S-097-99 [5296]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Silvio Fernando Trejos Bueno <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).- <\/p>\n
<\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte actora y a la vez demandada en reconvenci\u00f3n, contra la sentencia de fecha 30 de noviembre de 1993, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en el proceso ordinario seguido por LUIS HERNANDO MORENO SANCHEZ contra JORGE ENRIQUE CESPEDES MARTINEZ. <\/p>\n
<\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
1. El demandante solicit\u00f3 que mediante sentencia se condene al demandado a pagar el valor o precio comercial – junto con la correcci\u00f3n monetaria – que ten\u00edan o han debido tener a la fecha de la sentencia que la Corte dict\u00f3 el d\u00eda 3 de marzo de 1978, las 25 acciones o partes de inter\u00e9s social de las 50 suscritas por \u00e9l en la Sociedad de Interventor\u00edas Colombianas Limitada \u201cSINTEC LTDA\u201d, seg\u00fan el reconocimiento que en su favor se hizo en dicha sentencia dictada en proceso ordinario anterior que curs\u00f3 entre las mismas partes, y que consecuentemente se ordene pagar los intereses comerciales corrientes sobre el valor de las referidas acciones, a partir de la misma fecha. <\/p>\n
Los hechos invocados como fundamento de las pretensiones aludidas, bien pueden sintetizarse del modo siguiente: <\/p>\n
En proceso ordinario anterior trabado entre las mismas partes, luego de surtido el recurso de casaci\u00f3n all\u00ed interpuesto, la Corte profiri\u00f3 sentencia sustitutiva de 3 de marzo de 1978, en la que se orden\u00f3 a Jorge Enrique C\u00e9spedes Mart\u00ednez pagar en favor de Luis Hernando Moreno S\u00e1nchez, seg\u00fan palabras de \u00e9ste, \u201cel valor equivalente al precio de las 25 acciones\u201d de la mentada sociedad, las cuales aqu\u00e9l hab\u00eda adquirido como \u201cmandatario sin representaci\u00f3n\u201d del demandante; pago que a\u00fan no se ha efectuado. <\/p>\n
En escrito posterior y ante requerimiento de aclaraci\u00f3n que se le hizo, el actor expuso que \u201cse trata en la demanda de deducir las consecuencias del reconocimiento de la H. Corte sobre el mandato sin representaci\u00f3n en cuanto hace a las 25 acciones\u201d. Considera que como \u00e9stas no le pudieron ser traspasadas y la sociedad \u201cSintec\u201d se liquid\u00f3 posteriormente, el derecho a ellas tiene que ser alcanzado por su equivalente en dinero, \u201cque es lo que se pretende en un proceso amplio y de conocimiento como es el ordinario\u201d. <\/p>\n
2. En lo suyo, el demandado dio oportuna respuesta a la demanda negando unos hechos y afirmando otros, tras anotar que en la condena a que se refiere el demandante se consider\u00f3 el valor real de las acciones, por lo que deben rechazarse las peticiones por improcedentes, y declararse, en cambio, probada la excepci\u00f3n de pago de la misma, cuyo cumplimiento se exige nuevamente, por cuanto \u201ctodos los derechos reconocidos por la Corte al se\u00f1or Luis Hernando Moreno fueron plenamente satisfechos por mi representado y es, desde cualquier punto de vista, inaceptable que el demandante pretenda crear artificiosamente una nueva obligaci\u00f3n a cargo del demandado\u201d. Como excepciones previas propuso las de cosa juzgada y prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Por separado, el demandado propuso demanda de reconvenci\u00f3n con la que pretende que se declare que Luis Hernando Moreno S\u00e1nchez le ha causado da\u00f1os injustificados al instaurar un nuevo proceso en su contra, \u201cbasado en pretensiones que fueron consideradas y decididas anteriormente mediante sentencia de marzo tres (3) de 1978 proferida por la Corte Suprema de Justicia\u201d, motivo en virtud del cual se le debe condenar a pagar los perjuicios morales, tasados en la suma de mil gramos oro o lo que resulte probado, consistentes en la angustia que le ocasiona el verse expuesto a un nuevo tr\u00e1mite judicial, as\u00ed como tambi\u00e9n los perjuicios materiales constituidos por la disminuci\u00f3n de los ingresos laborales derivados de la dedicaci\u00f3n que debe dispensar para atender a dicho tr\u00e1mite, los cuales valora en la suma de un mill\u00f3n de pesos, o lo que resulte probado; pretensiones \u00e9stas a las que, en uso de su derecho de r\u00e9plica, se opuso el reconvenido, luego de negar la mayor\u00eda de los hechos en que se funda la contrademanda y de insistir en la validez jur\u00eddica de los argumentos en que se apoya la demanda inicial. <\/p>\n
