S-118-99 [5161]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 5161 <\/p>\n
Se decide el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por el demandante, se\u00f1or Gerardo de Jes\u00fas Ruiz Rivera, contra la sentencia del 12 de mayo de 1994, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en este proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual promovido contra JUANILLO Y JUANILLO CIA. LIMITADA y JUAN RUIZ OBIOL. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante escrito presentado el 21 de junio de 1990 (fls. 52 al 66, c. 1), por reparto asignado al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Santa Marta, GERARDO DE JESUS RUIZ RIVERA, por intermedio de apoderado judicial demand\u00f3 a los antes mencionados, para que previos los tr\u00e1mites de un proceso ordinario, fueran condenados solidariamente, previa declaraci\u00f3n de responsabilidad, a indemnizarle los perjuicios irrogados con ocasi\u00f3n de \u201cla privaci\u00f3n de la tenencia del inmueble en donde est\u00e1n levantadas las mejoras de su propiedad, y el desconocimiento del derecho que ten\u00eda sobre \u00e9stas, en virtud del contrato de arrendamiento de fecha primero (1o.) de febrero del a\u00f1o de mil novecientos ochenta (1980) suscrito con la firma \u2018URIBE PELAEZ Y CIA.\u2019, por intermedio de su gerente, se\u00f1or MARIO LONDO\u00d1O MEJIA, sobre el inmueble ubicado en la carrera 2a. # 8-50 de El Rodadero y comprendido dentro de los siguientes linderos…\u201d. Igualmente, impetr\u00f3 que los demandados fueran condenados a pagarle \u201clos da\u00f1os ocasionados por la no explotaci\u00f3n de su actividad mercantil en virtud del desconocimiento de su derecho\u201d. <\/p>\n
2. Como fundamento de las pretensiones se expusieron los siguientes hechos: <\/p>\n
2.1. Gerardo de Jes\u00fas Ruiz Rivera adquiri\u00f3 la tenencia del inmueble indicado, en virtud de contrato de arrendamiento celebrado con la sociedad \u201cURIBE PELAEZ Y CIA.\u201d, el 1o. de febrero de 1980. <\/p>\n
2.2. A la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda el contrato en menci\u00f3n ten\u00eda plena vigencia, ya que hab\u00eda sido prorrogado. <\/p>\n
2.3. Durante el desarrollo de dicho contrato, el demandante, previamente autorizado por el arrendador realiz\u00f3 las mejoras necesarias para poner en funcionamiento un restaurante, tal como consta en un escrito que el 17 de marzo de 1980 dirigi\u00f3 Mario Londo\u00f1o Mej\u00eda, en su condici\u00f3n de arrendador, a las autoridades competentes de Planeaci\u00f3n Municipal de la ciudad de Santa Marta. <\/p>\n
2.4. La sociedad que dio en arrendamiento el inmueble inici\u00f3 en contra del aqu\u00ed accionante proceso de lanzamiento, el cual le fue fallado desfavorablemente en segunda instancia a dicha sociedad, mediante sentencia del 14 de febrero de 1986, proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la ciudad antes se\u00f1alada. <\/p>\n
2.5. Gerardo de Jes\u00fas Ruiz Rivera hizo declaraci\u00f3n de mejoras mediante escritura p\u00fablica, registrada el 21 de julio de 1986 en la Oficina de Registro, bajo la radicaci\u00f3n No. 2948. Tales mejoras, para la fecha de la inscripci\u00f3n ten\u00edan un valor de $6.000.000.oo. <\/p>\n
2.6. Estando vigente el contrato de arrendamiento, el arrendador \u201cURIBE PELAEZ Y CIA.\u201d enajen\u00f3 el inmueble a la sociedad \u201cJUANILLO Y JUANILLO CIA. LTDA\u201d, de lo cual fue enterado el demandante mediante comunicaci\u00f3n que le dirigiera Juan Ruiz Obiol, en su condici\u00f3n de gerente de la sociedad compradora el 29 de agosto de 1986. <\/p>\n
2.7. Pese a no haberse cedido el contrato de arrendamiento, por carta del 28 de junio de 1989, Juan Ruiz Obiol, como representante de Juanillo, y Jorge Saldarriaga, como representante de \u201cPredinal S.A.\u201d, aduciendo ser esta \u00faltima titular de los derechos del arrendador, solicitaron al arrendatario la restituci\u00f3n del inmueble. Desde luego que esta restituci\u00f3n no tuvo ocurrencia. <\/p>\n
2.8. El adquirente del inmueble convers\u00f3 en varias ocasiones con el arrendatario, con el objeto de llegar a un acuerdo sobre el valor y pago de las mejoras, lo cual no se logr\u00f3, habida cuenta que el primero ofrec\u00eda una suma irrisoria por las mismas. <\/p>\n
