S-081-99 [5012]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999) <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 5012 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 14 de abril de 1994, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en este proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual promovido por ANA MERCEDES ACOSTA NAVARRO contra GASES DEL CARIBE S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por escrito presentado el 18 de enero de 1991 (fls. 2 al 7, c.1), por reparto asignado al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Santa Marta, ANA MERCEDES ACOSTA NAVARRO, mediante apoderado judicial demand\u00f3 a GASES DEL CARIBE S.A., para que previos los tr\u00e1mites del proceso ordinario de mayor cuant\u00eda, se dictara sentencia declarando a la citada sociedad civilmente responsable de la muerte del se\u00f1or Cesar Augusto D\u00edaz Granados y consecuentemente conden\u00e1ndola a indemnizarle a la demandante los perjuicios sufridos por concepto del da\u00f1o moral, lucro cesante y da\u00f1o emergente, teniendo en cuenta la devaluaci\u00f3n monetaria. <\/p>\n
2. Las pretensiones se apoyan en los argumentos f\u00e1cticos que se resumen a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
2.1. El 2 de noviembre de 1990, aproximadamente a la una de la tarde, se produjo un incendio en la calle 15 No. 4-43 de la ciudad de Santa Marta, originado por un escape de gas propano de un cilindro suministrado en mal estado por la empresa GASES DEL CARIBE S.A. <\/p>\n
2.2. Con ocasi\u00f3n de dicho insuceso CESAR AUGUSTO DIAZ GRANADOS VELASQUEZ sufri\u00f3 quemaduras de tercer grado, que trajeron como consecuencia su muerte el 3 de noviembre de 1990. <\/p>\n
2.3. A la fecha del fallecimiento, el mencionado ten\u00eda 28 a\u00f1os de edad, se desempe\u00f1aba como empleado de la Beneficencia y Asistencia P\u00fablica del Magdalena, con un salario mensual de $51.200.oo; y como administrador de la granja av\u00edcola \u201cLA PATRICIA\u201d, por lo que obten\u00eda ganancias mensuales aproximadas de $300.000.oo. <\/p>\n
2.4. CESAR AUGUSTO DIAZ GRANADOS fue atendido inicialmente en la Cl\u00ednica de los Seguros Sociales de Santa Marta y posteriormente remitido a la de Barranquilla, donde falleci\u00f3. <\/p>\n
2.5. La demandante es c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite del desaparecido, raz\u00f3n por la que el accidente en cuesti\u00f3n le ha producido perjuicios materiales y morales. <\/p>\n
2.6. La sociedad demandada es la \u00fanica que distribuye gas propano en la ciudad de Santa Marta. <\/p>\n
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3. Notificada la demandada del auto admisorio de la demanda, oportunamente la contest\u00f3 manifestando no constarle los hechos primero al s\u00e9ptimo, aceptando como cierto el octavo (fls. 31 y 32, id.), y llamando en garant\u00eda a SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A., quien igualmente contest\u00f3 oponi\u00e9ndose a las pretensiones y alegando como excepci\u00f3n la \u201cexoneraci\u00f3n\u201d de responsabilidad frente a demandante y demandada. <\/p>\n
4. Mediante sentencia de 16 de julio de 1993 (fls. 123 al 129, ib), el juzgado de primera instancia absolvi\u00f3 a la sociedad demandada, adem\u00e1s de declarar probada la excepci\u00f3n propuesta por la aseguradora llamada en garant\u00eda. <\/p>\n
5. El Tribunal al resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante, por sentencia de 14 de abril de 1994 (fls. 35 al 47, c.3), confirm\u00f3 la del a-quo. <\/p>\n
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LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El ad-quem, luego de referirse al desarrollo del proceso, precisa el concepto de la responsabilidad civil extracontractual, para a rengl\u00f3n seguido sostener que la culpa se presume en las actividades peligrosas. En torno al caso expresa compartir las apreciaciones del fallador de la primera instancia, en cuanto estim\u00f3 que no fue demostrado que el accidente fue causado por una fuga de gas, proveniente de un cilindro suministrado por la empresa demandada. <\/p>\n
