S-082-99 [5107]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
DR. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C. veintis\u00e9is (26) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
Rad.- Expediente No. 5107 <\/p>\n
Pron\u00fanciase la Corte sobre el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de once (11) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994), dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro del proceso ordinario de pertenencia seguido por el se\u00f1or JOSE MARIA GUERRA LOZANO frente a los se\u00f1ores DIVA LOZANO Vda. DE GUERRA, ANGEL ERNESTO y OLIVERIO GUERRA LOZANO, BLANCA ESMERALDA SILVA DE GUERRA y Personas indeterminadas. <\/p>\n
<\/p>\n
A N T E C E D E N T E S: <\/p>\n
1. Por medio de demanda ordinaria presentada ante el Juez Civil del Circuito de Purificaci\u00f3n, el demandante Jos\u00e9 Mar\u00eda Guerra Lozano trajo a juicio a los demandados arriba citados, con el fin de obtener las siguientes declaraciones judiciales: <\/p>\n
a) Que pertenece al demandante, por prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio, los dos inmuebles descritos en la demanda denominados \u00abSan Jos\u00e9\u00bb y \u00abLas Mesas\u00bb, situados en la vereda \u00abImb\u00e1\u00bb y en la vereda \u00abGuasimal\u00bb, respectivamente, del municipio de Natagaima; b) Que, consecuentemente, se ordene la inscripci\u00f3n de la sentencia en los respectivos folios de matr\u00edcula inmobiliaria; y, c) Que se condene en costas a las personas que se llegaren a oponer a dichas pretensiones. <\/p>\n
2. Los hechos estructurales de la causa petendi, pueden resumirse as\u00ed: <\/p>\n
a) El demandante ha detentado la posesi\u00f3n material de los inmuebles objeto de litigio por un lapso superior a 20 a\u00f1os, con \u00e1nimo de due\u00f1o y sin reconocer dominio ajeno, en forma quieta, p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida. <\/p>\n
b) Dicha posesi\u00f3n se ha manifestado en la ejecuci\u00f3n de actos positivos de due\u00f1o, tales como son: la reparaci\u00f3n de cercos, la explotaci\u00f3n con cultivos y ganados, aserr\u00edo de \u00e1rboles, la siembra de pastos y otros productos agr\u00edcolas, la construcci\u00f3n de corrales, la construcci\u00f3n de una casa de habitaci\u00f3n y, en general, la explotaci\u00f3n econ\u00f3mica de los predios y la implantaci\u00f3n de toda clase de mejoras y cultivos. <\/p>\n
3. De los demandados convocados, comparecieron los se\u00f1ores Diva Lozano Vda. de Guerra y Oliverio Guerra Lozano, quienes en el escrito com\u00fan de contestaci\u00f3n, manifestaron su oposici\u00f3n a la demanda de pertenencia, negaron los hechos fundamentales en que esta se apoya y propusieron la excepci\u00f3n que denominaron de \u00abInexistencia de la Posesi\u00f3n\u00bb y la \u00abExcepci\u00f3n Gen\u00e9rica del art\u00edculo 306 del C. de P.C.\u00bb. Sin manifestar aceptaci\u00f3n ni oposici\u00f3n, tambi\u00e9n contest\u00f3 la demanda la curadora ad litem designada en este proceso. <\/p>\n
4. Rituada la primera instancia, el juez le puso fin por medio de sentencia en la que declar\u00f3 la pertenencia solicitada, orden\u00f3 las inscripciones de rigor e impuso condena en costas a los opositores. <\/p>\n
5. Remitida en consulta la sentencia as\u00ed proferida, el Tribunal dispuso su revocatoria, deneg\u00f3 las s\u00faplicas de la demanda y conden\u00f3 al demandante a pagar las costas de la primera instancia. Contra dicha determinaci\u00f3n, \u00e9ste interpuso el presente recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
LAS MOTIVACIONES DEL FALLO IMPUGNADO: <\/p>\n
1. Comienza por sentar que la situaci\u00f3n litigiosa est\u00e1 regulada por los art\u00edculos 407 del C. de P.C., en armon\u00eda con otras normas del C. Civil, que trae en cita, lo mismo que la ley 50 de 1936. <\/p>\n
