S-076-99 [5253]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. Manuel Ardila Vel\u00e1squez <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999).- <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 5253 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante contra la sentencia de 12 de septiembre de 1994, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales en el proceso ordinario de Walter Vallejo Valencia contra Industria Licorera de Caldas. <\/p>\n
I.- Antecedentes <\/p>\n
1. Tal proceso se abri\u00f3 con el libelo en que el actor pidi\u00f3 que a la demandada se la declare civilmente responsable de los perjuicios que le caus\u00f3 Jos\u00e9 Uriel Mar\u00edn Isaza, empleado de la misma. <\/p>\n
2. Fund\u00f3 sus pretensiones en que el 29 de agosto de 1990, encontr\u00e1ndose en el and\u00e9n de la avenida 28 entre calles 24 y 25 de Manizales, frente a la ferreter\u00eda donde laboraba, fue atropellado con el espejo retrovisor de la camioneta Chevrolet Luv, modelo 1988, placas OU 28-03, perteneciente a la empresa demandada y conducida a la saz\u00f3n por su empleado Jos\u00e9 Uriel Mar\u00edn Isaza, con tan mala suerte que, tras caerse, las ruedas traseras del veh\u00edculo pasaron sobre sus piernas, las que resultaron fracturadas, am\u00e9n de que sufri\u00f3 desviaci\u00f3n del tabique nasal, produci\u00e9ndole incapacidad permanente y definitiva, pues no pudo volver a su actividad acostumbrada. El accidente ocurri\u00f3 porque el automotor se desplazaba a excesiva velocidad y muy recostado sobre el and\u00e9n. <\/p>\n
3. Contest\u00f3 la demandada con expresa oposici\u00f3n a las pretensiones. Dijo que el automotor marchaba a una velocidad normal y sobre la zona destinada al tr\u00e1fico vehicular; neg\u00f3 asimismo que con el retrovisor hubiese atropellado al actor. <\/p>\n
Excepcion\u00f3 as\u00ed: <\/p>\n
a) Inexistencia de responsabilidad y culpabilidad civiles, dado que en la investigaci\u00f3n penal iniciada por tales hechos, se decret\u00f3 la cesaci\u00f3n de todo procedimiento en favor del conductor sindicado, por haberse encontrado probada \u00abuna causal excluyente de responsabilidad\u00bb. Decisi\u00f3n que, ejecutoriada, produce efectos de cosa juzgada erga omnes. <\/p>\n
b) Carencia de acci\u00f3n, en vista de que adem\u00e1s de lo anterior, Walter se constituy\u00f3 all\u00ed en parte civil, y, por lo tanto, ya qued\u00f3 cerrada la posibilidad de discusi\u00f3n en materia indemnizatoria. <\/p>\n
c) Ausencia de culpa, porque el accidente obedeci\u00f3 a circunstancias ajenas al conductor, puesto que el actor ocup\u00f3 el espacio y la v\u00eda destinados al tr\u00e1nsito de los veh\u00edculos automotores. Hubo culpa exclusiva de la v\u00edctima pues se encontraba muy a la orilla del and\u00e9n y de espaldas a la calle; y posiblemente estaba jugando o peleando con uno o m\u00e1s de sus compa\u00f1eros, perdi\u00f3 el equilibrio y cay\u00f3 a la v\u00eda, con el infortunio de ser recibido por el veh\u00edculo, lo que genera una causa extra\u00f1a. <\/p>\n
4. El 12 de abril de 1994 se clausur\u00f3 la primera instancia, mediante fallo desestimatorio que profiri\u00f3 el juzgado cuarto civil del circuito de Manizales, el cual, apelado que fue por el demandante, confirm\u00f3 el Tribunal Superior de Manizales en el suyo de 12 de septiembre del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
5. Visto qued\u00f3 que el del tribunal fue recurrido en casaci\u00f3n por la misma parte. <\/p>\n
II. La sentencia del tribunal <\/p>\n
Tras el relato litigioso, al ocuparse de la eficacia de la cosa juzgada destac\u00f3 que la que se produce en materia penal, a diferencia de la civil, genera efectos erga omnes. Apunt\u00f3 tambi\u00e9n que las causales que en tal caso determinan la \u00abimprocedibilidad de la acci\u00f3n civil\u00bb no son taxativas, teniendo cabida, por tanto, otras no mencionadas en el art\u00edculo 55 del decreto 50 de 1987, norma aplicable a esta controversia. <\/p>\n
