S-101-99 [5339]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Silvio Fernando Trejos Bueno <\/p>\n
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Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).- <\/p>\n
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Referencia: Expediente No. 5339 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por varios de los demandados contra la sentencia de 16 de septiembre de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, Sala Civil, en el proceso ordinario seguido por MARILU OTALORA DE MELENDEZ donde figuran como demandados los se\u00f1ores INES ROA DE ROMERO, YOLANDA INES ROMERO DE ROMERO, CARLOS HUMBERTO ROMERO ROA, GUSTAVO ROMERO ROA, JOSE EURIPIDES ROMERO SARMIENTO, y los herederos indeterminados de Adolfo Romero Guerra. <\/p>\n
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I. EL LITIGIO <\/p>\n
1. En el escrito inicial de demanda y su posterior reforma con los cuales se abri\u00f3 el presente proceso, la nombrada demandante, convoc\u00f3 a proceso ordinario reivindicatorio a los herederos determinados e indeterminados de \u00e9ste y a Jos\u00e9 Eur\u00edpides Romero Sarmiento con el fin de que judicialmente se declare que ella es propietaria plena y absoluta de los inmuebles denominados \u00abEl Recuerdo\u00bb, \u00abEl Compadre\u00bb y \u00abLa Playa\u00bb, situados en la vereda de Chirat\u00e1 del municipio de Turmequ\u00e9, cuyos linderos y especificaciones se describen en el hecho primero de la demanda; y que se condene a los demandados, como poseedores irregulares y de mala fe, a restituirle los inmuebles aludidos y el valor de los frutos naturales y civiles de ley. <\/p>\n
Como causa para pedir, la demandante presenta los hechos que se resumen a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
a) Los inmuebles cuya restituci\u00f3n pretende los adquiri\u00f3 por adjudicaci\u00f3n que se le hizo en remate llevado a cabo en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio (Meta) seg\u00fan consta en la escritura p\u00fablica 147 de mayo 10 de l989, adquisici\u00f3n que conserva plena vigencia por cuanto los bienes referidos \u00abno han sido enajenados a persona alguna ni se han prometido en venta\u00bb. <\/p>\n
b) En desarrollo del proceso ejecutivo en el que se realiz\u00f3 el remate, se practic\u00f3 el secuestro de dichos predios, seg\u00fan diligencia que fue realizada en el mes de julio de 1985 en cuyo desarrollo se hizo presente Jos\u00e9 Eur\u00edpides Romero Sarmiento, para formular oposici\u00f3n en nombre del poseedor Adolfo Romero Guerra, con base en un contrato de arrendamiento celebrado entre ellos sobre el predio \u00abLa Reserva\u00bb, que incluye a su vez las porciones de terreno denominadas \u00abEl Compadre\u00bb, \u00abLa Playa\u00bb y \u00abEl Recuerdo\u00bb. <\/p>\n
c) Posteriormente, en virtud del fallecimiento del poseedor Romero Guerra, acaecido el 26 de septiembre de 1986, continu\u00f3 la situaci\u00f3n posesoria descrita en cabeza del c\u00f3nyuge sobreviviente INES ROA DE ROMERO, y tambi\u00e9n la referida tenencia del nombrado arrendatario, quienes se niegan a entregar los predios a pesar de estar en imposibilidad de adquirirlos por prescripci\u00f3n \u00abtoda vez que ni moral ni legalmente est\u00e1n amparados en sus actuaciones arbitrarias y no llevan en posesi\u00f3n el tiempo requerido por la ley para estos casos\u00bb. <\/p>\n
