S-116-99 [5037]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
Dr. JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
Referencia: Expediente No. C-5037 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n que interpuso BLANCA SALAZAR DE CORDOBA respecto de la sentencia de 22 de febrero de 1994, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, Sala de Familia, en el proceso ordinario de ESPERANZA CALVO DE CADAVID contra JUAN ALBERTO CADAVID SANIN, LUIS ELISEO ARDILA RODRIGUEZ, MANUEL JESUS VARGAS, ARTURO VARGAS HINCAPIE y la recurrente, proceso al cual se acumul\u00f3 el seguido por la misma impugnante frente a los citados CALVO DE CADAVID, CADAVID SANIN y VARGAS HINCAPIE. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- En lo que interesa al recurso de casaci\u00f3n, las actuaciones que originaron el primer proceso, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Veintitr\u00e9s Civil del Circuito de esta ciudad, se pueden compendiar de la siguiente manera: <\/p>\n
1.1.- La se\u00f1ora ESPERANZA CALVO DE CADAVID solicit\u00f3 que con citaci\u00f3n y audiencia de los demandados JUAN ALBERTO CADAVID SANIN, BLANCA SALAZAR DE CORDOBA, LUIS ELISEO ARDILA RODRIGUEZ, MANUEL JESUS VARGAS y ARTURO VARGAS HINCAPIE, se declare absolutamente simulados los contratos de compraventa contenidos en las escrituras p\u00fablicas Nos. 4446, 4444, 4304, 2815 y 2488, todas de la Notar\u00eda Cuarta de Bogot\u00e1, excepto la \u00faltima la cual fue otorgada en la Notar\u00eda Catorce de la misma ciudad, fechadas el 3 septiembre de 1971, las dos primeras, 31 de agosto del mismo a\u00f1o, la tercera, 4 de julio de 1973, la cuarta, y 22 de julio de 1971, la quinta, respecto de los inmuebles que al efecto identifica. En subsidio pide se declaren rescindidos por causa de lesi\u00f3n enorme los mismos negocios jur\u00eddicos, concretamente los de la \u00faltima y las dos primeras escrituras p\u00fablicas. <\/p>\n
Com\u00fan a esas declaraciones impetra \u201cse condene a los demandados a restituir a la SOCIEDAD CONYUGAL CADAVID-CALVO\u201d, los bienes que cada uno detenta, y se oficie a las citadas Notar\u00edas, lo mismo que a las Oficinas de Registro de Instrumentos P\u00fablicos respectivas, disponiendo las cancelaciones a que haya lugar. <\/p>\n
Concurrentemente demanda se condene al c\u00f3nyuge demandado, se\u00f1or JUAN ALBERTO CADAVID SANIN, \u201ca perder la porci\u00f3n que como socio de la sociedad conyugal\u201d le corresponder\u00eda en cada uno de los citados inmuebles. <\/p>\n
1.2.- Aparte de resaltar las circunstancias relativas a la simulaci\u00f3n absoluta, como es la falta de precio, el hecho de no haber salido los bienes de la administraci\u00f3n del vendedor, la ausencia rec\u00edproca en los contratantes de la intenci\u00f3n de negociar, entre otros, y de la lesi\u00f3n enorme, el precio irrisorio, en la demanda se manifiesta que la actora ESPERANZA CALVO DE CADAVID y el demandado JUAN ALBERTO CADAVID SANIN, contrajeron matrimonio cat\u00f3lico el 7 de diciembre de 1944; que mediante auto de 24 de febrero de 1970, el Juzgado 9\u00ba Civil del Circuito de esta ciudad, admiti\u00f3 la demanda de separaci\u00f3n de bienes presentada por la c\u00f3nyuge, proceso que sin oposici\u00f3n del demandado termin\u00f3 con sentencia de 25 de marzo de 1972, disolviendo la sociedad conyugal y ordenando su liquidaci\u00f3n; que en el tr\u00e1mite seguido para ese efecto, el inventario y aval\u00fao arroj\u00f3 cifras de ceros, por cuanto enterado el demandado de la existencia del proceso, \u201cdolosamente distrajo todos los bienes de la sociedad conyugal, para as\u00ed, lucrarse il\u00edcitamente y lesionar a su esposa\u201d, al punto de constituir apoderado para su desembargo, luego de lo cual se notific\u00f3, el 6 de marzo de 1972, de la admisi\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
A su vez, se agrega, el demandado MANUEL JESUS VARGAS transfiri\u00f3 a la se\u00f1ora BLANCA SALAZAR DE CORDOBA, con los mismos vicios y a t\u00edtulo de venta, los inmuebles que hab\u00eda adquirido mediante escritura p\u00fablica No. 4304, seg\u00fan aparece en la escritura p\u00fablica No. 2815, ambas citadas. <\/p>\n
1.3.- Constituida la relaci\u00f3n procesal, los demandados LUIS ELISEO ARDILA RODRIGUEZ, BLANCA SALAZAR DE CORDOBA y MANUEL JESUS VARGAS, se opusieron a las pretensiones de la demanda, no sin antes negar los hechos que las fundamentaban. Adem\u00e1s, el \u00faltimo de los mencionados present\u00f3 reconvenci\u00f3n contra ESPERANZA CALVO DE CADAVID, para que en el evento de tener que restituir uno de los inmuebles en cuesti\u00f3n, la contrademandada le pagara las mejoras \u00fatiles que \u00e9l le introdujo, las expensas necesarias invertidas en su conservaci\u00f3n, as\u00ed como los gastos realizados en su compra, aduciendo para el efecto que la sociedad conyugal CADAVID-CALVO no pod\u00eda enriquecerse sin causa, ante la circunstancia de haber recibido uno de los socios el precio de la venta. <\/p>\n
