S-099-99 [5020]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 5020 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante CONRADO CANO SIERRA contra la sentencia del 13 de abril de 1994, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en este proceso ordinario de resoluci\u00f3n de contrato que el citado promoviera contra LAZARO TORRES OSPINA. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En demanda presentada el 10 de marzo de 1992, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira (fls. 15 al 19, c. 1), CONRADO CANO SIERRA, por intermedio de apoderado judicial solicit\u00f3 que previos los tr\u00e1mites del proceso ordinario se dispusiera la resoluci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa contenido en la audiencia de conciliaci\u00f3n celebrada en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, el 3 de octubre de 1991, mediante el cual el demandante prometi\u00f3 en venta al demandado el lote de terreno descrito en el hecho primero de la demanda. Consecuentemente se pidi\u00f3 condenar al demandado a pagarle al demandante los perjuicios sufridos con ocasi\u00f3n del incumplimiento de dicho contrato, los cuales ascienden a siete millones ochocientos veintid\u00f3s mil trescientos noventa y dos pesos con cincuenta centavos ($7.822.392.50), m\u00e1s los intereses moratorios bancarios sobre el capital de treinta millones trescientos ochenta y dos mil trescientos setenta y cinco pesos ($30.382.375), hasta cuando se satisfaga la obligaci\u00f3n. Adem\u00e1s se solicit\u00f3 condenar al demandado a restituir el bien objeto de la negociaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Como fundamento de lo pretendido se invocaron los siguientes hechos: <\/p>\n
2.1. El 18 de julio de 1990, Conrado Cano Sierra y L\u00e1zaro Torres Ospina celebraron una promesa de contrato de compraventa, mediante la cual el primero de los mencionados se compromet\u00eda a transferir a favor del segundo el derecho de dominio y la plena posesi\u00f3n material de un lote de terreno denominado La Cima, ubicado en el paraje de San Joaqu\u00edn, con todas sus anexidades y mejoras, el cual ten\u00eda una cabida superficiaria de cuarenta mil cuatrocientos treinta y siete metros cuadrados (40.437 Mts.2). El precio que deb\u00eda pagar el promitente comprador ascend\u00eda a la suma de ciento cuarenta y un millones quinientos veintinueve mil quinientos pesos ($141.529.500). <\/p>\n
2.2. Mediante demanda que correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, Conrado Cano Sierra promovi\u00f3 un proceso ordinario pretendiendo la resoluci\u00f3n del contrato anterior, proceso que termin\u00f3 por virtud del acuerdo a que llegaron las partes en la audiencia de conciliaci\u00f3n celebrada de conformidad con el art. 101 del C. de P. C. (fls. 9 al 11, c.1). Dicho acuerdo consisti\u00f3 en la modificaci\u00f3n del contrato de promesa anterior, \u201cmodificaci\u00f3n\u201d consistente en que se reduc\u00eda a la mitad tanto la extensi\u00f3n superficiaria del lote prometido como el precio. <\/p>\n
2.3. En la promesa de compraventa celebrada en la audiencia mencionada, Conrado Cano Sierra prometi\u00f3 transferir al demandado a t\u00edtulo de compraventa el derecho de dominio y la plena posesi\u00f3n de un lote de terreno que se desmembrar\u00eda de otro de mayor extensi\u00f3n denominado La Cima, ubicado en el paraje de San Joaqu\u00edn, con una cabida superficiaria de 20.218,5 metros cuadrados, el cual se identifica en el contrato por los respectivos linderos. <\/p>\n