2. Admitida a tr\u00e1mite la demanda, le dio respuesta Jos\u00e9 Eur\u00edpides quien se opuso a las pretensiones, negando, entre otros hechos, ser poseedor de los inmuebles cuya restituci\u00f3n solicita la demandante; propuso las excepciones que denomin\u00f3 de \u00abimprocedibilidad de la acci\u00f3n\u00bb, e \u00abinexistencia de t\u00edtulo id\u00f3neo para reivindicar\u00bb. En lo suyo, los herederos determinados que figuran como demandados, o sea, Mar\u00eda In\u00e9s Roa de Romero, Yolanda In\u00e9s, Carlos Humberto y Gustavo Romero Roa, tambi\u00e9n se opusieron a las pretensiones, tras aseverar que la primera no es ni poseedora de los predios pretendidos ni heredera de Adolfo Romero Guerra, de quien es su c\u00f3nyuge sobreviviente con derecho a gananciales, y junto con quien los adquiri\u00f3, en com\u00fan y proindiviso. Alegaron que vienen \u00abejerciendo la posesi\u00f3n regular con justo t\u00edtulo, desde el 27 de mayo de 1980, cuando ocuparon como tales en virtud de la promesa de compraventa…\u00bb, y formularon las excepciones de falta de legitimaci\u00f3n en la causa, extinci\u00f3n del derecho por prescripci\u00f3n adquisitiva del mismo y la que denominan \u00abgen\u00e9rica\u00bb. Invocaron de otro lado el derecho de retenci\u00f3n por raz\u00f3n de mejoras y expensas que estiman en la suma de $9’000.000.oo. Por \u00faltimo, el curador ad-litem de los herederos indeterminados de Adolfo Romero Guerra contest\u00f3 la demanda y dijo atenerse a lo que resulte probado en el proceso. <\/p>\n
3. Surtido el tr\u00e1mite del proceso, el Juez dict\u00f3 sentencia en la que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de improcedibilidad de la acci\u00f3n, formulada por Jos\u00e9 Eur\u00edpides Romero Sarmiento, a quien absolvi\u00f3; respecto de los dem\u00e1s, estim\u00f3 las pretensiones de la demandante, orden\u00f3 la restituci\u00f3n del inmueble e hizo los ordenamientos relativos a las prestaciones mutuas. Esta sentencia fue apelada por la demandante y los herederos determinados aqu\u00ed demandados; alzada que concluy\u00f3 con la confirmaci\u00f3n del fallo recurrido, salvo en lo concerniente al pago de mejoras dispuesto a cargo de la actora, resoluci\u00f3n que s\u00ed fue revocada. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
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1. En lo de fondo, el sentenciador comienza por recordar la noci\u00f3n legal de la acci\u00f3n reivindicatoria para destacar en ella los elementos axiol\u00f3gicos que la configuran y verificar su existencia en el caso en estudio a la luz de la prueba recaudada en las dos instancias. <\/p>\n
A partir de lo anterior se\u00f1ala que el t\u00edtulo de dominio de la demandante, lo constituye la escritura p\u00fablica n\u00famero 147 del 10 de mayo de 1989, otorgada en la Notar\u00eda Unica de Turmequ\u00e9, mediante la cual se incorpor\u00f3 al protocolo la diligencia de remate llevada a cabo en el proceso ejecutivo seguido por Antonio Mel\u00e9ndez contra Pablo Antonio Osorio en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Villavicencio; que se halla acreditada la posesi\u00f3n de los demandados desde que les fue entregada la finca en virtud de la promesa de venta celebrada con Pablo Antonio Osorio en el a\u00f1o de 1980, \u00abcon excepci\u00f3n del Doctor Jos\u00e9 Euripides Romero\u00bb, quien es s\u00f3lo un arrendatario; as\u00ed mismo halla demostrada la identidad entre el inmueble a que se refiere el t\u00edtulo de dominio de la demandante y el que poseen los demandados, y, en fin, que el inmueble disputado constituye una cosa singular; apreciaciones sobre las cuales, como se ver\u00e1, no recae el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Con todo, aunque el Tribunal encontr\u00f3 configurados los elementos que integran la acci\u00f3n reivindicatoria, a continuaci\u00f3n se detiene en el an\u00e1lisis del alegato de instancia expuesto por los demandados \u00abconsistente en que la parte demandante no arrim\u00f3, ni alleg\u00f3, ni present\u00f3 escrituras que sirvieran para destruir la presunci\u00f3n que ampara al poseedor\u00bb, lo que resulta de enfrentar la prueba de dominio – 1989 – y la antig\u00fcedad de la posesi\u00f3n – 1980 -. <\/p>\n
