S-075-99 [5308]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. Manuel Ardila Vel\u00e1squez <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999).- <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 5308 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante contra la sentencia de 18 de julio de 1994, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 en el proceso ordinario promovido por Liborio V\u00e1squez Escobar contra Carlos Julio Sanmiguel Herrera, Jaime Enrique Caicedo, Eddy M\u00e9ndez de Contreras y Expreso Bolivariano S. A. <\/p>\n
I. Antecedentes <\/p>\n
1. En la demanda pidi\u00f3 el actor que se le declarase propietario de 1.108 acciones representadas en los t\u00edtulos Nos. 171 y 343 emitidos por la sociedad Expreso Bolivariano S.A.. As\u00ed mismo, que se declare \u00abinexistente\u00bb la supuesta transferencia o enajenaci\u00f3n de esas acciones en favor de los demandados Carlos Julio Sanmiguel Herrera y Eddy M\u00e9ndez de Contreras, decret\u00e1ndose, en consecuencia, la nulidad de las inscripciones que de ellas se hicieron en el libro de accionistas de la sociedad, y conden\u00e1ndose a Expreso Bolivariano a pagar al actor el valor total de los dividendos, r\u00e9ditos e intereses producidos por las mismas desde el 15 de abril de 1967 hasta la fecha del respectivo pago, am\u00e9n de orden\u00e1rsele que expida a favor de Liborio V\u00e1squez los nuevos t\u00edtulos que representen dichas acciones. Finalmente, que los demandados sean condenados a pagarle los perjuicios ocasionados por dicha causa. <\/p>\n
2. Los supuestos f\u00e1cticos, en trasunto, son los siguientes: <\/p>\n
a. Liborio V\u00e1squez Escobar adquiri\u00f3 el 2 de agosto de 1966, la cantidad de 1.100 acciones, y el 21 de agosto de 1972, otras ocho, de la sociedad Expreso Bolivariano S. A., por lo que fueron expedidos a su favor los t\u00edtulos n\u00fameros 171 y 343 respectivamente. Sinembargo, habiendo pedido que se le informase sobre el particular, y que se le pagase los dividendos y los dem\u00e1s frutos civiles a que tiene derecho, la sociedad respondi\u00f3 con manifestaciones ama\u00f1adas y concluy\u00f3 que el demandante \u00abno es propietario actual de ninguna acci\u00f3n social\u00bb, al sostener que \u00e9ste hab\u00eda transferido 1.100 acciones a favor de Carlos Julio Sanmiguel H, las que \u00e9ste transfiri\u00f3 luego a favor de Jaime Enrique Caicedo, cuyos traspasos se registraron en el libro de accionistas, en su orden, el 15 de abril de 1967 y 2 de diciembre de 1968. <\/p>\n
b. El demandante jam\u00e1s ha dispuesto de tales acciones. Por lo tanto, las inscripciones de los traspasos premencionados \u00abson ap\u00f3crifas, inexistentes, no amparadas por acto jur\u00eddico v\u00e1lido y posiblemente derivadas de un hecho il\u00edcito\u00bb. Pues Liborio nunca envi\u00f3 la carta de traspaso a que alud\u00eda el art\u00edculo 58 del decreto 2521 de 1950, aplicable al caso, ni manifest\u00f3 a la asamblea de accionistas su intenci\u00f3n de enajenarlas para que \u00e9stos pudieran ejercer el derecho de preferencia consagrado en los estatutos. As\u00ed lo constat\u00f3 la Superintendencia de Sociedades en acta de visita de 9 de marzo de 1989, ante lo cual manifest\u00f3 Expreso Bolivariano que \u00abno poseemos versiones sobre los actos ocurridos en esa \u00e9poca, ya que esta administraci\u00f3n encontr\u00f3 hechos sucedidos hace m\u00e1s de veinte a\u00f1os. Sin embargo, los originales de los T\u00edtulos Nos. 171 y 343 que aparecen en poder del se\u00f1or LIBORIO VASQUEZ, fueron cancelados en el libro de accionistas al producirse las transferencias de las respectivas acciones al se\u00f1or Carlos Julio Sanmiguel Herrera y la se\u00f1ora Eddy M\u00e9ndez de Contreras …\u00bb. <\/p>\n
