S-077-99 [7298]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., trece (13) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999) <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 7298 <\/p>\n
Decide la Sala la solicitud formulada por ROSARIO YEPES MEZA, para que se conceda exequatur por la Corte Suprema de Justicia a la sentencia pronunciada el 8 de noviembre de 1993 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci\u00f3n n\u00famero uno de Roquetas de Mar, Almer\u00eda, Espa\u00f1a, por medio de la cual se decret\u00f3 el divorcio de la peticionaria con el se\u00f1or ANDRES SANCHEZ ALFONSO, promovido por ambos c\u00f3nyuges y radicado all\u00ed \u201ccon el n\u00famero 332\/ 93\u201d. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante demanda, que obra a folios 17 a 20 del cuaderno No. 1, la se\u00f1ora ROSARIO YEPES MEZA, domiciliada y residente en Essen, Alemania, a trav\u00e9s de apoderada judicial, solicit\u00f3 a la Corte Suprema de Justicia se concediera exequatur a la sentencia proferida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci\u00f3n n\u00famero uno de Roquetas de Mar, Almer\u00eda, Espa\u00f1a, calendada el 8 de noviembre de 1993, por la cual se declar\u00f3 el divorcio de la accionante con el se\u00f1or ANDRES SANCHEZ ALFONSO, proceso que fue promovido a instancia de ambos. <\/p>\n
2. Los fundamentos f\u00e1cticos para tal solicitud se pueden compendiar as\u00ed: <\/p>\n
A) ANDRES SANCHEZ ALFONSO y ROSARIO YEPES MEZA, de nacionalidades espa\u00f1ola y colombiana, respectivamente, contrajeron matrimonio civil en Roquetas de Mar, Almer\u00eda, Espa\u00f1a, el 1\u00b0 de diciembre de 1990, el cual fue registrado \u201cconforme a las leyes del Reino de Espa\u00f1a\u201d, y tambi\u00e9n, en la Notar\u00eda Primera de Bogot\u00e1, el 24 de enero de 1997, seg\u00fan Escritura P\u00fablica No. 281. <\/p>\n
B) Por sentencia de fecha 8 de noviembre de 1993, emanada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucci\u00f3n n\u00famero uno de la mencionada localidad espa\u00f1ola, \u201c\u2026se decret\u00f3 el divorcio de los citados c\u00f3nyuges seg\u00fan convenio regulador de divorcio\u2026\u201d que ambos suscribieron (Fl. 18 C.1). <\/p>\n
C) Durante el matrimonio no se procrearon hijos y, para la fecha del divorcio, los c\u00f3nyuges se hallaban separados de bienes (folio 10 vuelto C.1), raz\u00f3n por la cual la sociedad conyugal estaba \u201cdisuelta y liquidada\u201d. <\/p>\n
3. La demanda, en la que se solicit\u00f3 conceder el exequatur a la sentencia extranjera aludida, fue admitida por auto del 31 de agosto de 1998 (Fls. 22 y 23 C. Corte). All\u00ed mismo se dispuso correr el traslado de ley al Ministerio P\u00fablico y, por no tener car\u00e1cter contencioso el presente proceso, no se dispuso la citaci\u00f3n del c\u00f3nyuge ANDRES SANCHEZ ALFONSO. <\/p>\n
4. La Procuradora Delegada en lo Civil, como aparece a folios 27 y 28 del citado cuaderno, manifest\u00f3 que se aten\u00eda a lo que se probara en el proceso. <\/p>\n
5. Las pruebas se decretaron por auto de 17 de septiembre de 1998 (Fls. 29 y 30 C. 1), y con base en ello, se allegaron al expediente el \u201cConvenio sobre Ejecuci\u00f3n de Sentencias Civiles\u201d celebrado entre Colombia y Espa\u00f1a suscrito en Madrid el 30 de mayo de 1908 (Fls. 31 ib\u00eddem), y la respuesta del se\u00f1or C\u00f3nsul de Colombia en Madrid al Exhorto No. 2 de 25 de septiembre de 1998, en el que da cuenta de la normatividad espa\u00f1ola que regula la ejecuci\u00f3n de sentencias judiciales extranjeras, en materia de divorcio (Fls. 38 a 45 C. 1). <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Precisa la Corte que las sentencias proferidas por Tribunales espa\u00f1oles tambi\u00e9n requieren exequatur, en acatamiento del ordenamiento jur\u00eddico patrio y de los convenios internacionales celebrados con este pa\u00eds. <\/p>\n