Ya situado en la especie de esta litis, dice que el demandante alega la prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio para cuya prosperidad se requiere la demostraci\u00f3n plena de la posesi\u00f3n exclusiva, sin reconocer dominio ajeno, por tiempo no inferior a 20 a\u00f1os. <\/p>\n
2. Dijo que el fundamento de la sentencia de primera instancia lo constituyen los testimonios recibidos a petici\u00f3n del demandante, a partir de los cuales el Juzgador de primer grado encontr\u00f3 acreditado que Guerra Lozano ven\u00eda en posesi\u00f3n material de los predios rurales objeto de pertenencia, desde hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os en forma continua y con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, por haber sido \u00e9ste qui\u00e9n los ha explotado, no obstante que esos actos posesorios, por alg\u00fan tiempo, se efectuaron a trav\u00e9s de terceras personas que siempre estuvieron bajo la continuidad dependencia y subordinaci\u00f3n suya. Agreg\u00f3 el Tribunal, que el Juez a-quo sostuvo que si bien los testigos o\u00eddos a petici\u00f3n de los demandados opositores, manifestaron que el actor no estuvo en posesi\u00f3n material de los aludidos predios desde el tiempo se\u00f1alado por los testigos \u201caportados por \u00e9l\u201d, es decir, desde hace m\u00e1s de veinte a\u00f1os, tambi\u00e9n es verdad que algunos de ellos dan a entender que su testimonio es de o\u00eddas, raz\u00f3n por la cual no desvirt\u00faan o demeritan la prueba testimonial allegada por el actor. <\/p>\n
En fin, despu\u00e9s de referirse a las razones en que se apoya el fallo apelado, el sentenciador afirma que, en principio, podr\u00eda pensarse que con la prueba testimonial solicitada por el demandante, \u00e9ste habr\u00eda podido acreditar esa posesi\u00f3n material, pero, agrega, \u00ab…acontece que los testigos Luis Felipe Chapera Oyola, Mart\u00edn Cutiva Gonz\u00e1lez y Jos\u00e9 Antonio Melo, pedidos por los demandados opositores, afirman que el actor…tan solo viene en posesi\u00f3n material de los predios…de manera continua, p\u00fablica y con \u00e1nimo de se\u00f1or, desde hace unos seis a\u00f1os, y lo dicen no solo porque son vecinos de la regi\u00f3n, sino porque estuvieron trabajando en dichos predios…Tambi\u00e9n manifiestan dichos declarantes que antes de que el demandante entrara a poseer en forma exclusiva…hace aproximadamente seis u ocho a\u00f1os, la posesi\u00f3n material la ejercitaban tanto la madre de \u00e9l como sus hermanos, o sea, que esa posesi\u00f3n era en comunidad\u00bb. <\/p>\n
3. A rengl\u00f3n seguido, se\u00f1ala el fallador que el hecho m\u00e1s relievante radica en que est\u00e1 demostrado que el demandante enajen\u00f3 y transfiri\u00f3 al se\u00f1or Antonio Jos\u00e9 Z\u00e1rate Troncoso, a t\u00edtulo de venta, los derechos que ten\u00eda sobre los predios rurales objeto de usucapi\u00f3n, seg\u00fan la copia de la escritura p\u00fablica No. 602 de 26 de octubre de 1983 que aparece a fls. 12 a 15 vto. del cuaderno principal. <\/p>\n
De lo anterior infiere que \u00aba\u00fan en el caso de que el vendedor no le hubiese hecho entrega real y material de la cosa al comprador, como parece que ocurri\u00f3, seg\u00fan se deduce de lo afirmado por los testimonios…y de lo constatado en la inspecci\u00f3n judicial, lo cierto del caso es que el aqu\u00ed demandante…se convirti\u00f3 de poseedor en mero tenedor, al despojarse del animus domini, o \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o que lo acompa\u00f1\u00f3 hasta la fecha de celebraci\u00f3n de la compraventa, es decir, hasta el 26 de octubre de 1983\u00bb; y por ser tenedor se tornan improcedentes las pretensiones de la demanda. Sobre el tema, el fallador transcribe jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Basado en los razonamientos anteriores, el ad quem concluye que \u00abla sentencia consultada, por ser ilegal, debe infirmarse y, como consecuencia de ello, denegar las peticiones de la demanda\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACI\u00d3N: <\/p>\n
