S-086-99 [5287]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado ponente: Dr. CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 5287 <\/p>\n
Procede la Corte a decidir el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por el apoderado del demandado en contra de la sentencia del 30 de Noviembre de 1.993 en el proceso ordinario (reivindicatorio) promovido por MARIA ZAMUDIO DE RODRIGUEZ en contra de FERMIN SANCHEZ GORDILLO, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja por remisi\u00f3n que le hiciera el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 2651 de 1.991. <\/p>\n
I – ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Mediante escrito presentado ante el Juez Civil del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 el 14 de Abril de 1.986 (folios 26 a 31 Cdno. 1), la referida Mar\u00eda Zamudio de Rodr\u00edguez, por medio de procurador judicial, demand\u00f3 a Ferm\u00edn S\u00e1nchez Gordillo, para que mediante los tr\u00e1mites del proceso ordinario de mayor cuant\u00eda, se hicieran las siguientes declaraciones: a) que pertenece a la demandante en dominio pleno y absoluto el lote de terreno ubicado en el barrio del Sosiego de la ciudad de Bogot\u00e1, distinguido con el No. 29 de la manzana A-0 del plano de la urbanizaci\u00f3n, demarcado en la nomenclatura urbana con el No. 9A-39 de la calle 17 Sur, predio que tiene una cabida de 622.50 varas cuadradas y cuyos linderos en el libelo generatriz se se\u00f1alan; b) que, como consecuencia de la anterior declaraci\u00f3n se condene al demandado Ferm\u00edn S\u00e1nchez Gordillo a restituir a la actora, seis d\u00edas despu\u00e9s de la ejecutoria de la sentencia, el lote de terreno objeto de la reivindicaci\u00f3n; c) que el demandado, igualmente seis despu\u00e9s de la ejecutoria de la sentencia, pagar\u00e1 a la actora el valor de los frutos naturales y civiles del inmueble, no s\u00f3lo los percibidos, sino los que el due\u00f1o hubiere podido recibir con mediana inteligencia y cuidado, desde el momento en que entr\u00f3 en posesi\u00f3n del inmueble hasta la entrega del mismo; d) que la demandante no est\u00e1 obligada a indemnizar las expensas necesarias a que se refiere el art\u00edculo 965 del C.C.; e) que en la restituci\u00f3n del predio se comprender\u00e1n las cosas que de \u00e9l forman parte, o que se reputen como inmuebles por la conexi\u00f3n con \u00e9l; f) que se inscriba la sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos y Privados de Bogot\u00e1 y que, el demandado pagar\u00e1 a la demandante los perjuicios y costas del proceso. <\/p>\n
2.- Los hechos en que se fundaron las anteriores s\u00faplicas, se sintetizan as\u00ed: <\/p>\n
A) Mediante escritura No. 3126 del 24 de Julio de 1.961 otorgada en la notar\u00eda d\u00e9cima de Bogot\u00e1, el Instituto de Cr\u00e9dito Territorial, seccional de esta ciudad, dio en venta a Mar\u00eda Zamudio de Rodr\u00edguez el lote de terreno ubicado en la barrio el Sosiego de Bogot\u00e1, cuyos linderos y dem\u00e1s datos de identificaci\u00f3n anteriormente se precisaron, inmueble que, a su vez lo adquiri\u00f3 la entidad vendedora, por compra de un terreno de mayor extensi\u00f3n que hizo a la se\u00f1ora Mar\u00eda Jaramillo de Gallardo, mediante escritura p\u00fablica No. 4.229 del 7 de Diciembre de 1.953 de la notar\u00eda 1a. de esta ciudad. <\/p>\n
B) Que el predio objeto de la reivindicaci\u00f3n no ha sido enajenado, ni prometido en venta y, por consiguiente, que el registro de su t\u00edtulo inscrito en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos y Privados de Bogot\u00e1, en el folio de matr\u00edcula No. 050-0571455, se encuentra vigente. <\/p>\n
C) Que la demandante se\u00f1ora Mar\u00eda Zamudio de Rodr\u00edguez est\u00e1 privada de la posesi\u00f3n material del lote a reivindicar, cuya posesi\u00f3n la detenta actualmente el se\u00f1or Ferm\u00edn S\u00e1nchez Gordillo, quien la adquiri\u00f3 en las siguientes circunstancias: en el mes de Septiembre de 1.980 el esposo de la actora, Dr. C\u00e9sar Rodr\u00edguez Garc\u00eda, contrat\u00f3 los servicios del ingeniero Alberto Gonz\u00e1lez Fern\u00e1ndez para que le construyera una bodega en el inmueble. Sin embargo, cuando intentaron realizar la obra encontraron que el se\u00f1or Ferm\u00edn S\u00e1nchez Gordillo no permiti\u00f3 la construcci\u00f3n, alegando tener la posesi\u00f3n del lote, afirmaci\u00f3n que, en sentir de la demandante, no es cierta puesto que el predio se encontraba cerrado por un muro completamente ciego (sic), es decir, sin puerta, lo que no permit\u00eda observar desde la calle ning\u00fan signo de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica. Adem\u00e1s, no se evidenci\u00f3 muestra alguna de posesi\u00f3n, solamente una puerta de 80 cent\u00edmetros de ancho, por 90 de alto, en la pared que sirve de lindero entre el predio de la demandante y el que es propiedad del mencionado se\u00f1or S\u00e1nchez. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a lo anterior, acudi\u00f3 la demandante ante la Alcald\u00eda Menor del barrio San Crist\u00f3bal exhibiendo sus t\u00edtulos de propiedad, sin lograr resultado positivo, aunque si le ordenaron al ingeniero Gonz\u00e1lez suspender la obra. <\/p>\n
D) Como el demandado que se reputa due\u00f1o del lote no ha presentado t\u00edtulo que lo acredite como tal, y como se introdujo en \u00e9l de manera clandestina, se trata de un usurpador o poseedor de mala fe, quien debe hacer entrega del lote, junto con los frutos naturales y civiles percibidos, puesto que est\u00e1 derivando provecho con el parqueo de veh\u00edculos en el mismo. <\/p>\n
E) Que el demandado S\u00e1nchez Gordillo, en tal virtud, est\u00e1 en incapacidad de adquirir por prescripci\u00f3n el dominio del lote que se reivindica. <\/p>\n
