S-110-99 [5337]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
DR. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 Distrito Capital, treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
Rad. Expediente 5337 <\/p>\n
Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 3 de noviembre de 1994, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso de investigaci\u00f3n de la paternidad promovido por la DEFENSORIA DE FAMILIA -REGIONAL SANTANDER-, en representaci\u00f3n del menor M.E.C.M., frente a R.R.S.. <\/p>\n
A N T E C E D E N T E S: <\/p>\n
1. D\u00edjose en la demanda que R.R.S. y G.I.C.M., se conocieron en el centro comercial \u00abSan Andresito -La Isla-\u00bb de Bucaramanga, sitio en el cual los dos trabajaban, en agosto de 1988. Que a partir de esta \u00e9poca, y hasta marzo de 1990, sostuvieron un trato amoroso, aunque discreto y prudente en raz\u00f3n de que \u00e9l era un hombre casado. Se afirm\u00f3, as\u00ed mismo, que desde el 23 de enero de 1989 sostuvieron relaciones sexuales, las cuales ten\u00edan lugar en \u00abresidencias\u00bb de la ciudad de Bucaramanga, y que fruto del trato \u00edntimo naci\u00f3 en esa ciudad, el 13 de marzo de 1990, el menor M.E.. <\/p>\n
Durante su embarazo, G.I. recibi\u00f3 de su amante ayuda econ\u00f3mica, vestuario, comida, y en su momento, los gastos del parto. Del mismo modo, hasta febrero de 1991, R. le entregaba o le enviaba por conducto de G.M., su progenitora, sumas de dinero que oscilaban entre $13.000 y $15.000, destinados a la manutenci\u00f3n y crianza del reci\u00e9n nacido. <\/p>\n
2. Con base en los hechos as\u00ed compendiados, impetr\u00f3 la parte actora que se declarara al demandado padre extramatrimonial del mencionado menor, y que, subsecuentemente, se fijara la cuota alimentaria a su cargo. Enterado \u00e9ste del libelo, se opuso a las pretensiones que se le enfrentaron y neg\u00f3 casi todos los hechos que las sustentan, aun cuando acept\u00f3 que hab\u00eda sostenido una vez, en abril de 1989, trato sexual con la madre del menor demandante. <\/p>\n
3. La primera instancia concluy\u00f3 con sentencia estimatoria de las pretensiones, proferida por el Juzgado Tercero de Familia de Bucaramanga, al cual correspondi\u00f3 la tramitaci\u00f3n de la demanda, decisi\u00f3n que fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad al despachar el recurso de alzada propuesto por el demandado. <\/p>\n
LAS RAZONES DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Luego de rese\u00f1ar las incidencias del proceso y de advertir la cabal presencia de los presupuestos procesales, asent\u00f3 el fallador que, seg\u00fan se deduce de la narraci\u00f3n de la demanda, el actor invoc\u00f3 las presunciones 4a. y 5a del art\u00edculo 6\u00b0 de la ley 75 de 1968 como fundamento de sus peticiones, desechando de entrada cualquier alusi\u00f3n a la concerniente con la posesi\u00f3n notoria en cuanto consider\u00f3 que no hab\u00edan transcurrido los cinco a\u00f1os que exige la ley. <\/p>\n
Asevera, entonces, el ad-quem, no sin antes haber precisado las peculiaridades de la causal 4\u00aa invocada, apoy\u00e1ndose, adem\u00e1s, en una cita jurisprudencial de esta Corporaci\u00f3n, que en el asunto sometido a su juicio no se acreditaron en debida forma las relaciones sexuales de la pareja en la \u00e9poca de la concepci\u00f3n del menor. Ciertamente, agrega, ninguno de los testimonios recepcionados \u00abda certeza\u00bb de tales relaciones, puesto que algunos aluden a hechos posteriores a la concepci\u00f3n, y otros se enteraron por comentarios de la madre del menor. El demandado acept\u00f3 haber tenido intimidad sexual con ella, pero por fuera de los l\u00edmites de la \u00e9poca de la procreaci\u00f3n. <\/p>\n