3. La sentencia del Juez a quo deneg\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito propuestas frente a las demandas principal y de reconvenci\u00f3n, y desestim\u00f3 las mutuas peticiones de las partes, raz\u00f3n por la cual se abstuvo de condenar en costas. Contra este pronunciamiento el demandante principal interpuso recurso de apelaci\u00f3n, al que se adhiri\u00f3 posteriormente el demandado; dichas impugnaciones fueron resueltas por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, quien confirm\u00f3 la sentencia apelada. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
<\/p>\n
1. En lo sustancial, comienza el Tribunal por poner de presente la noci\u00f3n legal del contrato de mandato, la cual hace extensiva a la concepci\u00f3n del mismo en el plano comercial para anotar que la diferencia por destacar consiste en que las gestiones encomendadas son actos de comercio, situaci\u00f3n que tuvo ocurrencia en el negocio que origin\u00f3 el presente proceso y que en su momento motiv\u00f3 el proceso anterior que termin\u00f3 con la sentencia con apoyo en la cual la parte actora pretende sustentar su derecho. <\/p>\n
Con vista en la definici\u00f3n legal del mandato y en la que a su vez contiene el Art. 1262 del C\u00f3digo de Comercio, subraya que si el mandatario cumple el encargo y luego da cuenta de su gesti\u00f3n, bien sea voluntariamente o constre\u00f1ido por apremio judicial, no puede despu\u00e9s el mandante \u201cproceder a reclamar aquello que legalmente no le corresponde por haberse agotado todos los efectos surgidos a ra\u00edz de la celebraci\u00f3n de tal acto jur\u00eddico\u201d. <\/p>\n
Sobre estos supuestos se ocupa el sentenciador de examinar enseguida la figura del mandato sin representaci\u00f3n para denotar que \u00e9ste se da cuando el mandatario act\u00faa en su propio nombre y por ello no obliga al mandante frente a terceros, caso en el cual podr\u00e1, por ejemplo, adquirir acciones de una determinada sociedad en su nombre, de suerte que si la sociedad se liquida \u201clas ganancias y p\u00e9rdidas que se produzcan, deber\u00e1n debatirlas por fuera de la sociedad mandante y mandatario, y si por decisi\u00f3n judicial el \u00faltimo es condenado a pagarle al primero lo que al respecto corresponda y efectivamente, en cumplimiento del fallo, cancela su obligaci\u00f3n, no debe ser objeto de nuevo proceso por raz\u00f3n del contrato de que se trata, cuyos efectos han quedado agotados y si se ve sometido de nuevo a aqu\u00e9l, debe ser absuelto, por carecer de fundamento legal la pretensi\u00f3n de su contraparte\u201d. <\/p>\n
Esta conclusi\u00f3n, expresa la sentencia, tiene base en las disposiciones que sobre la materia contemplaba el anterior C\u00f3digo de Comercio Terrestre, durante cuya vigencia tuvo lugar el negocio del cual emergen las pretensiones objeto del presente litigio, y en doctrina jurisprudencial producida tanto durante la vigencia de dicho estatuto como bajo el imperio de la codificaci\u00f3n de 1971, todo lo cual permite reiterar que el mandatario que entrega las ganancias percibidas en virtud de las \u201cacciones\u201d que compra con dinero del mandante, pero que han figurado a nombre suyo, satisface plenamente sus obligaciones \u201csin que pueda consider\u00e1rselo deudor del valor de las acciones, que si bien figuraron a su nombre fue porque as\u00ed lo quiso el mandante, quien vio satisfecha su disimulada inversi\u00f3n con los rendimientos que obtuvo en la persona jur\u00eddica liquidada\u201d. <\/p>\n
En consecuencia, entra el Tribunal a examinar el alcance de la sentencia del a\u00f1o de 1978 que profiri\u00f3 la Corte, de la cual el demandante principal deriva su pretensi\u00f3n, para concluir que de conformidad con los t\u00e9rminos empleados en dicho fallo es el actor el que equivoca su alcance cuando cree ver en ella la condena al pago del valor de las acciones suscritas, sin tener presente que all\u00ed se dispuso que el mandatario deb\u00eda \u201cpagar las utilidades que debi\u00f3 recibir hasta la liquidaci\u00f3n de aqu\u00e9lla\u201d, por lo cual \u201cresulta absurdo sostener que conden\u00f3 al mismo a pagar el valor de 25 acciones cuando en verdad la condena se hizo por otro concepto acorde con el citado art. 1268 del C. de Co\u2026\u201d. Todo para concluir que la demanda principal \u201ccarece de todo piso o fundamento legal\u201d. <\/p>\n
