S-113-99 [5292]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
Ref: Expediente No. 5292 <\/p>\n
Entrase a resolver el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el se\u00f1or RAFAEL VELASQUEZ ALVAREZ contra la sentencia de treinta (30) de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro del proceso ordinario seguido en su contra por el se\u00f1or FERNANDO VALENCIA GARCIA, en cuya tramitaci\u00f3n se acumularon el proceso ordinario reivindicatorio instaurado frente a ambos por la se\u00f1ora MARIA OCTAVILA CARTAGENA y el proceso ordinario de simulaci\u00f3n adelantado por el recurrente contra \u00e9sta y Fernando Valencia Garc\u00eda. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Ante el Juez Civil del Circuito de Turbo, Fernando Valencia Garc\u00eda pidi\u00f3 que, previo los tr\u00e1mites del proceso ordinario y con citaci\u00f3n de Rafael Vel\u00e1squez Alvarez, se declarase: <\/p>\n
a) Que por haberse cancelado a \u00e9ste el cr\u00e9dito correspondiente a las mejoras, ces\u00f3 el derecho del demandado de coposeer, a t\u00edtulo de retenci\u00f3n, un inmueble situado en la zona urbana de Apartad\u00f3, cuya direcci\u00f3n y linderos se expresan en el hecho 1o. de la demanda; y <\/p>\n
b) Que, en consecuencia, el demandado debe restituir dicho predio al demandante con sus frutos civiles \u00absi los llegare a percibir\u00bb. <\/p>\n
2. La causa para pedir se puede resumir as\u00ed: <\/p>\n
Mediante sentencia de 6 de septiembre de 1989 dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, algunos de cuyos apartes se citan en la demanda, se le otorg\u00f3 coposesi\u00f3n a Rafael Vel\u00e1squez Alvarez sobre el inmueble mencionado con base en el art\u00edculo 970 del C\u00f3digo Civil, dado que \u00e9ste construy\u00f3 en terreno ajeno y pod\u00eda retener las mejoras, las que se tasaron en $175.000.oo -art. 739 \u00edb.- dentro del proceso de liquidaci\u00f3n de una sociedad de hecho que existi\u00f3 entre las partes. <\/p>\n
Se estableci\u00f3 as\u00ed, dice la demanda, una condici\u00f3n resolutoria -art. 1536 del C.C.- en cuanto ese derecho de Vel\u00e1squez de coposeer a t\u00edtulo de retenci\u00f3n \u00abse extinguir\u00eda con el pago de las citadas mejoras\u00bb, pago que realmente se hizo cumpli\u00e9ndose la condici\u00f3n a partir del 30 de marzo de 1989, seg\u00fan constancia que obra en el citado proceso posesorio. <\/p>\n
3. El demandado Vel\u00e1squez al contestar la demanda se opuso a las pretensiones, aleg\u00f3 que su posesi\u00f3n es un hecho anterior a la sentencia judicial que cita el demandante y propuso las excepciones de \u00abausencia del derecho deprecado por el actor\u00bb y de \u00abinexistencia de la obligaci\u00f3n a cargo de la parte demandada\u00bb. <\/p>\n
4. Por auto de 23 de abril de 1992, al proceso mencionado se acumularon el reivindicatorio de Mar\u00eda Octavila Cartagena contra Fernando Valencia Garc\u00eda y Rafael Vel\u00e1squez Alvarez y el de simulaci\u00f3n incoado por \u00e9ste contra Fernando Valencia Garc\u00eda, Mar\u00eda Octavila Cartagena y la sociedad Urbanizadora Apartad\u00f3. <\/p>\n
5. En la demanda del proceso reivindicatorio, Mar\u00eda Octavila Cartagena solicita, fundamentalmente, se declare que es titular del derecho de dominio sobre el mismo inmueble que se disputan Valencia y Vel\u00e1squez y que se condene a \u00e9stos a restituirlo, junto con los frutos civiles y naturales que legalmente correspondan. <\/p>\n
La demandante apoya sus pretensiones en que adquiri\u00f3 el dominio del inmueble por medio de la escritura p\u00fablica No. 328 de marzo 17 de 1987, otorgada en la Notar\u00eda de Turbo, inscrita el 26 de marzo siguiente, en la que obra la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal que existi\u00f3 entre Fernando Valencia Garc\u00eda y ella; dominio cuya tradici\u00f3n es leg\u00edtima en tanto que el antecesor primario lo hab\u00eda adquirido por compra que hizo a \u00abUrbanizadora Apartad\u00f3 Limitada\u00bb, seg\u00fan la escritura p\u00fablica No. 687 de 30 de diciembre de 1972. <\/p>\n
