S-083-99 [5225]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
DR. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, Distrito Capital, cuatro (4) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
Ref: Expediente No. 5225 <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de quince (15) de julio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), dictada por la Sala Civil del Tribunal del Distrito Judicial de Tunja, dentro del proceso ordinario seguido por la COFRADIA DEL SANTISIMO ROSARIO DE CHIQUINQUIRA frente a la se\u00f1orita TERESA DE JESUS SANDOVAL SANTAMARIA. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Al Juzgado 2o. Civil del Circuito de Chiquinquir\u00e1 le correspondi\u00f3 conocer de la demanda incoativa del citado proceso, contentiva de las siguientes pretensiones: <\/p>\n
Principales: 1a.) Que se declare nulo, de nulidad absoluta, el contrato de compraventa recogido en la escritura p\u00fablica No. 064 de 2 de febrero de 1988, pasada en la Notar\u00eda 1a. de Chiquinquir\u00e1 y debidamente registrada, mediante la cual el Padre Fray Eriberto Santamar\u00eda Puerto, en su condici\u00f3n de Director de la Cofrad\u00eda, dijo vender a la demandada el inmueble relacionado y descrito en la demanda. 2a.) Consecuentemente, que se condene a la demandada a restitu\u00edr a la demandante el inmueble objeto de la compraventa, junto con sus mejoras y anexidades; y a pagar los frutos civiles y naturales que hubiera podido producir dicho bien, desde el 2 de febrero de 1988 hasta cuando se verifique la restituci\u00f3n. 3a.) Que se ordene al Notario respectivo la cancelaci\u00f3n de la citada escritura p\u00fablica. 4a.) Que se condene a la demandada a pagarle a la Cofrad\u00eda, el valor de los deterioros que haya sufrido el inmueble desde cuando tom\u00f3 posesi\u00f3n material del mismo. <\/p>\n
Se\u00f1ala la demanda como Pretensiones Subsidiarias: <\/p>\n
Primera (Simulaci\u00f3n Absoluta), a) Que se declare que el contrato de compraventa precisado en la pretensi\u00f3n principal de este libelo, es simulado, de simulaci\u00f3n absoluta; b) Que, consecuentemente, se declare que el inmueble relacionado en la escritura p\u00fablica que lo recoge, es de propiedad de la demandante; c) Que, consecuentemente, se hagan las declaraciones descritas en los numerales 2a., 3a. y 4a., derivadas de las pretensiones principales (simulaci\u00f3n Absoluta). <\/p>\n
Segunda (simulaci\u00f3n relativa),: a) Que se declare que el mismo contrato, \u00abes simulado relativamente, y s\u00f3lo entra\u00f1a una donaci\u00f3n entre vivos realizada por la vendedora en favor de la aparente compradora\u00bb; b) Que se declare que la pretendida donaci\u00f3n es nula, de nulidad absoluta, por carencia de requisitos esenciales; c) \u00abQue, consecuencialmente, se hagan contra la demandada … las declaraciones 2a., 3a. y 4a., se\u00f1aladas…como consecuenciales de la pretensi\u00f3n principal\u00bb. <\/p>\n
\u00abEn subsidio\u00bb, suplic\u00f3: a) Que se declare que la pretendida donaci\u00f3n es v\u00e1lida en cuanto a la suma de $2.000, en relaci\u00f3n con el valor del inmueble, y nula en el exceso por falta de insinuaci\u00f3n; b) Que, en consecuencia, se declare que la demandada debe restitu\u00edr a la demandante el exceso de dicha donaci\u00f3n, o sea el derecho proindiviso equivalente, junto con los frutos civiles y naturales correspondientes, a partir del 2 de febrero de 1988 y hasta el d\u00eda de la restituci\u00f3n; y c) Que se hagan las anotaciones respectivas en la Notar\u00eda y en la respectiva Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos. <\/p>\n
En fin, se pide en la demanda que \u00abcualquiera sea la pretensi\u00f3n que llegare a prosperar, solicito se condene a la demandada al pago de las costas del proceso\u00bb. <\/p>\n
2. La causa petendi que le sirve de respaldo a las precedentes pretensiones se puede compendiar del siguiente modo: <\/p>\n
a. La organizaci\u00f3n de la Cofrad\u00eda demandante fue conferida a la orden de los Padres Dominicos y, seg\u00fan la ley can\u00f3nica, surgi\u00f3 como persona moral o jur\u00eddica desde el momento de su creaci\u00f3n; estatutariamente la representa el Prior del Convento Dominicano de Nuestra Se\u00f1ora del Rosario de Chiquinquir\u00e1, cargo que en la fecha de la escritura cuestionada era desempe\u00f1ado por Fray Domingo Mar\u00eda M\u00e9ndez. <\/p>\n
b. Dici\u00e9ndose Director de la Cofrad\u00eda, Fray Eriberto Santamar\u00eda Puerto compr\u00f3 para la demandante – a\u00f1o de 1952 -, un inmueble situado en la zona urbana de Chiquinquir\u00e1, donde levant\u00f3 una edificaci\u00f3n y organiz\u00f3 un centro educativo que se encarg\u00f3 de dirigir personalmente; despu\u00e9s, alegando razones de salud y sin facultades para ello, design\u00f3 como Rectora a su sobrina leg\u00edtima, la demandada Teresa de Jes\u00fas Sandoval. <\/p>\n