2.9. Posteriormente, Juan Ruiz Obiol inici\u00f3 ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Medell\u00edn un proceso abreviado de entrega del tradente al adquirente, siendo demandada como tradente \u201cPREDINAL S.A.\u201d. Proceso este en el que se dispuso la entrega del inmueble al demandante, para lo cual se comision\u00f3 al Comisario de El Rodadero, quien procedi\u00f3 a cumplir la comisi\u00f3n \u201cen una actuaci\u00f3n totalmente irregular al margen de la ley\u201d, la cual concreta en los siguientes t\u00e9rminos: \u201cAdelantado que fue el proceso abreviado de entrega del bien del tradente al adquirente, acci\u00f3n que inicia el adquirente \u2018JUANILLO & JUANILLO Y CIA LTDA\u2019, por medio de su representante legal se\u00f1or JUAN RUIZ OBJOL, contra \u2018PREDINAL S.A.\u2019, quien no tiene tal calidad de tradente, pues quien hace la venta es \u2018URIBE PELAEZ Y CIA\u2019, tal cual consta en el certificado de tradici\u00f3n del inmueble dado en arrendamiento a mi mandante. Y adem\u00e1s, ocult\u00e1ndose la existencia o vigencia de un contrato de arrendamiento, por ende la posesi\u00f3n de un tercero con justo t\u00edtulo y explotaci\u00f3n de actividad econ\u00f3mica, obtiene la sociedad demandada en este asunto (JUANILLO Y JUANILLO & CIA LTDA), la entrega del bien inmueble dado en arriendo a mi representado, y por ende el desalojo del mismo y el cierre definitivo y arbitrario del establecimiento de comercio, lo cual se hace con la complacencia irregular del se\u00f1or Sub-comisionado, el Comisario de El Rodadero, produci\u00e9ndose de esa manera, la privaci\u00f3n de la tenencia del inmueble, la destrucci\u00f3n de un establecimiento de comercio, el despojo de sus mejoras y los consiguientes da\u00f1os materiales y morales que hubo de padecer y est\u00e1 padeciendo Gerardo de Jes\u00fas Ru\u00edz Rivera, por tan irregular conducta y mala fe esgrimida por los demandados\u201d. <\/p>\n
2.10. Por el cierre del establecimiento comercial quedaron cesantes 17 trabajadores, sin que el demandante haya podido cumplir con el pago de las prestaciones sociales y dem\u00e1s emolumentos derivados de la relaci\u00f3n laboral, los cuales ascienden a la suma de tres millones trescientos ochenta y seis mil quinientos pesos ($ 3\u2019386.500.oo). <\/p>\n
2.11. En la diligencia de entrega desaparecieron bienes fungibles por un valor de un mill\u00f3n quinientos cuarenta mil setecientos veinte pesos ($1.540.720.oo), p\u00e9rdida a la cual se auna la de las ganancias que se hubieran obtenido, con ocasi\u00f3n de una adecuada explotaci\u00f3n. Adem\u00e1s, al demandante tampoco le fueron entregados los bienes muebles, cuyo valor para la \u00e9poca de la diligencia era de trece millones doscientos treinta mil setecientos cincuenta pesos ($13\u2019230.750.oo). Estos bienes quedaron en poder de los demandados. <\/p>\n
2.12. El restaurante le produc\u00eda al demandante en temporadas bajas una ganancia diaria libre de ciento cincuenta mil pesos ($150.000.oo), y en las altas de quinientos mil pesos diarios ($500.000.oo). De manera, afirma el actor, que a los perjuicios debe imputarse la suma de veinticinco millones de pesos ($25\u2019000.000.oo), como da\u00f1os sufridos por la p\u00e9rdida del establecimiento comercial y de la ense\u00f1a, marca comercial y good will, dado el acreditamiento por una explotaci\u00f3n de ocho a\u00f1os continuos. Tambi\u00e9n son incalculables, dice, los da\u00f1os morales, que pide tasar conforme a la ley. <\/p>\n
3. Al contestar la demanda los demandados se opusieron a las pretensiones, luego de aceptar unos hechos y negar los basilares para la reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
4. Puso fin a la primera instancia la sentencia del 2 de diciembre de 1992, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda (fls.167 al 173 ib.). <\/p>\n