Se ocupa, seguidamente, el Tribunal de la causal 5a., que se refiere al trato personal y social dado por el presunto padre a la madre durante el embarazo y el parto, demostrado con hechos fidedignos, indicativos de la paternidad para, sin ambages, asentar que se encuentra demostrada en el proceso. <\/p>\n
En efecto, agrega, obran en el expediente los testimonios de G.M. DE C., D.C.A. y L.M.DE E., de los cuales, el de la primera, la madre de G.I., \u00ab… a contrario de lo expuesto por el apoderado del demandado, merece toda credibilidad, por tratarse de un pariente cercano, lo cual le permite tener un conocimiento directo de los hechos, raz\u00f3n que ha llevado a la Jurisprudencia a considerar que en los procesos de familia los mejores testimonios son los de las personas allegadas a ella, dada la naturaleza de los hechos generalmente (sic.) se desarrollan dentro del seno familiar…\u00bb <\/p>\n
De esta testificaci\u00f3n destac\u00f3 el ad-quem, que la testigo, de una manera clara y precisa, relat\u00f3 que el demandado hablaba con ella y que le suministraba $15.000 o $20.000 durante el embarazo y que fue \u00e9l quien, despu\u00e9s, le dio la plata para pagar los gastos del hospital, versi\u00f3n que el sentenciador encontr\u00f3 concordante con la declaraci\u00f3n de la madre del menor. De otro lado, la psic\u00f3loga L.M.DE E., consejera de la familia del demandado, supo que G.I. \u00abten\u00eda enredos\u00bb con aquel, situaci\u00f3n que descarta cualquier duda y que permite deducir que si \u00e9ste aport\u00f3 dineros durante el embarazo y cancel\u00f3 los gastos del parto, sin que exista otra justificaci\u00f3n de tal actitud, es porque es el padre del menor demandante. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
En el \u00fanico cargo que la misma contiene, y con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n, se acusa la sentencia recurrida de violar los \u00abart\u00edculos 5\u00b0 (sic.) de la ley 75 de 1968; art\u00edculos 179, 180, 184, 187, 217 y 218 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por error de hecho manifiesto al analizar la prueba testimonial recibida en el proceso…\u00bb <\/p>\n
Luego de citar una definici\u00f3n de la prueba testimonial y de transcribir aquellos apartes de la sentencia impugnada en los cuales el fallador examin\u00f3 la prueba de esa especie que le permiti\u00f3 inferir que se prob\u00f3 la causal 5a. del art\u00edculo 6 de la ley 75 de 1968, afirma el recurrente que el an\u00e1lisis del Tribunal fue \u00abprecario y carente de argumentos contundentes\u00bb, actitud con la cual viol\u00f3 lo dispuesto en el art\u00edculo 187 del C. de P.C., en cuanto estatuye que \u00ab..El juez expondr\u00e1 siempre razonadamente el m\u00e9rito que le asigne a cada prueba\u00bb. <\/p>\n
Quebrant\u00f3, adem\u00e1s, el principio seg\u00fan el cual \u00ablas pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica\u00bb. Las consideraciones del Tribunal, a\u00f1ade, no ahondan ponderadamente en los testimonios, como tampoco los someten a la sana cr\u00edtica, exponiendo las razones de fondo para asignarle valor probatorio a cada uno de los elementos arrimados al proceso. <\/p>\n
Los testimonios que supuestamente dan raz\u00f3n del trato que el demandado le prodig\u00f3 a la madre del menor demandante, o sea, las declaraciones de G.M. y GUSTAVO GRANADOS son contradictorias entre s\u00ed y frente a las versiones de G.I.C. y D.C.A., am\u00e9n de que existe presunci\u00f3n de parcialidad por tratarse de la progenitora y un amigo de G.I.C.. <\/p>\n
