S-096-99 [5091]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 5091 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 el 15 de febrero de 1994, en este proceso ordinario de competencia desleal promovido por HENRY A. PULIDO BARON y DANILO A. MELO PULIDO contra SIMON BATLE COLL. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por escrito presentado el 25 de septiembre de 1991 (fls. 9 al 15, c. 1), que por repartimiento correspondi\u00f3 al Juzgado 11 Civil del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, HENRY A. PULIDO BARON y DANILO A. MELO PULIDO, mediante apoderado judicial demandaron a SIMON BATLE COLL, para que previos los tr\u00e1mites del proceso ordinario, se declarara que el demandado \u201cha incurrido en actos de Competencia Desleal al emplear medios y sistemas como es el uso de la Ense\u00f1a Comercial SALSAMENTARIA IBERIA, encaminados a crear confusi\u00f3n con el establecimiento de comercio CARNES IBERIA\u201d de propiedad de los demandantes. Consecuentemente se pretendi\u00f3 que el citado demandado fuera condenado a pagarle a los demandantes los perjuicios padecidos y conminado con multas sucesivas de cincuenta mil pesos ($50.000), convertibles en arresto, para que se abstenga de repetir los actos de competencia desleal que dieron origen a la demanda. <\/p>\n
2. Las pretensiones se apoyan en los argumentos f\u00e1cticos que se resumen a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
2.1. Los actores son propietarios del establecimiento de comercio identificado con la \u201cense\u00f1a\u201d comercial CARNES IBERIA, cuya sede principal est\u00e1 ubicada en la ciudad de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.2. La actividad principal del establecimiento en menci\u00f3n, es la comercializaci\u00f3n de los productos comprendidos en la clase 29 del art\u00edculo 2 del Decreto 755 de 1972, especialmente carnes y sus productos afines. <\/p>\n
2.3. El demandado \u201ccon mucha posterioridad, abri\u00f3 al p\u00fablico un establecimiento de comercio identificado con la Ense\u00f1a Comercial SALSAMENTARIA IBERIA y el cual est\u00e1 dedicado exactamente a las mismas actividades del establecimiento de comercio CARNES IBERIA…\u201d. <\/p>\n
2.4. Los demandantes han solicitado reiteradamente al demandado que modifique su \u201cense\u00f1a\u201d comercial, con resultados negativos. <\/p>\n
2.5. Los actores fueron quienes primero usaron la ense\u00f1a comercial \u201cCARNES IBERIA\u201d. <\/p>\n
2.6. \u201cUna de las formas caracter\u00edsticas de crear confusi\u00f3n entre los establecimientos de comercio es identific\u00e1ndolos con Ense\u00f1as Comerciales iguales o similares a los establecimientos de comercio competidos\u201d. <\/p>\n
2.7. La \u201cense\u00f1a\u201d comercial de ambos establecimientos es IBERIA, ya que las palabras carnes y salsamentaria son de uso com\u00fan y por tanto no apropiables por ninguna persona. <\/p>\n
2.8. El demandado est\u00e1 aprovechando el buen cr\u00e9dito y el buen nombre del cual goza el establecimiento comercial de propiedad de los actores, caus\u00e1ndoles a estos evidentes perjuicios morales y materiales. <\/p>\n
3. Por auto del 1o. de octubre de 1991 el Juzgado 11 Civil del Circuito de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 inadmiti\u00f3 la demanda, para que se aclararan \u201clas pretensiones en concordancia con los hechos y aclarar el procedimiento a seguir as\u00ed como las medidas cautelares\u201d. (fl. 16. c.1). Dicha deficiencia fue enmendada oportunamente por la parte actora, mediante escrito obrante a folios 20 y s.s. id. en el cual se dijo que se trataba de una demanda de competencia desleal, de conformidad con los art\u00edculos 75 y 76 del C. de Co. <\/p>\n
4. Admitida la demanda por auto del 31 de octubre de 1991 (fl.24, c.1), se notific\u00f3 su admisi\u00f3n y corri\u00f3 el respectivo traslado al demandado (fl.3, id.), quien por intermedio de apoderado judicial la contest\u00f3 oponi\u00e9ndose a las pretensiones y proponiendo como excepciones de fondo la \u201cCoexistencia pac\u00edfica de las ense\u00f1as por m\u00e1s de trece (13) a\u00f1os\u201d y \u201cFalta de calidad de comerciante por el se\u00f1or DANILO A. MELO P.\u201d. En cuanto a los hechos neg\u00f3 el 1o., 8o. y 9o., respecto del 3o. manifest\u00f3 que deb\u00eda probarse y en cuanto a los dem\u00e1s dijo que eran parcialmente ciertos. Adem\u00e1s, propuso como excepci\u00f3n previa la falta de competencia. <\/p>\n
5. La primera instancia se defini\u00f3 por sentencia del 15 de julio de 1993 (fls. 64 al 68, c.1), por medio de la cual se negaron las pretensiones. Inconforme con la decisi\u00f3n, la parte demandante interpuso el recurso de apelaci\u00f3n que desat\u00f3 el Tribunal mediante sentencia de 15 de febrero de 1994, confirmatoria de la del a quo. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El ad-quem luego de referirse al desarrollo del proceso y verificar la presencia de los presupuestos procesales y la ausencia de causal de nulidad que invalidara lo actuado, precis\u00f3 que en este asunto se acusa al demandado de haber incurrido en actos de competencia desleal al usar la \u201cense\u00f1a\u201d comercial \u201cSALSAMENTARIA IBERIA\u201d, la cual crea confusi\u00f3n entre el p\u00fablico, ya que el nombre comercial de los actores es \u201cCARNES IBERIA\u201d. <\/p>\n