As\u00ed, \u00abcuando la resoluci\u00f3n o decisi\u00f3n absolutoria proferida por el juzgador en lo criminal se fundamenta o apoya, en trat\u00e1ndose de responsabilidad civil extracontractual por culpa probada, (art. 2341 C. C.), en que no existi\u00f3 dolo ni culpa del autor del menoscabo, o, en que el accidente generador del perjuicio ocasionado durante el ejercicio de actividades peligrosas, (art. 2356 ib\u00eddem), es el resultado de una causa extra\u00f1a, la determinaci\u00f3n exculpatoria pronunciada por el juez Punitivo produce efectos frente a todo el mundo, as\u00ed en el art\u00edculo 55 del Decreto 50 de 1.987, no se hubiera contemplado estos eventos como uno de aquellos que constituyen cosa juzgada penal\u00bb. <\/p>\n
Hizo ver que la no taxatividad en el punto fue decidida por la Corte Suprema al analizar el art. 30 del decreto 409 de 1971 (de alcance id\u00e9ntico al 55 precitado), pues que en fallo de 29 de agosto de 1979 indic\u00f3 que si la justicia penal, por ejemplo, sobresee definitivamente porque llega a la conclusi\u00f3n de que el hecho se debi\u00f3 a culpa exclusiva de la v\u00edctima, \u00abdebe acatarse la cosa juzgada penal, esto es, no puede ponerse en duda cu\u00e1l fue la verdadera y \u00fanica causa del fallecimiento (o de las lesiones) de la v\u00edctima … Es imperativo l\u00f3gico que la verdad es una y que no puede ser objeto de apreciaciones y decisiones antag\u00f3nicas por parte de la justicia ordinaria, tales como que en lo penal se dijera que un mismo hecho perjudicial no fue obra del sindicado y en lo civil se afirmase lo contrario\u00bb. <\/p>\n
De manera que si en este caso los jueces penales hallaron que el accidente obedeci\u00f3 a una causa extra\u00f1a no imputable al conductor del veh\u00edculo, y por ello ordenaron cesar todo procedimiento en contra de Uriel Mar\u00edn Isaza, no cabe deducir la responsabilidad civil endilgada en la demanda, en raz\u00f3n precisamente de los efectos de la cosa juzgada penal absolutoria. De ah\u00ed que confirmara el fallo que reconoci\u00f3 la excepci\u00f3n de cosa juzgada. <\/p>\n
III. La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
De los cuatro cargos formulados al amparo de la primera causal de casaci\u00f3n, s\u00f3lo fueron admitidos los tres primeros, de los cuales se despachar\u00e1n conjuntamente, por la raz\u00f3n que en su lugar se dir\u00e1, los rese\u00f1ados como primero y tercero. <\/p>\n
Cargo primero <\/p>\n
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Denuncia la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 2341 del C\u00f3digo Civil (por falta de aplicaci\u00f3n) y 332 del de Procedimiento Civil (por aplicaci\u00f3n indebida). <\/p>\n
El primero de ellos viene al caso porque el da\u00f1o est\u00e1 \u00absuficientemente probado\u00bb, ya que \u00aben ninguna parte del proceso se pone en duda la ocurrencia del hecho\u00bb; el segundo, en cambio, es impertinente, porque no se da la triple identidad de objeto, causa y partes. <\/p>\n
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Cargo tercero <\/p>\n
Acusa la vulneraci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 2341, 2347, 2349 y 2350 del C\u00f3digo Civil, 187 y 332 del de Procedimiento Civil y el 56 del de Procedimiento Penal, a consecuencia de error de derecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
El impugnador acepta que hubo cesaci\u00f3n del procedimiento penal por hallarse probado el hecho de un tercero, lo que constituye un verdadero caso fortuito; pero, dice, en el campo civil es diferente, por cuanto en tal evento es menester que se determine la persona del tercero, seg\u00fan jurisprudencia de la misma Corte. <\/p>\n