A ese respecto concluye que \u00absiendo que el demandante exhibi\u00f3 su t\u00edtulo as\u00ed mismo adujo los de sus antecesores resultando pr\u00f3spera la pretensi\u00f3n reivindicatoria dado que la posesi\u00f3n es posterior a los t\u00edtulos allegados\u00bb, prevalido de la consideraci\u00f3n del a quo, seg\u00fan la cual, \u00abse arrim\u00f3\u00bb copia aut\u00e9ntica de los t\u00edtulos antecedentes que corresponden a las escrituras p\u00fablicas n\u00fameros 322 de 3 de mayo de 1965 (C. 2, folio 71) que se refiere al predio denominado \u00abEl Compadre\u00bb; 363 de 28 de octubre de 1938 (C. 2, folio 74), del predio denominado \u00abLa Playa\u00bb; y 312 de 15 de octubre de 1972 (C.2., folio 83) del que se denomina \u00abEl Recuerdo\u00bb. <\/p>\n
3. Enseguida, la sentencia se ocupa de despachar negativamente las excepciones formuladas por los demandados, luego de se\u00f1alar s\u00ed que Jos\u00e9 Euripides Romero acredit\u00f3 su condici\u00f3n de mero tenedor de los predios objetos de litigio; y por \u00faltimo hace las consideraciones pertinentes sobre las prestaciones mutuas. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACION: <\/p>\n
En ella se levantan dos cargos contra la sentencia acusada, ambos con respaldo en la causal primera de casaci\u00f3n, los cuales ser\u00e1n estudiados de manera conjunta dada su semejanza. <\/p>\n
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CARGO PRIMERO: <\/p>\n
Por la v\u00eda indirecta, se acusa la sentencia del Tribunal de violar, por aplicaci\u00f3n indebida, los art\u00edculos 946 y 950 del C\u00f3digo Civil, y los art\u00edculos 37, reformado por el art\u00edculo 13 del Decreto 2282 de 1989, 38 numeral 1\u00b0, 177 y 179 del C. de P.C., como consecuencia del desacierto cometido en la interpretaci\u00f3n de la demanda, \u00abpor alteraci\u00f3n de las afirmaciones de hecho que integran la raz\u00f3n o causa para pedir\u00bb. <\/p>\n
En orden a sustentar la acusaci\u00f3n, se aduce que la actora aport\u00f3 como medio de prueba tendiente a demostrar la propiedad que ostenta sobre los predios objeto de litigio, la escritura p\u00fablica n\u00famero 147, otorgada el 1\u00b0 de mayo de 1989 en la Notar\u00eda Unica de Turmequ\u00e9, por lo cual \u00abel fundamento de titularidad del actor para reivindicar se circunscrib\u00eda al anterior t\u00edtulo\u00bb, toda vez que ni en la demanda ni en su posterior reforma la demandante pretendi\u00f3 agregar \u00aba su posesi\u00f3n\u00bb los t\u00edtulos anteriores en cabeza de sus inmediatos tradentes, circunstancia que fue entonces la que tuvo en cuenta la parte demandada para enfrentar a dicho t\u00edtulo \u00fanicamente la posesi\u00f3n que detentan desde el a\u00f1o de 1980, lo que les permit\u00eda ampararse en la presunci\u00f3n de dominio del poseedor contenida en el art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
El error de hecho denunciado consiste, entonces, en haberse dado por cierto, sin serlo, que la demandante aport\u00f3 las escrituras p\u00fablicas que acreditan el dominio anterior a su adquisici\u00f3n, al decir que el demandante adujo t\u00edtulos de sus antecesores. El demandante jam\u00e1s adujo t\u00edtulos anteriores a los de 1988 ni en las peticiones ni en los hechos de la demanda o de su reforma, lo que significa que el Tribunal incurri\u00f3 en un falso juicio de valor \u00abal afirmar un hecho inexistente\u00bb. <\/p>\n
El fallador \u00abdesborda sus atribuciones legales\u00bb al suponer unos hechos que no son constitutivos de la demanda, toda vez que s\u00ed la demandante hubiese pretendido incorporar las anteriores posesiones lo ha debido explicar en dicha forma en ella, sin que pueda el juez decretar pruebas de oficio \u00ab… para mejorarle la prueba al demandante\u00bb, con el \u00fanico prop\u00f3sito de que se cumplan los presupuestos de la acci\u00f3n reclamada, y \u00abpara poder destruir el tiempo anterior de los demandados\u00bb; con ese proceder se desconoci\u00f3, de paso, \u00abque el juez est\u00e1 obligado a obrar dentro de los l\u00edmites que le trazan la demanda y su defensa y no puede variar nunca los factores esenciales del l\u00edbelo constituido por las s\u00faplicas del actor y los hechos en que las apoya\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO: <\/p>\n