Posteriormente transcribe la definici\u00f3n de \u201cense\u00f1a comercial\u201d consagrada por el art\u00edculo 583 numeral 5o. del C. de Co., para afirmar: \u201cLa anterior definici\u00f3n nos da certeza de que el signo o ense\u00f1a no est\u00e1 constituido de modo exclusivo por un texto idiom\u00e1tico, en suma, no se expresa necesariamente en palabras sino que tambi\u00e9n puede consistir en un gr\u00e1fico o la combinaci\u00f3n de una suma de elementos que componen una idea y que al impacto visual de modo casi reflejo permitan al consumidor evocar un producto, un servicio, una propaganda o un acto de consumo antecedente\u201d. Partiendo de esta idea expres\u00f3 que fue acertado el fallo del a-quo, ya que si la ense\u00f1a est\u00e1 constituida por la conjugaci\u00f3n de elementos gr\u00e1ficos y textuales, la sola coincidencia de la palabra IBERIA resulta insuficiente para configurar una semejanza id\u00f3nea para confundir al p\u00fablico, habida cuenta que el c\u00famulo de diferencias supera ampliamente la \u00fanica coincidencia. Al respecto anot\u00f3: \u201cLa anterior descripci\u00f3n hecha por las partes al momento del dep\u00f3sito y corroborada por los documentos aportados al proceso persuaden a la sala de que el c\u00famulo de diferencias supera enormemente la \u00fanica coincidencia. A pesar de que un perito dictamin\u00f3 en sentido contrario, esa prueba no puede ser apreciada por que el otro auxiliar de la justicia no la corrobor\u00f3, ni el dicho dictamen tuvo posibilidad de ser controvertido. Por lo dem\u00e1s ese experticio no da raz\u00f3n t\u00e9cnica o cient\u00edfica para concluir con la afirmaci\u00f3n de que hay posibilidad de confusi\u00f3n entre los consumidores\u201d. <\/p>\n
Tambi\u00e9n afirm\u00f3 el fallador que las expresiones \u201cCARNES\u201d y \u201cSALSAMENTARIA\u201d, pese a referirse a una misma actividad econ\u00f3mica, reflejan una diferencia, por cuanto la segunda da una idea inequ\u00edvoca acerca del centro de la actividad, cual es el expendio de carnes procesadas, la que se descarta respecto de la primera. De ah\u00ed que la coincidencia potencial podr\u00eda estar en las actividades marginales que cada una de ellas pudiera cumplir, mas no en lo esencial de la explotaci\u00f3n comercial. \u201cEl reclamo de la parte demandante est\u00e1 fundado en la torpeza absoluta del consumidor, supuesto factual desafortunado, pues el entorno social es medianamente ilustrado y debe reconocerse al virtual comprador un comportamiento racional que le lleve a establecer la diferencia\u201d. <\/p>\n
Remata el fallo expresando que para prosperar una demanda por competencia desleal, \u201cdebe acreditarse el deliberado prop\u00f3sito que inspira al demandado y el da\u00f1o padecido por el demandante\u201d, pues no es suficiente alegar el peligro o amenaza de da\u00f1o, sino que es necesario que haya lesi\u00f3n o resultado nocivo tangible, presupuesto este \u00faltimo que no se evidencia en el asunto sub-lite. \u201cNaturalmente, anota, como la competencia desleal hunde sus ra\u00edces en la responsabilidad civil extracontractual debe acreditarse el da\u00f1o padecido por la v\u00edctima. No basta, en un juicio de competencia desleal, alegar el peligro, o amenaza de da\u00f1o sino que es menester que haya lesi\u00f3n o resultado nocivo tangible. En el presente caso no hay evidencia alguna del da\u00f1o causado a la v\u00edctima\u201d. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n el apoderado judicial de la parte actora formula cuatro cargos contra el fallo antes resumido. El primero, tercero y cuarto por la v\u00eda directa y el segundo por la indirecta, los cuales despachar\u00e1 la Corte en el orden propuesto, y de manera conjunta los tres (3) primeros, por merecer algunas consideraciones comunes. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Por \u00e9ste se acusa la sentencia de violaci\u00f3n directa \u201cde los Art\u00edculos 591, par\u00e1grafo, (reglamentado por el Art. 2 del D. R. 755 de 1972) y 603 del C. de Co., por falta de aplicaci\u00f3n; el Art\u00edculo 117, inciso 3, de la Decisi\u00f3n 313 del Comisi\u00f3n del Acuerdo de Cartagena, sustituido por el Art\u00edculo 128 de la Decisi\u00f3n 344 de la citada Comisi\u00f3n, tambi\u00e9n por falta de aplicaci\u00f3n; y el Art\u00edculo 607 del C. de Co., por aplicaci\u00f3n indebida; advirtiendo que el par\u00e1grafo del Art. 591 del C. de Co. fue suspendido por el Art. 68, incisos 2 y 3 de la Decisi\u00f3n 85 de la Comisi\u00f3n del Acuerdo de Cartagena (incorporada a nuestra legislaci\u00f3n mediante Decreto 1190 de 1978), sustituido por el Art. 91 de la Decisi\u00f3n 313 de la Comisi\u00f3n del Acuerdo de Cartagena, sustituido a su vez por el Art. 101 de la Decisi\u00f3n 344 de la citada comisi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
En el desarrollo del cargo sostiene la censura que el art\u00edculo 607 del C. de Co. consagra como regla general la prohibici\u00f3n a terceros del empleo de un nombre comercial igual o similar a uno ya usado para el mismo ramo de negocios. La misma norma contempla como excepci\u00f3n aquella en que el nombre comercial igual o similar a otro ya usado para el mismo ramo de negocios, es un nombre que por ley le corresponde a una persona, evento en el cual deber\u00e1 hacerse las modificaciones que eviten toda confusi\u00f3n que a primera vista pudiere presentarse. <\/p>\n