c. A fines de 1987 el estado de salud del citado Fraile se fue deteriorando, situaci\u00f3n que aprovech\u00f3 la demandada para hacerle creer a su t\u00edo que era necesario que le vendiera a ella \u00aben confianza\u00bb el referido inmueble, con el fin de evitar su embargo; le dijo que una vez canceladas las deudas de la Cofrad\u00eda ella firmar\u00eda la escritura para retornar el bien, ya que no habr\u00eda pago del precio, ni intenci\u00f3n de adquirir por parte suya. A comienzos de 1988, obtuvo que su t\u00edo le prometiera suscribir la escritura de confianza, la misma que es ahora materia de litigio. <\/p>\n
En dicho instrumento se afirma que el Reverendo Eriberto Santamar\u00eda Puerto, en su calidad de Director de la Cofrad\u00eda, vende el inmueble a la demandada; que el precio pactado y pagado a satisfacci\u00f3n es de $8.000.000 – cuando el valor comercial era superior a $50.000.000. -; y que la compradora est\u00e1 en posesi\u00f3n material del bien. <\/p>\n
d. En el proceso penal adelantado contra Teresa de Jes\u00fas Sandoval, Fray Eriberto Santamar\u00eda Puerto neg\u00f3 que hubiera impuesto su firma en la escritura p\u00fablica, pues no acostumbraba usar la \u00abH\u00bb en su nombre; igualmente fue categ\u00f3rico en sostener que nunca recibi\u00f3 precio alguno y que se trataba de una escritura de confianza. Sin embargo, la demandada ni pag\u00f3 dicho precio ni estaba en condiciones econ\u00f3micas de hacerlo, pero se atrevi\u00f3 a decir en el sobredicho proceso penal, que hab\u00eda pagado realmente la suma de $20.000.000 en efectivo y en la misma Notar\u00eda, hecho que ninguna persona presenci\u00f3 y que contradice lo dicho por el Notario, quien en su declaraci\u00f3n afirm\u00f3 que se traslad\u00f3 al Convento para tomarle la firma al Padre Eriberto. <\/p>\n
e. De acuerdo con el C\u00f3digo Can\u00f3nico vigente a partir de 1983, los bienes temporales de cualquier asociaci\u00f3n cat\u00f3lica, como es la demandante, son bienes eclesi\u00e1sticos y se rigen por sus normas y por los dem\u00e1s estatutos que se mencionan en la demanda; seg\u00fan ellos, para que sea v\u00e1lida su enajenaci\u00f3n se requiere obtener distintas autorizaciones, el lleno de otros requisitos y se prohibe vender bienes eclesi\u00e1sticos a parientes de sus administradores dentro del 4o. grado de consanguinidad. <\/p>\n
Asevera la demandante que como lo anterior se pretermiti\u00f3 en el otorgamiento de la escritura p\u00fablica, ello \u00abacarrea la nulidad absoluta de la pretendida enajenaci\u00f3n\u00bb; y que dichas omisiones y prohibici\u00f3n no se subsanan con la autorizaci\u00f3n que consta en el \u00fanico documento que se protocoliz\u00f3 con la escritura de transferencia. <\/p>\n
f. Por \u00faltimo, se dice en la demanda que si lo que Fray Eriberto pretendi\u00f3 realmente fue donar a su sobrina leg\u00edtima el inmueble cuestionado, tal donaci\u00f3n es en principio nula, de nulidad absoluta, \u00abpor haberse pretermitido formalidades propias de la enajenaci\u00f3n de bienes eclesi\u00e1sticos, y, subsidiariamente, nula en cuanto exceda la suma de dos mil pesos ($2.000)\u00bb, por falta de insinuaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Admitida la demanda y notificado el auto admisorio a la demandada, esta dio respuesta oportuna a la misma por medio de escrito en el cual se opuso a todas y cada una de las pretensiones; respecto de los hechos neg\u00f3 la mayor\u00eda y de otros desconoci\u00f3 su car\u00e1cter de tales. Propuso, adem\u00e1s, varias excepciones de m\u00e9rito o fondo. <\/p>\n
4. Rituada la primera instancia, el a quo dicto la sentencia fechada el 26 de abril de 1993, por medio de la cual decret\u00f3 la nulidad del contrato de compraventa materia de litigio e hizo los ordenamientos consecuentes; providencia que fue adicionada por auto posterior, en el cual se declararon sin fundamento y no probadas las excepciones propuestas por la demandada y se deneg\u00f3 \u00abla restituci\u00f3n o reembolso de acuerdo con las exigencias del art\u00edculo 1747 del C\u00f3digo Civil\u00bb. <\/p>\n
5. La demandada interpuso el recurso de apelaci\u00f3n y el Tribunal al decidirla revoc\u00f3 el fallo de primera instancia y dispuso, en su lugar, \u00abDeclarar inhibido al juez del conocimiento para proferir sentencia de m\u00e9rito\u00bb. Contra el fallo de segundo grado, la parte demandante interpuso el presente recurso de casaci\u00f3n <\/p>\n
FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Dice el Tribunal que el presupuesto procesal de la demanda en forma, persigue que tal acto contenga un m\u00ednimo de requisitos que permitan conocer con certeza los nombres de las partes, lo que se pretende, los fundamentos de hecho \u00aby que si se incoan varias pretensiones no sean excluyentes, a menos que se propongan unas como principales y otras como subsidiarias y que en este \u00faltimo supuesto las segundas no excluyan de principio las primeras\u00bb. <\/p>\n
Sobre dicho presupuesto procesal, afirma el sentenciador, la Jurisprudencia tiene sentado que cuando se pretenda demandar simulaci\u00f3n y nulidad de un contrato, dada la naturaleza de cada uno de estas instituciones, es perentorio que se demande como principal la simulaci\u00f3n y subsidiariamente la nulidad; en otras palabras, que por conllevar la simulaci\u00f3n concierto entre los contratantes para aparentar la celebraci\u00f3n de un negocio jur\u00eddico que realmente no se quiere o con el prop\u00f3sito de encubrir uno distinto, \u00abno es conducente partir de la afirmaci\u00f3n de su seriedad y veracidad para implorar principalmente la nulidad y posponer, para el supuesto de que no prospere, a afirmar su apariencia y consecuente simulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