En \u00e9l se denuncia el quebranto del art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil, por falta de aplicaci\u00f3n, debido a error en la interpretaci\u00f3n de la demanda, \u00abpor alteraci\u00f3n de las afirmaciones de hecho que integran el petitum\u00bb. <\/p>\n
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En el desarrollo del cargo se acude a id\u00e9nticos argumentos expuestos en la fundamentaci\u00f3n del cargo primero; aqu\u00ed se hace mayor \u00e9nfasis en el art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil que presume due\u00f1o al poseedor mientras otro no justifique serlo, para aseverar el recurrente que \u00abpor consiguiente entre tanto el demandante no desquicie el hecho presumido, el demandado en reivindicaci\u00f3n continuara protegido y gozando de la ventajosa posici\u00f3n en que lo coloca la ley\u00bb, motivo por el cual en esta especie litigiosa el Tribunal incurri\u00f3 en falso juicio de valor al deducir que la actora hab\u00eda aportado los t\u00edtulos anteriores a su adquisici\u00f3n, quebrantando de paso la igualdad de las partes en el proceso \u00abal decretar pruebas de oficio\u00bb y as\u00ed mismo, infringiendo el principio general de la carga de la prueba en una situaci\u00f3n en la que \u00abel actor no pretendi\u00f3, no quiso demostrar con hechos, que a los demandados los amparaba el derecho de posesi\u00f3n, con anterioridad a los t\u00edtulos que present\u00f3 para reivindicar\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1ade el censor, que el Tribunal, al decretar de oficio las pruebas referidas, desconoci\u00f3 adem\u00e1s lo dispuesto en el art\u00edculo 179 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, toda vez que \u00abesta prueba oficiosa no fue decretada para verificar hechos, pues no fueron consignados ni en el petitum de la demanda ni en los hechos ni en la reforma de ella, por tal raz\u00f3n el Juez se encontraba vedado para ordenar tales pruebas, ya que estas hab\u00edan sido invocadas como medio exceptivo\u00bb. <\/p>\n
Cuando el fallador le dio fuerza demostrativa a las pruebas aportadas en dicha forma, invoc\u00f3 un hecho nuevo \u00abel cual vulnera en (sic) principio de defensa\u00bb, dejando de aplicar de paso el art\u00edculo 762 del C\u00f3digo Civil que lo habr\u00eda llevado a rechazar las pretensiones de la demandante porque los t\u00edtulos aportados \u00abno superaban la presunci\u00f3n de dominio de los demandados\u00bb, lo que hace que la sentencia de segunda instancia sea ambivalente, situaci\u00f3n que por fuera de hacer ver m\u00e1s adecuada la v\u00eda escogida para intentar el quiebre de la aludida decisi\u00f3n, habr\u00eda podido tambi\u00e9n ser censurada \u00abpor error de derecho en la producci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y valoraci\u00f3n probatoria\u00bb. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE: <\/p>\n
1. Los errores de hecho en que el recurrente sustenta los cargos propuestos se hacen consistir, en suma, en que el Tribunal interpret\u00f3 indebidamente la demanda, \u00abpor alterar\u00bb ya los hechos de la demanda o ya las peticiones contenidas en la misma, puesto que la sentencia parti\u00f3 de la base de que en la demanda o con ella se mencionaron o adujeron los t\u00edtulos precedentes que avalan el dominio de la demandante como precedentes en el tiempo al ejercicio de la posesi\u00f3n de los demandados, los cuales s\u00ed obran en el expediente pero por ser el producto de la actividad probatoria que de oficio desplegaron los juzgadores de instancia, seg\u00fan la censura, de manera ilegal. <\/p>\n
Empero, como se ver\u00e1 a continuaci\u00f3n, de cualquier modo que se miren las acusaciones carecen de consistencia porque aunque los se\u00f1alados t\u00edtulos escriturarios no se mencionaron en la demanda que dio comienzo al proceso, ni se aportaron como anexo de ella, ni fueron solicitados por los litigantes como prueba durante el debate, es lo cierto que hacen parte del material probatorio recaudado en el expediente al que fueron introducidos por una v\u00eda id\u00f3nea para tal fin como es el ejercicio oportuno de la facultad – deber que, en instancia y dentro de los l\u00edmites que claramente se\u00f1ala la ley, tienen los jueces para decretar pruebas de oficio con el fin de verificar los hechos alegados por las partes. (art\u00edculo 179 del C. de P.C.) <\/p>\n