3.- Trabada la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal, el demandado le dio respuesta oportuna al libelo (folios 38 a 41, C-1) haciendo expresa oposici\u00f3n a las pretensiones, negando la mayor\u00eda de los hechos; respecto de otros dijo no constarle. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a la afirmaci\u00f3n contenida en la demanda frente al hecho que el demandado inici\u00f3 la posesi\u00f3n del inmueble desde el 10 de septiembre de 1980, \u00e9ste respondi\u00f3: \u201cNo es cierto: Aclaro que desde hace aproximadamente 18 a\u00f1os, he venido poseyendo el lote y este se hallaba totalmente abandonado, sin cercar, con el pasto crecido, en forma p\u00fablica no clandestina\u2026.\u201d (folio 38 Cuaderno No. 1) <\/p>\n
Propuso como excepciones previas la indebida acumulaci\u00f3n de pretensiones, pleito pendiente y prejudicialidad penal. Sobre estas excepciones, por medio de auto del 18 de Febrero de 1.988, el juzgado del conocimiento las declar\u00f3 no probadas. Esta decisi\u00f3n fue confirmada por el Tribunal, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra dicha providencia. <\/p>\n
4.- Rituada la primera instancia, que incluy\u00f3 la pr\u00e1ctica de las pruebas decretadas, el a-quo le puso f\u00edn mediante sentencia del 14 de Julio de 1.992 (folios 212 al 217, C-1), la cual acogi\u00f3 favorablemente las s\u00faplicas del libelo. <\/p>\n
5.- Inconforme el demandado con la decisi\u00f3n anterior, interpuso en tiempo el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia, la que fu\u00e9 confirmada mediante prove\u00eddo del 30 de Noviembre de 1.993 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, corporaci\u00f3n \u00e9sta que recibi\u00f3 las diligencias de conformidad con las medidas de descongesti\u00f3n judicial, contenidas en el decreto 2651 de 1.991. <\/p>\n
6.- El apoderado de la parte demandada interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y de su decisi\u00f3n se ocupa ahora la Corte. <\/p>\n
II – FUNDAMENTOS DEL FALLO DEL TRIBUNAL <\/p>\n
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1.- Despu\u00e9s de repasar el litigio, de hacer una somera alusi\u00f3n a los argumentos del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto y de encontrar materializados los presupuestos procesales, el ad-quem inici\u00f3 sus consideraciones, en las cuales afirm\u00f3 que jurisprudencial y doctrinariamente la acci\u00f3n reivindicatoria est\u00e1 estructurada con fundamento en cuatro elementos, los que si son probados por la parte actora, dan lugar a la prosperidad de sus pretensiones. Tales elementos son: la posesi\u00f3n del demandado; la singularidad del bien o cuota determinada de cosa singular; la identidad entre la cosa pretendida por el demandante y la pose\u00edda por el demandado, y el derecho de dominio del demandante. <\/p>\n
En cuanto a la concurrencia del primer elemento en el asunto en an\u00e1lisis, esto es, la posesi\u00f3n del demandado, dijo el Tribunal que mientras ese hecho fue afirmado en el escrito de demanda, el demandado lo acept\u00f3 en los literales \u00abb\u00bb y \u00abd\u00bb del escrito de contestaci\u00f3n de la demanda. Dijo el demandado que se opuso a que le perturbaran la posesi\u00f3n y que formul\u00f3 querella para su amparo ante la alcald\u00eda menor de San Crist\u00f3bal, como tambi\u00e9n indic\u00f3 que hace aproximadamente 18 a\u00f1os pose\u00eda el lote, ejerciendo labores de limpieza y construcci\u00f3n, con lo cual -en palabras del mismo demandado- se acredita la posesi\u00f3n que ha ejercido en forma p\u00fablica, no clandestina, quieta, pac\u00edfica e ininterrumpida y de buena fe. <\/p>\n
Con respecto al segundo elemento, vale decir, la singularidad o cuota determinada de cosa singular, se encontr\u00f3 igualmente estructurado, en sentir del Tribunal, toda vez que en el libelo fue determinado el inmueble por sus linderos, ubicaci\u00f3n y nomenclatura actual, y tambi\u00e9n fue precisado en la diligencia de inspecci\u00f3n judicial. De lo anterior fluye sin ninguna duda, seg\u00fan el Tribunal, que el inmueble cuya reivindicaci\u00f3n se pretende, est\u00e1 plenamente determinado en el proceso. <\/p>\n
En cuanto a la identidad entre la cosa pretendida por el demandante y la pose\u00edda por el demandado, afirm\u00f3 el Tribunal que, despu\u00e9s de analizar las pruebas aportadas al proceso y las recepcionadas dentro del mismo, se concluye que hay plena identidad entre el predio a reivindicar y el que posee el demandado. Adem\u00e1s, que se trat\u00f3 de un hecho aceptado por \u00e9ste. <\/p>\n
Por \u00faltimo, respecto al cuarto elemento consistente en el derecho de dominio del demandante, el Tribunal se\u00f1al\u00f3, con apoyo jurisprudencial, que quien alega el dominio como base de la acci\u00f3n reivindicatoria, no le basta aportar el t\u00edtulo, sino adem\u00e1s que con \u00e9ste debe desvirtuar la presunci\u00f3n de dominio que, conforme al art\u00edculo 762 del C.C., ampara al poseedor demandado. Esto tiene lugar, as\u00ed lo dijo esa colegiatura, cuando la titulaci\u00f3n es anterior a dicha posesi\u00f3n o tambi\u00e9n anterior a los t\u00edtulos que presente el demandado, en los eventos en que \u00e9ste, en adici\u00f3n a la alegaci\u00f3n de la posesi\u00f3n, exhiba t\u00edtulos de propiedad. <\/p>\n
2.- En el caso de autos, se\u00f1al\u00f3 el Tribunal, que la parte actora adujo como t\u00edtulo de dominio la escritura No. 3126 del 24 de Julio de 1.961 otorgada en la notar\u00eda d\u00e9cima de la ciudad de Bogot\u00e1, instrumento por medio del cual el Instituto de Cr\u00e9dito Territorial le dio en venta el inmueble que pretende reivindicar, mientras que, por su lado, el demandado no exhibi\u00f3 ning\u00fan t\u00edtulo de dominio, ya que s\u00f3lo aleg\u00f3 estar en posesi\u00f3n desde hac\u00eda aproximadamente 18 a\u00f1os. <\/p>\n