Y resulta que en la presente controversia los juzgadores de instancia \u00abno apreciaron que la empresa demandada, ni en la contestaci\u00f3n de la demanda ni con el testimonio rendido por la se\u00f1ora FANERY LIBREROS determinan quien o quienes fueron los terceros que afirman ellos lanz\u00f3 a Walter Vallejo sobre la calzada (…); es m\u00e1s, ni siquiera se encuentran seguros de si la v\u00edctima se encontraba a orillas del and\u00e9n, ni tampoco saben a ciencia cierta si fue empujado o no\u00bb, en orden a cuya comprobaci\u00f3n transcribe el recurrente los pasajes testificales que a su juicio vienen al caso. <\/p>\n
\u00abEsta falta de apreciaci\u00f3n probatoria por error de derecho\u00bb condujo a la violaci\u00f3n de aquellas normas sustanciales. El tribunal, entonces, no ha debido conformarse con la simple afirmaci\u00f3n de que un tercero empuj\u00f3 al demandante, \u00absino que ha debido exigir la prueba plena de tal hecho y la identificaci\u00f3n de la persona que lo cometi\u00f3\u00bb. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
Est\u00fadianse globalmente porque igual adolecen de fallas t\u00e9cnicas que impiden auscultar el m\u00e9rito de los mismos. <\/p>\n
De todos es sabido que el derecho de impugnaci\u00f3n en general implica una confrontaci\u00f3n de pareceres entre el recurrente y el juzgador, que es lo que precisamente genera la inconformidad del primero. La quintaesencia de todo recurso, pues, consiste en refutar, combatir, opugnar. Caracter\u00edstica que sube de punto en trat\u00e1ndose de un recurso de linaje extraordinario, como el de casaci\u00f3n, en donde es deber insoslayable del impugnador mostrar se\u00f1aladamente a la Corte cu\u00e1l es el contraste jur\u00eddico; s\u00f3lo as\u00ed podr\u00e1 evidenciar que de su lado est\u00e1 la raz\u00f3n. <\/p>\n
Por ello extra\u00f1a echar de menos en la acusaci\u00f3n de los cargos primero y tercero tal planteamiento contrastante, por supuesto que es lo m\u00ednimo que por antonomasia reclama toda impugnaci\u00f3n. El recurrente, en general, limit\u00f3se a exponer el punto de vista suyo, sin mencionar siquiera en qu\u00e9 puede diferenciarse con el del tribunal. El escueto enunciado de los cargos lo evidencian tanto que sobra cualquier comentario. El tercer cargo, que parecer\u00eda exento de esta objeci\u00f3n, plantea que cuando en punto de responsabilidad se prueba el hecho de un tercero, es menester que se determine \u00e9ste; sinembargo, es refulgente que de eso solo nadie podr\u00eda extraer si fue que el sentenciador ad quem dijo lo contrario sobre el particular. <\/p>\n
Tanto, que el primer cargo da a entender que el tribunal hubiese en verdad aplicado el art\u00edculo 332 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en lo que constituye una inexactitud. La sentencia, en efecto, no s\u00f3lo dijo expresamente aplicar el 55 del decreto 50 de 1987, regulador de la cosa juzgada en materia penal, sino que elucid\u00f3 que no se trataba de la cosa juzgada en lo civil, disciplinada por el art\u00edculo 332 precitado, que apenas s\u00ed tiene efectos relativos. Esto pone de manifiesto, al paso, que la norma a acusar era aqu\u00e9lla y no \u00e9sta. <\/p>\n
Adem\u00e1s, el tercero de los cargos perdi\u00f3 de vista la capital diferencia existente entre error de hecho y de derecho, como que sinembargo de denunciar \u00e9ste trajo un planteamiento propio del otro; ciertamente, al endilgar a los juzgadores que \u00abno apreciaron\u00bb que ni en la contestaci\u00f3n de la demanda ni en el dicho del testigo se determin\u00f3 la persona del tercero causante del hecho da\u00f1oso, lo que a juicio suyo constituye, seg\u00fan lo se\u00f1al\u00f3 m\u00e1s adelante, una \u00abfalta de apreciaci\u00f3n probatoria\u00bb, alude al aspecto puramente objetivo de las pruebas, cosa que es caracter\u00edstica del error de facto, por oposici\u00f3n a la contemplaci\u00f3n jur\u00eddica que relieva el de derecho; es evidente, pues, \u00abque cada uno de los dos errores, el de hecho y el de derecho, asume una entidad espec\u00edfica propia, en cuya virtud no pueden confundirse ni hacerse derivar el uno del otro\u00bb (Sentencia de casaci\u00f3n civil de 5 de septiembre de 1967). <\/p>\n
