S-106-99 [5035]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
DR. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
Rad. Expediente 5035 <\/p>\n
Decide la Corte el recurso extraordinario de casaci\u00f3n propuesto por la parte demandada contra la sentencia del 13 de abril de 1994, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro del proceso ordinario adelantado por YAMILE RODRIGUEZ GOMEZ, quien act\u00faa en nombre y representaci\u00f3n de su menor hija ANA PAOLA GELVES RODRIGUEZ, contra \u00abAEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A. -AVIANCA- \u00ab. <\/p>\n
A N T E C E D E N T E S: <\/p>\n
1. Se pretende en la demanda que se declare a la empresa demandada como civilmente responsable de los perjuicios que a la parte actora le ha causado la muerte del se\u00f1or JOSE TEODULO GELVEZ GELVEZ, cuya indemnizaci\u00f3n reclama de la siguiente forma: <\/p>\n
a) Por concepto de perjuicios materiales, \u00ab….de acuerdo con la tabla de GARUFFA, utilizada por la Honorable Corte Suprema de Justicia -Sala Civil-, la cantidad de mil treinta y dos millones de pesos (1.032.000.000,oo) M\/cte., o subsidiariamente, la indemnizaci\u00f3n prevista legalmente por presunci\u00f3n de culpa aquiliana, que en el presente caso ser\u00eda de veinticinco mil (25.000) gramos oro puro, al precio que determine el Banco de la Rep\u00fablica…\u00bb <\/p>\n
b) Por concepto de perjuicios morales, el equivalente en pesos de mil gramos de oro puro. <\/p>\n
\u00ab…Como consecuencia de las anteriores declaraciones y condenas, subsidiariamente, se condene a la empresa demandada a pagar la correcci\u00f3n monetaria, el lucro cesante pasado o consolidado entre la fecha del accidente y la de la sentencia, debidamente actualizado, el lucro cesante futuro entre esta \u00faltima fecha y el resto de per\u00edodo indemnizable. Sobre el lucro cesante pasado o consolidado se liquidar\u00e1 los intereses legales compensatorios que se hubiesen causado…\u00bb <\/p>\n
\u00ab…Subsidiariamente solicit\u00f3 dictar sentencia de condena ingenere (sic.), si es que no aparece demostrada la cuant\u00eda de los perjuicios materiales….\u00bb <\/p>\n
2. Los supuestos f\u00e1cticos que soportan tales peticiones, en s\u00edntesis, son los siguientes: <\/p>\n
El d\u00eda de 17 de marzo de 1988, hacia la una de la tarde, el se\u00f1or JOSE TEODULO GELVEZ GELVEZ abord\u00f3 en el aeropuerto \u00abCAMILO DAZA\u00bb de C\u00facuta, la aeronave HK 1716 de propiedad de la empresa \u00abAEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A. -AVIANCA-\u00ab, que cumpl\u00eda el vuelo 410 con destino a Barranquilla. <\/p>\n
Pocos minutos despu\u00e9s del decolaje, el avi\u00f3n se estrell\u00f3 contra el cerro \u00abEl ESPARDILLO\u201d, ubicado en el Municipio del Zulia, en Norte de Santander, colisi\u00f3n a ra\u00edz de la cual perdi\u00f3 la vida el aludido pasajero. <\/p>\n
Es un hecho notorio, agrega el demandante, que la tragedia se origin\u00f3 por el descuido del Capit\u00e1n de la aeronave, quien omiti\u00f3 la planificaci\u00f3n del vuelo, no supervis\u00f3 la operaci\u00f3n de decolaje que realizaba el copiloto y, adem\u00e1s, toler\u00f3 la interferencia de un tercero en la cabina de mando del avi\u00f3n. <\/p>\n
La sucesi\u00f3n de JOSE TEODULO GELVEZ GELVEZ se tramit\u00f3 en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de C\u00facuta, despacho que, luego de reconocer a la menor ANA PAOLA GELVEZ como \u00fanica heredera, le adjudic\u00f3 los bienes de la herencia que ascienden a la suma a unos mil millones de pesos. La ni\u00f1a depend\u00eda econ\u00f3micamente de su padre, pues en ese entonces solo ten\u00eda 11 meses y 3 d\u00edas de edad. <\/p>\n
A su vez, el causante contaba con 25 a\u00f1os de edad en la \u00e9poca del siniestro, era industrial y comerciante con \u00e9xito, obten\u00eda de su profesi\u00f3n ingresos anuales superiores a $90.000.000,oo, fruto de las diversas transacciones comerciales que realizaba; de los dividendos que las sociedades \u00abARROCERAS GELVEZ LTDA.\u00bb, \u00abLADRILLERA CASABLANCA LTDA.\u00bb y \u00abHOTELES CASABLANCA LTDA\u00bb le procuraban; y de las rentas provenientes del arrendamiento de sus fincas. <\/p>\n
De conformidad con estas estimaciones, \u00ab…corresponde al causante la suma de siete millones quinientos mil pesos ($7.500.000,oo) por cada mes…\u00bb, cantidad de la cual se descuenta un 5%, esto es, $350.000,oo, que es el dinero que la v\u00edctima destinaba para la satisfacci\u00f3n de sus necesidades. Multiplicado el excedente por el n\u00famero de meses transcurridos desde el siniestro hasta la demanda, se obtiene la suma de $450.000.000,oo, que es la indemnizaci\u00f3n debida o \u00abconsolidada actualmente\u00bb. La indemnizaci\u00f3n futura asciende al monto de $1.032.000.000,oo, pues, teniendo en cuenta la tabla de supervivencia de la Superintendencia Bancaria, se calcula que la v\u00edctima, de no ser por el accidente, habr\u00eda sobrevivido 50 a\u00f1os m\u00e1s, tasa frente a la cual en las tablas de GARUFFA aparece el factor 11.470, que multiplicado por el ingreso anual arroja la cantidad atr\u00e1s mencionada. <\/p>\n
<\/p>\n
Debe indemnizarse, finalmente, el da\u00f1o causado al \u00abpatrimonio moral\u00bb de la menor, el menoscabo de \u00absus sentimientos de sangre, amor, amparo, irreparables…\u00bb, perjuicio que debe tasarse en una cantidad que oscile entre $500.000,oo y mil gramos de oro. <\/p>\n
3. Enterada la parte demandada del libelo, dijo desconocer todos los hechos que la fundamentan, se opuso a las pretensiones que all\u00ed se le enfrentaron y propuso las excepciones que denomin\u00f3 \u00abcarencia de causa\u00bb e \u00abinexistencia de los derechos pretendidos y las obligaciones demandadas\u00bb, las cuales hizo consistir, b\u00e1sicamente, en que no incurri\u00f3 en culpa \u00abin eligendo\u00bb o \u00abin vigilando\u00bb de la tripulaci\u00f3n, raz\u00f3n por la cual \u00abel siniestro debe imputarse a un error de conducta de la tripulaci\u00f3n que al obrar en sentido contrario al establecido por el Manual de Reglamentos Aeron\u00e1uticos y las disposiciones concordantes y complementarias, se convirtieron en terceros respecto de la empresa demandada y v\u00edctimas de su propia conducta…\u00bb , am\u00e9n de que, seg\u00fan \u00ablas nuevas teor\u00edas\u00bb la sociedad demandada puede alegar en su defensa, el que actu\u00f3 de manera prudente y cuidadosa. <\/p>\n
4. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de C\u00facuta, puso fin a la primera instancia con sentencia estimatoria de las pretensiones de la actora, en la que conden\u00f3 a la demandada a pagar, \u201cpor lucro cesante pasado consolidado\u201d, la suma de $18.118.600,oo, con \u201ccorrecci\u00f3n monetaria desde la fecha del \u00f3bito del causante hasta la fecha de este fallo\u201d; $46.205.836,25 por concepto de lucro cesante futuro, \u201ccon la correspondiente correcci\u00f3n monetaria a partir de la fecha de este fallo hasta su cancelaci\u00f3n definitiva\u201d; y, por concepto de perjuicios morales la suma de $409.524,oo. Se abstuvo, finalmente, de condenarla al pago de los intereses legales compensatorios con cargo al lucro cesante pasado consolidado. <\/p>\n
Tal providencia fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta al despachar el recurso de alzada propuesto por la empresa demandada. <\/p>\n
LAS RAZONES DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Sin proleg\u00f3menos de ninguna especie, asent\u00f3 el Tribunal que la apelaci\u00f3n que despachaba \u00ab…se reduce al reproche que hace el recurrente a las declaraciones de condena, en especial `los numerales a), b) y c) y el agregado de la correcci\u00f3n monetaria…'\u00bb. <\/p>\n