5. En virtud de la apelaci\u00f3n interpuesta por el demandante, la anterior decisi\u00f3n fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, mediante sentencia del 12 de mayo de 1994,(fls. 20 al 32, c. Tribunal). <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El ad-quem luego de resumir el litigio, el fallo de primera instancia, los argumentos del recurrente y las tesis de los demandados, inicia las consideraciones precisando que se ocupar\u00eda: \u201c…de la queja presentada por el apelante contra la sentencia impugnada, en el sentido de que los perjuicios que se reclaman tuvieron ocurrencia no por la diligencia de entrega, considerada en s\u00ed misma, sino que fueron generados por la conducta dolosa, maliciosa y defraudadora de los demandados en este proceso, al presentar una demanda de entrega del tradente al adquirente, sin advertir expresamente que el bien inmueble estaba en arrendamiento y que all\u00ed funcionaba un establecimiento de comercio\u201d. <\/p>\n
Procedi\u00f3 as\u00ed el Tribunal a analizar el art\u00edculo 431 del C. de P. Civil, por ser la norma que reg\u00eda para la \u00e9poca en que se promovi\u00f3 el proceso de entrega de la cosa por el tradente al adquirente. Para tal efecto, comenz\u00f3 por referirse al contenido de la disposici\u00f3n, para despu\u00e9s afirmar que dentro del tr\u00e1mite del mencionado art\u00edculo 431, no era aplicable el 338 de la misma obra, en cuanto regulaba la oposici\u00f3n que pod\u00eda hacerse en la diligencia de entrega. <\/p>\n
Luego del anterior an\u00e1lisis, concluy\u00f3 el fallador: \u201cSobre la base de esa normatividad, considera esta Corporaci\u00f3n que quien en calidad de adquirente solicitaba la entrega material que deb\u00eda hacerle el tradente, no estaba en manera alguna obligado a manifestar que el bien estaba sometido a arrendamiento ni la clase de actividad que all\u00ed se desarrollaba\u201d. A continuaci\u00f3n expres\u00f3, que no obstante no indicarse en la demanda tales circunstancias, la permanencia del arrendatario estaba garantizada por la ley, en tanto probara siquiera sumariamente su calidad, emanada de un contrato celebrado con el tradente con anterioridad a la tradici\u00f3n del bien al adquirente. <\/p>\n
Seguidamente sostuvo el fallador frente al caso concreto: \u201cPero no fue eso lo que hizo quien promovi\u00f3 este proceso, sino que formul\u00f3 oposici\u00f3n en calidad de tercero, mezclando de una manera confusa y peligrosa para los intereses del adquirente del bien, las calidades de poseedor y arrendatario. <\/p>\n
\u201cEl material documental que obra en el plenario da cuenta de algunas circunstancias que permiten inferir que Gerardo Ruiz Rivera al mismo tiempo que arrendatario se consideraba o pretend\u00eda ser poseedor. <\/p>\n
\u201cEn efecto, hizo declaraci\u00f3n de mejoras edificadas en suelo ajeno -contin\u00faa el Tribunal- y le fue rechazada su inscripci\u00f3n en el Registro de Instrumentos P\u00fablicos por cuanto el bien ya figuraba registrado a nombre de JUANILLO Y JUNILLO (sic) CIA LTDA, por lo que tuvo que aclarar la escritura para se\u00f1alar a esta sociedad como due\u00f1a del inmueble; no obstante ello, cuando la citada compa\u00f1\u00eda le solicita la entrega del bien, por raz\u00f3n de la pr\u00f3xima terminaci\u00f3n del plazo, le contesta (fs. 7 del C. Ppal) que no tiene ning\u00fan vinculo contractual con aquella y que es la primera noticia que tiene de su calidad de due\u00f1o o adquirente. <\/p>\n
\u201cCuando se realiza la diligencia de entrega se opone a ella alegando su car\u00e1cter de tenedor pero usando ambiguamente el t\u00edtulo de poseedor, seg\u00fan se transcribe..\u201d. <\/p>\n
Por lo anterior, estim\u00f3 el Tribunal que se deb\u00eda aceptar la tesis del apoderado judicial de los demandados, seg\u00fan la cual, ante esa oposici\u00f3n material el funcionario que practicaba la entrega no ten\u00eda otro camino que proceder al desalojo del bien, pues en el evento que hubiese aceptado la oposici\u00f3n se hubieran desconocido flagrantemente los derechos que tiene el comprador para ser puesto en posesi\u00f3n material de la cosa adquirida, ya que al quedar ejecutoriada tal decisi\u00f3n, se hubiera presentado la intangibilidad de la misma, lo cual le hubiera impedido al comprador exigir la entrega material del inmueble en virtud del fen\u00f3meno de la cosa juzgada. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Con apoyo en la causal 1a. del art\u00edculo 368 del C. de P.C. un solo cargo propone el demandante contra la sentencia antes resumida (fls.6 al 13, c. Corte), acus\u00e1ndola de ser violatoria, como consecuencia de error de hecho, de las siguientes normas de derecho sustancial: \u201cLos art\u00edculos 2341, 2343, 2344 por falta de aplicaci\u00f3n en armon\u00eda con los art\u00edculos 1571, 740, 756, 762, 775, 786, 1494, 1495, 1602, 1603, 1613, 1614, 1615, 1616, 1873, 1976 del C\u00f3digo Civil, 1, 515, 518, 520, 522 (entonces vigente) del C\u00f3digo de Procedimiento Civil por error evidente de hecho derivado de la apreciaci\u00f3n err\u00f3nea de unas pruebas\u201d. <\/p>\n
En el desarrollo del cargo afirma el censor que el Tribunal incurri\u00f3 en error de hecho consistente en: \u201cno dar por demostrado est\u00e1ndolo que Juanillo y Juanillo & C\u00eda. Ltda. acudi\u00f3 a un proceso abreviado de entrega del la cosa del tradente al adquirente con el prop\u00f3sito de privar de la leg\u00edtima tenencia del local comercial a Gerardo de Jes\u00fas Ruiz, circunstancia que se deriva a su turno de los siguientes yerros f\u00e1cticos: <\/p>\n
\u201ca)En no dar por demostrado est\u00e1ndolo que Juanillo & Juanillo y Cia Ltda y su gerente, Juan Ru\u00edz Obiol, conoc\u00edan el contrato de arrendamiento celebrado el 14 de febrero de 1980 entre Gerardo de Jes\u00fas Ru\u00edz y Uribe Pel\u00e1ez y C\u00eda Ltda, antes de la iniciaci\u00f3n del proceso de entrega de la cosa promovido contra Predinal S.A.; <\/p>\n
\u201cb) En no dar por demostrado est\u00e1ndolo que Juanillo & Juanillo y C\u00eda Ltda y su gerente Juan Ruiz Obiol, el 29 de agosto de 1986 en su condici\u00f3n de adquirente del dominio del inmueble de la carrera 2a. #8-50, solicitaron a Gerardo Ru\u00edz \u2018se sirvan entregar al suscrito, el inmueble que ustedes ocupan en calidad de arrendamiento\u2019; <\/p>\n
\u201cc) En no dar por demostrado est\u00e1ndolo que el 28 de junio de 1989, antes de la iniciaci\u00f3n del proceso de entrega del adquirente Juanillo & Juanillo y C\u00eda Ltda contra la tradente Predios e Inversiones Nacionales S. A. (Predinal, en liquidaci\u00f3n), ambas sociedades solicitaron de Gerardo de J. Ru\u00edz \u2018restituir dicho inmueble a la fecha de vencimiento de la pr\u00f3rroga actual del contrato de arrendamiento\u2019 de conformidad con los art\u00edculos 518 y 520 del C. de Co. <\/p>\n
\u201cd) En no dar por demostrado, est\u00e1ndolo, que en la diligencia de entrega de la cosa, expresamente Gerardo de Jes\u00fas Ru\u00edz, expuso y prob\u00f3 su calidad de arrendatario con t\u00edtulo anterior emanado del tradente y conocido por el adquirente\u201d. <\/p>\n
Seg\u00fan el censor el error \u201cevidente, ostensible y manifiesto en los autos provino de la err\u00f3nea apreciaci\u00f3n\u201d de los siguientes medios probatorios: <\/p>\n
1- Un documento privado que data del 29 de agosto de 1986, visible a folio 6 del cuaderno principal, conforme al cual, el representante legal de Juanillo & Juanillo y C\u00eda. Ltda. solicit\u00f3 al demandante la entrega del inmueble por \u00e9ste ocupado en calidad de arrendatario. <\/p>\n
2- Otro documento privado de junio 28 de 1989, visible a folios 8 y 9 id., por el que Predinal S.A. y Juanillo & Juanillo C\u00eda. Ltda., solicitaban al demandante la restituci\u00f3n del inmueble a la fecha de vencimiento de la pr\u00f3rroga vigente para esa \u00e9poca, la cual expiraba el 1o. de febrero de 1990, aduciendo que la sociedad propietaria del local necesitaba ocuparlo para establecer un negocio sustancialmente distinto del que all\u00ed funcionaba y que para tal efecto requer\u00eda la construcci\u00f3n de una obra. <\/p>\n
3- La demanda de entrega presentada el 7 de junio de 1989, con fecha posterior a las anteriores comunicaciones, \u201cdonde Juanillo & Juanillo y C\u00eda. Ltda., expres\u00f3 que conoc\u00eda la calidad de ARRENDATARIO de Gerardo Ru\u00edz y del t\u00edtulo de arrendamiento.(Co. 1 -sic-, fl. 186 a 188). <\/p>\n