Efectivamente el exequatur, como instituci\u00f3n enderezada a salvaguardar el principio de la soberan\u00eda que ejerce el Estado dentro de su territorio, permite que, de manera excepcional, las sentencias pronunciadas en el extranjero tambi\u00e9n puedan tener ejecuci\u00f3n y de suyo efectos en Colombia, cuando, adem\u00e1s de existir reciprocidad diplom\u00e1tica o legislativa dentro de los Estados que le concedan \u201cfuerza\u201d a dichas providencias judiciales, tambi\u00e9n re\u00fanan los requisitos previstos en la ley. <\/p>\n
En desarrollo de la soberan\u00eda estatal, al Estado le corresponde la administraci\u00f3n de justicia con car\u00e1cter exclusivo, am\u00e9n de obligatorio en todo el territorio nacional, motivo por el cual las sentencias proferidas por Jueces extranjeros, en l\u00ednea de principio, no producen efectos en Colombia. <\/p>\n
2.- Con todo, excepci\u00f3n al se\u00f1alado principio, de amplio espectro en la esfera judicial, lo constituye el axioma consignado en el art\u00edculo 693 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, al establecer que, \u201clas sentencias y otras providencias que revistan tal car\u00e1cter, pronunciadas en un pa\u00eds extranjero en proceso contenciosos o de jurisdicci\u00f3n voluntaria, tendr\u00e1n en Colombia la fuerza que les concedan los Tratados existentes con ese pa\u00eds, y en su defecto la que all\u00ed se reconozca a las proferidas en Colombia\u201d. <\/p>\n
A. Es as\u00ed por lo que la Corte en diferentes providencias, ha puesto de relieve que, \u201clas sentencias proferidas por jueces extranjeros no surten efectos en Colombia, a menos que, con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n patria se concede a ellas, con el lleno de los requisitos establecidos por el art\u00edculo 694 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el exequatur correspondiente.\u201d (Sentencia 12 de agosto de 1997. Exp. No.6174) <\/p>\n
B. Tambi\u00e9n ha dicho esta Corporaci\u00f3n que \u201cla reciprocidad diplom\u00e1tica tiene lugar cuando entre Colombia y el pa\u00eds de donde proviene la decisi\u00f3n judicial objeto del exequatur, se ha suscrito tratado p\u00fablico que permita igual tratamiento en este Estado extranjero a las sentencias emitidas por jueces colombianos, de manera que como contraprestaci\u00f3n a la fuerza que \u00e9stas tengan en aqu\u00e9l, las suyas vinculen en nuestro territorio\u201d (Sent. 25 de septiembre de 1996, Exp. 5524). <\/p>\n
C. De igual manera ha sostenido la Sala que \u201cla reciprocidad legislativa toma asiento, por su parte, al reconoc\u00e9rsele efectos jur\u00eddicos a las sentencias de los jueces colombianos por la legislaci\u00f3n del pa\u00eds de donde proviene la decisi\u00f3n materia del exequatur, pues igual fuerza vinculante tendr\u00e1n las decisiones de sus jueces en el Territorio Nacional, siendo entendido que esta forma de reciprocidad puede ser a su vez basada en textos legales escritos o en la pr\u00e1ctica jurisprudencial imperante en el pa\u00eds de origen del fallo objeto de exequatur\u201d (Sentencia ib\u00eddem). <\/p>\n
3. De all\u00ed que, con fundamento en lo anteriormente expuesto, encuentra la Corte ejecutable en Colombia, en particular, las sentencias de divorcio por mutuo acuerdo pronunciadas por tribunales espa\u00f1oles. <\/p>\n
Es por ello por lo que, cuando la Ley 6\u00b0 de 1908 aprob\u00f3 el convenio entre Colombia y Espa\u00f1a sobre el cumplimiento de sentencias civiles, publicado en el Diario Oficial No. 13744 del 27 de junio de 1909, no solamente consagr\u00f3 la ejecutabilidad de dichas providencias rec\u00edprocamente para ambos pa\u00edses, en virtud del aludido acuerdo diplom\u00e1tico, sino que precis\u00f3, adem\u00e1s, los requisitos para su procedencia y reconocimiento. <\/p>\n
