S-074-99 [5243]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
MAGISTRADO PONENTE : NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, Distrito Capital, doce (12) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999).- <\/p>\n
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Referencia: Expediente N\u00b0 5243 <\/p>\n
Procede la Corte a decidir el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por JOMA LTDA. contra la sentencia de 18 de agosto de 1994, pronunciada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, en el proceso ordinario adelantado por MARTHA AGRIPINA GARCIA NARANJO contra la sociedad aqu\u00ed recurrente y la CORPORACION COLOMBIANA DE AHORRO Y VIVIENDA DAVIVIENDA. <\/p>\n
ANTECEDENTES: <\/p>\n
I. Solicita la demandante que con audiencia de los referidos demandados, se declare la resoluci\u00f3n del contrato de compraventa contenido en la escritura No. 200 de 26 de enero de 1990, corrida en la Notar\u00eda 37 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, celebrado entre JOMA LTDA. como vendedora y MARTHA AGRIPINA GARCIA NARANJO como compradora sobre el apartamento 501 del edificio PASEO BOLIVAR ubicado en la carrera 1a. No. 77-21 de esta ciudad y, en consecuencia, se declare la resoluci\u00f3n del contrato de hipoteca celebrado entre la CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA DAVIVIENDA como acreedora y MARTHA AGRIPINA GARCIA NARANJO como deudora, contenido en el mismo instrumento p\u00fablico; se ordenen por ende las restituciones mutuas \u00abconforme a la ley\u00bb, la cancelaci\u00f3n en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de la inscripci\u00f3n de la referida escritura; y se condene a las sociedades demandadas al pago de los perjuicios causados a la demandante y las costas del proceso. <\/p>\n
II. El demandante apoya sus pretensiones en los hechos que seguidamente se resumen : <\/p>\n
a) El 8 de noviembre de 1989 JOMA LTDA. suscribi\u00f3 con MARTHA AGRIPINA GARCIA NARANJO contrato de promesa de compraventa que origin\u00f3 el otorgamiento de la escritura No. 200 del 26 de enero de 1990 en la Notar\u00eda 37 del C\u00edrculo de Bogot\u00e1, \u00abcuyo objeto fue la compra del apartamento No. 501 del Edificio PASEO BOLIVAR, ubicado en la Cra. 1a. No. 77-21 de la ciudad de Bogot\u00e1, junto con el derecho de uso exclusivo de los garajes Nos. 9 y 10\u00bb, inmueble alindado como se especifica en el libelo incoatorio. <\/p>\n
b) El precio acordado fue la suma de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($28’000.000.oo) M\/CTE., que la demandante pagar\u00eda as\u00ed : \u00aba) la suma de NUEVE MILLONES ($9’000.000..) M\/CTE., mediante instalamentos peri\u00f3dicos hasta el 30 de diciembre de 1989; suma \u00e9sta que le fue totalmente cancelada a la Vendedora; y b) El saldo, esto es, la suma de DIECINUEVE MILLONES ($19’000.000) DE PESOS M\/CTE., mediante subrogaci\u00f3n en la hipoteca, a prorrata, que en mayor extensi\u00f3n tiene la sociedad vendedora constituida en favor de la CORPORACION COLOMBIANA DE AHORRO Y VIVIENDA DAVIVIENDA\u00bb. <\/p>\n
c) En la promesa de compraventa y en la escritura que la perfeccion\u00f3, la sociedad vendedora manifest\u00f3 expresamente que el inmueble objeto de tales convenciones \u00abse encontrar\u00eda y entregar\u00eda libre de grav\u00e1menes, pleitos pendientes, etc.\u00bb, pero registrada la citada escritura de compraventa e hipoteca, en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria se encontr\u00f3 inscripci\u00f3n de demanda ordenada por el Juzgado 22 Civil del Circuito, en el proceso ordinario de JOSE VICENTE MALAGON RONCANCIO contra JOMA LTDA., registrada el 7 de diciembre de 1989, quedando as\u00ed demostrado el incumplimiento. <\/p>\n
d) La citada medida cautelar que tampoco fue advertida por DAVIVIENDA, fue lo que permiti\u00f3 el otorgamiento de la mentada escritura 24 d\u00edas despu\u00e9s. JOMA LTDA adeuda a la Corporaci\u00f3n DAVIVIENDA algunos dineros por correcci\u00f3n monetaria e intereses, neg\u00e1ndose \u00e9sta por ese motivo a liquidar el cr\u00e9dito a nombre de la demandante, \u00abpor lo que tal retardo implica incumplimiento de la Corporaci\u00f3n, totalmente injustificado, dada la independencia de las relaciones jur\u00eddicas de cada una de las partes, motivo \u00e9ste que fundamenta la causal subsidiaria de resoluci\u00f3n del contrato de hipoteca demandada\u00bb. <\/p>\n
e) En virtud de ese doble incumplimiento \u00abtanto de la sociedad vendedora, por el gravamen, como del retardo de la Corporaci\u00f3n en liquidarle el cr\u00e9dito subrogado, la demandante ha sufrido perjuicios materiales y morales. <\/p>\n
III. Con oposici\u00f3n de las sociedades demandadas se adelant\u00f3 la litis y la primera instancia culmin\u00f3 con sentencia de 3 de agosto de 1992 proferida por el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, la cual result\u00f3 ser desfavorable a la actora, pues se declar\u00f3 probada \u00abla excepci\u00f3n de m\u00e9rito que formularon las demandadas, relacionada con la ausencia de incumplimiento de los contratos de compraventa e hipoteca\u00bb, deneg\u00f3 las pretensiones y conden\u00f3 en costas a aqu\u00e9lla. <\/p>\n
IV. Contra dicha providencia interpuso recurso de apelaci\u00f3n la demandante y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn la revoc\u00f3 (aplicaci\u00f3n Decreto 2651 de 1991), y en su lugar dispuso: <\/p>\n
\u00aba).- Decl\u00e1ranse impr\u00f3speras las excepciones propuestas por la codemandada Joma Ltda. <\/p>\n
\u00abb).- Decl\u00e1rase resuelto el contrato de compraventa celebrado entre la sociedad Joma Ltda. y la se\u00f1ora Martha Agripina Garc\u00eda Naranjo. <\/p>\n
\u00abc).- Ord\u00e9nase a la sociedad Joma Ltda. pagar, a la ejecutoria de esta sentencia, a la se\u00f1ora Martha Agripina Garc\u00eda Naranjo la suma de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($28.000.000.00), debidamente indexados, en la forma apuntada en la parte motiva. <\/p>\n
