S-091-99 [5167]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).- <\/p>\n
<\/p>\n
Se decide por la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte actora contra la sentencia de fecha (22) de junio de 1994, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 para ponerle fin, en segunda instancia, al proceso ordinario de mayor cuant\u00eda seguido por Luis Alberto Quesada Pe\u00f1a y Luz Marina L\u00f3pez de Quesada contra Dar\u00edo L\u00f3pez Ochoa, Jos\u00e9 de los Santos Chacin Deluque y Nicanor Anastasio Borrero Hereira, por conducto de su apoderado general Yuri Antonio Lora Escorcia. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
1. El conflicto entre las partes trata sobre la declaraci\u00f3n de nulidad absoluta del contrato de mandato celebrado por los nombrados demandantes y Nicanor Borrero con los abogados Dar\u00edo L\u00f3pez Ochoa y Jos\u00e9 de los Santos Chacin Deluque el 17 de julio de 1980, as\u00ed como el anexo a tal contrato que suscribieron el 11 de marzo de 1981 y las modificaciones de 14 de julio de 1987 y 23 de septiembre siguiente, suscrita esta \u00faltima por Nicanor A. Borrero y los nombrados mandatarios y en consecuencia, piden condenar a los demandados a pagar los perjuicios derivados de las maniobras enga\u00f1osas que generan la nulidad cuya declaraci\u00f3n persiguen. En subsidio, piden que se declare resuelto el mismo contrato y sus anexos por incumplimiento de los demandados, y la subsecuente condena al pago de los perjuicios. <\/p>\n
Dichas pretensiones se fundan en los hechos que se resumen as\u00ed: <\/p>\n
a) En 1979 Luis Alberto Quesada Pe\u00f1a, actuando por interpuesta persona, Nicanor Anastasio Borrero su empleado, constituy\u00f3 en el Banco Santander (sucursal Barranquilla) el dep\u00f3sito fiduciario No. 209 por la suma de $50.000.000, cuya restituci\u00f3n le fue negada a aqu\u00e9l por el Banco, quien aleg\u00f3 \u201chaberlo cancelado\u201d, motivo por el cual se vio obligado a contratar los servicios profesionales del abogado Jos\u00e9 de los Santos Chacin Deluque, quien le fue recomendado por su amigo Sol\u00f3n Deluque Benjumea, para efectuar el correspondiente reclamo del citado dep\u00f3sito; dicho profesional sugiri\u00f3 formular \u00e9ste en asocio con el abogado Dar\u00edo L\u00f3pez Ochoa; conocederos de la real situaci\u00f3n, ambos abogados, decidieron que deb\u00edan presentar la demanda a nombre de Nicanor Anastasio Borrero, a quien utiliz\u00f3 Quesada para constituir dicho dep\u00f3sito fiduciario; fue as\u00ed como, en 1.980, los demandantes y Borrero celebraron un contrato de mandato con los dos mencionados abogados, quienes como mandatarios se obligaron a llevar a cabo reclamaci\u00f3n judicial o extrajudicial ante el Banco Santander, pact\u00e1ndose honorarios por el 10% de las sumas de dinero que se recaudaran. <\/p>\n
b) Los citados profesionales realizaron maniobras enga\u00f1osas tendientes a apropiarse de los dineros del dep\u00f3sito fiduciario, toda vez que decidieron iniciar la demanda a nombre de Nicanor Borrero, aprovechando el poder general que \u00e9ste le otorg\u00f3 a Sol\u00f3n Deluque, mediante escritura No. 1623 de septiembre 5 de 1980 de la Notar\u00eda 1a. de Santa Marta; en tal virtud y de ese modo instauraron proceso de rendici\u00f3n de cuentas contra el Banco; desde ese momento Borrero obraba como mandatario sin representaci\u00f3n de Quesada, situaci\u00f3n que conoci\u00f3 el Banco. <\/p>\n
c) En 1981, los abogados firmaron con Quesada y Borrero un anexo al contrato de mandato judicial con el fin de aumentar el valor de los honorarios pactados al 15%, y en el que se\u00f1alaron las bases del c\u00e1lculo de acuerdo con los resultados del proceso; valor que a su vez fue modificado el 14 de julio de 1987 mediante documento que se denomin\u00f3 \u201cacuerdo sobre el negocio del Banco Santander\u201d, suscrito por los mismos a excepci\u00f3n de Nicanor Borrero, mediante el cual de nuevo se aumentaron los honorarios al tenor de la siguiente estipulaci\u00f3n: \u201c \u2026 las participaciones en la liquidaci\u00f3n final del negocio fiduciario que reciban los abogados y las que reciban los esposos Quesada, se repartir\u00e1n por partes iguales entre Dar\u00edo L\u00f3pez Ochoa, Jos\u00e9 de los Santos Chacin y Luis Quesada\u201d; y el 23 de septiembre siguiente, en escrito suscrito por los abogados pero s\u00f3lo con Nicanor Borrero, firman otra modificaci\u00f3n sobre honorarios \u201creduci\u00e9ndolos al 50% de las sumas l\u00edquidas que se recauden\u201d. <\/p>\n