Tambi\u00e9n narra la demanda reivindicatoria, las circunstancias por las cuales los demandados est\u00e1n en posesi\u00f3n material del inmueble, punto en el cual alude a la liquidaci\u00f3n de la sociedad de hecho que \u00e9stos hab\u00edan conformado y a un proceso posesorio trabado entre los mismos. <\/p>\n
S\u00f3lo el demandado Rafael Vel\u00e1squez Alvarez dio respuesta a la demanda y en el respectivo escrito manifest\u00f3 su oposici\u00f3n a la pretensi\u00f3n reivindicatoria; en particular, adujo que Fernando Valencia, antecesor en el dominio de la demandante, nunca fue due\u00f1o absoluto del inmueble y por lo tanto nada le pod\u00eda transmitir en la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal. <\/p>\n
6. En la demanda con que se instaur\u00f3 el acumulado proceso de simulaci\u00f3n, Rafael Vel\u00e1squez Alvarez, alegando su condici\u00f3n de real comprador, solicita que se hagan las siguientes declaraciones judiciales: <\/p>\n
Que fue simulado, en forma relativa, el contrato de compraventa vertido en la escritura p\u00fablica No. 687 de 30 de diciembre de 1972, por medio de la cual la \u00abUrbanizadora Apartad\u00f3\u00bb dijo vender a Fernando Valencia Garc\u00eda el inmueble materia de este litigio; que dicha simulaci\u00f3n vincula a Mar\u00eda Octavila Cartagena de Valencia; que, en consecuencia, los demandados que detentan la posesi\u00f3n del mismo est\u00e1n en la obligaci\u00f3n de restituirlo a la parte actora, junto con los frutos civiles del inmueble, quien act\u00faa para la comunidad que conforma con el se\u00f1or Fernando Valencia Garc\u00eda, en la condici\u00f3n de socios de la sociedad de hecho denominada \u00abCentro Panamericano de Lubricaci\u00f3n\u00bb; y, en fin, que se hagan las anotaciones de rigor. <\/p>\n
La causa petendi de la simulaci\u00f3n deprecada se resume as\u00ed: <\/p>\n
El verdadero comprador del inmueble fue Rafael Vel\u00e1squez Alvarez, toda vez que hizo la negociaci\u00f3n, pag\u00f3 el precio y recibi\u00f3 materialmente el inmueble; que posteriormente \u00e9ste conform\u00f3 una sociedad de hecho con Fernando Valencia Garc\u00eda y por esa raz\u00f3n autoriz\u00f3 que la escritura p\u00fablica de compraventa se hiciera a nombre de \u00e9ste; que tambi\u00e9n fue despu\u00e9s que se acord\u00f3 entre los socios, que el inmueble ingresar\u00eda a los activos de dicha sociedad, para lo cual Valencia suscribi\u00f3 y pag\u00f3 un t\u00edtulo valor por suma equivalente al valor de la mitad del inmueble. <\/p>\n
Narradas las ocurrencias en la liquidaci\u00f3n de la sociedad de hecho y que en \u00e9sta no pudo obtener la adjudicaci\u00f3n del lote, dice el demandante que Fernando Valencia lo despoj\u00f3 violentamente de la coposesi\u00f3n que ven\u00eda ejerciendo, la misma que recuper\u00f3 en un proceso posesorio que adelant\u00f3 con \u00e9xito; agrega que, a pesar del fallo posesorio dictado en su favor y de que fuera rechazada la oposici\u00f3n a la respectiva diligencia de entrega all\u00ed formulada por Mar\u00eda Octavila Cartagena, es el matrimonio Valencia-Garc\u00eda quien sigue detentando la posesi\u00f3n del inmueble. Tambi\u00e9n da cuenta la demanda de otro proceso que Rafael Vel\u00e1squez instaur\u00f3 infructuosamente y que ten\u00eda por objeto obtener la titulaci\u00f3n del predio disputado, dada su condici\u00f3n de verdadero propietario. <\/p>\n
En fin, aduce el demandante en simulaci\u00f3n, \u00e9sta debe afectar a los adquirentes subsiguientes y, en especial, a la esposa del demandado quien \u00absustenta la inscripci\u00f3n\u00bb en la respectiva Oficina de Registro. <\/p>\n
En el escrito de contestaci\u00f3n a la demanda, Mar\u00eda Octavila Cartagena se opuso a las pretensiones del demandante y tras controvertir los hechos en que \u00e9stas se fundan, invoc\u00f3 la excepci\u00f3n de \u00abFalta de causa y derecho para pedir\u00bb; por su parte, el codemandado Fernando Valencia Garc\u00eda tambi\u00e9n manifest\u00f3 su particular oposici\u00f3n, neg\u00f3 la mayor\u00eda de los hechos alegados por el demandante y propuso las excepciones de \u00abInexistencia de la simulaci\u00f3n\u00bb, \u00abLiquidaci\u00f3n de la sociedad de hecho\u00bb, \u00abCosa Juzgada\u00bb, \u00abInexistencia de legitimidad activa y pasiva en la causa\u00bb, \u00abprescripci\u00f3n\u00bb y la \u00abgen\u00e9rica\u00bb. <\/p>\n