Luego de la anterior explicaci\u00f3n, afirma el recurrente que el fallador viol\u00f3 en forma directa, por aplicaci\u00f3n indebida, las normas enunciadas en la introducci\u00f3n del cargo, \u201cdado que, si bien reconoci\u00f3 que \u2018las expresiones CARNES Y SALSAMENTARIA (…) corresponden a una misma actividad econ\u00f3mica\u2019, concluy\u00f3 que reflejan una diferencia consistente en que la segunda \u2018da una idea inequ\u00edvoca de que el centro de la (sic) actividades es el expendio de carnes procesadas (…) por el contrario el expendio de carnes descarta la idea de la comercializaci\u00f3n de productos procesados como eje principal de la actividad\u201d. A rengl\u00f3n seguido dice que si el fallador hubiere aplicado en debida forma el art\u00edculo 607 de la Legislaci\u00f3n Comercial, \u201chabr\u00eda concluido que la diferencia que reflejan las expresiones CARNES Y SALSAMENTARIA no substrae las actividades a que las mismas se refieren, del concepto -mismo ramo de negocios- mencionado en la norma en comento, y, en consecuencia, habr\u00eda determinado que el mejor derecho, por el primer uso de la ense\u00f1a comercial IBERIA, lo tienen los demandantes , de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 603 del C. de Co., en concordancia con el Art. 128 de la Decisi\u00f3n 344, violados en forma directa por falta de aplicaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
En \u00e9ste se acusa el fallo del Tribunal de violaci\u00f3n indirecta de los Art\u00edculos 583, numerales 4 y 5, 607 y 611 del C. de Co.; el primero y el tercero por falta de aplicaci\u00f3n, y el segundo por aplicaci\u00f3n indebida, como consecuencia de error manifiesto de hecho en la apreciaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
El recurrente inicia el desarrollo del cargo diciendo que al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 611 del C. de Co., las limitaciones al uso de los nombres comerciales, son plenamente aplicables a las ense\u00f1as comerciales; adem\u00e1s hace \u201cunas breves precisiones sobre los conceptos Nombre comercial y Ense\u00f1a\u201d, para luego afirmar que el fallador incurri\u00f3 en error manifiesto en la interpretaci\u00f3n de la demanda, por cuanto, \u201cal establecer que \u2018el c\u00famulo de diferencias (refiri\u00e9ndose a las ense\u00f1as comerciales en conflicto) supera enormemente la \u00fanica coincidencia\u2019, lo hizo considerando que las ense\u00f1as comerciales CARNES IBERIA Y SALSAMENTARIA IBERIA, por ser mixtas, no son iguales; pero no advirti\u00f3 que, si bien no son iguales, s\u00ed son similares. En consecuencia, no consider\u00f3 que la prohibici\u00f3n de uso se hace extensiva a casos en los cuales las respectivas ense\u00f1as sean similares, como es el que aqu\u00ed se presenta…\u201d. (Destacado original). <\/p>\n
Sostiene el impugnante que en el litigio no se discute la posibilidad de confusi\u00f3n entre los elementos figurativos de las ense\u00f1as comerciales de las partes, ni la igualdad de signos, sino la igualdad de elementos nominativos y espec\u00edficamente del nombre IBERIA, ya que las palabras carnes y salsamentaria, son de uso com\u00fan y por tanto no apropiables por ninguna persona. Seg\u00fan la censura lo anterior se deduce de los hechos primero, cuarto, quinto, s\u00e9ptimo y octavo de la demanda. <\/p>\n
Finaliza el cargo sosteniendo que el error del Tribunal es manifiesto y trascendente, ya que si no hubiese incurrido en \u00e9l, la decisi\u00f3n habr\u00eda sido diferente, pues \u201cla demanda no admit\u00eda otra apreciaci\u00f3n que la que le neg\u00f3…\u201d. <\/p>\n
TERCER CARGO <\/p>\n
Por \u00e9ste se acusa la sentencia del Tribunal de violaci\u00f3n directa de las Art\u00edculos 583, numeral 5, y 607 del C. de Co., el primero por falta de aplicaci\u00f3n, y el segundo por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea. <\/p>\n
Dice inicialmente el casacionista que, el ad-quem infringi\u00f3 de manera directa las normas anotadas \u201cal establecer que \u2018el c\u00famulo de diferencias (refiri\u00e9ndose a las ense\u00f1as comerciales en conflicto) supera enormemente la \u00fanica coincidencia\u2019, hizo suyas la consideraci\u00f3n expuesta en la sentencia de primera instancia en el sentido de que las ense\u00f1as comerciales CARNES IBERIA y SALSAMENTARIA IBERIA no eran confundibles a primera vista y que, por lo tanto, pod\u00edan subsistir por as\u00ed permitirlo el Art\u00edculo 607 del C. de Co.\u201d. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n sostiene que ese no es el sentido o alcance del art\u00edculo 607 del C. de Co., pues la excepci\u00f3n que esta norma contempla, no es aplicable cuando el nombre comercial igual o similar a otro ya usado para el mismo ramo de negocios no es un nombre que por ley le corresponde a una persona, evento en el cual, seg\u00fan la censura, no es suficiente hacer modificaciones que eviten toda confusi\u00f3n que a primera vista pudiere presentarse. <\/p>\n