Tras destacar el an\u00e1lisis probatorio efectuado por el a-quo y que lo llev\u00f3 a concluir que la empresa demandada era civilmente responsable del percance del 17 de marzo de 1988, rememora que el causante, quien se encontraba dedicado a las actividades industriales y comerciales, ten\u00eda 25 a\u00f1os de edad, mientras que su hija, la demandante, tan solo ten\u00eda 11 meses y tres d\u00edas. Sin hilvanaci\u00f3n alguna, pas\u00f3 a decir, entonces, que el da\u00f1o puede ser material o moral, y que el material comprende el da\u00f1o emergente y el lucro cesante. Que el da\u00f1o producido por la muerte de una persona puede reclamarse a t\u00edtulo personal o bien para la sucesi\u00f3n. Que cuando \u00ab…estamos hablando de un da\u00f1o debe entenderse que se ha afectado la productividad del fallecido…\u00bb. La menor demandante, por causa del accidente, sufri\u00f3 un perjuicio inmenso, pues dej\u00f3 de percibir los ingresos que su padre le procuraba. En el proceso se practicaron dos dict\u00e1menes periciales, el segundo de ellos, a efectos de resolver la objeci\u00f3n que por error grave contra el primero se propuso. <\/p>\n
El numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 238 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, a\u00f1adi\u00f3, le permite al juez sopesar la experticia y tomar de ella los elementos que considere convenientes. El primer dictamen \u00abno fue afortunado\u00bb pues part\u00eda de una apreciaci\u00f3n subjetiva. El segundo fue increpado por el a-quo en cuanto que no era de recibo el aval\u00fao del da\u00f1o \u00abcomo heredera\u00bb de la demandante, porque es una acci\u00f3n distinta a la ejercitada, raz\u00f3n por la cual, aqu\u00e9l, con buen criterio, aclar\u00f3 que no se genera lucro cesante hereditario, sino que el da\u00f1o es \u00abde \u00edndole personal para la persona perjudicada\u00bb con el accidente, am\u00e9n de que aquel tambi\u00e9n le reprocha que no tuvo en cuenta la vida probable del beneficiario, ni la del causante. <\/p>\n
Todas estas razones, agreg\u00f3 el Tribunal, llevaron al Juez de primera instancia a realizar una serie de operaciones encaminadas a fijar el monto de la indemnizaci\u00f3n, haciendo \u00e9nfasis en el derecho de la menor a recibir sus alimentos, situaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil, en la ley 75 de 1968, la ley 1a de 1976 y en la ley 29 de 1982. \u00abCon l\u00f3gica raz\u00f3n y acertado criterio, considera el Juez de conocimiento que ese derecho natural que tiene la menor a percibir sus alimentos no puede verse truncado por la desaparici\u00f3n de su padre\u00bb. <\/p>\n
Las bases que tom\u00f3 el a-quo para realizar la liquidaci\u00f3n, prosigui\u00f3, se encuentran en el segundo dictamen, el cual no fue objetado por las partes. Pueden, adem\u00e1s, los peritos recibir informes de terceros, seg\u00fan lo dispone el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 237 del C. de P.C., de lo cual deben dejar constancia, cual aqu\u00ed sucedi\u00f3. \u00abEl juez en su sabidur\u00eda podr\u00e1 recibir los testimonios si los estima necesarios, conforme a la norma en menci\u00f3n\u00bb. Luego no puede decirse que se sorprendi\u00f3 a las partes con una prueba que no fue debidamente controvertida. <\/p>\n
Afirm\u00f3, igualmente, el sentenciador, que si bien, a su edad, la menor no discierne sobre lo que es el dolor, lo cierto es que ella crecer\u00e1 afectada por la ausencia de su padre. <\/p>\n
Y en lo que ata\u00f1e con la correcci\u00f3n monetaria aplicada por el Juzgado, debe entenderse que \u201ces una medida sana\u201d porque vela por los intereses de quien ha sido favorecido por un fallo, pero que no ha podido recibir ese dinero, situaci\u00f3n que se hace gravosa por la cotidiana depreciaci\u00f3n de la moneda. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Cinco cargos se enfilan en ella contra la sentencia recurrida, el primero de los cuales se apoya en la causal segunda de casaci\u00f3n, mientras que los dem\u00e1s encuentran sustento en la primera de las causales de que trata el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, cargos que ser\u00e1n examinados por la Corte en el orden l\u00f3gico que les corresponde, m\u00e9todo que conduce, entonces, a empezar por el cuarto que, apoyado en el numeral 1\u00b0 del citado art\u00edculo, ataca de manera integral la sentencia; seguidamente se decidir\u00e1 el tercero, luego el quinto, despu\u00e9s el primero y, finalmente, el segundo. <\/p>\n
Con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n se acusa la sentencia recurrida de quebrantar indirectamente, por aplicaci\u00f3n indebida, el art\u00edculo 8\u00b0 de la ley 153 de 1887; los art\u00edculos 2341, 2356, 1613, 1614 y 411 (con las modificaciones que le introdujeron la ley 75 de 1968, 1a. de 1976 y 29 de 1982) del C\u00f3digo Civil; 822, 1006, 1738, 1880 y 2072 del C\u00f3digo de Comercio; 106 y 107 del C\u00f3digo Penal, y por falta de aplicaci\u00f3n, el art\u00edculo 305 del C. de P.C., a consecuencia de errores de derecho cometidos en la apreciaci\u00f3n del informe del accidente de aviaci\u00f3n elaborado por \u00abel D.A.A.C., con violaci\u00f3n medio de los art\u00edculos 174, 177,183, 187, 243, 251, 252, 258 y 264 del C. de P.C.\u00bb <\/p>\n
Emprende el casacionista la sustentaci\u00f3n del cargo afirmando que el susodicho informe tuvo decisiva influencia en la decisi\u00f3n recurrida pues sirvi\u00f3 de fundamento en la sentencia de primer grado, que fue confirmada por el Tribunal, para desestimar las excepciones de fondo propuestas por la defensa y se dio por acreditado el nexo causal entre la culpa y el da\u00f1o. <\/p>\n
Tras citar en lo pertinente las razones del Juzgado, afirma el recurrente que de la revisi\u00f3n de la actuaci\u00f3n para observar que se omiti\u00f3 correr traslado del informe del \u00abD.A.A.C.\u00bb, traslado que la ley exige de manera imperativa. Agrega que el mismo informe fue remitido tambi\u00e9n por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, pero en este caso tampoco se puso en traslado a las partes, todo lo cual se aleg\u00f3 en el escrito por medio del cual se interpuso el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia de primera instancia, sin que mereciera alg\u00fan comentario del ad-quem. <\/p>\n
Transcribe a continuaci\u00f3n, algunos pasajes de sendas decisiones de esta Corporaci\u00f3n en las cuales se hicieron algunos pronunciamientos en torno a la apreciaci\u00f3n de tal especie de informes, y en los cuales cree encontrar soporte a sus asertos. <\/p>\n
Pero si en gracia de discusi\u00f3n, a\u00f1ade, el traslado que echa de menos es irrelevante, de todas formas cometi\u00f3 el fallador error de derecho al desconocer el car\u00e1cter indivisible del mencionado informe, porque siendo, a su vez, un documento p\u00fablico, solo tuvo en cuenta lo que era desfavorable a la empresa demandada. Luego de una nueva transcripci\u00f3n del fallo de primera instancia, sostiene que si tal instrumento se hubiese apreciado de manera objetiva habr\u00eda encontrado expuestos los siguientes hechos: <\/p>\n
a. Que el Capit\u00e1n FRANCISO HENAO ARDILA era un experimentado piloto con 9.727 horas de vuelo, y que el resto de la tripulaci\u00f3n era igualmente competente. <\/p>\n
b. Que la aeronave se encontraba en perfecto estado y que sus inspecciones peri\u00f3dicas se cumplieron de acuerdo con la respectiva programaci\u00f3n. <\/p>\n
c. Que en el cerro \u00abEl Espardillo\u00bb, lugar del accidente, a la hora del mismo, las condiciones meteorol\u00f3gicas eran de intensa bruma. Mientras que en el Aeropuerto esas condiciones permit\u00edan realizar una operaci\u00f3n VMC. <\/p>\n
d. Que el estado psicol\u00f3gico de la tripulaci\u00f3n era normal, am\u00e9n de que no hab\u00eda ingerido licores o sustancias toxicol\u00f3gicas. <\/p>\n
Como la responsabilidad de las empresas a\u00e9reas no es objetiva, sino que se funda en la culpa, la sociedad demandada no pudo desvirtuar la responsabilidad que se le endilga por cuanto que, al no darse en traslado a las partes el informe en la forma prevista por el art\u00edculo 243 del C. de P.C., no pudo controvertir las conclusiones del D.A.A.C. <\/p>\n
Es actitud a\u00fan mas grave, la del fallador de instancia, prosigue, porque rompi\u00f3 la indivisibilidad del documento p\u00fablico, sin darle cabida a los hechos relativos a la idoneidad de la tripulaci\u00f3n y las condiciones de navegabilidad de la aeronave, que probaban la conducta responsable y diligente de la empresa transportadora. <\/p>\n