\u00abd).- Ord\u00e9nase a la se\u00f1ora Martha Agripina Garc\u00eda Naranjo restituir, a la ejecutoria de esta providencia, a la Sociedad Joma Ltda. el bien inmueble materia del proceso, en la forma anotada en la parte expositiva. <\/p>\n
\u00abe).- No se accede a la pretensi\u00f3n de indemnizaci\u00f3n de perjuicios reclamados por la demandante en contra de la codemandada Joma Ltda. <\/p>\n
\u00abf).- Absu\u00e9lvese a la Corporaci\u00f3n Colombiana de Ahorro y Vivienda Davivienda, de las pretensiones de la actora. <\/p>\n
\u00abg).- Inscr\u00edbase esta sentencia en la oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria N\u00ba 050-1152006 y efect\u00faense las anotaciones pertinentes por el se\u00f1or Notario 37 de la misma ciudad, en la escritura p\u00fablica Nro. 200 del 26 de enero de 1990, respecto de la resoluci\u00f3n de la compraventa de que all\u00ed se trata. <\/p>\n
\u00ab2\u00ba.- Costas en ambas instancias a cargo de Joma Ltda. y en favor de la se\u00f1ora Martha Agripina Garc\u00eda Naranjo. Liqu\u00eddense. <\/p>\n
\u00ab3\u00ba.- Cond\u00e9nase a la se\u00f1ora Martha Agripina Garc\u00eda Naranjo a pagar a la Corporaci\u00f3n Colombiana de Ahorro y Vivienda, las costas causadas, en ambas instancias, con ocasi\u00f3n de este proceso.\u00bb <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA: <\/p>\n
Referidos por el ad quem los antecedentes del litigio y situado en el campo de las consideraciones, comienza por se\u00f1alar los presupuestos de la pretensi\u00f3n resolutoria y acomete el an\u00e1lisis de cada uno de ellos, encontrando acreditado el de contrato bilateral v\u00e1lido. Pasa al estudio del incumplimiento del contrato por parte del demandado y precisa cuales son las obligaciones del vendedor. Luego transcribe la cl\u00e1usula cuarta de la escritura que recoge la convenci\u00f3n celebrada entre los contendientes, en aras de precisar que ese \u00abes el compromiso materia del litigio, cuyo incumplimiento se predica…\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente anota que \u00abla obligaci\u00f3n que se predica en la cl\u00e1usula referenciada es significativa de que la compradora s\u00f3lo tiene inter\u00e9s en el negocio que celebra con Joma Ltda. en la medida en que a la par con la entrega material y jur\u00eddica su vendedora le garantice la posesi\u00f3n pac\u00edfica y tranquila del bien adquirido; lo que de acuerdo con lo pactado se hace exigible inmediatamente a la celebraci\u00f3n de la venta. Por ende, la circunstancia de que sobre el inmueble objeto del anotado contrato pese una inscripci\u00f3n de demanda anterior al mismo, contrar\u00eda dicha disposici\u00f3n contractual y patentiza el incumplimiento de una de las obligaciones contraidas por la vendedora, estructurando argumento legal justificativo para promover la resoluci\u00f3n del contrato de compraventa que vincula a la demandante Martha Agripina Garc\u00eda Naranjo y a Joma Ltda.\u00bb, a lo cual a\u00f1ade \u00abque la actora atendi\u00f3 al cumplimiento de las obligaciones contraidas en el contrato de compraventa cuya resoluci\u00f3n se pretende\u00bb. <\/p>\n
Pasa luego al an\u00e1lisis de cada una de las excepciones perentorias propuestas por JOMA LTDA. y frente a la de que \u00abJoma no incumpli\u00f3 el contrato de compraventa\u00bb, anota \u00abque era obligaci\u00f3n de la vendedora percatarse personalmente de la real situaci\u00f3n jur\u00eddica del inmueble antes de adquirir el compromiso a que refiere la cl\u00e1usula cuarta del contrato; sin que se encuentre establecido en el proceso su imposibilidad absoluta para conocer el dato en referencia, por lo que no desvirtu\u00e1ndose, por ende, la culpa presunta de la demandada, ha de considerarse que es infundada la excepci\u00f3n en comento\u00bb. <\/p>\n
Agrega que \u00abel hecho de que la entrega del inmueble se haya efectuado con anterioridad a la inscripci\u00f3n de la aludida medida cautelar, argumento que estructura la segunda excepci\u00f3n de m\u00e9rito propuesta por la accionada, es irrelevante frente a la conducta de incumplimiento que se endilga particularmente en relaci\u00f3n a la obligaci\u00f3n contraida en la cl\u00e1usula cuarta de la escritura p\u00fablica de compraventa. Se trata de deberes contractuales independientes, asumidos por la demandada con ocasi\u00f3n de cada contrato, para dar lugar a la realizaci\u00f3n de los objetivos jur\u00eddicos trazados por sus celebrantes; concretamente en la compraventa discutida, adquirir el comprador el uso, el goce y la disposici\u00f3n del bien que constituye su objeto, en forma pac\u00edfica y tranquila, como contraprestaci\u00f3n al pago del precio a que se obliga con el vendedor\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la excepci\u00f3n \u00abla demandante renunci\u00f3 t\u00e1citamente a la condici\u00f3n resolutoria\u00bb, se\u00f1ala que la cl\u00e1usula quinta que le sirve de soporte no es de recibo, dado que lo en ella expresado \u00abes coherente con la manifestaci\u00f3n hecha por la vendedora en el contrato de compraventa, aparte 4o., en el sentido de que el bien se encontraba libre de ‘pleitos, servidumbres, censo, usufructo, anticresis, condiciones resolutorias de dominio, embargos…’, condiciones garantizadas por Joma Ltda, conforme a las cuales es obvio que no se advert\u00eda condici\u00f3n resolutoria del dominio del bien hipotecado. En manera alguna este se\u00f1alamiento puede entenderse en el sentido de renuncia a la condici\u00f3n resolutoria de un contrato diferente e independiente como era el de compraventa celebrado con un tercero, as\u00ed se encuentre plasmado en el mismo acto escriturario\u00bb. <\/p>\n
