S-094-99 [5278]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente. Dr. SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).- <\/p>\n
Se decide por la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de fecha tres (3) de marzo de 1994, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 para ponerle fin, en segunda instancia al proceso instaurado por ALVARO GUTIERREZ PEREZ contra ANATOLIO CIFUENTES, SATURNINA CIFUENTES DE CIFUENTES y JOSE MIGUEL CIFUENTES. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
1. Se trata de una acci\u00f3n reivindicatoria sobre un inmueble rural que por su ubicaci\u00f3n y linderos se especifica en el escrito de demanda; junto con los accesorios correspondientes, bajo la consideraci\u00f3n de que los demandados son poseedores de mala fe. <\/p>\n
2. Dicha acci\u00f3n reivindicatoria, se funda en los hechos que enseguida pasan a resumirse: <\/p>\n
a) ALVARO GUTIERREZ PEREZ adquiri\u00f3 el inmueble \u201cLaguna-Seca\u201d en 1969, por herencia de su madre Ricarda P\u00e9rez de Guti\u00e9rrez, quien tambi\u00e9n tuvo el dominio pleno y absoluto sobre dicha finca. b) Por espacio de 17 a\u00f1os el demandante ha celebrado peri\u00f3dicos contratos de aparcer\u00eda con ANATOLIO CIFUENTES, los que se renuevan cada a\u00f1o; c) Por una publicaci\u00f3n radial de un edicto en una emisora el actor se enter\u00f3 que su finca \u201cLaguna-Seca\u201d iba a ser intervenida por el Incora para adjudic\u00e1rsela a ANATOLIO CIFUENTES, quien de mala fe inici\u00f3 tr\u00e1mites administrativos para tal efecto, alegando una ficticia posesi\u00f3n del predio, pues obr\u00f3 a sabiendas de que apenas lo detentaba en calidad de aparcero. d) SATURNINA DE CIFUENTES y JOSE MIGUEL CIFUENTES, esposa e hijo de ANATOLIO respectivamente, est\u00e1n ejecutando rocer\u00edas, barbechos y siembras en la finca \u201cLaguna-Seca\u201d, no se sabe si a nombre propio o en representaci\u00f3n de este \u00faltimo, sin que medie ninguna autorizaci\u00f3n del actor. e) Ante la negativa de restituci\u00f3n, el demandante inici\u00f3 tr\u00e1mite policivo que culmin\u00f3 manteniendo la situaci\u00f3n de hecho. f) Los demandados no pueden adquirir por prescripci\u00f3n el dominio del fundo en cuesti\u00f3n: ANATOLIO CIFUENTES, por ser mero tenedor de dicha finca, y do\u00f1a SATURNINA y su hijo JOSE MARQUEZ, por ser colaboradores de su esposo y padre en las labores del campo. <\/p>\n
3. ANATOLIO CIFUENTES se opuso a la demanda y fundamentalmente aleg\u00f3 que el contrato de aparcer\u00eda no existi\u00f3 sino que, por el contrario, \u00e9l ha pose\u00eddo la finca en forma tranquila y con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o por m\u00e1s de veinte a\u00f1os; de all\u00ed que, por separado, present\u00f3 demanda de reconvenci\u00f3n de pertenencia, alegando posesi\u00f3n veintenaria. <\/p>\n
4. En el tr\u00e1mite del proceso sucedi\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
a) El tres (3) de julio de 1986, el demandante present\u00f3 escrito con el prop\u00f3sito de \u201creformar y adicionar\u201d la demanda inicial \u201cpara que se incluya como litisconsorte necesario al Sr. Procurador Agrario de la regional de Cundinamarca\u201d; dicha reforma fue admitida y, en consecuencia, se orden\u00f3 dar traslado de ella \u201ca los demandados o su apoderado en forma personal o por el medio establecido en el Art. 205 del C. de P. Civil\u201d, notificaci\u00f3n que se surti\u00f3 personalmente por conducto del apoderado judicial de ANATOLIO CIFUENTES. <\/p>\n
b) En el proceso se dio curso a un incidente de nulidad propuesto por SATURNINA CIFUENTES DE CIFUENTES, quien aleg\u00f3 que la \u201creforma y adici\u00f3n\u201d de la demanda no le hab\u00eda sido notificada, la misma que fue decretada por medio de auto de (23) de octubre de 1989, con efectos a partir del auto de 29 de abril de 1987; por lo que se orden\u00f3 renovar la actuaci\u00f3n surtida desde \u00e9sta fecha. <\/p>\n