3.- De acuerdo con lo anterior, a continuaci\u00f3n el ad-quem entr\u00f3 a confrontar si el t\u00edtulo que esgrimi\u00f3 la actora era anterior a la posesi\u00f3n del demandado. Para ello, sostuvo que, seg\u00fan lo afirm\u00f3 el demandado en el momento de la presentaci\u00f3n de la demanda, \u00e9ste llevaba 18 a\u00f1os de posesi\u00f3n. Luego, si la demanda se present\u00f3 el 14 de Abril de 1.986, es necesario concluir que entr\u00f3 a ejercer dicha posesi\u00f3n en el a\u00f1o de 1.968, fecha que se contradice con la afirmaci\u00f3n de S\u00e1nchez Gordillo, en torno al hecho de haber obtenido informaci\u00f3n de que, al momento de entrar en posesi\u00f3n, el predio pertenec\u00eda a Aura Mar\u00eda Zamudio Vda. De Rodriguez, persona fallecida de la que aport\u00f3 el certificado de defunci\u00f3n expedido el 18 de Mayo de 1.983, lo que indica que tan solo hasta esa fecha empez\u00f3 la posesi\u00f3n a que hizo referencia. <\/p>\n
4.- En relaci\u00f3n con la prueba testimonial, el Tribunal cit\u00f3, en primer lugar, al deponente Manuel Mar\u00eda Aldana, quien dijo que hacia los a\u00f1os 60 a 65 aproximadamente, compr\u00f3 un lote simult\u00e1neamente con el se\u00f1or C\u00e9sar Rodr\u00edguez, quien lo adquiri\u00f3 para su esposa. Este se\u00f1or fue contratado para la construcci\u00f3n de 34 casas, en cuyo desarrollo surgieron desperdicios de obra que se depositaron en diferentes lotes, entre ellos en el de la demandante. Ante la protesta de los propietarios, los desperdicios fueron retirados, y el se\u00f1or Rodr\u00edguez y un vecino de apellido Mojio, inmediatamente construyeron el muro para cerrar los lotes. Estas afirmaciones, en sentir del ad quem, demostraron que el se\u00f1or Rodr\u00edguez, en nombre de su se\u00f1ora, ejerci\u00f3 la posesi\u00f3n, mientras que, por esa misma raz\u00f3n, en el a\u00f1o de 1.974 el demandado no ten\u00eda la posesi\u00f3n del inmueble. <\/p>\n
De otro lado, en sentir del juzgador de segunda instancia, el testigo Ignacio Salamanca Salcedo sostuvo que Ferm\u00edn S\u00e1nchez tuvo en posesi\u00f3n el inmueble desde 1.966 y que pudo observar las construcciones que \u00e9ste hizo en el lote. <\/p>\n
Finalmente, en materia probatoria, el Tribunal manifest\u00f3 que no existe en el expediente ning\u00fan elemento que demuestre que el demandado tom\u00f3 posesi\u00f3n del inmueble antes de 1.961, fecha que es posterior al t\u00edtulo que exhibe la actora, que es de 1.961. <\/p>\n
5.- Lo anterior es suficiente, afirm\u00f3 el Tribunal, para concluir que la parte actora prob\u00f3 su derecho de dominio sobre el inmueble, y que \u00e9ste era anterior a la posesi\u00f3n del demandado. Agreg\u00f3 que el mismo demandado, en la contestaci\u00f3n del libelo, sostuvo que llevaba 18 a\u00f1os de posesi\u00f3n y que las pruebas tampoco demostraron que ten\u00eda m\u00e1s de 20 a\u00f1os. Dijo el ad-quem, adem\u00e1s, que el demandado no propuso excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, ni propuso demanda de reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
Por lo tanto, concluy\u00f3 el tribunal que la sentencia apelada deb\u00eda confirmarse. <\/p>\n
6.- Por \u00faltimo dijo el juzgador que, contrario a la afirmaci\u00f3n del recurrente, la providencia apelada en ning\u00fan momento consider\u00f3 al demandado como poseedor de mala fe, sino al contrario, de buena fe, y por ello lo conden\u00f3 a restituir los frutos a partir de la fecha de la contestaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Contiene dos cargos, el primero formulado con apoyo en la causal quinta de casaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y el segundo se fundamenta en la causal primera del mismo precepto legal. La Sala los despachar\u00e1 en el orden propuesto por el recurrente. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
En este cargo se le atribuy\u00f3 a la sentencia del Tribunal haberse producido en un proceso viciado de nulidad, en cuanto que se rechaz\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso por raz\u00f3n de la prejudicialidad -contemplada en el art\u00edculo 70 mod. decreto 2282 de 1.989, art\u00edculo 1o. numeral 88, numeral 1o. del C. de P.C. (sic)-, prejudicialidad aducida por haberse iniciado procesos penales que influ\u00edan en la sentencia dictada. <\/p>\n
En la explicaci\u00f3n de la censura aludida, sostuvo el recurrente que, en el Juzgado 23 Penal del Circuito, cursaba para ese entonces un proceso de car\u00e1cter penal, promovido por Mar\u00eda Zamudio de Rodr\u00edguez en contra Ferm\u00edn S\u00e1nchez, por los delitos de invasi\u00f3n, usurpaci\u00f3n de tierras y hurto sobre el lote materia de la reivindicaci\u00f3n; en tal virtud, se dijo que ese fallo de car\u00e1cter penal l\u00f3gicamente incid\u00eda en la sentencia del proceso civil, por lo que el apoderado del demandado impetr\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso civil, mientras los jueces penales dictaminaban sobre la conducta de S\u00e1nchez Gordillo. <\/p>\n
Asi mismo, dijo el recurrente, que la parte demandante en el libelo confes\u00f3 que exist\u00eda en contra del demandado otro proceso penal por el delito de perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n y hurto, as\u00ed como tambi\u00e9n se acredit\u00f3 la existencia de una querella policiva por amparo a la posesi\u00f3n, promovida por Ferm\u00edn S\u00e1nchez Gordillo, repartida para tr\u00e1mite a la Inspecci\u00f3n 4a. de Polic\u00eda. <\/p>\n