La demanda para que sea apta, reitera el Tribunal, debe pedir en primer t\u00e9rmino, la simulaci\u00f3n y solamente en el evento de que no prospere y se reafirme la seriedad del negocio, invocar su ineficacia por la presencia de alguna de las causales de nulidad. Sobre el tema, cita el siguiente aparte de la sentencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil, proferida el 26 de febrero de 1991: <\/p>\n
\u00abDe lo anterior se desprende la imposibilidad de acumularse en forma principal las pretensiones de simulaci\u00f3n y nulidad del mismo negocio jur\u00eddico…; y la de simulaci\u00f3n como subsidiaria de la nulidad formulada como principal, pues impl\u00edcitamente excluye la subsidiaria de simulaci\u00f3n, que presupone, contrariamente, la inexistencia de los efectos p\u00fablicos queridos. En cambio su acumulaci\u00f3n resulta pertinente cuando, siguiendo la l\u00f3gica y compatibilidad jur\u00eddica, se proponga la simulaci\u00f3n como principal y la otra como subsidiaria (art. 82 num. 2 del C. de P.C.), o la de nulidad del acto oculto como consecuencia de la declaratoria de simulaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Basado en lo anterior, asevera el fallador que de la demanda se infiere \u00abque el demandante incurri\u00f3 al proponer las pretensiones de nulidad absoluta, simulaci\u00f3n absoluta y simulaci\u00f3n relativa, en la irregularidad resaltada por la Jurisprudencia citada, ya que pidi\u00f3 primero la nulidad y posterg\u00f3 para las subsidiarias las de simulaci\u00f3n\u00bb; y que siendo improcedente el orden en que fueron incoadas las pretensiones, la demanda no es id\u00f3nea, circunstancia que impide decisi\u00f3n de fondo. Que como se ignor\u00f3 \u00aben la sentencia de primera instancia esta irregularidad y decidido (sic) con fallo de m\u00e9rito, procede su revocatoria y en su lugar el de forma\u00bb. <\/p>\n
2. De otra parte, arguye el fallador, en cuanto en la demanda se afirma que quien actu\u00f3 como representante de la vendedora en el contrato objeto de litigio, no ten\u00eda tal representaci\u00f3n, \u00abconsideramos necesaria su vinculaci\u00f3n al proceso para darle acatamiento al art\u00edculo 83 del C. de P.C., pues la decisi\u00f3n que se adopte puede llegar a afectarlo, particularmente si prospera la demanda, toda vez que podr\u00eda originarse una responsabilidad personal frente a los efectos del negocio jur\u00eddico. Y en el evento de que hubiere fallecido a sus sucesores (art. 81 del C. de P.C.)\u00bb; en ese sentido, agrega, si como se afirma en la demanda, Eriberto Santamar\u00eda actu\u00f3 sin mandato, la decisi\u00f3n judicial lo vincula necesariamente, raz\u00f3n para que su comparecencia al proceso sea inexcusable; irregularidad que ya no es remediable y configura un aspecto m\u00e1s para el fallo inhibitorio. <\/p>\n
3. Por \u00faltimo, sostiene el sentenciador que para que la demanda sea clara ha debido se\u00f1alarse con precisi\u00f3n si la parte actora es entidad de derecho eclesi\u00e1stico o de derecho privado, para tener certeza sobre los sujetos del proceso, \u00abtoda vez que al acudirse indistintamente a uno y otro criterio se crea confusi\u00f3n en torno a la verdadera identidad de la demandante\u00bb. <\/p>\n
EL RECURSO DE CASACION <\/p>\n
Como quiera que de los dos cargos contenidos en la demanda de casaci\u00f3n, apuntalados ambos en la causal prevista en el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el segundo de ellos habr\u00e1 de prosperar, a \u00e9ste circunscribir\u00e1 la Corte su examen. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Ac\u00fasase en \u00e9l la sentencia impugnada de violar directamente, por falta de aplicaci\u00f3n, los art\u00edculos 1602, 1603, 1618, 1625, num. 8, 1740, 1741, 1743, 1746, 1766, 1443, 1458 del C. Civil, 2o. de la ley 50 de 1936, \u201ca causa del an\u00e1lisis equivocado que el sentenciador hizo de la naturaleza jur\u00eddica del presupuesto procesal de demanda en forma\u201d. <\/p>\n
En la fundamentaci\u00f3n del cargo se citan varios apartes del fallo impugnado; especialmente se alude a que el Tribunal, amparado en la sentencia de la Sala de Casaci\u00f3n Civil proferida el 26 de febrero de 1991, asumi\u00f3 que no es dable acumular las pretensiones \u00ab…de simulaci\u00f3n como subsidiaria de la nulidad formulada como principal, pues impl\u00edcitamente excluye la subsidiaria de simulaci\u00f3n, que presupone, contrariamente, la existencia de efectos p\u00fablicos queridos…\u00bb, providencia en que se apoy\u00f3 el fallador para deducir la ineptitud formal de la demanda con que se dio inicio al presente proceso y, de contera, para proferir la decisi\u00f3n inhibitoria combatida en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1ala el casacionista que la demanda en forma debe cumplir los requisitos establecidos en los art\u00edculos 75, 76 y 77 del C. de P.C. y si existe acumulaci\u00f3n de pretensiones ella debe ser procedente; se requiere, adem\u00e1s, que el contradictorio est\u00e9 debidamente integrado como lo establece el art. 83 del C. de P.C. <\/p>\n
