S-088-99 [6188]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., once (11) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
Ref.: Expediente 6168 <\/p>\n
Provee la Corte en relaci\u00f3n con el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de segunda instancia, proferida el 13 de diciembre de 1995 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de este proceso ordinario seguido por LUCY MIREYA LOPEZ DE MAZORRA contra MARIA EUGENIA SARRIA CABRERA hoy DE IRAIZOS. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES: <\/p>\n
Por demanda que en el reparto correspondi\u00f3 al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali, Lucy Mireya L\u00f3pez de Mazorra y Nohora Marleny L\u00f3pez de Trujillo, en su condici\u00f3n de herederas de las sucesiones il\u00edquidas de sus padres Marco Tulio L\u00f3pez Mu\u00f1oz y Ernestina Pino de L\u00f3pez, llamaron a proceso ordinario de mayor cuant\u00eda a la demandada ya nombrada, para que, con su citaci\u00f3n y audiencia, se declarase la nulidad del contrato de compraventa de que da cuenta la escritura p\u00fablica n\u00famero 3830 otorgada en la Notar\u00eda S\u00e9ptima de Cali el 31 de diciembre de 1984 y registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos el 13 de febrero de 1985, instrumento mediante el cual Marco Tulio L\u00f3pez Mu\u00f1oz vendi\u00f3 a la demandada Mar\u00eda Eugenia Sarria Cabrera tres inmuebles situados en Cali, descritos en el libelo petitorio e identificados con matr\u00edculas inmobiliarias n\u00fameros 370-0143366, 370-0143367 y 370-0143447, \u201ctradici\u00f3n legal\u201d del dominio que se hizo cuando el vendedor se encontraba en interdicci\u00f3n provisoria. Como consecuencia de la anterior declaraci\u00f3n pidieron que se ordenara la cancelaci\u00f3n del registro de la escritura contentiva de la venta anulada, adem\u00e1s de la condena en costas a la parte contraria. <\/p>\n
Las demandantes son hijas matrimoniales de Ernestina Pino de L\u00f3pez y Marco Tulio L\u00f3pez Mu\u00f1oz, quien adem\u00e1s tuvo dos hijas extramatrimoniales de nombres Martha Romelia L\u00f3pez Campos de Fern\u00e1ndez y Francia L\u00f3pez Campos. <\/p>\n
Seg\u00fan certificaci\u00f3n m\u00e9dica del Doctor Tom\u00e1s Zamora, el se\u00f1or Marco Tulio L\u00f3pez Mu\u00f1oz fue internado en el Hospital San Jos\u00e9 de Popay\u00e1n el 2 de noviembre de 1.984 por neumon\u00eda bacteriana con compromiso neurol\u00f3gico. El mismo galeno certific\u00f3 el 23 de noviembre de ese a\u00f1o que el paciente antedicho presentaba alteraciones en la orientaci\u00f3n, juicio y raciocinio que \u201chacen que el se\u00f1or LOPEZ no sea apto para realizar actos de responsabilidad civil, social o f\u00edsicos, porque padece enfermedad cerebral que le incapacita para esa clase de acciones\u201d. <\/p>\n
Con base en dicha certificaci\u00f3n las demandantes iniciaron un proceso de jurisdicci\u00f3n voluntaria tendiente a que se declarase la interdicci\u00f3n de su padre Marco Tulio L\u00f3pez Mu\u00f1oz, del cual conoci\u00f3 el juzgado Segundo Civil del Circuito de Popay\u00e1n, despacho que el 23 de enero de 1.985 decret\u00f3 la interdicci\u00f3n provisoria y design\u00f3 como curadora provisoria a su hija Lucy Mireya L\u00f3pez de Mazorra, quien solamente se vino a posesionar del cargo el 28 de marzo de 1.985. <\/p>\n
Estando incapacitado el se\u00f1or Marco Tulio L\u00f3pez, seg\u00fan la certificaci\u00f3n m\u00e9dica antes referida, enajen\u00f3 a t\u00edtulo de venta en favor de la demandada Mar\u00eda Eugenia Sarria Cabrera los tres inmuebles arriba mencionados, por medio de la escritura p\u00fablica 3.830 del 31 de diciembre de 1.984, otorgada en la Notar\u00eda S\u00e9ptima de Cali, la que se registr\u00f3 en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos diez d\u00edas despu\u00e9s de que el vendedor hubiese sido declarado en interdicci\u00f3n mediante auto del juzgado segundo civil del circuito de Popay\u00e1n, proferido el 23 de enero de 1.985. <\/p>\n