Seg\u00fan \u00e9l, en la comparaci\u00f3n de ense\u00f1as comerciales no puede incluirse los aspectos que constituyen denominaciones gen\u00e9ricas o de uso com\u00fan, ya que el examen debe ser bastante limitado, teni\u00e9ndose en cuenta la idea o mensaje que emite la pronunciaci\u00f3n de los mismos, y no solo la posibilidad de confusi\u00f3n inmediata, sino el riesgo de confusi\u00f3n futura. Partiendo de dicha premisa procede a comparar los dos signos en cuesti\u00f3n, para advertir que el riesgo de confusi\u00f3n futura en el asunto sub lite es muy f\u00e1cil de prever, pues existe otro factor que el juzgador no tuvo en cuenta, conocido por los expertos como la \u201cmemorizaci\u00f3n imperfecta\u201d, que consiste en el recuerdo incompleto de los rasgos generales que identifican un establecimiento de comercio, frente a lo que el signo IBERIA es un factor de referencia ideal, \u201cen virtud del cual la persona que ha adquirido productos en un (sic) de tales establecimiento de comercio, con posterioridad puede adquirirlos en otro establecimiento de comercio distinguido con la misma ense\u00f1a, con el convencimiento \u00edntimo de que se trata del mismo establecimiento comercial\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el presente caso se debate la posible competencia desleal por confusi\u00f3n proveniente de la utilizaci\u00f3n de un nombre similar al del establecimiento comercial del actor. <\/p>\n
2. Al examinar la sentencia impugnada halla la Corte que ella se finca en tres razones argumentativas, as\u00ed: a) si la ense\u00f1a est\u00e1 constituida por la conjugaci\u00f3n de elementos gr\u00e1ficos y textuales, la sola coincidencia de la palabra Iberia resulta insuficiente para configurar una semejanza id\u00f3nea para confundir al p\u00fablico, habida cuenta que las diferencias superan ampliamente la coincidencia, como se colige de la \u201cdescripci\u00f3n hecha por las partes al momento del dep\u00f3sito y corroborada por los documentos aportados al proceso\u201d; adem\u00e1s, agrega, las expresiones \u201ccarnes\u201d y \u201csalsamentaria\u201d, pese a referirse a una misma actividad econ\u00f3mica, reflejan una diferencia, por cuanto la segunda da una idea inequ\u00edvoca acerca del centro de la actividad, cual es el expendio de carnes procesadas, la que se descarta respecto de la primera, b) para prosperar una demanda por competencia desleal \u201cdebe acreditarse el deliberado prop\u00f3sito que inspira al demandado\u201d, y c) tambi\u00e9n debe demostrarse \u201cel da\u00f1o padecido por el demandante\u201d como algo \u201ctangible\u201d, de lo cual tampoco hay evidencia. <\/p>\n
3. Precisado lo anterior, de entrada advierte la Sala que los cargos as\u00ed propuestos no est\u00e1n llamados a prosperar, pues los mismos adolecen de un grave defecto de t\u00e9cnica que impide a la Corte estudiar el fondo del asunto. <\/p>\n
Dado que las sentencias arriban a la casaci\u00f3n amparadas por la presunci\u00f3n de acierto, constituye deber inexcusable de los impugnantes, cuando se esgrime un ataque por la causal primera del art\u00edculo 368 del C. de P. Civil, combatir todas las conclusiones o fundamentos que le sirven de sustento, pues de no hacerlo as\u00ed no puede abrirse paso el cargo, habida cuenta que en virtud de la presunci\u00f3n mencionada y del car\u00e1cter netamente dispositivo del recurso, los fundamentos que no sean cuestionados resultan intangibles para esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
En este orden de ideas, aparece claro, como se anot\u00f3, que la impugnaci\u00f3n propuesta con ocasi\u00f3n de los cargos que se analizan, est\u00e1 destinada al fracaso, porque el recurrente omiti\u00f3 la carga de formular un ataque completo o \u201cpanor\u00e1mico\u201d, como lo ha llamado la jurisprudencia, pues no obstante la sentencia estar sustentada en los tres argumentos mencionados, que independientemente considerados la soportan, el casacionista se dedic\u00f3 al ataque de uno de ellos, el relacionado con la no confusi\u00f3n por virtud de las actividades que comporta uno y otro establecimiento, pero guard\u00f3 absoluto silencio sobre los otros extremos del juicio, o sea los atinentes con la no demostraci\u00f3n del \u201cdeliberado prop\u00f3sito que inspira al demandado\u201d y del da\u00f1o indemnizable. <\/p>\n
En concreto se observa que en el cargo primero en modo alguno se controvierten las razones identificadas bajo los literales b) y c), lo cual tambi\u00e9n ocurre con los cargos segundo y tercero. <\/p>\n
4. Adem\u00e1s, dejando de lado el defecto com\u00fan que atr\u00e1s se explicaba, lo cierto es que los cargos individualmente vistos tambi\u00e9n adolecen de deficiencias t\u00e9cnicas que impiden su prosperidad, y en cuanto al segundo no se demuestra el error con el car\u00e1cter de manifiesto que precisa la ley, as\u00ed: <\/p>\n
4.1. En relaci\u00f3n con el cargo primero, a pesar de anunciarse como ataque por la v\u00eda directa, lo que \u00e9ste ense\u00f1a es que r\u00e1pidamente en su sustentaci\u00f3n el recurrente se desvi\u00f3 de la senda apropiada para empezar a controvertir conclusiones f\u00e1cticas del Tribunal. En efecto, seg\u00fan el recurrente, si el ad quem hubiese aplicado en debida forma la norma citada en el introito del cargo, \u201chabr\u00eda concluido que la diferencia que reflejan las expresiones carnes y salsamentaria no substrae las actividades a que las mismas se refieren del mismo ramo de negocios mencionado en el art. 607 citado\u201d. Esto para controvertir la conclusi\u00f3n de hecho sentada en la sentencia recurrida, en el sentido de considerar que las expresiones Carnes y Salsamentaria \u201creflejan una diferencia consistente en que la segunda da una idea inequ\u00edvoca de que el centro de las actividades es el expendio de carnes procesadas (\u2026) por el contrario el expendio de carnes descarta la idea de la comercializaci\u00f3n de productos procesados como eje principal de la actividad\u201d. En resumen, mientras que para el Tribunal no hay confusi\u00f3n en consideraci\u00f3n a los expendios de uno y otro establecimiento, para el recurrente si la hay. <\/p>\n
