S-104-99 [5220]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Silvio Fernando Trejos Bueno <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).- <\/p>\n
Referencia: Expediente 5220 <\/p>\n
Se decide por la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 7 de julio de 1994, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, en el proceso ordinario adelantado por MARIA DE JESUS PARAMO VDA. DE JARAMILLO, RICARDO, GERMAN, LUZ BERNARDA y CARLOS FIDEL JARAMILLO PARAMO, junto con la sociedad FIDEL JARAMILLO Y CIA. S. en C., contra ESPER LOZADA QUINTERO, GENTIL LOZADA y la empresa TRANSPORTES RAPIDO TOLIMA S. A., quien llam\u00f3 en garant\u00eda a la compa\u00f1\u00eda SEGUROS DEL COMERCIO S. A. <\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
1. Se trata de la responsabilidad civil y solidaria derivada de los da\u00f1os causados a los demandantes con ocasi\u00f3n del accidente de tr\u00e1nsito en el cual perdi\u00f3 la vida Fidel Jaramillo <\/p>\n
Izquierdo, y de la solicitud de las siguientes condenas: a favor de la sociedad FIDEL JARAMILLO Y CIA. S. en C., el valor que a la fecha del accidente ten\u00eda la camioneta Mazda de placas JL-0642, junto con la correcci\u00f3n monetaria y los intereses comerciales hasta cuando el pago se verifique; a favor de la c\u00f3nyuge sobreviviente y de los herederos de la v\u00edctima, 2.000 gramos oro por concepto de da\u00f1os morales; $300.000 mensuales, por concepto de lucro cesante, desde la fecha de la muerte hasta el d\u00eda del pago, junto con la correcci\u00f3n monetaria que corresponda a cada a\u00f1o; por concepto de da\u00f1o emergente, $408. 840 que fue el importe de los gastos f\u00fanebres, m\u00e1s la correcci\u00f3n monetaria y los intereses comerciales; y a favor de CARLOS FIDEL JARAMILLO PARAMO, los perjuicios morales, lo mismo que el lucro cesante y el da\u00f1o emergente que se demuestren en el curso del proceso. <\/p>\n
Los hechos en que se respaldan las anteriores pretensiones se pueden resumir as\u00ed: <\/p>\n
a) El 28 de junio de 1988, Fidel Jaramillo Izquierdo y su hijo Carlos Fidel Jaramillo P\u00e1ramo, quien a su vez conduc\u00eda la camioneta de placas JL-0642, de propiedad de la nombrada sociedad, viajaban juntos de Ibagu\u00e9 hacia Venadillo cuando al encontrarse en el sitio Ventaquemada pagando el peaje, fueron atropellados por detr\u00e1s por un bus de servicio p\u00fablico, de placas WY-0742, de propiedad de Gentil Lozada, conducido por Esper Lozada y afiliado a la empresa Transportes R\u00e1pido Tolima S. A., el cual bajaba a gran velocidad debido a una falla en los frenos y a la impericia de su conductor, suceso a ra\u00edz del cual muri\u00f3 casi instant\u00e1neamente Fidel Jaramillo Izquierdo, sufri\u00f3 graves heridas su hijo, conductor de la camioneta, y se destruy\u00f3 \u00e9sta. <\/p>\n
b) El conductor del bus, adem\u00e1s de adolecer de un defecto f\u00edsico grave, conduc\u00eda sin la licencia autorizada y, seg\u00fan declaraciones de las empleadas del peaje, a una \u201cvelocidad aterradora\u201d, sin pitar ni hacer nada para evitar el accidente que, seg\u00fan el informe de la polic\u00eda vial, ocurri\u00f3 por la falta de mantenimiento mec\u00e1nico del bus, determinante de una aver\u00eda en el tubo de aire de los frenos, situaci\u00f3n que compromete no solo la responsabilidad del conductor y del due\u00f1o del bus \u201c\u2026 sino tambi\u00e9n de la sociedad demandada por permitir trabajar y hacer l\u00ednea a un conductor inh\u00e1bil, sin documentos actualizados de idoneidad y a un veh\u00edculo sin el mantenimiento mec\u00e1nico debido para la prestaci\u00f3n de un servicio p\u00fablico \u2026\u201d. <\/p>\n
c) En cuanto a los da\u00f1os cuyo resarcimiento se reclama, se\u00f1ala la demanda: Fidel Jaramillo Izquierdo viv\u00eda confortablemente y atend\u00eda todos los gastos de subsistencia y establecimiento de su familia; dos de sus hijos estudiaban en grados de secundaria y universitario, y el mayor, Carlos Fidel, conductor de la camioneta, sufri\u00f3 graves lesiones cuya atenci\u00f3n demand\u00f3 importantes erogaciones que se especifican en la demanda y le produjo una incapacidad por ocho meses; adem\u00e1s, dadas las secuelas de orden neurol\u00f3gico, qued\u00f3 impedido para continuar sus estudios. De otro lado, Carlos Fidel, a la fecha del accidente, se desempe\u00f1aba en actividades comerciales – compra y venta de canecas, empaques y maletas de fibra – que le dejaban una utilidad l\u00edquida no menor de $200.000 mensuales. <\/p>\n
2. Los tres demandados, por separado, contestaron la demanda y se opusieron a las pretensiones; alegaron en su favor que existi\u00f3 una falla mec\u00e1nica que se produjo a pesar del buen mantenimiento que se daba al bus; en cambio, guard\u00f3 silencio la compa\u00f1\u00eda Seguros del Comercio S. A., quien fue llamada en garant\u00eda por la empresa transportadora con fundamento en el contrato de seguro de Responsabilidad civil extracontractual de que da cuenta la p\u00f3liza colectiva No. 1038 por ese entonces vigente. <\/p>\n