Seguidamente se ocup\u00f3 de analizar la afirmaci\u00f3n de la parte demandante, sobre que es un hecho notorio que en la ciudad de Santa Marta solamente distribuye gas la empresa demandada. Al respecto estim\u00f3 que si el juez de primera instancia no puede dar f\u00e9, por conocimiento directo de tal notoriedad, ni ella se desprende de las circunstancias, actuaciones o documentos que obran en el proceso, no puede tenerse ese hecho por probado con la sola manifestaci\u00f3n de la actora, o por el dicho de un testigo, citado con el fin de probar otras circunstancias, quien s\u00f3lo tangencialmente se refiri\u00f3 a la exclusiva distribuci\u00f3n de gas por parte de la empresa demandada. <\/p>\n
De otra parte, consider\u00f3 el ad quem que a\u00fan aceptando en gracia de discusi\u00f3n que ese sea un hecho notorio, de tal notoriedad no puede colegirse que la explosi\u00f3n o el incendio se hubiese producido por causa de fugas en los cilindros de gas que acababan de ser vendidos por GASES DEL CARIBE S.A., pues no hay una prueba directa, objetiva o concreta de dicho acaecimiento, como se afirma en la demanda, ni puede tomarse como tal el testimonio de Yamil Said Hamin, ya que \u201clas conjeturas\u201d de \u00e9ste no son suficientes para darlo por probado, toda vez que el insuceso pudo ser ocasionado por m\u00faltiples y diversas causas, \u201ctales como un err\u00f3neo procedimiento por parte de quien almacen\u00f3 los cilindros o cualquier otra maniobra torpe que no necesariamente una falla en la v\u00e1lvula, no probada por ning\u00fan medio fehaciente\u201d. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n se detuvo el Tribunal en el an\u00e1lisis de las pruebas obrantes en el expediente, hallando que el parte de auxilio del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta (fl. 14, c.1), carece de eficacia probatoria por cuanto no fue ratificado conforme lo ordena el art\u00edculo 277 del C. de P. Civil; lo mismo que la diligencia de reconocimiento del cilindro de gas que se encontr\u00f3 en el lugar del siniestro, pues esta prueba no fue decretada, ni practicada de acuerdo con las formalidades prescritas en los art\u00edculos 234 y 236 id., adem\u00e1s de no haberse sometido a la contradicci\u00f3n de las partes, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 238 ib., y realizada la revisi\u00f3n del cilindro cuando faltaban tres d\u00edas para que se cumplieran dos a\u00f1os de la ocurrencia del suceso. <\/p>\n
Tambi\u00e9n entendi\u00f3 el fallador que no exist\u00eda certeza sobre que el examen practicado al cilindro hubiese reca\u00eddo sobre el que presuntamente caus\u00f3 la explosi\u00f3n, por cuanto el testigo antes mencionado indic\u00f3 que este elemento fue llevado a las instalaciones del cuerpo de bomberos, en tanto que la inspecci\u00f3n se cumpli\u00f3 en las instalaciones de \u201cMAX POLLO\u201d, sin que se tenga conocimiento del momento y la persona que lo situ\u00f3 nuevamente en dicho establecimiento. Adem\u00e1s no se sabe de la intervenci\u00f3n de alg\u00fan funcionario que permita determinar con exactitud que ese cilindro fue el causante del incendio. Por todo lo anterior, concluy\u00f3 el Tribunal, el informe quedaba despojado de toda credibilidad. <\/p>\n
Para finalizar consider\u00f3 el ad quem que no obstante ser base de toda acci\u00f3n de responsabilidad civil extracontractual la demostraci\u00f3n del da\u00f1o o perjuicio, en el caso no se acredit\u00f3 en legal forma la muerte de CESAR DIAZ GRANADOS VELASQUEZ, porque el registro de su defunci\u00f3n no se efectu\u00f3 de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 73 del Decreto 1260 de 1970, como quiera que no obstante haberse afirmado que aqu\u00e9l falleci\u00f3 en la ciudad de Barranquilla, su muerte fue registrada en la de Santa Marta. <\/p>\n