Seguidamente sostuvo el recurrente que la sentencia de segunda instancia se dict\u00f3 en un proceso viciado de nulidad, porque se lesion\u00f3 el derecho a la defensa (art\u00edculo 140 numeral 6o. del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), por no haber arrimado al proceso las pruebas que, en el escrito de contestaci\u00f3n de la demanda, solicit\u00f3 como pruebas trasladadas del proceso penal que cursaba en el Juzgado 23 Penal del Circuito, las que al no llegar al proceso civil, originaron que el fallador interpretara equivocadamente los hechos en la sentencia acusada, d\u00e1ndole as\u00ed veracidad a los testimonios aportados por la demandante. <\/p>\n
Igualmente explic\u00f3 que se cercen\u00f3 el debido proceso y el derecho a la defensa en la inspecci\u00f3n judicial practicada por el a-quo, por cuanto el dictamen all\u00ed rendido fue objetado por error grave, objeci\u00f3n que no se tuvo en cuenta por la ausencia de pago de los honorarios de los peritos; que se trat\u00f3 de una decisi\u00f3n arbitraria, que incidi\u00f3 en la sentencia y concretamente respecto de las condenas que se hicieron apoyadas en dicho dictamen. <\/p>\n
Por \u00faltimo, dijo el censor, que se viol\u00f3 el debido proceso y el derecho a la defensa, cuando habiendo sido aceptada la suspensi\u00f3n del proceso por el Juzgado, el Tribunal revoc\u00f3 tal decisi\u00f3n y orden\u00f3 la reanudaci\u00f3n del mismo. La suspensi\u00f3n procesal fue decretada inicialmente en virtud de que se acredit\u00f3 que, en el Juzgado 6o. Civil del Circuito de Bogot\u00e1, cursaba un proceso ordinario iniciado por Ferm\u00edn S\u00e1nchez Gordillo contra el Instituto de Cr\u00e9dito Territorial y Mar\u00eda Zamudio de Rodr\u00edguez, en el que se pretend\u00eda la declaratoria de nulidad del documento contenido en la escritura p\u00fablica No. 3.126 del 24 de Julio de 1.961, otorgada en la notar\u00eda 10a. de Bogot\u00e1 (escritura por medio de la cual la demandante adquiri\u00f3 el dominio y la posesi\u00f3n del inmueble cuya reivindicaci\u00f3n se pretende). Esta acci\u00f3n se fund\u00f3 en el hecho de que tal negociaci\u00f3n conten\u00eda causa y objeto il\u00edcitos, por hechos conocidos con posterioridad al proceso en que dicho documento se pretendi\u00f3 hacer valer, los que en palabras del recurrente denotan \u00abun oscuro origen de la existencia del t\u00edtulo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES SOBRE EL CARGO <\/p>\n
1.- Con sujeci\u00f3n a lo dictado por la causal de casaci\u00f3n que detiene la atenci\u00f3n de la Sala, consagrada aut\u00f3nomamente en el numeral 5o. del art\u00edculo 368 del C. de P.C., es pertinente pretextar, previo el cumplimiento de las reglas legales, que se ha \u00abincurrido en alguna de las causales de nulidad consagradas en el art\u00edculo 140, siempre que no se hubiere saneado\u00bb. <\/p>\n
De all\u00ed que resulte necesario que el recurrente se sujete a la regla de t\u00e9cnica de la autonom\u00eda de las causales y de los cargos, en virtud de los cuales le resulta imperativo ce\u00f1ir sus censuras a aquellos vicios de procedimiento que, a su juicio, estructuran la ocurrencia de una causal de nulidad no saneada, sin que pueda combinarlas o mezclarlas en su formulaci\u00f3n o desarrollo con censuras de otros vicios de procedimiento o ataques de juzgamiento, que s\u00f3lo pueden invocarse dentro de otras causales. Porque, de lo contrario, se quebrantar\u00eda la exigencia legal de la necesidad de que, en un mismo cargo, no pueda alegarse sino una sola causal y no varias, en aplicaci\u00f3n de la enunciada regla que, de no cumplirse, impide a la Corte abordar su estudio de fondo. <\/p>\n
De igual modo, tambi\u00e9n es necesario manifestar que, dentro de la precitada causal, pueden alegarse como hechos constitutivos de nulidad uno o varios motivos de los se\u00f1alados en la ley como tales. <\/p>\n
Pues bien, en desarrollo de la taxatividad que, en l\u00ednea de principio, fue prohijada por el estatuto procesal civil vigente, se ha consagrado como causal de nulidad -de todo o parte del proceso- su adelantamiento \u201cdespu\u00e9s de ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupci\u00f3n o suspensi\u00f3n, o si en estos casos se reanuda antes de la oportunidad debida\u201d (art. 140, num. 5o del C. de P.C.). <\/p>\n
Como es conocido, el motivo de la nulidad consistente en el adelantamiento de un proceso \u00abdespu\u00e9s de ocurrida cualquiera de las causales ….. de suspensi\u00f3n\u00bb, en raz\u00f3n de que se trata de un fen\u00f3meno jur\u00eddico procesal que altera de manera especial la competencia del juez, en cuanto que carece de ella temporalmente mientras aquella subsista, constituye un motivo para anular el proceso. De all\u00ed que, siendo la descrita raz\u00f3n de la mencionada causal de nulidad, sea imprescindible acudir a la regulaci\u00f3n especial de dicho fen\u00f3meno, con sujeci\u00f3n al cual, toda suspensi\u00f3n debe decretarse por el juez del conocimiento, habida cuenta de su insoslayable car\u00e1cter reglado (Arts, 170 encabezamiento y 171, inc. 1o. C. de P.C.). Por consiguiente, no habi\u00e9ndose producido decreto ejecutoriado de suspensi\u00f3n, no es dable aludir a este singular fen\u00f3meno, dado que no puede asign\u00e1rsele existencia y entidad jur\u00eddica, de lo que se desprende que no resulta pertinente referirse a la materializaci\u00f3n del supuesto de hecho engastado en la causal de nulidad mencionada, sin que previamente se haya configurado la hip\u00f3tesis f\u00e1ctica respectiva. <\/p>\n