c) Reanudado el proceso, el representante judicial de ANATOLIO CIFUENTES inform\u00f3 al Juzgado que \u00e9ste hab\u00eda muerto y solicit\u00f3 se notificara a los otros demandados como sucesores del difunto, quienes as\u00ed comparecieron. As\u00ed mismo, en la contestaci\u00f3n a la \u201creforma y adici\u00f3n\u201d de la demanda, JOSE MIGUEL CIFUENTES indic\u00f3 que para esa fecha los poseedores del inmueble en disputa eran SATURNINA CIFUENTES, JOSE MIGUEL, Mar\u00eda Emma, Jos\u00e9 Angel y Jes\u00fas Mar\u00eda Cifuentes Cifuentes, Carmen Cifuentes de Gavil\u00e1n, Rosa Mar\u00eda Cifuentes de Cifuentes, y Adelina Cifuentes Vda. de Vanegas, en su calidad de hijos leg\u00edtimos de ANATOLIO CIFUENTES. <\/p>\n
d) Superadas estas vicisitudes, el tr\u00e1mite de la instancia prosigui\u00f3 normalmente. Por auto del 11 de febrero de 1992, se decretaron las pruebas solicitadas por las partes y se orden\u00f3 tener como tales, entre otras, las declaraciones de Argemiro Fl\u00f3rez Sastoque, Pablo Emilio Sastoque, Esteban Sastoque, Rub\u00e9n Trivi\u00f1o, Luis Hernando Vel\u00e1squez, Jos\u00e9 Coronado Garz\u00f3n Riveros y Arcenio Pinz\u00f3n \u201cque obran a folios 24 a 44 del cuaderno de excepciones previas, por conservar su validez. Tal como lo dispone el art. 146 del C.P.C.\u201d. <\/p>\n
e) Mediante sentencia del diez (10) de septiembre de 1993 el Juzgado resolvi\u00f3 denegar las pretensiones de la demanda de reconvenci\u00f3n, y le dio cabida a la reivindicaci\u00f3n, e hizo los ordenamientos consecuentes. <\/p>\n
5. Surtido el recurso de apelaci\u00f3n de la parte demandada, el Tribunal confirm\u00f3 la sentencia, modific\u00e1ndola tan solo en el sentido de disponer que la condena a restituir el inmueble y a pagar frutos y el no reconocimiento de mejoras vincula al demandado ANATOLIO CIFUENTES: absolvi\u00f3 en consecuencia a SATURNINA CIFUENTES DE CIFUENTES y JOSE MIGUEL CIFUENTES. Por \u00faltimo, dispuso que el valor anual de los frutos es de $515.000, a partir del 1o. de enero de 1985 hasta cuando se realice la entrega de la finca. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO RECURRIDO <\/p>\n
1. En primer lugar, el Tribunal, igual que el a-quo, le otorga plena eficacia demostrativa a los testimonios practicados durante el lapso afectado por la declaraci\u00f3n de nulidad, pues si bien el demandante inicial reform\u00f3 su libelo y el juez le dio tal car\u00e1cter al escrito respectivo, lo cierto es que ese acto de parte no tiene esa significaci\u00f3n si se observa que en \u00e9l apenas se solicit\u00f3 citar al Procurador Agrario, no como litisconsorte sino por mandato legal, sin que se modificaran en lo mas m\u00ednimo los sujetos, la causa o el objeto de la pretensi\u00f3n; estim\u00f3, pues, que con tal \u201creforma\u201d no se alter\u00f3 el \u201cquerer pretensional\u201d del actor, ni los hechos en que \u00e9ste se fundamenta a\u00fan circunstancialmente. <\/p>\n
Y a\u00f1ade el sentenciador: \u201cluego si ANATOLIO CIFUENTES actu\u00f3 durante todo el curso del debate hasta cuando se declar\u00f3 la nulidad sin reclamarla, y si SATURNINA CIFUENTES DE CIFUENTES y MIGUEL o JOSE MIGUEL CIFUENTES, esposa e hijo de aqu\u00e9l, respectivamente, francamente estuvieron enterados de la existencia de la demanda inicial en su contra y de las pruebas que se solicitaron en ella, quiere ello decir que a dichas personas de ning\u00fan modo se les desconoci\u00f3 el derecho de defensa con la pr\u00e1ctica de las indicadas pruebas. M\u00e1xime cuando, por otra parte, las \u00faltimas personas no alegaron posesi\u00f3n a su favor y en cambio si lo hizo en forma exclusiva el primero (…). Y siendo as\u00ed los anotados testimonios conservan su eficacia demostrativa respecto de SATURNINA CIFUENTES DE CIFUENTES y MIGUEL o JOSE MIGUEL CIFUENTES, puesto que tuvieron oportunidad de contradecirlos (art. 146 del C.P.C.)\u201d. <\/p>\n