Desde luego, que el planteamiento as\u00ed expuesto, peca contra la t\u00e9cnica del recurso, cuando, como ya se dijo, el cargo se enruta por la v\u00eda directa, porque en esta el recurrente no puede discrepar de las conclusiones a que haya llegado el fallador luego del examen de los hechos, pues en tal evento, como lo ha dicho la Corte, \u201cla actividad dial\u00e9ctica del impugnador tiene que realizarse necesaria y exclusivamente en torno a los textos legales sustanciales que considere no aplicados, o aplicados indebidamente, o err\u00f3neamente interpretados; pero en todo caso con absoluta prescindencia de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relaci\u00f3n con las pruebas\u201d. ( Sentencia Cas. Civ. del 20 de marzo de 1973. G. J. CXLVI, p\u00e1g. 60). <\/p>\n
De otro lado, la Sala observa que en el fondo el cargo formula un medio nuevo, lo cual de por s\u00ed conduce tambi\u00e9n a la desestimaci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, en el cargo que se estudia, la censura termina por reprocharle al Tribunal que no hubiese considerado que el mejor derecho sobre la \u201cense\u00f1a comercial\u201d IBERIA lo ten\u00eda el actor, \u201cpor el primer uso\u201d. Es decir, se desplaza la discusi\u00f3n del seno de la competencia desleal para llevarla al de la protecci\u00f3n del nombre comercial, figura \u00e9sta que si bien est\u00e1 relacionada con aquella, de todas formas est\u00e1 regulada por un procedimiento diferente, cual es el proceso verbal y no el abreviado a donde remite el inc. 2\u00ba. del art. 609 del C. de Comercio, porque el decreto 2282 de 1989, estableci\u00f3 que los asuntos que el C\u00f3digo de Comercio ordene resolver por los causes del proceso abreviado, se deben tramitar por el proceso verbal seg\u00fan la cuant\u00eda (art. 427 par. 2 num. 12 y 435 par. 2 del C. de P. Civil). <\/p>\n
4.2. Respecto del cargo segundo, el actor no alcanza a demostrar el error, ni mucho menos su evidencia, seg\u00fan se anunci\u00f3. <\/p>\n
La demanda se apoya con claridad meridiana en la competencia desleal derivada de la confusi\u00f3n eventual que pod\u00eda crear la utilizaci\u00f3n, por parte del demandante y del demandado, de la palabra IBERIA. Aunque es cierto que los actores en los hechos de la demanda se refieren a la violaci\u00f3n de los derechos sobre la \u201cense\u00f1a\u201d comercial, lo di\u00e1fano del caso es que sus pretensiones parten del presupuesto de la utilizaci\u00f3n de un nombre similar o id\u00e9ntico. <\/p>\n
Ahora, la sentencia recurrida dice que pese a la utilizaci\u00f3n com\u00fan de la palabra IBERIA por parte del demandante y del demandado, no hab\u00eda lugar a la confusi\u00f3n establecida por el art. 75 del C\u00f3digo de Comercio, pues hab\u00eda diferencias notorias que imped\u00edan en un momento dado generar la confusi\u00f3n alegada por los demandantes, la cual no emerg\u00eda de la sola palabra \u201ciberia\u201d, insuficiente por si para \u201cconfigurar una semejanza id\u00f3nea para confundir al p\u00fablico\u201d. Por su parte el actor se limit\u00f3 a afirmar que hab\u00eda confusi\u00f3n por la utilizaci\u00f3n de dicha palabra y que el Tribunal, interpretando ese hecho central de la demanda, hab\u00eda sostenido que la confusi\u00f3n no exist\u00eda. <\/p>\n
Pues bien, confrontado el juicio del juzgador con el del impugnador, en manera alguna aflora con evidencia el error que en la interpretaci\u00f3n de la demanda el segundo le atribuye al primero, pues para su demostraci\u00f3n, lo que no pasa de ser un intento, el recurrente acude a complicados y elaborados razonamientos que ciertamente contradicen la caracter\u00edstica de \u201cmanifiesto\u201d que la propia ley exige, la cual, como se ha dicho en otras ocasiones significa que aparezca al primer golpe de vista como algo arbitrario y caprichoso. Adem\u00e1s, si se examina con detenimiento la sentencia impugnada, de entrada se advierte que el juicio del Tribunal en ning\u00fan momento tom\u00f3 como punto de referencia tareas interpretativas de la demanda, pues su conclusi\u00f3n probatoria sobre que el medio (palabra) Iberia no era id\u00f3neo para originar confusi\u00f3n, en consideraci\u00f3n a las m\u00faltiples diferencias que permit\u00edan superar \u201cenormemente la \u00fanica coincidencia\u201d, la extrajo, como expresamente lo dice la sentencia, de la \u201cdescripci\u00f3n hecha por las partes al momento del dep\u00f3sito y corroborada por los documentos aportados al proceso\u201d y al descartar el valor probatorio de un dictamen que obra en el proceso. De ah\u00ed, entonces, que si el recurrente no compart\u00eda dicha conclusi\u00f3n debi\u00f3 denunciarla atribuy\u00e9ndole al ad quem la comisi\u00f3n de errores de hecho o de derecho en la apreciaci\u00f3n de tales pruebas. <\/p>\n
5.3. En el cargo tercero se observa otro defecto de t\u00e9cnica, pues el censor al enunciar la acusaci\u00f3n, se detiene en controvertir la apreciaci\u00f3n f\u00e1ctica del Tribunal relacionada con que \u201cel n\u00famero de diferencias supera enormemente la \u00fanica coincidencia\u201d. De esta forma, el cargo propuesto por v\u00eda directa, pierde su senda porque esa fue una conclusi\u00f3n que el ad quem adopt\u00f3 apoyado en la prueba ofrecida por el expediente. De manera que si as\u00ed se iba a argumentar, el reproche debi\u00f3 plantearse por la v\u00eda indirecta, denunciando el correspondiente error de hecho o de derecho en la apreciaci\u00f3n del material probatorio. <\/p>\n