Contin\u00faa con el estudio de las defensas y, en lo ata\u00f1edero a la de imposibilidad del ejercicio de la acci\u00f3n resolutoria del contrato de compraventa, dice el Tribunal que es infundada, porque el art. 1548 del C. C. sobre la cual se pretende apoyar, es inaplicable respecto de la enajenaci\u00f3n materia de la controversia, pues \u00ablo \u00fanico que no puede resolverse es el contrato de hipoteca relacionado, ya que la condici\u00f3n resolutoria no obraba en el documento adquisitivo del dominio del bien hipotecado…\u00bb. <\/p>\n
De todo lo anterior deduce el ad quem la prosperidad de la pretensi\u00f3n resolutoria y entra a regular las prestaciones mutuas consiguientes, consignando que no hay \u00ablugar a atender a la reclamaci\u00f3n de perjuicios demandados en contra de la Sociedad Joma Ltda., por cuanto de acreditar su causaci\u00f3n no se ocup\u00f3 la demandante. <\/p>\n
Por \u00faltimo, analiza las pretensiones deducidas contra la CORPORACION COLOMBIANA DE AHORRO Y VIVIENDA DAVIVIENDA, encontrando que ellas \u00abtoman su causa en el incumplimiento que se predica de la sociedad vendedora Joma Ltda., por lo que, asevera, ser\u00eda de \u00e9sta de quien la demandante podr\u00eda pretender indemnizaci\u00f3n por tales conceptos\u00bb. Agrega adem\u00e1s que a\u00fan en el supuesto de que la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito subrogado registre alguna demora, o que el estudio de t\u00edtulos hubiera tomado como base un certificado que no se ajuste a los reglamentos de la Corporaci\u00f3n, lo cierto es que del perjuicio que la demandante invoc\u00f3 como consecuencia de tales comportamientos, tampoco se da cr\u00e9dito en los autos, imponi\u00e9ndose de todas maneras, la absoluci\u00f3n de las pretensiones deducidas en contra de la entidad crediticia\u00bb. <\/p>\n
EL RECURSO DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
Contra la sentencia de segundo grado interpuso, como se dijo, recurso de casaci\u00f3n la sociedad JOMA LTDA. En la demanda respectiva el recurrente formula contra dicho fallo cuatro cargos, los tres iniciales dentro de la \u00f3rbita de la causal primera del art\u00edculo 368 del C. de P.C. y, el \u00faltimo con apoyo en la quinta, de los cuales la Corte despachar\u00e1 en primer lugar el por yerro in procedendo y luego los restantes en el orden propuesto. <\/p>\n
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CARGO CUARTO: <\/p>\n
Se apoya en que se incurri\u00f3 en la nulidad prevista en el num 6o. del Art. 140 del C. de P.C. por haberse pretermitido la oportunidad para la pr\u00e1ctica de dos pruebas decretadas de oficio por la Magistrada Ponente de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn. <\/p>\n
Aduce la censura en s\u00edntesis, que en el auto que decret\u00f3 pruebas de oficio en segunda instancia, se omiti\u00f3 se\u00f1alar t\u00e9rmino para evacuarlas y que tampoco se tuvo \u00aben cuenta el t\u00e9rmino de la distancia dadas las circunstancias especiales que originaron la remisi\u00f3n del proceso al H. Tribunal Superior de Medell\u00edn, con lo que se elimin\u00f3 para los apoderados la inmediaci\u00f3n necesaria con el expediente\u00bb. <\/p>\n
SE CONSIDERA: <\/p>\n
El motivo quinto de casaci\u00f3n consiste en haberse incurrido en alguna de las causales de nulidad consagradas en el art\u00edculo 140 del C. de P.C., siempre que no se hubiere saneado, por lo que es improcedente, como tantas veces lo ha sostenido esta Corte, una censura contra un fallo apoyada en tal causal si las irregularidades invocadas como constitutivas de nulidad no existen, o no est\u00e1n consagradas expresamente dentro de los motivos de nulidad adjetiva que enumera el citado precepto, o si est\u00e1ndolo y siendo saneables, fueron convalidadas por el consentimiento expreso o t\u00e1cito de la parte afectada con ellas. <\/p>\n
De suerte que, para que tenga \u00e9xito la v\u00eda impugnativa extraordinaria contenida en el numeral 5 del art\u00edculo 368 del estatuto procesal civil, se requiere de la observancia de distintas reglas derivadas de los principios de trascendencia y de convalidaci\u00f3n imperantes en nuestro sistema procesal en materia de nulidades procesales. <\/p>\n
De consiguiente, si el legislador por mandato de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (art. 29), para hacer efectivo el derecho de contradicci\u00f3n y la igualdad de las partes, establece las formalidades de tiempo, modo y lugar con sujeci\u00f3n a las cuales deben adelantarse los procesos, en guarda de tal garant\u00eda tambi\u00e9n regula de manera precisa y detallada lo atinente a las nulidades procesales, se\u00f1alando con precisi\u00f3n las irregularidades espec\u00edficas que las constituyen, qui\u00e9n puede alegarlas, c\u00f3mo y cu\u00e1ndo, en qu\u00e9 eventos hay o no saneamiento y los efectos de la nulidad declarada. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las causales de nulidad que por regla general pueden invocarse no son otras que las consagradas en el art\u00edculo 140 del C. de P.C. a t\u00e9rminos de lo dispuesto en el art. 368-5 ib\u00eddem; empero, para la prosperidad del recurso de casaci\u00f3n es necesario que la nulidad alegada no se encuentre saneada. <\/p>\n
Aludiendo a la particular situaci\u00f3n contemplada en el numeral 6 del art\u00edculo 140 \u00eddem, ha sostenido la Corte que \u00ab…la omisi\u00f3n del t\u00e9rmino de pruebas, para que engendre nulidad, debe implicar un evidente cercenamiento del derecho esencial que asiste a las partes para pedir pruebas y para que le sean decretadas y practicadas, con notorio desconocimiento del fundamental derecho de defensa…\u00bb (G.J. T. CLXV, p\u00e1g. 70), vale decir, que para que pueda fundarse un recurso de casaci\u00f3n en un error de actividad procesal consistente en haberse omitido la oportunidad para recepcionar pruebas, es necesario que tal omisi\u00f3n produzca quebrantamiento del derecho de defensa. <\/p>\n