d) En la sentencia final del proceso de rendici\u00f3n de cuentas, proferida el 30 de abril de 1987 se conden\u00f3 al Banco Santander a pagar $209.556.270 por concepto de intereses percibidos hasta mayo de 1987, m\u00e1s los que se causen en el futuro, \u201cm\u00e1s los $50\u2019000.000 de capital\u201d. <\/p>\n
e) En junio de 1987, Borrero abandona su trabajo en la casa de los esposos Quesada L\u00f3pez sin que hasta ahora se conozca su paradero; al mismo tiempo confiri\u00f3 poder general a Ezequiel Alfonso Celis, quien luego sustituy\u00f3 a Yuri Antonio Lora Escorcia mediante escritura 1592 del mismo mes de junio corrida tambi\u00e9n en esa Notar\u00eda; el \u00faltimo apoderado fue autorizado el 7 de julio siguiente por su mandante para arreglar con Dar\u00edo L\u00f3pez Ochoa el pago de los honorarios que a \u00e9ste le correspond\u00edan por la gesti\u00f3n en el proceso de cuentas y la entrega del saldo. <\/p>\n
f) En octubre de 1987 se presentaron para ser reconocidos ante el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, donde se tramitaba el susodicho proceso de rendici\u00f3n de cuentas, cesiones del cr\u00e9dito efectuadas por Nicanor Anastasio Borrero Hereira, a favor de Mario P\u00e9rez, empleado de Sol\u00f3n Deluque, en un 50%, y en el otro 50% a favor de L\u00f3pez Ochoa y Chacin Deluque y al propio tiempo el demandante Quesada Pe\u00f1a hizo valer un documento en el que Borrero manifiesta que el verdadero titular del dep\u00f3sito es Quesada, a quien cede el 100% de todos los derechos y acciones que puedan corresponderle, y que \u00e9l solo figur\u00f3 en ejercicio de un mandato oculto; dicho escrito fue tachado de falsedad, mas su falta de autenticidad no se demostr\u00f3. <\/p>\n
g) Descubierto lo anterior por el demandante, formul\u00f3 denuncia penal el 6 de julio de 1989 que dio lugar a actuaciones que en algunos de sus pormenores describe la demanda. <\/p>\n
h) La maniobra enga\u00f1osa fue fraguada con anterioridad a la presentaci\u00f3n de la demanda de rendici\u00f3n de cuentas, hecho que se\u00f1al\u00f3 el Banco Santander por medio del recurso extraordinario de revisi\u00f3n que interpuso ante la Corte Suprema de Justicia, el cual a la postre fue declarado infundado. Lo cierto es que a quienes aqu\u00ed son demandantes no les ha sido devuelto su dinero recibido a t\u00edtulo fiduciario por el Banco Santander, raz\u00f3n por la que se considera que los demandados no cumplieron con las obligaciones contraidas en los contratos de mandato cuya nulidad aqu\u00ed se reclama, y cuya causa real para dichos apoderados fue la de obtener la representaci\u00f3n con el prop\u00f3sito de apropiarse del derecho de su mandante, incurriendo, por ende, en infidelidad profesional con su cliente al querer apoderarse indebidamente de valores a sabiendas de que pertenenc\u00edan a \u00e9ste. Agrega la demanda que \u201c\u2026 los demandados violaron los deberes morales de los abogados y con ello incumplieron sus obligaciones contractuales porque inicialmente pactaron honorarios en cuant\u00eda del 10% de las sumas en controversia, los aumentaron al exorbitante porcentaje del 66% y con su culpa grave han impedido que los derechos de mis mandantes sean satisfechos por el Banco Santander\u201d. <\/p>\n
i) Se tramit\u00f3 en el Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de esta ciudad otro proceso entre Luis Alberto Quesada y los mismos demandados en este asunto, para que se declare que Nicanor Anastasio Borrero Hereira obr\u00f3 como mandatario en el \u00e1mbito del negocio fiduciario realizado con el Banco Santander y que las cesiones que aqu\u00e9l hizo, no le son oponibles a quien fuera su mandante, proceso que fue fallado en primera y segunda instancia a favor de la parte actora. <\/p>\n
