S-109-99 [5361]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Santa Fe de Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) <\/p>\n
<\/p>\n
Referencia: Expediente No. 5361 <\/p>\n
Se decide por la Corte el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 11 de agosto de 1994 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta – Sala Civil -, en el proceso ordinario promovido por FIDOLY RANGEL ROZO y MARIA ELENA SUESCUN BARBOSA contra la COMPA\u00d1IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL DE PROMOCIONES \u00abPRONTA S. A.\u00bb. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante demanda que por reparto correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de C\u00facuta, Fidoly Rangel Rozo y Mar\u00eda Elena Suesc\u00fan Barbosa convocaron a la Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento Comercial de Promociones \u201cPRONTA S. A.\u201d a un proceso ordinario, para que por la jurisdicci\u00f3n se declarase que los demandantes son propietarios del pagar\u00e9 girado a su favor por la sociedad demandada, por la suma de $8’000.000, con intereses a la tasa mensual del 2.291%, causados por mensualidades vencidas y para ser reinvertidos a medida que se fueren causando, t\u00edtulo-valor exigible \u201cal t\u00e9rmino de 12 meses contados a partir del 26 de febrero de 1987.\u201d <\/p>\n
Igualmente se solicit\u00f3 por los demandantes que se declare que ese pagar\u00e9 no ha sido cancelado a sus beneficiarios y, adem\u00e1s, que se condene a la sociedad demandada a restituir a la parte actora \u201cel t\u00edtulo descrito en la pretensi\u00f3n primera, la cual deber\u00e1 cancelarlo a los mencionados demandantes, junto con los intereses pactados en el mismo, que se causen desde la fecha de suscripci\u00f3n del t\u00edtulo hasta la fecha de su cancelaci\u00f3n efectiva, y en los t\u00e9rminos pactados en el texto del citado pagar\u00e9\u201d ( fls. 22 a 24, c.1). <\/p>\n
2. Fund\u00f3 sus pretensiones la parte demandante, en los hechos que se sintetizan a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
A) El 26 de febrero de 1987 Fidoly Rangel Rozo y Mar\u00eda Elena Suesc\u00fan Barbosa, \u201cinvirtieron\u201d la suma de $8’000.000 en la Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento Comercial de Promociones \u201cPRONTA S. A.\u201d, la cual expidi\u00f3 \u201cel pagar\u00e9 plan A, No. 61125\u201d, que aparece \u201ccon fecha de iniciaci\u00f3n del 26 de febrero de 1987 y de vencimiento del 26 de febrero de 1988\u201d, t\u00edtulo en el cual \u201cla sociedad demandada se compromete a pagar a la orden de los demandantes la mencionada suma en el t\u00e9rmino de doce meses a partir de la iniciaci\u00f3n del t\u00edtulo, m\u00e1s los intereses a la tasa mensual del 2.291%\u201d, exigibles con el capital \u201cal vencimiento del plazo original, o de los plazos de pr\u00f3rroga autom\u00e1tica\u201d (fl. 18, c.1). <\/p>\n
B) La sociedad demandada \u201ctom\u00f3 la posesi\u00f3n del t\u00edtulo, para garantizar el otorgamiento de un pr\u00e9stamo a los demandantes\u201d, que \u00e9stos \u201cnunca solicitaron ni obtuvieron\u201d (fl. 19, c.1). <\/p>\n
C) La sociedad demandada, en oficio suscrito por su Vicepresidente Administrativo y Financiero, expedido a petici\u00f3n de los demandantes sobre el destino dado por ella al pagar\u00e9 a que se ha hecho menci\u00f3n, les comunic\u00f3 que \u201cfue cancelado seg\u00fan comprobante de pago No. 265619 de 26 de febrero de 1988 con los cheques Nos. 6162 y 6163 por valor de $6’372.096,oo y $3’931.617.20, respectivamente a nombre de Fidoly Rangel Rozo o PRONTA quien figuraba en el pagar\u00e9 como primer beneficiario\u201d, expresando tambi\u00e9n que \u201ccon parte de estos dineros ($6’372.096.oo) se cancel\u00f3 la obligaci\u00f3n B-23507-9 a cargo del se\u00f1or Fidoly Rangel Rozo, ingreso que se hizo con el recibo de caja No. 102916 del 26 de febrero de 1988\u201d (fls. 19 y 20, c.1). <\/p>\n
D) La firma que aparece en la copia del t\u00edtulo-valor aludido, remitida por la Compa\u00f1\u00eda de Financiamiento Comercial de Promociones \u201cPRONTA S. A.\u201d a los demandantes, \u201cno corresponde\u201d a ninguno de ellos, por lo que el pagar\u00e9 en cuesti\u00f3n no ha sido legalmente cancelado. <\/p>\n
E) Seg\u00fan informaci\u00f3n de la sociedad demandada, el 26 de febrero de 1988 el t\u00edtulo-valor aludido \u201cascend\u00eda por capital e intereses\u201d a la suma de $10’303.713.20, que fue pagado as\u00ed: \u201cA.- $6’372.096.oo, para cubrir el pr\u00e9stamo hecho a PRONTA y B.- $3’931.617.20, que fueron entregados al beneficiario\u201d (fls. 20 y 21, c.1). <\/p>\n
F) El pagar\u00e9 a que se refiere la demanda, conforme a su tenor literal, fue otorgado a favor de FIDOLY RANGEL ROZO o MAR\u00cdA ELENA SUESC\u00daN ROZO, \u201cno a favor de Fidoly Rangel Rozo o PRONTA, como se se\u00f1ala en la respuesta dada por PRONTA en carta que se alleg\u00f3 con la demanda\u201d (fls. 21 y 21, c.1). <\/p>\n
3. Notificada la admisi\u00f3n de la demanda, se le dio contestaci\u00f3n en la que Pronta S.A. se opuso a las pretensiones de la parte actora y, en cuanto a los hechos, manifest\u00f3 que los aqu\u00ed demandantes en la negociaci\u00f3n con la demandada, siempre actuaron \u201ca trav\u00e9s de un representante constituido por documento privado, cual fue la sociedad Inversiones Ltda. quien, a su vez, obr\u00f3 por conducto de apoderado tambi\u00e9n constituido en legal forma, se\u00f1or V\u00edctor Julio Corrales Rojas\u201d, representaci\u00f3n que jam\u00e1s fue desconocida por los actores (fl. 56, c.1). Adem\u00e1s, expres\u00f3 que no es cierto que una vez creado el pagar\u00e9 otorgado a favor de los demandantes, la Compa\u00f1\u00eda hubiere entrado en posesi\u00f3n del mismo en forma ilegal, pues \u201cel t\u00edtulo fue remitido o entregado a PRONTA por los propios beneficiarios del mismo quienes lo remitieron, por conducto de su representante, la sociedad Inversiones Ltda\u201d, con escrito de 9 de julio de 1987, \u201cdebidamente endosado\u201d y con el objeto de que fuera tenido \u201cen custodia\u201d y cancelado \u201cal d\u00eda de su vencimiento\u201d (fl. 56, c.1). Asever\u00f3, adem\u00e1s, que el se\u00f1or Rangel solicit\u00f3 y obtuvo, a trav\u00e9s de su representante, un pr\u00e9stamo de la sociedad demandada \u201cpor la suma de $6’000.000.oo\u201d (fl. 57, c.1), no const\u00e1ndole si la firma que se atribuye en el t\u00edtulo-valor a aquel es aut\u00e9ntica o no. <\/p>\n