7. Agotada la tramitaci\u00f3n de los procesos acumulados, la primera instancia finaliz\u00f3 con sentencia en la que el a quo decidi\u00f3: denegar la s\u00faplica de simulaci\u00f3n deprecada por Rafael Vel\u00e1squez Alvarez; acoger la pretensi\u00f3n reivindicatoria formulada por Mar\u00eda Octavila Cartagena y ordenar las restituciones pertinentes; y, en relaci\u00f3n con la demanda originaria del presente proceso, declarar que ha cesado la coposesi\u00f3n de Rafael Vel\u00e1squez, quien debe restituir el inmueble en favor de Mar\u00eda Octavila Cartagena, triunfante en la reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n
Dicha sentencia fue confirmada luego por el Tribunal, cuando desat\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n que contra ella interpuso Rafael Vel\u00e1squez Alvarez, quien es ahora el recurrente en casaci\u00f3n. <\/p>\n
FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. En el introito de la parte considerativa, el ad quem se refiere a las pautas que se deben seguir para interpretar una demanda, luego de lo cual pasa a sentar las bases jur\u00eddicas que informan la simulaci\u00f3n. Concretamente, tras destacar la naturaleza jur\u00eddica y la autonom\u00eda de la acci\u00f3n simulatoria, se\u00f1ala que el art\u00edculo 1766 del C.C. es su fuente legal. <\/p>\n
Afirma que, seg\u00fan la jurisprudencia, dicho precepto permite garantizar el derecho de los contratantes de exigir que el acto oculto prevalezca sobre el aparente; el derecho de los terceros de buena fe de atenerse a la declaraci\u00f3n p\u00fablica, sin que les sea oponible la contraestipulaci\u00f3n; y el derecho del tercero de pedir que sus relaciones con los contratantes se rija por el acto secreto. <\/p>\n
Situado el sentenciador en la especie de simulaci\u00f3n que se presenta por la interposici\u00f3n de una persona o testaferrato, afirma que \u00e9ste puede conducir o no a un contrato simulado, pues \u00ab…Cuando hay acuerdo entre todos los que quieren hacer aparecer el testaferro como verdadero contratante, nace la simulaci\u00f3n en cuanto a la identidad de la parte, pero si uno de los contratantes no sabe la verdad sobre lo que se pretende ocultar, nace el llamado mandato oculto o no representativo..\u00bb; sobre el punto destaca, adem\u00e1s, doctrina seg\u00fan la cual \u00ab… mientras el vendedor no se haya prestado al ocultamiento de su verdadero comprador, no se configura la simulaci\u00f3n…\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, en relaci\u00f3n con la prueba de la simulaci\u00f3n deprecada por Rafael Vel\u00e1squez Alvarez, el fallador dice: <\/p>\n
a) Est\u00e1 demostrado que se otorg\u00f3 la escritura p\u00fablica No. 687 de 30 de diciembre de 1972, en la cual la \u00abUrbanizadora Apartad\u00f3 Ltda.\u00bb dijo vender a Fernando Valencia Garc\u00eda el inmueble disputado en este proceso. <\/p>\n
b) Est\u00e1 demostrado que Rafael Vel\u00e1squez Alvarez fue quien efectu\u00f3 las diligencias preliminares de la compraventa hasta realizar el pago del precio, seg\u00fan afirma el testigo Julio V\u00e1squez; pero tambi\u00e9n lo est\u00e1, seg\u00fan la misma declaraci\u00f3n y lo que depone Carlos Posada, representante legal de la sociedad vendedora, que dicha escritura p\u00fablica se otorg\u00f3 a nombre de Fernando Valencia Garc\u00eda en vista de que medi\u00f3 por escrito en favor de \u00e9ste, un \u00abendoso de derechos y obligaciones\u00bb, respecto de dicho negocio, proveniente de Rafael Vel\u00e1squez; la entidad vendedora no pens\u00f3 \u00abque con ese cambio se estaba efectuando una simulaci\u00f3n por interpuesta persona\u00bb. <\/p>\n
c) No hay prueba alguna sobre la raz\u00f3n por la cual Rafael Vel\u00e1squez Alvarez desapareci\u00f3 del contrato de compraventa, salvo la explicaci\u00f3n dada por la entidad vendedora sobre la existencia de una cesi\u00f3n de derechos. <\/p>\n