Como en este caso aconteci\u00f3 que el Tribunal de Medell\u00edn oficiosamente decret\u00f3 las pruebas de que trata el auto de 25 de julio de 1994 (f.25, c. 5) consistentes en librar unas comunicaciones solicitando una informaci\u00f3n y pidiendo una certificaci\u00f3n, evid\u00e9nciase el fracaso del cargo por cuanto el motivo que denuncia el casacionista no configura irregularidad de aquella estirpe, porque no se cercen\u00f3 el derecho de defensa, menos cuando se trataba de pruebas decretadas de oficio; adem\u00e1s, a\u00fan admiti\u00e9ndose en gracia de discusi\u00f3n que la circunstancia alegada constituye irregularidad de ese linaje, \u00e9sta no se reclam\u00f3 oportunamente, con lo cual el recurrente la convalid\u00f3 al haber actuado sin alegarla. <\/p>\n
Por tanto, el cargo no prospera. <\/p>\n
CARGO PRIMERO: <\/p>\n
Mediante \u00e9ste se acusa la sentencia del Tribunal de infringir indirectamente los art\u00edculos 922 del C. de Co., 1880 y 756 del C.C. <\/p>\n
Del examen de dichos preceptos legales deduce la recurrente, al sustentar el ataque, que las obligaciones del vendedor de un bien ra\u00edz son la tradici\u00f3n de \u00e9ste mediante la inscripci\u00f3n del t\u00edtulo en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, el saneamiento de la cosa vendida y su entrega material; que el cumplimiento de estas obligaciones qued\u00f3 acreditado en el proceso, pues la entrega se hizo constar en el contrato de tenencia, que, adicionalmente en la escritura de compraventa \u201cla demandante declar\u00f3 que tiene recibido real y materialmente el inmueble…\u201d objeto de dicho contrato; que en los documentos visibles a folios 23 y 69 del cuaderno 1 aparece el registro de la escritura de compraventa en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos; y que, en consecuencia, as\u00ed debi\u00f3 declararla el Tribunal por estar \u201cplenamente acreditado\u201d, y no lo hizo, por lo que las normas mencionadas \u201csimplemente no fueron aplicadas por el sentenciador\u201d. <\/p>\n
Agrega que el hecho de estar inscrita una demanda al momento de efectuarse el registro de la escritura de compraventa, no le resta validez al registro, pues aquello no desvirt\u00faa el t\u00edtulo ni la condici\u00f3n de verdadero due\u00f1o del comprador ni coloca el bien fuera del comercio. Aduce, por consiguiente, que JOMA LIMITADA cumpli\u00f3 con las obligaciones que le impon\u00edan las normas legales rese\u00f1adas; que cuando el Tribunal dedujo que incumpli\u00f3 la obligaci\u00f3n de entregar porque \u00e9sta deb\u00eda hacerse \u201clibre de pleitos\u201d y en este caso mediaba la inscripci\u00f3n de demanda, simplemente olvid\u00f3 que la compraventa fue antecedida de contrato de promesa suscrito dos meses y medio antes, es decir el 8 de noviembre de 1989 y de contrato de tenencia celebrado el 2 de diciembre siguiente, y que por lo mismo estaba obligado a interpretar de consuno los 3 contratos y no atenerse simplemente a lo literal de la cl\u00e1usula cuarta de la escritura de venta, de cuyo \u00fanico examen \u201cpuede llegar a concluirse\u201d que JOMA LIMITADA asumi\u00f3 la obligaci\u00f3n de entregar el inmueble libre de pleitos. Precisa que en la cl\u00e1usula 3\u00aa de la promesa de vendedora no contrajo esa obligaci\u00f3n, sino que declar\u00f3 \u00fanicamente que el inmueble \u201cse encuentra libre de demandas civiles\u201d; que la real intenci\u00f3n de la vendedora fue garantizarle a la compradora la posesi\u00f3n pac\u00edfica y tranquila del bien y la de salir al saneamiento de la venta por evicci\u00f3n. <\/p>\n
Termina aseverando que \u201cEl hecho de que en las escrituras de compraventa, bajo formas distintas de redacci\u00f3n, se establece la situaci\u00f3n jur\u00eddica del inmueble no implica sino el cumplimiento del requisito establecido en el art. 33 del Decreto 960 de 1970, pero jam\u00e1s que el hecho de que aparezcan medidas cautelares desconocidas por el vendedor conduzcan a un incumplimiento de \u00e9ste y a la obligaci\u00f3n pactada en el contrato o establecida en la ley de traditar y, para el estatuto mercantil, de entregar materialmente el inmueble\u201d, pues s\u00f3lo conducen a consecuencias distintas de la terminaci\u00f3n del contrato, como la del saneamiento por evicci\u00f3n; de lo cual deduce adicionalmente la violaci\u00f3n del art\u00edculo 1618. <\/p>\n
SE CONSIDERA: <\/p>\n
1.- De conformidad con el art\u00edculo 374 del C. de P.C., el recurrente en casaci\u00f3n debe exponer en \u00abforma clara y precisa\u00bb los fundamentos de la acusaci\u00f3n, cuesti\u00f3n legal que entre otras exigencias reclama, cuando se trata de la causal primera, la expresa menci\u00f3n de la naturaleza del error endilgado al sentenciador (probatorio de hecho o de derecho), si es que \u00e9sta no surge con claridad del desarrollo del cargo, pues fuera de que se desconocer\u00eda un perentorio mandato legal, la Corte no podr\u00eda, dada la especial caracter\u00edstica dispositiva de la casaci\u00f3n, cumplir materialmente su misi\u00f3n. <\/p>\n
2.- De este defecto t\u00e9cnico es que se resiente precisamente la acusaci\u00f3n, pues la censura no se\u00f1ala expresamente si el yerro de que se duele es de hecho o por el contrario de derecho, ni ello emerge con la claridad deseada en el desenvolvimiento del cargo, pues al paso que asevera que el Tribunal olvid\u00f3 que la compraventa fue antecedida no solamente por un contrato de promesa suscrito 2 meses y medio antes (8 de noviembre de 1989) sino por uno de tenencia celebrado el 2 de diciembre siguiente (error de hecho por preterici\u00f3n de esas pruebas), manifiesta al mismo tiempo que la totalidad de esos pactos no se interpretaron de conjunto para conocer las intenciones de los contratantes \u201cy no simplemente atenerse a la forma literal de una cl\u00e1usula como la cuarta de la escritura de compraventa\u201d (error probatorio de derecho por inobservancia del art. 187 del C. de P.C.), con lo cual el recurrente confunde esos dos yerros, lo que ser\u00eda suficiente en principio para que la Corte se sustrajera de su estudio y lo desestimara de plano. <\/p>\n