2. Respecto de la contrademanda que en este caso expresa pretensiones de car\u00e1cter indemnizatorio, el Tribunal, en esencia, se\u00f1ala que no se prob\u00f3 la temeridad o la mala fe del demandante principal, a pesar de los varios errores en que incurri\u00f3 en la interpretaci\u00f3n de la sentencia en que respalda sus pretensiones; a\u00f1ade que la absoluci\u00f3n no conlleva necesariamente condena en perjuicios, toda vez que para que dicha condena proceda es requisito esencial la temeridad y su positiva demostraci\u00f3n, de suerte que \u201cla equivocaci\u00f3n en la escogencia de las v\u00edas judiciales o el error en el alcance o sentido de los derechos, inclusive la torpe interpretaci\u00f3n de una sentencia (\u2026) no debe dar lugar, en el sentir de esta Sala, a una condena por perjuicios\u201d, por manera que desde este punto de vista, tambi\u00e9n debe recibir confirmaci\u00f3n la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Dos cargos formula el recurrente contra dicha sentencia, el primero amparado en la causal quinta del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, y el segundo diciendo que se viol\u00f3 \u201cel derecho fundamental constitucional de cumplimiento de la sentencia\u201d, cargos que la Corte despachar\u00e1 de manera conjunta, dada su \u00edntima conexidad. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1. En \u00e9l se propone la causal de la nulidad prevista en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 140 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, que se da cuando el juzgador procede contra providencia ejecutoriada del superior, en la medida en que la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n desconoci\u00f3 la decisi\u00f3n calendada el 3 de marzo de 1978, mediante la cual se dirimi\u00f3 el litigio presentado entre las mismas partes \u201cque ocupan la misma posici\u00f3n procesal\u201d y que por tener fuerza de cosa juzgada, \u201cvincula necesariamente a quienes fueron partes en el proceso en que se dict\u00f3\u201d, efecto que, al decir de la censura, \u201cha sido mirado con gran menosprecio por la sentencia del Tribunal\u201d. <\/p>\n
Afirma que en la mencionada providencia se le concedieron derechos \u201cindiscutibles y definitivos\u201d al demandante Moreno S\u00e1nchez, \u201cque no pueden ser negados o desconocidos\u201d sin que se incurra en un grave atentado contra la cosa juzgada que afecta a su vez de nulidad absoluta la nueva decisi\u00f3n \u201cque as\u00ed se forme\u201d. <\/p>\n
El recurrente considera apenas natural que frente a una decisi\u00f3n que reconoci\u00f3 que de las cincuenta \u201cacciones\u201d que el demandado aport\u00f3 a la sociedad, veinticinco de ellas las obtuvo en cumplimiento de una gesti\u00f3n como mandatario sin representaci\u00f3n del demandante, se le reconozca a \u00e9ste \u00faltimo el valor de las mismas, en virtud de la imposibilidad f\u00edsica de recibirlas de nuevo debido a la liquidaci\u00f3n previa de la referida sociedad; a ese respecto se pregunta: \u201cc\u00f3mo es que si hubo condena al pago de las utilidades que produjeron esas veinticinco (25) acciones, no hay derecho a que se pague el valor de las acciones en s\u00ed mismas?\u201d. <\/p>\n
Se\u00f1ala el censor, que no se ve ninguna discusi\u00f3n en torno al alcance de la sentencia cuyo cumplimiento pretende, por lo que no es viable que el tribunal se considerara autorizado para discutirla o interpretarla y de paso negar los derechos que en ella se reconocieron luego de una ardua intervenci\u00f3n procesal, de manera que \u201cde este derecho as\u00ed declarado nacen y surgen todos los dem\u00e1s porque es el principal, y este derecho forjado en tan dura lucha no puede ser controvertido por nadie y menos por la justicia\u201d. <\/p>\n
Finalmente, tras tildar la sentencia impugnada de \u201clarga y farragosa\u201d, asevera que en ella se desconoce el mandato sin representaci\u00f3n con los alcances que le imprimi\u00f3 el pronunciamiento anterior, lo que condujo al Tribunal, en consecuencia, a proceder en contra de providencia ejecutoriada del superior, \u201clo cual produce nulidad de la sentencia, que debe ser declarada\u201d. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