En ella se formulan dos cargos, ambos con respaldo en la causal primera de casaci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 368 del C. de P.C., los cuales ser\u00e1n despachados de manera conjunta por las razones que adelante se explican. <\/p>\n
CARGO PRIMERO: <\/p>\n
Ac\u00fasase la sentencia recurrida de \u00abser violatoria de los art\u00edculos 673, 762, 981, 2512, 2518, 2525, y ley 50 de 1936 Art. 1o. incurriendo el fallador en ERROR DE HECHO consistente en la infracci\u00f3n de los art\u00edculos 174, 175 y 187 del C. de P.C., al no apreciar en su conjunto la totalidad de las pruebas aportadas\u00bb. <\/p>\n
En el desarrollo del cargo, el censor rememora que el Tribunal bas\u00f3 su sentencia desestimativa de la pretensi\u00f3n de pertenencia, en la demostraci\u00f3n de la posesi\u00f3n exclusiva por tiempo escaso para usucapir. <\/p>\n
A partir de esa premisa, le enrostra error evidente \u00ab…al haber analizado la prueba testimonial de la parte demandada, y no, hacer el an\u00e1lisis cr\u00edtico de la prueba testimonial de la parte demandante; ya que si hubiera hecho este an\u00e1lisis, el ad quem, habr\u00eda llegado a una conclusi\u00f3n diferente de valorizaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n de la prueba…\u00bb, para deducir la usucapi\u00f3n en favor del actor. <\/p>\n
Se\u00f1ala que en el acervo probatorio obran los testimonios – solicitados por el demandante – de los se\u00f1ores Ciro Ducuara Capera (C. 3, Fls. 7 y 8), Marco Antonio Jim\u00e9nez (C. 3, Fls 9 y 10), Humberto Murcia Gonz\u00e1lez (C. 3, Fls. 9 y 10 ) y Francisco Cardozo Murcia (C.3, Fls. 12 a 13), cuyas versiones el censor resume y transcribe en algunos de sus apartes, particularmente en lo relativo a la posesi\u00f3n de largo tiempo que ha venido ejerciendo el demandante. <\/p>\n
Dicha prueba, agrega, no fue analizada por el Tribunal, en su conjunto, siendo que demuestra los presupuestos materiales para declarar la pertenencia, ya que \u00abdan las circunstancias de tiempo, modo y lugar, de sus dichos y las mismas circunstancias que tuvo el conocimiento narrado\u00bb, m\u00e1xime que son vecinos de la regi\u00f3n, colindantes del demandante y varios de ellos son trabajadores de las fincas por cuenta de \u00e9ste; y si el sentenciador los hubiera tenido en cuenta, habr\u00eda dado por demostrada la posesi\u00f3n alegada por tiempo superior a los 20 a\u00f1os. <\/p>\n
De otro lado, sostiene el impugnante, el fallador tuvo en cuenta los testimonios solicitados por la parte demandada, aunque basta con leer sus declaraciones para ver que son contradictorios, incoherentes, no acordes en las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos narrados, y que en algunos pasajes aluden a hechos que conocen de o\u00eddas. <\/p>\n
A ese respecto resume y critica el testimonio de Luis Felipe Capera Oyola (C. 2, Fls. 28, 29 y 30); el de Mart\u00edn Cutiva Gonz\u00e1lez (C. 2, Fl. 17), en cuanto manifiestan que hace seis a\u00f1os que el demandante detenta la posesi\u00f3n; y el de Jos\u00e9 Antonio Oviedo, que se refiere al mismo tiempo de posesi\u00f3n. <\/p>\n
Por \u00faltimo, la censura insiste en que los testigos del demandante no fueron analizados en conjunto y con criterios de la sana cr\u00edtica, a pesar de que cumplen todos los requisitos para dar por demostrados los hechos de la demanda y en particular la posesi\u00f3n veintenaria del actor. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