Admitida y notificada la demanda de reconvenci\u00f3n, la all\u00ed demandada, tras no aceptar ninguno de los hechos en que ella se sustenta, se opuso expresamente a las pretensiones en su contra deducidas. <\/p>\n
2.- En el segundo proceso, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito de esta ciudad, la se\u00f1ora BLANCA SALAZAR DE CORDOBA, alegando ser propietaria de uno de los inmuebles, demand\u00f3 a los c\u00f3nyuges CALVO DE CADAVID y CADAVIDID SANIN, lo mismo que a su tradente ARTURO VARGAS HINCAPIE, para que, la primera como poseedora material, el segundo como socio conyugal y el tercero como causahabiente de aqu\u00e9llos, fueran condenados, solidariamente, a restituirle la primera planta del aludido bien, junto con los frutos civiles producidos desde el 9 de mayo de 1973. En subsidio solicit\u00f3 se les condene a pagar, en forma solidaria, el valor de esa parte del inmueble, previo aval\u00fao, con los r\u00e9ditos que esa cantidad hubiere producido desde la misma fecha hasta su soluci\u00f3n o pago efectivo. <\/p>\n
2.1.- La demanda anterior fue contestada por los demandados CALVO DE CADAVID y VARGAS HINCAPIE, con oposici\u00f3n expresa a las pretensiones en ella propuestas, para lo cual negaron los hechos, formulando, la primera, la excepci\u00f3n perentoria de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio respecto del inmueble pretendido, adem\u00e1s de demanda de reconvenci\u00f3n contra BLANCA SALAZAR DE CORDOBA y el citado VARGAS HINCAPIE, para que con base en los hechos del otro proceso, se declare que es simulado el contrato de compraventa contenido en la escritura p\u00fablica No. 2185 de 9 de mayo de 1973 de la Notar\u00eda Cuarta de Bogot\u00e1, mediante el cual \u00e9ste dijo vender a aqu\u00e9lla uno de los inmuebles que hab\u00eda adquirido a JUAN ALBERTO CADAVID SANIN, con la consecuente restituci\u00f3n a favor de la \u201csociedad conyugal CADAVID CALVO\u201d y la cancelaci\u00f3n ante la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos respectiva. <\/p>\n
A su vez, el otro demandado llam\u00f3 en garant\u00eda al citado CADAVID SANIN para que previa decisi\u00f3n acerca de la relaci\u00f3n existente entre los dos, se condene al llamado a \u201cpagar los perjuicios que sufriere y los desembolsos que tuviere que hacer como resultado de la sentencia\u201d. <\/p>\n
2.2.- Admitida la demanda de reconvenci\u00f3n y el llamamiento en garant\u00eda, en el expediente aparece que tanto la demandada BLANCA SALAZAR DE CORDOBA y el llamado JUAN ALBERTO CADAVID SANIN, se opusieron a las pretensiones planteadas en esos actos procesales. <\/p>\n
3.- Acumulado, previo tr\u00e1mite de un incidente, el segundo proceso al primero y descorrido el traslado para alegar de conclusi\u00f3n, el juzgado de conocimiento les puso t\u00e9rmino mediante sentencia de 20 de mayo de 1992, accediendo a la declaraci\u00f3n de simulaci\u00f3n absoluta de los contratos de compraventa referidos en las demandas, inicial y de reconvenci\u00f3n, presentadas por la se\u00f1ora ESPERANZA CALVO DE CADAVID, excepto los contenidos en las escrituras p\u00fablicas Nos. 4304 de 31 de agosto de 1971 y 2815 de 4 de julio de 1973, ambas de la Notar\u00eda Cuarta de esta ciudad, por no haberse acreditado su existencia, ordenando consecuentemente la cancelaci\u00f3n de t\u00edtulos y registros, as\u00ed como la restituci\u00f3n de los inmuebles a la \u201csociedad conyugal\u201d CADAVID-CALVO, por parte de los demandados LUIS ELISEO ARDILA RODRIGUEZ, ARTURO VARGAS HINCAPIE, BLANCA SALAZAR DE CORDOBA y los \u201cherederos y representantes\u201d de MANUEL JESUS VARGAS, quien falleci\u00f3 en el transcurso del proceso. <\/p>\n
Asimismo, como las demandas de reconvenci\u00f3n de MANEUL JESUS VARGAS contra ESPERANZA CALVO DE CADAVID y reivindicatoria de BLANCA SALAZAR DE CORDOBA frente a los c\u00f3nyuges CADAVID-CALVO y ARTURO VARGAS HINCAPIE, hac\u00edan relaci\u00f3n a inmuebles cuyos contratos de compraventa se declararon simulados en forma absoluta, la sentencia de primera instancia no accedi\u00f3 a ninguna de las pretensiones en tales actos procesales formuladas, como tampoco a la declaraci\u00f3n de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio que solicit\u00f3 en la reivindicaci\u00f3n la se\u00f1ora CALVO DE CADAVID, por no haberla propuesto como pretensi\u00f3n. Igualmente, al resultar infundadas las s\u00faplicas de la demanda reivindicatoria, el juzgado dijo que por sustracci\u00f3n de materia no se hac\u00eda necesario acceder a los pedimentos del llamamiento en garant\u00eda elevado por el demandado VARGAS HINCAPIE contra JUAN ALBERTO CADAVID SANIN. <\/p>\n