4. Agotado el tr\u00e1mite correspondiente, el Juzgado Unico Especializado en Comercio de C\u00facuta – que hab\u00eda asumido el conocimiento luego de que, en virtud de su creaci\u00f3n, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad le remitiera el expediente -, dict\u00f3 sentencia desestimativa de las pretensiones de la demanda, e impuso a la parte actora una condena \u201cal pago de diez (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales\u201d (fls. 266 y 267, c. 1). <\/p>\n
5. Apelada la decisi\u00f3n de primer grado por la parte vencida, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta desat\u00f3 el alzamiento mediante fallo proferido el 11 de agosto de 1994, en el cual revoc\u00f3 la sentencia impugnada y, en su lugar, declar\u00f3 que los demandantes eran los propietarios del pagar\u00e9 objeto de la reivindicaci\u00f3n, que \u00e9ste no hab\u00eda sido legalmente pagado a sus reales beneficiarios, por lo que orden\u00f3, a manera de condena, que la sociedad demandada restituyera el t\u00edtulo y lo pagara en la forma en \u00e9l convenida. As\u00ed mismo, declar\u00f3 falsas las firmas puestas \u00aben el documento que obra a los folios 136 y 137 del cuaderno No. 1\u201d, y conden\u00f3 a Pronta S.A. a cancelar a los demandantes la suma de $2’060.743,oo como sanci\u00f3n por haber prosperado la tacha de falsedad al documento mencionado (fls. 96 y 97, c. 6). <\/p>\n
6. Interpuesto por la sociedad demandada el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la sentencia del Tribunal, de su decisi\u00f3n se ocupa ahora la Corte. <\/p>\n
II.- LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El Tribunal, luego de sintetizar el contenido de la demanda, su contestaci\u00f3n y la actuaci\u00f3n surtida durante la primera instancia, dio por establecidos los presupuestos procesales y, como no advirti\u00f3 causal de nulidad, dict\u00f3 la sentencia de m\u00e9rito. <\/p>\n
Se ocup\u00f3 entonces de precisar los fundamentos normativos de la acci\u00f3n reivindicatoria de t\u00edtulos-valores, analizando sus elementos axiol\u00f3gicos y, en torno a la posesi\u00f3n del t\u00edtulo, manifest\u00f3 que seg\u00fan la demandada el documento le fue entregado a Pronta S.A. por sus beneficiarios, lo que significa que ellos eran los poseedores del pagar\u00e9, cuya posesi\u00f3n \u201cperdieron por la entrega de ese instrumento negociable\u201d, motivo por el cual \u201cla tenencia del t\u00edtulo y la forma como lleg\u00f3 a poder de PRONTA S.A. son el punto central de esta controversia\u201d (fl. 76, c.6). <\/p>\n
Sentado lo anterior, procedi\u00f3 el Tribunal a realizar el examen de las pruebas que obran en el expediente, tomando como punto de partida que la sociedad demandada acept\u00f3 que \u201cni Fidoly Rangel Rozo ni Mar\u00eda Elena Suesc\u00fan adelantaron tr\u00e1mite alguno ante las agencias de PRONTA S.A. en C\u00facuta, para obtener el cr\u00e9dito que fue respaldado por el pagar\u00e9 materia de controversia\u201d, aseveraci\u00f3n que tambi\u00e9n tuvo apoyo en la declaraci\u00f3n de Luz Marina Pab\u00f3n Rangel, auxiliar contable de Pronta S. A. (fl. 77, c.6) y en el testimonio de V\u00edctor Julio Corrales y Sandra Del Carmen Villamizar, quienes declararon que la sociedad Inversiones Ltda. actu\u00f3 como intermediaria de los demandantes en la negociaci\u00f3n, pues para el efecto dicha sociedad ten\u00eda \u201cun contrato de corretaje\u201d suscrito con la demandada \u201cpara captar dinero y colocarlo a ganar intereses\u201d(fl. 77, c. 6). El poder que para ese prop\u00f3sito se confiri\u00f3 el 26 de febrero de 1987 en Pamplona, es de la misma fecha en que la parte actora entreg\u00f3 a la sociedad demandada \u201cla suma de $8’000.000\u201d, con el fin de realizar una inversi\u00f3n rentable de ese dinero, escrito de procuraci\u00f3n que aparece firmado por Mar\u00eda Elena Suesc\u00fan, quien en interrogatorio de parte acept\u00f3 ser suya la firma, aun cuando manifest\u00f3 \u201cque no hab\u00eda firmado poder alguno\u201d, es decir que, a juicio del Tribunal, se encontr\u00f3 demostrado \u201cque s\u00ed se otorg\u00f3 tal poder por parte de su signataria\u201d (fl. 78, c. 6). <\/p>\n
No obstante, concluy\u00f3 el ad quem, si se tiene en cuenta que el pagar\u00e9 suscrito por Pronta S.A. a favor de los demandantes se encuentra fechado el 26 de febrero de 1987, \u201cf\u00e1cilmente puede deducirse que aquel poder suscrito por Mar\u00eda Elena Suesc\u00fan en Pamplona en esa misma fecha no se utiliz\u00f3 para que Inversiones Ltda. realizara la inversi\u00f3n de $8’000.000 entregados por los demandantes\u201d, lo que significa que la facultad conferida \u201cen relaci\u00f3n con las inversiones que se efect\u00faen\u201d de que se habla en ese poder, \u201cpodr\u00edan utilizarse con otros pagar\u00e9s que en el futuro PRONTA S.A. expidiera a favor de la se\u00f1ora Suesc\u00fan pero, no en cuanto al mencionado pagar\u00e9 plan A No. 61125\u201d (fl. 79, c. 6). Agreg\u00f3 a su juicio que como el poder no se circunscribi\u00f3 a un caso especial sino a varios, debi\u00f3 otorgarse por escritura p\u00fablica, sin que pueda considerarse, adem\u00e1s, como conferido por Fidoly Rangel Rozo, quien no aparece firm\u00e1ndolo, omisi\u00f3n que no puede subsanarse \u201ccon una llamada telef\u00f3nica\u201d (fl. 79, c. 6)., como quiso demostrarse mediante testimonios. <\/p>\n