A partir de esas premisas, en resumen, explica: <\/p>\n
a) Que el art\u00edculo 82-2 ib. dispone que el demandante podr\u00e1 acumular objetivamente en una misma demanda varias pretensiones aunque no sean conexas siempre que \u00ablas pretensiones no se excluyan entre s\u00ed, salvo que se propongan como principales y subsidiarias\u00bb, de suerte que si unas y otras se aducen como principales no es de recibo la acumulaci\u00f3n, \u00abpero lo ser\u00e1 si se presentan como subsidiarias una de la otra , pues en este caso no se suplica que se declaren al mismo tiempo, sino en subsidio la \u00faltima de la primera\u00bb, doctrina que afirma est\u00e1 avalada por varias sentencias de la Corte y por los tratadistas nacionales. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, sostiene el recurrente que resulta \u00abmanifiestamente errado, injur\u00eddico, afirmar, como lo hace el ad quem, que no es procedente suplicar en una demanda, como pretensi\u00f3n principal la nulidad de un contrato, como expresi\u00f3n p\u00fablica, ostensible, hecha ante un Notario…por carecer de las formalidades que la ley prescribe para que tenga valor, y como pretensi\u00f3n subsidiaria, la simulaci\u00f3n del mismo, no ya por ausencia de requisitos, sino por haber servido de instrumento para encubrir una operaci\u00f3n distinta, privada, realmente contentiva de la verdadera voluntad de las partes\u00bb, siendo que tal acumulaci\u00f3n encaja perfectamente dentro de las exigencias del art\u00edculo 82 del C. de P.C. <\/p>\n
Agrega que en la misma jurisprudencia en que se apoya el sentenciador de instancia, la Corte advierte que la imposibilidad de la acumulaci\u00f3n que all\u00ed se predica, se refiere exclusivamente a que tiene lugar cuando se ejercita s\u00f3lo la acci\u00f3n simulatoria, es decir, la que contempla o juzga las dos declaraciones de los contratantes, la p\u00fablica y la oculta. <\/p>\n
Pero, a\u00f1ade el censor, esa posici\u00f3n doctrinaria no tiene aplicaci\u00f3n cuando se ejercita como pretensi\u00f3n principal la nulidad del contrato por ausencia de requisitos esenciales, porque en tal caso a dicha pretensi\u00f3n se le puede acumular la subsidiaria de simulaci\u00f3n absoluta o relativa de la declaraci\u00f3n p\u00fablica y, como consecuencia, obtener bien la ineficacia total del acto (simulaci\u00f3n absoluta), ora el cumplimiento del acuerdo privado u oculto o la nulidad de este (simulaci\u00f3n relativa), puesto que la una se propone como principal (la nulidad del acto) y la simulaci\u00f3n (examen del querer real de las partes) como subsidiaria; adem\u00e1s una y otra tienen causa, objeto y estructuras diferentes, circunstancias que las hacen acumulables al tenor del art. 82-2o del C. de P.C. <\/p>\n
Afirma que, de ese modo, el Tribunal analiz\u00f3 erradamente la naturaleza jur\u00eddica de la acumulaci\u00f3n de pretensiones en una sola demanda, lo que, a su vez, tiene que ver con el presupuesto procesal de demanda en forma; equivocaci\u00f3n que lo llev\u00f3 a proferir equivocadamente un fallo inhibitorio. <\/p>\n
b) Con referencia a la \u00abausencia de contradictorio\u00bb, el recurrente empieza por explicar en qu\u00e9 consiste el litisconsorcio necesario para concluir, con apoyo en la doctrina y en la jurisprudencia citadas en el cargo, que si dicho litisconsorcio \u00abse deriva de la naturaleza de la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial sobre la cual debe pronunciarse el juez, entendiendo por relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial la que se origina en una norma sustancial,…si el litisconsorcio necesario es un problema de legitimaci\u00f3n en la causa…si hay que analizarlo a trav\u00e9s del derecho material, resulta incuestionable que el Tribunal interpret\u00f3 err\u00f3neamente los art\u00edculos 51 y 83 del C. de P.C. al afirmar que para la leg\u00edtima integraci\u00f3n del contradictorio se requiere la presencia, no de los titulares del derecho sustancial en litigio, que es lo ajustado a la ley, sino, igualmente, la de quienes intervinieron en el acto de manera circunstancial, como los apoderados o representantes, t\u00e9sis esta \u00faltima que distorsiona manifiestamente el sentido jur\u00eddico de las normas procesales comentadas. <\/p>\n
Este error, culmina diciendo el impugnante, llev\u00f3 al Tribunal \u00aba la conclusi\u00f3n, igualmente err\u00f3nea, de que la demanda es inepta, por falta de integraci\u00f3n del contradictorio al no haber sido demandado el Padre Santamar\u00eda, quien en la compraventa cuestionada obr\u00f3, no a nombre propio, sino en el de la Cofrad\u00eda que dijo representar\u00bb, yerro que propici\u00f3 el fallo inhibitorio cuestionado. <\/p>\n
c) En cuanto a la \u00abFalta de claridad de la demanda, la censura sostiene que el Tribunal menospreciando la norma procesal sobre los requisitos formales de la demanda, exige adem\u00e1s que se precise si la parte actora es de derecho eclesi\u00e1stico o de derecho privado, estableciendo una diferencia que legalmente no existe\u201d. <\/p>\n