j) Finalmente, despu\u00e9s de hacer referencia a otros procederes fraudulentos de los que fue v\u00edctima la familia Quesada L\u00f3pez, termina la demanda diciendo que LUIS A. QUESADA PE\u00d1A \u201cerog\u00f3 de su peculio todos los gastos que demand\u00f3 el proceso de rendici\u00f3n de cuentas contra el Banco Santander, incluso el valor de los pasajes y costos de hoteles utilizados por los demandados cuando hicieron gestiones fuera de su domicilio \u2026\u201d. <\/p>\n
2. Notificado el auto admisorio y surtidos los traslados de rigor, contestaron la demanda Jos\u00e9 de los Santos Chacin Deluque y Dar\u00edo L\u00f3pez Ochoa oponi\u00e9ndose a las pretensiones deducidas; el \u00faltimo aleg\u00f3 que el proceso de rendici\u00f3n de cuentas se adelant\u00f3 a nombre de Nicanor Borrero, por ser \u00e9ste el titular del dep\u00f3sito fiduciario, siguiendo para ello el contrato de mandato con representaci\u00f3n suscrito el 21 de octubre de 1980, contrato en el cual los Quesada no tuvieron parte, puesto que a su juicio, en la celebraci\u00f3n de un negocio fiduciario no cabe la simulaci\u00f3n; de otro lado, afirma que todo se trata de una disputa ordenada a no cumplir con el pago de honorarios; que los aumentos que se califican de exagerados por el valor de \u00e9stos no fueron reales en el fondo; refiere que la denuncia penal a que se hace alude en la demanda fue temeraria y as\u00ed lo determin\u00f3 el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, quien, en cambio, dispuso la vinculaci\u00f3n penal de Quesada, de cuyos resultados da cuenta el opositor. Por \u00faltimo propuso distintas excepciones de fondo, entre las cuales se cuenta la de cumplimiento del mandato, refrendado con la sentencia dictada en el proceso de rendici\u00f3n de cuentas. <\/p>\n
3. E Juez a-quo le puso fin a la primera instancia, mediante providencia en la cual se negaron las pretensiones principal y subsidiaria. Apel\u00f3 sin \u00e9xito la demandante, como quiera que el Tribunal le imparti\u00f3 confirmaci\u00f3n al fallo impugnado. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL. <\/p>\n
1. En lo que ata\u00f1e con la pretensi\u00f3n principal de nulidad del contrato de mandato, cuya derogatoria no constituye en modo alguno blanco del ataque en casaci\u00f3n, el Tribunal, en esencia, no encontr\u00f3 demostrados los hechos que configuran las maniobras y prop\u00f3sitos fraudulentos que se le imputan a los demandados, ni, por ende, la causa il\u00edcita que afecte la validez de dicho acto jur\u00eddico. <\/p>\n
2. Ya en lo que viene a ser la \u00fanica decisi\u00f3n del ad quem que es objeto de la presente impugnaci\u00f3n, o sea en relaci\u00f3n con el alegado incumplimiento en que se apoya la pretensi\u00f3n subsidiaria para obtener la resoluci\u00f3n del contrato, derivado de la violaci\u00f3n del deber moral de los abogados, falta de fidelidad debida al cliente y de buena fe, pues, seg\u00fan la parte actora, no puede tenerse por cumplido un \u201ccontrato de honorarios\u201d cuando la gesti\u00f3n encomendada termina con la apropiaci\u00f3n total de los bienes recobrados, el sentenciador de manera un tanto confusa concluye lo siguiente: <\/p>\n
1\u00ba) Trat\u00e1ndose de un contrato de mandato y no de un \u201ccontrato de honorarios\u201d, lo que se torna fundamental con vista en la finalidad indicada, es la gesti\u00f3n encargada \u201c\u2026 por el contratante al contratista \u2026\u201d, gesti\u00f3n consistente en adelantar la reclamaci\u00f3n judicial o extrajudicial ante el Banco Santander y de cuya realizaci\u00f3n emerge la obligaci\u00f3n a cargo de dicho contratante o mandante de retribuirla, pagando al mandatario una suma de dinero estimada en un porcentaje de las cantidades que se obtengan como resultado de la aludida gesti\u00f3n. <\/p>\n