En adici\u00f3n a lo anterior, sostuvo que la sociedad Inversiones Ltda. no adelant\u00f3 directamente ninguna gesti\u00f3n o tr\u00e1mite ante Pronta S.A., sino que para el efecto acudi\u00f3 a V\u00edctor Julio Corrales Rojas, a quien, a su turno, confiri\u00f3 otro poder \u201cpara que en su nombre y representaci\u00f3n realizara en PRONTA S.A. \u2018inversiones originadas con los recibos de caja autorizados en nuestro poder y en los diferentes planes de captaci\u00f3n que dicha sociedad tenga establecidos\u2019 (fl. 12, c. 2)\u201d, poder \u00e9ste en virtud del cual el se\u00f1or Corrales Rojas qued\u00f3 facultado para recibir \u201cdocumentos expedidos por PRONTA S.A. en relaci\u00f3n con tales inversiones, para presentar los pagar\u00e9s\u201d y para \u201crecibir los pagos\u201d, facultades que deber\u00edan ser ejercidas en conexi\u00f3n directa con \u201cinversiones originadas con los recibos de caja autorizados en nuestro poder en los diferentes planes de captaci\u00f3n\u201d de la sociedad demandada y que, a criterio del Tribunal, por su amplitud, tambi\u00e9n \u201cdebi\u00f3 otorgarse por escritura p\u00fablica\u201d (fl. 80, c. 6). Con fundamento en estas reflexiones, observ\u00f3 el sentenciador que el otorgamiento del cr\u00e9dito por gesti\u00f3n de Inversiones Ltda. \u201cestaba fuera del contexto del poder que obra a folio 12 del cuaderno No. 2\u201d (fl. 80, c. 6), adem\u00e1s que se concedi\u00f3 justo a quien no hab\u00eda conferido \u201cpoder alguno al respecto\u201d (fls. 80 y 81, c. 6): el se\u00f1or Rangel. <\/p>\n
Se ocup\u00f3 luego el Tribunal de resaltar algunas irregularidades en cuanto a la solicitud y otorgamiento del cr\u00e9dito, el lugar donde se firm\u00f3 el pagar\u00e9 que recogi\u00f3 la operaci\u00f3n, la no coincidencia del nombre del se\u00f1or Rangel con el del beneficiario del cheque emitido en desarrollo de aquella, que se complementaron con el desconocimiento de \u201cla prohibici\u00f3n contenida en el Art. 9\u00ba del Decreto 3604 del 1981\u201d, conforme al cual las entidades crediticias, como las Compa\u00f1\u00edas de Financiamiento Comercial, \u201cno podr\u00e1n recibir a t\u00edtulo de garant\u00eda acciones o t\u00edtulos-valores de la entidad que otorgue el cr\u00e9dito ni de sus subordinadas, sean filiales o subsidiarias\u201d (fls. 85 y 86, c. 6). <\/p>\n
De tal suerte que, por lo visto, el Tribunal concluy\u00f3 que \u201ces incuestionable que el pagar\u00e9 materia de controversia estaba ilegalmente en poder del obligado con el mismo, pues, lo obtuvo a trav\u00e9s de una gesti\u00f3n que sin representaci\u00f3n del se\u00f1or Fidoly Rangel Rozo adelant\u00f3 Inversiones Ltda. mediante apoderado\u201d; y, como el pago \u201cefectuado por la compa\u00f1\u00eda demandada\u201d respecto de la obligaci\u00f3n contenida en el t\u00edtulo-valor por ella otorgado a favor de los demandantes, no fue realizado en legal forma, ha de entenderse que \u201cel referido pagar\u00e9 No. 61125 est\u00e1 vigente\u201d por lo que las pretensiones de la demanda han de prosperar y, por lo mismo, revocarse la sentencia de primera instancia (fls. 87 a 88, c. 6). <\/p>\n
Por \u00faltimo, encontr\u00f3 el sentenciador de segundo grado demostrada la tacha de falsedad propuesta por la parte demandante, respecto de las firmas que seg\u00fan Pronta S.A. fueron impuestas por el se\u00f1or Rangel para endosar el pagar\u00e9 No. 61125 (fl. 12, c.1), as\u00ed como en el oficio de julio 9 de 1987 que obra a folio 48 y en los escritos que aparecen a folios 52, 54, 55 y 57, todos del mismo cuaderno, por lo que as\u00ed se declar\u00f3 en la sentencia, con imposici\u00f3n a la demandada de multa equivalente al 20% del total de las obligaciones contenidas en los documentos respecto de los cuales prosper\u00f3 la tacha de falsedad (fls. 88 al 95, c. 6). <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Un solo cargo formul\u00f3 la sociedad recurrente a la sentencia proferida por el Tribunal. En \u00e9l, acus\u00f3 la sentencia impugnada de ser \u201cviolatoria de la ley sustancial, por aplicaci\u00f3n indebida, de los art\u00edculos 624, 662, 819, 825, 1262 y 1263 del C. de Co. y de los art\u00edculos 2142, 2149 y 2156 del C.C., como consecuencia de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas\u201d (fl. 13, c. 7). <\/p>\n
Antes de proceder a sustentar la acusaci\u00f3n, la recurrente se\u00f1al\u00f3 que, a su juicio, revisten singular importancia las apreciaciones jur\u00eddico-probatorias que plante\u00f3 el juez de la primera instancia, de suerte que manifest\u00f3 que las comparte \u201cen su integridad\u201d y por ello realiz\u00f3 una s\u00edntesis de las mismas (fls. 13 a 18, c. 7). <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, expres\u00f3 que el Tribunal incurri\u00f3 en errores de hecho en relaci\u00f3n con la apreciaci\u00f3n de la prueba pericial, pues, con desprecio del dictamen rendido por los peritos para el efecto, de manera \u201cinexplicable\u201d opt\u00f3 por \u201chacer las veces de perito graf\u00f3logo al pronunciarse sobre la tacha de falsedad\u201d. En ese orden de ideas, censur\u00f3 al sentenciador de segundo grado porque decidi\u00f3 \u201csustituir al auxiliar de la justicia, para concluir que ha existido una falsedad, argumentando que \u2018la Sala est\u00e1 tambi\u00e9n en capacidad de hacer uso de esa visi\u00f3n directa para llegar a aquella conclusi\u00f3n, pues es innegable que las firmas puestas en los documentos relacionados no son ni lejanamente parecidas a las que el se\u00f1or Rangel dibuj\u00f3 tanto en la escritura ya mencionada como en los documentos de los folios 1, 114, 118, 135 del cuaderno No. 1 y 30 del cuaderno No. 2\u2019 \u201d (fl. 18, c. 7). <\/p>\n