Seg\u00fan lo anterior, el sentenciador est\u00e1 requiriendo una formalidad inexistente desde el punto de vista legal y este error lo condujo, al igual que en los yerros precedentes, a concluir equivocadamente que la demanda introductoria del proceso es inepta por ausencia del presupuesto procesal de demanda en forma y a fallar inhibitoriamente, proceder con el cual viol\u00f3 las normas de derecho sustancial se\u00f1aladas al comienzo del cargo. <\/p>\n
Por \u00faltimo, tras explicar cu\u00e1les y de qu\u00e9 manera fueron violadas las normas sustanciales, termina el casacionista pidiendo que la Corte case la sentencia impugnada y que, obrando en sede de instancia, disponga la confirmaci\u00f3n del fallo de primera instancia; a ese respecto y a manera de alegato de conclusi\u00f3n, formula algunas precisiones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. De la acumulaci\u00f3n objetiva de pretensiones. Prescribe el art\u00edculo 82 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que \u201cEl demandante podr\u00e1 acumular en una misma demanda varias pretensiones contra el demandado, aunque no sean conexas, siempre que concurran los siguientes requisitos: …1. Que el juez sea competente para conocer de todas; sin embargo, podr\u00e1n acumularse pretensiones de menor cuant\u00eda a otras de mayor cuant\u00eda… 2. Que las pretensiones no se excluyan entre s\u00ed, salvo que se propongan como principales y subsidiarias… 3. Que todas puedan tramitarse por el mismo procedimiento… En la demanda sobre prestaciones peri\u00f3dicas, podr\u00e1 pedirse que se condene al demandado a las que se llegaren a causar entre la presentaci\u00f3n de aquella y la sentencia de cada una de las instancias…\u201d. Tr\u00e1tase, pues, de la reglamentaci\u00f3n de la denominada \u201cacumulaci\u00f3n objetiva originaria de pretensiones\u201d, consistente, como es sabido, en la potestad atribuida por la ley al actor, en virtud de la cual puede \u00e9ste proponer frente al demandado varias pretensiones, aunque no sean conexas, a fin de que sean tramitadas en el mismo proceso y decididas en la misma sentencia; y cuyos antecedentes hist\u00f3ricos, se advierten ya en las Siete Partidas de Alfonso X (ley 7 T\u00edtulo X de la Partida Tercera) e, inclusive, como un precedente remoto, en el \u201cDigesto\u201d (Ley 54 T\u00edtulo Primero del Libro V). <\/p>\n
Advi\u00e9rtese en tal especie de acumulaci\u00f3n que, atendiendo los elementos esenciales del objeto del proceso, pueden darse las siguientes posibilidades: a) Que existan varios pedimentos fundados, a su vez, en diversas causas para pedir (fen\u00f3meno que es usual en los eventos de pretensiones inconexas); b) una pretensi\u00f3n \u00fanica apuntalada en diversas causas para pedir; y, c) varias s\u00faplicas fincadas en la misma \u201ccausa petendi\u201d. <\/p>\n
De igual modo, vista la acumulaci\u00f3n objetiva desde la perspectiva proporcionada por la forma como se ejercen o formulan las diversas pretensiones, se observa que puede ser: a) Simple, o \u201cconcurrente\u201d o incondicionada, cuando el demandante reclama, \u201clisa y llanamente\u201d, la estimaci\u00f3n integral de las peticiones de la demanda, de modo que el juzgador debe examinar y pronunciarse sobre todas ellas, so pena de incurrir en inconsonancia, puesto que su an\u00e1lisis no se encuentra condicionado a la prosperidad o desestimaci\u00f3n de alguna otra, como acontece, por ejemplo, cuando el acreedor demanda el cumplimiento de obligaciones emanadas de distintos instrumentos. D\u00e9bese precisar, para ir se\u00f1alando diferencias, que en la acumulaci\u00f3n de esta especie las distintas pretensiones acumuladas pueden ser inconexas, am\u00e9n que deben ser sustancial y procesalmente compatibles; b) \u201c…alternativa. Se ejercitan varias acciones con el fin de que solo una de ellas sea estimada. V. gr., el demandante intenta a la vez la impugnaci\u00f3n de un acto jur\u00eddico por dolo (nulidad relativa), y por absoluta incapacidad de la persona que ejecut\u00f3 el acto (nulidad absoluta)…\u201d (G.J.XLIII, p\u00e1g. 753); c) accesoria o sucesiva, cuando el demandante propone una o m\u00e1s pretensiones para que sean estimadas, siempre y cuando, prospere otra en la cual aquellas encuentran fundamento; es decir, cuando se proponen peticiones en tal grado de conexidad con otra, que su \u00e9xito se halla supeditado a la estimaci\u00f3n de aquella de la que dependen, como acontece cuando a la acci\u00f3n de filiaci\u00f3n extramatrimonial se acumula la de petici\u00f3n de herencia. Por tratarse, pues, de \u201cpretensiones secundarias o consecuenciales, que \u00fanicamente pueden alcanzar prosperidad en la medida en que de antemano lo logre una pretensi\u00f3n aut\u00f3noma, la l\u00f3gica indica que la desestimaci\u00f3n o el rechazo de esta \u00faltima hace in\u00fatil el estudio de las primeras…\u201d (G.J. CCCXXXI, p\u00e1g. 726). No huelga advertir, en todo caso, que del \u00e9xito de la petici\u00f3n medular no se desprende necesariamente el de los pedimentos accesorios, ni que el fracaso de estos apareje imperiosamente el de aquella. <\/p>\n