En \u00e9l se imputa al fallo impugnado, el quebranto indirecto de los mismos preceptos citados en el anterior – dici\u00e9ndose ya que hacen parte del C\u00f3digo Civil -, salvo las normas de orden procesal all\u00ed mencionadas, a consecuencia de la err\u00f3nea apreciaci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
El recurrente, centrado en la consideraci\u00f3n del fallador por la cual este concluy\u00f3 que el demandante se torn\u00f3 en mero tenedor por haber enajenado anteriormente sus derechos sobre los inmuebles objeto de litigio, le imputa la comisi\u00f3n de los siguientes errores de hecho: <\/p>\n
a) No se tuvo en cuenta que el demandante Guerra Lozano en ning\u00fan momento se desprendi\u00f3 de la posesi\u00f3n material, seg\u00fan lo demuestran las pruebas testimonial y de inspecci\u00f3n judicial, aportadas a los autos. <\/p>\n
b) No hay prueba de que el demandante le hubiese entregado la posesi\u00f3n material a su comprador Antonio Jos\u00e9 Z\u00e1rate Troncoso. <\/p>\n
c) No se percat\u00f3 de que los derechos que le hab\u00eda comprado Z\u00e1rate Troncoso, los vendi\u00f3 a la se\u00f1ora Blanca Esmeralda Silva de Guerra, seg\u00fan obra en la escritura p\u00fablica 812 de 24 de agosto de 1987 (C. 1, Fl 9) y que tampoco en ese caso, se hizo entrega de la posesi\u00f3n material a la compradora; es decir, la posesi\u00f3n del demandante ha sido continua y pac\u00edfica por m\u00e1s de 20 a\u00f1os. <\/p>\n
d) No se tuvo en cuenta que a Blanca Esmeralda Silva de Guerra se le demand\u00f3, como titular de la cuota parte de los derechos que el demandante le hab\u00eda vendido, y, sin embargo, \u00ab… no aleg\u00f3 [ debiendo hacerlo s\u00f3lo ella ], ninguna clase de hechos exceptivos relacionados con el derecho de dominio que hab\u00eda adquirido…\u00bb. <\/p>\n
e) Err\u00f3 el sentenciador al considerar que por la venta de dichos derechos de dominio, el demandante se hab\u00eda desprendido de la posesi\u00f3n material y el \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o de la totalidad de los predios relacionados en la demanda: en primer lugar, porque en ning\u00fan momento abandon\u00f3 dicha posesi\u00f3n, la que ha venido ejerciendo; en segundo lugar, porque \u00abbasta mirar la Escritura P\u00fablica en donde solamente se vende su cuota parte en com\u00fan y pro indiviso, mas no la totalidad de los predios, ya que, las otras cuotas proindivisas est\u00e1n en cabeza de los demandados\u00bb; y, en tercer lugar, porque \u00abla propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE: <\/p>\n
1. Sobre dos pilares fundamentales descansa el fallo impugnado, desestimativo de la pretensi\u00f3n de pertenencia: la falta de demostraci\u00f3n de la posesi\u00f3n material, exclusiva y veintenaria, por parte del demandante y la conversi\u00f3n de \u00e9ste de poseedor a mero tenedor por haber vendido sus derechos radicados en los inmuebles disputados. <\/p>\n
La circunstancia de que tales aspectos se combatan por separado, en su orden, en los cargos primero y segundo, impone el examen conjunto de \u00e9stos seg\u00fan dispone la regla 3a. del art\u00edculo 51 del Decreto 2651 de 1991. Adem\u00e1s, fracasar\u00edan – sin m\u00e1s – por pecar de incompletos, vistos separadamente. <\/p>\n
2. No obstante lo acabado de decir, los cargos ni a\u00fan conjuntamente considerados tienen virtualidad para desquiciar la sentencia impugnada por las razones que a continuaci\u00f3n se explican: <\/p>\n
a) En el primer cargo, la censura se duele por v\u00eda del error de hecho, de que el sentenciador no hubiese efectuado el an\u00e1lisis conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica, de la prueba testimonial aportada por el demandante sobre el largo tiempo de posesi\u00f3n que ha venido ejerciendo el demandante que, seg\u00fan estima, lo habilita para usucapir, y objeta que, por el contrario, s\u00ed hubiese prohijado las versiones de los testigos de la parte demandada que aluden a una posesi\u00f3n material insuficiente en el tiempo para alcanzar la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio. <\/p>\n