3. Concluido el tr\u00e1mite de la primera instancia, el Juez declar\u00f3 la responsabilidad civil deprecada y conden\u00f3 a los demandados en forma solidaria a pagar lo siguiente: a) por concepto de da\u00f1o emergente, $3\u2019800.000, con correcci\u00f3n monetaria, a favor de la sociedad FIDEL JARAMILLO & CIA S en C.; b) $1\u2019394.597 y la correcci\u00f3n monetaria, as\u00ed: a favor de la sucesi\u00f3n de Fidel Jaramillo Izquierdo $408.840, y el resto a favor de Carlos Fidel Jaramillo P\u00e1ramo, en su orden por da\u00f1o emergente derivado de la muerte del causante y por las heridas sufridas por el \u00faltimo; c) por concepto de lucro cesante, $29\u2019208.250 a favor de Mar\u00eda de Jes\u00fas P\u00e1ramo de Jaramillo; y $13\u2019820.625 a favor de Ricardo Jaramillo P\u00e1ramo; d) Por concepto de da\u00f1o moral, $ 1\u2019000.000, para cada uno, a favor de los nombrados en el literal anterior y de Germ\u00e1n, Luz Bernarda y Carlos Fidel; e) $510.000 a favor de Carlos Fidel Jaramillo P\u00e1ramo, por lucro cesante derivado de las lesiones padecidas, con el correspondiente ajuste por depreciaci\u00f3n monetaria; asimismo, dispuso que la aseguradora debe responder frente a sus asegurados RAPIDO TOLIMA S. A. y GENTIL LOZADA, por las siguientes cantidades: $4\u2019000.000 por el cobro amparado de muerte y lesiones personales, $2\u2019000.000 por da\u00f1os en bienes ajenos y $240.000 por gastos m\u00e9dicos y hospitalarios. Por \u00faltimo, conden\u00f3 en costas a los demandados. <\/p>\n
4. Apel\u00f3 \u00fanicamente la sociedad de transportes, recurso en el cual obtuvo \u00e9xito puesto que el Tribunal decidi\u00f3 denegar las pretensiones y consecuentemente absolvi\u00f3 a los demandados. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
1. En lo sustancial, comienza el Tribunal por formular apreciaciones generales acerca de la responsabilidad civil extracontractual; en particular alude a la que deriva del hecho ajeno y del ejercicio de actividades peligrosas, puntos sobre los cuales, con apoyo en textos de jurisprudencia que trae en cita, se\u00f1ala que \u201c\u2026 trat\u00e1ndose de la responsabilidad con (sic) el hecho de un tercero, no basta que el due\u00f1o de la m\u00e1quina acredite que puso el debido cuidado en la elecci\u00f3n del conductor de aquella, porque si esto se extremara, resultar\u00eda que ninguna empresa de riesgo, como una de transporte, responder\u00eda por los accidentes causados por la mala direcci\u00f3n o improvisaci\u00f3n o negligencia de los conductores \u2026\u201d. <\/p>\n
2. A partir de la anterior premisa y despu\u00e9s de dejar sentada la legitimaci\u00f3n de las partes, estudia el Tribunal en conjunto la prueba recaudada, de la cual deduce lo siguiente: <\/p>\n
a) Est\u00e1 acreditado que el accidente ocurri\u00f3 en la forma descrita en la demanda y porque el bus se qued\u00f3 sin frenos. <\/p>\n
b) Seg\u00fan el dictamen pericial, tal falla mec\u00e1nica se produjo al descabezarse el tubo principal del aire, \u201cya que no muestra achacamiento ni violencia de haber recibido alg\u00fan golpe, adem\u00e1s, porque el racor donde va asegurado el tubo del aire tampoco tiene ning\u00fan signo y para mi parecer este pudo haber sido la causa del accidente, por cuanto al descabezarse el tubo dej\u00f3 sin aire los frenos y los mismos no cogen, adem\u00e1s tengo a la vista las bandas del citado bus y estas est\u00e1n en perfecto estado….\u201d; <\/p>\n
c) Dicha circunstancia fue corroborada con otras pruebas y fue tomada en cuenta por el Juzgado 26 de Instrucci\u00f3n Criminal, quien por medio de auto de 26 de abril de 1990 orden\u00f3 cesar todo procedimiento contra Esper Lozada Quintero, conductor del bus causante del accidente, tras considerar demostrada la \u201cfuerza mayor o caso fortuito\u201d, como causal de inculpabilidad prevista en el art\u00edculo 40 del C\u00f3digo Penal. <\/p>\n
d) Aunque la decisi\u00f3n penal se produjo en proceso donde no intervinieron los demandantes y no configura excepci\u00f3n de cosa juzgada que trascienda al \u00e1mbito civil, ella s\u00ed constituye fuerza suficiente que destruye la existencia de la prueba de la culpa que debe probar en estos casos el demandante frente al demandado; seg\u00fan explica el Tribunal, tal ausencia de culpa la hall\u00f3 la juez penal autorizada \u201cpor el Art. 1\u00ba de la Ley 95 de 1990 (sic)\u201d, y en cuanto estim\u00f3 que la falla mec\u00e1nica lo es dado que se trata de un hecho que escap\u00f3 a la previsibilidad del conductor del bus. <\/p>\n