Como ha quedado dicho, y esta es su principal caracter\u00edstica, puede el actor proponer pretensiones que se excluyan mutuamente, sin que el ejercicio de esta facultad lo hubiese confinado la ley, hay que decirlo de una vez, a ciertos grados o niveles de incompatibilidad. <\/p>\n
Para desarrollar este aserto, parece menester precisar de antemano que, desde el punto de vista sustancial o material, las pretensiones son excluyentes cuando las diversas relaciones jur\u00eddicas aducidas en la demanda, no pueden coexistir porque los supuestos de hecho que las sustentan o el \u201cpetitum\u201d de cada una de ellas se niegan mutuamente o son irreconciliables entre s\u00ed, como cuando en una se pide algo que acarrea una negaci\u00f3n y, en otra, una cosa que entra\u00f1a la afirmaci\u00f3n de lo anteriormente negado, incompatibilidad esta que implica, entonces, la elecci\u00f3n de una de ellas para superar tal contradicci\u00f3n. Por consiguiente, esta modalidad de acumulaci\u00f3n faculta al demandante para aducir, en un mismo libelo, pedimentos cuyos fundamentos aparejen la negaci\u00f3n de lo que se ha afirmado como sustento de otro, justamente, porque se presentan en forma eventual (previsi\u00f3n \u201cin eventum\u201d), esto es, condicionando la estimaci\u00f3n de unas pretensiones a la desestimaci\u00f3n de otras; por supuesto que el actor, al formular s\u00faplicas subsidiarias, toma como punto de partida la hip\u00f3tesis de resultar vencido en la que ha aducido de manera principal. <\/p>\n
Si bien en el plano estrictamente l\u00f3gico cabe decir que dos proposiciones son incompatibles cuando no pueden ser al mismo tiempo verdaderas, y que dicha situaci\u00f3n de incompatibilidad o exclusi\u00f3n se presenta en dos hip\u00f3tesis: a) cuando son contradictorias, es decir, cuando no pueden ser ambas ni verdaderas ni falsas (lo que genera una oposici\u00f3n fuerte entre ellas); y, b) cuando son contrarias, vale decir, cuando pueden ser ambas falsas, pero no verdaderas (lo que denota una oposici\u00f3n m\u00e1s d\u00e9bil), si bien es admisible, se dec\u00eda, tal distinci\u00f3n en el \u00e1mbito de la l\u00f3gica estricta, a la luz de lo prescrito por el art\u00edculo 82 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, no es posible establecer distinciones con miras a delimitarle o restringirle al actor la facultad de acumular pretensiones excluyentes de manera subsidiaria, cabalmente, porque el legislador no estableci\u00f3 ninguna especie de distinci\u00f3n en torno a la \u201ccontrariedad\u201d o \u201ccontradictoriedad\u201d entre las pretensiones, ni mucho menos, subordin\u00f3 la viabilidad de la misma a que la incompatibilidad fuese \u00fanicamente en relaci\u00f3n con el \u201cpetitum\u201d o que lo fuese exclusivamente referida a la causa para pedir; por supuesto que \u00e9ste, al negar la posibilidad de acumular pretensiones excluyentes, salv\u00f3 de tal regla, sin distingos ni talanqueras de ning\u00fan temperamento, a la acumulaci\u00f3n subsidiaria. <\/p>\n
<\/p>\n
Siendo de ese modo las cosas, debe reiterarse lo que en el punto tiene asentado esta Corporaci\u00f3n: \u201c… aunque es verdad que la potestad para acumular no es irrestricta, tambi\u00e9n lo es que su procedencia no puede sujetarse a m\u00e1s requisitos de los que expresa la ley procesal (art\u00edculo 82 del C. de P.C.)…\u201d (Casaci\u00f3n del 7 de junio de 1994). <\/p>\n
2. Naturaleza y fundamentos de la acumulaci\u00f3n subsidiaria de pretensiones. Del examen del citado art\u00edculo 82 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se infiere que se trata de una facultad otorgada al demandante, n\u00edtidamente entroncada con el principio dispositivo, en cuanto somete al arbitrio de aqu\u00e9l la fijaci\u00f3n y delimitaci\u00f3n del objeto del proceso. En trat\u00e1ndose de la acumulaci\u00f3n subsidiaria, compete al actor el se\u00f1alamiento de la que considere como petici\u00f3n principal y de la que conciba como eventual, elecci\u00f3n que se encuentra apuntalada en criterios de preferencia o de inter\u00e9s personal, habida cuenta que el legislador no le impuso restricciones l\u00f3gicas o de cualquier otra \u00edndole, criterios estos que determinan la jerarquizaci\u00f3n de los pedimentos de la demanda, ello porque, como ya se dijera, cuando el actor plantea peticiones de modo subsidiario parte de la hip\u00f3tesis que el pedimento principal fue denegado, vencimiento que, cabalmente, se erige en la condici\u00f3n cuya realizaci\u00f3n permite el examen y estimaci\u00f3n de la petici\u00f3n eventual. <\/p>\n
No son pocas, ni de poca monta, las ventajas que tal especie de acumulaci\u00f3n le reportan al demandante: de un lado, porque consiste en un mecanismo que le permite prevalerse de los efectos negativos provenientes del transcurso del tiempo o de su inactividad, puesto que al estar facultado para hacer valer, de una sola vez, todos los fundamentos y medios de que disponga frente al demandado, con el fin de agotar las posibilidades de \u00e9xito en un \u00fanico intento, no debe aguardar los resultados de un proceso para, en caso de ser vencido, emprender, posteriormente y a riesgo de ver frustradas sus aspiraciones por prescripci\u00f3n o caducidad, uno nuevo enderezado justamente a que se examinen los pedimentos que pudo formular subsidiariamente. <\/p>\n