El yerro que se denuncia, agrega la censura, adem\u00e1s de evidente es trascendente porque si no hubiera apreciado el Tribunal el documento, porque no deb\u00eda, no habr\u00eda encontrado probada la relaci\u00f3n de causalidad entre el accidente y la culpa de \u00abAVIANCA\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, suponiendo que el aludido documento pudiera admitirse como prueba, su indivisibilidad demuestra que la sociedad demandada tom\u00f3 todas las precauciones para que el accidente no ocurriera, pues seleccion\u00f3 de manera cuidadosa la tripulaci\u00f3n y mantuvo la aeronave en perfecto estado de navegabilidad. Ya en el aire era imposible impedir el percance. <\/p>\n
S E C O N S I D E R A: <\/p>\n
1. Parece necesario recordar, una vez m\u00e1s, que para que los errores de apreciaci\u00f3n probatoria, sean estos de hecho o de derecho, den lugar al quebrantamiento de la sentencia recurrida, es preciso que sean trascendentes, es decir, que sean de tal magnitud que de no haberlos cometido el Tribunal, otro hubiera sido el sentido de la sentencia recurrida. <\/p>\n
En el cargo que despacha ahora la Corte, se acusa la sentencia impugnada de violar las normas sustanciales citadas por el censor, por causa del supuesto error de derecho en que incurri\u00f3 el juzgador en la valoraci\u00f3n del informe elaborado por el Departamento Administrativo de Aeron\u00e1utica Civil. Al respecto cabe decir que como quiera que el Tribunal emprendi\u00f3 su discurso obviando las cuestiones concernientes a la responsabilidad de la transportadora, para detenerse, por el contrario, en lo relacionado con la indemnizaci\u00f3n de perjuicios que aquella deb\u00eda pagar -esto porque entendi\u00f3 err\u00f3neamente que la apelaci\u00f3n no expresaba disconformidad con aquel aspecto- no aludi\u00f3, entonces, frontalmente al susodicho informe. <\/p>\n
Destac\u00f3, no obstante, \u00ab…el esfuerzo efectuado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de C\u00facuta al estudiar el proceso desmenuzando pormenorizadamente los hechos, su an\u00e1lisis probatorio, para finalmente concluir que la empresa demandada era civilmente responsable…\u00bb, esto es, que, teni\u00e9ndola presente, no infirm\u00f3 la valoraci\u00f3n probatoria del a-quo sobre el punto, lo que equivale tanto como a prohijarla. <\/p>\n
Empero, a\u00fan de aceptar como cierto que el Juzgador incurri\u00f3 en el yerro denunciado por la censura, consistente en otorgarle eficacia demostrativa al informe del Departamento Administrativo de Aeron\u00e1utica Civil sin la debida contradicci\u00f3n de las partes, esa hipot\u00e9tica incorrecci\u00f3n no tendr\u00eda la virtualidad de desencaminar el sentido de la sentencia. <\/p>\n
De tal aserto se infiere, de un lado, que la parte excepcionante admiti\u00f3 la desatenci\u00f3n de la tripulaci\u00f3n, pero, por otro, que intent\u00f3 hacerla ver como un hecho extra\u00f1o que la exonerar\u00eda de responsabilidad. En lo que a lo primero concierne, vale decir, el descuido de la tripulaci\u00f3n, el a-quo no se conform\u00f3 con la manifestaci\u00f3n de la demandada, sino que, por el contrario, la corrobor\u00f3 con el aludido informe del \u00abD.A.A.C.\u00bb, y, subsecuentemente, concluy\u00f3 que los tripulantes de la aeronave incurrieron en la culpa que el actor les enrostra y la defensa admite. Sin embargo, en lo relacionado con la exoneraci\u00f3n que con base en tal supuesto f\u00e1ctico aleg\u00f3 la transportadora, advirti\u00f3 que los miembros de la tripulaci\u00f3n eran sus dependientes, raz\u00f3n por la cual, a la luz de los art\u00edculos 1738 y 2072 del C\u00f3digo Civil, la culpa de aquellos le es imputable a esta. <\/p>\n
Como f\u00e1cilmente puede observarse, a\u00fan si se admitiera que el fallador no pod\u00eda apreciar el aludido informe oficial, habr\u00eda, igualmente, que deducir que de todas formas permanecen inc\u00f3lumes las aserciones de las partes en torno a la culpabilidad del equipo humano encargado de la navegaci\u00f3n de la aeronave, manifestaciones que no fueron atacadas en casaci\u00f3n. <\/p>\n
Pero, es m\u00e1s, de manera inequ\u00edvoca y categ\u00f3rica afirm\u00f3 el Juez de primer grado, que el accidente sobrevino por causa del ejercicio de una actividad peligrosa, de donde infiri\u00f3 que la culpa del transportador se presume, y que este \u00ab…se libera mediante la prueba de una causa extra\u00f1a…\u00bb, condici\u00f3n esta \u00faltima que le niega a la culpa de la tripulaci\u00f3n del avi\u00f3n por ser dependientes de la empresa a\u00e9rea. En consecuencia, no le era dado al casacionista desde\u00f1ar, como a la postre lo hiciera, la trascendencia de esta aserci\u00f3n, que es, verdaderamente, soporte vertebral del raciocinio del fallador, en cuanto repar\u00f3 en la existencia de una presunci\u00f3n de culpa no desvirtuada por la demandada. Como este argumento tampoco fue cuestionado en casaci\u00f3n por el recurrente y, siendo, como qued\u00f3 dicho, pilar fundamental de la sentencia de primer grado, cuyas conclusiones en el punto fueron prohijadas por el Tribunal de la forma en que ha quedado expuesta, la sentencia recurrida se mantiene inc\u00f3lume. <\/p>\n
2. Puede decirse lo mismo en lo que a la presunta violaci\u00f3n de la indivisibilidad del susodicho informe concierne, acusaci\u00f3n esta \u00faltima que no obstante proponerse de manera subsidiaria, quebranta la t\u00e9cnica de casaci\u00f3n, pues resulta antit\u00e9tica la formulaci\u00f3n del ataque, en la medida en que no pueden coexistir sobre un mismo documento, de un lado, el error de derecho consistente en que fue apreciado contrariando las normas de car\u00e1cter probatorio que imped\u00edan hacerlo y, a su vez, yerro de facto derivado de quebrantar su indivisibilidad. Desde luego que si el informe no pod\u00eda tenerse como prueba, huelga cualquier consideraci\u00f3n sobre la forma en que el fallador objetivamente lo apreci\u00f3. <\/p>\n
No prospera, entonces, el cargo. <\/p>\n
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TERCER CARGO <\/p>\n
Con fundamento en la causal primera de casaci\u00f3n, se acusa la sentencia recurrida de quebrantar indirectamente, por aplicaci\u00f3n indebida, el art\u00edculo 8\u00b0 de la ley 153 de 1887; los art\u00edculos 2341, 2356, 1613, 1614 y 411 (con las modificaciones que le introdujeron la ley 75 de 1968, 1a. de 1976 y 29 de 1982) del C\u00f3digo Civil; 822, 1006, 1738, 1880 y 2072 del C\u00f3digo de Comercio; 106 y 107 del C\u00f3digo Penal, y por falta de aplicaci\u00f3n, el art\u00edculo 305 del C. de P.C., a consecuencia del error de hecho cometido en la apreciaci\u00f3n del registro civil de nacimiento de la menor ANA PAOLA GELVES RODRIGUEZ. <\/p>\n
Partiendo de este aserto, transcribe el censor los apartes de la providencia cuestionada que juzga pertinentes y que le permiten concluir que el ad-quem consider\u00f3 acertado el criterio expuesto por el Juez de primera instancia consistente, en s\u00edntesis, en que una vez establecida la filiaci\u00f3n extramatrimonial de la menor demandante con el causante, no tiene necesidad de acreditar las sumas que el alimentante le entregaba para atender sus obligaciones, pues la ley las presume (art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil, con las modificaciones previstas en la ley 75 de 1968, 1a. de 1976 y 29 de 1982), y que por tanto, si el padre fallece la ley supone que por lo menos la mitad de sus ingresos los destinaba a atender las obligaciones econ\u00f3micas para con sus hijos, es decir, que \u00ab`…se presume la dependencia econ\u00f3mica del hijo menor por el simple parentesco, el cual se encuentra acreditado en el proceso'\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, agrega, f\u00e1cilmente se deduce que el Tribunal consider\u00f3 que la prueba del parentesco, y solamente ella, demostrada con el registro civil de nacimiento de la menor, era suficiente para presumir, no solo el da\u00f1o moral, sino, tambi\u00e9n, el material. <\/p>\n