e) Asevera el sentenciador que la doctrina ha venido distinguiendo entre la fuerza mayor y el caso fortuito, apart\u00e1ndose de la sinonimia que a esas dos expresiones les da la mencionada disposici\u00f3n, seg\u00fan que el acontecimiento sea imprevisible e irresistible, \u201c\u2026 pues si este tiene origen en el campo de actividad de una persona, como lo es por ejemplo la ruptura de la pieza de una m\u00e1quina, se dice que all\u00ed se da el caso fortuito, mas si el acontecimiento es de origen externo, que hace irrupci\u00f3n desde afuera, (\u2026\u2026.) entonces se dice que all\u00ed s\u00ed existe claramente el fen\u00f3meno denominado fuerza mayor. Lo cual bien puede llevarnos a la conclusi\u00f3n de que la fuerza mayor dice relaci\u00f3n al v\u00ednculo de causalidad, porque siendo el da\u00f1o imputable a un hecho extra\u00f1o de la persona del demandado, la actividad de esta se presenta como un simple instrumento de una fuerza superior, al paso que el caso fortuito, en cambio, dice relaci\u00f3n directamente a la culpa, por cuanto el demandado no puede discutir que el da\u00f1o no ha sido causado por su actividad; (\u2026) por eso, lo que corresponde al demandado, o lo que tendr\u00e1 que establecer el demandado, es que su conducta ha sido irreprochable; que no ha cometido ning\u00fan error de conducta (\u2026) o lo que es lo mismo, que en las condiciones en que ejerc\u00eda la actividad no era para \u00e9l previsible que se produjera el perjuicio \u2026\u201d. <\/p>\n
3. De lo anterior y en orden a infirmar la sentencia apelada, el fallador concluye diciendo que de acuerdo con las pruebas producidas en este proceso y en la referida actuaci\u00f3n penal, \u201c\u2026 no era previsible el que se hubiera causado el da\u00f1o, debido al caso fortuito, de la rotura de la pieza que controlaba la eficiencia de los frenos de la m\u00e1quina o veh\u00edculo automotor, lo cual fue constatado al d\u00eda siguiente del fatal accidente \u2026\u201d. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACION. <\/p>\n
<\/p>\n
En ella se elevan tres cargos contra la sentencia impugnada: los dos primeros con respaldo en la causal primera de casaci\u00f3n y el tercero con apoyo en la causal quinta de casaci\u00f3n, de los cuales estudiar\u00e1 en primer lugar \u00e9ste por cuanto en \u00e9l se denuncia un vicio de procedimiento y el primero por encontrarlo debidamente fundado. <\/p>\n
Con respaldo en la causal quinta de casaci\u00f3n, por falta de competencia funcional del Tribunal, art\u00edculo 140-2 del C. de P.C., se plantea la nulidad originada en la sentencia, la cual se hace consistir en que el fallador de segunda instancia, al resolver el recurso de apelaci\u00f3n de la sociedad demandada Transportes R\u00e1pido Tolima S. A. contra la sentencia del a quo, de condena a cargo de los tres demandados, decidi\u00f3, excediendo los l\u00edmites de su competencia, revocarla en favor, no s\u00f3lo del \u00fanico apelante, sino en el de los otros dos demandados – Esper Lozano y Gentil Lozano -, a quienes absolvi\u00f3 a pesar de que no apelaron el fallo condenatorio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE <\/p>\n
1. La causal quinta de casaci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 368 del C. de P.C. se produce por \u201chaberse incurrido en alguna de las causales de nulidad consagradas en el art\u00edculo 140, siempre que no se hubiere saneado\u201d; en esa medida el cargo viene en la direcci\u00f3n correcta, pues la nulidad que propone se halla establecida en el numeral 2 de la \u00faltima norma citada, \u201cCuando el juez carece de competencia\u201d, y es insaneable como quiera que apuntada esa carencia al Tribunal, como juez ad quem, ata\u00f1e con la competencia funcional, la cual no puede ser saneada por expreso mandato del art\u00edculo 144 ib\u00eddem. <\/p>\n
2. Ahora bien, la ocurrencia de la falta de competencia funcional en cuesti\u00f3n, en verdad se produce porque habiendo sido tres los demandados, en el car\u00e1cter de litisconsortes facultativos, que lo son en la medida en que los demandantes habr\u00edan podido demandarlos a todos juntos o a cada uno por separado, por virtud del principio de la solidaridad legal que rige en materia de responsabilidad civil plural, la competencia funcional del Tribunal – art\u00edculo 26-1 del C. de P.C. -, se reduc\u00eda a examinar \u00fanicamente la inconformidad de la sociedad Transportes R\u00e1pido Tolima S. A., como litigante separado que viene a ser, seg\u00fan lo que a ese respecto previene el art\u00edculo 50 ib\u00eddem, y dado que fue \u00fanico apelante. <\/p>\n
Lo anterior significa que, en relaci\u00f3n con los otros dos demandados, la decisi\u00f3n de primera instancia proferida en contra de ellos, qued\u00f3 en firme, sin que le fuera dado al ad quem revisarla con ocasi\u00f3n del \u00fanico recurso que le fue propuesto. <\/p>\n
3. La nulidad, pues, se origin\u00f3 en la misma sentencia acusada en casaci\u00f3n, en la cual el sentenciador de segunda instancia resolvi\u00f3, sin m\u00e1s, cobijar a los condenados no apelantes con la absoluci\u00f3n que decidi\u00f3 en favor de la solitaria recurrente; y como dicho vicio procesal no puede ser saneado, seg\u00fan se dijo, su reconocimiento implica que el fallo deba ser casado sin que haya lugar a ordenar renovar actuaci\u00f3n procesal alguna, pues tal defecto de actividad se elimina en la sentencia sustitutiva dej\u00e1ndose en firme el fallo condenatorio del a quo en lo que toca con tales condenas. <\/p>\n
