en contra del oportuno cumplimiento del contrato celebrado entre las partes en litigio, hasta el punto de que dados los inconvenientes financieros y t\u00e9cnicos en orden a la terminaci\u00f3n de la obra con los medios financieros objeto del contrato, el desorden administrativo subsiguiente produjo el incumplimiento conjunto que hizo imposible seguir ejecutando el contrato de mutuo en los t\u00e9rminos inicialmente previstos. <\/p>\n
En lo que se acaba de expresar, basta examinar los documentos que contienen el programa de Obra y el plan de Inversiones, los informes de supervisi\u00f3n t\u00e9cnica, los reclamos que hizo el banco, paralelos a los del concordado, en relaci\u00f3n con las deficiencias en la direcci\u00f3n de la obra y la ausencia de la oportuna recomendaci\u00f3n de la interventor\u00eda como presupuesto previo a cada desembolso, para concluir que no se evidencia la responsabilidad que se imputa al Banco demandado por el cese en la ejecuci\u00f3n completa del contrato de mutuo, el cual, dadas las circunstancias referidas, perdi\u00f3 en un momento dado la finalidad para la cual fue previsto, consistente en propiciar los medios econ\u00f3micos tendientes a hacer factible la culminaci\u00f3n de la obra programada, lo que explica suficientemente la raz\u00f3n por la cual, faltando por entregar tan s\u00f3lo algo m\u00e1s de $10\u2019000.000.oo, el objetivo previsto requer\u00eda de otro pr\u00e9stamo no inferior a la totalidad del que se reclama por la suma de $ 45.000.000. <\/p>\n
4. En esas circunstancias no se pueden abrir paso las pretensiones de la demanda; por el contrario, cabe reconocer la excepci\u00f3n de fondo que propuso el Banco y que denomin\u00f3 de \u201cincumplimiento de las obligaciones por parte del actor\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia adiada el 7 de julio de l994 proferida por el Tribunal del Distrito Judicial de Pasto, dentro del proceso arriba referido, y actuando en sede de instancia, <\/p>\n
Resuelve: <\/p>\n
Revocar el fallo que fue dictado en primera instancia favorable al demandante; en su lugar, declarar probada la excepci\u00f3n de incumplimiento del demandante y, por consiguiente, negar las pretensiones contenidas en la demanda y absolver a la entidad demandada <\/p>\n
Cond\u00e9nase en costas de ambas instancias a la parte demandante <\/p>\n
No hay lugar a costas en el recurso de casaci\u00f3n ante la prosperidad del recurso. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
<\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
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S-068-99 [5224] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Silvio Fernando Trejos Bueno Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., seis (6) de Octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999).- […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81671","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81671","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81671"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81671\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81671"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81671"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81671"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}