S-108-99 [5268]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente. Dr. Silvio Fernando Trejos Bueno <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., treinta (30) de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).- <\/p>\n
Ref: Expediente No. 5268 <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por varios de los demandados contra la sentencia de 2 de septiembre de 1994, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en el proceso ordinario de mayor cuant\u00eda adelantado por la Cooperativa Multiactiva El Pe\u00f1ol \u201cAntonio Jos\u00e9 D\u00edaz\u201d Ltda., contra Marina, Oliva, Ana Onelia y Mario Jim\u00e9nez G\u00f3mez, junto con los herederos indeterminados de Julio C\u00e9sar y Bernardo Evelio Jim\u00e9nez G\u00f3mez; dentro del cual la demandante denunci\u00f3 el pleito a las sociedades Inversiones Jaramillo Uribe Moreno y C\u00eda S.A, y \u00e9sta, a su vez, a Inversi\u00f3n Ltda. <\/p>\n
<\/p>\n
I. EL LITIGIO <\/p>\n
1.- Se trata de la acci\u00f3n reivindicatoria de un predio rural ubicado en el paraje El Salto del municipio de Guatap\u00e9 (Antioquia), cuya descripci\u00f3n completa obra en la demanda, la cual se apoya en los hechos que se resumen a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
a) La demandante da cuenta de que adquiri\u00f3 el inmueble disputado por compra que hizo a la sociedad Inversiones Jaramillo Uribe Moreno, mediante la escritura p\u00fablica N\u00ba 1138 del 14 de abril de 1988 de la Notar\u00eda 16 de Medell\u00edn; sociedad que a su vez lo adquiri\u00f3 de Inversi\u00f3n Ltda., seg\u00fan escritura p\u00fablica No. 3524 otorgada el d\u00eda 13 de octubre de 1987 en la misma Notar\u00eda; y describe la cadena de antecesores desde 1952. <\/p>\n
b) Tan pronto la demandante adquiri\u00f3 el inmueble, empez\u00f3 a realizar mejoras que hubo de suspender porque los demandados perturbaron su posesi\u00f3n: amenazaron a los trabajadores y la demandaron ante el Juzgado Promiscuo Municipal y la Alcald\u00eda de Guatap\u00e9, hasta hacerle imposible la posesi\u00f3n pac\u00edfica a que tiene derecho, y hasta el punto de obligarla a suspender las obras por orden de autoridad y de impedirle por la fuerza el ingreso a la propiedad. No obstante, las cuentas de catastro y valorizaci\u00f3n son canceladas y aparecen con los nombres de la demandante. <\/p>\n
c) En el Juzgado de Familia de Marinilla se tramita el proceso de sucesi\u00f3n de Luis Mar\u00eda Jim\u00e9nez y Josefa G\u00f3mez, en cuya relaci\u00f3n de inventarios y aval\u00faos los demandados incluyeron el inmueble objeto de litigio, lo que dio lugar a que la actora iniciara un incidente de exclusi\u00f3n de dicho bien, el cual se decidi\u00f3 en el sentido de que el asunto deb\u00eda ser sometido al juez ordinario competente. <\/p>\n
2. Con oposici\u00f3n a la demanda, contestaron Marina, Ana Onelia, Oliva y Mario Jim\u00e9nez G\u00f3mez, y el curador \u201cad litem\u201d de los herederos indeterminados de Julio Cesar y Bernardo Evelio Jim\u00e9nez G\u00f3mez; aqu\u00e9llos propusieron las excepciones que denominaron de \u201cfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u201d, \u201ctemeridad y mala fe\u201d, de \u201cprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n\u201d por cuanto llevan m\u00e1s de veinte a\u00f1os en posesi\u00f3n del predio, y de \u201cfalta de causa para pedir\u201d; por su parte el curador se\u00f1al\u00f3 que el bien cuya reivindicaci\u00f3n se solicita no parece ser el mismo que en la actualidad detentan los demandados. <\/p>\n
3. La primera instancia concluy\u00f3 con sentencia mediante la cual se orden\u00f3 a los demandados entregar el inmueble a la Cooperativa demandante; de otro lado, no accedi\u00f3 a las condenas accesorias por restituciones mutuas ni a la de pago de perjuicios, y declar\u00f3 no probadas la tacha de testigos y las excepciones propuestas. <\/p>\n
4. Apel\u00f3 la parte demandada, recurso al cual se adhirieron la actora y las dos sociedades intervinientes por raz\u00f3n de las costas judiciales; dichos recursos fueron resueltos de fondo por el Tribunal, quien confirm\u00f3 la sentencia recurrida, la misma que aqu\u00ed es objeto del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO <\/p>\n