2.4. El precio pactado en esta \u00faltima transacci\u00f3n fue la suma de setenta millones setecientos sesenta y cuatro mil setecientos cincuenta pesos ($70.764.750.oo), de los cuales recibi\u00f3 el demandante diez millones de pesos ($10.000.000.oo) a la firma de la promesa de compraventa, y se acord\u00f3 que el saldo lo pagar\u00eda el demandado en dos cuotas iguales de treinta millones trescientos ochenta y dos mil trescientos setenta y cinco pesos ($30.382.375.oo), cuyo vencimiento ser\u00eda el 30 de diciembre de 1991 y el 31 de julio de 1992, respectivamente. Tambi\u00e9n se pact\u00f3 que el demandado pagar\u00eda las siguientes sumas de dinero: \u201cel d\u00eda 7 de octubre de 1991 la suma de catorce millones que corresponde a los intereses que le adeudan en raz\u00f3n del negocio anterior hasta el mes de octubre de 1991, el d\u00eda 29 de noviembre la suma de un mill\u00f3n doscientos mil pesos ($1.200.000.oo) suma que corresponde a los intereses sobre el saldo adeudado de sesenta millones setecientos (sic) sesenta y cuatro mil setecientos (sic) cincuenta pesos ($60.764.750.oo), el 30 de diciembre de 1991 pagar\u00e1 la cuota de treinta millones trescientos ochenta y dos mil trescientos setenta y cinco pesos ($30.382.375.oo) y un mill\u00f3n doscientos mil pesos ($1.200.000.oo) por concepto de intereses del mes de diciembre del mismo a\u00f1o. Sobre el saldo de treinta millones trescientos ochenta y dos mil trescientos setenta y cinco pesos ($30.382.375.oo) pagar\u00e1 un inter\u00e9s del 3% mensual, por mensualidades vencidas as\u00ed: el 30 de enero de 1992 la suma de novecientos once mil cuatrocientos setenta y un mil pesos con veinticinco centavos ($911.471.25), igual suma el 28 de febrero de 1992, el 30 de marzo de 1992, el 30 de abril de 1992, el 29 de mayo de 1992, el 30 de junio de 1992, y el 30 de julio de 1992 en esta misma fecha pagar\u00e1 el saldo de treinta millones trescientos ochenta y dos mil trescientos setenta y cinco pesos ($30.382.375.oo). <\/p>\n
2.5. A la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda el promitente comprador hab\u00eda incumplido en el pago de las siguientes obligaciones: \u201csiete millones de pesos ($7.000.000) por intereses pactados el 7 de octubre de 1991; treinta millones trescientos ochenta y dos mil trescientos setenta y cinco pesos ($30.382.375.oo) el d\u00eda 30 de diciembre de 1991 como parte del capital y ochocientos veintid\u00f3s mil novecientos cuarenta y dos pesos con cincuenta centavos ($822.942.50) el d\u00eda 28 de febrero de 1992, por saldo de intereses pactados dentro de la promesa de compraventa estipulada en la audiencia de conciliaci\u00f3n\u2026\u201d. <\/p>\n
2.6. En virtud de la mora del demandado, el actor solicita se le reconozca como indemnizaci\u00f3n por perjuicios el pago de los intereses no cancelados oportunamente, m\u00e1s los intereses moratorios bancarios sobre la suma de treinta millones trescientos ochenta y dos mil trescientos setenta y cinco pesos ($30.382.375), desde el 30 de diciembre de 1991, fecha en que se hizo exigible la obligaci\u00f3n, a raz\u00f3n del 5.48% mensual. <\/p>\n
3. Notificado el auto admisorio de la demanda y corrido el respectivo traslado al demandado (fl. 24, c.1), \u00e9ste por intermedio de apoderado judicial le dio contestaci\u00f3n, oponi\u00e9ndose a la totalidad de las pretensiones. En cuanto a los hechos acept\u00f3 como ciertos el primero, segundo, tercero, cuarto y octavo; manifest\u00f3 no constarle el quinto, sexto y s\u00e9ptimo, y neg\u00f3 el noveno (fls. 43 al 47 id). <\/p>\n
4. Puso fin a la primera instancia la sentencia del 8 de noviembre de 1993, por medio de la cual se negaron las s\u00faplicas de la demanda y se conden\u00f3 en costas a la parte demandante (fls. 64 al 74, ib.) <\/p>\n