En consecuencia, es improcedente invocar esta causal cuando no hay providencia ejecutoriada de suspensi\u00f3n, bien sea porque la causal y su decreto nunca se produjeron, o bien porque existiendo nunca fue aducida o si\u00e9ndolo, no fue admitida. De manera que, entonces, la censura que pueda atribu\u00edrsele al juzgador de instancia, de haber negado la suspensi\u00f3n del proceso contrariando la ley, deba ser aducida inicialmente mediante los recursos ordinarios de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n (Arts, 348 y 171 C. de P.C.), como supremo director del proceso (Art. 38 C. de P.C.), a menos que logre estructurarse otro tipo de causal de nulidad. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, reitera la Corte su doctrina en el sentido de que \u00abla estructuraci\u00f3n de la causal relativa a la suspensi\u00f3n debe entenderse, en un primer requisito de proceso suspendido, conforme a la naturaleza de dicho fen\u00f3meno, cuya existencia constitutiva, pues depende de ella, adem\u00e1s de haberse producido una causa legal se requiere no solo una decisi\u00f3n judicial seg\u00fan las voces de los art\u00edculos 170 (el juez decretar\u00e1 la suspensi\u00f3n del proceso…) y 171 (decreto de suspensi\u00f3n y sus efectos. Corresponder\u00e1 al juez …resolver sobre la procedencia de la suspensi\u00f3n…) del C. de P.C., adoptada \u00fanicamente cuando \u00bb el negocio se encuentre en estado de dictar sentencia\u00bb (art. 171 inc. 2o. ibidem) mediante auto (y no sentencia) susceptible de apelaci\u00f3n (Art. 351, num 6o. C. de P.C.), sino que es indispensable adem\u00e1s, que dicha providencia se encuentre en firme porque solo \u00aba partir de la ejecutoria del auto que la decrete\u00bb produce los mismos efectos de la interrupci\u00f3n (art. 171, in fine, ibidem) de que \u00bb no correr\u00e1n los t\u00e9rminos y no podr\u00e1 ejecutarse ning\u00fan acto procesal, con excepci\u00f3n de las medidas vigentes y de aseguramiento\u00bb (Art. 168 inc. final C. de P.C.), que es lo que se trata de asegurar, mediante el establecimiento de la citada nulidad, en caso de haberse reanudado ilegalmente. De all\u00ed que no se configura esta causal cuando quiera que no se produce auto alguno en firme de suspensi\u00f3n, por no haberse proferido decisi\u00f3n alguna o haberse hecho en forma negativa.\u00bb (sentencia del 28 de Febrero de 1.991). <\/p>\n
En el caso sub-examine tambi\u00e9n se acus\u00f3 la sentencia por haberse incurrido en vicio de nulidad, como quiera que no se decret\u00f3 la suspensi\u00f3n del proceso por estar en curso -en contra del demandado- procesos penales que le iniciara la demandante por los delitos de invasi\u00f3n, usurpaci\u00f3n de tierras y hurto, y por estar en curso un proceso civil que promovi\u00f3 este \u00faltimo contra el Instituto de Cr\u00e9dito Territorial y Mar\u00eda Zamudio de Rodr\u00edguez, invocando la nulidad del documento de compraventa. Lo anterior porque, seg\u00fan el recurrente, se trataba de prejudicialidad que obligaba a la suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite procesal, de suerte que al no producirse ella se gener\u00f3 la mencionada nulidad. <\/p>\n
Presentadas as\u00ed las cosas, previo examen de la realidad procesal pertinente, la Corte no advierte el vicio de nulidad enrostrado. <\/p>\n
En efecto, revisadas las actuaciones procesales, ciertamente como dice el recurrente, se formul\u00f3 denuncia de \u00edndole penal por los delitos de invasi\u00f3n, usurpaci\u00f3n de tierras y hurto, cuyo proceso se adelantaba en el Juzgado 23 Penal del Circuito, as\u00ed como tambi\u00e9n obran las pruebas de la existencia del proceso civil (ordinario) promovido por Ferm\u00edn S\u00e1nchez Gordillo en contra el Instituto de Cr\u00e9dito Territorial y la demandante Mar\u00eda Zamudio de Rodr\u00edguez, cuya pretensi\u00f3n es la declaratoria de nulidad de la escritura en que esta \u00faltima apoya su derecho de dominio sobre el predio cuya reivindicaci\u00f3n se pretende. As\u00ed mismo, se constata que, con escrito obrante a folios 160 y 161 del cuaderno No. 1, el apoderado judicial del demandado Ferm\u00edn S\u00e1nchez Gordillo, solicit\u00f3 el decreto de suspensi\u00f3n del proceso, con fundamento en que en el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se tramitaba un proceso ordinario de nulidad de documento. <\/p>\n
Tambi\u00e9n se corrobor\u00f3 que la suspensi\u00f3n del proceso fue decretada por el a-quo con auto del 13 de Febrero de 1.991 (folio 161 Vto), por considerar que se daban los presupuestos del numeral segundo del art\u00edculo 170 del C. de P.C., por raz\u00f3n de la existencia del proceso civil que cursaba en el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1. Apelada esta providencia, el juez de segundo grado, con auto del 12 de Diciembre de 1.991 (folios 26 a 28 Cdno No. 6), la revoc\u00f3 y, en su lugar, deneg\u00f3 la suspensi\u00f3n solicitada por cuanto \u201ctodo lo debatido en el del juzgado 6\u00ba. Civil del Circuito se puede resolver en este\u201d(folio 27 ib\u00eddem), y orden\u00f3 la continuaci\u00f3n del tr\u00e1mite del proceso. <\/p>\n
Lo expuesto pone de presente que no habiendo mediado decreto ejecutoriado de suspensi\u00f3n del proceso al momento de dictar la sentencia, no puede configurarse, como se acot\u00f3, la causal de nulidad mencionada. <\/p>\n
Adem\u00e1s, correspondiendo al juez del \u00abconocimiento\u00bb la funci\u00f3n de determinar si el fallo penal \u00abha de influir necesariamente en la decisi\u00f3n civil\u00bb (art. 170 numeral 1o. C. de P.C.), mal puede atribu\u00edrsele vicio de nulidad por el s\u00f3lo y escueto hecho de negar la suspensi\u00f3n cuando no estableci\u00f3 -dentro de la esfera de su actuaci\u00f3n y valoraci\u00f3n judicial- dicha influencia que, por lo dem\u00e1s, en el presente caso resulta ajustada a derecho -su resoluci\u00f3n judicial-, toda vez que las meras denuncias formuladas con motivo de la celebraci\u00f3n de un contrato de compraventa no afectan o permean -por ese s\u00f3lo hecho- la presunci\u00f3n de autenticidad de los t\u00edtulos, la que permanece inc\u00f3lume y, por ende, despliega sus conocidos efectos jur\u00eddicos, ni en principio comprometen derechos de terceros. Adicionalmente, no advierte la Corte la estructuraci\u00f3n de la mencionada nulidad, tanto m\u00e1s cuanto que en el sub-lite el demandado es ajeno a dicha relaci\u00f3n contractual. <\/p>\n