La demandante impugna la sentencia antes resumida, formulando dos cargos con fundamento en la causal 1a. del art\u00edculo 368 del C. de P. C., el primero por la v\u00eda directa y el segundo por la indirecta, los cuales se despacharan en el orden propuesto. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con apoyo en la causal primera se acusa la sentencia del Tribunal de violar directamente el art\u00edculo 2356 del C.C. por falta de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
En el desarrollo del cargo sostiene el censor, que por regla general en la responsabilidad civil extracontractual, qui\u00e9n reclama la indemnizaci\u00f3n de un perjuicio debe demostrar la culpa del demandado por la ocurrencia del hecho da\u00f1oso; pero que trat\u00e1ndose de las situaciones contempladas en el art\u00edculo 2356 del C.C., el C\u00f3digo establece una presunci\u00f3n de culpa respecto de las personas que desarrollan una actividad considerada peligrosa, exonerando a la v\u00edctima de la carga de probar tal elemento, caso en el cual, el demandado s\u00f3lo puede liberarse de responsabilidad cuando demuestra que el hecho da\u00f1oso se origin\u00f3 por caso fortuito, fuerza mayor, o la culpa exclusiva de la v\u00edctima o de un tercero. <\/p>\n
Afirma el impugnante que el Tribunal no le dio aplicaci\u00f3n a la norma mencionada, al exigir de la demandante que probara que la Empresa GASES DEL CARIBE S.A. suministraba los cilindros en buen estado, siendo que es al demandado a quien le correspond\u00eda demostrar su exoneraci\u00f3n de responsabilidad por alguna de las causales antes anotadas. <\/p>\n
Sin m\u00e1s argumentos concluye el cargo solicitando se case la sentencia impugnada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como desde anta\u00f1o lo viene predicando la Corporaci\u00f3n con apoyo en el tenor del art\u00edculo 2341 del C. Civil, para que resulte comprometida la responsabilidad de una persona natural o jur\u00eddica, a t\u00edtulo extracontractual, se precisa de la concurrencia de tres elementos que la doctrina m\u00e1s tradicional identifica como \u201cculpa, da\u00f1o y relaci\u00f3n de causalidad entre aqu\u00e9lla y \u00e9ste\u201d. Condiciones estas que adem\u00e1s de configurar el cuadro axiol\u00f3gico de la pretensi\u00f3n en comentario, definen el esquema de la carga probatoria del demandante, pues es a \u00e9ste a quien le corresponde demostrar el menoscabo patrimonial o moral (da\u00f1o) y que \u00e9ste se origin\u00f3 en la conducta culpable de quien demanda, porque al fin y al cabo la responsabilidad se engasta en una relaci\u00f3n jur\u00eddica entre dos sujetos: el autor del da\u00f1o y quien lo padeci\u00f3. <\/p>\n
2. A partir de los a\u00f1os treinta (sentencias de 30 de noviembre de 1935, 14 de marzo y 31 de mayo de 1938), la Corte Suprema de Justicia empez\u00f3 a precisar el alcance del art\u00edculo 2356 del C. Civil y a elaborar en el medio colombiano la teor\u00eda de las actividades peligrosas como forma de incurrir en responsabilidad civil cuando con ocasi\u00f3n de su ejercicio se causa un da\u00f1o, es decir, como lo ha dicho la jurisprudencia, cuando el hombre para desarrollar una labor adiciona a su fuerza una \u201cextra\u00f1a\u201d, que al aumentar la suya rompe el equilibrio que antes exist\u00eda con los asociados y los coloca \u201cen inminente peligro de recibir lesi\u00f3n\u201d, aunque la tarea \u201cse desarrolle observando toda la diligencia que ella exige\u201d (Sent. de 30 de abril de 1976). <\/p>\n
Como se declar\u00f3, la fuente positiva de esta teor\u00eda se localiza en el art\u00edculo 2356 del C. Civil, cuyo texto permite presumir la culpa en el autor del da\u00f1o que a su vez genera la actividad peligrosa, sin que ello implique modificar la concepci\u00f3n subjetiva de la responsabilidad, pues a\u00fan dentro del ejercicio de la actividad peligrosa \u00e9sta se sigue conformando por los elementos que inicialmente se identificaron, pero con una variaci\u00f3n en la carga probatoria, porque demostrado el ejercicio de la actividad peligrosa ocasionante del da\u00f1o, la culpa entra a presumirse en el victimario. \u201cA la v\u00edctima le basta demostrar -ha dicho la Corte- los hechos que determinan el ejercicio de una actividad peligrosa y el perjuicio sufrido y ser\u00e1 el demandado quien debe comprobar que el accidente ocurri\u00f3 por la imprudencia exclusiva de la v\u00edctima, por la intervenci\u00f3n de un elemento extra\u00f1o, o por fuerza mayor o caso fortuito, ya que el ejercicio de una actividad peligrosa, por su naturaleza, lleva envuelto el de culpa en caso de accidente\u201d. <\/p>\n