5. Apelada por la parte actora la sentencia de primer grado, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, mediante providencia del 13 de abril de 1994 (fls. 12 al 20, c. Tribunal), la confirm\u00f3. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El ad quem luego de referirse a los antecedentes del proceso, (fls. 12 al 19, c. T), y no encontrar causal de nulidad que invalidara lo actuado, volvi\u00f3 a hacer un recuento de las circunstancias f\u00e1cticas que dieron origen al contrato de promesa de compraventa respecto del cual se pide la resoluci\u00f3n. Hecho lo anterior concluy\u00f3 que de acuerdo con la manera particular como las partes convinieron dicho negocio se trataba de una \u201caut\u00e9ntica conciliaci\u00f3n habida cuenta de que dieron terminaci\u00f3n total a la contenci\u00f3n derivada de la original promesa y con respecto a la cual el actor pretend\u00eda que se declarase resuelta. Dicho con palabras diferentes: el litigio relativo a la condici\u00f3n resolutoria consustancial a la promesa de contrato a la saz\u00f3n suscrita por las partes finaliz\u00f3 por conciliaci\u00f3n. Hubo extinci\u00f3n de las obligaciones anteriores, ata\u00f1ederas a la promesa de comprar y vender cada una de las partes un predio determinado por un precio tambi\u00e9n especificado y, as\u00ed mismo, origin\u00e1ndose las concernientes a la nueva promesa, en la que con reducci\u00f3n de la extensi\u00f3n del inmueble y el precio precedentes, sirvi\u00f3 de medio para terminar ese litigio que como es obvio no puede ser revivido con el expediente que una de las partes no cumpli\u00f3 el acuerdo a que se lleg\u00f3 por la v\u00eda de la conciliaci\u00f3n que hoy se impone en el proceso civil como medida tendiente a la descongesti\u00f3n de la justicia\u2026\u201d. <\/p>\n
Precisado lo anterior expres\u00f3 que de conformidad con lo previsto en los art\u00edculos 6\u00ba. y 9\u00ba. del Decreto 2651 de 1991 y 101 del C. de P. C., la conciliaci\u00f3n y el auto que la aprueba tiene efectos de cosa juzgada y en consecuencia no puede ser modificada por decisi\u00f3n alguna, ya que su incumplimiento no permite condici\u00f3n resolutoria, sino que puede dar origen a un proceso de cumplimiento con indemnizaci\u00f3n de perjuicios o en determinadas circunstancias a un proceso de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Contra el fallo antes resumido un cargo esgrime la parte demandante, con fundamento en la causal 1\u00aa. del art\u00edculo 368 del C. de P. C., en concordancia con el art\u00edculo 51 del Decreto 2651 de 1991, el cual es enunciado de la siguiente manera: \u201cacuso la sentencia recurrida de fecha 13 de abril de 1994, por violaci\u00f3n directa de la ley sustancial, por falta de aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 1546 del C. C. en concordancia con los art\u00edculos 1602, 1608, 1611 derogado por el art\u00edculo 89 de la ley 153 de 1887, 1613, 1618, 1849, 1857, 1928, 1929, 1930 y 1932, en concordancia con los art\u00edculos 1494, 1495, 1496, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502 normas todas del C. C. C.\u201d <\/p>\n
En el derarrollo del cargo sostiene la censura que el Tribunal despoj\u00f3 al estatuto de la conciliaci\u00f3n de los efectos materiales que surgen cuando en el acta se crean, modifican o extinguen obligaciones por acuerdo de las partes con la intervenci\u00f3n del juez. Seguidamente hace una breve historia de la figura de la conciliaci\u00f3n en la legislaci\u00f3n laboral y en la civil, luego de lo cual afirma que los efectos sustanciales o materiales de aqu\u00e9lla no pueden ser restringidos, cercenados, ni reducidos a los meramente ejecutivos o de cumplimiento. <\/p>\n