2.- Sigue ahora la Corte con el estudio de la acusaci\u00f3n sometida a su consideraci\u00f3n. Con respecto a los ataques se\u00f1alados en los literales b), c), d), que obran a folios 17, 18 y 19 del Cuaderno de la Corte, respectivamente, \u00e9stos no est\u00e1n llamados a prosperar. <\/p>\n
Con respecto al primero de ellos, relativo al hecho que -en palabras del censor- de que la sentencia se dict\u00f3 en un proceso de nulidad porque se desconoci\u00f3 el derecho de defensa al no haberse allegado al proceso las pruebas decretadas por el a-quo, pruebas pedidas en el libelo generatriz, se constata: a) que hubo efectivamente solicitud de la prueba trasladada en la demanda (folios 39 y 40 cuaderno uno); b) Que esa prueba s\u00ed fue decretada por el a-quo (Folio 44 vuelto cuaderno uno); c) que el 31 de mayo de 1989, se retir\u00f3 el oficio No. 0721 del 5 de abril de 1989, por medio del cual se pidieron las copias y certificaciones del proceso penal que cursaba en el Juzgado 23 Penal del Circuito. <\/p>\n
Como lo afirm\u00f3 el recurrente, no existe respuesta al oficio No. 0721, como tampoco obra en el expediente prueba de su entrega en el referido juzgado 23 Penal del Circuito. <\/p>\n
Sin embargo, observa la Corte que, de conformidad con el art\u00edculo 177 del C.P.C., incumbe a las partes \u201cprobar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u201d, por lo cual, cada una de ellas debe estar pendiente de la pr\u00e1ctica de las pruebas pedidas. Si, por cualquier raz\u00f3n, el destinatario del oficio no le dio cumplimiento en forma oportuna, el apoderado cont\u00f3 con el derecho para solicitar al juez el correspondiente requerimiento a dicha autoridad para que diera respuesta inmediata a la petici\u00f3n del juzgado. Por lo tanto, en el asunto bajo estudio, se observa que la omisi\u00f3n en la pr\u00e1ctica de la prueba trasladada es de responsabilidad del interesado en su realizaci\u00f3n, raz\u00f3n por lo cual dicha omisi\u00f3n, en s\u00ed misma considerada, no encuadra dentro de la causal sexta del art\u00edculo 140 del C.P.C., a cuyo tenor el proceso es nulo \u201cCuando se omiten los t\u00e9rminos y oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de conclusi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
A este respecto resulta pertinente reiterar lo ya dicho por esta Corporaci\u00f3n: \u201cEl motivo quinto de casaci\u00f3n consiste en haberse incurrido en alguna de las causales de nulidad consagradas en el art\u00edculo 152 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -hoy 140 de acuerdo con la nueva numeraci\u00f3n introducida por el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 2282 de 1989- siempre que no se hubiere saneado, luego inevitable es concluir, como varias veces lo ha puesto de presente la Corte (G.J., Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 – Sala Civil CLII, pag. 219), que es improcedente del todo un ataque contra un fallo susceptible de aquel recurso extraordinario basado en dicha causal, si las irregularidades invocadas como constitutivas de nulidad general no existen, si existiendo no est\u00e1n contempladas taxativamente dentro de los motivos de nulidad adjetiva que enumera el referido art\u00edculo, o si est\u00e1ndolo y siendo saneables, fueron convalidadas por el asentimiento expreso o t\u00e1cito de la parte afectada con ellas\u201d (Sentencia del 10 de julio de 1990, pag. 8) <\/p>\n
De igual forma, en el fallo citado, la Sala reiter\u00f3: \u201c\u2026\u2019la omisi\u00f3n del t\u00e9rmino de pruebas, para que engendre nulidad, debe implicar un evidente cercenamiento del derecho esencial que asiste a las partes para pedir pruebas, y para que le sean decretadas y practicadas, con notorio desconocimiento del fundamental derecho de defensa\u2026\u2019, lo que equivale a afirmar, y esto es lo que importa subrayar ahora, que para que pueda fundarse un recurso de casaci\u00f3n en un error de actividad procesal consistente en haberse omitido la oportunidad para evacuar diligencias de prueba en debida forma solicitadas, es imperativo que tal omisi\u00f3n produzca indefensi\u00f3n en el sentido estricto que esta palabra tiene en el lenguaje jur\u00eddico, luego evidentemente estar\u00e1 condenado al fracaso dicho recurso, y por consiguiente tendr\u00e1 que ser desestimado, si cual aconteci\u00f3 en este caso seg\u00fan enseguida se ver\u00e1, denuncia el casacionista una irregularidad de aquella estirpe pero que, al no ser reclamada en ocasi\u00f3n apropiada durante las instancias por quien estaba legitimado para hacerlo, result\u00f3 convalidada por disponerlo as\u00ed el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 156 -hoy 144- del estatuto de enjuiciamiento tantas veces mencionado\u201d (Ib\u00eddem, pags. 10 y 11). (Lo subrayado es ajeno al texto) <\/p>\n