Subsanados los defectos que originaron su inadmisi\u00f3n, la demanda fue luego admitida por el juzgado teniendo por demandante s\u00f3lo a Lucy Mireya L\u00f3pez de Mazorra, de conformidad con petici\u00f3n especial del apoderado, quien adujo carecer al momento de la presentaci\u00f3n de la demanda \u201cdel registro civil de nacimiento\u201d de la otra demandante Nohora Marleny L\u00f3pez de Trujillo. <\/p>\n
Fracasados los intentos de notificaci\u00f3n personal, ordenado y surtido el emplazamiento, designada y posesionada que fue la curadora ad litem, en forma extempor\u00e1nea contest\u00f3 \u00e9sta la demanda en la que dijo someterse al resultado de lo probado. Transcurridas las etapas procesales subsiguientes, dentro de la cual la Corte resalta de un lado la probatoria, en la que s\u00f3lo se decret\u00f3 tener como prueba los documentos aportados por la parte demandante al libelo inicial, que fue lo que ella \u00fanicamente pidi\u00f3, y de otro la de alegaciones, de la que ninguna de las partes hizo uso, y arrimada de oficio a la causa copia del expediente del proceso de interdicci\u00f3n de Marco Tulio L\u00f3pez, el a quo profiri\u00f3 sentencia en la que deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda y conden\u00f3 en costas a \u201clas demandantes\u201d. Se destaca que al tiempo de estar el negocio a despacho para sentencia, la se\u00f1ora Francia Ben\u00edtez Rivera present\u00f3 demanda ad excludendum en contra de la demandante y la demandada, ante lo cual el juzgado decidi\u00f3, invocando para ello el art\u00edculo 404 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que ninguna actuaci\u00f3n pod\u00eda adelantarse. Apelado el fallo, el Tribunal confirm\u00f3 la sentencia e impuso condena en costas a la parte apelante. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL: <\/p>\n
Luego de encontrar satisfechos los presupuestos procesales, redactar los antecedentes del proceso, sintetizar la sentencia del a quo y los argumentos de la impugnaci\u00f3n, procede el Tribunal de instancia a analizar los alcances del art\u00edculo 553 del C\u00f3digo Civil para lo cual transcribe jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en la que se ratifica la distinci\u00f3n doctrinal y jurisprudencial contenida en el mencionado precepto, en virtud del cual, el inciso primero contiene una presunci\u00f3n de derecho \u201cen lo tocante con la incapacidad para contratar por s\u00ed mismo que afecta al demente que ha sido declarado en interdicci\u00f3n judicial mientras ella est\u00e9 vigente, y (el inciso segundo) otra de capacidad, simplemente legal, corroborante de la de car\u00e1cter general que establece el citado art\u00edculo 1503 para todas las personas mayores de edad\u201d (par\u00e9ntesis de la Corte). Y as\u00ed, desciende el Tribunal al caso sometido a su decisi\u00f3n, del cual afirma: \u201cbrilla con intensidad la absoluta orfandad probatoria para acreditar la enfermedad mental del se\u00f1or Marco Tulio L\u00f3pez. La parte actora se limit\u00f3 a narrar unos hechos y a presentar la constancia m\u00e9dica expedida en noviembre 23 de 1.984 visible a folio 7 del cuaderno No. 1, sin ning\u00fan alcance probatorio pues ni siquiera se solicit\u00f3 se verificara su autenticidad\u201d. <\/p>\n
Se refiere asimismo el Tribunal al an\u00e1lisis que hace el a quo de las pruebas practicadas dentro del proceso de interdicci\u00f3n de Marco Tulio L\u00f3pez Mu\u00f1oz, cuya copia hab\u00eda solicitado de oficio dicho juzgado, an\u00e1lisis que el Tribunal califica de inocuo e innecesario toda vez que esas pruebas no pod\u00edan ser tenidas en cuenta, al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 185 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pues en el proceso de interdicci\u00f3n no fue parte la ahora demandada, se\u00f1ora Mar\u00eda Eugenia Sarria. <\/p>\n