El cargo, entonces, prospera en el sentido y con el efecto indicado. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1. En \u00e9l se denuncia la violaci\u00f3n directa de los art\u00edculos 2344, 2356, 1613 y 1614 del C. Civil, por falta de aplicaci\u00f3n. <\/p>\n
2. En la sustentaci\u00f3n del cargo la censura se ocupa de identificar los errores jur\u00eddicos que denuncia, as\u00ed: <\/p>\n
a) En cuanto al diagn\u00f3stico jur\u00eddico que se le dio a la cuesti\u00f3n litigiosa, puesto que trat\u00e1ndose de un accidente de tr\u00e1nsito que se present\u00f3 por la colisi\u00f3n de dos veh\u00edculos automotores, el Tribunal la situ\u00f3 equivocadamente en el campo de la responsabilidad civil extracontractual por el hecho de ajeno a que alude el art\u00edculo 2347 del C. Civil, descartando en consecuencia la aplicaci\u00f3n del Art. 2356 ib\u00eddem y el sistema de responsabilidad por actividades peligrosas que tiene fundamento en este \u00faltimo precepto, el cual, seg\u00fan la jurisprudencia, \u201c\u2026 no deja de tener operancia (\u2026.) por la simple circunstancia de que el da\u00f1o reclamado se haya producido por la colisi\u00f3n de dos cosas que puedan, in abstracto, entenderse como peligrosas – dos veh\u00edculos automotores -, sin considerar el estado de actividad o de inercia en que se encontraban los objetos al momento del accidente..\u201d, de donde se desprende, entonces, que cuando el demandante en su condici\u00f3n de v\u00edctima del accidente no estaba en ejercicio de la se\u00f1alada actividad por encontrarse el automotor que conduc\u00eda detenido, \u201c\u2026. contra \u00e9l no cabe extender la presunci\u00f3n de culpabilidad del Art. 2356, pero en cambio s\u00ed procede contra quienes resulten ser guardianes de la actividad peligrosa desplegada por el otro veh\u00edculo que estando en movimiento atropella al primero \u2026\u201d. <\/p>\n
b) No tuvo en cuenta el Tribunal que el r\u00e9gimen de culpabilidad presunta que establece el citado art\u00edculo 2356, alcanza por igual a toda persona natural o jur\u00eddica que tenga la condici\u00f3n de \u201cguardi\u00e1n de la actividad y no solamente al autor material y directo del da\u00f1o. <\/p>\n
c) Tambi\u00e9n ignor\u00f3 el sentenciador que una falla mec\u00e1nica del veh\u00edculo en su sistema de frenos por ruptura de una pieza no puede catalogarse como caso fortuito eximente, habida consideraci\u00f3n que cualquiera que sea la \u00edndole del desperfecto interno o inherente al funcionamiento de la \u201ccosa peligrosa\u201d, ella siempre formar\u00e1 parte de la esfera jur\u00eddica propia del \u201cguardi\u00e1n\u201d en un estado de interioridad f\u00edsica y jur\u00eddica que no permite en modo alguno la ameritada calificaci\u00f3n. <\/p>\n
3. En resumen y despu\u00e9s de traer extensas citas de expositores nacionales y extranjeros, el recurrente concluye diciendo que \u201c\u2026el Tribunal se equivoc\u00f3 en la selecci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del derecho objetivo llamado a regular el asunto, por cuanto no dio aplicaci\u00f3n al Art. 2356 del estatuto civil a pesar de tener por acreditado que el accidente sucedi\u00f3 cuando el bus que ven\u00eda sin frenos, desplegando una actividad peligrosa, arroll\u00f3 a la camioneta que se encontraba quieta en estado de inercia; por lo mismo, no acudi\u00f3 como era menester a la presunci\u00f3n de culpabilidad en contra de los demandados en su calidad de conductor, propietario y empresa afiliadora (\u2026..); y para rematar, tambi\u00e9n por error de comprensi\u00f3n de la norma citada y del Art. 1\u00ba de la Ley 95 de 1890, y aunque tuvo por probado que la causa del accidente residi\u00f3 en una falla interna del citado bus, extrajo la consecuencia equivocada de exonerar a los demandados por caso fortuito, sin recaer en que, adem\u00e1s de aceptar el propio Tribunal que el prove\u00eddo penal absolutorio en favor del conductor del bus no hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada en el presente proceso, el contenido y alcance de la figura civil de la responsabilidad por actividades peligrosas no permite considerar como causa ajena o extra\u00f1a al guardi\u00e1n de tal actividad los vicios o defectos mec\u00e1nicos que sufra o presente la respectiva cosa, aunque se repite, dicha falla en el automotor haya sido considerada como caso fortuito en proceso penal seguido contra su conductor\u2026\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Por ser esa la doctrina sobre la cual descansa sin duda alguna el art\u00edculo 2341 del C. C., se tiene por verdad sabida que quien por s\u00ed o por medio de sus agentes causa a otro un da\u00f1o, originado en hecho o culpa suya, est\u00e1 obligado a resarcirlo, lo que equivale a decir que quien reclame a su vez indemnizaci\u00f3n por igual concepto, tendr\u00e1 que demostrar, en principio, el perjuicio padecido, el hecho intencional o culposo atribuible al demandado y la existencia de un nexo adecuado de causalidad entre ambos factores. <\/p>\n