2. A continuaci\u00f3n el fallador rese\u00f1a los supuestos y elementos axiol\u00f3gicos que estructuran la figura cl\u00e1sica de la reivindicaci\u00f3n (art. 946 C. Civil) y explica los que configuran la acci\u00f3n publiciana (art. 951 \u00edb). <\/p>\n
Situado luego en el campo probatorio, afirma que: <\/p>\n
a) Mar\u00eda Octavila Cartagena recibi\u00f3 de su esposo, Fernando Valencia Garc\u00eda, la titulaci\u00f3n del inmueble disputado, como efecto de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal que obra en la escritura p\u00fablica No. 328 de 17 de marzo de 1987 debidamente registrada, por lo que hoy aparece como due\u00f1a aunque extra\u00f1amente la administraci\u00f3n sigue en cabeza de su esposo, quien percibe los arrendamientos. Ella persigue la restituci\u00f3n del inmueble, para lo cual demostr\u00f3 que el bien disputado es el mismo que poseen los demandados, su derecho de dominio sobre el mismo y la p\u00e9rdida de la posesi\u00f3n. <\/p>\n
b) Como la demanda reivindicatoria se dirige tambi\u00e9n contra Rafael Vel\u00e1squez y se acredit\u00f3 que \u00e9ste no detenta la posesi\u00f3n material, la cual se ejerce \u00fanicamente por Fernando Valencia Garc\u00eda, ser\u00e1 este quien deber\u00e1 pagar los frutos a partir del 28 de febrero de 1991, a raz\u00f3n de $255.000 mensuales. <\/p>\n
3. Por \u00faltimo, el sentenciador explica la naturaleza jur\u00eddica del derecho de retenci\u00f3n, del cual manifiesta que termina una vez cumplida la condici\u00f3n a que est\u00e1 sometido; por consiguiente, dice, si nace en el no pago de unas mejoras, efectuado dicho pago concluye el derecho del retenedor de mantener en sus manos el bien mejorado, lo que legitima al due\u00f1o para recuperarlo inclusive por v\u00eda de reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el particular se\u00f1ala que est\u00e1 demostrado documentalmente que a Rafael Vel\u00e1squez Alvarez se le concedi\u00f3 el derecho de retenci\u00f3n sobre una cuota del inmueble, mientras se le pagaba el valor de las mejoras implantadas en nombre de la sociedad de hecho de la cual era socio, y que el valor de estas mejoras, $175.000.oo, le fue consignado en el respectivo proceso. En tales circunstancias, remata, se extingue el derecho de retenci\u00f3n y prospera la reivindicaci\u00f3n. <\/p>\n
4. De todo lo anterior, el Tribunal extrajo las siguientes conclusiones: <\/p>\n
a) Que como no hay prueba de la connivencia del vendedor del inmueble con los se\u00f1ores Vel\u00e1squez y Valencia para que figurase un testaferro como comprador, es imposible declarar la simulaci\u00f3n deprecada por Rafael Vel\u00e1squez Alvarez; cuando m\u00e1s, hubo un mandato oculto; pero en realidad no existe prueba del mandato sino de que ocurri\u00f3 una cesi\u00f3n de derechos . <\/p>\n
b) Rafael Vel\u00e1squez Alvarez no tiene derecho a la retenci\u00f3n del inmueble disputado, por cuanto le fueron pagadas las mejoras. <\/p>\n
c) Mar\u00eda Octavila Cartagena acredit\u00f3 los elementos que exige la prosperidad de la reivindicaci\u00f3n y, por lo tanto, tiene derecho a que se le restituya el inmueble y a que se le paguen los frutos que en este caso son de cargo exclusivo de Fernando Valencia Garc\u00eda. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Tres cargos se formulan en ella contra la sentencia impugnada, los mismos que ser\u00e1n despachados en el orden propuesto, mas conjuntamente los cargos segundo y tercero. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1. En \u00e9l ac\u00fasase la sentencia del Tribunal \u00abcon fundamento en el art. 368 num 5o., por incurrir en causal de nulidad -art. 140 num 3o.- ya que la sentencia acusada, procede en contra de providencia ejecutoriada, y revive un proceso legalmente concluido\u00bb. <\/p>\n