3.1.- A m\u00e1s de las obligaciones de entrega o tradici\u00f3n y saneamiento a cargo del vendedor seg\u00fan la ley (art. 1880 C.C.), \u00aba \u00e9stas se agregan las dem\u00e1s que contraigan las partes y unas y otras deber\u00e1n ser atendidas en la forma estipulada en el contrato\u00bb. <\/p>\n
3.2.- Ejemplo de las \u00faltimas es la cl\u00e1usula cuarta de la escritura de venta, en donde la vendedora se oblig\u00f3 a entregar el inmueble \u00ab…libre de pleitos…\u00bb, compromiso que incumpli\u00f3 \u00abcon fundamento en la anotaci\u00f3n del registro de la demanda…del proceso ordinario seguido por Jos\u00e9 Vicente Malag\u00f3n Roncancio contra la sociedad Joma Limitada…\u00bb, que era \u00abexigible inmediatamente a la celebraci\u00f3n de la venta\u00bb. <\/p>\n
3.3.- La obligaci\u00f3n de la vendedora de entregar \u00ab…libre de pleitos…\u00bb, pactada en la cl\u00e1usula cuarta de la escritura de venta, \u00abva m\u00e1s all\u00e1 de refrendar la obligaci\u00f3n legal de saneamiento para el caso de evicci\u00f3n…\u00bb previsto en la ley. <\/p>\n
3.4.- La inexistencia de la inscripci\u00f3n de la medida cautelar al celebrarse la promesa de compraventa no desvirt\u00faa la obligaci\u00f3n de la vendedora de \u00abpercatarse personalmente de la real situaci\u00f3n jur\u00eddica del inmueble antes de adquirir el compromiso a que refiere la cl\u00e1usula cuarta del contrato\u00bb de compraventa. No est\u00e1 probada la imposibilidad absoluta del vendedor en conocer esa circunstancia, y no se desvirt\u00faa, por ende, su culpa presunta. <\/p>\n
3.5.- La entrega anterior a la inscripci\u00f3n de la medida cautelar \u00abes irrelevante frente a la conducta de incumplimiento\u00bb de la vendedora deducida en la cl\u00e1usula cuarta de la escritura de compraventa. \u00abSe trata de deberes contractuales independientes, asumidos por la demandada con ocasi\u00f3n de cada contrato\u00bb. <\/p>\n
3.6.- Las obligaciones de la actora de pagar intereses y correcci\u00f3n monetaria respecto del saldo del precio ($19\u2019000.000) mientras se produc\u00eda la subrogaci\u00f3n de Davivienda, no queda recogida en la escritura de venta sino en el contrato de tenencia, pero as\u00ed hubiese que considerarlas para efectos de la resoluci\u00f3n deprecada, a\u00fan as\u00ed ser\u00eda de ver que \u201cresultan obligaciones posteriores a la que debi\u00f3 atenderse por aquella (la vendedora) inmediatamente a la celebraci\u00f3n de la compraventa\u201d. <\/p>\n
4.- De manera que a\u00fan en el entendimiento de estar frente a un ataque por yerro f\u00e1ctico el cargo primero ser\u00eda incompleto, pues se limit\u00f3, en esencia, a deducir que las pruebas preteridas por el Tribunal demuestran el cumplimiento de las obligaciones de la vendedora previstas en la ley (art. 1880 C.C.), cuando el ad-quem se sali\u00f3 de ese marco normativo y situ\u00e1ndose por fuera de \u00e9l hall\u00f3 otras obligaciones diferentes a esas con fuente exclusiva en el acuerdo de voluntades contenido en la escritura p\u00fablica de venta (v. gr. entregar el inmueble \u00ablibre de pleitos\u00bb), obligaci\u00f3n esta \u00faltima cuya independencia fue enf\u00e1tica en se\u00f1alar el sentenciador respecto de otros pactos diferentes de las partes, que no obstante haberlos visto, no los apreci\u00f3, al estimar que la compraventa se reg\u00eda por sus propias cl\u00e1usulas. <\/p>\n
Para ser completa y, por ende, ajustada a la t\u00e9cnica del recurso, la censura debi\u00f3 combatir, pues, la conclusi\u00f3n del Tribunal atinente a que la obligaci\u00f3n de entregar \u00ablibre de pleitos\u00bb asumida por la vendedora en la susodicha escritura de compraventa, no era diferente a las legales impuestas por los art\u00edculos 922 del C. de Co., 756 y 1880 del C.C., y que esa obligaci\u00f3n tampoco \u00abva m\u00e1s all\u00e1 de refrendar la…legal de saneamiento para el caso de la evicci\u00f3n\u00bb, seg\u00fan lo asever\u00f3 en uno y otro caso el Tribunal; y combatir as\u00ed mismo la conclusi\u00f3n de independencia predicada por dicho sentenciador del contrato de compraventa frente a los otros pactos que celebraron las partes. Esto no lo hizo la impugnante y, por lo mismo, la Corte, como lo ha dicho con insistencia, no tiene que ocuparse de otras consideraciones para desatender la censura. <\/p>\n
5.- El cargo, por lo que viene de verse, no prospera. <\/p>\n
<\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Se acusa la sentencia de ser violatoria del art\u00edculo 1604 del C\u00f3digo Civil, a consecuencia de error de hecho en la apreciaci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
Al desarrollarlo el censor expresa que el Tribunal hizo especial \u00e9nfasis en que era obligaci\u00f3n de JOMA LTDA, como vendedora, \u00abpercatarse personalmente de la real situaci\u00f3n jur\u00eddica del inmueble antes de adquirir el compromiso a que se refiere la Cl\u00e1usula Cuarta del Contrato\u00bb, y en que \u00aben el proceso no se encontr\u00f3 establecido su imposibilidad absoluta para conocer el dato en referencia\u00bb, no desvirtu\u00e1ndose en consecuencia la culpa presunta de la demandada. A ese prop\u00f3sito hace ver que en el caso de autos la compraventa celebrada entre JOMA LTDA y MARTHA AGRIPINA GARCIA fue en beneficio rec\u00edproco de las partes, y que la responsabilidad que por ende pueden tener ellas es la leve\u00bb. <\/p>\n