En cuanto a la pretensi\u00f3n concurrente deducida en la demanda inicial por la se\u00f1ora ESPERANZA CALVO DE CADAVID, el juzgado conden\u00f3 al demandado CADAVID SANIN, fallecido en el transcurso del proceso y \u201crepresentado por sus herederos\u201d, \u201ca la p\u00e9rdida de su porci\u00f3n en la sociedad conyugal, respecto a los bienes inmuebles a que se refieren las Escrituras P\u00fablicas declaradas simuladas, y a restituirla doblada a la c\u00f3nyuge demandante\u201d. <\/p>\n
4.- En virtud del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra las anteriores decisiones por ESPERANZA CALVO DE CADAVID, BLANCA SALAZAR DE CORDOBA, ARTURO VARGAS HINCAPIE y los sucesores procesales de MANUEL JOSE VARGAS, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, Sala de Familia, mediante sentencia de 22 de febrero de 1994, la confirm\u00f3, excepto la negativa a la declaraci\u00f3n de simulaci\u00f3n absoluta de uno de los contratos, para, en su lugar, acceder a tal declaraci\u00f3n, as\u00ed como a la cancelaci\u00f3n de ese instrumento y su registro. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
1.- Ante todo el Tribunal, al verificar la validez formal del proceso, dej\u00f3 consignado que no se observaba la \u201cconfiguraci\u00f3n de motivo de nulidad procesal que pudiera invalidar la actuaci\u00f3n cumplida\u201d y que, adem\u00e1s, ese despacho era el \u201ccompetente para conocer del recurso de apelaci\u00f3n y decidir el mismo\u201d. <\/p>\n
2.- En ese orden, el sentenciador seguidamente se ocup\u00f3 del examen de los presupuestos materiales de las distintas pretensiones propuestas. <\/p>\n
2.1.- As\u00ed, en relaci\u00f3n con las pretensiones iniciales de la se\u00f1ora ESPERANZA CALVO DE CADAVID, encontr\u00f3 que al haberse acreditado el matrimonio que \u00e9sta hab\u00eda celebrado con el demandado JUAN ALBERTO CADAVID SANIN, as\u00ed como la iniciaci\u00f3n del proceso tendiente a obtener la disoluci\u00f3n de la sociedad conyugal, a dicha se\u00f1ora le asist\u00eda, seg\u00fan jurisprudencia citada, legitimaci\u00f3n en la causa por activa para demandar la simulaci\u00f3n de los contratos de compraventa celebrados por su c\u00f3nyuge. <\/p>\n
Respecto del fen\u00f3meno de la simulaci\u00f3n, luego de definirla y se\u00f1alar sus requisitos, tambi\u00e9n con apoyo en la doctrina y la jurisprudencia, el juzgador, en relaci\u00f3n con su prueba, puso de presente varios indicios que la demostraban. En cuanto al m\u00f3vil, por estar acreditado que al enterarse el c\u00f3nyuge demandado que su esposa lo hab\u00eda demandado en proceso de separaci\u00f3n de bienes, \u201crealiz\u00f3 en corto tiempo actos de enajenaci\u00f3n de inmuebles que por haber sido adquiridos a titulo oneroso durante el matrimonio, en el evento de disolverse la sociedad conyugal pod\u00edan ser materia de participaci\u00f3n entre los c\u00f3nyuges\u201d, como fue solicitar en el citado proceso, el 18 de agosto de 1971, su desembargo, para a continuaci\u00f3n, el 22 de julio, 31 de agosto y 3 de septiembre del mismo a\u00f1o, vender varios inmuebles adquiridos durante el matrimonio, aunado a lo cual aparecen las cartas enviadas por el citado se\u00f1or donde manifiesta la \u201cintenci\u00f3n que \u00e9ste ten\u00eda, de realizar ventas ficticias de los inmuebles adquiridos durante la sociedad conyugal\u201d. Adem\u00e1s, existen los indicios derivados de no haberse desprendido de la \u201cposesi\u00f3n de los bienes\u201d, pues sigui\u00f3 viviendo en uno de ellos, \u00e9l y su familia, al extremo de suscribir contrato de arrendamiento con uno de sus compradores, y de no haber reportado los dineros recibidos de las supuestas ventas en los inventarios de la sociedad conyugal. <\/p>\n
En esos t\u00e9rminos, confirm\u00f3 la sentencia apelada, s\u00f3lo que hizo extensiva la declaraci\u00f3n de simulaci\u00f3n al contrato de compraventa contenido en la escritura p\u00fablica No. 2815 de 4 de julio de 1973 de la Notar\u00eda Cuarta de esta ciudad, por haberse acreditado su existencia, no as\u00ed su t\u00edtulo antecedente, el de la escritura p\u00fablica No. 4304 de 31 de agosto de 1971, pues la misma notar\u00eda afirm\u00f3 que se extravi\u00f3. <\/p>\n
2.2.- Las dem\u00e1s decisiones adoptadas en primera instancia, fueron compartidas por el sentenciador de segundo grado, por las mismas razones que en su momento fueron aducidas por el a-quo (numeral 3\u00ba, supra). <\/p>\n