Concluye entonces el Tribunal que como no hubo prueba de la enfermedad mental que sufr\u00eda el se\u00f1or Marco Tulio L\u00f3pez al momento de celebrar el contrato cuya nulidad se impetra, la sentencia debe desestimar las pretensiones de la demanda y confirmar la del a quo. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Un cargo enfila el recurrente contra la sentencia atr\u00e1s resumida y lo hace consistir en que la providencia recurrida es indirectamente violatoria de la ley sustancial, por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1502, 1503, 1504, incisos 1\u00ba y 2\u00ba, 1740, 1741, 1742 (con la subrogaci\u00f3n del art\u00edculo 2\u00ba de la Ley 50 de 1.936), 1746, 1747, 961, 962, 963, 964, 969, 1155 inc. 1\u00ba , 1012, 1040 (con la reforma del art. 2\u00ba de la Ley 29 de 1.982) del C\u00f3digo Civil, como consecuencia de los errores trascendentes de derecho en que incurri\u00f3 el Tribunal \u201c\u2026 por omisi\u00f3n del decreto de pruebas oficiosas, por inaplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 6\u00ba, 37-4 (con la reforma del art. 1\u00ba -13 Dto. 2282 de 1.989), 179 y 180, en relaci\u00f3n con los arts. 174, 175, 178, 232, 233 y 234 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u201d. <\/p>\n
En el desarrollo del cargo, el recurrente conviene con el Tribunal en que \u201cla prueba que milita en el proceso no bastantea la declaraci\u00f3n de nulidad absoluta pretendida en la demanda incoativa del pleito, principalmente porque la practicada en el proceso de interdicci\u00f3n judicial del vendedor de los predios en litigio lo fue sin intervenci\u00f3n de la compradora aqu\u00ed demandada, por lo que le es inoponible\u201d. En cambio disiente del ad quem \u201cen cuanto consider\u00f3 que la sentencia que deb\u00eda dictarse no pod\u00eda ser sino desestimativa, por ausencia probatoria, como quiera que la ley procesal no s\u00f3lo faculta sino que le impone al fallador el deber legal de decretar pruebas oficiosas tendientes a esclarecer la verdad real de los hechos disputados, y el juzgador de instancia estaba en posibilidad de decretar esa prueba ex officio por aparecer mencionada en el proceso\u201d, en lo que tiene que ver fundamentalmente con las pruebas practicadas en el proceso de interdicci\u00f3n, decret\u00e1ndolas y complement\u00e1ndolas con el decreto de la declaraci\u00f3n de testigos que aparecen citados en la demanda. <\/p>\n
Recalca el recurrente que el Tribunal incurri\u00f3 en error de derecho al inaplicar los art\u00edculos 37-4, 179 y 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil que le impon\u00eda el deber legal de decretar las pruebas de oficio siguientes: \u201ca). Dictamen pericial siqui\u00e1trico que, con base en el restante recaudo probatorio, eval\u00fae las condiciones de salud f\u00edsico-mental del vendedor MARCO TULIO LOPEZ MU\u00d1OZ para la \u00e9poca de 31 de diciembre de 1.984 y, en especial, si pod\u00eda comprender a cabalidad la negociaci\u00f3n que efectu\u00f3 con la aqu\u00ed demandada, b.) declaraci\u00f3n de terceros de las siguientes personas mencionadas en el expediente en los folios que se\u00f1alo ut infra, a cuya citaci\u00f3n se compromete la demandante por no aparecer citada su direcci\u00f3n pero s\u00ed su domicilio que es Popay\u00e1n, quienes depondr\u00e1n sobre el estado salud f\u00edsico-mental del vendedor MARCO TULIO LOPEZ MU\u00d1OZ para la \u00e9poca de 31 de diciembre de 1.984, sobre su comportamiento personal y sobre la notoriedad de su enfermedad: <\/p>\n
Sra. NOHORA MARLENY LOPEZ DE TRUJILLO: (fls 1, 18, 20\u2026 cno. 1) <\/p>\n
Neur\u00f3logo TOMAS ZAMORA BASTIDAS: (fls. 8, 9, 11 \u2026 cno 1) <\/p>\n
Siquiatra RAMON ALBERTO JARAMILLO: (fls. 8, 14 cno 1;36\u2026 cno 2)\u201d. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n pasa a citar jurisprudencia de esta Sala (sentencia de 11 de septiembre de 1978) en la que se afirma, entre otras cosas, que \u201ces un deber del juzgador utilizar los poderes oficiosos que le concede la ley en materia de pruebas, pues es \u00e9ste el verdadero sentido y alcance que exteriorizan los art\u00edculos 37-4, 179 y 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u201d, luego de lo cual, precisa las infracciones normativas en las que incurri\u00f3 el ad quem por la v\u00eda indirecta al inaplicar las normas sustanciales arriba rese\u00f1adas, que le confieren a la demandante \u201cel derecho a obtener la declaraci\u00f3n judicial de nulidad sustancial absoluta pretendida con las correspondientes prestaciones mutuas, y la legitiman para deprecar esas pretensiones como hija y heredera del vendedor y de cujus, en pro de su comunidad herencial, vulneraciones a las que se lleg\u00f3 indirectamente, como consecuencia de los errores de derecho en que incurri\u00f3 el ad quem por no decretar las pruebas de oficio requeridas para la verificaci\u00f3n de los supuestos f\u00e1cticos en disputa\u201d. Despu\u00e9s se enfila a demostrar la inaplicaci\u00f3n de las normas de disciplina probatoria que le impon\u00edan el deber legal de decretar pruebas de oficio antes de fallar, as\u00ed como la norma fundamental contenida en el art\u00edculo 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en cuanto lista a la jurisprudencia como criterio auxiliar de la actividad judicial, inaplicada igualmente por omitir el Tribunal los reiterados pronunciamientos jurisprudenciales de esta Sala, sobre la facultad-deber del juzgador de decretar pruebas oficiosas. <\/p>\n
Prosigue el desarrollo del cargo \u00fanico con la afirmaci\u00f3n acerca de la trascendencia de los errores de derecho cometidos por el Tribunal y al respecto concluye que sin la ocurrencia de ellos \u201ccon el decreto oficioso de las pruebas omitidas, se habr\u00eda averiguado la verdad real de los hechos disputados, que no es otra que la verificaci\u00f3n de que el vendedor MARCO TULIO LOPEZ MU\u00d1OZ padec\u00eda incapacidad mental absoluta\u2026\u201d. Y remata con una explicaci\u00f3n acerca de por qu\u00e9 no es un medio nuevo en casaci\u00f3n las argumentaciones que se dejaron compendiadas. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES: <\/p>\n
1. En s\u00edntesis, el cargo que le endilga el recurrente a la sentencia radica en haber dejado el Tribunal de decretar pruebas de oficio, tendientes a esclarecer la verdad del proceso, deber que se encuentra plasmado principalmente en el art\u00edculo 179 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cuya inaplicaci\u00f3n produjo la transgresi\u00f3n, por falta de aplicaci\u00f3n, de las normas sustanciales que otorgan el derecho a la demandante, en su condici\u00f3n de heredera, de invocar y obtener la declaraci\u00f3n de nulidad sustancial del contrato de compraventa de que trata la escritura p\u00fablica N\u00famero 3830 del 31 de diciembre de 1.984, otorgada en la Notar\u00eda S\u00e9ptima de Cali, mediante la cual MARCO TULIO LOPEZ MU\u00d1OZ enajen\u00f3 a la demandada tres inmuebles a t\u00edtulo de venta. <\/p>\n
La esencia del cargo entonces estriba en verificar si, en el caso concreto que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, la omisi\u00f3n del decreto de las pruebas oficiosas que se\u00f1al\u00f3 el casacionista, indujeron al Tribunal a la violaci\u00f3n de las normas sustanciales mencionadas. O en otras palabras, si la omisi\u00f3n de lo que la doctrina jurisprudencial ha denominado deber-poder de decretar pruebas oficiosas, conduce en este caso, a la violaci\u00f3n inexorable de la ley sustancial, a consecuencia de un error de derecho por falta de aplicaci\u00f3n de la norma probatoria que le impone al juzgador el deber de decretar pruebas de oficio. <\/p>\n
2. Sea lo primero analizar el alcance de ese poder deber del juez de decretar pruebas de oficio, a la luz del moderno sistema que impera en el proceso civil actual, cuyas caracter\u00edsticas lo alejan tanto del dispositivo como del sistema inquisitivo para erigirse en un nuevo sistema que involucra elementos de los dos arriba mencionados. <\/p>\n