Empero, el da\u00f1o material debe necesariamente probarse en el proceso. En otras palabras, el hecho de que una persona sea acreedora alimentaria de otra no la dispensa de la prueba del perjuicio que la muerte del deudor alimentario pudo haberle causado. Quiere esto decir que el fallador tuvo por demostrado un hecho -la existencia de los perjuicios materiales-, con un medio de prueba -certificado de nacimiento-, que ciertamente no lo demuestra. <\/p>\n
Cita a continuaci\u00f3n, el recurrente, una jurisprudencia de la Corte en la cual se afirma, en resumen, que no le basta al acreedor alimentario demostrar tal calidad para poder alegar un perjuicio material, puesto que debe probarse que quien los demanda carece de medios de subsistencia. <\/p>\n
Tal error, adem\u00e1s de evidente, es trascendente porque de haberse estimado la aludida prueba de manera objetiva, el fallador de instancia habr\u00eda llegado a una conclusi\u00f3n diferente, vale decir, que no se encontraba acreditado el da\u00f1o alegado por la actora, raz\u00f3n por la cual, por falta de uno de los elementos estructurales de la responsabilidad civil, debi\u00f3 denegar las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
S E C O N S I D E R A: <\/p>\n
Prohij\u00f3, pues, el fallador, en el punto, el discernimiento del a-quo, quien, luego de destacar \u00abel v\u00ednculo de consanguinidad existente paterno-filial\u00bb, considera que \u00ab…al morir el padre sus alimentarios reciben perjuicios, al perder el beneficio que por ley deb\u00eda a la v\u00edctima. Por tal raz\u00f3n los alimentarios no tienen necesidad de acreditar las sumas o cantidades que el alimentante les entregaba para atender su obligaci\u00f3n pues la ley las presume (art.411 del C.C., con las modificaciones introducidas por la ley 75 de 1968, 1a. de 1976 y 29 de 1982)… <\/p>\n
\u00bb De consiguiente si el padre fallece la ley supone que por lo menos la mitad de los ingresos de la v\u00edctima derivados de su actividad personal, se dedicaba a atender las obligaciones econ\u00f3micas con sus hijos as\u00ed sean leg\u00edtimos o extramatrimoniales… Por lo tanto, se presume la dependencia econ\u00f3mica del hijo menor por el simple parentesco (sic.) el cual se encuentra acreditado en el proceso…\u00bb <\/p>\n
Como f\u00e1cilmente puede palparse, los juzgadores de instancia entendieron que las se\u00f1aladas reglas jur\u00eddicas exim\u00edan a los hijos que demandan la indemnizaci\u00f3n del da\u00f1o originado en la muerte del padre, de probar las sumas de dinero que por concepto de alimentos recib\u00edan de este, pues, seg\u00fan su peculiar y desatinada apreciaci\u00f3n, la ley presume que la mitad de los ingresos de los padres est\u00e1 destinado a satisfacer sus obligaciones de tal especie. Tan endeble y ligera inferencia no fue el resultado de la err\u00f3nea apreciaci\u00f3n \u201cdel registro civil de nacimiento\u201d de la demandante, ni de ninguna otra prueba que acredite los supuestos de hecho de tales preceptos legales, sino que fue el fruto de la equivocada interpretaci\u00f3n que los sentenciadores le otorgaron a los mismos, es decir, es la consecuencia de la actividad interpretativa por medio de la cual fijaron la extensi\u00f3n de tales normas. <\/p>\n
<\/p>\n
Dicho en otros t\u00e9rminos, la infracci\u00f3n que al Juzgador se le enrostra, no se aloja en la contemplaci\u00f3n del precitado registro civil de la demandante, aspecto en el cual Tribunal y censor coinciden, esto es, que aquel documento acredita que la menor es hija del causante, sino, por el contrario, en el discernimiento de los alcances que al art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil los sentenciadores le atribuyen, m\u00e1s concretamente, en cuanto conjeturaron que all\u00ed se presume, no s\u00f3lo que los acreedores alimentarios, por ese mero hecho, sufren un perjuicio por la muerte del alimentante, sino, tambi\u00e9n, que la mitad de las entradas econ\u00f3micas de este est\u00e1n destinadas a cubrir las obligaciones de tal especie, motivo por el cual la ley lo hab\u00eda eximido de probar tales supuestos f\u00e1cticos, elucidaci\u00f3n esta \u00faltima que, la verdad sea dicha, carece de cualquier sustento jur\u00eddico, habida cuenta que una inferencia en tal sentido no se desprende, ni por asomo, en el aludido precepto legal, motivo por el cual la Corte, sin mayores pre\u00e1mbulos rectifica tan err\u00f3nea interpretaci\u00f3n que se mantiene solamente por la indebida formulaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n por el recurrente. <\/p>\n
En efecto, la ley sustancial se puede infringir de manera directa, es decir, con prescindencia de la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica, caso en el cual el yerro se anida en las conclusiones que, no compadeci\u00e9ndose con los hechos establecidos, vulneran el derecho sustancial; o por la v\u00eda indirecta, o sea, cuando la violaci\u00f3n tiene su g\u00e9nesis en los errores de apreciaci\u00f3n probatoria, en tal virtud, la cuesti\u00f3n medular de este asunto estriba en determinar si es cierto que el art\u00edculo 411 del C\u00f3digo Civil, \u201ccon las modificaciones introducidas por la ley 75 de 1968, 1a. de 1976 y 29 de 1982\u201d, tiene la significaci\u00f3n jur\u00eddica que los juzgadores le atribuyeron, aspecto que no lo pod\u00eda controvertir el casacionista por la v\u00eda indirecta. Lo que quiere decir que, en tal evento, el ataque tendr\u00eda que hacerse en el recurso extraordi\u00adnario, por infracci\u00f3n directa de la ley de esta especie. <\/p>\n
La deficiencia de t\u00e9cnica de la demanda de casaci\u00f3n que acaba de destacarse le impide a la Corte estudiar de fondo el cargo. <\/p>\n
QUINTO CARGO <\/p>\n
Con base en la causal primera de casaci\u00f3n se acusa la sentencia recurrida de quebrantar indirectamente, por aplicaci\u00f3n indebida, el art\u00edculo 8\u00b0 de la ley 153 de 1887; los art\u00edculos 2341, 2356, 1613, 1614 y 411 (con las modificaciones que le introdujeron la ley 75 de 1968, 1a. de 1976 y 29 de 1982) del C\u00f3digo Civil; 822, 1006, 1738, 1880 y 2072 del C\u00f3digo de Comercio; 106 y 107 del C\u00f3digo Penal, y por falta de aplicaci\u00f3n, el art\u00edculo 305 del C. de P.C., a consecuencia del error de derecho cometido por el Tribunal en la apreciaci\u00f3n del documento que obra al folio 1 del cuaderno 5, con violaci\u00f3n medio de los art\u00edculos 174, 177,183, 251, 252, 268, 277, 279 y 280 del C. de P.C. <\/p>\n
Emprende el recurrente la sustentaci\u00f3n del cargo con un espacioso repaso de la sentencia recurrida, de la cual reprocha su incoherencia l\u00f3gica, y tras citar algunos apartes de la providencia de primer grado, los que entiende convalidados por el superior, afirma que a pesar que el Juzgado se aparta de las conclusiones de los peritos, da por acreditado el monto de los ingresos del se\u00f1or GELVEZ GELVEZ con base en una certificaci\u00f3n expedida por la contadora de las empresas del causante, se\u00f1ora MARITZA QUINTERO JAIMES. En efecto, dijo el a-quo que \u00ab`…tal como lo dicen los se\u00f1ores peritos en el segundo dictamen y cuya prueba certifica la contadora de las empresas \u00abLadrillera Casablanca\u00bb, \u00abArrocera Gelvez\u00bb y \u00abHoteles Casablanca\u00bb, el causante en vida administraba tales empresas, adem\u00e1s de ser socio, contando con un ingreso mensual salarial de quinientos mil pesos ($500.000,oo). Este es el guarismo que se debe tener en cuenta para la correspondiente liquidaci\u00f3n…'\u00bb (Subrayas textuales). <\/p>\n
El juzgador, afirma el recurrente, incurri\u00f3 en error de derecho \u00abevidente\u00bb al tener por acreditado el ingreso mensual del causante con base en un documento carente de autenticidad, toda vez que no se encuentra en ninguno de los cinco casos mencionados por el art\u00edculo 252 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Como proviene de un tercero, debi\u00f3 ratificarse en la forma prevista por el art\u00edculo 277 ejusdem, para que pudiera ser apreciado como prueba. <\/p>\n
No se puede combatir el cargo aduciendo que fue reconocido impl\u00edcitamente porque transcurri\u00f3 el t\u00e9rmino del segundo traslado sin reparos de los interesados, porque, de un lado, esa especie de reconocimiento, previsto en el art\u00edculo 276 ib\u00eddem tiene operancia cuando es \u00abuna parte\u00bb la que aporta el documento y, de otro lado, el hecho de que el traslado transcurra en silencio no le da mas fuerza al mismo, ni le otorga la autenticidad al documento que con el dictamen se aport\u00f3. <\/p>\n