3. Tomando como punto de partida los ejemplos que trae el art\u00edculo 2356, los cuales se explican para la \u00e9poca de expedici\u00f3n del C\u00f3digo, la jurisprudencia de la Corte y la doctrina particular, anal\u00f3gicamente y en consideraci\u00f3n a casos concretos, ha venido calificando como actividades peligrosas, las labores que conllevan al empleo de m\u00e1quinas o la generaci\u00f3n, utilizaci\u00f3n, distribuci\u00f3n o almacenamiento de energ\u00edas. En ese orden, ha se\u00f1alado como actividades peligrosas, entre otras, la conducci\u00f3n de veh\u00edculos automotores terrestres, la aviaci\u00f3n, la construcci\u00f3n de un edificio, la utilizaci\u00f3n de elevadores de carga, la conducci\u00f3n de ganado frente a los peatones, fumigaciones a\u00e9reas, utilizaci\u00f3n de explosivos, los gases residuales de las f\u00e1bricas, las chimeneas de instalaciones industriales, etc. (Entre otras, se pueden consultar las sentencias de 14 de marzo de 1938, 3 de mayo de 1965, 27 de abril de 1990, 30 de abril de 1976, 4 de septiembre de 1962, 1\u00ba. de octubre de 1963 y 22 de febrero de 1995). <\/p>\n
Ahora, como cualquier actividad humana puede ser ejercida generando peligro o riesgo para los dem\u00e1s, una interpretaci\u00f3n ligera o caprichosa del art\u00edculo 2356, har\u00eda de \u00e9ste la regla general de responsabilidad. De ah\u00ed entonces, que el car\u00e1cter peligroso de la actividad no pueda quedar al capricho o voluntad del operador jur\u00eddico, sino sujeto a criterios objetivos, no absolutos, teniendo en cuenta \u201cla naturaleza propia de las cosas y las circunstancias en que aquella se realiza y\u2026 el comportamiento de la persona que ejecuta o se beneficia de aquella actividad, en relaci\u00f3n con las precauciones adoptadas para evitar que la cosa potencialmente peligrosa cause efectivamente un da\u00f1o\u201d, seg\u00fan pautas propuestas por autor nacional. De manera que la peligrosidad es una cuesti\u00f3n de hecho que debe ser examinada con apoyo en criterios objetivos como los indicados, en cada caso concreto, salvo que se est\u00e9 en presencia de una anticipada calificaci\u00f3n legal, porque lo cierto es, como lo ha verificado la Corte, que a\u00fan dejando de lado los consabidos ejemplos de las m\u00e1quinas industriales y los aparatos que se ponen en movimiento, como los automotores, tambi\u00e9n es posible que \u201clas cosas inertes\u201d, \u201cpueden ser puestas circunstancialmente por el hombre en situaci\u00f3n de riesgo inminente para terceros y por lo mismo ocasionarles perjuicios a pesar de hallarse en reposo, como si una edificaci\u00f3n destinada al recaudo de tasas por peaje, es colocada en medio de la calzada de una carretera de intenso tr\u00e1nsito en parajes rurales y es atropellada por un veh\u00edculo, debido a la ausencia de advertencias necesarias\u201d (Sent. de 22 de febrero de 1995). <\/p>\n
Acudiendo a bases como las planteadas, para la Corte no ofrece ninguna duda, atribuir el car\u00e1cter, como lo ha hecho la jurisprudencia externa, de peligrosa a las actividades que tienen que ver con la producci\u00f3n, distribuci\u00f3n y almacenamiento de gases metano y propano, gas en forma l\u00edquida y gas para uso dom\u00e9stico, como el del caso, lo mismo que la manipulaci\u00f3n de materiales inflamables y susceptibles de explosi\u00f3n, por el riesgo inherente a la naturaleza misma de las sustancias y la potencialidad para da\u00f1ar que se les reconoce con independencia de las precauciones que se adopten en el desarrollo del proceso de producci\u00f3n y consumo, porque el peligro permanece y est\u00e1 latente en cualquiera de las etapas y actividades. Desde luego que esa misma fue la conclusi\u00f3n del Tribunal, compartida por el impugnante, quien precisamente se queja de la falta de aplicaci\u00f3n del art. 2356 del C. Civil, el cual considera violado directamente \u201cal exigir al demandante que probara que la Empresa Gases del Caribe S.A. suministraba los cilindros en buen estado\u201d, cuando de conformidad con la norma citada dado el hecho se presume que \u201cse produjo por culpa del demandado\u201d, quien s\u00f3lo puede liberarse cuando demuestre \u201cque el hecho da\u00f1oso se origin\u00f3 por caso fortuito, fuerza mayor, o la culpa exclusiva de la v\u00edctima o de un tercero\u201d. <\/p>\n