La acusaci\u00f3n expuesta de una manera inconsistente ya que sin la precisi\u00f3n debida entrevera aspectos propios del error de hecho y de derecho, evidencia de todos modos un planteamiento que no corresponde a lo que en realidad muestra el fallo impugnado, pues tilda a \u00e9ste de haber omitido el an\u00e1lisis de la prueba testimonial del demandante, cuando, seg\u00fan se extract\u00f3 antes, fue a partir de all\u00ed que el sentenciador hizo la confrontaci\u00f3n de conjunto con los testigos del demandado y que opt\u00f3 por darle mayor credibilidad a \u00e9stos, en particular porque estim\u00f3 que los \u00faltimos saben que la posesi\u00f3n material del demandante data de escasos seis a\u00f1os – habida cuenta de que \u00abson vecinos de la regi\u00f3n\u00bb y \u00abestuvieron trabajando en dichos predios\u00bb. <\/p>\n
El censor, se limita en su demanda, a transcribir lo que dicen los testigos de uno u otro lado, sin desplegar la actividad necesaria conducente a establecer en d\u00f3nde se anida el error de hecho en la apreciaci\u00f3n probatoria del fallador; aduce que merecen mayor credibilidad aquellos que se refieren a la posesi\u00f3n del demandante por el tiempo necesario para usucapir y mucho menos o ninguna credibilidad los que no se la reconocen por tanto tiempo, apreciaci\u00f3n que por razonable que pueda ser, no permite, per se, la intromisi\u00f3n del juez de casaci\u00f3n en las estimaciones f\u00e1cticas efectuadas por el sentenciador de instancia. <\/p>\n
Viene al caso reiterar la doctrina de la Corte, seg\u00fan la cual \u00ab…La estimaci\u00f3n f\u00e1ctica de la mayor o menor credibilidad que produzca en el Juzgador una prueba en particular, o todas ellas en conjunto, en cualquier acervo probatorio…queda bajo la discreta autonom\u00eda y soberan\u00eda probatoria del Juzgador de instancia, siendo solamente atacable en casaci\u00f3n en caso de error manifiesto o evidente de hecho, lo que no se presenta cuando entre varias conclusiones posibles y l\u00f3gicas el ad quem escoge una de ellas que resulta razonable frente a la igualmente bien elaborada por el censor, quedando inc\u00f3lume la presunci\u00f3n de acierto con que llega la sentencia a la Corte…\u00bb (Casaci\u00f3n de 6 de mayo de 1991). <\/p>\n
En s\u00edntesis, pues, la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial no supone una nueva oportunidad para que las partes aborden el an\u00e1lisis de las pruebas, como si el recurso de casaci\u00f3n fuese una tercera instancia – que no lo es -, toda vez que por ese medio de impugnaci\u00f3n se enjuicia la legalidad de la sentencia con el fin de obtener su quebrantamiento por la infracci\u00f3n de normas sustantivas debido a evidentes yerros de apreciaci\u00f3n probatoria. <\/p>\n
b) En relaci\u00f3n con el cargo segundo, en el cual se objeta la tesis del fallador consistente en que el demandante se torn\u00f3 en mero tenedor por haber enajenado sus derechos sobre los inmuebles disputados, seg\u00fan la compraventa que obra en la escritura p\u00fablica No. 602 de 26 de octubre de 1983, lo que supone que se desprendi\u00f3 del \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o, la Sala observa que el recurrente parte de afirmaciones que no son ciertas y que, por lo mismo, descartan la existencia de los yerros de hecho all\u00ed denunciados. <\/p>\n