En suma, estos cargos han sido formulados inid\u00f3neamente, lo cual determina su necesaria improsperidad. <\/p>\n
Cargo segundo <\/p>\n
Pone de presente el quebrantamiento del art\u00edculo 55 del decreto 50 de 1987, por err\u00f3nea interpretaci\u00f3n, al otorg\u00e1rsele \u00abunos efectos y alcances de que carece\u00bb. <\/p>\n
A vuelta de enumerar y clasificar las hip\u00f3tesis que contempla tal disposici\u00f3n, enfatiza que como \u00abno aparece en autos que el sindicado hubiera obrado en cualquiera de los eventos mencionados, el tribunal dio un alcance a la norma que realmente no tiene\u00bb. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
Como para desestimar las pretensiones se atuvo el tribunal a la absoluci\u00f3n que en favor del conductor profiri\u00f3 la justicia penal, pues consider\u00f3 que al caso hacen los efectos de la cosa juzgada de que trataba el art\u00edculo 55 del Decreto 050 de 1987, as\u00ed esta disposici\u00f3n no contemple a su juicio este preciso caso, el asunto reclama las precisiones siguientes. <\/p>\n
Bajo la premisa de que un mismo hecho puede generar diversas proyecciones en el \u00e1mbito jur\u00eddico en general, y particularmente en los campos penal y civil, el primero de los cuales ser\u00eda llamado a establecer la infracci\u00f3n de la ley punitiva y el segundo a examinar el aspecto resarcitorio de la misma conducta, ello s\u00f3lo avista la eventualidad, inconveniente como la que m\u00e1s, de que haya sentencias excluyentes, siendo que, por imperio de la l\u00f3gica, la verdad no pudo ser sino una sola. Muy grave se antoja, por cierto, que en tanto la justicia penal proclame libre de culpa al sindicado, la civil, antes bien, lo condenase al abono de perjuicios. <\/p>\n
Puesta en guardia ante tama\u00f1o desprop\u00f3sito, la legislaci\u00f3n ha pretendido establecer algunos diques para impedirlo, entre los cuales destaca el secular principio de la cosa juzgada penal absolutoria, consagrado positivamente en el ordenamiento patrio; as\u00ed, el art\u00edculo 55 del Decreto 050 de 1987, en vigencia para la \u00e9poca en que sucedieron los hechos aqu\u00ed litigados, dispuso al respecto que \u201cla acci\u00f3n civil no podr\u00e1 iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado, por providencia en firme, que el hecho causante del perjuicio no se realiz\u00f3 o que el sindicado no lo cometi\u00f3 o que obr\u00f3 en estricto cumplimiento de un deber legal o en leg\u00edtima defensa\u201d. Qui\u00e9rese garantizar as\u00ed una dosis m\u00ednima de coherencia del sistema jur\u00eddico, y que, por lo mismo, el tr\u00e1fico social no se resienta de manera palmaria. <\/p>\n
La justificaci\u00f3n de tan terminante mandamiento legislativo, se da por adelantado. Pronunciamientos penales semejantes se imponen por igual a toda la sociedad; son decisiones que por tocar el honor y la libertad de los hombres, deben quedar a salvo de cualquier sospecha de error, y no pueden por lo tanto ser desconocidos por absolutamente nadie, pues como lo expresa esta Corporaci\u00f3n, as\u00ed como en el ordenamiento jur\u00eddico el inter\u00e9s individual cede al p\u00fablico o general, \u201cla cosa juzgada lleva impreso el mismo principio, de donde resulta, como lo afirma Lalou, que el orden p\u00fablico se opone a que se rechace en inter\u00e9s privado lo que se ha juzgado en inter\u00e9s social\u201d (LXX, Nos. 2048, 2049). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es entendible que el primeramente llamado a respetar decisi\u00f3n semejante sea el propio Estado a trav\u00e9s de todas sus autoridades, incluidas como es obvio las jurisdiccionales; por suerte que la jurisdicci\u00f3n, as\u00ed sea de otra especialidad, debe corearla a una, y vedada se encuentra por tanto para tocar de nuevo el preciso punto que as\u00ed ha sido definido, pues ya es cosa juzgada, con efectos universales. <\/p>\n
