S-090-99 [6179]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
Ref.: Expediente No. 6179 <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la demandante LUZ HELENA MUNAR PABON, contra la sentencia proferida el 28 de marzo de 1996 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio dentro del proceso ordinario por ella iniciado contra la sociedad EXPRESO BOLIVARIANO S.A. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En demanda que por reparto correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio (Meta), la parte demandante antes nombrada pidi\u00f3 que con citaci\u00f3n y audiencia de la demandada tambi\u00e9n aludida, y previos los tr\u00e1mites de un proceso ordinario, se hiciesen las siguientes declaraciones y condenas principales: <\/p>\n
PRIMERO: Declarar que la Empresa de Transportes \u201cExpreso Bolivariano S.A.\u201d es responsable civilmente de todos los da\u00f1os y perjuicios ocasionados (sic) LUZ HELENA MUNAR PABON, con ocasi\u00f3n del accidente ocurrido el d\u00eda 29 de abril de 1990, y en el cual sufri\u00f3 lesiones personales. <\/p>\n
SEGUNDO: Que como consecuencia, CONDENAR a la Empresa de Transportes \u201cExpreso Bolivariano S.A.\u201d a pagar a favor de LUZ HELENA MUNAR PABON, la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS o lo dem\u00e1s (sic) que se establezca en este juicio, como indemnizaci\u00f3n de los perjuicios materiales ocasionados por las lesiones personales sufridas, con secuelas permanentes. <\/p>\n
TERCERO: CONDENAR a la Empresa de Transportes \u201cExpreso Bolivariano S.A.\u201d a pagar a favor de LUZ HELENA MUNAR PABON, la suma de (sic) 1.000 gramos oro como indemnizaci\u00f3n de los perjuicios morales <\/p>\n
CUARTO: CONDENAR a la Empresa de Transportes \u201cExpreso Bolivariano S.A.\u201d a pagar a favor de mi mandante, los intereses de la suma que se fije como indemnizaci\u00f3n desde el momento del accidente hasta el momento real y efectivo del pago de dicha obligaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Mediante reforma de la demanda, admitida por el juzgado, la actora adicion\u00f3 la siguiente pretensi\u00f3n: \u201cCONDENAR a la Empresa de Transportes \u201cExpreso Bolivariano S.A.\u201d a pagar a LUZ HELENA MUNAR PABON, la indexaci\u00f3n sobre las sumas que se ordenen pagar de acuerdo a la devaluaci\u00f3n que haya sufrido la moneda colombiana desde el momento de la exigibilidad de su derecho\u201d. <\/p>\n
Las s\u00faplicas transcritas tuvieron como apoyo los hechos que a continuaci\u00f3n se compendian: <\/p>\n
El 29 de abril de 1990, la demandante acudi\u00f3 a los servicios de transporte, ofrecidos por la empresa \u201cExpreso Bolivariano S.A., de Villavicencio, para trasladarse desde all\u00ed hasta Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, para lo cual adquiri\u00f3 un pasaje y le fue asignada la silla n\u00famero 7 del bus ejecutivo 636, de propiedad de la empresa demandada. <\/p>\n
Previamente a abordar el veh\u00edculo la demandante convers\u00f3 con el conductor a quien le pregunt\u00f3 por el itinerario del bus 636, \u201cel cual ven\u00eda cubriendo la ruta de Granada-Villavicencio- Bogot\u00e1\u201d desde el d\u00eda y noche anterior en forma continua y por el mismo conductor se\u00f1or Jos\u00e9 Agust\u00edn Matis Delgado. <\/p>\n
El viaje se inici\u00f3 a las seis de la ma\u00f1ana y antes de llegar al pueblo de Guayabetal, al tomar una curva, el exceso de velocidad del veh\u00edculo produjo que \u00e9ste rodara al abismo, a consecuencia tambi\u00e9n de la impericia, imprudencia y negligencia del conductor. <\/p>\n
El accidente ocasion\u00f3 graves y definitivas lesiones a la demandante que la imposibilitaron para conducir veh\u00edculos, \u201cmedio utilizado para el ejercicio de su actividad como agricultora, al igual que el desempe\u00f1o competente como mecan\u00f3grafa\u201d. Por esa raz\u00f3n, el accidente y las lesiones subsecuentes impidieron que la actora continuara con la siembra de arroz que hab\u00eda iniciado, con p\u00e9rdida de gastos realizados para desarrollar esa actividad, as\u00ed como de la cosecha respectiva y de las utilidades. Adem\u00e1s, por las mismas causas dej\u00f3 de desempe\u00f1ar el cargo de secretaria al servicio de Inversiones Baquero, en el que devengaba un sueldo mensual de $82.500,oo. <\/p>\n