En efecto, el impugnante afirma que el sentenciador no tuvo en cuenta que el demandante, no obstante la celebraci\u00f3n de la referida venta, jam\u00e1s dej\u00f3 de poseer los inmuebles; ni contempl\u00f3 que en ning\u00fan momento le hizo entrega material de estos al comprador Antonio Jos\u00e9 Z\u00e1rate; ni vio que dicha venta se refer\u00eda a la cuota parte en com\u00fan y proindiviso, mas no a la totalidad de los predios en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Empero, el Tribunal, justamente a partir de esas verificaciones y premisas que sin raz\u00f3n echa de menos la censura, es decir, a partir de que el demandante vendi\u00f3 \u00absus derechos\u00bb y de que no hizo la entrega material de la cosa vendida, considera desde un punto de vista estrictamente jur\u00eddico que en tal virtud el demandante \u00abse convirti\u00f3 de poseedor en mero tenedor, al despojarse del animus domini, o \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o que lo acompa\u00f1\u00f3 hasta la fecha de la celebraci\u00f3n de la compraventa, es decir, hasta el 26 de octubre de 1983\u00bb. <\/p>\n
Significa lo anterior que el fallador no s\u00f3lo no omiti\u00f3 hacer las referidas constataciones, sino que de ellas dedujo la consecuencia jur\u00eddica de otorgarle al demandante la calidad de mero tenedor, torn\u00e1ndose en improcedente la declaraci\u00f3n de pertenencia solicitada; este soporte de la sentencia, si bien puede ser combatido en casaci\u00f3n, sin embargo no puede serlo por la v\u00eda indirecta sino por la directa, pues los hechos y la prueba de los mismos en ese sentido, fueron contemplados objetivamente por el sentenciador de modo id\u00e9ntico al que resalta ahora la censura, quien realmente objeta la mencionada consecuencia o conclusi\u00f3n jur\u00eddica. <\/p>\n
En fin, por irrelevantes en relaci\u00f3n con los fundamentos del fallo impugnado y por superfluo ante las precedentes consideraciones, resulta vano e inocuo examinar los dem\u00e1s errores de hecho que se le imputan al fallador en el cargo segundo, los cuales deduce la censura por no haber observado aqu\u00e9l que el demandante, por medio de una ulterior venta, tambi\u00e9n enajen\u00f3 los mismos derechos y tampoco en esa ocasi\u00f3n hizo entrega material de los predios a su nueva compradora Blanca Esmeralda Silva de Guerra, e igualmente por no haber visto que \u00e9sta fue citada como demandada en el presente proceso y no propuso ning\u00fan medio exceptivo relacionado con el derecho de dominio que hab\u00eda adquirido. <\/p>\n
3. S\u00edguese de todo lo dicho, que ninguno de los cargos propuestos puede prosperar, sean vistos en forma separada o conjunta. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, N O C A S A la sentencia de once (11) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994), dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro del proceso ordinario de pertenencia seguido por el se\u00f1or JOSE MARIA GUERRA LOZANO frente a los se\u00f1ores DIVA LOZANO Vda. DE GUERRA, ANGEL ERNESTO y OLIVERIO GUERRA LOZANO, BLANCA ESMERALDA SILVA DE GUERRA y Personas indeterminadas. <\/p>\n
Costas en el recurso de casaci\u00f3n a cargo de la parte recurrente y en favor de la parte opositora. Oportunamente ser\u00e1n tasadas. <\/p>\n
C\u00f3piese y Notif\u00edquese <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
S-082-99 [5107] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente DR. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C. veintis\u00e9is (26) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999). Rad.- […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81686","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81686","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81686"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81686\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81686"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81686"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81686"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}