2. En efecto, si ha de convenirse que en t\u00e9rminos generales y al tenor de lo dispuesto en el art\u00edculo 946 del C\u00f3digo Civil, la reivindicatoria es aquella acci\u00f3n de naturaleza real para cuyo ejercicio est\u00e1 legitimado todo propietario que se halla destituido del ejercicio de la posesi\u00f3n material a que tiene derecho, para obtener \u00e9sta del poseedor a quien demanda con ese fin, no puede perderse de vista que una pretensi\u00f3n de tal \u00edndole, en su n\u00facleo, gira alrededor de la situaci\u00f3n que establece el Art. 762 de la misma codificaci\u00f3n, que consagra la presunci\u00f3n legal de dominio a favor del poseedor, cuya destrucci\u00f3n \u00fanicamente puede darse en presencia de un t\u00edtulo de propiedad claro, preciso y ajustado a las exigencias de ley que, por ser anterior, en cuanto ata\u00f1e a su registro, tenga la virtud de contrarrestar la posesi\u00f3n material del demandado. <\/p>\n
Significa lo anterior que el ejercicio de la referida acci\u00f3n encierra necesariamente, expl\u00edcita o impl\u00edcitamente, junto con la afirmaci\u00f3n de que el demandado es poseedor material de la cosa sobre la cual recae el derecho real de dominio del que el reivindicante es titular, aquella otra en el sentido de que \u00e9ste ostenta un t\u00edtulo v\u00e1lido para reclamar la posesi\u00f3n que le ha sido rehusada; y es precisamente esta circunstancia, que evidentemente pasan por alto los dos cargos en estudio, la que lleva a concluir que en esta clase de procesos, ese mejor derecho a poseer derivado de la propiedad, llamado por los romanistas \u00abjus possidendi\u00bb para diferenciarlo del \u00abjus possessionis\u00bb, entendido como el conjunto de ventajas que resultan del simple hecho de la posesi\u00f3n material aut\u00f3noma y separada de la propiedad, siempre se halla impl\u00edcito en la dial\u00e9ctica que en defensa de sus intereses hace valer quien demanda a otro en reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n
Luego si con el fin de verificar la existencia del se\u00f1alado derecho, en busca por lo tanto de la verdad y en procura de otorgar efectiva y justa tutela jur\u00eddica a los intereses en conflicto, y acatando las exigencias de principio sobre el particular consagradas en el Art. 37 Numeral 4\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil le\u00eddo hoy en concordancia con el Art. 1\u00ba de la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia), los \u00f3rganos jurisdiccionales de instancia, del modo y con el alcance que en la especie en estudio ocurri\u00f3, hacen uso, ex officio iudicis, de la autoridad e iniciativa probatoria que les otorga la ley, con semejante proceder no se modifica la relaci\u00f3n controvertida tal y como ella se delimita en la pretensi\u00f3n reivindicatoria y en la resistencia que a \u00e9sta opone el poseedor demandado, en cuanto hace a la causa y al objeto que la identifican. <\/p>\n
Antes bien, providencias de la especie de las que critica la acusaci\u00f3n, lejos de rebasar arbitrariamente el foco litigioso y de introducir nuevas fuentes de prueba con desprecio del \u00e1mbito concreto que demarca la demanda y su contestaci\u00f3n, lo que se proponen, con laudable esp\u00edritu de activa direcci\u00f3n del proceso, no es otra cosa que incorporar, por el medio instrumental adecuado, las que se revelan existentes en actuaciones de las mismas partes y que son relevantes para la composici\u00f3n final del litigio, con el fin de hacer prevalecer la verdad jur\u00eddica objetiva y de evitar que el dicho proceso termine desarroll\u00e1ndose como un mero juego formal librado a la habilidad o ma\u00f1a de los contendientes. <\/p>\n