Si el recurrente opt\u00f3 por la v\u00eda directa, necesariamente, como ya se explic\u00f3 con ocasi\u00f3n del primer cargo, deb\u00eda compartir las conclusiones f\u00e1cticas del Tribunal, entre ellas, fundamentalmente la que constituye el n\u00facleo esencial de la pretensi\u00f3n, como lo es la que antes se identific\u00f3 con el literal a), esto es, que no hab\u00eda confusi\u00f3n porque la palabra \u201cIberia\u201d por si sola, no es suficiente como medio para generarla, dado el \u201cc\u00famulo de diferencias\u201d que permiten superar \u201cenormemente la \u00fanica coincidencia\u201d, pero como se anot\u00f3, el censor al iniciar el cargo y luego al final, discrepa de esa conclusi\u00f3n, al considerar que por haber confusi\u00f3n no era posible que los dos nombres subsistieran, pues dada ella \u201cla persona que ha adquirido productos en un (sic.) de tales establecimientos de comercio, con posterioridad puede adquirirlos en otro establecimiento de comercio distinguido con la misma ense\u00f1a, con el convencimiento \u00edntimo de que se trata del mismo establecimiento comercial\u201d. <\/p>\n
Con todo, si se hiciere caso omiso de los indicados defectos t\u00e9cnicos, lo claro es que el cargo contiene una argumentaci\u00f3n que no guarda coherencia con la sentencia impugnada, porque \u00e9sta, como se ha repetido, consider\u00f3 que no hab\u00eda medio apto para dar lugar a confusi\u00f3n por las razones probatorias expuestas, las cuales le permitieron afirmar que los nombres eran diferentes no obstante la coincidencia en la palabra \u201cIberia\u201d, ya que la explotaci\u00f3n de los establecimientos tambi\u00e9n era diversa. Desde luego que en ese raciocinio del ad quem por ning\u00fan lado aparece alg\u00fan ejercicio interpretativo con respecto al art. 607 del C. de Comercio, y mucho menos uno que lleve al juzgador a hacer una asimilaci\u00f3n del nombre objeto de la controversia a \u201cun nombre que por ley corresponda a una persona\u201d, frente al cual, conforme al art. 607 ib\u00eddem, bastar\u00eda para la subsistencia \u201chacerse las modificaciones que eviten toda confusi\u00f3n que a primera vista pudiera presentarse\u201d. <\/p>\n
Obs\u00e9rvese, y esto resalta con relaci\u00f3n a los cargos primero y tercero, que nunca el ataque contra la sentencia que se examina pudo orientarse por la llamada v\u00eda directa, que el Tribunal antes que abordar el estudio del tema de decisi\u00f3n en torno a juicios estrictamente jur\u00eddicos, lo que acometi\u00f3 fue una labor verificativa de la realidad para con apoyo en la prueba definir, conforme a su entendimiento de la instituci\u00f3n, que no estaban demostrados los presupuestos materiales para una decisi\u00f3n favorable a los demandantes, los cuales en su sentir eran la presencia de un medio id\u00f3neo para generar la confusi\u00f3n, \u201cel deliberado prop\u00f3sito que inspira al demandado y el da\u00f1o padecido por el demandante\u201d, no como \u201cpeligro, o amenaza de da\u00f1o sino que es menester que haya lesi\u00f3n o resultado nocivo tangible\u201d. <\/p>\n
Por lo expuesto, los cargos no prosperan. <\/p>\n
CUARTO CARGO <\/p>\n
En \u00e9ste se acusa la sentencia de violaci\u00f3n directa, por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de los Art\u00edculos 75, numeral 1, y 76, inciso 1 del C. de Co. <\/p>\n
A rengl\u00f3n seguido dice el casacionista que la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea del art\u00edculo 76 del C. de Co., \u201cllev\u00f3 al Tribunal a entender el numeral 1 del Art. 75 del estatuto mercantil como los medios o sistemas que crean confusi\u00f3n con un competidor, sus establecimientos de comercio, sus productos o servicios, y no como \u2018Los medios o sistemas encaminados a crear (se resalta) confusi\u00f3n con un competidor, sus establecimientos de comercio, sus productos o servicios\u2019, que es la redacci\u00f3n original y sentido real de la norma\u201d. Esta err\u00f3nea interpretaci\u00f3n se presenta porque el fallador no distingue entre \u201cconfusi\u00f3n\u201d con \u201criesgo de confusi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Luego de transcribir alguna doctrina al respecto, finaliza el cargo diciendo que el fallador no solo exigi\u00f3 la existencia de un perjuicio real, sino que concluy\u00f3 que era necesario probarlo, \u201csiendo \u00e9sta una cuesti\u00f3n meramente circunstancial, en la cual es aplicable el principio contenido en el Art. 307 del C. de P. C.. Si el perjuicio resulta probado y se determina su valor, la condena a su pago se har\u00e1 en la sentencia; de lo contrario no\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como una de las bases del sistema econ\u00f3mico vigente en el pa\u00eds, la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991, partiendo de los principios de libertad de empresa o actividad econ\u00f3mica y de la libre iniciativa privada, reconoce la \u201clibre competencia econ\u00f3mica como un derecho de todos\u201d (art. 333). Sin embargo, como ocurre con todos los derechos, \u00e9ste no tiene un car\u00e1cter absoluto, pues es la propia Constituci\u00f3n la que sienta criterios de limitaci\u00f3n cuando establece