Sin embargo, cuando el da\u00f1o tiene origen en una actividad susceptible de ser considerada como peligrosa, la jurisprudencia, con apoyo en el art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil, (G. J. Tomo L. P\u00e1g. 439), igualmente ha implantado un r\u00e9gimen conceptual y probatorio cuya misi\u00f3n no es otra que la de favorecer a las v\u00edctimas de ciertos accidentes en que el hombre, utilizando en sus propias labores fuerzas de las que no puede tener siempre absoluto control y que por lo tanto son aptas para romper el equilibrio antes existente, de hecho ha colocado a los dem\u00e1s asociados bajo el riesgo inminente de recibir lesi\u00f3n. <\/p>\n
2. De acuerdo con lo anterior y seg\u00fan el compendio de los fundamentos del fallo acusado, se detecta un primer yerro jur\u00eddico de estricta \u00edndole jur\u00eddica, puesto que el sentenciador desplaz\u00f3 el examen de la cuesti\u00f3n litigiosa hacia una responsabilidad civil por el hecho ajeno \u2013 art\u00edculo 2347 del C\u00f3digo Civil, sin parar mientes en que la misma deb\u00eda orientarse por la doctrina que rige la que deriva del ejercicio de actividades peligrosas, cuyo puntal normativo es el art\u00edculo 2356 ib\u00eddem; equivocaci\u00f3n que, a su turno, lo condujo a neutralizar las presunciones de culpa que en principio obraban contra ambas partes, sin entrar a verificar, por causa de ese error, cu\u00e1l actividad fue la que incidi\u00f3 realmente en la causaci\u00f3n del da\u00f1o. <\/p>\n
Ahora bien, el reconocimiento de este primer error de diagn\u00f3stico jur\u00eddico se verifica con el fin de corregir la tesis del Tribunal y no exactamente como consecuencia de la acusaci\u00f3n formulada en el cargo primero, el cual, en el fondo, se desplaza a considerar los hechos de otra manera a como los concibi\u00f3 el Tribunal, lo cual no resulta compatible con la violaci\u00f3n directa de la ley que en \u00e9l se denuncia; y, sobre todo, porque viene a ser necesario dejar sentado cu\u00e1l es la norma aplicable a la especie de este litigio, dado que, como se ver\u00e1 a continuaci\u00f3n, la acusaci\u00f3n s\u00ed apunta correctamente a desquiciar el planteamiento jur\u00eddico que hizo el Tribunal para reconocer el caso fortuito como causa extra\u00f1a que releva de responsabilidad a los demandados. <\/p>\n
3. En lo que se acaba de anunciar, dada la prosperidad del cargo tercero y los efectos que produce, s\u00f3lo queda por examinar el cargo primero en lo que ata\u00f1e con la empresa transportadora demandada, \u00fanica apelante. A ese prop\u00f3sito y en lo que concierne con la impugnaci\u00f3n en casaci\u00f3n, pronto se descubre el error de car\u00e1cter netamente jur\u00eddico en que incurri\u00f3 el sentenciador, quien le dio al caso fortuito una categor\u00eda legal que no tiene, sin la cual no se hubieran dado las conclusiones probatorias a que lleg\u00f3 para deducir que la falla mec\u00e1nica que present\u00f3 el bus afiliado a Transportes R\u00e1pido Tolima S. A. constitu\u00eda un hecho suficiente para excluir la responsabilidad civil de \u00e9sta; error jur\u00eddico que, como se ver\u00e1, por fuerza de lo que se explicar\u00e1 en el fallo sustitutivo, tiene trascendencia para definir en \u00faltimas la responsabilidad contra dicha sociedad. <\/p>\n
En verdad, dando por entendido, en contra de la afirmaci\u00f3n que en sentido opuesto hace la sentencia en cuesti\u00f3n, que entre las nociones de caso fortuito y de fuerza mayor contempladas a la luz del Art. 1\u00ba de la Ley 95 de 1890 y otras disposiciones que a ellas aluden como los art\u00edculos 1604, 1616, 1731 y 1733 del C. Civil, no existe realmente diferencia apreciable en t\u00e9rminos de la funci\u00f3n que ambas est\u00e1n llamadas a cumplir en el \u00e1mbito de la legislaci\u00f3n civil vigente seg\u00fan ha tenido oportunidad de puntualizarlo esta corporaci\u00f3n (G. J. T. CXCVI, P\u00e1g. 91), corresponde ahora hacer \u00e9nfasis en que estas expresiones normativas se refieren, esencialmente, a acontecimientos an\u00f3nimos, imprevisibles, irresistibles y externos a la actividad del deudor o de quien se pretende lo sea, demostrativos en cuanto tales de una causa extra\u00f1a que a este no le sea imputable. <\/p>\n
As\u00ed, pues, la cuesti\u00f3n del caso fortuito liberatorio o de fuerza mayor, al menos por norma general, no admite ser solucionada mediante una simple clasificaci\u00f3n mec\u00e1nica de acontecimientos apreciados en abstracto como si de algunos de ellos pudiera decirse que por s\u00ed mismos, debido a su naturaleza espec\u00edfica, siempre tienen tal condici\u00f3n, mientras que otros no. En cada evento es necesario estudiar las circunstancias que rodearon el hecho con el fin de establecer si, frente al deber de conducta que aparece insatisfecho, re\u00fane las caracter\u00edsticas que indica el Art. 1\u00ba de la Ley 95 de 1890, tarea en veces dificultosa que una arraigada tradici\u00f3n jurisprudencial exige abordar con severidad. <\/p>\n
Esos rasgos por los que es preciso indagar, distintivos del caso fortuito o de fuerza mayor, se sintetizan en la imposibilidad absoluta de cumplir derivada de la presencia de un obst\u00e1culo insuperable unida a la ausencia de culpa del agente cuya responsabilidad se pretende comprometer (G. J. T. XLII, p\u00e1g. 54) y son, en consecuencia, los siguientes: <\/p>\n