c. Sanmiguel dijo bajo juramento en el juzgado 24 civil del circuito de Bogot\u00e1, que \u00abnunca existi\u00f3 ninguna transacci\u00f3n o acto jur\u00eddico de enajenaci\u00f3n de acciones entre \u00e9l -como adquirente- y el se\u00f1or Liborio V\u00e1squez -como tradente-\u00ab, explicando que la inscripci\u00f3n en el libro de accionistas obedeci\u00f3 a que el gerente a la saz\u00f3n orden\u00f3 al secretario que expidiera un t\u00edtulo ‘a mi nombre’ por valor de 1.100 acciones, ‘sin que yo tuviera que desembolsar dinero alguno para tal fin’. <\/p>\n
d. Concl\u00fayese que si Liborio no ha dispuesto de las 1.108 acciones, las inscripciones de las supuestas transferencias \u00abson inexistentes, a m\u00e1s de ser ilegales; declaratorias que solicito se hagan por el despacho …\u00bb. <\/p>\n
e. No s\u00f3lo se desconoce a Liborio como titular de las acciones, sino que le han causado graves e injustificados perjuicios, los que ascienden a la suma de 20 millones de pesos, derivados del da\u00f1o emergente y lucro cesante, \u00abpor no haber podido disponer de sus acciones en momentos en que lo necesit\u00f3 y no estar percibiendo los dividendos y dem\u00e1s frutos civiles derivados de su calidad de accionista y propietario de 1.108 acciones en la sociedad ‘EXPRESO BOLIVARIANO S. A.'\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en todo ello, propusieron en total las siguientes excepciones: inexistencia de la obligaci\u00f3n reclamada; falta de legitimaci\u00f3n en la causa activa y pasiva; pago de lo no debido; inoponibilidad de la pretendida simulaci\u00f3n (formulada concretamente por la sociedad demandada) y prescripci\u00f3n. <\/p>\n
4. La primera instancia fue clausurada por el juzgado sexto civil del circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, en cuya sentencia, calendada el 9 de octubre de 1993, al tiempo que desech\u00f3 la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa, acogi\u00f3 la de prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Dicho fallo lo confirm\u00f3 el Tribunal Superior de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 al desatar el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el demandante. Este mismo, como se dej\u00f3 advertido, recurri\u00f3 entonces en casaci\u00f3n el del ad quem. <\/p>\n
II. La sentencia del tribunal <\/p>\n
Una vez que estableci\u00f3 la procedencia de un fallo de m\u00e9rito, y que parangon\u00f3 lo que a su juicio es el genuino petitum de la demanda con la resoluci\u00f3n del a quo, encontr\u00f3 que, en verdad, cual lo alega lo defensa, la titularidad de las 1.100 acciones en cabeza de Liborio V\u00e1squez no fue sino en mera apariencia, \u00abdado que el real propietario de las mismas era el gerente de la sociedad demandada, CARLOS JULIO RODRIGUEZ\u00bb (sic), quien legalmente no pod\u00eda aparecer como adquirente. As\u00ed lo relataron los testimonios de Norberto Wilches Castro, Jos\u00e9 Eduardo Borb\u00f3n y El\u00edas Ram\u00edrez Rivera, corroborado con la inspecci\u00f3n judicial que juntamente con peritos se practic\u00f3 sobre los documentos contables de la empresa demandada. <\/p>\n
Extract\u00f3 inmediatamente los apartes que de tales testimonios juzg\u00f3 principales, en cuyas l\u00edneas hizo lugar com\u00fan la circunstancia de que Liborio jam\u00e1s realiz\u00f3 la protesta que ahora eleva, no obstante ser sabedor de aquellas operaciones, dada su concurrencia a las asambleas de la sociedad. Al cabo de lo cual el sentenciador puntualiz\u00f3: <\/p>\n