2. La sociedad demandada compareci\u00f3 al proceso por intermedio de su representante legal, oponi\u00e9ndose a las pretensiones, y a vuelta de manifestar que los hechos deb\u00edan ser probados -salvo el d\u00e9cimo, relativo a la frustrada siembra del arroz, del que afirm\u00f3 que no era cierto- formul\u00f3 como excepciones de fondo la de fuerza mayor o caso fortuito, fundada en el hecho de que el \u201caccidente se origin\u00f3 por fallas mec\u00e1nicas no imputables a la Empresa, por haberse neutralizado el sistema de frenos por fallas en el bajo\u201d, as\u00ed como cualquier otra excepci\u00f3n gen\u00e9rica que resulte del proceso <\/p>\n
La primera instancia concluy\u00f3 con sentencia en la que se absolvi\u00f3 a la empresa Expreso Bolivariano S.A. de las pretensiones de la demanda y se conden\u00f3 a la demandante al pago de las costas del proceso. <\/p>\n
Inconforme con esta determinaci\u00f3n, la actora interpuso recurso de apelaci\u00f3n, que desat\u00f3 el Tribunal mediante sentencia confirmatoria, contra la cual interpuso el recurso de casaci\u00f3n del que ahora se ocupa la Sala. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Luego de resumir la actuaci\u00f3n adelantada en primera instancia y los argumentos de la impugnaci\u00f3n, entra el Tribunal a examinar el fondo del litigio e interpreta en primer lugar que de los hechos constitutivos y los fundamentos de derecho de la demanda se infiere que la acci\u00f3n tiende a la declaraci\u00f3n de responsabilidad civil extracontractual de la empresa demandada, luego de lo cual recaba en la condici\u00f3n de actividad peligrosa endilgada a la conducci\u00f3n de automotores para deducir de all\u00ed la presunci\u00f3n de culpa seg\u00fan las voces del art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Destaca el Tribunal que para la prosperidad de la demanda de responsabilidad civil, la actora ha debido demostrar, como lo afirm\u00f3 en la demanda, sin demostrarlo, que el veh\u00edculo automotor causante del accidente era de propiedad de la demandada, o que el conductor del veh\u00edculo accidentado prestaba sus servicios a aquella o, en fin, que ese veh\u00edculo estaba afiliado a la empresa demandada. Y en raz\u00f3n de estas consideraciones, mismas que tuvo el juzgado de primera instancia -y que el Tribunal rememora-, replica la Corporaci\u00f3n a la apelante en relaci\u00f3n con uno de sus argumentos seg\u00fan el cual el a quo absolvi\u00f3 a la demandada por encontrar demostrado que el accidente devino por fuerza mayor, aclar\u00e1ndole que tal absoluci\u00f3n estuvo fundamentada en la ausencia de pruebas que demostraran una de las tres relaciones arriba mencionadas, alusivas a la legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
Pasa finalmente a otro aspecto de la argumentaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n, atinente a que la acci\u00f3n era de naturaleza contractual derivada del incumplimiento del contrato de transporte, y no extracontractual, para concluir, previa transcripci\u00f3n de cita jurisprudencial, que aun tomando la acci\u00f3n como contractual, de todos modos la decisi\u00f3n habr\u00eda sido igualmente contraria a los intereses de la demandante por ausencia de medios probatorios tendientes a acreditar la existencia del contrato aludido. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Un solo cargo le formula el recurrente a la sentencia acabada de sintetizar, y lo hace consistir en la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 45 de la ley 57 de 1.887, sustituido por el art\u00edculo 5\u00b0 de la misma (sic), art\u00edculos 981, 982, numeral 2\u00b0, 991, 993, 1003 y art\u00edculo 1\u00b0 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Fundamenta el cargo en que como la demandada es comerciante, seg\u00fan se demostr\u00f3 con \u201ccopia de la inscripci\u00f3n en el Registro Mercantil\u201d, tienen aplicaci\u00f3n las normas del C\u00f3digo de Comercio en punto del contrato de transporte y no las atinentes a la responsabilidad extracontractual, error imputable a la anterior apoderada de la demandante y no a \u00e9sta. De all\u00ed pasa a transcribir el art\u00edculo segundo del decreto 001 de 1990 para concluir que esa transcripci\u00f3n deja sin fundamento jur\u00eddico el fallo del Tribunal, corporaci\u00f3n que adem\u00e1s consider\u00f3, seg\u00fan la recurrente, que el contrato de transporte fue celebrado por \u00e9sta con el propietario del bus quien hab\u00eda delegado tal facultad en su conductor , cuando seg\u00fan la \u201cpremisa general\u201d sentada en el precepto mencionado, y atendiendo a la naturaleza de hecho p\u00fablico y notorio, \u201cel transporte de personas s\u00f3lo puede realizarse por empresas de servicios p\u00fablicos, delegadas por el Estado, ante la imposibilidad de hacerlo \u00e9l mismo\u201d. <\/p>\n