que su ejercicio \u201csupone responsabilidades\u201d dentro de \u201clos l\u00edmites del bien com\u00fan\u201d, que son los mismos l\u00edmites de la libre actividad econ\u00f3mica y de la iniciativa privada. De manera que ni desde el punto de vista mercantil, ni mucho menos del jur\u00eddico, es posible concebir una competencia omn\u00edmoda o ilimitada, donde solamente rija la salvaje y desenfrenada lucha por el mercado, porque en el marco del Estado Social de Derecho, este derecho, como todos los otros, s\u00f3lo tiene sentido si se entiende bajo la pauta interpretativa de un principio de igualdad de los competidores frente a la ley, conforme al cual se asegura el respeto a la competencia misma, pero se proscribe todo acto que menoscabe el derecho. En otras palabras, la libertad en la competencia debe entenderse en un doble sentido: positivo, o sea libertad para la acci\u00f3n, y negativo, esto es, la libertad para excluir y defenderse de la perturbaci\u00f3n. <\/p>\n
Tal era la finalidad de los arts.75 a 77 del C. de Comercio, derogados expresamente por la ley 256 del 15 de enero de 1996, expedida, seg\u00fan lo declara su art. 1\u00ba. con el objeto de \u201cgarantizar la libre y leal competencia econ\u00f3mica, mediante la prohibici\u00f3n de actos y conductas de competencia desleal, en beneficio de todos los que participen en el mercado y en concordancia con lo establecido en el numeral 1 del art. 10 bis del Convenio de Par\u00eds, aprobado mediante ley 178 de 1994\u201d. <\/p>\n
A prop\u00f3sito de los arts. 75 a 77 del C. de Comercio, que son los que vienen al caso por estar vigentes para el momento en que se suscit\u00f3 el conflicto y se defini\u00f3 en segunda instancia por la sentencia impugnada, la Corte hab\u00eda sostenido que la competencia permitida por dichas disposiciones \u201ces aquella que se adelanta libre de procedimientos tortuosos e ileg\u00edtimos\u201d, es decir, la concebida como ajena a mecanismos que tengan como fin desacreditar al competidor o desorganizan el mercado en su conjunto. \u201cTales normas, dec\u00eda la Corte, parten del principio, universalmente aceptado, seg\u00fan el cual la clientela se alcanza mediante la afirmaci\u00f3n de las propias calidades y el continuo esfuerzo de superaci\u00f3n y no a trav\u00e9s de la artificial ca\u00edda del rival\u201d. (Sentencias de Casaci\u00f3n de 10 de julio de 1986 y 12 de septiembre de 1995). <\/p>\n
En este orden, el art. 75 por considerarlos desleales reprochaba la utilizaci\u00f3n de medios o sistemas encaminados a crear confusi\u00f3n con un competidor, sus establecimientos de comercio, sus productos o servicios (No. 1). Norma esta que en sus ordinales siguientes (2 a 9), de modo enunciativo rese\u00f1aba otras diversas conductas (actos o hechos), constitutivas de competencia desleal por contrariar el principio de la buena fe comercial, las costumbres mercantiles, los usos honestos en materia industrial y comercial, y en fin, las conductas tendientes a afectar la libre decisi\u00f3n de los clientes, o el funcionamiento concurrencial del mercado, como lo indica en la actualidad el art. 7\u00ba. de la ley 256 en concordancia con lo establecido por el numeral 2 del art. 10 bis del Convenio de Par\u00eds, pues no se puede olvidar que la competencia no es otra cosa que concurrencia en la misma aspiraci\u00f3n, o como lo ha dicho la Corte, \u201coposici\u00f3n de fuerzas entre dos o m\u00e1s rivales entre s\u00ed que aspiran a obtener algo\u201d. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la conducta descrita por el num. 1 del art. 75, resulta oportuno advertir que para su configuraci\u00f3n no se exige que haya perjuicio o efectiva confusi\u00f3n, pues para el reproche por competencia desleal basta verificar la existencia de medios o sistemas id\u00f3neos o aptos para crear la confusi\u00f3n con el competidor, sus establecimientos de comercio, sus productos o sus servicios. Adem\u00e1s, dicho precepto en su concepci\u00f3n general, no siempre exig\u00eda el \u201cdeliberado prop\u00f3sito\u201d o conducta intencional del competidor demandado (dolo), como parece entenderlo el Tribunal, pues como en otras ocasiones lo ha predicado la Corporaci\u00f3n (Sent. de 12 de septiembre de 1995), una conducta culposa, cualquiera sea la gravedad de la misma, resulta suficiente. Aunque los primeros seis numerales del art. 75 del C. de Comercio, empleaban verbos rectores significativos de la intenci\u00f3n da\u00f1ina preconcebida: \u201cencaminados a\u201d, \u201ctendientes a\u201d, \u201cdirigidos a\u201d, el num. 9 del mismo texto legal disipaba toda duda, pues \u00e9ste englobaba \u201ccualquier otro procedimiento similar a los anteriores, realizado por un competidor en detrimento de otros o de la colectividad, siempre que sea contrario a las costumbres mercantiles\u201d, sin proponer cualificaci\u00f3n subjetiva alguna. Basta, entonces, se reitera, una culpa cualquiera. Inclusive, si antes de la reclamaci\u00f3n judicial o extrajudicial al competidor, \u00e9ste hab\u00eda incurrido en actos de competencia aptos para generar los efectos lesivos previstos por el art. 75, aunque estas conductas no pudieran calificarse en principio de intencionales o culposas, de todas formas el comerciante afectado estar\u00eda legitimado y tendr\u00eda inter\u00e9s para pretender la cesaci\u00f3n de tales conductas porque a partir de la reclamaci\u00f3n al demandado, \u00e9ste ser\u00eda consciente del da\u00f1o potencial que estar\u00eda generando, y por ende su actuaci\u00f3n admitir\u00eda desde ese momento, por lo menos, el car\u00e1cter de culposa. <\/p>\n