\u00abEl an\u00e1lisis probatorio que as\u00ed se deja esbozado, encu\u00e9ntrase dirigido a demostrar c\u00f3mo, pese a no obrar en el sub lite la ‘carta de traspaso’ que autorizara la venta de las acciones por parte del demandante, tal cual lo exig\u00eda entonces el art\u00edculo 58 del Decreto 2521 de 1.950, de todas maneras s\u00ed hubo lugar al negocio jur\u00eddico, con los consiguientes efectos de orden legal radicados en cabeza de los sucesivos adquirentes, lo que ocurri\u00f3 debido a que el demandante \u00fanicamente era el supuesto titular de las acciones, cuando en realidad su dominio radicaba era en el gerente CARLOS JULIO DIAZ RODRIGUEZ. <\/p>\n
A lo que dio en agregar: <\/p>\n
\u00abComo consecuencia de esta aserci\u00f3n, no s\u00f3lo no cabe argumentar, como se pretende en la primera pretensi\u00f3n, que el actor sea el propietario de esas acciones, sino que tampoco los negocios jur\u00eddicos fueron existentes (sic), pues lo cierto es que, como verdad real, los actos de transferencia s\u00ed existieron, aunque bajo las circunstancias de tiempo, modo y lugar expuestas por los deponentes y reafirmados en el dictamen pericial\u00bb. <\/p>\n
De todo ello concluy\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn todo caso, con base en las anteriores consideraciones, per se suficientes para negar las pretensiones, o con apoyo en las sostenidas por el a quo, como no admite discusi\u00f3n la afirmaci\u00f3n relativa a que desde cuando se realizaron efectivamente los traspasos, o a partir de la fecha en que regularmente pudieron realizarse, transcurri\u00f3 el plazo de prescripci\u00f3n consagrado en el art\u00edculo 1o. de la ley 50 de 1936, sin que en tiempo el demandante hubiese ejercido las correspondientes acciones, debe seguirse que como la aqu\u00ed impetrada se promovi\u00f3 cumplidos ya los veinte a\u00f1os de que trata esa ley en concordancia con los art\u00edculos 2535 y 2536 del C\u00f3digo Civil, con fundamento en esas disposiciones se impon\u00eda declarar probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva invocada por todos los demandados\u00bb. <\/p>\n
Decidi\u00f3 entonces confirmar el fallo apelado. <\/p>\n
III. La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
En el \u00fanico cargo formulado al amparo de la primera causal de casaci\u00f3n, se denuncia el quebrantamiento directo de los art\u00edculos 2535, 2536, 1740 y 1742 (subrogado por el 2o. de la ley 50 de 1936) del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Para demostrarlo, expl\u00edcase que el tribunal entendi\u00f3 muy bien que la declaratoria suplicada por el actor fue la de inexistencia de las supuestas transferencias de sus acciones. \u00abPero no se pronunci\u00f3 con relaci\u00f3n al fen\u00f3meno jur\u00eddico de la inexistencia\u00bb; apenas \u00abse limit\u00f3 a afirmar, con base en el an\u00e1lisis de algunos medios probatorios que, la transferencia s\u00ed hab\u00eda existido\u00bb. <\/p>\n
Y tras cita de los argumentos expuestos por el ad quem para declarar probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n propuesta por los demandados, se\u00f1\u00e1lanse infringidos a ese respecto, dada su indebida aplicaci\u00f3n, los art\u00edculos 2535 y 2536 del C\u00f3digo Civil y el 1 de la ley 50 de 1936 que all\u00ed se mencionaron, pues esas disposiciones \u201csolamente son aplicables cuando se trata de la nulidad de actos o contratos y no cuando dichos actos o contratos son inexistentes\u201d. <\/p>\n
A\u00f1\u00e1dese en el punto que la aplicabilidad de las mismas supone \u00abque existe un acto o contrato y que a este acto o contrato que YA EXISTE ‘le falte alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato’. As\u00ed las cosas, es claro que para la declaratoria de NULIDAD de un acto o contrato, es requisito indispensable que el mismo exista real y jur\u00eddicamente\u00bb. <\/p>\n