El literal siguiente c) (sic) contiene la censura, seg\u00fan la cual, se viol\u00f3 el debido proceso y el derecho de defensa, pues luego de suspendido el litigio por el juzgado de primera instancia, el ad-quem resolvi\u00f3 revocar tal decisi\u00f3n, que hab\u00eda sido atacada mediante recurso de apelaci\u00f3n. En primer lugar, observa la Corte que ese ataque no se encuentra contemplado dentro de las causales de nulidad del proceso, se\u00f1aladas por el art\u00edculo 140 del C.P.C. Adem\u00e1s, el hecho que el ad-quem haya decidido revocar una decisi\u00f3n del juez de primera instancia, por virtud de un tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n, no constituye ni causal de nulidad y menos desconocimiento del debido proceso. Todo lo contrario, teniendo en cuenta que dicho recurso se le dio el tr\u00e1mite ritual de ley, que su procedimiento se someti\u00f3 a dichas directrices procesales, que no se incurri\u00f3 en ning\u00fan yerro procedimental, y que su decisi\u00f3n se encuentra dentro de la \u00f3rbita jurisdiccional soberana -rectamente entendida-, encuentra la Corte que no se le puede endilgar ning\u00fan reparo a esa actuaci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Con respecto a la observaci\u00f3n identificada con el literal e) (folio 22), que se refiere al desacuerdo del censor con relaci\u00f3n a un auto del Tribunal Superior del Distrito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 de fecha 9 de agosto de 1994 -por medio del cual concedi\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n y, en especial, del suministro de las expensas para expedici\u00f3n de copias de diferentes piezas procesales-, destaca la Corte que, en puridad, no se trata de un ataque en contra de la sentencia impugnada, sino de un mero desacuerdo del recurrente frente al cumplimiento del auto dictado por el Tribunal. Por esa circunstancia, la Corte no se detendr\u00e1 en su estudio. <\/p>\n
Por todo lo anterior, no prospera el cargo. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Invocando el motivo primero de casaci\u00f3n previsto en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el censor acus\u00f3 la sentencia por ser violatoria de la ley sustancial en los art\u00edculos 26, 31, 762, 763, 764, 768, 769, 780, 781, 786, 1.849, 1.866, 1.880, 1.824, 2.212, 2.522, 2.527, 2.528 y 2.529 del C\u00f3digo Civil y el art\u00edculo 1o. de la ley 50 de 1.936. <\/p>\n
Fund\u00f3 esta infracci\u00f3n en error de hecho en la apreciaci\u00f3n err\u00f3nea de los testimonios de Manuel Mar\u00eda Aldana Mar\u00edn, Carlos Alberto Verona Velasco, C\u00e9sar Augusto Rodr\u00edguez Garc\u00eda, Alberto Fern\u00e1ndez y Pedro Miguel Fern\u00e1ndez Parra. De igual forma, el censor objet\u00f3 que se produjo tambi\u00e9n un error de hecho al dejar de ser apreciado el testimonio de Ignacio Salamanca Salcedo y los relativos a la prueba trasladada, se\u00f1ores Jes\u00fas Vargas Gamboa, Luis Alfonso Rodr\u00edguez, Martha Stella Gabriel Vargas, Alejandro Dar\u00edo Ar\u00e9valo Fl\u00f3rez y Guillermo Su\u00e1rez Su\u00e1rez, testimonios estos que \u00abjuegan\u00bb (sic) en el proceso penal No. 11.274 fallado en el juzgado 23 Penal del Circuito de Bogot\u00e1, que se adelantaba contra Ferm\u00edn S\u00e1nchez Gordillo por el delito de invasi\u00f3n, por denuncia de Mar\u00eda Lucila Zamudio de Rodr\u00edguez. <\/p>\n
Precis\u00f3 luego el recurrente que, en el testimonio de Manuel Mar\u00eda Aldana, \u00e9ste trat\u00f3 de explicar c\u00f3mo hab\u00eda sido adquirido el lote, la posesi\u00f3n de la actora y c\u00f3mo era prestada la vigilancia que sobre el predio \u00e9sta ejerc\u00eda, etc., testimonio que en el proceso penal fue rechazado por mentiroso. Que, por su lado, el deponente Alberto Verona Velasco, observ\u00f3 el censor, que defend\u00eda la originalidad del t\u00edtulo y la transferencia del predio a Mar\u00eda Zamudio de Rodr\u00edguez, testigo igualmente controvertido en el proceso penal, de suerte que su declaraci\u00f3n qued\u00f3 sin validez alguna porque en el expediente hay constancia en el sentido de que el Instituto de Cr\u00e9dito Territorial abandon\u00f3 el lote en litigio. Sin embargo, prosigui\u00f3 el casacionista, este testimonio s\u00f3lo prueba que hubo un t\u00edtulo y que despu\u00e9s se pretendi\u00f3 buscar la posesi\u00f3n del predio, apreciaci\u00f3n equivocada del testimonio que hizo inferir que la posesi\u00f3n de Mar\u00eda era posterior al t\u00edtulo, con lo que incurri\u00f3 el Tribunal en error de hecho. En torno al testimonio de C\u00e9sar Augusto Rodr\u00edguez sostuvo que era parcial (sic) por su v\u00ednculo con la actora y que estaba interesado en hacer realidad un t\u00edtulo de tradici\u00f3n y dominio, con lo que indujo en error de hecho al ad-quem. <\/p>\n
De la declaraci\u00f3n de Pedro Miguel Fern\u00e1ndez Parra afirm\u00f3 el censor que bastaba con leerla en los folios 7 y 8 del cuaderno de excepciones previas y repetir la lectura en el proceso penal, para desconocerla y abrir la correspondiente investigaci\u00f3n penal por el delito de \u00abfalsos testimonios\u00bb. <\/p>\n
Que, contrariamente a lo expuesto en las dos instancias, no se apreci\u00f3 el testimonio de Ignacio Salamanca Salcedo, quien afirm\u00f3 constarle que el demandado ten\u00eda la posesi\u00f3n del predio desde 1.966, as\u00ed como las construcciones que all\u00ed hizo, versi\u00f3n que tiene un profundo respaldo en s\u00ed misma y especialmente en las investigaciones de car\u00e1cter penal que se siguieron contra Ferm\u00edn S\u00e1nchez Gordillo, en las que fue absuelto. Pero, como antes se anot\u00f3, el a-quo orden\u00f3 que los expedientes referentes a dichos procesos se aportaran como prueba trasladada de Jes\u00fas Vargas Gamboa, Luis Alfonso Rodr\u00edguez, Martha Stella Gabriel, Alejandro David Ar\u00e9valo Fl\u00f3rez y Guillermo Su\u00e1rez Su\u00e1rez, pruebas que jam\u00e1s llegaron al proceso, pero que ahora pueden ser analizadas por la Corte, supuestamente sin obst\u00e1culo alguno. <\/p>\n