Agreg\u00f3, adem\u00e1s, que si se decret\u00f3 la prueba pericial, ello significa que el juzgador requer\u00eda de la misma y que el dictamen pericial ha debido ser el soporte de la decisi\u00f3n que se combate y no la apreciaci\u00f3n directa del Tribunal, como lo fue en este caso (fls. 19 y 20, c. 7), ya que esta colegiatura, al momento de decidir el proceso, no se limit\u00f3 a expresar conclusiones acerca del dictamen pericial sino que realiz\u00f3, por su cuenta, \u201ccomplementaciones y adiciones\u201d con lo cual no se dio a las partes \u201cla oportunidad de su contradicci\u00f3n, siendo dicha actitud ilegal, pues est\u00e1n fijando presupuestos sin asidero cient\u00edfico\u201d, privando a las partes del \u201cderecho a controvertirlo\u201d (fl. 20, c.7). Con ello, en criterio de la recurrente, se incurri\u00f3 en yerro de hecho por alteraci\u00f3n de \u201cla objetividad de la prueba, al adicionarla como en efecto lo hizo\u201d el sentenciador de segundo grado. <\/p>\n
Manifest\u00f3 luego que el poder que confiri\u00f3 Mar\u00eda Elena Suesc\u00fan Barbosa a la sociedad Inversiones Ltda., que obra a folio 8 del cuaderno No. 2, as\u00ed como el que \u00e9sta confiri\u00f3 a V\u00edctor Julio Corrales Rojas, se otorgaron conforme a la ley y, por ello, encontr\u00f3 que result\u00f3 desatinada la interpretaci\u00f3n del Tribunal en el sentido de que por tratarse de varios negocios jur\u00eddicos esos poderes deber\u00edan haber sido otorgados por escritura p\u00fablica (fl. 21, c. 7). <\/p>\n
As\u00ed mismo, expres\u00f3 el censor que aun cuando el Tribunal consider\u00f3 que el \u201cmandato conferido a Inversiones Ltda., no serv\u00eda para solicitar cr\u00e9ditos y mucho menos a nombre de Fidoly Rangel\u201d, ha de insistirse en que \u201cdicho tr\u00e1mite y la documentaci\u00f3n allegada para su consecuci\u00f3n\u201d, se cumpli\u00f3 con \u201cdocumentos emanados directamente del se\u00f1or Rangel\u201d, cuya legitimidad no ha sido desvirtuada a juicio del recurrente, por lo que, entonces, no era necesaria \u201cconcurrencia alguna del mandato, el cual, a pesar de todo, puede ser verbal, situaci\u00f3n que se complementa con lo dicho por una de las empleadas de PRONTA, al consultar telef\u00f3nicamente dicho aspecto (sic) con el se\u00f1or Rangel\u201d (fl. 22, c. 7). <\/p>\n
De otro lado, asever\u00f3 la censura que conforme a la autorizaci\u00f3n de fecha julio 8 de 1987, suscrita por Fidoly Rangel, que obra en folios con destino a Pronta S.A., en ella se manifest\u00f3 que se hace \u201centrega del t\u00edtulo plan A No. 61125-RC 152628, fecha inicial 26 de febrero de 1987 y vencimiento en febrero 28 de 1988, por $8’000.000.oo\u201d, que se dice \u201cdebidamente endosado, para que se sirvan mantenerlo en custodia y cancelarlo el d\u00eda de su vencimiento\u201d, con autorizaci\u00f3n para que \u201ccon el producto del mencionado t\u00edtulo se abone la totalidad de saldos de capital que adeude a esa compa\u00f1\u00eda como tambi\u00e9n los intereses y dem\u00e1s gastos ocasionados por concepto del cr\u00e9dito No. B23507-9 concedidos por dicha entidad\u201d y, \u201cpor \u00faltimo solicitan que le gire el excedente a su nombre\u201d (fl. 22, c. 7). <\/p>\n
Agreg\u00f3 luego la recurrente que la acci\u00f3n reivindicatoria de t\u00edtulos-valores no es procedente en este caso, pues no se dan los presupuestos exigidos en la ley para el efecto, pues ella solo puede ejercerse cuando se hubiere producido extrav\u00edo, robo o apropiaci\u00f3n il\u00edcita del t\u00edtulo y, dirigirse contra el actual poseedor del t\u00edtulo, cuando no lo es de buena fe exenta de culpa (arts. 819, 835 del C. de Co.). <\/p>\n
Finalmente, expres\u00f3 la sociedad recurrente que el pago realizado por ella es v\u00e1lido, como quiera que la presentaci\u00f3n del pagar\u00e9 para su cobro se realiz\u00f3 por quien estaba legitimado para ello, el t\u00edtulo no hab\u00eda circulado y el endoso se encontraba amparado por la presunci\u00f3n de autenticidad (fl. 23, c. 7), razones que, aunadas a las anteriormente expuestas, son suficientes, seg\u00fan su criterio, para que se case la sentencia y, en su lugar, se confirme la del a quo (fl. 23, c. 7). <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme aparece en el Libro Tercero del C\u00f3digo de Comercio, al lado de los establecimientos de comercio y de la propiedad industrial, los t\u00edtulos-valores son objeto de regulaci\u00f3n legal como \u201cbienes mercantiles\u201d, raz\u00f3n por la cual son susceptibles de apropiaci\u00f3n por los particulares, quienes pueden ser titulares de un ius in re, de igual naturaleza al que puede ejercitarse sobre las cosas. Por tanto, como \u201cdocumentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y aut\u00f3nomo que en ellos se incorpora\u201d (art. 619 C. de Co.), pueden ser objeto de dominio, de posesi\u00f3n y de tenencia por los particulares. <\/p>\n