Y a intento de relievar la desemejanza entre nulidad e inexistencia negocial, tr\u00e1ese el criterio doctrinal que aparece transcrito en gran parte de la acusaci\u00f3n. Al cabo, se acot\u00f3 que trat\u00e1ndose de \u00absituaciones bien diferentes y de imposible confusi\u00f3n, ha de llegarse a la necesaria conclusi\u00f3n que en el caso de autos, no era posible aplicar el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de que tratan los arts. 1o. y 2o. de la ley 50 de 1936, en armon\u00eda con los postulados de los art\u00edculos 2535 y 2536 del C\u00f3digo Civil y; al aplicarse dichos preceptos se transgredi\u00f3 en forma directa la ley sustancial, por aplicaci\u00f3n indebida de estas normas\u00bb. <\/p>\n
III. Consideraciones <\/p>\n
Son variadas las falencias que se detectan en la formulaci\u00f3n del cargo y que excluyen en cualquier caso su prosperidad. <\/p>\n
Obs\u00e9rvase delanteramente, es cierto, que la sentencia del tribunal trae como soporte, no uno, sino dos aspectos: el primero, alusivo a que, conforme al acervo probatorio que entonces analiz\u00f3, Liborio V\u00e1squez Escobar nunca fue verdadero adquirente de las acciones, y que si, figur\u00f3 como tal, lo fue en mera apariencia, y s\u00f3lo porque el real due\u00f1o de las mismas, se\u00f1or Carlos Julio D\u00edaz Rodr\u00edguez, se vali\u00f3 de \u00e9l para esos efectos, en vista de que, como gerente de la sociedad, estaba impedido para aparecer ostentando directamente esa condici\u00f3n. El segundo, completamente ata\u00f1adero a la prescripci\u00f3n extintiva. <\/p>\n
No obstante, la censura se circunscribi\u00f3 al segundo de ellos; ciertamente, todo el ataque se lanz\u00f3 contra la aplicaci\u00f3n de las normas consagratorias de la prescripci\u00f3n extintiva (arts. 2535, 2536 del c\u00f3digo civil, y 1o. de la ley 50 de 1936). <\/p>\n
Como se observa, incluso de la lectura m\u00e1s presurosa que del cargo se imagine, \u00e9ste para nada roza el primero de aqu\u00e9llos aspectos. Y con todo que, bien apreciadas las cosas, se trataba del medular de la sentencia, comoquiera que fue al que dedic\u00f3 el tribunal todo su esfuerzo dial\u00e9ctico, trat\u00e1ndole muy a espacio. Ha de verse que el ad quem no limit\u00f3 su actividad a verificar la prescripci\u00f3n que declar\u00f3 el a quo, sino que emprendi\u00f3 su estudio de cara a la procedencia en s\u00ed de la pretensi\u00f3n. S\u00f3lo que, ya al epilogar su fallo, dijo que adem\u00e1s de la carencia del derecho reclamado, en cualquier evento estaba prescrito. Vale decir, que cualquiera fuese la posici\u00f3n que se asumiera, de todos modos desembocaba en el fracaso de las s\u00faplicas de la demanda. Por eso fue que el juzgador se\u00f1al\u00f3 textualmente que ello era as\u00ed \u00aben todo caso\u00bb; ya con las consideraciones de su sentencia -las que calific\u00f3 per se suficientes-, ora con las que plasm\u00f3 en la suya el juez de primera instancia -demostrativas de la prescripci\u00f3n-. En suma, m\u00e1s parece que el recurrente hubiese preparado un ataque contra la sentencia del juzgado, con olvido de la del tribunal. <\/p>\n
Por modo que atac\u00e1ndose esto, mas no aqu\u00e9llo, el cargo se revela exiguo e inid\u00f3neo para desbrozar el sendero victorioso en casaci\u00f3n, seg\u00fan asidua doctrina de la Corte que, por lo mismo, se impone rememorar ahora. Reza as\u00ed: \u00abaunque el recurrente acuse la sentencia por violaci\u00f3n de varias disposiciones civiles, la Corte no tiene necesidad de entrar en el estudio de los motivos alegados para sustentar esa violaci\u00f3n, si la sentencia trae como base principal de ella una apreciaci\u00f3n que no ha sido atacada en casaci\u00f3n, ni por violaci\u00f3n de la ley, ni por error de hecho o de derecho, y esa apreciaci\u00f3n es m\u00e1s que suficiente para sustentar el fallo acusado\u00bb (LXXI, p. 740; LXXIII, p. 45; LXXV, p. 52; CXLVIII, p. 221). <\/p>\n