De otro lado, como ya se anot\u00f3, los arts. 75 y 76 del C. de Comercio no exigen un resultado final\u00edstico de efectiva confusi\u00f3n, desviaci\u00f3n o desorganizaci\u00f3n de la clientela o de la empresa o del mercado, para la procedencia de la acci\u00f3n por competencia desleal. Conforme a estas normas, s\u00f3lo se requer\u00eda la utilizaci\u00f3n o ejecuci\u00f3n de medios o sistemas que tuvieran la potencialidad real para confundir, desviar o desorganizar, por cuanto la tutela jur\u00eddica no solamente se confer\u00eda para pretender la indemnizaci\u00f3n de los da\u00f1os causados, sino tambi\u00e9n para ponerle fin a los efectos nocivos de desorganizaci\u00f3n, desviaci\u00f3n o confusi\u00f3n, y suprimir o abolir todos los comportamientos que puedan llevar a tales situaciones, disponiendo su cesaci\u00f3n y conminando para evitar una ulterior repetici\u00f3n. <\/p>\n
Como igualmente lo ha expuesto la Corporaci\u00f3n, son tres las etapas que pueden constituir el iter de la competencia desleal: la producci\u00f3n de actos capaces de originar confusi\u00f3n, desviaci\u00f3n o desorganizaci\u00f3n; la efectiva confusi\u00f3n, desviaci\u00f3n o desorganizaci\u00f3n como consecuencia de tales actos, y la generaci\u00f3n de perjuicios reales y cuantificables con causa en las situaciones anteriores. Desde luego que la acci\u00f3n que ampara la libre competencia, excluyendo los factores de perturbaci\u00f3n (competencia desleal), procede desde la primera etapa con independencia de la efectiva confusi\u00f3n, desviaci\u00f3n o desorganizaci\u00f3n y de la real causaci\u00f3n de perjuicios, pues estos s\u00f3lo son indemnizables en tanto se hayan producido y sean cuantificables en dinero. De modo que cada etapa ofrece naturalmente la pretensi\u00f3n para debatir, as\u00ed: en la primera se pretender\u00e1 hacer cesar los comportamientos con la potencialidad vista, y en la segunda y tercera, ponerle fin a los efectos nocivos y obtener el resarcimiento del da\u00f1o padecido. <\/p>\n
2. Visto lo anterior, a pesar de los errores de juicio en que incurri\u00f3 el Tribunal, al exigir como ya se dijo, intenci\u00f3n da\u00f1ina o \u201cdeliberado prop\u00f3sito\u201d y \u201clesi\u00f3n o resultado nocivo tangible\u201d, como condiciones para la procedencia de la acci\u00f3n por competencia desleal, lo cual se rectifica, lo cierto es que el cargo que se analiza tampoco puede prosperar, porque el ad quem luego del balance probatorio concluy\u00f3 que \u201cla sola coincidencia de la palabra Iberia resulta insuficiente para configurar semejanza id\u00f3nea para crear confusi\u00f3n entre el p\u00fablico\u201d (fol. 35-3). Es decir, el Tribunal desde el punto de vista f\u00e1ctico entendi\u00f3 una cosa: que no hab\u00eda confusi\u00f3n efectiva (1) porque el medio no era apto para causarla (2). De ah\u00ed que no sea cierto, como lo predica el recurrente, que el Tribunal hubiese dicho que el art. 75 exige que efectivamente se cree confusi\u00f3n, para que tengan \u00e9xito las pretensiones, pues como se vio lo que el fallador argument\u00f3 era que no hab\u00edan medios capaces para producir la confusi\u00f3n. <\/p>\n
3. Ahora, aunque el Tribunal err\u00f3neamente afirm\u00f3 que \u201cNo basta, en un juicio de competencia desleal, alegar el peligro, o amenaza de da\u00f1o sino que es menester que haya lesi\u00f3n o resultado nocivo tangible\u201d, cuya prueba en el caso ech\u00f3 de menos, lo claro es que la demostraci\u00f3n de este yerro en el raciocinio no es suficiente por si sola para desvirtuar la presunci\u00f3n del acierto general de la sentencia impugnada, porque al igual que ocurri\u00f3 con los otros cargos, el recurrente dej\u00f3 de lado otro de los fundamentos de la decisi\u00f3n, concretamente el relacionado con la inexistencia de medios aptos para crear confusi\u00f3n, pues como se anot\u00f3, a la coincidencia del nombre el juzgador no le otorg\u00f3 esa idoneidad, dadas las otras m\u00faltiples diferencias que entre los establecimientos de comercio verific\u00f3. <\/p>\n
Por consiguiente, el cargo no prospera. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En raz\u00f3n y m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia del 15 de febrero de 1994, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, en este proceso ordinario adelantado por HENRY ANTONIO PULIDO BARON y DANILO A. MELO PULIDO frente a SIMON BATLE COLL. <\/p>\n
Sin costas dada la rectificaci\u00f3n doctrinal. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase oportunamente. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
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S-096-99 [5091] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Dr. JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., diecinueve (19) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81699","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81699","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81699"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81699\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81699"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81699"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81699"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}