2. En la demostraci\u00f3n del cargo, la censura, en pos de pedir que se anule la sentencia impugnada y de que se d\u00e9 cabida a su pretensi\u00f3n de simulaci\u00f3n, afirma que en otro proceso abreviado de mayor cuant\u00eda que el recurrente sigui\u00f3 contra Fernando Valencia, por medio de sentencia que se halla ejecutoriada, se declar\u00f3 que Rafael Vel\u00e1squez \u00abtiene derecho a coposeer en forma material\u00bb, junto con su demandado, el inmueble descrito en la respectiva demanda; y que en la consiguiente diligencia de entrega se rechaz\u00f3 la oposici\u00f3n que, a la saz\u00f3n, formulara Mar\u00eda Octavila Cartagena (C. 3, Fls. 84 y 69 ss.). Por tanto, sostiene, la demanda con que se inici\u00f3 el presente proceso (V. 1, Fls. 1 y ss.) \u00abest\u00e1 inmersa en la causal de nulidad dada, y de contera hace pr\u00f3spera la casaci\u00f3n propuesta\u00bb. <\/p>\n
3. A continuaci\u00f3n dice el censor textualmente: \u00abSustentos del fallo, acusado, son las subrayas en l\u00e1piz no nuestras que aparecen en las providencias dichas – C. Nro. 9 p. 58 – y que corresponde a la parte motiva del fallo. N\u00f3tese que se emplea un futuro hipot\u00e9tico, y condicional.\u00bb <\/p>\n
Por \u00faltimo, a\u00f1ade: \u00abIgualmente desconoce la frase que dice <o sea que careciendo de derecho para retener el inmueble, puede retenerlo>… Y adem\u00e1s exist\u00edan otros motivos para conservar la posesi\u00f3n del lote que la hab\u00eda recibido de la U. Apartad\u00f3, con antelaci\u00f3n a las negociaci\u00f3n (sic) con Fernando Valencia\u00bb. <\/p>\n
SE CONSIDERA: <\/p>\n
1. De conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 140, n. 3o., del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, modificado a su vez por el Decreto 2282 de 1989, art\u00edculo 1o. mods. 79 y 80, el proceso es nulo, en todo o en parte, \u00abCuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente conclu\u00eddo o pretermite \u00edntegramente la respectiva instancia\u00bb <\/p>\n
Seg\u00fan se infiere de la naturaleza y estructura de los motivos de nulidad a que se refiere el precepto anterior, s\u00f3lo cabe considerar los vicios procesales que dimanen del mismo proceso o actuaci\u00f3n procesal en curso; o, lo que es igual, no incluye, para que se configure alguno de ellos, los tr\u00e1mites o las providencias judiciales surtidos y dictadas en otros procesos preexistentes a aqu\u00e9l en que se alegan, por significativa que pueda ser la relaci\u00f3n o conexidad entre unos y otros. <\/p>\n
Esa restricci\u00f3n sucede del modo comentado, ya que, por fuera de que la norma en cuesti\u00f3n no da cabida a la posibilidad de traer situaciones extra\u00f1as al proceso mismo, existen otros caminos o v\u00edas procesales que permiten hacer valer en un juicio lo decidido en oportunidad anterior por la jurisdicci\u00f3n; por ejemplo, la excepci\u00f3n de cosa juzgada. <\/p>\n
2. A partir de la premisa precedente y en lo pertinente al caso subjudice, es claro que si el motivo de nulidad estriba en que el juez \u00abprocede contra providencia ejecutoriada del superior\u00bb, ello s\u00f3lo podr\u00e1 acontecer cuando el juzgador inferior desconoce, de alg\u00fan modo, lo resuelto por el superior en determinada providencia que haya decidido uno de los recursos legalmente admisibles frente a ella, en el respectivo proceso; desde luego, ello es as\u00ed, porque la aludida causal de nulidad, conforme lo tiene dicho la Corte, est\u00e1 encaminada a preservar el orden de los procesos y el acatamiento de las resoluciones judiciales por parte de los jueces de grado inferior, quienes dentro de la competencia funcional que se ejerce en relaci\u00f3n con un proceso determinado, deben cumplir las decisiones proferidas por los jueces de grado superior, cuando estos resuelvan los recursos de queja, s\u00faplica, apelaci\u00f3n, casaci\u00f3n y revisi\u00f3n, o en su caso la consulta, sometidos a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
De otro lado, se observa patente que si el vicio procesal radica en que el juez \u00abrevive un proceso legalmente concluido\u00bb, ello \u00fanicamente tendr\u00e1 lugar cuando el fallador prosigue o adelanta el proceso anulable a pesar de haber terminado el mismo por sentencia o providencia en firme. <\/p>\n