2\u00ba) \u201c\u2026 Si bien es cierto que la fidelidad y honradez en la contrataci\u00f3n y subsiguiente conducta de las partes ata\u00f1e de manera directa en las relaciones de las partes, adquiriendo ellas correlativas responsabilidades, no ha de ignorarse que en controversias que tocan con el incumplimiento material de la labor contratada, la infidelidad, correcci\u00f3n moral y otros t\u00f3picos afines, conducen a la creaci\u00f3n de situaciones que frente al tenor litigioso base de este examen, configuran situaciones de controversia bien dis\u00edmiles al caso del incumplimiento tomado en cuenta por los demandantes \u2026\u201d, luego el asumir posiciones \u201c\u2026 estimadas como impropias de la contrataci\u00f3n\u201d por parte de los mandatarios demandados, no autoriza esto solo el aniquilamiento jur\u00eddico de los convenios cuya validez y eficacia ha sido puesta en entredicho. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
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En el escrito respectivo el recurrente formula dos cargos por la primera de las causales de casaci\u00f3n del Art. 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil el primero por la v\u00eda directa y el segundo por la indirecta, las cuales se examinar\u00e1n en conjunto, por cuanto ambos adolecen del mismo defecto de t\u00e9cnica. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Con apoyo en la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, acusa la sentencia de violar directamente los art\u00edculos 1546, 1602, 1603, 1856, 2142, 2144, 2155, 2157, 2158, 2170 y 2183 del C\u00f3digo Civil por falta de aplicaci\u00f3n, por cuanto que tal como qued\u00f3 concebida la providencia, niega la vigencia en el tiempo y en el espacio de las normas que indican que los contratos obligan no solo a lo que en ellos se expresa sino a las cosas que emanan de la naturaleza de la obligaci\u00f3n o que por ley pertenecen a ella, y que deben ejecutarse de buena fe (art. 1603 C.C.), siendo, por lo tanto, desconocidos tales preceptos en la medida en que el fallador considera que la infidelidad o la falta de correcci\u00f3n moral del mandatario frente a los intereses del mandante, son conductas que no dan origen a incumplimiento cuando en contratos como el que es materia de an\u00e1lisis, son de la naturaleza de la obligaci\u00f3n principal de cualquier gesti\u00f3n encomendada. <\/p>\n
Con base en lo anterior, afirma el censor que err\u00f3 el Tribunal al determinar los l\u00edmites del caso hipot\u00e9tico contemplado en la \u00faltima norma citada y no darle cabida en este asunto, basado en que la fidelidad y honradez de las partes no son de la esencia del contrato de mandato ni elemento sustancial de la obligaci\u00f3n de representar a una persona, no obstante que el art\u00edculo 1501 ibidem ense\u00f1a que son de la naturaleza del contrato las cosas que no siendo esenciales se entienden pertenecerle y que a su turno, el 1603 ejusdem precept\u00faa que los contratos tambi\u00e9n obligan a las cosas que emanan de la naturaleza de la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Concluye la acusaci\u00f3n afirmando que si el tribunal encontr\u00f3 que entre demandantes y demandados se celebr\u00f3 un contrato de mandato y que los mandatarios \u201casumieron posiciones consideradas como impropias de la contrataci\u00f3n\u201d, pas\u00f3 sinembargo por alto el principio general de derecho que ense\u00f1a que los representantes legales o convencionales no pueden, por s\u00ed ni por interpuesta persona, celebrar contratos o ejecutar actos que los beneficien directa o indirectamente en perjuicio de sus representados; aqu\u00ed \u201clos demandados aparecen en \u00faltimas como cesionarios del 50% de los derechos de cr\u00e9dito que pasaron por sus manos en raz\u00f3n de la gesti\u00f3n encomendada, cesi\u00f3n que obtuvieron sin la expresa autorizaci\u00f3n de sus mandantes, luego ejecutaron un acto contra los intereses de los aqu\u00ed demandantes, que constituye incumplimiento de las obligaciones contractuales\u201d. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Tambi\u00e9n con respaldo en la causal primera de casaci\u00f3n, pero esta vez por la v\u00eda indirecta, se acusa la sentencia de ser violatoria de los art\u00edculos 1546, 1602, 1603, 1856, 2141, 2144, 2155, 2157, 2158, 2170 y 2183 del C\u00f3digo Civil y 252, 254 y 258 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por falta de aplicaci\u00f3n, a causa de error de hecho en la apreciaci\u00f3n de los documentos de cesi\u00f3n de derechos que hizo Nicanor Borrero Hereira a favor de Dar\u00edo L\u00f3pez y Jos\u00e9 Chacin Deluque. <\/p>\n