3.- Contra la sentencia compendiada, las se\u00f1oras ESPERANZA CALVO DE CADAVID y BLANCA SALAZAR DE CORDOBA, interpusieron el recurso de casaci\u00f3n, pero el de la primera se declar\u00f3 desierto mediante auto de 10 de octubre de 1994, por lo que la Corte debe concretar su estudio al de la segunda. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
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Con base en la causal 5\u00aa de casaci\u00f3n, dos cargos formula la recurrente contra la sentencia mencionada. Aunque en ambos se demanda la nulidad parcial del proceso, primero se estudiar\u00e1 el segundo por comprender tambi\u00e9n la actuaci\u00f3n reprochada en el primero. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
1.- En este cargo se denuncia la existencia de la causal de nulidad prevista en el art\u00edculo 140, numeral 6\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en cuanto en la primera instancia, en el proceso reivindicatorio, se omitieron los t\u00e9rminos y oportunidades para formular alegatos de conclusi\u00f3n. <\/p>\n
2.- En efecto, al recibirse el proceso citado, con motivo de la acumulaci\u00f3n al tr\u00e1mite de la simulaci\u00f3n, el juzgado de conocimiento al encontrar que aqu\u00e9l se hallaba \u201cmuy adelantado\u201d, pues s\u00f3lo faltaba declarar cerrada la etapa probatoria y conferir traslado para alegar de conclusi\u00f3n, dispuso, mediante auto de 26 de julio de 1982, \u201csuspender la tramitaci\u00f3n del acumulado hasta tanto el principal (simulaci\u00f3n) se encontrara en las mismas circunstancias de aquel\u201d. <\/p>\n
Sin embargo, al estar ambas actuaciones en el estadio de alegaciones de conclusi\u00f3n, el traslado se confiri\u00f3 \u00fanicamente en el de la simulaci\u00f3n (auto de 7 de septiembre de 1990), mas no en el proceso donde se ejercit\u00f3 la acci\u00f3n de dominio, significando con ello que a\u00fan \u201ccontin\u00faa suspendido a la expectativa de que el juez reanude el tr\u00e1mite\u201d, pero como as\u00ed no sucedi\u00f3, la demandante, recurrente en casaci\u00f3n, \u201cno tuvo la oportunidad de ejercitar el derecho de defensa mediante el an\u00e1lisis de la demanda, su contestaci\u00f3n y de las pruebas aportadas\u201d. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- No obstante que la causal de nulidad invocada tiene relaci\u00f3n con la omisi\u00f3n de los t\u00e9rminos para formular alegaciones de conclusi\u00f3n, el desarrollo de la misma se hace derivar de un motivo distinto, pues si en las sentencias de instancia se decidi\u00f3 sobre las pretensiones de la demanda de reconvenci\u00f3n del proceso acumulado, tal hecho desvirt\u00faa la afirmaci\u00f3n de que \u00e9ste se dej\u00f3 \u201csin tramitaci\u00f3n alguna\u201d. Esto pone de presente, que si al decir del recurrente, dicho proceso \u201cen este momento contin\u00faa suspendido\u201d y a la \u201cexpectativa de que el juez reanude el tr\u00e1mite\u201d, indudablemente se estar\u00eda en presencia de la causal de nulidad procesal prevista en el art\u00edculo 140, numeral 5\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, ante la circunstancia de haberse dictado sentencia sin disponerse su reanudaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, procede la Corte al an\u00e1lisis correspondiente, bajo el entendido que no es la nominaci\u00f3n de la causal de nulidad lo que habilita su estudio, sino la sustentaci\u00f3n f\u00e1ctica que de ella se haga, puesto que sanos principios de eficiencia en la gesti\u00f3n, indican que sin menoscabo de las garant\u00edas fundamentales, siempre debe propenderse porque el problema propuesto para la composici\u00f3n judicial se decida en el fondo, en el sentido m\u00e1s acorde con el derecho y la justicia. <\/p>\n
2.- Como se sabe, la interrupci\u00f3n por v\u00eda de principio general se diferencia de la suspensi\u00f3n del proceso, porque mientras que aqu\u00e9lla obedece a una causa externa y se produce \u201ca partir del hecho que la origine\u201d, \u00e9sta responde a una exigencia interna, proveniente de un acto, la \u201cejecutoria del auto que la decrete\u201d, o de un hecho, en los \u201ccasos previstos\u201d en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en que no hay \u201cnecesidad de decreto del juez\u201d (art\u00edculos 168 y 171). Mas, se identifican en sus efectos, porque mientras subsista una u otra \u201cno correr\u00e1n los t\u00e9rminos y no podr\u00e1 ejecutarse ning\u00fan acto procesal\u201d. <\/p>\n