4- El acta de la diligencia de entrega, \u201cen lo que hace a la expresi\u00f3n del apoderado de Gerardo Ru\u00edz respecto de su calidad de arrendatario\u201d. <\/p>\n
Precisado lo anterior, inicia el censor un ac\u00e1pite que denomina. \u201cDemostraci\u00f3n del error f\u00e1ctico e incidencia en la sentencia\u201d, cuyo contenido esencial se encuentra comprendido en el p\u00e1rrafo que se transcribe a continuaci\u00f3n: \u201cEl yerro f\u00e1ctico cometido por el Tribunal de Santa Marta es n\u00edtido porque si hubiera visto correctamente que JUANILLO Y JUANILLO Y CIA LTDA (demandante) y PREDINAL S.A. (demandada) en el proceso de entrega de la cosa por el tradente al adquirente, conoc\u00edan y sab\u00edan del contrato de arrendamiento y de la calidad de arrendatario de RUIZ, que hab\u00edan solicitado de \u00e9ste su entrega sin duda hubiera observado la actuaci\u00f3n dolosa de las partes o cuando menos de Juanillo Y Juanillo C\u00eda Ltda, que en la diligencia misma de entrega Gerardo de Jes\u00fas Ru\u00edz expresamente invoc\u00f3 su calidad de tenedor y prob\u00f3 la existencia del contrato de arrendamiento con t\u00edtulo anterior a la diligencia, no obstante haber formulado oposici\u00f3n y por lo mismo que era deber de la parte y de quien practic\u00f3 la diligencia no privar de la tenencia, al igual que todo el procedimiento desplegado por los demandados condujo a la privaci\u00f3n de la tenencia y al desconocimiento de sus derechos, as\u00ed como lo suprefluo de un proceso de entrega contra el tradente, cuando \u00e9ste y el adquirente sab\u00edan que el bien estaba en tenencia de un tercero y conoc\u00edan de antemano esta cirunstancia (sic) y, por esta inteligencia, en vez de absolver hubiera condenado\u201d. <\/p>\n
Como consecuencia de lo explicado, el recurrente reclama la casaci\u00f3n de la sentencia del ad quem, para que en su lugar se dicte la que en derecho corresponde, por cuanto est\u00e1 demostrado que los demandados incurrieron en un delito o culpa que caus\u00f3 da\u00f1os a la parte demandante, pues dolosamente provocaron que esta \u00faltima perdiera la tenencia del inmueble que leg\u00edtimamente ostentaba por virtud del contrato de arrendamiento celebrado con Uribe Pel\u00e1ez y C\u00eda. Ltda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Para resolver lo conducente, preciso resulta identificar en el texto argumentativo de la sentencia impugnada, las razones que para el ad quem constituyeron el fundamento de la decisi\u00f3n, as\u00ed: <\/p>\n
a) Dentro del tr\u00e1mite previsto por el otrora art. 431 del C. de P. Civil, no era aplicable el art. 338, relacionado con la oposici\u00f3n a la entrega. <\/p>\n
b) Quien en calidad de adquirente solicita la entrega no est\u00e1 obligado a manifestar que el bien est\u00e1 \u201csometido a arrendamiento ni la clase de actividad que all\u00ed se desarrollaba\u201d. <\/p>\n
c) La permanencia del arrendatario la garantiza la misma ley, (art. 431 del C. de P. Civil), en tanto se probara siquiera sumariamente tal calidad, derivada de un contrato celebrado con anterioridad a la tradici\u00f3n del bien al adquirente. Esto con independencia de que en la demanda de entrega se informe sobre la situaci\u00f3n arrendaticia del bien y la actividad all\u00ed desarrollada. <\/p>\n
d) El demandante, arrendatario en el caso, no aleg\u00f3 la condici\u00f3n dicha, \u201csino que formul\u00f3 oposici\u00f3n en calidad de tercero, mezclando de manera confusa y peligrosa para los intereses del adquirente del bien, las calidades de poseedor y arrendatario\u201d. Por lo dem\u00e1s, agreg\u00f3, que el \u201cmaterial documental que obra en el plenario\u201d informa que Gerardo Ruiz Rivera \u201cal mismo tiempo que arrendatario se consideraba o pretend\u00eda poseedor\u201d. <\/p>\n
Esta \u00faltima conclusi\u00f3n f\u00e1ctica la extrajo del examen de los siguientes documentos: la escritura contentiva de la declaraci\u00f3n de mejoras implantadas en suelo ajeno; la comunicaci\u00f3n mediante la cual contesta la petici\u00f3n de entrega del bien realizada por Juanillo & Juanillo C\u00eda. Ltda., donde niega todo \u201cv\u00ednculo contractual con aqu\u00e9lla y que es la primera noticia que tiene de su calidad de due\u00f1o o adquirente\u201d, y el acta de la diligencia de entrega, donde aparece la oposici\u00f3n del demandante \u201calegando en su car\u00e1cter de tenedor pero usando ambiguamente el t\u00edtulo de poseedor\u2026\u201d. <\/p>\n