Se ocupa inicialmente la sentencia del Tribunal de verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos propios de la acci\u00f3n reivindicatoria: <\/p>\n
Afirma que con la titulaci\u00f3n allegada por la demandante se acredita su condici\u00f3n de propietaria; que en la inspecci\u00f3n judicial qued\u00f3 plenamente identificado el bien cuya posesi\u00f3n se pretende recobrar, no obstante que el testigo Julio Jim\u00e9nez trat\u00f3 de descalificar ese hecho, cuya versi\u00f3n fue descalificada por el sentenciador por ser vaga, imprecisa y contradictoria; y que la posesi\u00f3n de los demandados qued\u00f3 plenamente acreditada al ser admitida por los opositores, no solamente en la respuesta a la demanda donde se propone la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n sobre la base de que son poseedores con el car\u00e1cter se sucesores universales del causante Luis Mar\u00eda Jim\u00e9nez, sino al absolver interrogatorios practicados en el curso del proceso. <\/p>\n
En s\u00edntesis, el Tribunal hall\u00f3 reunidos los elementos exigidos por la ley para darle cabida a la acci\u00f3n reivindicatoria, y dijo que como la Cooperativa denunci\u00f3 el pleito contra la sociedad arriba nombrada y \u00e9sta a su vez se lo denunci\u00f3 a Inversiones Ltda, ambas sociedades tienen derecho al reembolso de costas, y en este sentido se adicion\u00f3 el fallo apelado. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Con fundamento en la causal primera de casaci\u00f3n, se acusa la sentencia de violar directamente, por falta de aplicaci\u00f3n, los art\u00edculos 972, 976 y 2512 del C\u00f3digo Civil; 85, inciso 2o. numeral 7o, y 306, inciso 2o., del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; expresa que \u201chay infracci\u00f3n directa, cuando, sin mediar error alguno de derecho o de hecho evidente en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, el sentenciador deja de aplicar una norma (…) supone la necesaria conformidad del recurrente con los supuestos f\u00e1cticos\u201d. <\/p>\n
En orden a explicar su tesis, el recurrente comienza con un extenso repaso de jurisprudencia sobre la t\u00e9cnica del recurso de casaci\u00f3n, la claridad y precisi\u00f3n que se exige a los cargos hechos por violaci\u00f3n de la ley y los casos de prescripci\u00f3n de acci\u00f3n que deben reflejarse en sentencia inhibitoria, tratando de aplicarlas a la demanda y al caso debatido. <\/p>\n
A partir de lo anterior, manifiesta el censor que el ad quem omiti\u00f3 aplicar las normas sobre la caducidad de la acci\u00f3n que en su sentir eran de forzosa aplicaci\u00f3n, por cuanto los demandados presentaron un t\u00edtulo \u201ccontenido en la escritura 298 de 1934, suscrito en la Notar\u00eda Unica de El Pe\u00f1ol (Ant) y debidamente registrado en la Oficina de Registro de Marinilla (Ant) como puede verse en el certificado de libertad anexo al proceso\u201d, y el demandante inici\u00f3 su acci\u00f3n el 14 de febrero de 1992, es decir 58 a\u00f1os despu\u00e9s. De all\u00ed concluye que se configur\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, y dice que aunque se tomara como base la escritura 403 del 20 de julio de 1952, presentada por la demandante como uno de los t\u00edtulos precedentes, de todas formas ya habr\u00eda transcurrido 40 a\u00f1os y debe tenerse en cuenta que \u201cla caducidad de la acci\u00f3n de los procesos posesorios, caducan (sic) en un a\u00f1o, seg\u00fan los art\u00edculos 972 y 976 del C.C.C.\u201d. <\/p>\n