La versi\u00f3n de la progenitora de G.I.C. se tach\u00f3 de sospechosa por hallarse en circunstancias que afectan su credibilidad y parcialidad. \u00bb En el af\u00e1n de favorecer a su hija, G.M. DE C., la deponente, falla al precisar la circunstancia de tiempo, pues declara que ello ocurri\u00f3 en 1988, cuando iba a su residencia a llevarle la pensi\u00f3n a GLORIA, siendo que la prueba documental y la misma actora sit\u00faan el nacimiento en 1990.\u00bb Es de anotar que ni el anterior deponente ni esta testigo concuerdan en esa circunstancia, aspecto en el cual no repar\u00f3 el Tribunal. <\/p>\n
Contradice, tambi\u00e9n, la testigo, afirma el censor, lo dicho en la demanda porque afirm\u00f3 que solamente ella recib\u00eda el dinero, cuya cantidad aumenta, que le enviaba el demandado a la madre del menor, mientras que en el libelo se dijo que tanto la actora como la progenitora de esta eran las que recib\u00edan esas sumas. <\/p>\n
Hizo hincapi\u00e9 el ad-quem, prosigue, en las declaraciones de D.C.A. y L.M.DE E., pero estos testimonios son de o\u00eddas. Si bien la doctrina les reconoce a estas declaraciones alg\u00fan valor, ello depende de que existan otras pruebas que corroboren sus dichos. <\/p>\n
Para finalizar, se duele el impugnante de que no se hubiese podido llevar a cabo el \u00abexamen heredo-biol\u00f3gico\u00bb, cuya pr\u00e1ctica depreca previamente a proferir una decisi\u00f3n de fondo. <\/p>\n
S E C O N S I D E R A: <\/p>\n
1. En el asunto sub-judice el censor cit\u00f3 como norma de derecho sustancial supuestamente quebrantada, \u00fanicamente, \u00ablos art\u00edculos 5\u00b0 (Sic.) de la ley 75 de 1968\u00bb, precepto por medio del cual se dispone que \u00abEl reconocimiento (del hijo extramatrimonial) solamente podr\u00e1 ser impugnado por las personas, en los t\u00e9rminos y por las causas indicadas en los art\u00edculos 248 y 335 del C\u00f3digo Civil\u00bb. Es decir, que la aludida regla gobierna lo pertinente a la impugnaci\u00f3n del reconocimiento del hijo extramatrimonial, o sea, la manifestaci\u00f3n voluntaria del individuo dirigida a reconocer como hijo suyo a una persona frente a la cual pasa a ocupar el estado de padre, acto que se caracteriza, entre otras peculiaridades, por ser eminentemente personal, voluntario, expreso e irrevocable. <\/p>\n
Empero, como es f\u00e1cilmente advertible, el asunto sometido ahora a la consideraci\u00f3n de la Corte, no guarda relaci\u00f3n alguna con la impugnaci\u00f3n del acto facultativo por medio del cual el demandado hubiese acogido como hijo suyo al menor, sino que, al contrario, el litigio tuvo como objeto la investigaci\u00f3n de la paternidad natural del demandante, paternidad que en su momento el encausado neg\u00f3. <\/p>\n
Es patente, entonces, que el recurrente err\u00f3 absolutamente en el se\u00f1alamiento de la norma de derecho sustancial que regula el presente litigio, ostensible desacierto que no puede enmendar oficiosamente la Corte y que imposibilita la confrontaci\u00f3n de la sentencia con la ley sustancial y que es el objeto de la causal primera de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2.- Mas, si de alguna forma se pudiera dejar de lado lo dicho, de modo que pudiera entenderse que el recurrente alud\u00eda a la causal 5\u00aa del art\u00edculo 6\u00b0 de la Ley 75 de 1978, norma a la que, tangencialmente, con posterioridad alude, pero sin haberla se\u00f1alado como quebrantada, es patente que el censor incurri\u00f3 en otras deficiencias t\u00e9cnicas que igual frustran cualquier intento de abordar el estudio del fondo del asunto. <\/p>\n