Afirma el casacionista que a causa de la aplicaci\u00f3n indebida de algunas de las normas que regulan los efectos de la conciliaci\u00f3n se violaron por falta de aplicaci\u00f3n las normas sustanciales que regulan la resoluci\u00f3n del acto de la conciliaci\u00f3n y sus consecuenciales de indemnizaci\u00f3n de perjuicios y la restituci\u00f3n de la cosa objeto de la negociaci\u00f3n, pues \u201cOmnubilado el Ad Quem por los efectos del decreto 2651 de 1991, art\u00edculos 4 y 6, crey\u00f3 que la situaci\u00f3n quedaba plenamente gobernada por los anteriores preceptos. Crey\u00f3 el sentenciador de segunda instancia, que la conciliaci\u00f3n quedaba reducida a aspectos meramente procedimentales, un\u00edvocos del proceso ejecutivo, no siendo dable la proposici\u00f3n de proceso diverso, como el ordinario\u201d, lo que conllev\u00f3 a que se aplicaran indebidamente las normas mencionadas y de contera el art\u00edculo 332 del C. de P. C. <\/p>\n
Contin\u00faa diciendo que la presencia del Juez, al momento de conciliar, no significa que no hubiese surgido un contrato o convenci\u00f3n, como acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa, con car\u00e1cter bilateral, conmutativo y con los elementos previstos en el art\u00edculo 1501 del C. C., norma ignorada por el fallador, al igual que los art\u00edculos 1495, 1496 y 1498 id. <\/p>\n
Posteriormente afirma que la concepci\u00f3n te\u00f3rica del problema y la soluci\u00f3n del mismo fue errada por cuanto el fallador ignor\u00f3 que la conciliaci\u00f3n es un negocio jur\u00eddico que implica acuerdo de voluntades para crear, modificar o extinguir obligaciones y que por ende es similar a un contrato, \u201clo que autom\u00e1ticamente da lugar a la aplicaci\u00f3n de las normas que regulan los contratos. Como no comprendi\u00f3 esto, el fallo se tradujo irremediablemente en la absoluci\u00f3n de la parte demandada, y la desestimaci\u00f3n de la pretensi\u00f3n principal absolutoria del negocio de promesa de contrato de compraventa consignado en el acta de conciliaci\u00f3n, como de las dem\u00e1s peticiones consecuenciales de la resoluci\u00f3n del contrato\u201d. <\/p>\n
Seguidamente reitera que el reproche estriba en la indebida aplicaci\u00f3n de las normas que rigen la conciliaci\u00f3n, as\u00ed como en la falta de aplicaci\u00f3n de los preceptos que rigen el contrato de compraventa, pues seg\u00fan el impugnante \u201cNo se puede empe\u00f1ar o forzar a un contratante que cumpli\u00f3 o se allan\u00f3 a cumplir un acuerdo de promesa de disposici\u00f3n de un bien inmueble y plasmado por escrito, ante el Juez, mediante el mecanismo de la conciliaci\u00f3n, a plantear la v\u00eda ejecutiva o de cumplimiento con indemnizaci\u00f3n bajo la premisa del art\u00edculo 4 del varias veces citado decreto 2651, forzando a una parte a continuar atada, sometida a una situaci\u00f3n irregular\u201d. Dice el casacionista que con la conciliaci\u00f3n en comento se dio culminaci\u00f3n a un litigio anterior y se celebr\u00f3 un nuevo contrato. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art. 101 del C. de P. C. al reglamentar la etapa concerniente a la audiencia de conciliaci\u00f3n establece en el pen\u00faltimo inciso del par\u00e1grafo 3\u00ba.: \u201cLa conciliaci\u00f3n y el auto que la aprueba, tendr\u00e1n efectos de cosa juzgada\u201d. <\/p>\n
Desentra\u00f1ar el sentido y alcance de la anterior declaraci\u00f3n normativa constituye el meollo del debate planteado por la decisi\u00f3n del ad quem y el recurso de casaci\u00f3n propuesto por la parte demandante. <\/p>\n