Tanto es as\u00ed, que la influencia de lo penal sobre lo civil no es cuesti\u00f3n que se imponga a toda costa, puesto que s\u00f3lo opera, en lo cual se reconocen fronteras que la delimitan, en tanto que el juez civil no haya definido el punto con anterioridad; porque si este ya se hubiere pronunciado, su decisi\u00f3n se mostrar\u00e1 imperturbable, as\u00ed y todo sea distinta a la que haya de tomar el juez penal, y aunque entonces se frustre en definitiva la unidad de jurisdicci\u00f3n que en principio procura evitar el \u201cesc\u00e1ndalo jur\u00eddico\u201d de pronunciamientos divergentes. <\/p>\n
Mas, ha de verse que una norma de corte tal, con esa singular y perentoria orden, traducido en que en dichos eventos los jueces civiles no pueden ensayar siquiera la ponderaci\u00f3n de la conducta del sindicado absuelto por la justicia penal, deja al descubierto que su hermen\u00e9utica necesariamente debe estar guiada por un criterio de derecho estricto, cuyo significado, bien conocido por cierto, es el de que impedido est\u00e1 el int\u00e9rprete para presionar sus l\u00edmites y hacer que en ella quepan m\u00e1s hip\u00f3tesis de las que precisamente contempla, porque como desde anta\u00f1o y frente a normas an\u00e1logas que rigieron en el pasado viene diciendo la jurisprudencia, el juez civil a la hora de aplicarlas \u201cdebe indagar previamente si se contempla alguno de los casos limitativamente previstos en dicha disposici\u00f3n\u201d (Subraya deliberada de la Corte) [Cas. Civ. de 17 de junio de 1948, G.J. LXIV, p. 450]. <\/p>\n
Y es muy de notar que la taxatividad de la norma se impone con criterio l\u00f3gico, habida cuenta que el efecto inmediato que genera es tan contundente como excepcional, pues impide, per s\u00e9, que la acci\u00f3n civil pueda \u201ciniciarse\u201d, o que, estando en curso, pueda \u201cproseguirse\u201d. Efecto de tal naturaleza, que traduce acallar sin m\u00e1s al juez civil, no es com\u00fan en el ordenamiento jur\u00eddico. Significa esto -tiene que significar-, que las causas provistas de tal virtud no son sino las que la propia ley mencione expresamente, y que, por ende, aparte de ellas no puede haber ninguna otra. Es que son causas que enervan de tal manera la acci\u00f3n civil, que cuando el juez penal habla as\u00ed, de inmediato enmudece al juez civil y lo veda para que ni intente \u201ciniciar\u201d pesquisa alguna orientada al reexamen de la conducta juzgada, ni siquiera pretextando que lo har\u00eda no m\u00e1s que en el campo resarcitorio; y si ya estuviere iniciada, paraliza la actuaci\u00f3n, porque entonces ya no podr\u00e1 \u201cproseguirse\u201d; en tales casos, pues, el examen del juez civil apenas s\u00ed ser\u00eda para comprobar que el pronunciamiento penal encaja en uno cualquiera de los eventos contemplados en la disposici\u00f3n, situaci\u00f3n que no debe llenar de asombro si es que se fija la vista en que la evidencia que ellos ponen de resalto son tan concluyentes que sobra cualquier otra elucubraci\u00f3n: en efecto, determinarse que el hecho de la infracci\u00f3n penal no existi\u00f3, o que existiendo no lo cometi\u00f3 el sindicado, o que, en fin, \u00e9ste obr\u00f3 en cumplimiento estricto de un deber o en leg\u00edtima defensa, es algo que de suyo elimina cualquier duda; y si ya no puede contradecirla ninguna autoridad, caer\u00edase en una lamentable prodigalidad si alguien exigiera que a ultranza deba adelantarse y ultimarse un juicio completo para concluir exactamente en lo mismo. <\/p>\n