Siendo ello as\u00ed, el propietario de un t\u00edtulo-valor que ha perdido su posesi\u00f3n por \u201cextrav\u00edo, robo (hoy hurto calificado), o alg\u00fan otro medio de apropiaci\u00f3n il\u00edcita\u201d, puede pretender su reivindicaci\u00f3n, conforme a lo dispuesto por los art\u00edculos 819 y 820 del estatuto mercantil, de la que podr\u00e1n ser sujetos pasivos \u201cel primer adquirente\u201d o \u201ccualquier tenedor ulterior que no sea de buena fe exenta de culpa\u00bb. Lo anterior supone, entonces, la convergencia de los presupuestos \u2013 gen\u00e9ticos y funcionales – de la actio rei vindicatio, a saber: el derecho de propiedad sobre el t\u00edtulo en cabeza del accionante; su posesi\u00f3n por otra persona, en los casos espec\u00edficamente se\u00f1alados por el art\u00edculo 819 del C\u00f3digo de Comercio; y la identidad entre el t\u00edtulo extraviado, hurtado o del que se produjo su apropiaci\u00f3n il\u00edcita, con aquel de que es propietario el reivindicante, elementos cuya prueba corresponde al demandante y que el Tribunal, en este caso, hall\u00f3 acreditados. <\/p>\n
2. Bajo este entendimiento, se tiene establecido de vieja data que para el ejercicio de la funci\u00f3n judicial el legislador asign\u00f3 la labor de ponderaci\u00f3n de las pruebas respecto de los hechos controvertidos, a los juzgadores de instancia, cuyas conclusiones arriban a casaci\u00f3n amparadas por la presunci\u00f3n de legalidad y acierto. <\/p>\n
No obstante, en raz\u00f3n de que a la violaci\u00f3n de normas de derecho sustancial puede llegar el sentenciador por error en la premisa mayor o en la premisa menor del silogismo judicial, esto es, por equivocaci\u00f3n constitutiva de un yerro iuris in iudicando, en el primer caso, o por error en la apreciaci\u00f3n probatoria sobre los hechos debatidos en el proceso, lo que constituir\u00eda un yerro facti in iudicando, el legislador colombiano instituy\u00f3 un sistema ecl\u00e9ctico al regular el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en virtud del cual, de manera excepcional, se autoriza la acusaci\u00f3n de la sentencia objeto de este recurso, no solo por violaci\u00f3n directa – como acontece en la generalidad de reg\u00edmenes que se ocupan del gobierno de este recurso -, sino tambi\u00e9n por el quebranto indirecto de normas de derecho sustancial, que puede materializarse en desarrollo de errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de las pruebas, o en yerro de derecho en la apreciaci\u00f3n de estas \u00faltimas. <\/p>\n
Restringida as\u00ed la espec\u00edfica funci\u00f3n de la Corte como Tribunal de Casaci\u00f3n, mal puede convertirse este especial\u00edsimo recurso en una instancia m\u00e1s para controvertir el m\u00e9rito y el alcance que debe otorgarse a los medios de prueba, cuya miramiento en esta sede se reduce a establecer, como se dijo, si el sentenciador – respecto a la primera causal -, incurri\u00f3 en error de hecho o de derecho en su apreciaci\u00f3n, equivocaciones de juicio que no es posible confundir, pues tal como lo ha se\u00f1alado esta Corporaci\u00f3n en repetidas oportunidades, con apoyo a lo establecido por la ley procedimental, aunque ambos \u201ctiene como punto com\u00fan el de conducir al quebranto de la ley sustancial, entre uno y otro yerro existen no obstante notorias diferencias en su estructuraci\u00f3n, de tal naturaleza y entidad que no es posible confundirlos, porque el yerro de facto en la apreciaci\u00f3n probatoria se presenta, bien cuando el sentenciador supone una prueba que realmente no existe en el proceso, ora cuando ignora la presencia de la que s\u00ed existe, ya cuando altera la objetividad de la prueba, adicionando o cercenando su real contenido. En cambio el error de derecho o de valoraci\u00f3n presupone que el Juez s\u00ed ve y aprecia la prueba, pero sucede que al valorarla no le otorga el m\u00e9rito probatorio que ciertamente tiene, o le concede la eficacia probatoria que legalmente no tiene\u201d (G.J. CCXLIX. 2do. sem. 1997. V.I. p\u00e1g., 812) <\/p>\n
3. Sentado lo anterior, encuentra la Corte que, en rigor, el recurrente err\u00f3 el planteamiento referente a su reproche a la sentencia, puesto que acusando al fallador de segundo grado de haber sustituido a los peritos, para concluir que existi\u00f3 una falsedad, propiamente le endilga un error de derecho en la apreciaci\u00f3n del dictamen pericial (vicio de \u201cvaloraci\u00f3n probatoria\u201d), as\u00ed lo haya tildado de yerro de hecho, en la medida en que el Tribunal habr\u00eda asumido, est\u00e1ndole vedado, una tarea para la cual se requieren \u201cespeciales conocimientos cient\u00edficos, t\u00e9cnicos o art\u00edsticos\u201d (art. 233 C.P.C.), con mayor raz\u00f3n si es el propio legislador el que ha dispuesto, cuando una parte tacha de falso un documento que ha presentado su contraria, que tal medio de prueba es eficaz para generar convicci\u00f3n en el juzgador, al punto que lo hace imperativo, seg\u00fan se establece en el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 290 del C.P.C., a cuyo tenor \u201cSurtido el traslado se decretar\u00e1n las pruebas pedidas y se ordenar\u00e1, de oficio o a petici\u00f3n de parte, el cotejo pericial de la firma o del manuscrito, o un dictamen sobre las posibles adulteraciones.\u201d (resalta la Corte). <\/p>\n
Bajo esta perspectiva, entonces, como es cierto que el Juez no puede considerarse calificado para establecer por s\u00ed y ante s\u00ed, ayuno de todo otro soporte probatorio de car\u00e1cter t\u00e9cnico, si en un determinado escrito – en forma indefectible – se alter\u00f3 materialmente su texto o su firma, pues de \u00e9l \u00fanicamente se reclama el conocimiento del derecho que debe gobernar la definici\u00f3n del litigio, pero no la sabidur\u00eda o la destreza que son propias de otras ciencias o artes, viene a ser apenas obvio que cuando obra as\u00ed y de esa manera, desconociendo su condici\u00f3n de lego en la materia pertinente, vulnera de manera manifiesta las normas jur\u00eddicas que regulan su valoraci\u00f3n, con mayor raz\u00f3n si se atiende el principio de necesidad de la prueba (art. 174 C.P.C.), motivo por el cual el ataque en casaci\u00f3n, enderezado a cuestionar la precitada actuaci\u00f3n o actividad judicial, debe