a) Que el hecho sea imprevisible, esto es que en condiciones normales haya sido lo suficientemente probable para que ese agente, atendido su papel espec\u00edfico en la actividad que origina el da\u00f1o, haya podido precaverse contra el, aunque por lo dem\u00e1s, respecto del acontecimiento de que se trata, haya habido, como la hay de ordinario para la generalidad de los sucesos, alguna posibilidad vaga de realizaci\u00f3n, factor este \u00faltimo con base en el cual ha sostenido la jurisprudencia que \u201c\u2026 cuando el acontecimiento es susceptible de ser humanamente previsto, por mas s\u00fabito y arrollador de la voluntad que parezca, no genera el caso fortuito ni la fuerza mayor\u2026\u201d (G. J. Tomos. LIV, p\u00e1gina, 377, y CLVIII, p\u00e1gina 63). <\/p>\n
b) Que el hecho sea irresistible en el sentido estricto de no haberse podido evitar su acaecimiento ni tampoco sus consecuencias, colocando al agente – sojuzgado por el suceso as\u00ed sobrevenido- en la absoluta imposibilidad de obrar del modo debido, habida cuenta que si lo que se produce es tan solo una dificultad m\u00e1s o menos acentuada para enfrentarlo, tampoco se configura el fen\u00f3meno liberatorio del que viene haci\u00e9ndose m\u00e9rito; y, <\/p>\n
c) Que el mismo hecho, imprevisible e irresistible, no se encuentre ligado al agente, a su persona ni a su industria, de modo tal que ocurra al margen de una y otra con fuerza inevitable, por lo que bien puede decirse, siguiendo ense\u00f1anzas de la doctrina cient\u00edfica inspirada a su vez en jurisprudencia federal suiza (Andreas Von Thur. Tratado de las Obligaciones. Tomo II, Cap. VII, P\u00e1g. 68), que para poder reconocer conforme a derecho un caso fortuito con el alcance eximente que en la especie litigiosa en estudio sirvi\u00f3 para exonerar de responsabilidad a la compa\u00f1\u00eda transportadora demandada, ha de tratarse de \u201c\u2026 un acontecimiento extraordinario que se desata desde el exterior sobre la industria, acontecimiento imprevisible y que no hubiera sido posible evitar aun aplicando la mayor diligencia sin poner en peligro toda la industria y la marcha econ\u00f3mica de la empresa y que el industrial no ten\u00eda porqu\u00e9 tener en cuenta ni tomar en consideraci\u00f3n..\u201d, de suerte que en sana l\u00f3gica se impone concluir, siguiendo este criterio, que las fallas en el mecanismo u operaci\u00f3n de ciertas cosas o actividades peligrosas, de cuyo buen funcionamiento y ejecuci\u00f3n exenta de peligros es garante el empresario frente a potenciales v\u00edctimas seg\u00fan se dej\u00f3 visto l\u00edneas atr\u00e1s en la primera parte de estas consideraciones, por faltarles el requisito de exterioridad nunca pueden configurar, en la modalidad de caso fortuito o de fuerza mayor, una causa exoneratoria capaz de contrarrestar la presunci\u00f3n de culpa que consagra el Art. 2356 del C. Civil. <\/p>\n
4. De acuerdo con lo anterior, debe se\u00f1alarse, en contra de la inteligencia que a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica involucrada le dio el sentenciador, que aun acept\u00e1ndose que tuvo lugar una falla mec\u00e1nica irresistible en sus consecuencias e imprevisible, cosa por dem\u00e1s dudosa frente a los argumentos demostrativos que suministra el expediente, lo cierto es que una circunstancia de tal naturaleza, por no serle extra\u00f1a a la actividad desplegada, en manera alguna puede configurar un caso fortuito o de fuerza mayor en los t\u00e9rminos que esta noci\u00f3n se encuentra definida en el Art. 1\u00ba de la Ley 95 de 1890; y siempre en consideraci\u00f3n a que de tiempo atr\u00e1s la jurisprudencia ha encontrado sinonimia entre uno y otro fen\u00f3meno, cuya distinci\u00f3n hecha equivocadamente por el sentenciador lo llev\u00f3 a examinar un hecho imputable a los sujetos responsables de la actividad peligrosa, como si se tratara de un caso fortuito. <\/p>\n
5. En esas circunstancias, estima la Corte, entonces, que el acontecimiento presentado, la falla mec\u00e1nica, no re\u00fane los requisitos legales indispensables para que valga como eximente de responsabilidad, por lo cual el Tribunal al tenerlo como tal, con argumentos de naturaleza estrictamente jur\u00eddicas, y por los cuales decidi\u00f3 absolver a los demandados de las pretensiones contra ellos invocadas en la demanda, infringi\u00f3 el precepto reci\u00e9n citado e igualmente el art\u00edculo 2356 del C\u00f3digo Civil, por lo que el cargo est\u00e1 llamado a prosperar. <\/p>\n
LA SENTENCIA SUSTITUTIVA: <\/p>\n
1. Como se anot\u00f3 al despachar el cargo tercero, la sentencia materia de apelaci\u00f3n s\u00f3lo ata\u00f1e con la responsabilidad civil por la que se conden\u00f3 a la sociedad Transportes R\u00e1pido Tolima S. A., \u00fanica apelante, pues los otros demandados no impugnaron el fallo de primera instancia; frente a \u00e9stos simplemente ser\u00e1 confirmado el mismo. <\/p>\n