3. En consecuencia, la decisi\u00f3n del juez a quo por la cual, de oficio (C. 1, folio 82), solicit\u00f3 a la parte actora que aportara \u00abal proceso copia aut\u00e9ntica junto con la reproducci\u00f3n de sello de registro de los siguientes t\u00edtulos escriturarios: No. 363 del 28 de octubre de l938 Notar\u00eda Unica de Ventaquemada; No. 312 del 5 de octubre de 1972 Notar\u00eda Unica de Turmequ\u00e9 y 322 del 3 de mayo de 1965 Notar\u00eda de Turmequ\u00e9\u00bb, halla s\u00f3lido respaldo en el art\u00edculo 179 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil que otorga a los jueces de instancia la facultad – deber de decretar pruebas de oficio cuando las considera indispensables para la verificaci\u00f3n de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes; disposici\u00f3n que, valga reiterarlo, se funda en la \u00abl\u00f3gica y obvia raz\u00f3n de que a pesar de que en el com\u00fan de los procesos se controvierten intereses privados, la justicia no puede volverle la espalda al establecimiento de la verdad material enfrente de los intereses en pugna, asumiendo una posici\u00f3n eminentemente pasiva, si encuentra que decretando pruebas de oficio puede a la postre mediante ellas verificar los hechos alegados por las partes y lograr que en definitiva brille la verdad y, por tanto, se imponga la justicia. Fundado en este criterio, no es facultativo del juzgador decretar pruebas de oficio, sino que en toda ocasi\u00f3n, en la debida oportunidad legal, en que los hechos alegados por las partes requieren ser demostrados, as\u00ed la parte que los alega hubiese sido desidiosa en esa labor, es un deber del juzgador utilizar los poderes oficiosos que le concede la ley en materia de pruebas, pues es \u00e9ste el verdadero sentido y alcance que exteriorizan los art\u00edculos los art\u00edculos 37-4, 179 y 180 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil\u00bb (G. J. T. CXCII, p\u00e1g. 233). <\/p>\n
4. En suma, la visi\u00f3n que ofrece el recurrente de las pruebas del proceso civil, como impregnadas netamente del car\u00e1cter dispositivo, tan apreciada en otros tiempos y en la cual quiz\u00e1 podr\u00edan encontrar asidero los argumentos en que se apoyan los dos cargos formulados, ha perdido toda vigencia por fuerza de principios como los de la cooperaci\u00f3n procesal, la adquisici\u00f3n de la prueba, el compromiso de los jueces con la verdad jur\u00eddica objetiva y el ejercicio responsable de la jurisdicci\u00f3n, principios todos estos de los que, seg\u00fan queda explicado, se desprenden motivos suficientes para rechazar los referidos cargos. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de fecha diecis\u00e9is (16) de septiembre de l993 mediante la cual se resolvi\u00f3 el proceso de la referencia, proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Tunja. <\/p>\n
Cond\u00e9nase en costas del recurso de casaci\u00f3n a la parte recurrente. En su oportunidad ser\u00e1n tasadas. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase la actuaci\u00f3n al Tribunal de origen. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
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NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
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S-101-99 [5339] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Silvio Fernando Trejos Bueno Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).- […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81704","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81704","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81704"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81704\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81704"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81704"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81704"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}