En cuanto al asunto inicial de la ejecutabilidad, dispuso el \u201cARTICULO I\u201d del referido Convenio que, \u201cLas sentencias civiles pronunciadas por los Tribunales comunes de una de las Altas Partes Contratantes ser\u00e1n ejecutadas en la otra, siempre que re\u00fanan los requisitos siguientes: Primero. Que sean definitivas y que est\u00e9n ejecutoriadas como en derecho se necesitar\u00eda para ejecutarlas en el pa\u00eds en que se hayan dictado; Segundo. Que no se oponga \u00e1 las leyes vigentes en el Estado en que se solicite su ejecuci\u00f3n.\u201d <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a la prueba referente a que se trate de sentencias definitivas y ejecutoriadas, el mismo instrumento prescribi\u00f3, adem\u00e1s de la intervenci\u00f3n necesaria del Ministerio P\u00fablico o Fiscal, conforme la ley colombiana (Art\u00edculo III del Convenio), la necesidad de prueba de la ejecutoriedad de la sentencia. En efecto, all\u00ed se dispuso que: \u201cLa primera de las circunstancias a que se refiere el art\u00edculo anterior se comprobar\u00e1 por un certificado expedido por el Ministro de Gobierno \u00f3 de Gracia y Justicia, siendo la firma de \u00e9stos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado \u00f3 de Relaciones Exteriores y la \u00e9ste a su vez por el Agente Diplom\u00e1tico respectivo acreditado en el lugar de la legalizaci\u00f3n\u201d. (art\u00edculo II) <\/p>\n
4. De otra parte, tambi\u00e9n encuentra la Corte que el r\u00e9gimen familiar colombiano, no s\u00f3lo consagra la instituci\u00f3n del divorcio para los matrimonios (art. 42, incisos 9 a 11, Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), sino que, m\u00e1s a\u00fan, por regla general, defiere a la legislaci\u00f3n extranjera \u201cel divorcio del matrimonio civil celebrado en el extranjero\u201d, cuando quiera que los c\u00f3nyuges tuviesen su \u00faltimo domicilio conyugal en el exterior -esto es, por la ley del lugar donde los c\u00f3nyuges viv\u00edan de consuno y, en su defecto, el del lugar del c\u00f3nyuge demandado (art. 13, Ley 1\u00b0 de 1976)-. <\/p>\n
Es decir, que si de acuerdo con tal precepto esa ley extranjera -la del domicilio conyugal que all\u00ed se tenga- es la reguladora de la procedencia, causa, procedimiento y clase de divorcio (incluyendo en \u00e9ste, el divorcio por mutuo acuerdo y el divorcio contencioso), resulta compatible con dicha legislaci\u00f3n y ejecutable en Colombia el divorcio decretado por mutuo acuerdo, tanto en los pa\u00edses extranjeros en que as\u00ed lo reconozca su legislaci\u00f3n, como el que se profiere en Espa\u00f1a en desarrollo de dicho convenio. <\/p>\n
Lo anterior, tambi\u00e9n encuentra respaldo en el evento en que se trate de divorcio por mutuo acuerdo decretado en Espa\u00f1a respecto del matrimonio civil celebrado en Colombia. En efecto, ello ser\u00eda procedente porque, a\u00fan con la restricci\u00f3n del art\u00edculo 14 de la Ley 1\u00b0 de 1976, se tratar\u00eda de un divorcio cuya \u201ccausal\u201d tambi\u00e9n se hallar\u00eda reconocida en Colombia, en forma directa como causal de divorcio (num. 9, art\u00edculo 6\u00b0 de la Ley 25 de 1992, que subroga el art\u00edculo 154 del C\u00f3digo Civil), e indirectamente por raz\u00f3n de la separaci\u00f3n por mutuo acuerdo decretada cuando han transcurrido m\u00e1s de 2 a\u00f1os judicialmente, que es tambi\u00e9n causal de divorcio (art. 6\u00b0, num. 8, Ley 25 citada). <\/p>\n
5. Por ello, reitera la Corte que \u201cCuando la pretensi\u00f3n de separaci\u00f3n de cuerpos es fundada en el mutuo consenso de los c\u00f3nyuges, la ley 1\u00aa. de 1976, en el art\u00edculo 16, fija los requisitos, tanto formales como de contenido, que debe reunir la expresi\u00f3n del consentimiento mutuo para separarse, indicando que la separaci\u00f3n ha de solicitarse \u2018por escrito al juez competente, determinando en la demanda la manera como atender\u00e1n los c\u00f3nyuges, en adelante, el cuidado personal de los hijos comunes, la proporci\u00f3n en que contribuir\u00e1n a los gastos de crianza, educaci\u00f3n y establecimiento de los hijos y, si fuere el caso, al sostenimiento de cada uno\u2026\u2019\u201d (Sentencia de 13 de febrero de 1991). <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n, en providencia del 26 de mayo de 1980, sobre el t\u00f3pico en comento, ya hab\u00eda