El tenor de la norma citada conduce a una lectura inequ\u00edvoca y clara: si la conciliaci\u00f3n y el auto que la aprueba traen como implicaciones la autocomposici\u00f3n del conflicto de intereses y la terminaci\u00f3n del proceso, en el caso en que una cualquiera de las partes quisiera volver a plantear una proposici\u00f3n jurisdiccional de id\u00e9ntico conflicto, la otra parte, estar\u00eda en la posibilidad de formular la excepci\u00f3n de cosa juzgada, como lo estar\u00eda en los eventos de la transacci\u00f3n o el desistimiento cuando \u00e9stas sean las formas de finalizaci\u00f3n del proceso en los t\u00e9rminos de los arts. 340 y 342 ib. <\/p>\n
La conciliaci\u00f3n es un g\u00e9nero significativo de acuerdo entre las partes. Tanto la ley 446 de 1998, art. 64, como el decreto 1818 de 1999, la definen desde la perspectiva instrumental, es decir, como mecanismo alternativo autocompositivo para la resoluci\u00f3n de conflictos, \u201ccon la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador\u201d. Ella, per se, carece de contenido sustancial. Su substrato es abierto y libre, de modo tal que ella puede adoptar el contenido de cualquier acto jur\u00eddico id\u00f3neo para romper el desacuerdo. Puede ser transacci\u00f3n, pero tambi\u00e9n puede contener otro acto, contrato o negocio jur\u00eddico que produzca como efecto la renuncia, la aceptaci\u00f3n o la modificaci\u00f3n de la pretensi\u00f3n. En todo caso ella es la norma jur\u00eddica particular que entra a regir el conflicto para componerlo una vez el juez la homologue con la providencia aprobatoria. <\/p>\n
El acto de las partes aunado al del juez, \u201ctendr\u00e1n los efectos de la cosa juzgada\u201d, dice el art\u00edculo inicialmente mencionado. Efectos que se producen al interior y al exterior del proceso. Interiormente se torna inimpugnable en forma absoluta; externamente, seg\u00fan se vio, obra como impedimento para una resoluci\u00f3n de m\u00e9rito que no sea la declaratoria de la cosa juzgada. <\/p>\n
Esa inimpugnabilidad interior del acto conciliatorio visto en el espectro de su contenido sustancial, es la que abre la senda jurisdiccional para el conocimiento de pretensiones impugnativas como las propuestas por la parte recurrente en la demanda promotora del proceso, frente a las cuales no hay cosa juzgada por la disimilitud de objeto y causa. <\/p>\n
Si el efecto de cosa juzgada se extendiera a la eventual impugnaci\u00f3n del acto conciliatorio en proceso separado, f\u00e1cilmente se caer\u00eda en injusticias, por cuanto se dejar\u00edan por fuera de juzgamiento actos logrados mediante la coacci\u00f3n f\u00edsica o moral, pues, como ya se anot\u00f3 en esta providencia, al interior del proceso no hay instrumentos (medios probatorios, recurso, procedimientos), que mediando la respectiva verificaci\u00f3n permitieran restarle eficacia al acuerdo y menos si \u00e9ste ha tenido cumplimiento. Por supuesto, que de entrada se descarta el recurso extraordinario de revisi\u00f3n por ser exclusivo de la providencia que formal y materialmente es sentencia. <\/p>\n
Otra tesis llevar\u00eda a sostener que como el juez debe velar por la validez, viabilidad y eficacia de la conciliaci\u00f3n, esto es, que est\u00e9 ajustada a las prescripciones sustanciales, sea posible en cuanto a su cumplimiento y eficaz para la soluci\u00f3n del conflicto, la providencia aprobatoria producir\u00eda un juzgamiento impl\u00edcito del acto, enervativo de cualquier pretensi\u00f3n ulterior mediante la cual se tratara de controvertir el acuerdo de voluntades en cualquiera de sus fases. Claro est\u00e1 que la norma es ajena a esta teor\u00eda. <\/p>\n