El entendimiento de lo acabado de decir, se hace m\u00e1s claro a\u00fan si se tiene en cuenta que la reforma introducida por el citado decreto 2282 de 1989, elimin\u00f3 la expresi\u00f3n de que el juez \u00abrevive procesos legalmente concluidos\u00bb, en plural, y la sustituy\u00f3 por la f\u00f3rmula singular de revivir \u00abun proceso legalmente concluido\u00bb, con lo cual se despeja cualquier incertidumbre sobre el particular y d\u00e9jase radicado el motivo de nulidad respecto de que se reviva el mismo proceso en donde se alega la nulidad y no otro. <\/p>\n
3. Tra\u00eddo lo anterior al presente cargo, la Sala observa: <\/p>\n
a) Que su proposici\u00f3n, adem\u00e1s de confusa e incoherente como se palpa en su redacci\u00f3n, es imprecisa, toda vez que el impugnante alude indistintamente a dos de las hip\u00f3tesis que configuran la causal de nulidad prevista en el art\u00edculo 140-3 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -proceder contra sentencia ejecutoriada y revivir \u00abun proceso legalmente concluido\u00bb-, lo que de por s\u00ed hace inid\u00f3neo el cargo primero. <\/p>\n
Como es sabido, la naturaleza dispositiva que caracteriza el recurso de casaci\u00f3n – a\u00fan en trat\u00e1ndose de la causal quinta -, impide que la Corte sea la que escoja, en lugar del recurrente, entre uno de varios motivos de nulidad del proceso que \u00e9ste haya aducido sin ning\u00fan distingo. <\/p>\n
b) Pero a\u00fan sin considerar lo anterior, la sola lectura del cargo evidencia que sea cual fuere la hip\u00f3tesis de nulidad que en \u00e9l se invoca al amparo del art\u00edculo 140, No. 3o., del C. de P.C., se apuntala de modo concreto en actuaciones y providencias surtidas y proferidas en un proceso diferente a los que fueron acumulados en el presente expediente, situaci\u00f3n que no es admisible o procedente, seg\u00fan lo explicado; y mucho menos lo ser\u00eda en este caso en el que el impugnante ni siquiera discrimina cu\u00e1l o cu\u00e1les de los procesos acumulados -o si todos por igual- resultar\u00edan afectados con las decisiones dictadas en el proceso posesorio que otrora adelant\u00f3 contra Fernando Valencia Garc\u00eda. <\/p>\n
4. Basta, pues, lo dicho anteriormente, para que la Sala concluya que el cargo primero no puede prosperar. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
1. Con fundamento en la causal 1a. de casaci\u00f3n del art\u00edculo 368 del C. de P.C., se acusa el fallo impugnado \u00abpor violaci\u00f3n directa\u00bb de los art\u00edculos 1766, 2142, 2149, 2150, 2157, 2158, 2181 y 2189 del C. Civil, en relaci\u00f3n con los art\u00edculos 1502 y 1602 ib., 4, 174 y 178 del C. de P.C. y 228 de la Constituci\u00f3n, por falta de aplicaci\u00f3n, \u00abal no dar como demostrado, est\u00e1ndolo, la confesi\u00f3n del Sr. Valencia de que el bien pertenec\u00eda ambos socios (sic) de la S. de hecho\u00bb, y la confesi\u00f3n de su esposa sobre el conocimiento del pleito y que el bien form\u00f3 siempre parte del patrimonio de la Sociedad, y \u00abde los dem\u00e1s hechos sustentos de la demanda\u00bb. <\/p>\n
2. En el desarrollo del cargo, el impugnante sostiene que la sentencia \u00abviola la norma\u00bb al exigir una \u00abforma triangular\u00bb que supone el conocimiento y la aceptaci\u00f3n del vendedor para que exista la simulaci\u00f3n, condici\u00f3n que no exige la ley; asevera que en la generalidad de los testaferratos el vendedor del bien ignora qui\u00e9n es el comprador real. <\/p>\n
3. Adem\u00e1s, se\u00f1ala que la existencia de un mandato oculto no quedar\u00eda inmersa en la norma – sin citar ninguna en especial – y que en el presente caso la sentencia reconoce su existencia, \u00abcon lo cual dej\u00f3 de ser oculto y secreto\u00bb; estima que el fallador debi\u00f3 estudiar y resolver sobre lo pedido, o sea, si se dio o no la simulaci\u00f3n. No se aplicaron los art\u00edculos 228 de la Constituci\u00f3n y 4o. del C. de P.C, sobre la prevalencia de las normas sustanciales. <\/p>\n
4. Finalmente, propone nuevo alegato de instancia, igual que lo hizo en el cargo anterior y lo hace en el siguiente. <\/p>\n
CARGO TERCERO <\/p>\n