plantearse como constitutiva de error de derecho y no de hecho, pues, a riesgo de ser repetitivos, no se discute aqu\u00ed un caso de suposici\u00f3n o de preterici\u00f3n de la prueba, que es, justamente, lo que estereotipa al yerro f\u00e1ctico, en oposici\u00f3n al yerro jur\u00eddico, signado por la apreciaci\u00f3n del fallador de \u201c\u2026pruebas aducidas al proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolos en la realidad que ellos demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas, o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente prohibe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere\u201d (G.J. CXLVII, p\u00e1g., 61). Esto explica, como tambi\u00e9n lo ha rese\u00f1ado esta Sala, que el error de derecho \u201c\u2026no cabe sino cuando el sentenciador se equivoca en punto a la aplicaci\u00f3n de las normas legales que regulan la aducci\u00f3n, pertinencia o eficacia de la prueba, o cuando admite un medio que el legislador precisamente rechaza para comprobar un hecho o deja de estimar el medio preciso que estima indispensable para comprobarlo (Sent. de julio 10 de 1990) <\/p>\n
Para corroborar el precitado aserto, llama la Corte la atenci\u00f3n en el sentido de que el Tribunal s\u00ed tuvo en cuenta el informe t\u00e9cnico del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (fls. 38 a 40 c.2) – como aparece transparente a folios 88 a 91 del cuaderno No. 6 -, s\u00f3lo que, amparado en \u00e9l y so pretexto de darle alcance, gener\u00f3 una conclusi\u00f3n que resquebraja el m\u00e9rito que, a juicio del casacionista, le concede la ley a ese medio de prueba. En efecto, <\/p>\n
<\/p>\n
A) En orden a concluir que \u201clas firmas puestas en los documentos \u2026 descritos y singularizados en el documento que obra a los folios 136 y 137 del cuaderno No. 1\u201d (fl. 87 c.6), en lo relacionado con la signatura que se atribuye a Fidoly Rangel Rozo, acudi\u00f3 el Tribunal a la mencionada experticia, que se llev\u00f3 a cabo mediante \u201cla comparaci\u00f3n de las firmas colocadas en aquellos documentos con la que aparece en la fotocopia de la escritura No. 475 de 10 de marzo de 1965, de la Notar\u00eda Tercera del C\u00edrculo de Bucaramanga y las muestras de escrituras recolectadas a los demandantes en el transcurso de la primera instancia\u201d (fl. 88, c.6). <\/p>\n
C) Fue, entonces, con soporte en las precedentes consideraciones, que el Tribunal manifest\u00f3 que, as\u00ed como \u201cel laboratorio de grafolog\u00eda se vale de la visi\u00f3n directa para emitir un concepto, como el de autos, la Sala est\u00e1 tambi\u00e9n en capacidad de hacer uso de esa visi\u00f3n directa\u201d, (resalta y subraya la Corte), para llegar a la conclusi\u00f3n que dej\u00f3 plasmada en la parte resolutiva de su fallo, en cuanto a la tacha se refiere (fl. 97 c.6), decisi\u00f3n que adopt\u00f3 con la advertencia, por lo dem\u00e1s muy clara y concluyente, de que no se trat\u00f3 de \u201csuplir la prueba grafol\u00f3gica\u201d, sino en desarrollo de las \u201ccircunstancias antecedentes, concomitantes y posteriores a los hechos materia de controversia sumadas al concepto del laboratorio de grafolog\u00eda y a la comparaci\u00f3n que a trav\u00e9s de la observaci\u00f3n directa puede hacerse en unos y otros documentos\u201d (fls. 90 y 91, c. 6). <\/p>\n
4. En este orden de ideas, como la Corte no puede modificar el ataque formulado contra la sentencia, a fortiori cuando de la simple denuncia – y menos de su desarrollo -, puede deducirse que se enrostra un error de derecho – as\u00ed se hubiere tildado de yerro de hecho -, el cargo no puede prosperar, m\u00e1xime si no se citan \u201clas normas de car\u00e1cter probatorio que se consideran infringidas\u201d, ni se explica \u201cen que consiste la infracci\u00f3n\u201d, seg\u00fan lo reclama perentoriamente el inciso 2\u00ba del numeral 3\u00ba del art\u00edculo 374 del C.P.C.. <\/p>\n
5. No sobra anotar que si en gracia de discusi\u00f3n se admitiese que el error del Tribunal, m\u00e1s que de derecho, se trat\u00f3 de un error de hecho, que no lo es, como se pregona en la demanda, en todo caso la impugnaci\u00f3n tambi\u00e9n se frustrar\u00eda por las siguientes razones: <\/p>\n
A) En primer lugar -sin perjuicio de la se\u00f1alada advertencia-, es f\u00e1cil advertir que el Tribunal no incurri\u00f3 en el error de hecho evidente que le imputa la censura, como quiera que, para tener tal connotaci\u00f3n, debe el yerro aflorar por la sola circunstancia de su enunciaci\u00f3n, sin necesidad de acudir a razonamientos m\u00e1s o menos complejos o elaborados para establecerlo, es decir, ha de surgir de la simple y escueta comparaci\u00f3n entre lo afirmado en la sentencia y la prueba que obra en autos, lo que en este caso no ocurre, pues, como ya se observ\u00f3, el Tribunal no pas\u00f3 por alto el dictamen pericial y, antes bien, lo hizo objeto de un an\u00e1lisis en el que apoy\u00f3 su conclusi\u00f3n, sin que se encuentre demostrado que fue alterado en lo tocante con su objetividad material. Sobre este particular, esta Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que \u201cBien conocido es que el error de hecho que posee la virtualidad para quebrar el fallo acusado en casaci\u00f3n, debe revelar, entre otras, la caracter\u00edstica de ser manifiesto, seg\u00fan lo reclaman imperativamente los art\u00edculos 368 numeral 1\u00ba y 374, numeral 3\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. Traduce entonces que no cualquier desacierto en la contemplaci\u00f3n objetiva de las pruebas, conduce inexorablemente al quiebre de la sentencia, pues \u00fanicamente lo ser\u00e1 el que es \u201ctan grave y notorio que a simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o, en otros t\u00e9rminos, de tal magnitud, que resulta absolutamente contrario a la evidencia del proceso. No es, por tanto, error de hecho que autorice la casaci\u00f3n de un fallo aquel a cuya demostraci\u00f3n se llega mediante un esforzado razonamiento\u201d (LXXVII, p\u00e1g. 972). Doctrina de la Corte que de continuo ha venido proclamando\u201d (Cas. 2 de febrero de 1993. S-004). <\/p>\n