anotado lo siguiente: \u201cSeg\u00fan la forma como qued\u00f3 establecida en la Ley 1\u00aa. de 1976 la separaci\u00f3n de cuerpos, por mutuo acuerdo de los c\u00f3nyuges, su consentimiento rec\u00edproco debe provenir de \u00e9stos, ya lo expresen directamente, ora lo consignen a trav\u00e9s de mandatario debidamente autorizado. Este es el verdadero alcance de los varios preceptos que tienen que ver con la separaci\u00f3n de cuerpos, fundada en el mutuo consentimiento de los c\u00f3nyuges, pues, quien, sino \u00fanicamente ellos pueden dar un paso tan delicado y de tan vasta repercusi\u00f3n, como que tiene implicaciones extrapatrimoniales y patrimoniales, ya que tiene que ver con los c\u00f3nyuges mismos, con sus hijos y con la sociedad conyugal\u201d. <\/p>\n
6. Luego de las generalidades precedentes, pasa la Corporaci\u00f3n a averiguar si, para el asunto bajo examen, se satisficieron las exigencias de las que depende la prosperidad del exequatur solicitado. <\/p>\n
A) En primer t\u00e9rmino, destaca la Corte que, en oportunidad precedente, fue presentada esta misma demanda de exequatur, a cuyo tr\u00e1mite le correspondi\u00f3 el n\u00famero 7153. Por virtud de auto del 11 de junio de 1998 de esta Sala, fue rechazada la demanda, por cuanto no se acredit\u00f3 -y as\u00ed se le hab\u00eda hecho saber a la demandante en auto del 26 de mayo de esa anualidad para que corrigiera ese yerro- el registro civil colombiano de matrimonio de la se\u00f1ora Rosario Yepes Meza. Sin este documento no se comprueba la inscripci\u00f3n matrimonial propiamente dicha, a pesar de que exista la anotaci\u00f3n marginal sobre dicho matrimonio en el registro civil de nacimiento, que obra a folio 12 del expediente. <\/p>\n
En esta ocasi\u00f3n, la Sala evidencia la misma ausencia documental, por lo cual no puede acceder a la pretensi\u00f3n formulada. <\/p>\n
B) De otro lado, refieren los antecedentes que el divorcio fue pedido por los c\u00f3nyuges ANDRES SANCHEZ ALFONSO y ROSARIO YEPES MEZA, de com\u00fan acuerdo, el cual fue decretado por sentencia del 8 de noviembre de 1993, pronunciada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci\u00f3n n\u00famero 1 de Roquetas de Mar, Almer\u00eda, Espa\u00f1a. <\/p>\n
Ahora bien, de la normatividad aplicable al asunto subjudice, se encuentra el requisito consagrado en el Convenio celebrado entre Colombia y Espa\u00f1a, publicado en el Diario Oficial del 27 de julio de 1909 (que obra a folio 31 del expediente), con arreglo al cual la ejecutoridad de la sentencia se acredite \u201cpor un certificado expedido por el Ministro de Gobierno \u00f3 de Gracia y Justicia, siendo la firma de \u00e9stos legalizada por el correspondiente Ministro de Estado \u00f3 de Relaciones Exteriores y la de \u00e9ste \u00e1 su vez por el Agente Diplom\u00e1tico respectivo acreditado en el lugar de la legalizaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Dentro del material probatorio no aparece la susodicha certificaci\u00f3n del Ministro de Gobierno o de Justicia espa\u00f1oles, lo que impide conceder el exequatur solicitado, como quiera que se trata de una condici\u00f3n indispensable para su viabilidad. <\/p>\n
7.- Faltando tales requisitos, no es preciso el examen del cumplimiento de los otros presupuestos legales. En tal virtud, la Corte no puede impartirle el exequatur a la sentencia proferida el 8 de noviembre de 1993 por el Juzgado de Primera Instancia de Roquetas del Mar (Espa\u00f1a). <\/p>\n
III. DECISION <\/p>\n
En armon\u00eda con lo dicho, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, dispone: NIEGASE EL EXEQUATUR a la sentencia proferida el 8 de noviembre de 1993 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci\u00f3n n\u00famero uno de Roquetas de Mar, Almer\u00eda, Espa\u00f1a, dentro del proceso de divorcio de ANDRES SANCHEZ ALFONSO y ROSARIO YEPES MEZA. <\/p>\n
Costas a cargo de la parte demandante. <\/p>\n
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
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