Ahora, si se dijese que el actor no est\u00e1 obligado a esperar el vencimiento en juicio para intentar la acci\u00f3n con fundamento en otras pretensiones, porque puede iniciarlos coet\u00e1neamente, pronto habr\u00eda que advertir que la acumulaci\u00f3n subsidiaria tendr\u00eda la innegable virtud de poner cortapisa a eventuales sentencias contradictorias por acoger ambas demandas del actor o, en su caso, por denegarlas. <\/p>\n
Todo ello, obviamente, con evidente ahorro de tiempo, dinero y trabajo para el demandante y, en general, para las partes, como lo impone el fiel y cabal cumplimiento del principio de econom\u00eda procesal. <\/p>\n
3 Corolario. Si, pues, como ha quedado dicho, la procedencia de la acumulaci\u00f3n de pretensiones no puede sujetarse a requisitos distintos de aquellos expresamente previstos en la ley y, de igual modo, si son tantas y tan palpables las ventajas que la acumulaci\u00f3n subsidiaria de pretensiones le apareja al actor, no es posible cercenarle tal potestad sin, a su vez, vulnerar su derecho constitucional a una tutela jur\u00eddica efectiva la que se traduce en la prevalencia del derecho sustancial, en la forma ordenada por el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n pol\u00edtica Colombiana. <\/p>\n
4. La acumulaci\u00f3n de la petici\u00f3n de simulaci\u00f3n como subsidiaria de la de nulidad. Sostuvo esta Corporaci\u00f3n, en sentencia del 26 de febrero de 1991, que no era posible acumular \u201c…en forma principal las pretensiones de simulaci\u00f3n y nulidad del mismo negocio jur\u00eddico…; y la de simulaci\u00f3n como subsidiaria de la nulidad formulada como principal, pues impl\u00edcitamente excluye la subsidiaria de simulaci\u00f3n, que presupone, contrariamente, la inexistencia de los efectos p\u00fablicos queridos. En cambio su acumulaci\u00f3n resulta pertinente cuando, siguiendo la l\u00f3gica y compatibilidad jur\u00eddica, se proponga la simulaci\u00f3n como principal y la otra como subsidiaria (art\u00edculo 82 num. 2 del C. de P.C.), o la de nulidad del acto oculto como consecuencia de la declaratoria de simulaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Como es di\u00e1fano en la aludida providencia, cuyo criterio jurisprudencial en el punto abandona hoy la Corte, se estim\u00f3 improcedente no solo la acumulaci\u00f3n simult\u00e1nea, lo cual es obvio, de la petici\u00f3n de nulidad y la de simulaci\u00f3n, sino, tambi\u00e9n, la subsidiaria de \u00e9sta con respecto a aquella, por considerar que \u201cimpl\u00edcitamente la excluye\u201d. Mas, como ha podido establecerse en los p\u00e1rrafos antecedentes, la acumulaci\u00f3n subsidiaria o eventual de pretensiones se caracteriza, justamente, por permitirle al demandante alegar en una misma demanda pedimentos excluyentes, bajo la condici\u00f3n, claro est\u00e1, que se supedite el examen de unos (los eventuales) a la desestimaci\u00f3n de otro u otros (los principales), sin que, como igualmente se ha acotado, hubiese distinguido la ley entre diversos grados de exclusi\u00f3n o incompatibilidad para efectos de condicionar el ejercicio de dicha potestad, o que la hubiese restringido solamente a la exclusi\u00f3n en torno a la causa para pedir, o exclusivamente referida al \u201cpetitum\u201d, pues, es evidente, que a ninguna de esas hip\u00f3tesis aluden las normas pertinentes, particularmente el rese\u00f1ado art\u00edculo 82 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
No puede aducirse, para abogar por la tesis que hoy se relega, que de presentarse la acumulaci\u00f3n comentada, podr\u00eda suceder que el sentenciador definiera, a partir de la existencia real del negocio jur\u00eddico respectivo – en este caso la compraventa disputada -, que no hay motivo para declarar su nulidad absoluta, pero que con ocasi\u00f3n del examen de la pretensi\u00f3n subsidiaria de simulaci\u00f3n, concluyera que el mismo acto o contrato fuera solamente aparente y que en la realidad nunca se celebr\u00f3, o lo fue de manera distinta, quedando de cara a una soluci\u00f3n contradictoria consistente en que, para efectos de dirimir la nulidad tuviese como verdadero el contrato, pero, para dilucidar la simulaci\u00f3n, infiriese su inexistencia, lo que har\u00eda tales pedimentos absolutamente incompatibles; no tiene cabida ese argumento, se dec\u00eda, precisamente porque, como ya quedara establecido, la especie de acumulaci\u00f3n en estudio permite la formulaci\u00f3n de pretensiones excluyentes, o sea aquellas que son irreconciliables entre s\u00ed, en raz\u00f3n de que los supuestos de hecho que las soportan o su \u201cpetitum\u201d se niegan mutuamente o no puedan coexistir, como cuando en una se solicita una cosa que apareja una negaci\u00f3n y en otra se impetra una tutela que entra\u00f1a la afirmaci\u00f3n de lo anteriormente negado. <\/p>\n