e) No hubo mala fe, dolo o maniobra fraudulenta de parte de los demandados en este proceso, al adelantar el proceso de entrega del tradente al adquirente, raz\u00f3n por la que no existe nexo de causalidad entre los alegados perjuicios y la referida actividad judicial. <\/p>\n
2. De otro lado, vista la demanda de casaci\u00f3n, y en concreto el cargo formulado, se pueden se\u00f1alar como elementos de la impugnaci\u00f3n los siguientes: <\/p>\n
a) El Tribunal incurri\u00f3 en error de hecho al no dar por demostrado, \u201cest\u00e1ndolo\u201d, que los demandados acudieron al proceso abreviado de entrega de la cosa del tradente al adquirente para privar de la leg\u00edtima tenencia del local comercial al demandante, conforme lo prueban los siguientes hechos igualmente verificados: el conocimiento del contrato de arrendamiento que el demandante ten\u00eda celebrado con Uribe Pel\u00e1ez y C\u00eda. Ltda., antes de la iniciaci\u00f3n del proceso abreviado de entrega; que los demandados en su condici\u00f3n de adquirentes del dominio del inmueble, el 29 de agosto de 1986, solicitaron al ahora demandante la entrega del bien arrendado; que el 28 de junio de 1989, antes de la iniciaci\u00f3n del proceso abreviado, tanto Juanillo & Juanillo y C\u00eda. Ltda., como Predinal S.A., \u201csolicitaron de Gerardo de J. Ruiz \u2018restituir dicho inmueble a la fecha de vencimiento de la pr\u00f3rroga actual del contrato de arrendamiento\u2019 de conformidad con los art\u00edculos 518 y 520 del C. de Co.\u201d, y que en la diligencia de entrega de la cosa, Gerardo de Jes\u00fas Ruiz, \u201cexpresamente\u201d \u201cexpuso y prob\u00f3 su calidad de arrendatario con t\u00edtulo anterior emanado del tradente y conocido por el adquirente\u201d. <\/p>\n
Seg\u00fan el recurrente los medios probatorios no apreciados fueron los documentos privados que aparecen a folios 6, 8 y 9 del cuaderno principal, donde se solicita la entrega del bien arrendado, la demanda del proceso abreviado con fecha posterior a las comunicaciones anteriores y el acta de entrega, en cuanto se refiere a la expresi\u00f3n del apoderado del se\u00f1or Ruiz \u201crespecto de su calidad de arrendatario\u201d. <\/p>\n
b) Si el Tribunal hubiese apreciado los mencionados documentos, se hubiera dado cuenta que tradente y adquirente, \u201cconoc\u00edan y sab\u00edan del contrato de arrendamiento y de la calidad de arrendatario de Ruiz, que hab\u00edan solicitado de \u00e9ste su entrega sin duda hubiera observado la actuaci\u00f3n dolosa de las partes o cuando menos de Juanillo & Juanillo C\u00eda. Ltda., que en la diligencia misma de entrega Gerardo de Jes\u00fas Ruiz expresamente invoc\u00f3 su calidad de tenedor y prob\u00f3 la existencia del contrato de arrendamiento anterior a la diligencia\u2026\u201d, raz\u00f3n por la que no pudo privarse de la detentaci\u00f3n del bien. <\/p>\n
3. Ahora bien, como reiteradamente se ha dicho, el car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n, sumado a la prevalencia del sistema dispositivo en cuanto ata\u00f1e a su organizaci\u00f3n, hace imperativo que la demanda que le da curso cumpla cabalmente con los requisitos de forma que la ley ha previsto para ella, entre ellos, sin duda alguna, el que se refiere a la denominada impugnaci\u00f3n completa, plena o \u201cpanor\u00e1mica\u201d, como la ha identificado la Corte, cuya explicaci\u00f3n se halla en la misma estructura de l\u00f3gica argumentativa de la sentencia y en la presunci\u00f3n de acierto con que \u00e9sta arriba al Tribunal de Casaci\u00f3n, porque si \u00e9sta se finca en una pluralidad de fundamentos, ora jur\u00eddicos, ya probatorios, que por si e independientemente le sirvan de sustento, desvirtuar la susodicha presunci\u00f3n y producir el quiebre del fallo recurrido, supone como carga del impugnante que este controvierta con \u00e9xito todos y cada uno de tales razonamientos. De no hacerlo as\u00ed, la sentencia saldr\u00eda indemne del ataque, porque el principio dispositivo que antes se indicaba, le impide a la Corte abordar los puntos no cuestionados, los cuales aut\u00f3nomamente mantendr\u00edan su vigencia. <\/p>\n