2. Tras encontrar demostrada la posesi\u00f3n de ANATOLIO CIFUENTES, en tanto que \u00e9ste propuso la usucapi\u00f3n, y de descartar la posesi\u00f3n de Saturnina Cifuentes y Jos\u00e9 Miguel Cifuentes, por derivar su tenencia de ANATOLIO que es quien alega prescripci\u00f3n, y dado que ninguno de los declarantes califica a los demandados como poseedores del inmueble, el Tribunal en cuanto a la prescripci\u00f3n alegada, se\u00f1ala que a favor del demandante declararon Esteban Sastoque Mart\u00ednez, Pablo Emilio Sastoque Mart\u00ednez, Argemiro Fl\u00f3rez Sastoque, Ruben Trivi\u00f1o Pulido, Arcenio Pinz\u00f3n Romero, Jos\u00e9 Coronado Garz\u00f3n Riveros y Luis Hernando Vel\u00e1squez Fl\u00f3rez y a instancia del demandado, tambi\u00e9n demandante en reconvenci\u00f3n, lo hicieron Juan Pablo Pinz\u00f3n Clavijo, Herm\u00f3genes Santiago Clavijo, Alonso Pinz\u00f3n Choach\u00ed, Jos\u00e9 Alicio Cifuentes Pulido, Jos\u00e9 Gabriel Pinz\u00f3n Choach\u00ed, Luis Enrique Clavijo y Arqu\u00edmedes Pinz\u00f3n Clavijo. <\/p>\n
Con vista en tales testimonios y despu\u00e9s de resumir el contenido de cada uno, le otorga m\u00e9rito de convicci\u00f3n a los seis primeros testigos quienes afirman que entre ALVARO GUTIERREZ PEREZ y ANATOLIO CIFUENTES medi\u00f3 un contrato de compa\u00f1\u00eda para explotar el inmueble; y se lo niega a los dem\u00e1s que se refieren a la posesi\u00f3n de ANATOLIO CIFUENTES durante un tiempo ininterrumpido que excede veinticinco a\u00f1os. <\/p>\n
3. En tal virtud, el ad quem concluye que estas dos personas estuvieron vinculadas por un contrato de aparcer\u00eda destinado a explotar en com\u00fan el bien ra\u00edz materia de reivindicaci\u00f3n, situaci\u00f3n que dur\u00f3 hasta 1985, cuando CIFUENTES ostensible y p\u00fablicamente desconoci\u00f3 el dominio de GUTIERREZ, \u201cinvirtiendo (sic) su posici\u00f3n de tenedor para convertirse en poseedor del inmueble\u201d. Por tanto, estim\u00f3 la pretensi\u00f3n reivindicatoria y desestim\u00f3 la prescripci\u00f3n adquisitiva propuesta por ANATOLIO CIFUENTES; enseguida se pronunci\u00f3 sobre las restituciones mutuas, luego de considerar que el poseedor vencido actu\u00f3 de mala fe. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Apoy\u00e1ndose en la primera de las causales que consagra el Art. 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el recurrente acusa la sentencia impugnada de violar los art\u00edculos 946, 947, 950, 952, 953, 961, 962, 963, 964, 967, 969 y 971 del C\u00f3digo Civil, infracci\u00f3n indirecta proveniente de error de derecho en la apreciaci\u00f3n de las declaraciones de Esteban Sastoque Mart\u00ednez, Pablo Emilio Sastoque Mart\u00ednez, Argemiro Fl\u00f3rez Sastoque, Rub\u00e9n Trivi\u00f1o Pulido, Arcenio Pinz\u00f3n Romero, Jos\u00e9 Coronado Garz\u00f3n Riveros y Luis Hernando Vel\u00e1squez Fl\u00f3rez. <\/p>\n
Para sustentar el cargo aduce que: <\/p>\n
1. Las declaraciones cuestionadas fueron recibidas en agosto de 1987, y, por consiguiente, las alcanz\u00f3 la nulidad decretada por el Juez mediante providencia de 23 de octubre de 1989, a cuya consecuencia se invalid\u00f3 el proceso a partir del 29 de abril de 1987, puesto que para esa \u00e9poca no estaba vigente el actual art\u00edculo 146 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el cual deja a salvo de los efectos de la nulidad procesal declarada, las pruebas practicadas respecto de quienes hayan tenido oportunidad de controvertirlas. <\/p>\n
2. Que \u201caunque en el auto de febrero 11\/92 que abri\u00f3 a pruebas el proceso se diga que conservan su validez de acuerdo al art\u00edculo 146 del C. de P.C., es un auto que no obliga ni al juez ni a las partes ya que de todos es sabido que los autos ilegales no causan ejecutoria y un error inicial no puede comprometer al Juez a otro (sic)\u201d; a lo que es de a\u00f1adir que el art\u00edculo 40 de la ley 153 de 1887 prohibe darle efecto retroactivo a la ya citada norma de car\u00e1cter procesal. <\/p>\n