1. Tambi\u00e9n apuntalado en la causal 1a. de casaci\u00f3n, t\u00edldase la sentencia del Tribunal por ser violatoria de los art\u00edculos 1.7656 (enti\u00e9ndese 1766), 2142, 2149, 2150, 2157, 2158, 2181 y 2189 del C. Civil, por falta de aplicaci\u00f3n, por la causa de error de hecho proveniente de la falta de apreciaci\u00f3n de distintas pruebas. <\/p>\n
2. En pos de demostrar los errores apreciativos, le enrostra al sentenciador: <\/p>\n
a) Dar por demostrado, sin estarlo, el poder otorgado (C. 1., Fl. 1) al que le falta se\u00f1alar la litis para la cual fue conferido; y no tener por demostrado, est\u00e1ndolo, la confesi\u00f3n de Fernando Valencia sobre la propiedad del inmueble en cabeza de ambos socios y la de la esposa de \u00e9ste sobre que el bien estaba en litigio y que conoc\u00eda de la simulaci\u00f3n, y las manifestaciones de todos los testigos que present\u00f3 Rafael Vel\u00e1squez. <\/p>\n
b) La falta de apreciaci\u00f3n de distintos documentos que obran en el cuaderno No. 1: interrogatorio de Octavila Cartagena (fl. 20) y de Fernando Valencia (fl. 22); acta donde se deja constancia que el lote y las mejoras son de la sociedad (fl. 31); acta de informe de contadores (fl. 33); propuesta de partici\u00f3n (fl. 36); sobre aval\u00fao del lote y proyecto de partici\u00f3n (fl. 39); acta donde Valencia condiciona la restituci\u00f3n del inmueble y reconoce que la posesi\u00f3n es de ambos socios (fl. 40); balances donde aparece el lote como bien de la sociedad (fls. 55 y 59); constancia que se le exigi\u00f3 a Rafael Vel\u00e1squez para demostrar el pago de la mitad de los derechos societarios (fl. 61); letra de cambio firmada por Fernando Valencia, en cuyo reverso se lee \u00abpara constancia del solar en compa\u00f1\u00eda\u00bb. <\/p>\n
c) La falta de apreciaci\u00f3n de los documentos que obran en el cuaderno No. 7: fallos policivos sobre posesi\u00f3n del predio (C. 7, fls. 141 y 159); sentencia sobre reconocimiento de la coposesi\u00f3n de Vel\u00e1squez (fls. 189, c. 7); y diligencia de Inspecci\u00f3n Judicial (fl. 110). <\/p>\n
d) La sentencia no consider\u00f3 las declaraciones de Heliodoro Barrera, Jos\u00e9 Alvaro Vargas, Julio V\u00e1squez, Gladys de J. Mu\u00f1oz y Alberto Arboleda, quienes afirman que el predio lo compr\u00f3 Rafael Vel\u00e1zquez, que \u00e9ste le hizo mejoras y que despu\u00e9s lo aport\u00f3 a la sociedad de hecho constituida con Fernando Valencia. <\/p>\n
3. En fin, el impugnante asevera que si el sentenciador hubiera visto y considerado las pruebas mencionadas \u00ab…habr\u00eda aplicado las normas citadas y acogido las s\u00faplicas de la demanda de mi mandante\u00bb. <\/p>\n
SE CONSIDERA: <\/p>\n
1.- Ha sido doctrina constante e invariable de la Corte la de que \u00ab… con arreglo a lo preceptuado por el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, a la trasgresi\u00f3n de normas sustanciales puede llegar el sentenciador por dos caminos: bien en forma directa, ya indirectamente. Y porque cada uno de ellos presenta individualidad propia, con caracter\u00edsticas que, a m\u00e1s de diferentes, pueden repugnarse rec\u00edprocamente, debe guardarse de refundirlas en un mismo ataque o equivocarlas en su formulaci\u00f3n…\u00bb. M\u00e1s exactamente con referencia a la infracci\u00f3n directa, ha dicho la Sala que: \u00abla actividad dial\u00e9ctica del impugnador tiene que realizarse necesaria y exclusivamente en torno a los textos legales sustanciales que considere no aplicados, o aplicados indebidamente, o err\u00f3neamente interpretados; pero, en todo caso, con absoluta prescindencia de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia con el juicio que el sentenciador haya hecho en relaci\u00f3n con las pruebas\u00bb (Sentencias de 20 de julio de 1991, G.J. CCXII, p\u00e1gs. 33 y 34). <\/p>\n
2.- Viene al caso rememorar lo anterior, porque desde el comienzo del cargo segundo se formula la antinomia de denunciar el quebranto directo de distintas normas de car\u00e1cter sustancial, mas a rengl\u00f3n seguido imp\u00fatase al sentenciador que ello ocurre por no haber dado por demostrado, est\u00e1ndolo, que el bien objeto de litigio pertenec\u00eda a \u00abambos socios de la S. de hecho\u00bb, ni que la esposa de Valencia, seg\u00fan la confesi\u00f3n de \u00e9sta, conoc\u00eda del pleito entre aquellos socios, ni \u00ablos dem\u00e1s hechos sustentos de la demanda\u00bb, lo que a todas luces plantea una posici\u00f3n equ\u00edvoca que por serlo, da al trate con la acusaci\u00f3n la que as\u00ed resulta deficientemente formulada. <\/p>\n