En efecto, no obstante que las partes interesadas de manera directa en las resultas del proceso deban, mediante la formulaci\u00f3n de la demanda y las excepciones, iniciarlo y fijarle al juez el \u00e1mbito dentro del cual \u00e9ste debe desplegar su actividad de director del proceso y fallador, y a pesar de que esas partes tienen el poder de disponer de los derechos discutidos o alegados en el proceso, la actividad probatoria ya no s\u00f3lo es de incumbencia de esas partes, pues al juez se le otorgan amplias facultades para decretar pruebas de oficio de manera que se acerque lo m\u00e1s posible la verdad procesal a la real, objetivo \u00e9ste que es de inter\u00e9s p\u00fablico o general. A tal punto ha evolucionado la funci\u00f3n instructora del juez en el proceso civil, que en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil abundan las disposiciones que otorgan a aqu\u00e9l facultades para llegar al objetivo antedicho, como son, a guisa de ejemplo, las contenidas en los art\u00edculos 179, 180, 202, 203 inc. 3\u00ba, 207 inc. 3\u00ba, 211, 219, 225 numeral 3\u00ba, 233 inc. 2\u00ba, 237 numeral 3\u00ba, normas todas que destacan la razonable discrecionalidad del juez en el decreto de pruebas oficiosas. As\u00ed, el art\u00edculo 179 explicita que el juez o magistrado puede decretar pruebas de oficio \u201ccuando las considere \u00fatiles para la verificaci\u00f3n de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes\u201d; el 202 reitera la misma facultad en relaci\u00f3n con el interrogatorio de parte; el 233 inc. 3\u00ba, hace lo propio en relaci\u00f3n con el decreto oficioso de un nuevo dictamen pericial \u201ccuando el juez considere que el dictamen no es suficiente\u201d; o el 237 numeral 3\u00ba, que faculta al juez, \u201csi lo estima necesario\u201d, para recibir los testimonios de terceros que proporcionaron informaciones a los peritos durante el curso de sus investigaciones. Y aun m\u00e1s, el art\u00edculo 37 numeral 4\u00ba del Estatuto Procesal Civil impone al juez, en afortunada simbiosis, el deber de emplear los poderes que ese c\u00f3digo le concede en materia de pruebas, \u201csiempre que lo considere conveniente para verificar los hechos alegados por las partes y evitar nulidades y providencias inhibitorias\u201d. <\/p>\n
Sin embargo, parejo al deber-poder del juez para decretar pruebas oficiosas, el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, siguiendo la senda trazada desde el derecho romano, consagr\u00f3 en su art\u00edculo 177 el principio de la Carga de la Prueba a cuyo tenor, \u201cincumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u201d, regla de juicio que debe aplicar el juez como suced\u00e1neo, ante la falta de pruebas o ante la existencia de lo que doctrinalmente se ha conocido como el \u201checho incierto\u201d. <\/p>\n
La contradicci\u00f3n entre el deber y el poder de decretar pruebas de oficio, por una parte, y la consagraci\u00f3n del principio de la carga de la prueba, por otra, es s\u00f3lo aparente. Porque, como se expres\u00f3 arriba, la mixtura del sistema procesal civil colombiano determina que el juez emplee sus poderes, dirija el proceso, busque la verdad y se acerque a lo justo, y en fin, no incurra en esa actitud pasiva de la que tanto se ha dolido la Corte y a que hacen alusi\u00f3n las jurisprudencias que cita el casacionista. Pero tambi\u00e9n corresponde a las partes invocar y probar los hechos que consideran apropiados al reconocimiento del derecho que persiguen, porque no debe perderse de vista que a pesar de otorgarle el Estado una importancia abstracta a las resultas del debate que las partes le han planteado, en consideraci\u00f3n al fin suyo de asegurar la convivencia pac\u00edfica y la vigencia de un orden justo (art\u00edculo 2\u00ba de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), no es menos cierto que esas partes, primeramente, son las m\u00e1s interesadas en la sentencia, como que \u00e9sta define sus pretensiones o excepciones. <\/p>\n
As\u00ed pues, la prudente estimaci\u00f3n personal del juez sobre la conveniencia de decretar pruebas de oficio se enmarca en un deber -entendido como la necesidad de que ese sujeto pasivo de la norma procesal que es el juez ejecute la conducta que tal norma le impone-, y en un poder – entendido como la potestad, la facultad de instruir el proceso sin limitarse a ser un mero espectador-, ambos actuantes junto con el principio de la carga de la prueba y de la discrecionalidad judicial en la apreciaci\u00f3n de la misma, para el proferimiento de una sentencia de m\u00e9rito. <\/p>\n