Para el sentenciador de segundo grado, la falsedad de la firma del se\u00f1or Rangel no se deduce exclusivamente de la comparaci\u00f3n por observaci\u00f3n directa de los documentos dubitado e indubitados, sino tambi\u00e9n de \u201clos numerosos indicios que constituyen cada una de las circunstancias ya autorizadas sobre el proceso que se adelant\u00f3 ante PRONTA S.A. para obtener un cr\u00e9dito y lograr la soluci\u00f3n del pagar\u00e9 emitido por dicha compa\u00f1\u00eda, y con fundamento en lo que el laboratorio forense expuso sobre autor\u00eda \u00fanica de las firmas, tachadas y su diferencia morfol\u00f3gica con las dibujadas ante la se\u00f1ora juez por Don Fidoly Rangel Rozo y ante el notario en la escritura 475\u201d (resalta la Corte, fl. 90 c.6), apreciaci\u00f3n que no oscurece el esperado entendimiento que puede darse a la experticia, vista conjuntamente con las dem\u00e1s pruebas acopiadas. <\/p>\n
Precisamente por ello, la discrepancia de la recurrente con el Tribunal en relaci\u00f3n con la realidad o falsedad de la solicitud de cr\u00e9dito por parte de Fidoly Rangel, el endoso a Pronta S.A. del pagar\u00e9 No. 61125, la recepci\u00f3n por \u00e9ste del saldo del mismo y el endoso de los cheques 6162 y 6163, carece de eficacia para infirmar la sentencia impugnada, no s\u00f3lo por la inexistencia del supuesto error de hecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba pericial, que ya fue objeto de an\u00e1lisis, sino tambi\u00e9n porque, como ha dicho la Corte, \u201cDesde luego, que la carga de demostrar el error de hecho imputable al juzgador, corresponde exclusivamente al impugnante por mandato del art\u00edculo 374 del C. de P. C., pero esa labor no puede reducirse como lo tiene dicho la jurisprudencia, \u201da la contraposici\u00f3n del punto de vista del recurrente con el del Tribunal acerca del sentido que se le puede atribuir al material probatorio, as\u00ed el del recurrente merezca el calificativo de racional o atendible. No. Lo que prescribe la ley es que el impugnador con miras a dejar sentada la presencia del yerro, tiene que confrontar lo expuesto en el fallo representado con la prueba a fin de que de esa confrontaci\u00f3n brote el desacierto del sentenciador de manera clara y evidente\u201d (Casaci\u00f3n Civil Sentencia del 4 de noviembre de 1993), porque si el desacierto corresponde a una simple exposici\u00f3n de puntos de vista antag\u00f3nicos fruto de razonamientos o elucubraciones meticulosas y detalladas, dejar\u00eda de ser evidente o manifiesto conforme lo exige la ley, evento en el cual la Corte no podr\u00eda tomar partido distinto al consignado en la sentencia combatida, no s\u00f3lo porque esta ingresa al recurso de casaci\u00f3n escoltada de la presunci\u00f3n de acierto, sino porque ese medio de impugnaci\u00f3n no es otra oportunidad adicional para debatir con amplitud las circunstancias f\u00e1cticas del proceso, como si lo fueron las instancias respectivas; o como en otra oportunidad hubo de se\u00f1alarse, el error de hecho para que se estructure, adem\u00e1s de trascendente, es decir, que sea el determinante de la decisi\u00f3n final, debe ser \u201dtan grande y notorio que a simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o en otros t\u00e9rminos, de tal magnitud, que resulte contrario a la evidencia del proceso. No es, por lo tanto, error de hecho aqu\u00e9l a cuya demostraci\u00f3n s\u00f3lo se llega mediante un esforzado razonamiento\u201d (G.J. Tomo LXXVII, p\u00e1g. 972). <\/p>\n
B) En segundo lugar, se tiene como asunto pac\u00edfico en la jurisprudencia que el juzgador no se encuentra imperativamente obligado a acatar el dictamen pericial, ya que el C\u00f3digo de Procedimiento no consagra una tarifa cient\u00edfica. Esa prueba, como todas las dem\u00e1s, debe ser apreciada por el juez en conjunto con las dem\u00e1s que obren en el proceso y de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica (art. 187 C.P.C.), labor que, trat\u00e1ndose de aquella, se realizar\u00e1 teniendo en cuenta la precisi\u00f3n, firmeza y calidad de sus fundamentos (art. 241 ib.), tarea en la que el juzgador goza de autonom\u00eda, raz\u00f3n por la cual \u201clos reparos por indebida apreciaci\u00f3n de la fuerza de una pericia, deben dirigirse a demostrar que el juez vio el dictamen de manera distinta a como aparece producido, y que sac\u00f3 de \u00e9l una conclusi\u00f3n il\u00f3gica y arbitraria, que no se compagina con la que realmente demuestra, porque, de lo contrario, es obvio que lo as\u00ed inferido por el fallador est\u00e1 amparado en la presunci\u00f3n de acierto, y debe ser respetado en casaci\u00f3n\u201d (G.J.T. CCXII, No. 2451, p\u00e1gina 143). <\/p>\n
C) Ahora bien, en relaci\u00f3n con la insistencia del recurrente en que Mar\u00eda Elena Suesc\u00fan Barbosa, conforme al documento que obra a folio 8 del cuaderno No. 2, confiri\u00f3 poder a Inversiones Ltda. para adelantar en su nombre negociaciones con PRONTA S.A. (fls. 20 y 21, c. 7), observa la Sala que el propio Tribunal en la sentencia impugnada dio por sentada la existencia del poder aludido, por haber reconocido la mencionada se\u00f1ora \u201cla firma del poder otorgado a Inversiones Ltda\u201d, lo que hace presumir cierto el contenido de ese documento, a menos que ella hubiere aportado prueba en contrario, lo que no hizo (fl. 92, c. 6). <\/p>\n