Luego observa que, si las pruebas dan cuenta que entre los contratos de promesa de compraventa -8 de noviembre de 1989-,y de compraventa -27 de enero de 1990-, transcurri\u00f3 apenas un t\u00e9rmino de dos meses y medio, y si la inscripci\u00f3n de la demanda se realiz\u00f3 el 4 de diciembre de 1990 y JOMA LTDA. \u00abs\u00f3lo vino a enterarse del proceso que hab\u00eda promovido en su contra el se\u00f1or JOSE VICENTE MALAGON RONCANCIO, y por ende de la inscripci\u00f3n de la demanda, a mediados del mes de febrero de 1990, o sea despu\u00e9s de otorgada la escritura p\u00fablica de compraventa…\u201d el Tribunal de Medell\u00edn simplemente desconoci\u00f3 esos medios de convicci\u00f3n, por lo que estima \u201cque la sentencia viol\u00f3 por error de hecho en la apreciaci\u00f3n de esta prueba lo dispuesto en la norma antes mencionada (Art. 1604 del C.C.)\u00bb, lo que excluye la pretendida falta de diligencia de JOMA LTDA. <\/p>\n
A\u00f1ade que la excepci\u00f3n denominada \u201cJoma no incumpli\u00f3 el contrato de compraventa\u201d ha debido declararse probada por el Tribunal, pues la raz\u00f3n que tuvo para no hacerlo fue la falta de apreciaci\u00f3n de dichas pruebas, esto es el estudio de t\u00edtulos hecho por Davivienda, la notificaci\u00f3n efectuada a Joma Limitada del proceso ordinario iniciado por Jos\u00e9 Vicente Malag\u00f3n Roncancio y la medida cautelar practicada dentro de \u00e9l. <\/p>\n
Finaliza diciendo que no hubo la pretendida falta de diligencia de Joma Limitada en percatarse de la real situaci\u00f3n jur\u00eddica del inmueble y, por el contrario se hallaba en imposibilidad de conocerla entre la fecha de estudio de t\u00edtulos y la escritura de compraventa, porque no hubiera logrado obtener una nueva certificaci\u00f3n de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos en ese intervalo. <\/p>\n
SE CONSIDERA: <\/p>\n
Insistentemente esta Corporaci\u00f3n ha pregonado que, cuando el recurso de casaci\u00f3n est\u00e1 fundado en la causal primera, el examen de la sentencia recurrida debe centrarse a establecer, en funci\u00f3n del control jur\u00eddico que ejerce la Corte, si la ley sustancial llamada a gobernar el caso concreto materia de la litis, ha sido o no observada por el fallador. <\/p>\n
Tambi\u00e9n tiene dicho, que el sentenciador ad quem goza de autonom\u00eda en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, por lo que no le es dado a la Corte en el recurso de casaci\u00f3n, proceder a una nueva calificaci\u00f3n del material probatorio, salvo haberse demostrado error de derecho o evidente yerro de facto que haya incidido en la decisi\u00f3n atacada, y por ende, en el quebrantamiento de la ley sustancial indicada en la censura. <\/p>\n
Por tanto, dado el car\u00e1cter extraordinario y eminentemente dispositivo del recurso de casaci\u00f3n, trat\u00e1ndose de la causal primera, la confrontaci\u00f3n entre la sentencia y la ley sustancial con miras a establecer la transgresi\u00f3n denunciada, queda limitada dentro del \u00e1mbito que el censor se\u00f1ale. <\/p>\n
Se aleg\u00f3 la violaci\u00f3n del art\u00edculo 1604 del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba documental referente al contrato de promesa de compraventa, al contrato prometido, al folio de matr\u00edcula inmobiliaria y al acta de notificaci\u00f3n personal, concretado dicho yerro en que no se tuvieron en cuenta las fechas de celebraci\u00f3n de esos actos, ni la de inscripci\u00f3n de la demanda introductoria del proceso instaurado por JOSE VICENTE MALAGON RONCANCIO, ni la de notificaci\u00f3n personal a JOMA LTDA., porque hubieran desvirtuado el actuar culposo achacado por el sentenciador a la vendedora, pero tal error no tiene configuraci\u00f3n en el plenario, pues basta mirar que el Tribunal encontr\u00f3 el incumplimiento enrostrado a la sociedad vendedora precisamente en la cl\u00e1usula cuarta de la escritura de venta y en la circunstancia de que sobre el inmueble materia de la compraventa reca\u00eda una medida cautelar anterior a la fecha de otorgamiento de la escritura p\u00fablica que recoge el contrato prometido, por lo que ninguna trascendencia tendr\u00eda el poco tiempo transcurrido entre esos distintos acontecimientos y en suma los planteamientos de la acusaci\u00f3n, toda vez que dicho juzgador fue enf\u00e1tico en aseverar, adem\u00e1s, que lo acordado en la mencionada cl\u00e1usula 4\u00aa de la escritura de venta \u201ces el compromiso materia del litigio, cuyo incumplimiento se predica, con fundamento en la anotaci\u00f3n del registro de la demanda con ocasi\u00f3n del proceso ordinario seguido por el se\u00f1or Jos\u00e9 Vicente Malag\u00f3n Roncancio contra la Sociedad Joma Limitada de que da cuenta el certificado expedido por el se\u00f1or Registrador de Instrumentos P\u00fablicos de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, visible en el folio 23 del cuaderno principal\u201d. De manera que al lado de la culpa presunta de la vendedora, el Juzgador encontr\u00f3 la prueba material del incumplimiento mismo, que consider\u00f3 suficiente. <\/p>\n
En otras palabras, el esfuerzo demostrativo del cargo, orientado a establecer que la naturaleza del contrato celebrado (compraventa) generaba ante su potencial incumplimiento una culpa leve para cada uno de los contratantes y en notar c\u00f3mo las pruebas que se dicen inapreciadas por el Tribunal le hubiesen permitido a \u00e9ste descartar en el caso presente la incuria de la vendedora en conocer con la debida antelaci\u00f3n la medida cautelar que pesaba sobre el bien que en esas condiciones vendi\u00f3, no est\u00e1 sin embargo llamada a producir el quiebre de la sentencia esperado por la censura, porque a\u00fan aceptando la veracidad del planteamiento contenido en el cargo, este solo conducir\u00eda a demostrar que la vendedora no fue negligente en conocer la real situaci\u00f3n jur\u00eddica en que se hallaba el inmueble al momento de su venta, pero nada traduce en cuanto al incumplimiento mismo de la cl\u00e1usula cuarta de la escritura de venta en el que se bas\u00f3 el fallo atacado para acceder a la resoluci\u00f3n, al encontrar \u00e9ste que el certificado del Registrador de Instrumentos P\u00fablicos visible al folio 23 del cuaderno principal del expediente y que da cuenta de la situaci\u00f3n jur\u00eddica del inmueble, acredita plenamente el incumplimiento de la vendedora; mayormente si, como se sabe, fue enf\u00e1tico en afirmar que la no existencia de la medida cautelar al celebrarse la promesa, no desvirtuaba la obligaci\u00f3n de la vendedora de percatarse de la situaci\u00f3n del inmueble antes de asumir ese compromiso, y, as\u00ed mismo, en cuanto asever\u00f3 adicionalmente que la entrega anterior a la inscripci\u00f3n de la medida cautelar \u201ces irrelevante frente a la conducta de incumplimiento\u201d del vendedor deducida en la cl\u00e1usula cuarta de la compraventa; a todo lo cual agreg\u00f3 el ad-quem, para dar una idea exacta de su argumentaci\u00f3n, que: \u201cSe trata de deberes contractuales independientes, asumidos por la demandada con ocasi\u00f3n de cada contrato\u201d. <\/p>\n
De manera que no es que el Tribunal, al decidir como lo hizo, no hubiese visto las pruebas de que se duele el censor, sino que apr\u00e9ciandolas en su real contenido consider\u00f3 que al lado de la presunci\u00f3n de culpa en que hall\u00f3 a la vendedora al vender libre de pleitos el inmueble que en realidad estaba sometido a medida cautelar por cuanto no est\u00e1 probada la imposibilidad absoluta de \u00e9sta en conocer esa circunstancia, se halla en el proceso la prueba cabal de su incumplimiento como quiera que act\u00faa all\u00ed el certificado del Registrador sobre la situaci\u00f3n jur\u00eddica del inmueble que as\u00ed lo demuestra, y por cuanto en relaci\u00f3n con las dem\u00e1s pruebas y en particular con los otros acuerdos que militan en los autos dedujo que se trata de deberes contractuales independientes asumidos por la demanda con ocasi\u00f3n de cada contrato. <\/p>\n
Lo dicho genera la improsperidad del cargo. <\/p>\n
CARGO TERCERO: <\/p>\n
Mediante este se acusa la sentencia de segundo grado de violaci\u00f3n del art\u00edculo 1609 del C\u00f3digo Civil, a consecuencia de error de hecho en la estimaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
En desenvolvimiento del cargo el censor, despu\u00e9s de transcribir el contenido del mentado precepto, asevera que \u00abEn el proceso qued\u00f3 plenamente probado que tanto en la promesa de compraventa…como en el contrato de Tenencia…la compradora y aqu\u00ed demandante se oblig\u00f3 a pagar a JOMA LTDA, a partir de la entrega material del inmueble y hasta el d\u00eda en que el cr\u00e9dito haya sido abonado al vendedor…el valor de intereses y correcci\u00f3n monetaria que la vendedora deb\u00eda efectuar a Davivienda\u00bb, obligaci\u00f3n que el Tribunal consider\u00f3 que no forma parte del contrato de compraventa puesto que no fue recogida en la correspondiente escritura, y \u201cpor lo tanto se trataba de obligaciones posteriores a las consagradas en \u00e9sta\u00bb, y contin\u00faa anotando que el art\u00edculo 1618 del C.C. establece \u00abque antes que al tenor literal de las palabras ha de atenderse la intenci\u00f3n de las partes, intenci\u00f3n que qued\u00f3 recogida, dentro del contexto del negocio de la compraventa que estaban celebrando las partes, tanto en la promesa de compraventa. Por lo tanto, tambi\u00e9n en \u00e9ste aspecto la sentencia viol\u00f3 el Art. 1618 del C.C.\u00bb <\/p>\n
Prosigue diciendo que \u00abEn la audiencia de conciliaci\u00f3n que con base en el Art. 101 de C. de P.C. se realiz\u00f3 el d\u00eda 21 de Marzo de 1991 (C. 1\u00ba. Fs. 135 a 136), pero ya en la etapa correspondiente a la fijaci\u00f3n de Hechos, Pretensiones y Excepciones de M\u00e9rito (Par. 6\u00ba), en donde ya se tienen por confesados los hechos en que las partes est\u00e1n de acuerdo, y que sean susceptibles de tal medio de prueba, la demandante (folio 136) reconoci\u00f3 expresamente que s\u00ed deb\u00eda la cuotas correspondientes a los meses posteriores a la escritura de compraventa, pero agregando que no estaba de acuerdo con la cuant\u00eda, puesto que JOMA LTDA le estaba cobrando $560.000 mensuales, cuando realmente se trataba de ‘$320.000, m\u00e1s o menos’,… que, ‘en conclusi\u00f3n, yo acepto que le debo, pero no acepto la suma’. Independientemente de cu\u00e1l podr\u00eda ser la suma mensual, lo cierto es que la demandante confes\u00f3 tal circunstancia y por ende su incumplimiento, confesi\u00f3n que por lo tanto debi\u00f3 tenerse en cuenta, pero el H. Tribunal simplemente la desech\u00f3, por lo que incurri\u00f3 en error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba\u00bb. <\/p>\n
Refiere que \u00abAdem\u00e1s de lo anterior, en la contestaci\u00f3n de la demanda, JOMA LTDA pidi\u00f3 como prueba el interrogatorio de parte de la demandante (C. 1\u00ba, F. 127). Por auto de Julio 26 de 1.990 (F. 126), el Juzgado fij\u00f3 como fecha para el interrogatorio de parte el d\u00eda 29 de Julio de 1.991, a las 8:oo a.m., pero a dicha diligencia la demandante no asisti\u00f3 ni present\u00f3 justificaci\u00f3n alguna por su inasistencia, a pesar de lo cual el suscrito apoderado, en dos ocasiones (C. 1\u00ba, Fs 188 y 199), insisti\u00f3 en la pr\u00e1ctica de la prueba en raz\u00f3n a que tampoco hab\u00eda podido asistir por razones m\u00e9dicas, pero el a-quo se abstuvo de se\u00f1alar nueva fecha por no haberse pedido posposici\u00f3n de la audiencia por la demandante, sin que \u00abLa inasistencia de la demandante al interrogatorio de parte y la no justificaci\u00f3n de tal inasistencia\u00bb, fuesen tenidas en cuenta por el Tribunal, y de haberlo hecho \u00abal igual que la confesi\u00f3n en la audiencia de conciliaci\u00f3n, habr\u00eda necesariamente tenido como corolario la declaratoria de la excepci\u00f3n de contrato no cumplido por la demandante, puesto que mal podr\u00eda invocarse la mora o incumplimiento de mi mandante encontr\u00e1ndose ella en mora de cumplir con sus propias obligaciones.\u00bb <\/p>\n