Y aun dentro del marco fragmentado de la censura, se hallan m\u00e1s defectos. M\u00edrese, si no, que a pesar de que la violaci\u00f3n de la ley se denuncia por la v\u00eda directa, los argumentos de la impugnaci\u00f3n comprenden, cuando menos, un asunto que es netamente f\u00e1ctico. Patent\u00edzase esto al observar que la discusi\u00f3n que plantea el recurrente concierne a la existencia \u00abreal\u00bb y jur\u00eddica de la negociaci\u00f3n de las acciones, cuesti\u00f3n que, a no dudarlo, supone, por imperativo l\u00f3gico, que se arranque de la contemplaci\u00f3n objetiva del proceso y las pruebas que permitan establecer una u otra cosa. Bien se sabe, es verdad, que cuando de la v\u00eda directa se trata, \u00abla actividad dial\u00e9ctica del impugnador tiene que realizarse necesaria y exclusivamente en torno a los textos legales sustanciales que considere no aplicados, o aplicados indebidamente, o err\u00f3neamente interpretados; pero, en todo caso, con absoluta prescindencia de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relaci\u00f3n con las pruebas\u00bb (G. J. CXLVI, p. 50). <\/p>\n
Asimismo, cabe destacar la contradicci\u00f3n que encierra el cargo. Pues el impugnador enrostra al tribunal no haberse pronunciado respecto de la s\u00faplica de inexistencia; y, a rengl\u00f3n seguido, inexplicablemente asevera que el tribunal se limit\u00f3, de cara a algunos elementos probatorios, a afirmar que la transferencia \u00abs\u00ed hab\u00eda existido\u00bb. Luego result\u00f3 admitiendo que s\u00ed hubo pronunciamiento judicial sobre el particular; como de hecho lo hubo, desde que el juzgador, puntualizando que \u201cde todas maneras s\u00ed hubo negocio jur\u00eddico\u201d, se\u00f1al\u00f3 sin ambages que \u00abno s\u00f3lo no cabe argumentar, como se pretende en la primera pretensi\u00f3n, que el actor sea el propietario de esas acciones, sino que tampoco los negocios jur\u00eddicos fueron existentes, pues lo cierto es que, como verdad real, los actos de transferencia s\u00ed existieron, aunque bajo las circunstancias de tiempo, modo y lugar expuestas por los deponentes y reafirmados en el dictamen pericial\u00bb. <\/p>\n
Total, el cargo, ante tantas falencias, mal puede comportar \u00e9xito del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Decisi\u00f3n <\/p>\n
En clara respuesta a lo discurrido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia que en este proceso dict\u00f3 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, calendada el 18 de julio de 1994, materia de la impugnaci\u00f3n extroardinaria. <\/p>\n
Costas en casaci\u00f3n a cargo del impugnante. T\u00e1sense. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase tempestivamente al tribunal de procedencia. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
S-075-99 [5308] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Dr. Manuel Ardila Vel\u00e1squez Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999).- […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81679","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81679","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81679"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81679\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81679"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81679"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81679"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}