Recapitulando lo dicho, ti\u00e9nese que la cosa juzgada de lo penal con efectos en lo civil, requiere ante todo que la decisi\u00f3n civil no se haya proferido con anterioridad; y que su plena operancia tiene cabida s\u00f3lo en los casos en que la acci\u00f3n civil a\u00fan pende de decisi\u00f3n, bien porque no se haya iniciado, ora porque apenas est\u00e1 en circulaci\u00f3n, caso este \u00faltimo en el que la decisi\u00f3n penal posee la virtud de suscitar su par\u00e1lisis, pues es lo que lisa y llanamente dispone la ley al estatuir que la acci\u00f3n civil no puede \u201cproseguirse\u201d; aqu\u00ed se genera, entonces, una causa m\u00e1s de las que se consideran como terminaci\u00f3n anormal del proceso, como que este morir\u00e1 por factor distinto de la sentencia que le pusiere fin. Cosa distinta es que la pr\u00e1ctica muestre c\u00f3mo, aun frente a dichos casos, el proceso civil, en un quehacer innecesario no s\u00f3lo se inicie o prosiga sino que llegue hasta su fin, para luego examinar dicha fenomenolog\u00eda en la sentencia misma. <\/p>\n
Obviamente que para que el supradicho alcance normativo sea de recibo, requi\u00e9rese que de la decisi\u00f3n penal brote inequ\u00edvocamente que la absoluci\u00f3n descansa en una cualquiera de las causas ya descritas; porque es natural pensar que la preceptiva en cita, atendidos sus peculiares efectos, rechaza su aplicaci\u00f3n en aquellos eventos en que, como ocurre a menudo, el pronunciamiento penal se ofrece oscuro, ambiguo y hasta contradictorio. No puede olvidarse, a este prop\u00f3sito, los rasgos prominentes que orientan tan delicado problema, empezando por tener siempre presente que la autoridad de la cosa juzgada penal absolutoria sobre lo civil, no se presenta frente a una decisi\u00f3n cualquiera, pues es forzoso que, con arreglo a un principio admitido por todos, el pronunciamiento penal, am\u00e9n de necesario, sea cierto, aspecto este \u00faltimo sobre el que aqu\u00ed se est\u00e1 llamando la atenci\u00f3n con el objeto de indicar que tal connotaci\u00f3n exige que ese pronunciamiento no puede estar afectado de dubitaci\u00f3n o confusi\u00f3n algunas. <\/p>\n
El principio se hace actuante s\u00f3lo en los casos en que la decisi\u00f3n penal sea un\u00edvoca; tan palmaria que no se preste a interpretaciones diversas. Porque si para ello se requieren elucubraciones m\u00e1s o menos intensas a fin de desentra\u00f1ar cu\u00e1l fue el verdadero motivo de absoluci\u00f3n, eso mismo descarta la aplicaci\u00f3n del postulado. De ah\u00ed que sea de desear que los fallos penales sean refulgentes acerca de estos puntos. <\/p>\n
Hip\u00f3tesis diferentes a las que mencion\u00f3 el susodicho art\u00edculo 55 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, las cuales, dicho al paso, son las mismas que hoy incluye el c\u00f3digo actual en su art\u00edculo 57 (modificado por el 8 de la ley 81 de 1993), ya no tienen el singular efecto analizado; est\u00e1 puesto en raz\u00f3n sostener que el juez civil estar\u00e1 entonces facultado para que dentro de la \u00f3rbita de su competencia y en desarrollo del juicio propio previsto en la ley, eval\u00fae la conducta del sindicado a efectos de auscultar la responsabilidad que dentro del marco puramente civil le pueda caber; ser\u00e1 \u00e9l quien, ya pudiendo hablar, adelante el correspondiente an\u00e1lisis a objeto de determinar si la absoluci\u00f3n penal por causa diversa de aquellas de las que expresamente se ocupa el legislador, ha de tener acatamiento o no, todo de conformidad con las peculiaridades propias de casa caso, y sin perder de vista el riguroso estudio que imponen la dificultad y complejidad del tema con el fin de superar los incontables escollos con que la doctrina y la jurisprudencia han tropezado. Lo cierto es que ya el prove\u00eddo penal no ata, con la fatalidad vista, al juez civil. <\/p>\n