SE CONSIDERA: <\/p>\n
El recurrente nota que en el proceso qued\u00f3 \u00abplenamente probado que tanto en la promesa de compraventa de Noviembre 8 de 1989….como en el contrato de Tenencia de Diciembre (sic) 2 de 1989…\u00bb la compradora se oblig\u00f3 a pagar a JOMA LTDA., a partir de la entrega material del inmueble y hasta el d\u00eda en que el cr\u00e9dito se abonara, \u00abel valor de intereses y correcci\u00f3n monetaria que la vendedora deb\u00eda efectuar a Davivienda\u00bb, obligaci\u00f3n que el Tribunal consider\u00f3 que no formaba parte del contrato de compraventa. <\/p>\n
<\/p>\n
Aceptando en gracia de discusi\u00f3n que el Tribunal hubiese ignorado esas pruebas y que, por ende, hubiese incurrido en el error f\u00e1ctico que se le enrostra, es lo cierto que ese yerro ser\u00eda intrascendente pues, como lo destac\u00f3 con acierto el propio sentenciador, aun cuando fuera preciso tener en cuenta esas conductas (haber asumido la compradora el pago de intereses y correcci\u00f3n monetaria a cargo de la vendedora con Davivienda), \u201cresultan Obligaciones posteriores a la que debi\u00f3 atenderse por aquella (la vendedora, se agrega) inmediatamente a la celebraci\u00f3n de la compraventa\u00bb (obligaci\u00f3n de entregar el inmueble sin \u00abpleitos pendientes\u00bb), que no cumpli\u00f3 la vendedora; de donde se sigue que aqu\u00e9l ser\u00eda un incumplimiento sin consecuencias jur\u00eddicas en el espec\u00edfico campo de la procedencia de la pretensi\u00f3n resolutoria deprecada, en tanto encontrar\u00eda explicable justificaci\u00f3n en un incumplimiento contractual anterior de la vendedora, toda vez que el no pago atribuido a la compradora demandante se ubica temporalmente en \u00e9poca posterior a la de la celebraci\u00f3n de la compraventa, tal como se desprende de la propia acusaci\u00f3n, al se\u00f1alar \u00e9sta, con referencia a \u201cla fijaci\u00f3n de hechos, pretensiones y excepciones de m\u00e9rito\u201d acaecida en la audiencia del art\u00edculo 101 del C. de P.C., que \u201cla demandante (fl. 136) reconoci\u00f3 expresamente que s\u00ed deb\u00eda las cuotas correspondientes a los meses posteriores a la escritura de compraventa, pero agregando que no estaba de acuerdo con la cuant\u00eda, puesto que JOMA LTDA. le estaba cobrando $560.000 mensuales, cuando realmente se trataba de $320.000, m\u00e1s o menos\u201d. De manera que, en vez de desatender el mandato contenido en el art\u00edculo 1609 del C.C., como se lo endilga la censura, lo que hizo el Tribunal fue darle cabal aplicaci\u00f3n a esa norma, pues advirti\u00f3 que quien primero incumpli\u00f3 fue la sociedad vendedora demandada; con lo cual siendo esa una confesi\u00f3n calificada, habr\u00eda que tomarla en el sentido y con los alcances que le da la demandante. <\/p>\n
Por otra parte, si bien es verdad, como lo destaca la acusaci\u00f3n, que la demandante no asisti\u00f3 a absolver el interrogatorio que solicitado por la vendedora fue se\u00f1alado por el a-quo, mediante auto de 26 de julio de 1990 (decreto de pruebas en el proceso), para que tuviera lugar a las 08:00 A.M. del d\u00eda 29 de julio de 1991, tambi\u00e9n lo es y no puede pasarse por alto, como si lo hace la censura, que en el acta correspondiente a esa audiencia (fl. 166 de la actual numeraci\u00f3n del C. 1 del expediente) el Juzgado a-quo dej\u00f3 constancia de que \u201cvenci\u00f3 la hora indicada para tal fin y no compareci\u00f3 ni la demandante citada para esta audiencia, ni el apoderado de Joma Limitada, a quien le correspond\u00eda interrogar\u201d. Lo anterior traduce que el Tribunal ning\u00fan yerro f\u00e1ctico cometi\u00f3 cuando no dio trascendencia a la inasistencia injustificada de la actora al citado acto, ni cuando neg\u00f3 consecuentemente la excepci\u00f3n de contrato no cumplido propuesta por la vendedora, con m\u00e1s veras si se tiene en cuenta que en el actual folio 164 del C. 1 del expediente obra adem\u00e1s interrogatorio de parte absuelto por la demandante, del que se deduce que los pagos dejados de hacer por ella a la vendedora por concepto de intereses y correcci\u00f3n monetaria correspondiente al saldo del precio mientras se efectuaba la subrogaci\u00f3n por parte de Davivienda, se debi\u00f3 precisamente al incumplimiento de Joma Limitada de venderle el inmueble libre de pleitos como se pact\u00f3 en la cl\u00e1usula cuarta de la escritura de venta, conducta que asumi\u00f3 la compradora s\u00f3lo despu\u00e9s de otorgado ese instrumento, cual lo corrobora el contenido de la audiencia conciliatoria. <\/p>\n
En las condiciones expresadas, el cargo resulta ineficaz y no prospera. <\/p>\n
DECISION : <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada en este proceso ordinario por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn. <\/p>\n
Las costas del recurso de casaci\u00f3n corren de cargo de la sociedad recurrente. <\/p>\n
C\u00d3PIESE, NOTIF\u00cdQUESE Y DEVU\u00c9LVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
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S-074-99 [5243] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA MAGISTRADO PONENTE : NICOLAS BECHARA SIMANCAS Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, Distrito Capital, doce (12) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999).- […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81678","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81678","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81678"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81678\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81678"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81678"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81678"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}