En efecto, de un lado, se quej\u00f3 de que el Tribunal incurri\u00f3 en error de hecho porque no apreci\u00f3 en conjunto las pruebas que obran en el proceso, acusaci\u00f3n que solo pod\u00eda apuntalar por la v\u00eda del error de derecho, en cuanto que de ser cierta la imputaci\u00f3n, que no lo es, estar\u00eda el juzgador infringiendo aquella norma procesal que le indica c\u00f3mo debe apreciar la prueba. De igual modo, acus\u00f3 de manera contradictoria los testimonios tachados de sospechosos, pues, de un lado, se doli\u00f3 de su defectuosa valoraci\u00f3n jur\u00eddica, refiri\u00e9ndose, quiz\u00e1s, a que el sentenciador los consider\u00f3 como \u201clos mejores testimonios\u201d, caso en el cual el error debi\u00f3 denunciarse como de derecho y no de hecho, como equivocadamente lo cree el censor; pero de otro lado, alude veladamente a que el juzgador no habr\u00eda visto la tacha formulada contra esos testigos, imputaci\u00f3n esta \u00faltima que no se aviene con la anterior, toda vez que no es posible, como reiteradamente lo ha puntualizado la Corte, que sobre el mismo medio de prueba puedan recaer las dos especies de yerro. Por lo dem\u00e1s, el Tribunal repar\u00f3 en la tacha, pero consider\u00f3 tales testimonios como los m\u00e1s id\u00f3neos. <\/p>\n
D\u00e9bese acotar al respecto, en todo caso, que no es cierto, como desenfadada y precipitadamente lo asevera el Tribunal, que la jurisprudencia tenga establecido, \u201cque en los procesos de familia los mejores testimonios son los de las personas allegadas a ella (la parte) …\u201d pues, por el contrario, conforme a reiterada y permanente doctrina de la Corte, para que los testimonios sospechosos, inclusive en asuntos como el de esta especie, puedan merecer plena credibilidad, deben sopesarse con meticulosidad y mayor rigor, ello, cabalmente, por tratarse de declarantes colocados en circunstancias que ponen en entredicho su imparcialidad o su credibilidad. <\/p>\n
Es decir, que si bien no es posible descartar de plano los testimonios de esa \u00edndole, tampoco es dable concederles eficacia plena si, previamente, no ha mediado un examen reposado y minucioso de los mismos. De ah\u00ed que esta Sala hubiese puntualizado que \u201c… \u2018no puede considerarse a priori que un testigo, ligado por v\u00ednculos de consanguinidad con una de las partes, va a faltar deliberadamente a la verdad para favorecer a su pariente. Esa declaraci\u00f3n si bien debe ser valorada con mayor rigor, dentro de las normas de la sana cr\u00edtica, puede merecer plena credibilidad y con tanto mayor raz\u00f3n si los hechos que relata est\u00e1n respaldados con otras pruebas o al menos con indicios que la hacen veros\u00edmil\u2019; que si las personas allegadas a un litigante pueden tener inter\u00e9s en favorecerlo con sus dichos, no puede olvidarse que \u2018suelen presentarse a menudo conflictos judiciales en los que sus hechos determinantes apenas si son conocidos por las personas vinculadas con los querellantes y por eso son solamente ellos los que naturalmente se encuentran en capacidad de trasmitirlos a los administradores de justicia\u2019. (Sentencias: 11 de febrero de 1979, 19 de agosto de 1981 – no publicadas – y 22 de febrero de 1984 (G.J. tomo CLXXVI, p\u00e1g. 84)\u201d (Casaci\u00f3n del 5 de mayo de 1998). <\/p>\n
De otro lado, divaga el recurrente en torno a la declaraci\u00f3n del testigo G.E.G., sin advertir que el Tribunal, al encontrar probada la causal 5a. del art\u00edculo 6\u00b0 de la ley 75 de 1968, s\u00f3lo repar\u00f3 en los testimonios de G.M. DE C., D.C.A. y L.M.DE E., y as\u00ed lo hizo constar de modo tajante en el folio 25 del cuaderno pertinente, sin que al respecto hubiese abordado el an\u00e1lisis de otras pruebas. <\/p>\n