Entonces, si al lado del poder de decretar pruebas de oficio, la ley le impone al fallador el deber de hacerlo pero le se\u00f1ala el sendero que debe seguir ante la falta de pruebas, debe concluirse, en principio, que una violaci\u00f3n, como la que pretende ver el casacionista en el fallo impugnado, no puede darse. Porque es precisamente la ley la que ordena al fallador seguir la regla de derecho de la carga de la prueba. Porque es la Ley la que establece, tomando tambi\u00e9n en cuenta la discrecionalidad o soberan\u00eda del juez en la apreciaci\u00f3n de las pruebas y la iniciativa oficiosa en la producci\u00f3n de las mismas, la conclusi\u00f3n a la que debe arribar por causa de la existencia de un hecho incierto en el proceso, vale decir, de un hecho cuya duda razonable le impide declarar lo pedido por la parte a cuyo cargo estaba demostrarlo. <\/p>\n
Si bien es cierto que estos dos principios act\u00faan en el proceso, es el juez, en su discreta autonom\u00eda, quien debe darle a cada uno la importancia concreta, el peso espec\u00edfico que debe tener uno de ellos en la resoluci\u00f3n del debate. A pesar de este aserto, no podr\u00e1 concluirse, como anta\u00f1o sol\u00eda hacerse, que ante la falta de pruebas se deba aplicar sin m\u00e1s el principio de la carga de la prueba, porque entonces de nada servir\u00edan las directrices normativas que el C\u00f3digo de Procedimiento Civil contempla en los art\u00edculos atr\u00e1s mencionados, pero particularmente el 37 numeral 4\u00ba, normas todas enderezadas a lograr un fallo basado en verdades objetivas. Sobre este t\u00f3pico precis\u00f3 la Corte que: \u201cel deber de verificaci\u00f3n probatoria del que viene habl\u00e1ndose en estas consideraciones, se halla consagrado efectivamente en normas de disciplina probatoria cuya infracci\u00f3n, por el cauce que se\u00f1ala el numeral 1\u00ba, segundo inciso, del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil \u2026da lugar al recurso de casaci\u00f3n si debido a ostensibles particularidades que circundan la litis, constatadas objetivamente y ajenas por lo dem\u00e1s a cualquier manipulaci\u00f3n fraudulenta de las partes, el uso de aquellas facultades se torna ineludible pues lejos de mediar raz\u00f3n atendible alguna que lleve a estimar que es inoficioso o imposible desde el punto de vista legal, un proceder de tal naturaleza omitido por el juez o tribunal, se muestra a las claras como factor necesario para evitar una decisi\u00f3n jurisdiccional absurda, imposible de conciliar con dictados elementales de justicia. Esto significa, entonces, que por fuera de esta reducida moldura y para los fines propios del recurso en cuesti\u00f3n, ante situaciones que no tengan la entidad apuntada no debe configurarse yerro probatorio de derecho porque, en opini\u00f3n del censor, era factible alguna forma de pesquisa oficiosa adicional conveniente a sus intereses, o tambi\u00e9n seg\u00fan el pensamiento del recurrente, porque sin fundamento se dispuso de esa indagaci\u00f3n complementaria\u201d (sentencia del 4 de marzo de 1.998, exp. 4921). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la violaci\u00f3n de la ley sustancial por error de derecho cometido por el juzgador a consecuencia de no aplicar los art\u00edculos 37-4 y 179 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil principalmente, preceptos que le confieren el deber poder de decretar pruebas de oficio, esta Corte en sentencia del 12 de septiembre de 1.994 tambi\u00e9n expres\u00f3 lo siguiente: \u201cCiertamente, como en muchas ocasiones lo ha reiterado esta Corporaci\u00f3n, la atribuci\u00f3n que la ley le otorga al juez o magistrado para decretar pruebas de oficio cuando quiera que \u201clas considera \u00fatiles para la verificaci\u00f3n de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes\u201d (art\u00edculo. 