El caso es que, y para retomar el punto de partida, los motivos de absoluci\u00f3n que la ley decidi\u00f3 calificar de antemano como impermeables, no son m\u00e1s que esos, y s\u00f3lo frente a ellos es de recibo semejante predicado, vale decir, que la acci\u00f3n civil no puede iniciarse ni proseguirse. Nadie puede siquiera ponerlos en tela de juicio para intentar rebatirlos; sencillamente el legislador los puso a cubierto de todo desacato. Su car\u00e1cter limitativo, pues, no se hace esperar, como atr\u00e1s qued\u00f3 puesto de presente. <\/p>\n
Cumple decir ahora que mal pudo el tribunal ad quem afirmar que en el fallo de 29 de agosto de 1979 opt\u00f3 la Corte por la no taxatividad de la norma en cita, habida cuenta que all\u00ed, antes bien, a vuelta de resaltarse adrede, entre las diversas hip\u00f3tesis de la cosa juzgada penal absolutoria, la que se funda en que \u201cel demandado no lo cometi\u00f3\u201d, concluy\u00f3 la Corporaci\u00f3n que esto mismo se configuraba en el caso que a la saz\u00f3n juzgaba, toda vez que la justicia penal hab\u00eda absuelto al sindicado al encontrar que la muerte investigada obedeci\u00f3 a \u201cculpa exclusiva de la v\u00edctima\u201d; y por ah\u00ed derecho afirm\u00f3 sin ambages que es \u201cimperativo l\u00f3gico que la verdad es una y que no puede ser objeto de apreciaciones y decisiones antag\u00f3nicas por parte de la justicia ordinaria, tales como que en lo penal se dijera que un mismo hecho perjudicial no fue obra del sindicado y en lo civil se afirmase lo contrario\u201d (Subraya ajena al texto). Otro tanto ha de decirse, y con mayor fuerza a\u00fan, si se quiere, de cara al fallo de 14 de agosto de 1961, tambi\u00e9n citado por el tribunal, en el que expresamente se puntualiz\u00f3 que si fue \u201cla culpa de la v\u00edctima\u201d lo que condujo a la absoluci\u00f3n penal, eso equivale a decir que \u201cel procesado no cometi\u00f3 el hecho\u201d. <\/p>\n
Establecida la taxatividad en el punto, conviene enseguida memorar los eventos que tienen la virtualidad de silenciar al juez civil. Tradicionalmente se ha hablado de prove\u00eddo absolutorio que halla su fuente en que el hecho investigado no existi\u00f3, o que el sindicado no lo cometi\u00f3, o que \u00e9ste obr\u00f3 en riguroso cumplimiento de un deber o en leg\u00edtima defensa. Tanto el primero como el tercer caso son tan coruscantes que relevan al int\u00e9rprete de cualquier comentario y su comprobaci\u00f3n se convierte en una tarea bastante hacedera. Acaso el segundo reclama puntualizar, pues en \u00e9l se anidan muchas equivocaciones, de lo cual es muestra patente el caso que de momento ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, que necesariamente abarca todas las hip\u00f3tesis en que la absoluci\u00f3n penal se debi\u00f3 al reconocimiento de un hecho que rompe el nexo causal indispensable para la configuraci\u00f3n de la responsabilidad civil; en reducidas cuentas, quedan comprendidas all\u00ed todas las hip\u00f3tesis que caen bajo el denominador com\u00fan de \u201ccausa extra\u00f1a\u201d. Evidentemente, llegarse a la absoluci\u00f3n porque se estima que medi\u00f3 el caso fortuito o la fuerza mayor, o el hecho de un tercero, o la culpa de la v\u00edctima, es tanto como asegurar que el hecho generador de la responsabilidad que se imputa al procesado no lo cometi\u00f3 \u00e9ste. Obs\u00e9rvese bien que la ley, al referirse al hecho, no habla a secas, como para que entonces no pudiera hablarse m\u00e1s que de una participaci\u00f3n f\u00edsica o material del sindicado, sino que alude es al hecho \u201ccausante\u201d del perjuicio, para aludir as\u00ed al hecho jur\u00eddicamente relevante en la producci\u00f3n del da\u00f1o. <\/p>\n