La fuerza probatoria de toda experticia, agrega, radica en la precisi\u00f3n y fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica, cient\u00edfica o art\u00edstica de sus conclusiones; pero adem\u00e1s, de conformidad con el art\u00edculo 233 idem, es prueba destinada a producir juicios de valor sobre aspectos que requieren de conocimientos o pr\u00e1cticas especiales, de modo que es elemental considerar que tales hechos est\u00e9n previamente acreditados en el proceso. <\/p>\n
Si bien es facultad discrecional del juez la de apreciar el dictamen pericial, para cuyo efecto debe tener en cuenta la firmeza, precisi\u00f3n y claridad de sus fundamentos, no por ello puede pensarse que tal actividad carezca de control cuando recae sobre hechos no probados, o cuando sus fundamentos son pobres o imprecisos, o cuando los peritos carecen de los conocimientos necesarios. <\/p>\n
El juzgador de instancia consider\u00f3 que ninguna de las experticias merec\u00edan respaldo, debido a la imprecisi\u00f3n y vaguedad de sus fundamentos, empero, tuvo por acreditado el ingreso mensual del finado con el documento que, sin autenticidad alguna, se acompa\u00f1\u00f3 con uno de los dict\u00e1menes. Con tal yerro se infringieron las normas probatorias citadas, am\u00e9n de que llev\u00f3 al sentenciador a liquidar los perjuicios materiales demandados con base en un documento que no pod\u00eda tomarse en cuenta. De no ser as\u00ed, habr\u00eda tenido que concluirse en la sentencia que no se acredit\u00f3 el da\u00f1o alegado por la actora por la falta del apoyo econ\u00f3mico de su padre, puesto que no se probaron los ingresos que como renta de trabajo este devengaba. <\/p>\n
C O N S I D E R A C I O N E S: <\/p>\n
1. Dijo el Tribunal que: <\/p>\n
\u00bb Glosa la parte recurrente las bases que tom\u00f3 el Juez para realizar la liquidaci\u00f3n materia de la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
\u00bb Este funcionario las ha tomado del segundo dictamen conforme a la alusi\u00f3n que expresamente hacen los peritos al folio 147 del cuaderno principal. <\/p>\n
\u00bb Pero pasa por alto que dicho dictamen no fue cuestionado por las partes vinculadas al proceso, haci\u00e9ndose hincapi\u00e9 en que ni siquiera se solicit\u00f3 la aclaraci\u00f3n o complementaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
\u00bb Y para la pr\u00e1ctica de la prueba los peritos pueden recibir informes de terceros conforme al numeral 3 del art\u00edculo 237 del C\u00f3digo de procedimiento Civil. De ese informe deben dejar constancia y a fe cierta que lo hicieron… El Juez en su sabidur\u00eda podr\u00e1 recibir los testimonios si los estima necesarios conforme a la norma en menci\u00f3n.\u00bb <\/p>\n
Es evidente, entonces, que el ad-quem entendi\u00f3 que la segunda peritaci\u00f3n conten\u00eda las bases de la liquidaci\u00f3n de perjuicios, concretamente, en lo concerniente a la estimaci\u00f3n de los ingresos mensuales del causante por concepto de renta de trabajo, y que, cabalmente, del mismo modo lo hab\u00eda elucidado el a-quo. No apreci\u00f3, pues, el fallador de segundo grado de manera aislada y aut\u00f3noma el documento mencionado por el recurrente, raz\u00f3n por la cual no puede decirse que incurri\u00f3 en error de derecho por apreciarlo contrariando las reglas probatorias que regulan lo pertinente a tal medio de prueba; por supuesto que, como era debido hacerlo, no lo separ\u00f3 del dictamen pericial del cual constituye fundamento, de modo que sus inferencias en el punto tuvieron como soporte la peritaci\u00f3n, no el documento propiamente dicho. <\/p>\n
\u00ab… 3. Cuando en el curso de su investigaci\u00f3n los peritos reciban la informaci\u00f3n de terceros que consideren \u00fatiles para el dictamen, lo har\u00e1n constar en este, y si el juez estima necesario recibir los testimonios de aquellos, lo dispondr\u00e1 as\u00ed en las oportunidades se\u00f1aladas en el art\u00edculo 180…\u00bb <\/p>\n
En ese orden de ideas, y como quiera que la metodolog\u00eda que pueden adoptar los peritos para efectos de cumplir el encargo asignado est\u00e1 por fuera de cualquier previsi\u00f3n legal, el rese\u00f1ado art\u00edculo 237 solamente repara en que estos deber\u00e1n examinar conjuntamente las personas o cosas objeto de la pericia; y si se trata de experimentos, los realizar\u00e1n personalmente, sin perjuicio de que puedan utilizar auxiliares o solicitar el concurso de otros t\u00e9cnicos; y si recaudan informaci\u00f3n de terceros que consideren \u00fatil para su labor, lo har\u00e1n constar en el dictamen, quedando a salvo la facultad discrecional del juez para escuchar el testimonio del mismo. <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de las informaciones de terceros, es patente que la ley autoriza a los peritos a atenderlas en cuanto las consideren provechosas para alcanzar la finalidad que les incumbe, mas deben dejar constancia de tal circunstancia en el dictamen. Es apenas obvio inferir que tales manifestaciones, una vez recaudadas, se amalgaman de tal manera con las fundamentaciones de la experticia, que el juez, al valorar la precisi\u00f3n, seriedad, conexidad, calidad y firmeza de esta, enjuicia, con esos mismos criterios, los informes y dem\u00e1s aserciones de los terceros que los peritos han tomado en consideraci\u00f3n para apuntalar su peritaje. <\/p>\n
Queda librado al buen criterio del fallador el recibir los testimonios de los terceros, cuando lo estime necesario, necesidad que puede tener origen en la discordancia de las informaciones con otras pruebas del proceso, o con las dem\u00e1s fundamentaciones del dictamen, o con su escasa verosimilitud, o, inclusive, en la importancia del testimonio dentro del litigio. Mas no puede inferirse que cuando el juez se abstiene de hacer uso de tal potestad el dictamen que tuvo como soporte las manifestaciones de terceros siendo preciso, detallado y fundamentado, pierda eficacia probatoria. <\/p>\n
3. Por lo dem\u00e1s, cabe anotar que las imprecisiones o inexactitudes de la experticia que impidan al juzgador acogerla plenamente, no constituyen defecto que lleve a pensar \u201cque se haya perdido todo el trabajo de los avaluadores y que la experticia por ellos rendida quede autom\u00e1ticamente desprovista de eficacia demostrativa en cualquier grado, habida cuenta que a pesar de aquella falla, el juez cuenta con el poder necesario para aceptarla \u2018… hasta donde lo permita su fundamento …\u2019 (G.J. Tomo XLVI, p\u00e1g. 69, y LXXXVII, p\u00e1g. 657) y, a partir de all\u00ed, efectuar por s\u00ed mismo el justiprecio que resulte equitativo conforme a ese mismo dictamen y a los dem\u00e1s elementos de juicio que los autos suministren, luego en lo que con este punto espec\u00edfico toca, la decisi\u00f3n del a quo en esta especie, que dio origen a la decisi\u00f3n contenida en la sentencia complementaria, es equivocada\u201d (G.J. CCXXXVII, p\u00e1g. 344) <\/p>\n
No prospera, en consecuencia, el cargo. <\/p>\n
PRIMER CARGO: <\/p>\n
Con apoyo en la causal segunda de casaci\u00f3n, se acusa la sentencia recurrida de no estar en consonancia con las pretensiones de la demanda, de cuya lectura, dice el impugnante, se infiere f\u00e1cilmente que el actor solicit\u00f3 varias condenas, unas como principales y otras como subsidiarias. <\/p>\n
La primera de ellas, a\u00f1ade, se refiere a la declaratoria de responsabilidad del demandado; la segunda a la condena al pago de los perjuicios materiales que el actor tasa en la suma de 1.032 millones de pesos, o en subsidio, 25.000 gramos de oro, y al pago de los da\u00f1os morales que estima en 1.000 gramos de oro; en subsidio de la anterior pretensi\u00f3n, formula la tercera, por medio de la cual depreca el pago de la correcci\u00f3n monetaria, lucro cesante pasado actualizado y lucro cesante futuro; y en subsidio de la anterior, impetra la condena \u00abin genere\u00bb en caso de que no logre demostrar la cuant\u00eda de los perjuicios. <\/p>\n