La estructuraci\u00f3n de la nulidad procesal objeto de examen, no tuvo variaci\u00f3n con la entrada en vigencia del decreto 2282 de 1989, mediante el cual se introdujeron reformas al C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pues en aqu\u00e9lla \u00e9poca, y ahora, ella ten\u00eda y tiene ocurrencia cuando el proceso se adelanta despu\u00e9s de haberse suspendido, o se reanuda su tr\u00e1mite antes de la oportunidad correspondiente, cuyo fundamento descansa precisamente en la garant\u00eda constitucional del derecho de defensa que le asiste a las partes. Con todo, s\u00ed la suspensi\u00f3n se produce, por regla general, a partir de la ejecutoria del auto que la decreta, o de manera excepcional desde el acaecimiento del hecho al que la ley le atribuye las mismas consecuencias, correlativamente la reanudaci\u00f3n debe operar en las mismas condiciones, esto es, mediante auto (art\u00edculo 172), o por ministerio de la ley cuando se cumplen las condiciones en ella misma establecidas. <\/p>\n
En el caso del decreto de acumulaci\u00f3n de procesos, es indudable que la suspensi\u00f3n del proceso m\u00e1s adelantado hasta que el otro se encuentre en el mismo estado (art\u00edculo 159, antes 151, del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), se produce ope legis, tal como lo establece el inciso final del art\u00edculo 170 ib\u00eddem, antes y despu\u00e9s de su reforma, por ser una situaci\u00f3n distinta a los casos de suspensi\u00f3n por prejudicialidad y de suspensi\u00f3n por solicitud com\u00fan de las partes, eventos en los que la decisi\u00f3n expresa se exige en funci\u00f3n del derecho de impugnaci\u00f3n. Por lo dem\u00e1s, la suspensi\u00f3n impl\u00edcita no se desvirt\u00faa por haberse hecho manifiesta mediante auto, lo cual implica que este a la postre es inocuo, y por contera la ley no pod\u00eda exigir frente a una decisi\u00f3n innecesaria, otra decisi\u00f3n tambi\u00e9n inane, si no fuera contrariando toda l\u00f3gica. <\/p>\n
3.- Puestas as\u00ed las cosas, en el caso concreto no se observa que se haya incurrido en la causal de nulidad denunciada por el recurrente, pues sin desconocerse que por raz\u00f3n de la acumulaci\u00f3n el proceso m\u00e1s adelantado qued\u00f3 suspendido por ministerio de la ley, es claro que as\u00ed se hubiere decretado expresamente su suspensi\u00f3n, la reanudaci\u00f3n no era necesario disponerla mediante auto, porque la misma operaba tambi\u00e9n por ministerio de la ley, cumplido, desde luego, el requisito all\u00ed mismo exigido, como lo es que el proceso atrasado \u201cse encuentre en el mismo estado\u201d del que estaba m\u00e1s adelantado, para a partir de ah\u00ed someterlos a un tr\u00e1mite conjunto, o por una \u201cmisma cuerda\u201d como dec\u00eda la antigua expresi\u00f3n. <\/p>\n
El presupuesto inmediatamente citado brota de bulto en el expediente, como as\u00ed se acepta en el cargo, al decirse que una vez \u201cel proceso principal (simulaci\u00f3n) lleg\u00f3 al mismo estado en que se encontraba el acumulado\u201d (reivindicaci\u00f3n), se confiri\u00f3 traslado para alegar \u00fanicamente en aqu\u00e9l, hecho este que no es cierto, porque si a partir de ese momento los \u201cprocesos continuar\u00e1n tramit\u00e1ndose conjuntamente\u201d, seg\u00fan t\u00e9rminos de la propia ley, es de entender que el traslado para alegar de conclusi\u00f3n involucr\u00f3 a todos los sujetos de las distintas relaciones jur\u00eddicas puestas en conocimiento del juez. <\/p>\n
4.- Pero si por mera gracia discursiva se aceptara que aut\u00f3nomamente los vicios procesales se presentaron, esto es, se pretermiti\u00f3 el t\u00e9rmino para alegar de conclusi\u00f3n en el proceso acumulado y adem\u00e1s se prosigui\u00f3 su tr\u00e1mite estando suspendido, sin haberse decretado su reanudaci\u00f3n, tampoco el cargo se abrir\u00eda paso. <\/p>\n
En efecto, si bien el art\u00edculo 368, numeral 5\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, permite alegar como motivo de casaci\u00f3n las nulidades procesales, lo que tambi\u00e9n es claro en la ley, como lo ha reiterado la Corte, es que a este recurso \u00fanicamente pueden traerse las irregularidades constitutivas de nulidad pendientes de saneamiento, o que sean insaneables, resultando del todo improcedente un ataque contra un fallo definitivo, susceptible de dicho recurso, edificado en tal causa, si las irregularidades invocadas como determinantes de la invalidez no existen, si existiendo no est\u00e1n contempladas taxativamente en el art\u00edculo 140 ib\u00eddem, o si est\u00e1ndolo y siendo por esencia saneables, no fueron alegadas o aparecen convalidadas expresa o t\u00e1citamente por la parte afectada con ellas1. <\/p>\n