179 C\u00f3digo de Procedimiento Civil ) si bien, por el inter\u00e9s p\u00fablico del proceso, no constituye una facultad sino un deber para tales funcionarios, establecido para garantizar la b\u00fasqueda de la verdad real que no aparece en el expediente (sentencia No. 444 del 26 de octubre de 1.988); no es menos cierto que s\u00f3lo le corresponde al mencionado funcionario juzgador, juez o magistrado, determinar previamente a la decisi\u00f3n del decreto de oficio de pruebas, cu\u00e1les son las alegaciones de las partes y los hechos relacionados con \u00e9stas, as\u00ed como cu\u00e1les de estos hechos requieren de su verificaci\u00f3n o prueba y cu\u00e1les estima o considera \u00fatiles para tal efecto. De all\u00ed que si bien no se trata de una mera discrecionalidad del juzgador de la atribuci\u00f3n para decretar o no decretar de oficio una prueba, sino de un deber edificado sobre el juicio y conclusi\u00f3n razonable del juzgador, no es menos cierto que s\u00f3lo a \u00e9l le compete hacer dicho an\u00e1lisis y adoptar la decisi\u00f3n que estime pertinente de decretar o no la prueba de oficio (art\u00edculo. 179, inc. 2\u00ba C\u00f3digo de Procedimiento Civil ) o simplemente abstenerse de hacerlo (pues, s\u00f3lo depende de su iniciativa). Por ello resulta explicable que no se incurra en error de derecho cuando el juez, en uso de sus atribuciones, se abstiene de decretar pruebas de oficio y, por consiguiente, no procede a darle valoraci\u00f3n a prueba inexistente o a prueba irregularmente presentada o incorporada al proceso\u201d. <\/p>\n
3. Recogida en apretada s\u00edntesis la posici\u00f3n de la Corte en punto de la configuraci\u00f3n del error de derecho cometido por el juzgador a consecuencia de no decretar pruebas de oficio, puede decirse que \u00e9ste se presenta cuando la necesidad de decretar y practicar esa prueba es impuesta por la ley – como en los juicios de filiaci\u00f3n respecto de la prueba antropo-heredo-biol\u00f3gica, o la inspecci\u00f3n judicial en trant\u00e1ndose de procesos de pertenencia-, as\u00ed como cuando la verificaci\u00f3n oficiosa del juez se impone objetivamente por la \u00edndole del proceso, es decir, se torna ineludible a efectos de evitar una sentencia \u201cabsurda, imposible de conciliar con dictados elementales de justicia\u201d, como gr\u00e1ficamente ense\u00f1a la Corte en providencia ya reproducida, y que concierne al asunto que aqu\u00ed se dirime. M\u00e1s a\u00fan, el omitido deber de verificaci\u00f3n oficiosa debe tornarse trascendente, esto es, el error del Tribunal al no decretar las pruebas de oficio debe repercutir o incidir en la resoluci\u00f3n del conflicto al punto que si no se hubiese cometido tal yerro, el sentido del fallo hubiese sido otro. Dicho en otras palabras y en sentido contrario, no hay trascendencia del error y por consiguiente no es \u00e9ste basamento para el quiebre de la sentencia, \u201ccuando a pesar de existir, no conduce al juzgador a fallar el caso litigado en forma distinta a la que legalmente corresponde\u201d (sentencia del 27 de febrero de 1978). <\/p>\n
Debe de todos modos precisarse que el anterior concepto gira en torno del error de derecho como falencia que se ataca en el recurso de casaci\u00f3n. Porque, en t\u00e9rminos generales, ha de reiterarse lo dicho por la Corte en punto de las pruebas de oficio: \u201cno es facultativo del juzgador decretar pruebas de oficio, sino que en toda ocasi\u00f3n, en la debida oportunidad legal, en que los hechos alegados por las partes requieren ser demostrados, as\u00ed la parte hubiese sido desidiosa en esa labor, es un deber del juzgador utilizar los poderes oficiosos que le concede la ley en materia de pruebas, pues es \u00e9ste el verdadero sentido y alcance que exteriorizan los art\u00edculos 37-4, 179 y 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil (Sent. Del 26 de octubre de 1988). <\/p>\n