A ese respecto apunta el recurrente que el art\u00edculo 1856 del C\u00f3digo Civil que remite al 2170 del mismo estatuto, precept\u00faa que los mandatarios no podr\u00e1n por si ni por interpuesta persona comprar las cosas que han de pasar por sus manos en virtud del encargo, si no tuvieren la aprobaci\u00f3n expresa del mandante. Lo anterior significa que la ley sanciona con nulidad relativa los contratos que sobre traslaci\u00f3n de dominio se celebren sin atender estos mandatos \u201cporque atentan contra los derechos individuales de las personas\u201d; en este caso el fallador no vio que los mandatarios resultaron due\u00f1os del 50% del cr\u00e9dito que se les encomend\u00f3 cobrar, sin la autorizaci\u00f3n de los mandantes para adquirir tales derechos, con lo cual \u201cincumplieron sus obligaciones como mandatarios porque obraron sin la fidelidad y honradez que el mandato les impon\u00eda frente a los intereses de sus mandantes, frente a los cuales atentaron porque los contratos obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a las cosas que emanen de la naturaleza de la obligaci\u00f3n\u201d, pues, agrega el recurrente, de haberlo tenido en cuenta el ad_quem hubiera aplicado el art\u00edculo 1546 del C. C. que otorga acci\u00f3n resolutoria cuando se incumple la obligaci\u00f3n. <\/p>\n
Se considera: <\/p>\n
1. Como es sabido, la regulaci\u00f3n normativa propia del recurso de casaci\u00f3n, as\u00ed como restringe la clase de argumentos que por los litigantes pueden ponerse en juego cuando de denunciar errores de juzgamiento se trata, tambi\u00e9n limita el \u00e1mbito de los poderes de la Corte como tribunal de casaci\u00f3n, habida cuenta que su cometido no es otro que el de se\u00f1alar frente a un caso concreto y a posteriori, \u201c… por iniciativa de parte y con autoridad jur\u00eddica\u201d(Cas. Civ. de 10 de septiembre de 1991, sin publicar), el derecho material aplicable a esa controversia. <\/p>\n
En esa medida, quien aspira a censurar con \u00e9xito una manifestaci\u00f3n concreta de la actividad in iudicando contenida en un fallo de instancia, debe combatir en forma completa los fundamentos en que \u00e9ste se apoya, con el fin de desvirtuarlos, puesto que si alguno de ellos no es atacado y por si mismo presta apoyo suficiente a tal determinaci\u00f3n, \u00e9sta quedar\u00e1 en pie y el fallo no puede infirmarse en sede de casaci\u00f3n, resultando completamente intrascendente si se logra o no demostrar desaciertos que el impugnante le impute a otras apreciaciones contenidas en la misma providencia. <\/p>\n
2. Tra\u00eddo lo anterior a la definici\u00f3n del presente recurso y circunscrito el examen a los fundamentos del fallo impugnado por los cuales el Tribunal neg\u00f3 la pretensi\u00f3n subsidiaria de resoluci\u00f3n del contrato de mandato, que como se anot\u00f3, es la \u00fanica decisi\u00f3n que se combate en ambos cargos, la Corte encuentra que \u00e9stos no se ajustan a la comentada pauta de t\u00e9cnica del recurso, seg\u00fan pasa a verse: <\/p>\n
a) El cargo primero en realidad construye un argumento de orden jur\u00eddico que no comprende el que verdaderamente le sirve de apoyo a la sentencia acusada; as\u00ed, sostiene el impugnante que err\u00f3 el Tribunal al no darle cabida a la fidelidad y honradez con que debieron actuar los mandatarios, no obstante que esos comportamientos en la ejecuci\u00f3n del contrato son de la naturaleza del mandato discutido y deben acatarse en virtud del principio de la buena fe, seg\u00fan lo que, en su orden, consagran los art\u00edculos 1501 y 1603 del C\u00f3digo Civil; de all\u00ed concluye que se quebrantaron los art\u00edculos 1546, 2183, 1741 y 1856 del C.C. ibidem, \u201cporque el incumplimiento tiene como causa la adquisici\u00f3n de los bienes cuya tutela fue encomendada a los mandatarios\u201d. <\/p>\n