1. A juicio del recurrente la sentencia acusada es violatoria del derecho fundamental, de orden constitucional, a obtener tutela judicial efectiva respecto del cabal cumplimiento de una sentencia ejecutoriada. <\/p>\n
2. Se invoca para sustentar la acusaci\u00f3n, jurisprudencia de la Corte Constitucional que concibe dicha garant\u00eda como un derecho subjetivo de car\u00e1cter fundamental que se deduce de los art\u00edculos 29 y 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y ello debido a que, en opini\u00f3n de la censura, la decisi\u00f3n objeto de impugnaci\u00f3n hizo inocua una sentencia proferida con anterioridad para ponerle fin a un proceso adelantado entre las mismas partes, y puesto que impide el cumplimiento de esta \u00faltima, \u201c\u2026 por ello es violatoria de tan fundamental derecho y debe ser casada \u2026\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Consideraciones de la Corte: <\/p>\n
1. La causal de nulidad que se produce \u201cCuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior\u201d, la cual se halla consagrada en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 140 del C. de P.C., est\u00e1 destinada a preservar el orden de los procesos y el acatamiento a las decisiones judiciales por parte de los jueces que, siendo de grado inferior dentro de la competencia funcional que se ejerce en relaci\u00f3n con un proceso determinado, deben cumplir con las decisiones que profieran los jueces de grado superior, cuando \u00e9stos resuelvan los recursos de queja, s\u00faplica, apelaci\u00f3n, casaci\u00f3n y revisi\u00f3n, o en su caso la consulta. <\/p>\n
La desobediencia que en ese sentido se llegue a dar ha de verificarse, entonces, respecto de lo ordenado concretamente por un superior funcional, en el bien entendido de que toda sentencia ata\u00f1e \u00fanicamente con el proceso en el cual ella se dicta; desde luego que el enfrentamiento que en potencia se pueda presentar entre dos decisiones judiciales proferidas en procesos distintos y su rec\u00edproca influencia deben ser definidos de otra manera y no por el camino escogido por el censor. <\/p>\n
2. Aqu\u00ed, en lo que concierne con el cargo primero, resulta evidente que el vicio procesal denunciado no existe. En efecto, basta examinar con detenimiento el giro que a la pretendida nulidad le imprime el demandante principal cuando, despu\u00e9s de no obtener en este proceso que se impusiera al demandado la obligaci\u00f3n de pagar las partes de inter\u00e9s social, mal llamadas \u201cacciones\u201d, afirma, con ocasi\u00f3n de este recurso, que dicha declaraci\u00f3n ya obra en la sentencia de la Corte en que respalda sus s\u00faplicas; dicha circunstancia no se ha dado y, de haberlo sido, dar\u00eda a pensar de inmediato en lo inoficioso del presente proceso, el cual bien habr\u00eda podido reemplazarse por el proceso ejecutivo destinado a hacer efectivo el cumplimiento de tal condena. <\/p>\n
Es decir, no solo desde un punto de vista meramente formal son distintos el proceso anterior en que la Corte dict\u00f3 su fallo de 1978 y el de ahora en que se profiri\u00f3 la sentencia impugnada, sino tambi\u00e9n que lo son desde el punto de vista de su contenido, puesto que en el primero, por cuya autoridad de cosa juzgada aqu\u00ed se propende, el pronunciamiento consisti\u00f3 \u00fanica y exclusivamente en reconocer que 25 de las 50 \u201cacciones\u201d adquiridas por el demandado en la sociedad SINTEC LTDA, dicho adquirente \u201clas obtuvo como mandatario sin representaci\u00f3n de Luis Hernando Moreno S\u00e1nchez\u201d, por lo que, en consecuencia, se impuso al primero la obligaci\u00f3n de pagar al segundo las utilidades correspondientes a dichas partes de inter\u00e9s social, y lo absolvi\u00f3, en cambio, de la pretensi\u00f3n consistente en que se le traspasara al actor, mediante cesi\u00f3n, las 25 \u201cacciones\u201d, por cuanto \u201ccon facilidad se pone de manifiesto, ello conducir\u00eda a una reforma de la mencionada sociedad\u201d. <\/p>\n