Las nulidades procesales a que se hizo referencia, en caso de haber existido, son por esencia saneables, de ah\u00ed que como no se propusieron oportunamente el proceso qued\u00f3 purificado en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 144, numeral 1\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, toda vez que al interponer el recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia del juzgado, la recurrente guard\u00f3 al respecto absoluto silencio. Luego, de conformidad con el art\u00edculo 143, inciso 6\u00ba, ib\u00eddem, no puede \u201calegar las nulidades previstas en los numerales 5\u00ba a 9\u00ba del art\u00edculo 140, quien haya actuado en el proceso despu\u00e9s de ocurrida la respectiva causal sin proponerla\u201d. <\/p>\n
5.- La acusaci\u00f3n, por consiguiente, est\u00e1 llamada al fracaso. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
1.- En este cargo se denuncia la sentencia recurrida por haberse dictado en proceso afectado de la causal de nulidad prevista en el art\u00edculo 140, numeral 2\u00ba del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
2.- Para desarrollar el cargo, el recurrente recuerda c\u00f3mo a pesar de encontrarse la actuaci\u00f3n en estado de dictar sentencia de segunda instancia, la \u201cSala Civil\u201d, mediante providencia de 1\u00ba de octubre de 1992, declar\u00f3 nulo lo actuado por ella y se declar\u00f3, a su vez, incompetente para resolver el recurso de apelaci\u00f3n, al considerar que como las peticiones de la demanda estaban encaminadas a proteger la sociedad conyugal, cuya disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n se hab\u00eda impetrado en un proceso de separaci\u00f3n de bienes, precisamente para que se restituyera a la masa social los bienes que aparentemente salieron de ella mediante actos simulados, el debate ten\u00eda relaci\u00f3n con el r\u00e9gimen econ\u00f3mico del matrimonio, raz\u00f3n por la cual deb\u00eda ser solucionado por la \u201cSala de Familia\u201d del mismo Tribunal, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 5\u00ba, numeral 12 del decreto 2272 de 1989. <\/p>\n
Evoca, asimismo, c\u00f3mo la Sala de Familia repeli\u00f3 la competencia en providencia de 5 de marzo de 1993, provocando el conflicto, pero el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, se abstuvo de resolverlo en auto de 15 de abril del mismo a\u00f1o, por no tratarse de un verdadero conflicto de jurisdicci\u00f3n, fuera de advertir que el de competencia hab\u00eda sido mal planteado, toda vez que el proceso debi\u00f3 remitirse a la Sala que se estimaba deb\u00eda conocer, raz\u00f3n por la cual orden\u00f3 devolverlo a la oficina de origen \u201cpara que se de tr\u00e1mite adecuado al conflicto negativo propuesto\u201d, en cuyo cumplimiento la \u201cSala de Familia\u201d, en prove\u00eddo de 22 de junio de 1993, reexamin\u00f3 la situaci\u00f3n y decidi\u00f3 aprehender el conocimiento del asunto. <\/p>\n
3.- A partir de lo anterior y tras admitir que evidentemente se trataba de un proceso contencioso sobre el r\u00e9gimen econ\u00f3mico del matrimonio, seg\u00fan jurisprudencia al respecto citada por la Sala de Familia del Tribunal, el censor sostiene que tambi\u00e9n se incurri\u00f3 en la causal de nulidad derivada de falta de competencia. <\/p>\n
3.1.- En efecto, al entrar en funcionamiento la jurisdicci\u00f3n de Familia, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 17 del decreto 2272 de 1989, es claro que \u201cera el Juez de Familia a quien le correspond\u00eda avocar el conocimiento de este proceso a partir de febrero de 1992\u201d, esto es, despu\u00e9s de los alegatos de conclusi\u00f3n, y \u201cno al Juez del Circuito\u201d, por lo que a partir de entonces toda la actuaci\u00f3n adelantada resulta nula. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Como en el cargo se denuncian dos errores de procedimiento, procede su an\u00e1lisis empezando por la incompetencia del juzgado, pues de prosperar indudablemente involucrar\u00eda la actuaci\u00f3n del Tribunal. <\/p>\n
1.1.- Al entrar en vigencia el decreto 2272 de 1989, mediante el cual se cre\u00f3 y puso en funcionamiento la jurisdicci\u00f3n de familia, no fue punto pac\u00edfico, valga reconocerlo, discernir sobre el verdadero alcance del art\u00edculo 5\u00ba, numeral 12, en cuanto se\u00f1al\u00f3 que a esa justicia especializada le correspond\u00eda conocer de los \u201cprocesos contenciosos sobre el r\u00e9gimen econ\u00f3mico del matrimonio\u201d, entre otros, pol\u00e9mica a la que no fue ajena esta Corporaci\u00f3n al verse abocada a decidir los distintos conflictos que al respecto fueron provocados. <\/p>\n
<\/p>\n