Seg\u00fan el art. 2483 del C. Civil, la transacci\u00f3n (y esta puede ser una de las modalidades de la conciliaci\u00f3n), \u201cproduce efectos de cosa juzgada en \u00faltima instancia; pero podr\u00e1 impetrarse la declaraci\u00f3n de nulidad o la rescisi\u00f3n, en conformidad a los art\u00edculos precedentes\u201d, es decir, por las causales previstas por los art\u00edculos 2476 a 2482, pero tambi\u00e9n por las causales generales de nulidad de los negocios jur\u00eddicos consagradas por los art\u00edculos 1740 a 1756, y por supuesto demandarse la resoluci\u00f3n de conformidad con el art. 1546 ej\u00fasdem, por tratarse de un contrato bilateral. Obviamente la norma no diferencia entre la transacci\u00f3n que ocurre antes del proceso y aquella que se da estando \u00e9ste en curso, pues esa no es distinci\u00f3n que toque con su naturaleza y n\u00facleo esencial, como se infiere del art. 2478 cuando precept\u00faa como causal de nulidad de la transacci\u00f3n la celebrada cuando el proceso estuviere ya terminado con sentencia con fuerza de cosa juzgada, siempre que las partes o alguna de ellas no hubiere tenido conocimiento al tiempo de transigir. <\/p>\n
A decir verdad, el tema de la resoluci\u00f3n de la transacci\u00f3n, y se acude a este contrato por v\u00eda ejemplificativa en consideraci\u00f3n a que \u00e9l muchas veces es el contenido de la conciliaci\u00f3n, como ya se anot\u00f3, ha sido debatido, pero la doctrina m\u00e1s tradicional y amplia en cuanto al n\u00famero de autores, ha sostenido la procedencia de la pretensi\u00f3n de resoluci\u00f3n cuando las obligaciones derivadas de la transacci\u00f3n no son cumplidas, sin que halle impedimento en la fuerza de la cosa juzgada que a ella le asigna la ley respecto de las partes, pues entiende, como ya se hab\u00eda expuesto, que debido a esa eficacia el demandado ante el desconocimiento de una transacci\u00f3n \u201cpuede oponer la exceptio litis per transactionem finitae, an\u00e1loga en todo a la exceptio rei iudicatae\u201d (V\u00e9ase Planiol y Ripert, Laurent, Ricci, Baudry-Lacantinerie, De Ruggiero, Jos\u00e9 M\u00e9lich-Orsini, entre otros). Concretamente A. Colin y H. Capitant, fincados en decisi\u00f3n de la Corte francesa, sostienen que \u201cEs perfectamente compatible con el contexto de la transacci\u00f3n la existencia de prestaciones que pueden ser cumplidas luego o en fecha determinada, sin perjuicio de la acci\u00f3n que pueda corresponderle a cualquiera de las partes para instar la resoluci\u00f3n de la transacci\u00f3n si abiertamente se faltase a sus estipulaciones por el contrario\u201d (Curso Elemental de Derecho Civil, t. IV, p\u00e1g. 998). <\/p>\n
Desde luego, que el presente caso, ni siquiera ofrece la discusi\u00f3n que plantea el contrato de transacci\u00f3n en si mismo, pues las partes no acudieron a esa f\u00f3rmula negocial para dirimir las diferencias del proceso anterior, sino, y con claridad meridiana, a la celebraci\u00f3n de un nuevo contrato de promesa de compraventa, que indiscutiblemente es el contenido del arreglo conciliatorio, con un car\u00e1cter eminentemente novatorio, pues por este acuerdo se abolieron las obligaciones anteriores, es decir, las que hab\u00eda generado el contrato de promesa de compraventa celebrado el 18 de julio de 1990, sustituy\u00e9ndose por las obligaciones nuevas, que ahora se alegan incumplidas, o sea las que tuvieron como fuente el contrato tambi\u00e9n nuevo, ajustado el 3 de octubre de 1991, con ocasi\u00f3n de la audiencia de conciliaci\u00f3n que en esa misma fecha ocurri\u00f3. <\/p>\n
Claro est\u00e1 que la referencia al contrato de transacci\u00f3n, vale por el efecto de cosa juzgada que desde anta\u00f1o a \u00e9l le atribuye el art. 2483 del C. Civil, hoy extendido por el art. 101 del C. de P. Civil, al acuerdo conciliatorio y el auto que lo apruebe, con independencia del contenido sustancial de dicha composici\u00f3n. <\/p>\n