4. Confrontadas las proposiciones argumentativas del Tribunal con los planteamientos que constituyen los motivos de desacuerdo del recurrente, f\u00e1cilmente se nota que se echa de menos en la impugnaci\u00f3n el requisito explicado en el ordinal anterior, es decir, es incompleta, porque de modo inopinado omiti\u00f3 la mayor\u00eda de los argumentos del ad quem, para ocuparse solamente de lo que era el factum propuesto como causa de la pretensi\u00f3n indemnizatoria, con olvido de la naturaleza del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que como bien se sabe, no es una tercera instancia. <\/p>\n
Desde el \u00e1ngulo probatorio, no obstante que el Tribunal apoy\u00f3 su conclusi\u00f3n f\u00e1ctica sobre que el demandado en el proceso abreviado de entrega del tradente al adquirente, mezclaba confusamente las calidades de poseedor y arrendatario, en tres pruebas documentales (la escritura sobre declaraci\u00f3n de mejoras en terreno ajeno, la comunicaci\u00f3n de respuesta a la petici\u00f3n de entrega formulada por la sociedad demandada, donde el demandante neg\u00f3 el \u201cv\u00ednculo contractual con aqu\u00e9lla\u201d y el acta de la diligencia de entrega), el censor en el cargo solamente se refiere a esta \u00faltima, pretermitiendo cualquier tipo de queja con respecto a los otros dos sustentos probatorios. <\/p>\n
Desde luego que el casacionista tampoco combati\u00f3, pues ni siquiera insin\u00faa reproche, la conclusi\u00f3n misma del comportamiento de poseedor que la sentencia le atribuye al demandante en el mencionado proceso abreviado. <\/p>\n
De otro lado, igualmente pas\u00f3 por encima de los argumentos propiamente jur\u00eddicos, esto es, que con ocasi\u00f3n del art. 431 del C. de P. Civil, no era aplicable el art. 338, relacionado con la oposici\u00f3n a la entrega y que quien en calidad de adquirente solicita la entrega, no est\u00e1 obligado a manifestar que el bien de cuya entrega se trata est\u00e1 \u201csometido a arrendamiento ni la clase de actividad que all\u00ed se desarrollaba\u201d. <\/p>\n
Como se indic\u00f3, todo el planteamiento del recurrente estuvo destinado a repetir que como los demandados conoc\u00edan desde antes que el bien estaba siendo ocupado por un arrendatario, el proceso abreviado de entrega del tradente al adquirente debe entenderse como una conducta de mala fe o dolosa, destinada a destituir al ahora demandante de la tenencia, m\u00e1s si a ese conocimiento se auna el silencio guardado sobre tal hecho en la demanda que gener\u00f3 dicho proceso. Por supuesto, como ya se anot\u00f3 antes, que con ocasi\u00f3n de este razonamiento vuelve y aparece la falta de t\u00e9cnica en el ataque, porque el mismo es insuficiente para destruir el argumento del Tribunal, fundamental para descartar la mala fe de los demandantes, sobre que el adquirente \u201cno estaba en manera alguna obligado a manifestar que el bien estaba sometido a arrendamiento ni la clase de actividad que all\u00ed se desarrollaba\u201d (fol. 29, c. Tribunal), se repite. <\/p>\n
5. No obstante que el cargo no puede prosperar, la Corte est\u00e1 en el deber de corregir la err\u00f3nea doctrina que presenta la parte motiva de la sentencia del Tribunal, espec\u00edficamente cuando deja por sentado que en la regulaci\u00f3n del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, sobre el proceso de entrega del tradente al adquirente (art. 431, anterior a la reforma del decreto 2282 de 1989), no era aplicable el art. 338 del mismo estatuto procedimental. <\/p>\n