Dicha deficiencia t\u00e9cnica, no se supera en vista del resto de la fundamentaci\u00f3n del cargo de que se trata, pues vu\u00e9lvese a insinuar en otros apartes del mismo, la infracci\u00f3n directa de una norma -que ni siquiera se cita espec\u00edficamente- y sin que sea dable saber cu\u00e1l es el alcance de la impugnaci\u00f3n, sobre todo trat\u00e1ndose, como se trata, de varios procesos acumulados en los que se observa un hilo conductor que evidentemente la propia censura no distingue para enfocar, con alg\u00fan acierto, las acusaciones y, mucho menos, para desarrollarlas. <\/p>\n
3.- En lo que ata\u00f1e con el cargo 3\u00b0, su fracaso se advierte prontamente toda vez que el impugnante se limita a enumerar varias pruebas que en su sentir no fueron consideradas por el Tribunal. <\/p>\n
En verdad, es ostensible que el recurrente, olvid\u00e1ndose por completo de que el recurso de casaci\u00f3n no es una tercera instancia, suelta al desgaire distintas pruebas sin empe\u00f1arse en demostrar espec\u00edficamente d\u00f3nde se encuentran los yerros apreciativos que le endilga al fallador y sin explicar en qu\u00e9 radica su trascendencia respecto de las m\u00faltiples decisiones tomadas en la sentencia impugnada. Por sabido se tiene que tal modo de exponer el caso es inadmisible en casaci\u00f3n, puesto que a la Corte le est\u00e1 vedado emprender el an\u00e1lisis del fallo acusado de manera arbitraria o antojadiza, o sea, sin que hayan mediado los se\u00f1alamientos espec\u00edficos y las demostraciones de los yerros probatorios que son siempre de cargo exclusivo de la parte impugnante. <\/p>\n
4.- En fin, la Sala observa que en ambos cargos se hizo caso omiso de que el sentenciador decret\u00f3 la reivindicaci\u00f3n en favor de Mar\u00eda Octavila Cartagena y se abstuvo de reconocer la pretensi\u00f3n simulatoria formulada por Rafael Vel\u00e1squez Alvarez, basado en que el vendedor otorg\u00f3 la escritura p\u00fablica a Fernando Valencia Garc\u00eda y bajo el supuesto de que aqu\u00e9l le hab\u00eda cedido a \u00e9ste los derechos y obligaciones en el respectivo contrato de compraventa; y como contra dichos fundamentos medulares de la sentencia acusada nada objeta el impugnante, las acusaciones contenidas en ambos cargos, adem\u00e1s de ostentar las otras deficiencias antes explicadas, relucen incompletas. <\/p>\n
5.- S\u00edguese de todo lo anterior, que tampoco los cargos segundo y tercero alcanzan \u00e9xito. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En Armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la Sentencia de treinta (30) de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, dentro del proceso ordinario seguido en su contra por el se\u00f1or FERNANDO VALENCIA GARCIA, en cuya tramitaci\u00f3n se acumularon el proceso ordinario reivindicatorio instaurado frente a ambos por la se\u00f1ora MARIA OCTAVILA CARTAGENA y el proceso ordinario de simulaci\u00f3n adelantado por el recurrente contra \u00e9sta y Fernando Valencia Garc\u00eda. <\/p>\n
Costas en el recurso de casaci\u00f3n, a cargo de la parte impugnante. En su oportunidad ser\u00e1n tasadas. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
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S-113-99 [5292] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Dr. JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81716","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81716","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81716"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81716\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81716"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81716"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81716"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}