En lo que concierne a la declaraci\u00f3n de G.M. DE C., que ciertamente el Tribunal tuvo en alta estima, intent\u00f3 el recurrente ensayar su propia valoraci\u00f3n de la misma, endeble y no muy afortunada por cierto, absteni\u00e9ndose, en todo caso, de parangonar lo que de la prueba dijo el fallador, con lo que realmente esta demuestra, para efectos de hacer patente el error de hecho que alega, como as\u00ed lo exige la t\u00e9cnica de casaci\u00f3n en el punto. De la forma como este aspecto de la impugnaci\u00f3n fue desarrollado por el censor puede decirse, sin incurrir en equivocaci\u00f3n, que m\u00e1s se preocup\u00f3 por bosquejar una especie de alegato de instancia que de plantear un ataque serio y ajustado a las exigencias formales del recurso de casaci\u00f3n. Si el demandado, seg\u00fan la testigo, aportaba sumas de dinero superiores o inferiores a las anotadas en la demanda -punto en el cual no puede perderse de vista que fue enf\u00e1tica en manifestar que esas sumas variaban en cada ocasi\u00f3n-, o si algunas veces entregaba ese dinero directamente a G.I.C. y no siempre a la testificante, su progenitora, son trivialidades de las cuales no puede inferirse, ni por asomo, un supuesto error de hecho en la apreciaci\u00f3n de tal declaraci\u00f3n que de al traste con la sentencia recurrida. <\/p>\n
Tambi\u00e9n lo es la acomodadiza interpretaci\u00f3n que se hace sobre el aparte de la declaraci\u00f3n en el cual la testigo, al ser interrogada sobre si conoc\u00eda al demandado, ambiguamente afirm\u00f3: \u00bb Bueno yo lo conoc\u00ed a \u00e9l en 1988 que iba all\u00e1, cuando iba a la casa a llevarnos la pensi\u00f3n a Gloria cuando ella qued\u00f3 por lo menos en cinta de \u00e9l y le llevaba $15.000 o $10.000….\u00bb, pues, como se ve, a pesar de la oscuridad de la alocuci\u00f3n, bien puede entenderse que la testigo dijo que el demandado les llevaba unas sumas de dinero cuando su hija qued\u00f3 encinta de \u00e9l, inferencia que no puede tildarse de contraevidente, am\u00e9n de que en el relato subsiguiente es contundente la declarante en afirmar que tal ayuda fue contempor\u00e1nea con el embarazo de su hija. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Como la ocasi\u00f3n se presta propicia para hacerlo, la Corte exhorta nuevamente a los juzgadores de instancia para que no desde\u00f1en con anodinos pretextos, la pr\u00e1ctica, no solo de los informes t\u00e9cnicos y dem\u00e1s experticias a que alude el art\u00edculo 7\u00b0 de la Ley 75 de 1968, sino, fundamentalmente, de todas aquellas pruebas cient\u00edficas puestas actualmente a disposici\u00f3n de la justicia que, con estribo en el aludido precepto, puede decretar el juez y cuyo grado de confiabilidad, dependiendo de su naturaleza, ha destacado en reiteradas oportunidades esta Corporaci\u00f3n. Al respecto, d\u00e9bese recordar, en efecto, que como la filiaci\u00f3n \u201ces un v\u00ednculo jur\u00eddico que une a un hijo con su madre o con su padre y que consiste en la relaci\u00f3n de parentesco establecida por la ley entre un ascendiente y su descendiente de primer grado, encuentra su fundamento en el hecho fisiol\u00f3gico de la procreaci\u00f3n, salvo obviamente en la adoptiva que corresponde a una creaci\u00f3n legal…\u201d (Casaci\u00f3n del 12 de enero de 1976). <\/p>\n