3. El Tribunal afirma \u201cque no se le vulner\u00f3 el derecho de defensa al no notific\u00e1rsele a la demandada SATURNINA CIFUENTES DE CIFUENTES, el auto admisorio de reforma de la demanda, la cual como se dijo deb\u00eda hacerse en forma personal\u201d; afirmaci\u00f3n que no comparte, pues si se le hubiera hecho la alegada notificaci\u00f3n, \u201cella hubiera podido ejercitar dentro del t\u00e9rmino del nuevo traslado las mismas facultades que durante el inicial, que entre otras estaba la oportunidad de pedir nuevas pruebas para confrontar los testimonios que se reparan, oportunidad que fue coartada al omitirse la notificaci\u00f3n en legal forma\u201d. <\/p>\n
4. En fin, puntualizando el error probatorio de derecho que se denuncia, dice el cargo que \u201c \u2026 Es un principio l\u00f3gico que la prueba no decretada jam\u00e1s puede ser apreciada en la sentencia y mucho menos si esa prueba qued\u00f3 invalidada con motivo de la declaratoria de nulidad, como sucedi\u00f3 con los testimonios atr\u00e1s mencionados; por tal motivo el fallador incurri\u00f3 en un grav\u00edsimo error de derecho que trajo consigo la aplicaci\u00f3n indebida de las normas sustanciales que rese\u00f1a el cargo; se a\u00f1ade que el fallo denunciado quebrant\u00f3 de medio los Arts. 174, 176, 177, 187 y 228 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Se considera: <\/p>\n
1. En el presente asunto el recurrente centra su ataque en la que estima objetable aplicaci\u00f3n retroactiva del art\u00edculo 146 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, al reconocerle valor a los testimonios relacionados en su demanda, recepcionados en el tr\u00e1mite que posteriormente fuera declarado nulo. <\/p>\n
En efecto, uno de los soportes principales de la sentencia acusada consiste en que la \u201creforma de la demanda\u201d, que no fue notificada a todos los demandados y por cuya causa se decret\u00f3 la nulidad, no era tal por cuanto en realidad no modific\u00f3 la pretensi\u00f3n ni los hechos alegados desde el inicio; por lo mismo, concluy\u00f3 que la falta de notificaci\u00f3n personal a cada uno de los demandados de la aceptaci\u00f3n de dicha reforma no impidi\u00f3 que \u00e9stos, que s\u00ed hab\u00edan sido notificados de la demanda inicial, la cual no fue alterada en su integridad sustancial, tuvieran la posibilidad efectiva de conocer plenamente lo acontecido en el proceso, incluyendo la recepci\u00f3n de testimonios y la de ejercer all\u00ed sus prerrogativas, otra cosa es que no hicieran uso adecuado de \u00e9stas. <\/p>\n
Significa lo anterior que, a juicio del Tribunal, y por fuerza de las razones atendibles que dej\u00f3 consignadas en la sentencia, la eficacia de los actos probatorios en cuesti\u00f3n es independiente de la situaci\u00f3n que dio lugar a la declaraci\u00f3n de nulidad efectuada en el curso de la segunda instancia, de suerte que para el fallador no hay raz\u00f3n jur\u00eddica que obligue a negarles m\u00e9rito y a desconocer sus resultados, por cuanto, obtenidos \u00e9stos previa observancia de las formalidades legales para su pr\u00e1ctica y con la intervenci\u00f3n de las partes para su debate y contradicci\u00f3n, resulta evidente que deben aprovecharse para el proceso, no obstante el defecto invalidativo constatado. <\/p>\n
2. A la anterior conclusi\u00f3n arrib\u00f3 el Tribunal, seg\u00fan se deduce de la sentencia, por aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 146 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil y en particular de la modificaci\u00f3n que le introdujo el Decreto 2282 de 1.989, la cual, respecto a la regla preexistente consistente en que la nulidad declarada \u201csolo comprender\u00e1 la actuaci\u00f3n posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por \u00e9ste\u201d, agreg\u00f3 que \u201csin embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuaci\u00f3n conservar\u00e1 su validez y tendr\u00e1 eficacia respecto a quienes tuvieron oportunidad de contradecirla\u201d. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, si bien es cierto que se aplic\u00f3 esta disposici\u00f3n con la reforma referida respecto de pruebas practicadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la \u00faltima, a las cuales, en principio, cobij\u00f3 el decreto de nulidad que, tambi\u00e9n antes, se produjo por falta de notificaci\u00f3n del auto admisorio de la reforma de la demanda, lo que en principio dar\u00eda cabida al error de derecho denunciado, en cuanto ellas finalmente fueron apreciadas sin que se hubiera renovado su pr\u00e1ctica; tambi\u00e9n lo es que la equivocaci\u00f3n no surge en tanto que, a\u00fan antes de la reforma y en aplicaci\u00f3n del principio de la econom\u00eda procesal y sin desmedro del derecho de defensa de las partes, la jurisprudencia ven\u00eda predicando que en casos como el presente, no era indispensable repetir la pr\u00e1ctica de pruebas si el motivo de nulidad no compromet\u00eda su contradicci\u00f3n. Siendo ello as\u00ed, no existe el error de derecho denunciado, cuya existencia no pasa de la apariencia formal que se levanta por raz\u00f3n de la citada reforma legal que, en \u00faltimas, prohij\u00f3, expresamente, lo que t\u00e1citamente consagrara la norma antes de ser modificada. <\/p>\n
3. Esa doctrina jurisprudencial la dej\u00f3 sentada la Corte de manera general, cuando en sentencia del 16 de agosto de 1972 (G. J. t. CXLIII p\u00e1g. 84 dijo: \u00abMas, como el legislador de este a\u00f1o consider\u00f3 injustificable por su excesivo rigorismo el principio de que la nulidad produc\u00eda efectos sobre toda la actuaci\u00f3n posterior a la aparici\u00f3n de la causal, el cual adem\u00e1s atentaba contra la econom\u00eda procesal, lo atemper\u00f3 en el sentido de determinar que el decreto de nulidad de una actuaci\u00f3n s\u00f3lo afecta los actos que sean secuela necesaria de aqu\u00e9l en que se produjo la irregularidad. Y \u00e9sta fue precisamente la regla que consagr\u00f3 mediante el art\u00edculo 158 del C\u00f3digo respectivo, al estatuir que \u00abla nulidad s\u00f3lo comprender\u00e1 la actuaci\u00f3n posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por \u00e9ste\u00bb. <\/p>\n
4. No sobra a\u00f1adir que, para dar realce a lo anterior, en este caso el error delatado se diluye en la medida en que cuando se renov\u00f3 la actuaci\u00f3n procesal, por causa de la referida nulidad, se volvieron a decretar las pruebas por medio del auto dictado el 11 de febrero de 1.992 (Cuaderno 1, folio 149), el cual entonces no fue recurrido; all\u00e1, pues el demandado no se opuso a la citada providencia en cuanto orden\u00f3, de conformidad con el Art. 146 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, tener como pruebas merecedoras de ser apreciadas \u201cpor conservar su validez\u201d, las declaraciones testimoniales de Argemiro Fl\u00f3rez Sastoque, Pablo Emilio Sastoque, Esteban Sastoque, Rub\u00e9n Trivi\u00f1o, Luis Hernando Vel\u00e1squez, Jos\u00e9 Coronado Garz\u00f3n y Arcenio Pinz\u00f3n; los mismos sobre cuya apreciaci\u00f3n formula reparo el recurrente. <\/p>\n
5. En s\u00edntesis, pues, no existe error de derecho derivado de la apreciaci\u00f3n de los referidos testimonios, en cuya pr\u00e1ctica se permiti\u00f3 la contradicci\u00f3n, y, por lo tanto, el cargo no prospera. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha tres (3) de marzo de 1994, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 en el proceso de la referencia. <\/p>\n
Las costas en casaci\u00f3n son de cargo del recurrente. T\u00e1sense en su oportunidad. <\/p>\n
COPIESE, NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
S-094-99 [5278] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente. Dr. SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., diecinueve (19) de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).- Se decide por la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81697","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81697","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81697"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81697\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81697"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81697"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81697"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}