2. En el asunto sub judice CONRADO CANO SIERRA pretende se declare la resoluci\u00f3n de un contrato de promesa de compraventa de un inmueble (fls. 17 y 18 C. 1), contenido en el acta de una audiencia de conciliaci\u00f3n realizada en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira el 3 de octubre de 1991 (fls. 9 al 11 id.), y se condene al demandado LAZARO TORRES OSPINA a indemnizar al demandante por los perjuicios causados en virtud del presunto incumplimiento en el pago de parte del precio. <\/p>\n
Como qued\u00f3 ya anotado en este prove\u00eddo, las anteriores pretensiones fueron despachadas desfavorablemente por los juzgadores de primera y de segunda instancia, toda vez que consideraron que como el contrato impugnado se hab\u00eda celebrado en virtud de la conciliaci\u00f3n a que llegaron las mismas partes de este litigio dentro de un proceso ordinario que se adelant\u00f3 en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, el mismo no era susceptible de resoluci\u00f3n, puesto que como la conciliaci\u00f3n tiene efectos de cosa juzgada no puede ser modificada por decisi\u00f3n alguna, y su incumplimiento puede originar, seg\u00fan el caso, un proceso de cumplimiento con indemnizaci\u00f3n de perjuicios o un proceso de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, resulta claro el yerro del ad quem, pues, si bien es cierto, el pleno acuerdo conciliatorio tiene la virtud de impedir la iniciaci\u00f3n de un proceso o de terminarlo, pues produce efectos de cosa juzgada entre las partes respecto de la materia litigiosa, tambi\u00e9n es cierto que cuando dicha conciliaci\u00f3n concluya con la celebraci\u00f3n de un contrato, del cual surjan nuevas obligaciones bilaterales, no se le puede desconocer o cercenar la prerrogativa que tiene el contratante cumplido frente al contratante incumplido de pedir a su arbitrio, o la resoluci\u00f3n o el cumplimiento del contrato con indemnizaci\u00f3n de perjuicios, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 1546 del C. Civil. <\/p>\n
En este orden de ideas, resulta v\u00e1lido sostener que los efectos de cosa juzgada son para el litigio primigenio, pero en ning\u00fan momento se pueden extender dichos efectos a los nuevos contratos que surjan con ocasi\u00f3n del acuerdo conciliatorio, ya que una cosa es la conciliaci\u00f3n como instrumento para poner fin a un litigio y otra muy distinta es el medio de que se valen las partes para llegar a aquella, que en este caso consisti\u00f3 en la celebraci\u00f3n de un contrato de promesa de compraventa. En verdad el Tribunal confundi\u00f3, y de ah\u00ed su equivocaci\u00f3n, el contrato que dio origen al primer proceso en que se concili\u00f3, con el contrato demandado, como si fuera un solo acto jur\u00eddico, cuando en realidad no lo son, pues se trata de dos contratos perfectamente diferentes. Advi\u00e9rtase que la conciliaci\u00f3n que se plasm\u00f3 en un nuevo contrato de promesa de compraventa, dio lugar a la autocomposici\u00f3n del conflicto de intereses que origin\u00f3 el proceso que con ocasi\u00f3n de ella finaliz\u00f3, con el efecto de cosa juzgada que la norma le atribuye, porque definitivamente as\u00ed se zanjaron las diferencias que se hab\u00edan presentado en desarrollo del contrato de promesa de compraventa originalmente celebrado. Circunstancia esta que l\u00f3gicamente, y dada la vocaci\u00f3n de permanencia que comporta la cosa juzgada, impide que esa controversia pueda ser nuevamente objeto de una pretensi\u00f3n procesal, como lo ha explicado la Corporaci\u00f3n cuando ha dicho que \u201c\u2026este contrato tiene una finalidad obvia, esencial y necesaria: la de poner t\u00e9rmino a las disputas patrimoniales de los hombres, antes de que haya juicio o durante el juicio. Celebrado de acuerdo