Adem\u00e1s, agreg\u00f3 el Tribunal que la existencia de ese poder no tiene relevancia, por cuanto \u201cno alcanza al se\u00f1or Fidoly Rangel Rozo\u201d, quien no lo suscribi\u00f3 y, \u201cantes bien desconoci\u00f3 con vehemencia haberlo otorgado\u201d (fl. 92, c.6). <\/p>\n
En consecuencia, es claro que las disquisiciones de la censura en torno al poder conferido por la se\u00f1ora Mar\u00eda Elena Suesc\u00fan Barbosa, no tienen ninguna trascendencia funcional, ni revisten, tampoco, la categor\u00eda de un error evidente de hecho como se enuncia en la demanda, atendidas las descritas calidades de este tipo de yerro. <\/p>\n
D) Finalmente, a\u00fan cuando lo rese\u00f1ado en apartes que anteceden es suficiente para tornar impr\u00f3spero el cargo formulado por el censor, observa la Corte que, como se dej\u00f3 visto, seg\u00fan el resumen de las motivaciones de la sentencia atacada, el Tribunal fundament\u00f3 cardinalmente su resoluci\u00f3n estimatoria de las pretensiones de los demandantes, en que: a) Pronta S.A. admiti\u00f3 al contestar la demanda y a trav\u00e9s de su apoderado (art. 197 C.P.C.), que aquellos no adelantaron directamente gesti\u00f3n alguna para adquirir el cr\u00e9dito que fue respaldado con el pagar\u00e9 materia de la controversia, hecho que corrobora con prueba testimonial (fl. 77 c.6); b) El poder otorgado por Mar\u00eda Elena Suesc\u00fan a Inversiones Ltda., no se utiliz\u00f3 para la inversi\u00f3n de los ocho millones de pesos entregados por los demandantes, pues tanto aquel como el pagar\u00e9 tienen como fecha el 26 de febrero de 1987, raz\u00f3n por la cual las facultades otorgadas s\u00f3lo ata\u00f1en a \u201cotros pagar\u00e9s que en el futuro PRONTA S.A. expidiera\u201d a favor de la poderdante. Este poder, adem\u00e1s, no confiri\u00f3 la facultad de solicitar cr\u00e9ditos para ninguno de los demandantes (fls.78, 79 y 84 c.6); c) Inversiones Ltda. no obr\u00f3 ante la sociedad demandada directamente, sino a trav\u00e9s del se\u00f1or V\u00edctor Julio Corrales, a quien confiri\u00f3 poder cuyas facultades extralimit\u00f3, pues no se menciona en \u00e9l la posibilidad de solicitar cr\u00e9ditos y mucho menos a nombre de Fidoly Rangel (fl. 80 c.6), ni la operaci\u00f3n adelantada guarda relaci\u00f3n con el objeto espec\u00edfico de aquellas (fl. 80 c.6); d) El pagar\u00e9 que recoge el cr\u00e9dito otorgado, no se firm\u00f3 en las oficinas de Pronta S.A.; e) El cheque girado por esta para desembolsar la suma mutuada, no tiene como beneficiario al demandante, atendido su segundo apellido (fl. 81 c.6); f) Los cheques que se giraron para cancelar el pagar\u00e9 de marras, incluido el librado para pagar el cr\u00e9dito otorgado, se entregaron a una persona que se identific\u00f3 con el mismo NIT de Inversiones Ltda., a quien el se\u00f1or Rangel no le hab\u00eda conferido poder. (fl. 83 c.6); g) La actuaci\u00f3n de Inversiones Ltda. no puede fundamentarse en el contrato de corretaje celebrado con la entidad financiera, pues la naturaleza de este excluye la existencia de un contrato de mandato entre aquella y los demandantes (fl. 84 c.6); h) La sociedad demandada desconoci\u00f3 la prohibici\u00f3n de recibir en garant\u00eda sus propios t\u00edtulos, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 9\u00ba del Decreto 3604 de 1981 (fl. 85). Estos razonamientos condujeron al sentenciador de segundo, a concluir que el pagar\u00e9 materia de la controversia se encontraba ilegalmente en poder de Pronta, quien lo obtuvo de Inversiones Ltda. sin representaci\u00f3n de Fidoly Rangel Rozo. <\/p>\n
Y como estos argumentos del Tribunal no fueron desvirtuados por el casacionista, s\u00edguese de los dicho que, incompleta como est\u00e1 la impugnaci\u00f3n por no comprender todas las consideraciones en que se apoy\u00f3 el fallo, \u00e9ste no puede quebrarse. Sobre este espec\u00edfico punto ha precisado la Sala: \u201cEl impugnante, al atacar la sentencia por error evidente de hecho, se compromete a denunciar y demostrar el yerro en que incurri\u00f3 el Tribunal, como consecuencia directa del cual se adopt\u00f3 una decisi\u00f3n que no deb\u00eda adoptarse. Esta incidencia del error en la parte resolutiva de la providencia, se combate quebrando uno a uno los soportes del fallo. Vale decir, impidiendo que quede en pie alg\u00fan soporte que, por s\u00ed solo, pueda darle respaldo a la decisi\u00f3n que se impugna\u201d\u201d. (G.J. CCXL, primer semestre 1996, p\u00e1g. 82) <\/p>\n
6. Se colige entonces de lo expuesto en las l\u00edneas anteriores, que el cargo no prospera. <\/p>\n
V. DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, NO CASA la sentencia proferida el 11 de agosto de 1994 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta – Sala Civil -, en el proceso ordinario promovido por FIDOLY RANGEL ROZO y MARIA ELENA SUESCUN BARBOSA contra la COMPA\u00d1IA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL DE PROMOCIONES, PRONTA S.A. <\/p>\n
Costas a cargo de la parte recurrente. T\u00e1sense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase al Tribunal de origen. <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
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S-109-99 [5361] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO Santa Fe de Bogot\u00e1 D.C., treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81712","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81712","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81712"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81712\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81712"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81712"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81712"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}