4. Sin duda alguna que la norma llamada a regir el caso es la mencionada, pues se trata de derivar responsabilidad civil extracontractual por la muerte del se\u00f1or Cesar Augusto D\u00edaz Granados, como consecuencia de las quemaduras que sufri\u00f3 con ocasi\u00f3n del incendio que se produjo el 2 de noviembre de 1990 en el establecimiento de comercio Max Pollo, ubicado en Santa Marta, cuando se present\u00f3 un escape de gas, seg\u00fan dice el demandante, de un cilindro suministrado por la sociedad demandada. <\/p>\n
Con todo, el cargo no puede prosperar, no s\u00f3lo porque el ad quem no desconoci\u00f3 la norma que el recurrente dice inaplicada, sino porque lo que el Tribunal ech\u00f3 de menos fue la prueba del \u201cnexo causal\u201d, es decir, que el fallador consider\u00f3 que en el proceso no estaba \u201cdemostrado que el accidente se debi\u00f3 a una fuga de gas proveniente de un cilindro vendido por Gases del Caribe\u201d, no sin antes haber concluido luego de referirse al aspecto te\u00f3rico del art. 2356, cu\u00e1les eran los supuestos de hecho que deb\u00edan demostrarse para la prosperidad de la pretensi\u00f3n. Al respecto anot\u00f3: \u201cTi\u00e9nese entonces que en el presente caso era menester probar que Cesar Augusto D\u00edaz Granados sufri\u00f3 quemaduras que le causaron la muerte, a consecuencia de una conflagraci\u00f3n producida por un escape de gas de cilindro que lo conten\u00eda, el cual hab\u00eda sido vendido por la empresa demandada Gases del Caribe\u201d. <\/p>\n
Seg\u00fan lo anterior, la orientaci\u00f3n del cargo tampoco es la correcta, porque si la discrepancia se da en el plano probatorio y con relaci\u00f3n a un elemento frente al cual no obra presunci\u00f3n alguna, pues \u00e9sta no la establece el art. 2356, entonces la v\u00eda necesariamente ten\u00eda que ser la indirecta, porque la violaci\u00f3n de la norma surgir\u00eda como consecuencia de errores probatorios, ya de hecho, ora de derecho. Es que definitivamente lo que el cargo exhibe es un verdadero desfase o desorientaci\u00f3n, que como ya se dijo, atenta contra su idoneidad, pues el Tribunal en manera alguna desconoci\u00f3 que la actividad atribuida a la demandada pudiera considerarse como peligrosa, sino que consider\u00f3 que no estaba acreditado que \u00e9sta hubiese sido la causante de la muerte del c\u00f3nyuge de la actora. <\/p>\n
A decir verdad, el problema que plantea la sentencia del Tribunal es de pura l\u00f3gica jur\u00eddica. Conforme a su raciocinio el demandante ten\u00eda que demostrar dos extremos f\u00e1cticos para verificar la subsunci\u00f3n en la norma que tutela la pretensi\u00f3n: la muerte del se\u00f1or D\u00edaz Granados (1), \u201ca consecuencia de una conflagraci\u00f3n producida por un escape de gas del cilindro que lo conten\u00eda, el cual hab\u00eda sido vendido por la empresa demandada\u201d (2). En otras palabras, lo que el ad quem deja por establecido es que al demandante le correspond\u00eda probar el da\u00f1o y que la causa de ese da\u00f1o fue la actividad peligrosa del demandado, o sea, la conducta de \u00e9ste, pues para que surja la posibilidad de hacer la correspondiente imputaci\u00f3n jur\u00eddica, tiene que existir un nexo de causalidad adecuada y necesaria entre el da\u00f1o y la conducta del demandado, porque as\u00ed y solo as\u00ed, tiene raz\u00f3n de ser entrar a hacer aplicaci\u00f3n de la presunci\u00f3n de culpa. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose del da\u00f1o producido por el ejercicio de una actividad caracterizada como peligrosa, viene sosteniendo la Corte desde vieja data (Cas. de 23 de abril de 1954, 30 de marzo de 1955, 1\u00ba. de octubre de 1963, entre muchas otras), a la v\u00edctima del accidente le incumbe demostrar, adem\u00e1s del perjuicio sufrido, \u201clos hechos determinantes del ejercicio de la actividad peligrosa\u201d, que necesariamente tienen que ser atribuidos a quien funge como demandado, pues ah\u00ed est\u00e1 el meollo del elemento que une el da\u00f1o con la culpa, es decir, el nexo de causalidad. Descartada esta relaci\u00f3n entre el da\u00f1o y la conducta del demandado, como lo hall\u00f3 el Tribunal, ning\u00fan sentido tiene hacer operar la presunci\u00f3n del art. 2356, so pena de imputar la culpabilidad a quien no aparece como autor del da\u00f1o. <\/p>\n
El cargo por lo tanto se rechaza. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Por \u00e9ste se acusa la sentencia del Tribunal de ser indirectamente violatoria de la ley sustancial a causa de \u201cERRADA INTERPRETACION DE UNA NORMA PROBATORIA Y EN LA APRECIACION DE UNA PRUEBA\u201d. (May\u00fasculas del texto). <\/p>\n
Al desarrollar el cargo, la censura lo divide en dos partes, a saber: <\/p>\n
En la primera acusa la sentencia por error de derecho, afirmando que err\u00f3 \u201cflagrantemente\u201d el Tribunal en la interpretaci\u00f3n que hizo del inciso (sic) del art\u00edculo 177 del C. de P. C., que expresamente exime de prueba los hechos notorios, \u201cal pretender que no se pruebe el hecho en si, sino su notoriedad\u201d, pues seg\u00fan el impugnante, el hecho notorio no necesita ser probado porque su esencia est\u00e1 en ser conocido por todos, no porque se demuestre mediante testigos. <\/p>\n
Concluye esta primera parte del cargo, expresando que con la errada interpretaci\u00f3n del art\u00edculo 177 del C. de P. Civil, se dej\u00f3 de aplicar el art\u00edculo 2356 del C. Civil., raz\u00f3n por la cual pide se case la sentencia impugnada. <\/p>\n
En la segunda, acusa el fallo por yerro de facto, pues seg\u00fan el impugnante, el Tribunal err\u00f3 al desestimar el contenido del \u201cparte de auxilio\u201d del Cuerpo de Bomberos y exigir que estos estuvieran presentes como testigos directos del incendio, ya que \u201c… en este tipo de accidentes las reglas se\u00f1alan que son los Cuerpos de Bomberos los que pueden se\u00f1alar en principio, cuales fueron las causas del incendio, y, sus conclusiones las sacan despu\u00e9s de investigar los or\u00edgenes de una conflagraci\u00f3n, ya sea indagando testigos, ora haciendo pruebas t\u00e9cnicas y esa conclusi\u00f3n es el \u2018parte de auxilio\u2019 que al decir de la regla constituye prueba suficiente\u201d. <\/p>\n
Contin\u00faa la censura explicando que el fallador incurri\u00f3 en error manifiesto en la apreciaci\u00f3n del testimonio de Yamil Said Hamin, al calificar sus dichos como conjeturas, \u201ccuando la verdad es que el se\u00f1or Said fue testigo presencial de los hechos, casi v\u00edctima del incendio\u201d. Sostiene que la apreciaci\u00f3n errada surge por cuanto el Tribunal no tom\u00f3 integralmente dicho testimonio, sino que lo fraccion\u00f3. <\/p>\n
Por \u00faltimo, afirma, que si la Sala hubiese tenido en cuenta el testimonio anterior, el parte del cuerpo de bomberos y la experticia, \u201cbien pudo formar un convencimiento acorde con la realidad de los hechos y no dedicarse como se dedic\u00f3 a la cr\u00edtica negativa de las pruebas siendo que ellas no merecieron ning\u00fan reparo de los apoderados de los demandados\u201d. <\/p>\n
Concluye diciendo que a causa de los errores anotados, el Tribunal viol\u00f3 el art\u00edculo 2356 del C. Civil, por falta de aplicaci\u00f3n, para reiterar su solicitud de casaci\u00f3n y abogar por una sentencia de instancia que reconozca las pretensiones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como el recurso extraordinario de casaci\u00f3n no tiene por objeto un nuevo examen del litigio, sino la sentencia impugnada, que es el thema decisum, la cual llega a la Corte amparada por una presunci\u00f3n de acierto, cuando de la v\u00eda indirecta se trata en el marco de la causal 1\u00aa. del art. 368 del C. de P. Civil, es necesario que el recurrente demuestre los errores de hecho o de derecho que en el campo de la apreciaci\u00f3n de las pruebas cometi\u00f3 el juzgador, con el car\u00e1cter de evidentes o manifiestos, trat\u00e1ndose de los primeros, y con la incidencia o trascendencia en la resoluci\u00f3n, respecto de ambos tipos de error. <\/p>\n