2. En punto de la sociedad apelante, adem\u00e1s de lo que se dijo al despachar el cargo primero, es decir, que la responsabilidad civil que le cabe resulta del ejercicio de las actividades peligrosas, cuyo puntal de orden legal es el art\u00edculo 2356 del C. Civil., y que jur\u00eddicamente no es posible darle cabida a la falla mec\u00e1nica que se aleg\u00f3 como fuerza mayor o caso fortuito, la Corte debe a\u00f1adir que en trat\u00e1ndose del accidente de tr\u00e1nsito que se produce por la colisi\u00f3n de dos veh\u00edculos, los que por tanto concurren a la realizaci\u00f3n del da\u00f1o, la jurisprudencia ha concebido, en principio, que sucedido aqu\u00e9l estando en movimiento ambos automotores, igualmente \u201cambas partes est\u00e1n bajo la presunci\u00f3n de culpa que determina el ejercicio de actividades peligrosas frente al da\u00f1o causado\u201d, lo que en su caso determina recurrir a las reglas generales de responsabilidad civil que exigen la constataci\u00f3n de la culpa del demandado, el da\u00f1o y la relaci\u00f3n de causalidad entre uno y otro, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 2341 del C. C. (Sentencia de casaci\u00f3n de 25 de febrero de 1.997). <\/p>\n
Empero, en reciente fallo, esta Corporaci\u00f3n ha descartado tal neutralizaci\u00f3n de las presunciones de culpa que cobijan a los implicados, al menos como principio absoluto; a ese respecto se\u00f1al\u00f3 que \u201ctal regla no puede formularse en los t\u00e9rminos tan gen\u00e9ricos e indiscriminados en los que se ha venido planteando, toda vez que en lugar de rendir tributo a los imperativos de justicia en los que est\u00e1 inspirada, puede llegar a constituirse en fuente de graves iniquidades, socavando de ese modo los cimientos cardinales de la responsabilidad civil extracontractual; por supuesto que cuando un da\u00f1o se produce por la concurrencia de sendas actividades peligrosas (la de la v\u00edctima y la del agente), en lugar de colegir maquinalmente la aniquilaci\u00f3n de la presunci\u00f3n de culpa que favorece al damnificado, el juez deber\u00e1 establecer si realmente a ella hay lugar en ese caso concreto, juicio para cuya elaboraci\u00f3n deber\u00e1 tomar en consideraci\u00f3n la peligrosidad de ambas, la incidencia de cada una en el percance o la virtualidad da\u00f1ina de la una frente a la otra. M\u00e1s exactamente, la aniquilaci\u00f3n de la presunci\u00f3n de culpas por concurrencia de actividades peligrosas en la generaci\u00f3n de un da\u00f1o, presupone que el juez advierta, previamente, que en las espec\u00edficas circunstancias en las que se produjo el accidente, exist\u00eda cierta equivalencia en la potencialidad da\u00f1ina de ambas, pues de no darse esa correspondencia, gravitar\u00e1 siempre en favor de la v\u00edctima la presunci\u00f3n de que el demandado fue el responsable del perjuicio cuya reparaci\u00f3n demanda. En todo caso, nada impide, no obstante la convergencia de las dos actividades peligrosas en la producci\u00f3n del da\u00f1o, que el actor, siguiendo las reglas generales trazadas por el art\u00edculo 2341 del C\u00f3digo Civil, demuestre la culpa del demandado\u201d (Sentencia de 9 de mayo de 1.999). <\/p>\n
3. Quiere decir lo anterior que desde un punto de vista jur\u00eddico en caso tal de concurrencia, constituye punto esencial determinar la incidencia que el ejercicio de la actividad de cada una de las partes tuvo en la realizaci\u00f3n del da\u00f1o, o sea establecer el grado de potencialidad da\u00f1ina que puede predicarse de uno u otro de los sujetos que participaron en su ocurrencia, lo que se traduce en que debe verse cu\u00e1l ejercicio fue causa determinante del da\u00f1o, o en qu\u00e9 proporci\u00f3n concurrieron a su ocurrencia; de modo tal que no d\u00e1ndose una correspondencia o equivalencia entre tales actividades, queda a\u00fan el demandante con el favor de la presunci\u00f3n de que el demandado fue el responsable del perjuicio cuya reparaci\u00f3n se reclama. <\/p>\n
Seg\u00fan lo anterior, basta determinar, entonces, cu\u00e1l fue la causa determinante del da\u00f1o para deducir qui\u00e9n corre con la carga de indemnizar los perjuicios, e in\u00fatil ser\u00e1, si ella pesa contra la demandada, como guardi\u00e1n de la actividad peligrosa por cuyo ejercicio realmente se caus\u00f3 el da\u00f1o, que \u00e9stos intenten establecer que observaron la diligencia debida; se da as\u00ed entrada legal a un singular mecanismo de atribuci\u00f3n de dicha deuda de reparaci\u00f3n, el cual en \u00faltimo t\u00e9rmino y para los fines que aqu\u00ed importa tener presentes, consiste en imputarle el resultado da\u00f1oso, en virtud del principio de control del peligro y atendidas las caracter\u00edsticas de los riesgos espec\u00edficos inherentes a determinado tipo de empresa o explotaci\u00f3n, al patrimonio de quien, ten\u00eda la potestad de dominar de ejercer tales controles y de impedir aqu\u00e9l resultado; de donde se sigue, por obvia inferencia, que su defensa no puede plantearse con \u00e9xito en el terreno de la culpabilidad sino en el de la causalidad, rindiendo la prueba de lo que se ha convenido en denominar \u201cla causa externa exoneratoria\u201d, originada en el caso fortuito o fuerza mayor, en el hecho de la v\u00edctima o en el hecho de un tercero. <\/p>\n