Reiter\u00f3 el censor que la versi\u00f3n del testigo Ignacio Salamanca Salcedo y la prueba trasladada fueron ignoradas en las instancias, lo que facilit\u00f3 la violaci\u00f3n de la ley sustancial en raz\u00f3n de que tales medios de convicci\u00f3n probaban que S\u00e1nchez Gordillo tuvo la posesi\u00f3n quieta, pac\u00edfica, p\u00fablica y de buena fe del lote desde el a\u00f1o 1.966, predio que el Instituto de Cr\u00e9dito Territorial abandon\u00f3 y cuya posesi\u00f3n no pod\u00eda transferir porque ya la ten\u00eda un tercero; que la actora nunca ostent\u00f3 la posesi\u00f3n, luego habiendo ganado el demandado la referida posesi\u00f3n del lote por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, solicit\u00f3 a la Corte case la sentencia del Tribunal y, en su lugar, declare la continuidad de la posesi\u00f3n material del lote que viene ocupando Ferm\u00edn S\u00e1nchez Gordillo, o en su defecto declare que ha adquirido la posesi\u00f3n material y el dominio pleno sobre dicho lote. <\/p>\n
CONSIDERACIONES SOBRE EL CARGO <\/p>\n
Destaca la Corte que el cargo, as\u00ed como aparece formulado, se torna intrascendente por las siguientes razones: <\/p>\n
1. Toda la argumentaci\u00f3n incluida en el cargo est\u00e1 dirigida a mostrar que existen en el proceso unos testimonios que dan cuenta de que el demandado estuvo poseyendo el inmueble durante m\u00e1s de veinte a\u00f1os, en contra de un grupo de versiones testimoniales -que tuvo en cuenta el ad-quem para proferir su fallo- seg\u00fan las cuales el periodo de posesi\u00f3n fue menor de los veinte a\u00f1os. En esta materia, como precedentemente se indic\u00f3, el juzgador, de conformidad con los postulados informadores de la sana cr\u00edtica, es soberano en la interpretaci\u00f3n del material probatorio recaudado en el proceso. <\/p>\n
2. Pero si, en gracia de discusi\u00f3n -s\u00f3lo para restarle eficacia a la argumentaci\u00f3n esgrimida por el recurrente-, se llegara a la conclusi\u00f3n -de suyo meramente hipot\u00e9tica- de que s\u00ed oper\u00f3 el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n, este hecho no fue alegado oportunamente por parte del demandado en la contestaci\u00f3n de la demanda, el que ha debido entonces haberse formulado en dicho momento procesal, al tenor del art\u00edculo 306 del C.P.C. cuyo texto reza: \u201cCuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n, deber\u00e1 reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa, que deber\u00e1n alegarse en la contestaci\u00f3n de la demanda\u2026\u201d. Adem\u00e1s, el mismo demandado reconoci\u00f3 que tan s\u00f3lo llevaba de posesi\u00f3n 18 a\u00f1os, cuando expres\u00f3 que \u201cAclaro que desde hace aproximadamente 18 a\u00f1os, he venido poseyendo el lote y este se hallaba totalmente abandonado, sin cercar\u2026..\u201d (folio 38 Cuaderno No. 1). <\/p>\n
3. Teniendo en cuenta lo anterior, mal podr\u00eda la Corte, en el tr\u00e1mite del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, entrar en el estudio de un aspecto que no fue oportunamente planteado, ni mucho menos pronunciarse sobre los elementos probatorios de una excepci\u00f3n que no fue interpuesta en la contestaci\u00f3n de la demanda, como ya se acot\u00f3. En efecto, esta Corporaci\u00f3n ha calificado reiteradamente a este fen\u00f3meno como un hecho nuevo, que no puede ser tenido examinado en sede de casaci\u00f3n, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u201cEn esas circunstancias, aflora lo que en materia del recurso de casaci\u00f3n se denomina un medio nuevo, cuya formulaci\u00f3n y examen resulta de un todo inadmisible por v\u00eda de tal impugnaci\u00f3n, pues en verdad la acusaci\u00f3n ata\u00f1e con un planteamiento que jam\u00e1s se propuso, de alg\u00fan modo, ante los jueces de primera y segunda instancia. <\/p>\n
\u201cEs del caso reiterar, una vez m\u00e1s, que se quebrantar\u00eda \u00abEl derecho de defensa si uno de los litigantes pudiera echar mano en casaci\u00f3n de hechos, extremos o planteamientos no alegados o formulados en instancia, respecto de los cuales, si los hubiesen sido entonces, la contraparte habr\u00eda podido defender su causa…La sentencia no puede enjuiciarse en casaci\u00f3n sino con los materiales que sirvieron para estructurarla, no con materiales distintos, extra\u00f1os o desconocidos. Ser\u00eda, de lo contrario, una lucha desleal, no solo entre las partes, sino tambi\u00e9n respecto al Tribunal fallador a quien se le emplazar\u00eda a responder en relaci\u00f3n con hechos o planteamientos que no tuvo ante sus ojos, y a\u00fan respecto del fallo mismo que tendr\u00eda que defenderse de armas para \u00e9l hasta entonces ignoradas. (G.J. LXXXIII, p. 76)\u201d. (Sentencia No. 98 del 29 de noviembre 1998, expediente 4946) <\/p>\n
4. Por consiguiente se rechaza el cargo. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Civil, el 30 de Noviembre de 1.993, al que le fue enviado el proceso por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 en virtud de lo dispuesto en el decreto 2651 de 1.991, en el proceso ordinario (reivindicatorio) promovido por MARIA ZAMUDIO DE RODRIGUEZ contra FERMIN SANCHEZ GORDILLO. <\/p>\n
Costas a cargo de la parte recurrente. T\u00e1sense <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase al tribunal de origen. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
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S-086-99 [5287] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado ponente: Dr. CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) Referencia: Expediente No. 5287 Procede la Corte a decidir el recurso extraordinario […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81690","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81690","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81690"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81690\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81690"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81690"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81690"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}