Si bien el examen del asunto experiment\u00f3 su propia dial\u00e9ctica, para al fin de cuentas atribuirle al citado precepto una interpretaci\u00f3n restringida, ese entendimiento, en principio, no fue uniforme ni invariable, porque para identificar si la controversia correspond\u00eda conocerla a los jueces de familia o a los civiles, particularmente frente a pretensiones de simulaci\u00f3n, nulidad, lesi\u00f3n enorme, en fin, de negocios jur\u00eddicos, se dijo que la definici\u00f3n de la competencia la determinaba el inter\u00e9s del demandante. <\/p>\n
As\u00ed, en providencias varias, entre las cuales cabe citar las de 1\u00ba y 4 de junio de 1993, la Corte sostuvo, examinando un caso concreto, que a pesar de haberse deducido en la demanda una pretensi\u00f3n de simulaci\u00f3n, \u201cno se ha de perder de vista que lo que ha movido a actuar a la demandante es la b\u00fasqueda del amparo jurisdiccional para un inter\u00e9s suyo proveniente de su condici\u00f3n de c\u00f3nyuge del demandado (\u2026), siendo ese inter\u00e9s el que debe servir de pauta para entender que se est\u00e1 ante una contienda que concierne al r\u00e9gimen econ\u00f3mico del matrimonio\u201d. <\/p>\n
A partir de indicarse que el alcance del precepto era de suyo restringido, por tratarse de una disposici\u00f3n de car\u00e1cter excepcional, igualmente esta Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que las controversias a que se refer\u00eda la citada disposici\u00f3n, deb\u00edan buscarse en las instituciones en las cuales descansaba el r\u00e9gimen econ\u00f3mico del matrimonio (capitulaciones matrimoniales, sociedad conyugal y r\u00e9gimen de separaci\u00f3n de bienes). De modo que no era el inter\u00e9s ni las consecuencias mediatas o inmediatas, lo que marcaba la pauta para definir la competencia. Se dijo, en efecto, si lo juzgado es \u201cun contrato civil celebrado por uno de los c\u00f3nyuges (\u2026), el asunto no debe tildarse como de familia as\u00ed la prosperidad de la pretensi\u00f3n repercuta en el haber de la sociedad conyugal\u201d2. <\/p>\n
Desde luego, la pol\u00e9mica descrita ha quedado definitivamente disipada con la expedici\u00f3n de la ley 446 de 1998, porque \u00e9sta acogiendo la interpretaci\u00f3n restringida referida, delimit\u00f3 la competencia de los jueces de familia, en relaci\u00f3n con el \u201cr\u00e9gimen econ\u00f3mico del matrimonio\u201d, a los siguientes casos, exclusivamente: \u201c1. Rescisi\u00f3n de la partici\u00f3n por lesi\u00f3n enorme y nulidad de la misma. 2. Acciones relativas que resulten de la caducidad, inexistencia o nulidad de las capitulaciones matrimoniales. 3. Revocaci\u00f3n de la donaci\u00f3n por causa del matrimonio. 4. El litigio sobre la propiedad de bienes, cuando se discuta si \u00e9stos son propios de uno de los c\u00f3nyuges o si pertenecen a la sociedad conyugal. 5. Controversia sobre la subrogaci\u00f3n de bienes o las compensaciones respecto de los c\u00f3nyuges y a cargo de aqu\u00e9llos en caso de disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal\u201d (art. 26). <\/p>\n
1.2.- As\u00ed las cosas, no queda duda que como las pretensiones controvertidas en los distintos procesos que se decidieron en las sentencias de instancia, no tienen relaci\u00f3n alguna con lo que deb\u00eda y debe entenderse por \u201cr\u00e9gimen econ\u00f3mico del matrimonio\u201d, el conocimiento del asunto, al entrar en vigencia el decreto 2272 de 1989, no ten\u00eda porqu\u00e9 trasladarse a la jurisdicci\u00f3n de familia. De ah\u00ed, entonces, que lo actuado en primera instancia se encuentra libre del defecto de nulidad que le atribuye la recurrente. <\/p>\n
2.- No acontece lo mismo en relaci\u00f3n con el vicio procesal derivado de la falta de competencia funcional de la Sala de Familia del Tribunal Superior de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, pues si como se observa el conocimiento del asunto no estaba atribuido a los jueces de familia, es de entender que la segunda instancia debi\u00f3 decidirse por la Sala Civil del mismo Tribunal. <\/p>\n
2.1.- Sin embargo, debe aclararse que la identificaci\u00f3n de un objeto jur\u00eddico determinado con un juez especializado, no es lo que define la competencia funcional, como parece insinuarse, porque como lo tiene dicho la Corte3, la competencia funcional atiende es a una \u201cdistribuci\u00f3n del trabajo jurisdiccional en consideraci\u00f3n al grado y a la etapa de desarrollo del proceso. Por virtud de lo primero, la distribuci\u00f3n consulta la organizaci\u00f3n judicial con miras a definir a quien corresponde el primer conocimiento del proceso, y de ah\u00ed los sucesivos, es decir, alude a una distribuci\u00f3n vertical del conocimiento del proceso, naciendo as\u00ed la distinci\u00f3n entre el juez a quo y el ad quem. El segundo aspecto lo explican los principios procesales, como los de impugnaci\u00f3n y la doble instancia, por cuanto ellos dan margen a fases m\u00e1s avanzadas en el desenvolvimiento del proceso, como son la segunda instancia o el grado jurisdiccional de consulta\u201d. <\/p>\n