Ahora, cuando la sentencia objeto del recurso est\u00e1 l\u00f3gicamente apoyada en fundamentos probatorios m\u00faltiples, desvirtuar la presunci\u00f3n de acierto de las conclusiones f\u00e1cticas del Tribunal, supone un ataque panor\u00e1mico, como lo ha denominado la Corporaci\u00f3n, es decir, una impugnaci\u00f3n que comprenda todos los soportes probatorios que fincan la decisi\u00f3n, porque si \u00e9sta es parcial, as\u00ed se demuestren los errores denunciados, los fundamentos no controvertidos y determinantes de ella, la siguen manteniendo y por ende el cargo fracasa, porque la presunci\u00f3n de acierto continuar\u00eda vigente. Se reitera, siempre y cuando ellos sean suficientes, per se, para fundar la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
2. Si en torno a las anteriores premisas se confronta la sentencia del ad quem con el cargo propuesto, f\u00e1cilmente se advierte que por estar frente a una impugnaci\u00f3n parcial, el cargo no est\u00e1 llamado a prosperar, por cuanto los fundamentos probatorios no combatidos por la censura, son suficientes para mantener la decisi\u00f3n, as\u00ed se aceptara la demostraci\u00f3n de los dos errores denunciados, cosa que tampoco sucedi\u00f3. <\/p>\n
2.1. El examen de la sentencia impugnada permite colegir que la conclusi\u00f3n f\u00e1ctica a que lleg\u00f3 el Tribunal, en el sentido de no haberse \u201cdemostrado que el accidente se debi\u00f3 a una fuga de gas proveniente de un cilindro vendido por Gases del Caribe\u201d, determinante de la absoluci\u00f3n de la parte demandada, tuvo como soporte las siguientes apreciaciones probatorias: <\/p>\n
a) No constituye hecho notorio afirmar que en Santa Marta s\u00f3lo distribuye gas la empresa Gases del Caribe, pues el funcionario de primera instancia no pudo dar fe de ello, ni por la notoriedad, ni por conocimiento directo, y adem\u00e1s tal circunstancia no se desprende de las otras constancias que ofrece el proceso. <\/p>\n
b) El dicho del testigo Yamil Said Hamin, cuando se refiere a la distribuci\u00f3n del gas como negocio exclusivo de la demandada, \u201cen el fondo no es m\u00e1s que una conjetura propia\u201d de quien \u201chab\u00eda sido llamado para probar otras circunstancias procesales\u201d. <\/p>\n
c) \u201cPero a\u00fan aceptando, en gracia de discusi\u00f3n, que se hubiera dado por notorio el hecho, de ello no se desprende, de esa notoriedad no puede colegirse, que la explosi\u00f3n o el incendio se hubieran producido por causa de fugas en los cilindros de gas que acababan de ser vendidos por la demandada.\u201d <\/p>\n
d) \u201cEl parte de auxilio del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta\u2026 tampoco permite inferir o concluir cual fue la realidad\u201d, pues se limita a dar cuenta de comentarios y nada les consta \u201cdirectamente\u201d . <\/p>\n
e) Dicho \u201cparte\u201d tampoco puede apreciarse porque siendo un documento declarativo proveniente de un tercero, debi\u00f3 ser \u201cratificado\u201d \u201ccon las formalidades de la prueba de testigos, como lo exige el art\u00edculo 277 del C. de P. C.\u201d <\/p>\n
f) El reconocimiento que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta hizo sobre un cilindro de gas, \u201ctambi\u00e9n merece reparos\u201d, porque su decreto no cumpli\u00f3 con las previsiones del art. 236 del C. de P. Civil sobre la prueba pericial. No se pod\u00eda, dice, solicitar al Cuerpo de Bomberos practicar el dictamen, sin que previamente se verificara si exist\u00edan en lista auxiliares expertos en el tema, para s\u00f3lo as\u00ed proceder, \u201cmediante auto en el cual se se\u00f1alara d\u00eda y hora para la posesi\u00f3n y durante ella exigir el juramento a que se contrae el art\u00edculo 236-3 del C. de P. C.\u201d. Adem\u00e1s, el citado \u201cCuerpo\u201d no es ninguna de las entidades a que se refiere el art. 243 ej\u00fasdem. <\/p>\n