Contiene, pues, la demanda una acumulaci\u00f3n sucesiva y subsidiaria de pretensiones, raz\u00f3n por la cual solo de prosperar la primera pueden estudiarse las derivadas, pero como \u00e9stas fueron propuestas como subsidiarias, solo en la medida en que la segunda no sea viable, puede el fallador ocuparse de la tercera, y si esta tampoco lo es, puede resolver sobre la cuarta. Luego le est\u00e1 vedado al juez, so pena de incurrir en inconsonancia, decidir simult\u00e1neamente sobre las pretensiones formuladas de manera subsidiaria, puesto que debe estudiar las principales, y solo cuando no las encuentre pr\u00f3speras, puede abordar el an\u00e1lisis de las subsidiarias. <\/p>\n
\u00abQuiero decir, afirma, que no puede ser indiferente la forma como el actor \u2019pide’ la actuaci\u00f3n de la ley en el respectivo proceso, que constituye sin lugar a dudas un l\u00edmite en la actividad del juzgador…\u00bb <\/p>\n
En el presente caso la sentencia de primera instancia, confirmada por el Tribunal, es incongruente porque el fallador combin\u00f3 a \u00absu gusto\u00bb las pretensiones subsidiarias. En efecto, acogi\u00f3 la primera pretensi\u00f3n, en cuanto declar\u00f3 responsable a la demandada; repudi\u00f3 la segunda porque no conden\u00f3 a la demandada a pagar los 1.032 millones pedidos por el actor; pero conden\u00f3 a la encausada a pagar el lucro cesante -pasado y futuro-, que era precisamente el objeto de la tercera pretensi\u00f3n, formulada como subsidiaria de la segunda. <\/p>\n
No obstante, en cuanto conden\u00f3 a pagar perjuicios morales, atendi\u00f3 parte de la segunda pretensi\u00f3n, es decir, que el juzgador escogi\u00f3 de las pretensiones segunda y tercera lo que m\u00e1s le gust\u00f3 para efectos de armar el numeral tercero de la sentencia. <\/p>\n
Tambi\u00e9n es incongruente la sentencia, prosigue la censura, porque el actor nunca solicit\u00f3 sobre el lucro cesante, pasado y futuro, la correcci\u00f3n monetaria, y ese l\u00edmite infranqueable fue rebasado por el juez. El demandante, entendiendo el texto pertinente de la demanda con todo rigor, tuvo el prop\u00f3sito de actualizaci\u00f3n, \u00fanicamente, en lo que respecta al lucro cesante pasado y con intereses legales compensatorios. Como lo ha sostenido la Corte, en materia del entendimiento de la demanda todo detalle es importante, por eso, el orden en que se digan las cosas tiene un significado que no fue tenido en cuenta por el fallador. <\/p>\n
La demandada fue condenada a pagar el lucro cesante pasado y futuro \u00abcon la correspondiente correcci\u00f3n monetaria\u00bb sin que as\u00ed lo hubiese pedido el demandante, siendo clar\u00edsima la extralimitaci\u00f3n, la sentencia debe casarse para que en ese punto la condena se ajuste a los l\u00edmites de la demanda. <\/p>\n
S E C O N S I D E R A: <\/p>\n
1.- De acuerdo con el articulo 305 del C. de P.C., \u00bb La sentencia deber\u00e1 estar en consonancia con los hechos y pretensiones aducidos en la demanda y en las dem\u00e1s oportunidades que este C\u00f3digo contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si as\u00ed lo exige la ley \u00ab. Se establece, pues, en el citado precepto, una regla de conducta para el juez, a quien, de tal modo, le queda vedado decidir sobre pretensiones distintas de las consignadas por el actor en su demanda, salvo, claro est\u00e1, las contadas excepciones de ley. Si el juez rebasa esta regla, es decir, si con prescindencia del \u00abpetitum\u00bb fijado en el escrito incoativo del proceso, resuelve sobre cuestiones o peticiones que el actor all\u00ed no ha indicado, incurre en un vicio de actividad, pues desatiende una de las pautas que la ley le se\u00f1ala para el proferimiento de la sentencia, defecto que acarrea como consecuencia la incongruencia de sus resoluciones frente a las pretensiones del actor, quien con antelaci\u00f3n le ha fijado hitos que al fallador le son infranqueables. <\/p>\n
Ese defecto de procedimiento puede alegarse en casaci\u00f3n en la forma establecida por el ordinal 2 del art. 368 del C. de P.C. <\/p>\n
2. No obstante, no se ha de perder de vista que el juez, ejecutando de manera cabal su cometido de procurar que el derecho subjetivo adquiera una realidad efectiva, puede – y debe- interpretar la demanda cuando ello sea preciso, labor que se concreta en una operaci\u00f3n intelectiva por medio de la cual desentra\u00f1a su verdadero sentido con miras a fijar uno de los extremos que delimitan el ejercicio de su facultad jurisdiccional, actuaci\u00f3n que, por obvia raz\u00f3n, no puede ejecutarse de manera discrepante con la objetividad del libelo; subsecuentemente, si al acometer la tarea correspondiente incurre en notorio desacierto que lo conduzca a quebrantar la ley, tal yerro debe ser alegado en la forma prevista en el inciso 2 del ordinal 1 del mismo art\u00edculo 368. <\/p>\n
3.- La diferencia entre el error in procedendo, tipificador de la incongruencia, y el error de hecho en que se pueda caer al apreciar la demanda, propio de la causal primera de casaci\u00f3n, radica, entonces, como lo ha puntualizado esta Corporaci\u00f3n, en que en el primer caso, el juzgador, al considerar la pretensi\u00f3n, se despreocupa de la demanda para adoptar decisiones que, de acuerdo con su personal criterio, entiende que deben proferirse. En la segunda hip\u00f3tesis, por el contrario, el juez no desatiende la demanda, a la cual, por lo dem\u00e1s, pretende sujetarse, mas cuando intenta fijar el sentido de la misma resulta alter\u00e1ndola, siendo este el motivo por el cual aqu\u00ed ya no sea atinado acusarlo de haber prescindido de ella. <\/p>\n
4.- En ese orden de ideas, parece necesario confrontar la demanda con la sentencia para determinar si, como lo denuncia el recurren\u00adte, el Tribunal incurri\u00f3 en el vicio de incongruencia que le endilga, o si, por el contrario, la labor del juzgador se circunscribi\u00f3 a interpretar la demanda. <\/p>\n
Pidi\u00f3 el actor en la primera que se declarase a la empresa demandada como civilmente responsable de los perjuicios que a la parte actora le ha causado la muerte del se\u00f1or JOSE TEODULO GELVEZ GELVEZ. <\/p>\n
<\/p>\n
\u00bb 2. Que como consecuencia de la anterior declaraci\u00f3n, se condene a la sociedad \u00abAEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A. – AVIANCA- a reconocer y pagar a t\u00edtulo de indemnizaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00bb a) Por concepto de perjuicios materiales, para la parte demandante la suma que se establezca de acuerdo a la tabla de GARUFA, utilizada por la Honorable Corte Suprema de Justicia -Sala Civil-, la cantidad de mil treinta y dos millones de pesos (1.032.000.000,oo) M\/cte., o subsidiariamente, la indemnizaci\u00f3n prevista legalmente por presunci\u00f3n de culpa aquiliana, que en el presente caso ser\u00eda de veinticinco mil (25.000) gramos oro puro, al precio que determine el Banco de la Rep\u00fablica, o la cantidad que legalmente fije la ley. <\/p>\n
\u00bb b) Por concepto de perjuicios morales, para la parte actora, el equivalente en pesos de un mil gramos de oro puro (1.000), al precio que tenga en la fecha de la sentencia conforme a certificaci\u00f3n del Banco de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
\u00bb 3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y condenas, subsidiariamente, se condene a la empresa demandada a pagar la correcci\u00f3n monetaria, el lucro cesante pasado o consolidado entre la fecha del accidente y de la sentencia, debidamente actualizado, el lucro cesante futuro entre esta \u00faltima fecha y el resto de per\u00edodo indemnizable. Sobre el lucro cesante pasado o consolidado se liquidar\u00e1 los intereses legales compensatorios que se hubiesen causado\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
\u00bb 4. Subsidiariamente, solicito dictar sentencia de condena, ingenere (Sic.) si es que no aparece demostrada la cuant\u00eda de los perjuicios materiales…\u00bb <\/p>\n