Afirma la recurrente que de una revisi\u00f3n cuidadosa del contexto de la contestaci\u00f3n de la demanda, \u201cest\u00e1 m\u00e1s que probado que la empresa demandada ten\u00eda el control del automotor\u201d, lo estaba administrando y cumpl\u00eda un contrato de transporte con la demandante, por lo cual fue violado el art\u00edculo 991 del C\u00f3digo de Comercio, el cual reproduce. <\/p>\n
Pasa luego la recurrente a alegar que no existe prueba sobre los elementos de juicio que pudieran considerarse como justificantes de exoneraci\u00f3n de responsabilidad de la empresa demandada pues no se dan los presupuestos consagrados en el inciso primero del art\u00edculo 992 del C\u00f3digo de Comercio, ni las causales para considerar prescritas las acciones derivadas del incumplimiento de la demandada, luego de todo lo cual, remata con el argumento inicial al expresar: \u201csi la procuradora judicial de mi representada incurri\u00f3 en error de buena fe al iniciar una acci\u00f3n de indemnizaci\u00f3n por responsabilidad civil extracontractual, no es menos cierto que conforme a los principios que recoge nuestro C\u00f3digo de Procedimiento, al juzgador le corresponde adecuar las pretensiones a las normas legales vigentes al respecto\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Desde la propia g\u00e9nesis del recurso de casaci\u00f3n con los perfiles b\u00e1sicos que hoy le subsisten, ha venido la jurisprudencia delineando, unas veces con apoyo en la doctrina for\u00e1nea compatible con las normas colombianas y otras, en franca utilizaci\u00f3n de la l\u00f3gica y hermen\u00e9utica jur\u00eddicas, lo que se ha dado en denominar la T\u00e9cnica del Recurso de Casaci\u00f3n, cuyo sustento hist\u00f3rico y normativo est\u00e1 dado en ser este recurso un medio impugnativo distinto de la instancia, de car\u00e1cter formalista, orientado por principios como el dispositivo y cuyo \u00e1mbito lo precisa el recurrente en la demanda, a la cual se circunscribe la Corte sin que le sea legalmente permisible rebasar tales l\u00edmites para trastocarse en una tercera instancia con atribuciones para revisar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica del proceso, dado que \u00e9ste no es su objeto formal sino la sentencia cuyo quiebre es el que se impetra. <\/p>\n
El \u00fanico cargo se endereza a endilgarle a la sentencia la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial por falta de aplicaci\u00f3n de las normas mercantiles en punto del contrato de transporte de personas, para lo cual, y aqu\u00ed se patentiza el primer defecto de t\u00e9cnica, el recurrente controvierte aspectos f\u00e1cticos y probatorios no permisibles cuando de infracci\u00f3n por la v\u00eda directa se trata. La Corte ha se\u00f1alado con insistencia que la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial tiene lugar cuando con absoluta independencia de la cuesti\u00f3n de hecho, el fallo la infringe bien porque no la aplica, debiendo haberla hecho actuar en la sentencia, o aplica una norma sustancial sin ser la que corresponde a la situaci\u00f3n de hecho que se estudia, o aplicando la que corresponde, el Tribunal la hace actuar con un sentido y alcance que no tiene. En la violaci\u00f3n directa de la ley sustancial al recurrente le est\u00e1 vedado controvertir cuestiones f\u00e1cticas; debe aceptar las consideraciones de hecho que el Tribunal estampa en la sentencia y su ataque debe solamente dirigirse al error que tuvo el Tribunal en la aplicaci\u00f3n de la norma sustancial pertinente para esa incontrovertida situaci\u00f3n de hecho. <\/p>\n
Y en relaci\u00f3n con la violaci\u00f3n indirecta, se ha afirmado con inveterada insistencia que ella ocurre como resultado de los errores de hecho o de derecho en que cae el juzgador en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. Como corolario de lo anterior, la Corte ha sostenido que \u201ces distinta la actividad que corresponde al recurrente desplegar en casaci\u00f3n seg\u00fan la v\u00eda que haya elegido para impugnar el fallo de instancia al que le imputa violaci\u00f3n de la ley, a saber: aceptando y conform\u00e1ndose con el an\u00e1lisis de la prueba efectuada por el Tribunal, si de violaci\u00f3n directa se trata, u objetando la apreciaci\u00f3n de los medios de prueba contenida en la sentencia, en el supuesto de la v\u00eda indirecta\u2026Se trata pues de dos maneras muy diferentes de transgredir la ley sustancial que, en tanto originadas en fuentes distintas, llevan impl\u00edcita entre s\u00ed contradicci\u00f3n, de donde se sigue, entonces, que resulta contrario a la l\u00f3gica jur\u00eddica que para acusar en casaci\u00f3n una sentencia el recurrente acuda indistintamente a una o a la otra v\u00eda, o emplee las dos simult\u00e1neamente en un mismo cargo\u201d (Sentencia 047 de 23 de julio de 1996). <\/p>\n