Desde luego hay que advertir que al momento de verificar contra qui\u00e9n se dirige la demanda de responsabilidad civil derivada del ejercicio de las actividades peligrosas, la cuesti\u00f3n debe ser examinada seg\u00fan quienes sean sus guardianes, perspectiva desde la cual se comprenden por pasiva todas aquellas personas naturales o jur\u00eddicas de quienes se pueda predicar potestad, uso, mando, control o aprovechamiento efectivo del instrumento mediante el cual se realizan aqu\u00e9llas actividades. <\/p>\n
4. Tra\u00eddas al caso las anteriores directrices se observa y concluye lo siguiente: que entre los demandados se encuentra la nombrada sociedad transportadora, quien como tal era uno de los guardianes del ejercicio de la actividad peligrosa que ejerce por medio de los veh\u00edculos afiliados a dicha empresa, entre ellos el bus de que aqu\u00ed se trata; que, como consecuencia del ejercicio de dicha actividad, se produjo el da\u00f1o por el cual se le reclama responsabilidad civil solidaria; y que el medio de defensa que adujo, la falla mec\u00e1nica, no constituye fuerza mayor o caso fortuito y por ende no lo exonera de la misma. <\/p>\n
De otro lado, el veh\u00edculo contra el cual colision\u00f3 el bus no tuvo ninguna incidencia en la causaci\u00f3n del da\u00f1o, puesto que si bien los dos veh\u00edculos serv\u00edan de instrumento para el ejercicio de una actividad peligrosa como quiera que estaban en circulaci\u00f3n; situaci\u00f3n que no se desvirt\u00faa, per se, por el hecho de que uno de ellos se haya detenido en el peaje por imposici\u00f3n de disposiciones de tr\u00e1nsito que mandan parar la marcha con el objeto de realizar un pago; sin embargo, descarta cualquier incidencia de la detenci\u00f3n de dicho veh\u00edculo en la realizaci\u00f3n del da\u00f1o, pues, antes bien, fue el conductor y el pasajero del mismo quienes, desprevenidos, recibieron el impacto. En fin, tambi\u00e9n el da\u00f1o se halla demostrado y cuantificado en la forma que dijo el juez a quo. <\/p>\n
5. Resulta de todo lo expuesto, entonces, que no se equivoc\u00f3 el juez de primera instancia al proferir condena en contra de la demandada apelante, lo que, aunado a que la condena impuesta a los otros demandados no ha sido objeto de impugnaci\u00f3n, implica que debe impartirse integral confirmaci\u00f3n a la sentencia apelada, como lo solicit\u00f3 la parte recurrente en casaci\u00f3n; sin embargo, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 307 del C. de P.C., para la concreci\u00f3n y actualizaci\u00f3n de las condenas sujetas a correcci\u00f3n monetaria, se dispondr\u00e1 en la parte resolutiva que ellas se concretar\u00e1n hasta la fecha de pago, seg\u00fan el certificado que expida el Banco de la Rep\u00fablica sobre la p\u00e9rdida del valor adquisitivo del peso. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de las consideraciones precedentes, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, C A S A la sentencia de fecha siete (7) de julio de 1994, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 en el proceso ordinario de la referencia, y actuando en sede de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Confirmar la sentencia dictada por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 en este proceso con fecha cinco (5) de agosto de 1990; a la cual \u00fanicamente se agrega que las condenas impuestas a la sociedad de Transportes R\u00e1pido Tolima S.A.; para los efectos previstos en el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 307 del C. de P.C y para la efectividad de las condenas impuestas, las sumas que, seg\u00fan dicha sentencia quedan sujetas a correcci\u00f3n monetaria, se actualizar\u00e1n hasta la fecha de pago con base en el certificado que al efecto y sobre la p\u00e9rdida del valor adquisitivo del peso expida el Banco de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
Las costas en segunda instancia son de cargo de la \u00fanica apelante. <\/p>\n
Ante su prosperidad, no hay lugar a imponer costas derivadas del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
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S-104-99 [5220] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Silvio Fernando Trejos Bueno Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 D.C., veintis\u00e9is (26) de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).- Referencia: […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81707","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81707","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81707"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81707\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81707"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81707"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81707"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}