Ciertamente el otrora art. 431 del C. de P. Civil, consagraba en el inciso 5\u00ba. que, \u201cSi la sentencia ordena la entrega, se aplicar\u00e1 lo dispuesto en los art\u00edculos 337 y 339\u201d. Ahora, a prop\u00f3sito de la reforma introducida a dicho C\u00f3digo por el decreto 2282 de 1989, el inciso citado que hoy ocupa el mismo n\u00famero en el art. 417 del C. de P. Civil, tiene la siguiente redacci\u00f3n: \u201cCuando la sentencia ordena la entrega, se aplicar\u00e1 lo dispuesto en los art\u00edculos 337 a 339\u201d. De modo que aparentemente el texto citado fue modificado cuando se introdujo expresamente la posibilidad de la aplicaci\u00f3n del art. 338 del C. de P. Civil, para dar tr\u00e1mite con ocasi\u00f3n de la diligencia de entrega a las oposiciones de terceros poseedores que no deriven su derecho del tradente, o de tenedores que deriven su tenencia de un poseedor que est\u00e9 en las circunstancias se\u00f1aladas, que eran situaciones que daban margen a la tutela de la posesi\u00f3n en la redacci\u00f3n que desde antes del decreto 2282 de 1989, ten\u00eda el art. 338 ib\u00eddem. <\/p>\n
La confrontaci\u00f3n de ambos textos permite verificar, como se anot\u00f3, una aparente modificaci\u00f3n que no iba m\u00e1s all\u00e1 de procurar claridad, porque lo cierto es que no obstante el art\u00edculo original no remitir expresamente al art. 338, como si lo hac\u00eda al 337 y al 339, eso no significaba, como erradamente lo entendi\u00f3 el ad quem, que dicha norma no era aplicable cuando se dispon\u00eda la entrega del bien como respuesta a la pretensi\u00f3n formulada por el adquirente, pues como igualmente se dijo, el amparo del tercero poseedor no es cuesti\u00f3n novedosa en el decreto 2282 de 1989, sino que viene desde el mismo C\u00f3digo de Procedimiento Civil originalmente concebido. Ni siquiera se trataba de un silencio o laguna que debiera llenarse anal\u00f3gicamente, sino un problema, a lo sumo, de simple interpretaci\u00f3n, que se superaba acudiendo directamente a la aplicaci\u00f3n de esa norma general, como lo es el art. 338, previsto como un mecanismo para garantizar la defensa de los derechos de esos terceros poseedores, que por no haber sido parte del respectivo proceso, no pod\u00edan resultar afectados por la sentencia que se trataba de ejecutar, mediante la entrega del bien, sin importar la clase de proceso donde la orden se haya dispuesto. Por lo dem\u00e1s, tampoco estuvo acertado el Tribunal cuando fundado en la tesis jur\u00eddica que ahora se corrige, parece prohijar la actitud del funcionario comisionado para la entrega, quien haciendo caso omiso de la alegaci\u00f3n de la tenencia no dej\u00f3 a salvo los derechos del arrendatario, que si bien es cierto era una calidad que no le permit\u00eda oponerse a la entrega, si daba lugar a conservar la detentaci\u00f3n del bien en ejercicio de los derechos de mero tenedor, en los t\u00e9rminos del art. 431 del C. de P. Civil vigente para la \u00e9poca. Todo, as\u00ed hubiese hablado confusamente. Desde luego, que las irregularidades del funcionario comisionado en manera alguna pueden comprometer la responsabilidad del interesado en la diligencia, y mucho menos para a partir de ellas sentar el criterio de temeridad en el ejercicio de la acci\u00f3n que hubo de dar origen al proceso abreviado de entrega del tradente al adquirente y a la misma diligencia. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrado justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 12 de mayo de 1994, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en este proceso ordinario promovido por GERARDO DE JESUS RUIZ RIVERA contra JUANILLO & JUANILLO Y CIA. LTDA. y JUAN RUIZ OBIOL. <\/p>\n
Sin costas en casaci\u00f3n por la rectificaci\u00f3n doctrinaria (art. 375 del C. de P. Civil). <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase oportunamente al Tribunal de origen. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
(En comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
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S-118-99 [5161] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Dr. JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81721","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81721","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81721"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81721\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81721"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81721"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81721"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}