Quiz\u00e1 no est\u00e1 de m\u00e1s rememorar aqu\u00ed con mayor \u00e9nfasis el celo con que el juez civil se aplicar\u00e1 a verificar una cualquiera de tales causas, fijando su atenci\u00f3n especialmente en el aspecto intr\u00ednseco del pronunciamiento penal, antes que en nomenclaturas que f\u00e1cilmente lo puedan distorsionar. En esto quiere ser insistente la Corte: si la decisi\u00f3n penal no es lo suficientemente puntual al respecto, la norma comentada rehusa su aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
Para descender al caso litigado, es necesario evocar lo verdaderamente acontecido en \u00e9l. El conductor del veh\u00edculo fue sindicado de ser el responsable del accidente en que result\u00f3 lesionado el actor y la justicia penal lo absolvi\u00f3 porque encontr\u00f3 que la v\u00edctima fue lanzada a la v\u00eda por otra persona. Esto fuerza a admitir, entonces, que el juez penal estim\u00f3 que el hecho \u201ccausante\u201d del perjuicio cuya reparaci\u00f3n se implora, no lo cometi\u00f3 el sindicado, produci\u00e9ndose la cosa juzgada de lo penal sobre lo civil de que habl\u00f3 el art\u00edculo 55 del Decreto 050 de 1887. De modo que no se trata de un motivo que est\u00e9 por fuera de la mencionada norma, como erradamente lo entendi\u00f3 el tribunal, sino que, rep\u00edtese, es una causa extra\u00f1a arropada por el criterio taxativo de la disposici\u00f3n. <\/p>\n
El colof\u00f3n de lo expuesto es que no era desconociendo el car\u00e1cter taxativo de la norma analizada como cab\u00eda admitir en este caso la configuraci\u00f3n del fen\u00f3meno de la cosa juzgada penal sobre lo civil, pues la causa extra\u00f1a que encontr\u00f3 la justicia penal encuadra perfectamente, como ya se vio, en la causal, all\u00ed enlistada, atinente a que el hecho \u201ccausante\u201d del da\u00f1o no lo cometi\u00f3 el sindicado, quedando as\u00ed, pues, rectificada la doctrina que en sentido contrario expres\u00f3 el tribunal en el fallo acusado. <\/p>\n
Mas como el resultado es a la postre el mismo, esto es, que aunque errada la motivaci\u00f3n del ad-quem de todos modos s\u00ed hab\u00eda lugar a reconocer dicha cosa juzgada, el cargo no puede prosperar, debi\u00e9ndose exonerar s\u00ed al recurrente de costas en el recurso extraordinario, dada la rectificaci\u00f3n doctrinaria que as\u00ed se deja plasmada. <\/p>\n
IV. Decisi\u00f3n <\/p>\n
En plena concordancia con lo que se deja referido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, no casa la sentencia que en este asunto profiri\u00f3 el Tribunal Superior de Manizales, calendada el 12 de septiembre de 1994, materia del recurso extraordinario. <\/p>\n
Sin costas en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase tempestivamente al tribunal de procedencia. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
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S-076-99 [5253] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Dr. Manuel Ardila Vel\u00e1squez Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., doce (12) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999).- […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81680","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81680","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81680"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81680\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81680"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81680"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81680"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}