A su vez, en la sentencia de primera instancia, que como se ha reiterado, fue confirmada de manera integral por la que ahora se impugna en casaci\u00f3n, se decidi\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00bb Primero: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de m\u00e9rito de \u00abcarencia de causa\u00bb e \u00abInexistencia de los derechos pretendidos y las obligaciones demandadas\u00bb, propuestas por la parte demandada. <\/p>\n
\u00bb Segundo: DECLARAR CIVILMENTE RESPONSABLE por los perjuicios materiales y morales a la empresa \u00abAEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A. -AVIANCA-\u00ab, por la muerte del se\u00f1or JOSE TEODULO GELVEZ GELVEZ, acaecida en el cerro \u00abEl Espardillo\u00bb, Vereda de \u00abCampo Alicia\u00bb, jurisdicci\u00f3n del Municipio de El Zulia, Norte de Santander, el diecisiete (17) de marzo de mil novecientos ochenta y ocho (1988). <\/p>\n
\u00bb a) Por LUCRO CESANTE PASADO CONSOLIDADO la suma de DIECIOCHO MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ($18.118.600,oo) con la correspondiente correcci\u00f3n monetaria desde la fecha del \u00f3bito del causante hasta la fecha de este fallo. <\/p>\n
\u00bb b) ABSTENERSE de condenar a la empresa \u00abAEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A. -AVIANCA-\u00ab, al pago de los intereses legales compensatorios con cargo al lucro cesante pasado consolidado. <\/p>\n
\u00bb c) Por LUCRO CESANTE FUTURO a la suma de CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($46.205.836,25) M\/cte., con la correspondiente correcci\u00f3n monetaria a partir de la fecha de este fallo hasta su cancelaci\u00f3n definitiva. <\/p>\n
\u00bb d) Por concepto de perjuicios morales la suma de CUATROSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($409.524,oo) ….\u00bb <\/p>\n
Parangonadas una y otra, demanda y sentencia, f\u00e1cilmente se advierte que las decisiones del fallador se encuentran insinuadas en las pretensiones del demandante, es decir, que nada de lo resuelto est\u00e1 por fuera del marco trazado por el actor en el libelo incoativo, raz\u00f3n por la cual no puede tildarse la sentencia de inconsonante. <\/p>\n
Cosa muy distinta resulta ser que, frente a la incoherencia del \u00abpetitum\u00bb, que es palpable, el juzgador le hubiese dado el discernimiento que entendi\u00f3 eficaz con miras a salvaguardar el derecho alegado, cuesti\u00f3n que siendo extra\u00f1a a la causal segunda de casaci\u00f3n, como ha quedado dicho, es propia de la \u00f3rbita de la violaci\u00f3n indirecta de la ley a la que alude el inciso 2\u00b0 del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Sin mayor esfuerzo se advierte, ciertamente, que el libelista formul\u00f3 la pretensi\u00f3n tercera advirtiendo que era una CONSECUENCIA de las que le preced\u00edan, pero, seguidamente deprec\u00f3 la condena de que trata la misma de manera SUBSIDIARIA, sin reparar en que tan peculiar forma de demandar repugna a la l\u00f3gica en cuanto son conceptos contradictorios, desde luego que si afirma que la pretensi\u00f3n es consecuencia de las que le anteceden, lejos de excluirse entre s\u00ed, se complementan de tal forma que \u00e9sta \u00faltima, la consecuencial, encuentra condicionada su viabilidad a la prosperidad de las que le anteceden. <\/p>\n
En cambio, las pretensiones se formulan de manera subsidiaria cuando el actor, por razones de preferencia, plantea pedimentos incompatibles, opuestos o excluyentes, de modo que el examen de los subsidiarios solamente se abre paso en la medida en que el principal no prospere. <\/p>\n
Frente a la incoherencia de la demanda, el juzgador opt\u00f3 por la interpretaci\u00f3n que consider\u00f3 m\u00e1s adecuada y racional, soluci\u00f3n que, como a simple vista se observa, tiene por cimiento el texto mismo de aquella, y que de ser desacertada, solo pod\u00eda impugnarse en casaci\u00f3n por la causal primera. Puede decirse lo propio en lo que a la resoluci\u00f3n sobre la correcci\u00f3n monetaria concierne, petici\u00f3n que a pesar de la imprecisi\u00f3n que caracteriza al escrito demandatorio, all\u00ed se encuentra, y cuyos alcances discerni\u00f3 el sentenciador mediante la interpretaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
El cargo, entonces, no puede prosperar. <\/p>\n
<\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Con base en la primera de las causales de casaci\u00f3n, se acusa la sentencia recurrida de haber quebrantado directamente, por aplicaci\u00f3n indebida, el art\u00edculo 8\u00b0 de la ley 153 de 1887. <\/p>\n
Afirma el recurrente que en el numeral 3\u00b0 de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, que fue confirmada por el Tribunal, se conden\u00f3 a la parte demandada a pagar por lucro cesante pasado la suma de $18.118.600,oo con la correspondiente correcci\u00f3n monetaria desde la fecha del \u00f3bito del causante, hasta la fecha de ese fallo, y por lucro cesante futuro, la suma de $46.205.836.25, junto con la correcci\u00f3n monetaria que se cause a partir de esa sentencia y hasta el d\u00eda del pago. <\/p>\n
Transcribe, entonces, la censura un aparte de la sentencia de segunda instancia en el cual el fallador, manifiesta que la condena a pagar la correcci\u00f3n monetaria es una \u00abmedida sana\u00bb porque vela por los intereses del beneficiario del fallo que a\u00fan no ha podido disfrutar esas sumas de dinero. Mas, con condena de tal especie, a\u00f1ade, se infringi\u00f3 derechamente el art\u00edculo 8\u00b0 de la ley 153 de 1887, pues ha entendido la Corte que la \u00abdoctrina\u00bb de la correcci\u00f3n monetaria hace parte del da\u00f1o emergente y no del lucro cesante. <\/p>\n
En efecto, en todos los casos en que la Corte, en clara oposici\u00f3n al principio nominalista que caracteriza nuestro sistema positivo, ha reconocido la correcci\u00f3n monetaria, \u00ab…se refer\u00edan a procesos en los que deb\u00edan decretarse restituciones mutuas\u00bb, caso en el cual, seg\u00fan las palabras de la Corporaci\u00f3n, no resultaba ni justo ni equitativo que una de las partes recibiera un bien con un valor superior al que ten\u00eda cuando lo entreg\u00f3, y devolviera, a cambio, una suma que, ciertamente, no tiene el mismo poder adquisitivo de cuando la recibi\u00f3. <\/p>\n
Es que el perjuicio patrimonial, seg\u00fan el art\u00edculo 1614 del C\u00f3digo Civil, reviste dos formas t\u00edpicas: El da\u00f1o emergente, que es la disminuci\u00f3n de los valores econ\u00f3micos ya existentes; y el lucro cesante que se refiera a la frustraci\u00f3n de las ventajas econ\u00f3micas esperadas. Debe entenderse, entonces, dice el casacionista, que la correcci\u00f3n monetaria hace parte del primero en la medida en que se busca resarcir el perjuicio que se sufre con la devaluaci\u00f3n experimentada por la p\u00e9rdida de los valores econ\u00f3micos hasta su reintegro al patrimonio del afectado. <\/p>\n
No es posible considerar, prosigue la censura, que se sufre perjuicio por concepto de desvalorizaci\u00f3n monetaria respecto de ventajas econ\u00f3micas esperadas que no se encuentran en el patrimonio del afectado y que se presume que ingresar\u00e1n a este en el futuro. Desde otro punto de vista, si se ha condenado a la empresa demandada a pagar el lucro cesante y, en consecuencia, lo obliga a anticipar un capital por un per\u00edodo indemnizable que a\u00fan no se ha causado, forzoso es concluir que se le ha condenado a pagar dos veces lo mismo, porque el pago anticipado del capital se hace con un componente inflacionario que mi mandante debe nuevamente asumir. <\/p>\n
En otros t\u00e9rminos, agrega, tal entrega anticipada priva al demandado de los rendimientos que con ese dinero se causar\u00eda en su favor durante el per\u00edodo indemnizable, adem\u00e1s que permite al indemnizado protegerse de la desvalorizaci\u00f3n monetaria colocando a producir el capital recibido. <\/p>\n
Es tan cierto lo anterior, que el a-quo neg\u00f3 la condena al pago de los intereses legales compensatorios sobre el lucro cesante pasado, aduciendo que la tablas financieras que us\u00f3 incluyen un 6% de inter\u00e9s anual de \u00ablucro cesante actualizado…\u00bb (subraya textual). <\/p>\n