Nada impide, en fin, de conformidad con lo dicho, que a la pretensi\u00f3n de nulidad de un acto o contrato se acumule en forma eventual o subsidiaria la de simulaci\u00f3n de ese mismo negocio, interpretaci\u00f3n esta que, por lo dem\u00e1s, apuntalada como se encuentra en el art\u00edculo 4\u00b0 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, garantiza con mayor amplitud y eficacia los derechos reconocidos por la ley sustancial a las partes y pone freno a las sentencias inhibitorias con todo el lastre que sobre ellas pesa. <\/p>\n
5. Para soportar el fallo inhibitorio proferido, acot\u00f3 igualmente el Tribunal, de manera claramente marginal, que como quiera que en la demanda se dijo que quien actu\u00f3 como representante de la vendedora carec\u00eda de la facultad de representarla, debi\u00f3 ser vinculado al proceso, en acatamiento del art\u00edculo 83 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pues la decisi\u00f3n que se adoptare \u201cpuede llegar a afectarlo, particularmente si prospera la demanda, toda vez que podr\u00eda originarse una responsabilidad personal frente a los efectos del negocio jur\u00eddico\u201d. <\/p>\n
Empero, el desatino de tal elucidaci\u00f3n es patente, toda vez que ni la declaratoria de la nulidad, ni la de la simulaci\u00f3n absoluta o relativa, son declaraciones que deban hacerse en frente del sedicente representante legal de la vendedora, pues, en principio, tales pedimentos no lo afectan, desde luego que de \u00e9l nada se reclama en la demanda. De lo prescrito por el art\u00edculo 83 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil se infiere que hay lugar a la conformaci\u00f3n del litisconsorcio necesario cuando \u201cla relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial o material puesta a conocimiento de la jurisdicci\u00f3n, por su naturaleza o por disposici\u00f3n legal determina la participaci\u00f3n de varios sujetos en uno de sus dos extremos o en ambos, frente a quienes, adem\u00e1s, se ha de decidir de manera uniforme\u201d (Casaci\u00f3n del 15 de septiembre de 1995), nada de lo cual acontece en este asunto, pues los efectos de la nulidad o la simulaci\u00f3n del acto jur\u00eddico los soportan la demandante, due\u00f1a del inmueble y en cuya supuesta representaci\u00f3n se hizo la venta, y la demandada, quien adujo ser la compradora del mismo. <\/p>\n
6. Finalmente, no puede decirse que uno de los requisitos de la demanda incoativa del proceso, tendiente a establecer su claridad, sea la necesidad de se\u00f1alar si la demandante es \u201centidad eclesi\u00e1stica o de derecho privado, para tener certeza sobre los sujetos del proceso\u201d, como lo reclama el sentenciador de segundo grado, pues es palmario que el art\u00edculo 75 ejusdem, no consagra tal se\u00f1alamiento como requisito imprescindible de las demandas. <\/p>\n
El cargo, subsecuentemente, se abre paso. Por consiguiente, previamente a proferir la sentencia que habr\u00e1 de sustituir la recurrida, se hace menester decretar las pruebas que adelante se indicar\u00e1n. <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de quince (15) de julio de mil novecientos noventa y cuatro (1994), dictada por la Sala Civil del Tribunal del Distrito Judicial de Tunja, dentro del proceso ordinario seguido por la COFRADIA DEL SANTISIMO ROSARIO DE CHIQUINQUIRA frente a la se\u00f1orita TERESA DE JESUS SANDOVAL SANTAMARIA, y actuando en sede de instancia, previamente a decidir lo pertinente, decreta, en uso de las atribuciones previstas en los art\u00edculos 179, 180, 233 y 307 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil la siguiente prueba de oficio: Ord\u00e9nase la realizaci\u00f3n de un dictamen pericial con miras a que se determine el valor de la renta del inmueble en disputa, a partir del a\u00f1o de 1992 y hasta la fecha en que presenten su experticia, sin dejar de lado, para tal efecto, el dictamen que fuera rendido en el transcurso del proceso. <\/p>\n
Encomi\u00e9ndase a los se\u00f1ores ALONSO DUQUE GONZALEZ y LUZ TERESA ROCHA PE\u00d1ALOZA, de la lista de auxiliares de esta Corporaci\u00f3n, la realizaci\u00f3n de la experticia a que se ha hecho alusi\u00f3n. Se\u00f1\u00e1lase la hora de las 8:30 A.M. del d\u00eda 18 de noviembre del a\u00f1o en curso para que tenga lugar la diligencia de posesi\u00f3n de los mismos. Advi\u00e9rtaseles que cuentan con el t\u00e9rmino de 15 d\u00edas para realizar el dictamen. <\/p>\n
Sin lugar a costas en el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
C\u00f3piese y notif\u00edquese <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
Referencia: Expediente 5225 <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
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S-083-99 [5225] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: DR. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, Distrito Capital, cuatro (4) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81687","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81687","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81687"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81687\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81687"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81687"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81687"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}