con las prescripciones generales de los contratos, su efecto no podr\u00e1 ser otro que el de cerrar, indubitablemente, absolutamente y para siempre el litigio en los t\u00e9rminos de la transacci\u00f3n. La controversia de all\u00ed en adelante carece de objeto, porque ya no hay materia para un fallo, y de fin, porque lo que se persigue con el juicio y la sentencia ya est\u00e1 conseguido. Las partes se han hecho justicia a s\u00ed mismas, directa y privadamente, en ejercicio de su libertad; de modo que la jurisdicci\u00f3n, que es instituci\u00f3n subsidiaria, qued\u00f3 sin que hacer\u201d. (G.J. No. 2149, p\u00e1g. 267). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior no existe el obst\u00e1culo que encontr\u00f3 el Tribunal para decidir sobre la resoluci\u00f3n de la promesa de compraventa en cuesti\u00f3n por incumplimiento de alguno de los contratantes, lo que impone que el fallo impugnado deba ser casado. Por consiguiente el cargo prospera. <\/p>\n
RESOLUCION <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia dictada el 13 de abril de 1994 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en este proceso ordinario instaurado por Conrado Cano Sierra contra L\u00e1zaro Torres Ospina. <\/p>\n
Pero antes de dictar la sentencia de reemplazo, la Corte, en ejercicio de la facultad que le confiere el inciso 2\u00ba. del art\u00edculo 375 del C. de P. Civil, decreta de oficio la pr\u00e1ctica de las siguientes pruebas: <\/p>\n
1. Mediante dictamen pericial practicado por expertos en la materia efect\u00faese un aval\u00fao de los frutos civiles y naturales producidos o que hubiera podido producir el inmueble objeto del contrato impugnado, desde cuando el demandado lo tiene en su poder, o sea, desde el 12 de octubre de 1991 hasta la fecha, dividi\u00e9ndolos en dos etapas: la primera, desde ese d\u00eda hasta el 30 de julio de 1992, fecha de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda, y la segunda, desde esta \u00faltima fecha en adelante. <\/p>\n
Ambas partes colaborar\u00e1n adecuadamente en la pr\u00e1ctica de la presente prueba, cuyos costos asumir\u00e1n por mitad. <\/p>\n
Al efecto, se\u00f1\u00e1lase un t\u00e9rmino de veinte d\u00edas contados a partir de la fecha de posesi\u00f3n de los peritos, que oportunamente ser\u00e1n designados por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, al cual se comisionar\u00e1 para tal efecto y recepci\u00f3n de la experticia. <\/p>\n
2. Por la secretar\u00eda de la Sala of\u00edciese al Banco de la Rep\u00fablica, con el fin de que en un t\u00e9rmino de veinte d\u00edas, informe a esta Corporaci\u00f3n cu\u00e1l es el valor actual de un peso de octubre 3 de 1991, habida cuenta de la p\u00e9rdida del poder adquisitivo de la moneda colombiana ocurrida desde esa fecha. <\/p>\n
Sin costas el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
C\u00f3piese y notif\u00edquese. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
<\/p>\n
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S-099-99 [5020] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Dr. JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., veintid\u00f3s (22) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) Referencia: Expediente No. 5020 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81702","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81702","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81702"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81702\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81702"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81702"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81702"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}