De otro lado, explic\u00f3 el Tribunal que el reconocimiento se hizo por una sola persona, cuando la experticia debi\u00f3 ser practicada por dos, de \u00e9l no se dio traslado a las partes como lo exige el art. 238 y el examen se hizo al cabo de dos a\u00f1os de haber ocurrido el incendio y no intervino \u201cning\u00fan funcionario para determinar que ese era exactamente el mismo cilindro que se supon\u00eda caus\u00f3 el incendio\u201d. <\/p>\n
g) El acta de registro de la defunci\u00f3n del se\u00f1or D\u00edaz Granados se hizo en lugar distinto a \u201cdonde ocurri\u00f3 la muerte\u201d lo cual implica un defecto probatorio que \u201cbastar\u00eda para que se despacharan desfavorablemente las s\u00faplicas de la demanda\u201d. <\/p>\n
De estos siete argumentos probatorios el recurrente se ocup\u00f3 de dos, as\u00ed: califica como error de derecho, en cuanto se vulnera el art. 177 del C. de P. Civil, el an\u00e1lisis que acerca del hecho notorio hizo el ad quem, para concluir que no estaba acreditado que la demandada era la distribuidora exclusiva de gas en Santa Marta, y considera que hubo error de hecho al desestimar el Tribunal el contenido del \u201cparte de auxilio\u201d del Cuerpo de Bomberos exigiendo que ellos estuvieron presentes como testigos personales del incendio. Tambi\u00e9n dice que hubo error manifiesto de hecho al descartarse \u201cla veracidad y credibilidad del dicho de Yamil Said Hamin y estimando que s\u00f3lo se trata de una conjetura, cuando la verdad es que el se\u00f1or Said fue testigo presencial de los hechos, casi v\u00edctima del incendio\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Corte se considera relevada de analizar los yerros efectivamente denunciados, pues a\u00fan en el evento de su demostraci\u00f3n, la decisi\u00f3n seguir\u00eda manteniendo vigencia, porque como ya se afirm\u00f3, las conclusiones no atacadas le seguir\u00edan prestando apoyo. N\u00f3tese que tanto al llamado \u201cparte de auxilio\u201d, como al \u201creconocimiento\u201d o dictamen que el Cuerpo de Bomberos rindi\u00f3 y realiz\u00f3 acerca de los hechos y sobre el cilindro de gas, aparentemente causante del incendio, el ad quem les neg\u00f3 eficacia probatoria haci\u00e9ndoles objeciones por irregularidades en la petici\u00f3n, pr\u00e1ctica e incorporaci\u00f3n de dichas pruebas, que para el recurrente no merecieron reparo alguno, pues como se explic\u00f3, estos argumentos atinentes a la contemplaci\u00f3n jur\u00eddica de tales medios, no aparecen controvertidos en ninguna parte del cargo que se examina, como igualmente ocurre con la cr\u00edtica que se plasm\u00f3 con relaci\u00f3n al registro de defunci\u00f3n del se\u00f1or D\u00edaz Granados. <\/p>\n
El cargo, por consiguiente, no prospera. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia pronunciada en este proceso ordinario por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta. <\/p>\n
Las costas del recurso de casaci\u00f3n corren a cargo de la parte recurrente. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase oportunamente al Tribunal de origen. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
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S-081-99 [5012] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Dr. JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., veinticinco (25) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999) […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81685","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81685","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81685"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81685\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81685"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81685"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81685"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}