Tambi\u00e9n hace ver el censor que el Tribunal reconoci\u00f3 que los herederos demandados propusieron la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, pero sin embargo neg\u00f3 la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos mencionados, defecto que lo lleva a concluir que \u201c… Esta violaci\u00f3n de la ley sustancial como consecuencia del manifiesto y trascendente error de hecho en que incurri\u00f3 el Tribunal (…) el cual gira en torno a que el juzgador neg\u00f3 su aplicaci\u00f3n debiendo haberla aplicado; porque neg\u00f3 un derecho que claramente est\u00e1 consagrado por ella, y lo m\u00e1s grave porque dej\u00f3 de aplicar a un caso en que s\u00ed es aplicable la norma seg\u00fan los Arts. 972, 976 y 2512 del C\u00f3digo Civil, Arts. 85 inciso 2\u00b0 numeral 7 y el inciso 2\u00b0 del Art. 306 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Esa no aplicaci\u00f3n de las normas, aplicables en esta clase de procesos, con lleva a la Corte (..) a casar la sentencia de segunda instancia (…) para que as\u00ed se restablezca el leg\u00edtimo derecho de mis patrocinados…\u201d. <\/p>\n
1. En trat\u00e1ndose de la causal primera de casaci\u00f3n, constituye regla elemental de t\u00e9cnica que se denuncie la violaci\u00f3n de normas sustanciales, ya por la v\u00eda directa como consecuencia de un error puramente jur\u00eddico, ora como consecuencia de errores en la apreciaci\u00f3n de la demanda o de las pruebas, pero siempre de cara al litigio que define la sentencia impugnada y por consiguiente frente al derecho que se concede o niega en \u00e9sta; de all\u00ed que resulte improcedente un cargo, como aqu\u00ed acontece, en el que si bien se denuncia el quebranto de unas normas sustanciales y se ofrecen unas razones que en el sentir de la censura explican su violaci\u00f3n, empero las acusaciones no apuntan a lo que ha sido materia de debate judicial ni, por ende, al derecho aplicado por el sentenciador y a los fundamentos del fallo acusado, cuyas normas, siquiera una que sea base esencial de \u00e9ste o que haya debido serlo, son las que deben citarse como violadas. <\/p>\n
En ese sentido, pronto y de manera evidente se advierte la deficiencia del cargo que se estudia: mientras que el litigio y la decisi\u00f3n consiguiente versan sobre la acci\u00f3n reivindicatoria, el acusador desplaza, a su antojo, toda su inconformidad como si el proceso y la sentencia estuvieren referidos a una acci\u00f3n posesoria, sin serlo, como claramente denotan los compendios que atr\u00e1s se hicieron del fallo impugnado y del cargo en cuesti\u00f3n. N\u00f3tese que las normas sustanciales cuyo quebranto se denuncia son el art\u00edculo 972 del C.C. que indica cu\u00e1l es el objeto de las acciones posesorias, el art\u00edculo 976 ib\u00eddem que regla la prescripci\u00f3n de las mismas y el 2512 que define la prescripci\u00f3n en general, y otras normas de \u00edndole procesal a pesar de que se invoca la causal primera de casaci\u00f3n, y que, en cambio, no se se\u00f1ala ninguna norma que corresponda a la acci\u00f3n reivindicatoria. <\/p>\n
2. Desv\u00edo de tal magnitud deja el cargo sin el lleno del requisito formal previsto en el art\u00edculo 374 del C. de P.C. de se\u00f1alar las normas sustanciales que se estiman quebrantadas, que no se satisface sino con la indicaci\u00f3n de las que se relacionan con el derecho disputado en juicio y concedido o negado en el fallo, y no otras que regulen relaciones jur\u00eddicas distintas o extra\u00f1as a ellos. Es obvio que tambi\u00e9n esa disconformidad que se palpa entre lo que decidi\u00f3 la sentencia y lo que se ataca en casaci\u00f3n, deja en pie todos los fundamentos en que aqu\u00e9lla se apoya, pues el proceder descrito equivale a no formular ninguna acusaci\u00f3n contra la decisi\u00f3n judicial. <\/p>\n
3. Fluye de lo anterior una raz\u00f3n tan poderosa para establecer la ineptitud formal del cargo que el despacho negativo de \u00e9ste no amerita ninguna otra consideraci\u00f3n que tenga que ver con la forma ni con el fondo de la acusaci\u00f3n que, seg\u00fan lo explicado, versa sobre aspectos que nada tienen que ver con la especie de este proceso. <\/p>\n
En consecuencia, el cargo no prospera. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo anterior, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia dictada el 2 de septiembre de 1994 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro del proceso arriba referido. <\/p>\n
Cond\u00e9nase en costas del recurso de casaci\u00f3n a la parte recurrente, las cuales ser\u00e1n tasadas en su oportunidad. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
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