Luego de citar una jurisprudencia en la cual esta Corporaci\u00f3n advierte que no en todo caso puede condenarse a pagar correcci\u00f3n monetaria e invita tener cautela en el punto, concluye el recurrente que la doctrina de la correcci\u00f3n monetaria elaborada por la Corte a partir de 1979, no ha sido admitida respecto al lucro cesante, por el contrario, ha sostenido que forma parte del da\u00f1o emergente. <\/p>\n
S E C O N S I D E R A: <\/p>\n
<\/p>\n
1. T\u00f3rnase oportuno destacar, ante todo, que si bien no puede desconocerse que en alguna oportunidad se justific\u00f3 la correcci\u00f3n monetaria de las condenas en la necesidad de indemnizar un da\u00f1o emergente, no lo es menos que en la actualidad, en todos aquellos eventos en los cuales de manera concreta ha inferido la necesidad de reconocerla, ha acudido la jurisprudencia de la Corte, expl\u00edcita o impl\u00edcitamente, a fundamentar tal reconocimiento, en la equidad, entendida esta, en acatamiento de lo previsto por el art\u00edculo 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica colombiana, como un instrumento auxiliar de la interpretaci\u00f3n judicial que permite ahondar en las normas jur\u00eddicas en b\u00fasqueda de la \u201cjusticia del caso en concreto\u201d, de modo que, en esos eventos, la equidad ha sido la herramienta que le ha permitido a esta Corporaci\u00f3n desentra\u00f1ar el sentido de las distintas normas sustanciales, pero sin llegar a desde\u00f1arlas pretextando aplicar sus propias apreciaciones. <\/p>\n
De ah\u00ed que, en las diversas hip\u00f3tesis en las cuales ha tenido que condenar al pago de la correcci\u00f3n monetaria, la Corte, de la mano de la equidad, ha profundizado en el contenido de las normas que gobiernan algunos casos particulares, hasta advertir en ellos un sentido que, sin quebrantar los principios que gobiernan el ordenamiento colombiano en la materia, consulten con criterios de justicia y conveniencia y conduzcan a la soluci\u00f3n de los graves problemas que en esas espec\u00edficas ocasiones produce el fen\u00f3meno de la depreciaci\u00f3n de la moneda. <\/p>\n
As\u00ed, ha dicho esta Corporaci\u00f3n que \u201c…en ausencia general de norma expresa que lo consagre (salvo las especiales ya reconocidas para el sistema UPAC, en sentencia del 24 de abril de 1979) ha admitido (la Corte), mediante interpretaci\u00f3n de las normas legales vigentes, el derecho al pago \u00edntegro de los perjuicios causados contra el responsable extracontractualmente (Cas.30-03-1984, G.J. CLXXVI, p\u00e1g.128; 06-08-1985, G.J. CLXXX, p\u00e1g.266; etc.), comprendiendo dentro de aquel el derecho al quantum equivalente al de la correcci\u00f3n monetaria. Factor \u00e9ste que ha sido incluido en este derecho, m\u00e1s como exigencia de la actualizaci\u00f3n de la reparaci\u00f3n del da\u00f1o al momento en que efectivamente se verifica el pago, que como da\u00f1o emergente propiamente dicho, pues si bien se trata de un fen\u00f3meno extra\u00f1o al hecho il\u00edcito, al contrato y a los autores, que lo pone al margen de la responsabilidad directa de estos, no es menos cierto que tiene incidencia al establecer el quantum de la reparaci\u00f3n, porque si la v\u00edctima o sus herederos requieren de un pago completo por parte del responsable extracontractualmente, que se determina al momento de su realizaci\u00f3n, l\u00f3gicamente habr\u00e1 que incluir, adem\u00e1s del valor del momento de su causaci\u00f3n, el que corresponda a la correcci\u00f3n hasta el momento del pago, a fin de que sea pleno o completo, lo que desde luego, tambi\u00e9n descansa en la equidad. <\/p>\n
\u201cY tambi\u00e9n es cierto que en numerosos fallos (Cas. 01-04-1987 G.J.CLXXXVIII, pag. 123; 02-02-90; 24-10-90; 06-06-91; 17-09-91; 03-12-92; 01-02-94; 07-03-94; 30-05-94; 08-02-94; 30-10-94; 29-07-94, etc.) en que se ha decretado la nulidad de ciertos contratos, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, con fundamento en el art\u00edculo 1746 del C\u00f3digo Civil, se ha entendido que la regulaci\u00f3n de las restituciones mutuas all\u00ed contempladas, no solo resaltan la necesidad de que por mandato legal expreso, se logre unas restituciones \u2018al mismo estado en que se hallar\u00edan (los contratantes) si no hubiese existido el acto o contrato nulo\u2019, sino que el inciso 2o. del citado precepto impone el deber de acudir a \u2018las reglas generales\u2019, que, en materia de contratos conmutativos, ser\u00eda la de establecer el equilibrio equitativo de los contratantes del contrato anulado. Y precisamente en tal virtud la jurisprudencia, en consideraci\u00f3n a las mencionadas restituciones equivalentes y equitativas, ha reconocido la restituci\u00f3n dineraria con correcci\u00f3n monetaria en equivalencia a las contraprestaciones\u201d. (G. J. CCXXXIV, P\u00e1g. 439). <\/p>\n
En ese orden de ideas, no es atinado inferir, como lo hace la censura, que la correcci\u00f3n monetaria es un perjuicio que debe reconocerse como un da\u00f1o emergente sufrido por la v\u00edctima, pues como ya se ha dicho, y hoy se reitera, \u201cel fundamento de la correcci\u00f3n monetaria no puede ubicarse en la urgencia de reparar un da\u00f1o emergente, sino en obedecimiento, ins\u00edstese, a principios m\u00e1s elevados como la equidad, el de la plenitud del pago, o el de la preservaci\u00f3n de la reciprocidad en los contratos bilaterales. De ninguna manera, en fin, es dable inferir que en asuntos como el de esta especie, el reajuste de la condena en proporci\u00f3n a la depreciaci\u00f3n del signo monetario constituya un perjuicio m\u00e1s que deba ser reparado, puesto que, reit\u00e9rase a\u00fan a riesgo de fatigar, la p\u00e9rdida del poder adquisitivo del dinero no afecta la estructura intr\u00ednseca del da\u00f1o, sino su cuant\u00eda, de modo que la correcci\u00f3n tiene por finalidad la reparaci\u00f3n integral, no la de indemnizar un perjuicio m\u00e1s; am\u00e9n que, en ese mismo orden de ideas, tampoco puede verse en ello una sanci\u00f3n por un acto contrario al ordenamiento legal\u201d (Casaci\u00f3n del 9 de septiembre de 1999). <\/p>\n
2. Dejando de lado lo dicho, es preciso advertir que en la liquidaci\u00f3n prohijada por el sentenciador de segundo grado, se tom\u00f3 como base de la misma, para efectos de calcular el lucro cesante, la suma de $250.000,00, equivalente a la mitad del salario devengado por el causante a la \u00e9poca de su fallecimiento, cantidad esta que, en el parecer del Juzgador, correspond\u00eda al porcentaje que aqu\u00e9l destinaba para atender los gastos de la demandante. Empero, como es igualmente patente en la sentencia de primer grado, dicha suma no fue actualizada, es decir, ajustada a los \u00edndices de depreciaci\u00f3n del poder adquisitivo del signo monetario, tomando en consideraci\u00f3n que la v\u00edctima falleci\u00f3 el 17 de marzo de 1988 y la sentencia del a-quo se profiri\u00f3 el 20 de mayo de 1993. <\/p>\n
Si, como ha quedado dicho, esa suma no fue corregida monetariamente, no es posible acusar la liquidaci\u00f3n prohijada por el Tribunal de condenar a una doble actualizaci\u00f3n por haber ordenado que la cantidad de $46.205.836,25, relativa al \u201clucro cesante futuro\u201d, deb\u00eda pagarse con la \u201ccorrespondiente correcci\u00f3n monetaria a partir de la fecha de este fallo hasta su cancelaci\u00f3n definitiva\u201d. Por lo dem\u00e1s, es de verse que tal condena se impuso a partir de la fecha de expedici\u00f3n de la sentencia, no a partir del accidente. <\/p>\n
El cargo, por tanto, no prospera. <\/p>\n
D E C I S I O N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley NO CASA la sentencia del 13 de abril de 1994, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, dentro del proceso ordinario adelantado por YAMILE RODRIGUEZ GOMEZ, quien act\u00faa en nombre y representaci\u00f3n de su menor hija ANA PAOLA GELVES RODRIGUEZ, frente a \u00abAEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA S.A. -AVIANCA-\u00bb <\/p>\n
Costas a cargo del recurrente. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
Referencia: Expediente No.5035 <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
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