Ahora bien, esa deficiencia t\u00e9cnica de que adolece el cargo examinado, podr\u00eda superarse si se estimara que, no obstante la indicaci\u00f3n de que la violaci\u00f3n es directa, el recurrente desarrolla el cargo por la v\u00eda indirecta, denunciando errores de hecho. Sin embargo, la violaci\u00f3n que el recurrente cree demostrar en el cargo que le reprocha a la sentencia no contrasta o contrapone los argumentos de la sentencia frente a los suyos con indicaci\u00f3n y demostraci\u00f3n de la forma como el Tribunal infringi\u00f3 las normas sustanciales que dice inaplicadas, bien porque no apreci\u00f3 las pruebas o las supuso, pero en todo caso determinando qu\u00e9 pruebas omiti\u00f3 apreciar y cu\u00e1les se figur\u00f3 o imagin\u00f3. En efecto, a lo largo de la demanda s\u00f3lo se observan reproducciones de normas legales que estima violadas, alusi\u00f3n a pruebas supuestas u omitidas sin precisarlas, am\u00e9n de disquisiciones no contenidas en la sentencia que ataca. <\/p>\n
La presunci\u00f3n de legalidad y acierto que acompa\u00f1a a toda sentencia judicial que sube a la Corte implica que aquella tanto en las consideraciones jur\u00eddicas o legales como en los supuestos de hecho que dan por probados y cuya interpretaci\u00f3n sirvi\u00f3 de base al Tribunal para emitir su fallo, se han aplicado y deducido con tino y exactitud, de manera que el recurrente en casaci\u00f3n debe dirigir su cr\u00edtica jur\u00eddica para desvirtuar esa presunci\u00f3n, mediante el ataque de todos los fundamentos del fallo. As\u00ed pues deber\u00e1 haber una clara correlaci\u00f3n entre el escrito de la demanda de casaci\u00f3n y las razones en que el Tribunal funda su sentencia, para que el recurso sea procedente. No tienen cabida aqu\u00ed razonamientos ni alegaciones propios de instancia cuya inocuidad e irrelevancia se muestra por no atacar las bases del fallo, bien porque el mismo no se apoya en tales argumentos o porque tal sustento es s\u00f3lo aparente o ilusorio, toda vez que la sentencia descansa propiamente en otros que deben ser el centro del ataque del recurrente. <\/p>\n
El cargo se\u00f1ala aspectos que, en verdad, no figuran en parte alguna de la sentencia impugnada por lo que no existe para la Corte forma de contrastarlos. Esta inconsonancia de la demanda con los supuestos de hecho de la sentencia, no s\u00f3lo es defecto de t\u00e9cnica que impide la prosperidad del cargo, sino que envuelve elementos ajenos de cuyo an\u00e1lisis la Corte queda exonerada. La sentencia para nada se refiere a causales de exclusi\u00f3n de responsabilidad de la empresa demandada; antes bien, reitera que ni el fallador de instancia ni el Tribunal tuvieron en cuenta esas causales de que trata el art\u00edculo 992 del C\u00f3digo de Comercio. La sentencia no deduce ni considera probado un contrato de transporte entre el propietario del bus y la recurrente. En fin, la sentencia no menciona en parte alguna la prescripci\u00f3n de las acciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones de la empresa demandada. <\/p>\n
Estos tres defectos de t\u00e9cnica de casaci\u00f3n, a saber, inadecuada utilizaci\u00f3n de la v\u00eda directa cuando debi\u00f3 ser la indirecta, ausencia total de explicaci\u00f3n sobre la forma como el recurrente encuentra que la sentencia viol\u00f3 la ley sustancial y aducci\u00f3n de argumentos extra\u00f1os a los que la sentencia presenta, impiden que la acusaci\u00f3n prospere. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida el 28 de marzo de 1996, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro del proceso ordinario promovido por LUZ HELENA MUNAR PABON contra la sociedad EXPRESO BOLIVARIANO S.A. <\/p>\n
Las costas del recurso a cargo de la parte recurrente. T\u00e1sense en su oportunidad. <\/p>\n
COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
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