De manera que partiendo de la base de existir diversos grados jer\u00e1rquicos en la administraci\u00f3n de justicia, a los cuales la ley les adscribe el conocimiento de determinado asunto, es indudable que conocido de antemano el funcionario judicial que, bien o mal, asumi\u00f3 el tr\u00e1mite de la primera instancia, ello constituye el punto de partida para establecer, conforme el ordenamiento positivo vigente, a qui\u00e9n corresponde dirimir sus fases siguientes, como la apelaci\u00f3n y el grado jurisdiccional de consulta. <\/p>\n
2.2.- Por consiguiente, si factores distintos a la distribuci\u00f3n vertical del trabajo, no sirven para determinar la competencia funcional, no cabe duda que en el caso concreto, independientemente del objeto jur\u00eddico que se haya definido, era a la Sala Civil del Tribunal a quien le correspond\u00eda tramitar y fallar los recursos de apelaci\u00f3n interpuestos, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 26 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, toda vez que el art\u00edculo 3\u00ba del decreto 2272 de 1989, no le asign\u00f3 a las Salas de Familia de los Tribunales Superiores, el conocimiento, por apelaci\u00f3n o consulta, de las sentencias proferidas en primera instancia por los jueces civiles del circuito, sino \u00fanicamente en relaci\u00f3n con la \u201capelaci\u00f3n de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces de familia\u201d (ordinal 1\u00ba) y de las \u201cconsultas de las sentencias dictadas en primera instancia por los jueces de familia, en los casos se\u00f1alados en la ley\u201d (ordinal 3\u00ba). <\/p>\n
3.- En consecuencia, al constatarse la existencia del vicio procesal denunciado en la segunda fracci\u00f3n del cargo primero, el cual es de car\u00e1cter insaneable (art\u00edculo 144, in fine, del C\u00f3digo de Procedimiento Civil), esta parte de la acusaci\u00f3n debe abrirse paso, raz\u00f3n por la cual la sentencia impugnada debe casarse, para, en su lugar, decretar, en lo pertinente, la nulidad de lo actuado. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En armon\u00eda con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CASA la sentencia de 22 de febrero de 1994, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, Sala de Familia, en el ordinario de ESPERANZA CALVO DE CADAVID contra BLANCA SALAZAR DE CORDOBA, JUAN ALBERTO CADAVID SANIN, LUIS ELISEO ARDILA RODRIGUEZ, MANUEL JESUS VARGAS y ARTURO VARGAS HINCAPIE, proceso al cual se acumul\u00f3 el seguido por la se\u00f1ora BLANCA SALAZAR DE CORDOBA frente a los citados CALVO DE CADAVID, CADAVID SANIN y VARGAS HINCAPIE, en ambos con demanda de mutua petici\u00f3n y con llamamiento en garant\u00eda en el \u00faltimo. <\/p>\n
Como consecuencia de lo anterior, se decreta la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de 1\u00ba de octubre de 1992, inclusive, mediante el cual la \u201cSala Civil\u201d del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, se declar\u00f3 incompetente para conocer, entre otras disposiciones, ordenando devolver las diligencias a dicha Sala para que renueve la actuaci\u00f3n anulada. <\/p>\n
Para las anotaciones del caso, of\u00edciese a la Sala de origen inform\u00e1ndole de la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Sin costas para ninguna de las partes por haber prosperado, aunque parcialmente, el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
En comisi\u00f3n de servicios <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
1 Cfr. Cas. Civ. sentencia de 13 de julio de 1987 y G. J. Tomo CCXXXI, p\u00e1gs. 384 y s.s. <\/p>\n
2 Auto de 15 de septiembre de 1995 (CCXXXVII, 2\u00ba. Semestre, volumen I, p\u00e1g. 891). <\/p>\n
3 Sentencia de revisi\u00f3n 11 de agosto de 1997, a\u00fan no publicada oficialmente. <\/p>\n
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S-116-99 [5037] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Dr. JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). Referencia: Expediente No. C-5037 Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n que interpuso […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81719","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81719","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81719"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81719\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81719"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81719"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81719"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}