En parte alguna, pues, la sentencia del primer proceso dispuso la restituci\u00f3n de los referidos derechos de participaci\u00f3n social, ni mucho menos la transferencia de un contenido econ\u00f3micamente equivalente en favor del demandante; ello indica, entonces, que no hubo decisi\u00f3n que a ese respecto fuera definida con efectos de cosa juzgada, y a su vez explica, la existencia de este nuevo proceso que exige, como efectivamente sucedi\u00f3, una decisi\u00f3n sobre el particular completamente independiente, sin sujeci\u00f3n alguna de car\u00e1cter necesario frente a aqu\u00e9lla providencia; de all\u00ed emerge sin duda alguna que est\u00e1 por fuera la posibilidad de que se hubiese incurrido en la nulidad procesal que aduce el cargo, la que, se repite, se configura \u00fanicamente cuando el juez inferior revive y contin\u00faa conociendo de un proceso legalmente terminado. <\/p>\n
3. Ahora bien, lo que el impugnante realmente persigue es que se reconozca la contradicci\u00f3n existente entre una y otra decisi\u00f3n, de manera que, en esas condiciones, la cr\u00edtica ha debido plantearse por la primera de las causales de casaci\u00f3n, ya que se tratar\u00eda en dicha hip\u00f3tesis de la infracci\u00f3n de las normas sustanciales de conformidad con las cuales se rige el principio de la cosa juzgada y sus efectos. <\/p>\n
4. En lo que respecta al cargo segundo, adem\u00e1s de las razones dadas antes, importa se\u00f1alar que \u00e9l no abre siquiera la posibilidad de un estudio de fondo para determinar la legalidad o ilegalidad de la sentencia impugnada, dado que se advierte, de entrada, que desde el punto de vista de la t\u00e9cnica del recurso, no se precisa con claridad si la denuncia toca con normas de orden sustancial de car\u00e1cter constitucional referidas al litigio del que se trata, o sea con el concreto derecho disputado en juicio; o de orden procesal de la misma estirpe que ata\u00f1en con la actividad del juez dentro del proceso; la incertidumbre o el equ\u00edvoco que sobre el punto denota el cargo se evidencia porque se invocan de manera simult\u00e1nea los derechos fundamentales al debido proceso, consagrado en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y el derecho de propiedad previsto en el art\u00edculo 58 ib\u00eddem; dicha situaci\u00f3n despoja de precisi\u00f3n y claridad la acusaci\u00f3n propuesta, lo que constituye un defecto formal en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 374 del C. de P.C. <\/p>\n
Con todo, si fuera dable concebir como suficiente en casaci\u00f3n verificar si se cumpli\u00f3 el postulado constitucional tra\u00eddo a colaci\u00f3n en el recurso como elemento integrante del derecho fundamental a un debido proceso, en el entendido que \u00e9ste comprende la ejecuci\u00f3n de las sentencias judiciales dentro del preciso marco que para el efecto se\u00f1ala la ley con el fin de que el litigante favorecido sea prontamente repuesto en su derecho, no puede perderse de vista que en la modalidad espec\u00edfica a la que se alude, la medida de esa tutela efectiva que reclama la censura vendr\u00eda a ser determinada por aquello que se pidi\u00f3 de la jurisdicci\u00f3n y que esta concedi\u00f3 en la sentencia, lo que aqu\u00ed no acontece. <\/p>\n
As\u00ed, se observa que, en un caso con las particularidades que ofrece el que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Corte, donde, seg\u00fan se dej\u00f3 visto atr\u00e1s, en el primer proceso no se conden\u00f3 al demandado a restituirle los bienes que adquiri\u00f3 en su condici\u00f3n de mandatario ni a transferirlos por equivalente en dinero, la conclusi\u00f3n que se sigue es la de que al fallo que le puso fin al segundo proceso, o sea la sentencia recurrida ahora en casaci\u00f3n, que neg\u00f3 las pretensiones ordenadas a obtener una restituci\u00f3n con ese alcance, no le cabe el reparo en que se fundamenta el cargo en estudio. <\/p>\n
5. S\u00edguese de todo lo anterior que ninguno de los cargos puede prosperar. <\/p>\n
<\/p>\n
DECISION <\/p>\n
<\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 30 de noviembre de l993, mediante la cual se resolvi\u00f3 el proceso de la referencia, proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Buga. <\/p>\n
Cond\u00e9nase en costas del recurso de casaci\u00f3n a la parte recurrente, las cuales ser\u00e1n tasadas en su oportunidad. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n al Tribunal de origen. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
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