4. En el presente caso encuentra la Corte que, en efecto, constat\u00f3 el Tribunal la \u201cabsoluta orfandad probatoria\u201d para acreditar la enfermedad mental del se\u00f1or Marco Tulio L\u00f3pez (fl. 8 vto, del cuaderno del Tribunal), desidia que a no dudarlo debe atribu\u00edrsele en primera y mayor medida a la parte interesada, quien s\u00f3lo pidi\u00f3 como pruebas en la demanda la documental que adjunt\u00f3, alusiva al proceso de interdicci\u00f3n que entonces se tramitaba. <\/p>\n
Sin embargo, debe afirmarse que si bien la negligencia probatoria de la parte puede dar lugar a desestimar sus pretensiones, es lo cierto que debe el juez realizar esfuerzos por verificar la verdad hist\u00f3rica de los hechos que se le narran a efectos de dictar la sentencia. No es para nada deseable que sentencias, como la que se impugna aqu\u00ed en casaci\u00f3n, patenticen esa desidia que la Corte permanentemente ataca. Sentencias en las que no por permanecer inc\u00f3lumes frente a los cargos que se le endilgan en casaci\u00f3n, merecen per se su aprobaci\u00f3n. <\/p>\n
A pesar de esta falta de esfuerzo del Tribunal, el error de derecho que plantea el cargo debe ser, como se ha indicado l\u00edneas arriba, trascendente o, por mejor decir, tan determinante en el sentido de la sentencia, que sin su comisi\u00f3n otra habr\u00eda sido la soluci\u00f3n dada al caso. Y en las presentes diligencias, ni por asomo se da. Porque, pensar que de haber el Tribunal decretado las pruebas de oficio, inexorablemente habr\u00eda concluido que el se\u00f1or Marco Tulio L\u00f3pez padec\u00eda para la \u00e9poca de los actos jur\u00eddicos atacados de nulos, de enfermedad mental que le imped\u00eda contratar por s\u00ed mismo, no deja de ser una simple conjetura, una hip\u00f3tesis dentro de varias posibles. En consecuencia, esa omisi\u00f3n de decretar pruebas de oficio no configura un error de derecho trascendente. En otras palabras, no se destaca que ese fallo hubiese sido diferente de mediar la actividad oficiosa del Tribunal, con lo cual quiere la Corte resaltar que, aun en el evento de existir error de derecho, su instrascendencia ser\u00eda tan notoria que no se podr\u00eda, a priori, aducir de entrada que con el decreto oficioso de las pruebas indefectiblemente quedaba demostrada la incapacidad por demencia de MARCO TULIO LOPEZ MU\u00d1OZ. <\/p>\n
Por estos aspectos el cargo no est\u00e1 llamado a prosperar, en raz\u00f3n a que de una parte no se encuentra c\u00f3mo el fallador puede al mismo tiempo violar la norma probatoria que el recurrente se\u00f1ala y de otra ejercer leg\u00edtimamente una atribuci\u00f3n a \u00e9l delegada cumpliendo as\u00ed con otro precepto de igual jerarqu\u00eda que lo faculta para, sin proferir un fallo absurdo, desestimar la pretensi\u00f3n del actor, a falta de prueba de los hechos que alega, en franca aplicaci\u00f3n de la regla de juicio contenida en el art\u00edculo 177 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
El cargo entonces no prospera. <\/p>\n
V. DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley NO CASA la sentencia proferida el 13 de diciembre de 1995 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro del proceso ordinario seguido por LUCY MIREYA LOPEZ DE MAZORRA en frente de MARIA EUGENIA SARRIA CABRERA hoy DE IRAIZOS <\/p>\n
COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE AL TRIBUNAL DE ORIGEN <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
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S-088-99 [6188] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., once (11) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). Magistrado Ponente: Dr. JORGE SANTOS BALLESTEROS Ref.: Expediente 6168 Provee la Corte en relaci\u00f3n con el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81691","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81691","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81691"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81691\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81691"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81691"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81691"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}