Empero, dicho argumento, adem\u00e1s de que apunta a resaltar un motivo de incumplimiento contractual de los mandatarios que no fue precisamente el alegado en la demanda, puesto que \u00e9sta se basa en que los demandados no le entregaron lo que obtuvieron como resultado del proceso de rendici\u00f3n de cuentas, deja inc\u00f3lume el pilar central de la sentencia impugnada, dado que \u00e9ste no estriba en que el comportamiento irregular de las partes sea o no de la esencia o naturaleza del contrato de mandato, sino que para denegar la resoluci\u00f3n deprecada afirma, remiti\u00e9ndose al campo de los efectos de las obligaciones, que el incumplimiento que debe tenerse en cuenta es del orden material, es decir, si se cumpli\u00f3 o no la gesti\u00f3n encomendada, fundamento el que, evidentemente, la censura no combate. <\/p>\n
A lo anterior se suma que no obstante que la v\u00eda directa supone un apego absoluto del recurrente con el an\u00e1lisis de los hechos y de las pruebas que hizo el sentenciador, en el cargo se aduce que el incumplimiento alegado se da por haber adquirido los demandados parte del objeto recaudado en el citado proceso de rendici\u00f3n de cuentas, mediante cesi\u00f3n; mientras que el Tribunal afirm\u00f3 que \u201cno hay se\u00f1al probatoria\u201d del incumplimiento, y por si fuera poco dej\u00f3 de lado la cesi\u00f3n por encontrar que el tema es asunto extra\u00f1o al presente litigio; en lo suyo, el recurrente trae ese hecho a cuento para fundar su acusaci\u00f3n. As\u00ed, pues, el cargo se desplaza hacia los hechos para verlos de manera distinta o como los apreci\u00f3 el sentenciador, lo que no es admisible cuando el cargo se orienta por la v\u00eda directa. <\/p>\n
b) En lo que concierne al cargo segundo, estima el censor que hay normas que prohiben al mandatario comprar cosas que llegan a sus manos en virtud del encargo y que no vio el Tribunal, entonces, que los demandados resultaron due\u00f1os del 50% del beneficio econ\u00f3mico que obtuvieron en el proceso para el cual actuaron por virtud del alegado mandato; desde ese punto de vista insiste en que hubo incumplimiento de los mandatarios porque obraron sin fidelidad ni honradez. Sin embargo, aqu\u00ed tambi\u00e9n se verifican las deficiencias anotadas en relaci\u00f3n con el cargo primero, en tanto que no apunta a desquiciar la raz\u00f3n jur\u00eddica por la cual el Tribunal neg\u00f3 la resoluci\u00f3n ya mencionada, ni se ocupa de desvirtuar la conclusi\u00f3n final proveniente de la apreciaci\u00f3n, en conjunto, de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, por la cual el fallador asever\u00f3 que no hay prueba del incumplimiento que se le endilga a los demandados. <\/p>\n
3. S\u00edguese de todo lo anterior que ninguno de los cargos puede prosperar, dada su ineptitud formal. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha (22) de junio de 1994, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 en el proceso de la referencia. <\/p>\n
Las costas en casaci\u00f3n son de cargo del recurrente. T\u00e1sense en su oportunidad. <\/p>\n
COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
<\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
<\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
<\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
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S-091-99 [5167] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., dieciocho (18) de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).- […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81694","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81694","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81694"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81694\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81694"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81694"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81694"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}