Cabe colegir, entonces, que siendo la filiaci\u00f3n la \u201cafirmaci\u00f3n jur\u00eddica\u201d de un nexo biol\u00f3gico entre el padre o la madre y el hijo, su investigaci\u00f3n presupone, en \u00faltimas, la averiguaci\u00f3n de un hecho concreto consistente en determinar si el actor fue procreado o engendrado por el demandado; e, igualmente, si no se discute que las presunciones de que trata el art\u00edculo 6\u00b0 de la ley 75 de 1968 son de las que se denominan \u201ciuris tantum\u201d, es decir de aquellas que admiten prueba en contrario del hecho presumido, debe colegirse, por consiguiente, que mediante la regla prevista en el art\u00edculo 7\u00b0 de la citada Ley, seg\u00fan la cual \u201c\u2026En todos los juicios de investigaci\u00f3n de la paternidad o la maternidad, el juez a solicitud de parte o, cuando fuere el caso, por su propia iniciativa, decretar\u00e1 los ex\u00e1menes personales del hijo y sus ascendientes y de terceros, que aparezcan como indispensables para reconocer pericialmente las caracter\u00edsticas heredo – biol\u00f3gicas paralelas entre el hijo y su presunto padre o madre, y ordenar\u00e1 peritaci\u00f3n antropo-heredo-biol\u00f3gica, con an\u00e1lisis de los grupos y factores sangu\u00edneos, los caracteres patol\u00f3gicos, morfol\u00f3gicos e intelectuales transmisibles que valorar\u00e1 seg\u00fan su fundamentaci\u00f3n y pertinencia\u2026 La renuencia de los interesados a la pr\u00e1ctica de tales ex\u00e1menes, ser\u00e1 apreciada por el juez como indicio, seg\u00fan las circunstancias\u201d, mediante la aludida regla, se dec\u00eda, no s\u00f3lo se puede obtener un elemento de convicci\u00f3n que conduzca a robustecer vigorosamente las conclusiones del juzgador que busca la prueba de las circunstancias definidas en alguna o algunas de las presunciones de paternidad consagradas en la ley, sino que, adem\u00e1s, le permite, cuando es el caso, la comprobaci\u00f3n del hecho contrario al presumido por la ley. <\/p>\n
Lo que se quiere poner de presente es, entonces, la especial fuerza de convicci\u00f3n que tiene la prueba a la cual se ha venido haciendo referencia, pues con base en ella se puede lograr la demostraci\u00f3n tanto de la causal alegada, como del hecho contrario al colegido por la ley, aserto este \u00faltimo de gran trascendencia puesto que ya no se trata de atajar o desvirtuar la prueba de las circunstancias o antecedentes que fundan la inferencia, sino de una verdadera prueba del hecho opuesto al presumido por la ley. <\/p>\n
Si tal es, pues, la importancia de las pruebas de esa \u00edndole, no encuentra la Corte justificaci\u00f3n valedera alguna al desd\u00e9n con que algunas veces se mide la necesidad de practicarlas en los juicios de esta estirpe y, mucho menos, a la evasiva de los juzgadores a deducir, con la rigurosidad prescrita en la ley, el indicio pertinente cuando alguno de los interesados se abstiene de comparecer al examen respectivo. <\/p>\n
4. En todo caso, de vuelta al asunto de esta especie, es palpable que, por lo ya anotado, la acusaci\u00f3n no se abre paso. <\/p>\n
<\/p>\n
D E C I S I O N: <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justi\u00adcia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley N O CA S A la sentencia del 3 de noviembre de 1994, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, dentro del proceso de investigaci\u00f3n de la paternidad promovido por la DEFENSORIA DE FAMILIA -REGIONAL SANTANDER-, en representaci\u00f3n del menor M.E.C.M., frente a R.R.S.. <\/p>\n
Costas en el recurso de casaci\u00f3n a cargo de la parte recurrente. T\u00e1sense en su oportunidad. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
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