S-119-99 [5368]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Manuel Ardila Vel\u00e1squez <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).- <\/p>\n
Ref: Expediente No. 5368 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de 12 de octubre de 1994, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1 en el proceso ordinario promovido por la sociedad Asesor\u00edas e Inversiones Sher Ltda. contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Antecedentes <\/p>\n
1.- El tr\u00e1mite inici\u00f3se con demanda mediante la cual Asesor\u00edas e Inversiones Sher Ltda. llam\u00f3 a proceso ordinario a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot\u00e1 para que, en s\u00edntesis, se declarase que la demandante, como vendedora, sufri\u00f3 lesi\u00f3n enorme en el contrato de compraventa consignado en la escritura p\u00fablica No. 0302 de febrero 1 de 1989 otorgada en la Notar\u00eda D\u00e9cima de Bogot\u00e1, y que, por tanto, se decretase la rescisi\u00f3n del mismo, concediendo a la demandada el derecho alternativo a que se refiere el art\u00edculo 1948 del C\u00f3digo Civil, con pago de perjuicios e intereses. <\/p>\n
2.- Los hechos de la causa petendi, se resumen as\u00ed: <\/p>\n
La demandante vendi\u00f3 a la demandada por escritura p\u00fablica No. 0302 de 1o. de febrero de 1989 de la Notar\u00eda D\u00e9cima de Bogot\u00e1, el inmueble rural denominado \u00abLa Esperanza\u00bb que all\u00ed mismo se determina, incluidas las mejoras, por la cantidad de $224.328.000. <\/p>\n
La sociedad vendedora viose en la obligaci\u00f3n de aceptar como precio de la venta el se\u00f1alado por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, las bases de cuyo aval\u00fao nunca fueron discutidas. <\/p>\n
El precio se\u00f1alado al inmueble, incluidos el terreno y las mejoras, fue inferior al cincuenta por ciento del valor real del inmueble, y la empresa vendedora ten\u00eda conocimiento del menor valor en el aval\u00fao. <\/p>\n
3.- La parte demandada dio respuesta al libelo oponi\u00e9ndose a las pretensiones, aceptando que el precio pagado fue el determinado en el aval\u00fao realizado por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, mas insistiendo en que ese aval\u00fao fue aceptado por la vendedora y en que el precio de venta se ajusta a la realidad. Como excepciones de fondo propuso las que denomin\u00f3 \u00abImprocedencia de la lesi\u00f3n enorme en las ventas a entidades de Derecho P\u00fablico\u00bb e \u00abImprocedencia de la acci\u00f3n rescisoria por lesi\u00f3n enorme\u00bb. <\/p>\n
La sentencia del tribunal <\/p>\n
Despu\u00e9s de resumir las pretensiones y hechos de la demanda, as\u00ed como el fallo del a-quo, comienza el tribunal por transcribir el art\u00edculo 1946 del C\u00f3digo Civil y hacer algunas consideraciones generales sobre el instituto de la lesi\u00f3n enorme y el criterio meramente objetivo que la orienta. <\/p>\n
Pasa a decir que, con excepci\u00f3n de la compraventa de bienes muebles y la de inmuebles que se realiza por ministerio de la justicia, en toda compraventa conmutativa de bienes ra\u00edces cualquiera de los contratantes puede invocar esta pretensi\u00f3n rescisoria, y ello \u00absin consideraci\u00f3n a la naturaleza jur\u00eddica que le sea propia como persona capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones, esto es, sin importar si es persona natural o jur\u00eddica, si es sociedad comercial o civil, si es persona de derecho p\u00fablico o privado, si tiene o no \u00e1nimo de lucro, etc. y todo debido a que a este respecto la ley no hace distinci\u00f3n alguna…\u00bb. Y sobre el punto, agreg\u00f3: \u00abEn este orden de ideas, sucede que la acci\u00f3n de ultramitad procede as\u00ed se trate de contratos en los que uno o ambos contratantes sean personas de derecho p\u00fablico, como la Naci\u00f3n, alg\u00fan Departamento, un Municipio, o una cualquiera de las entidades descentralizadas de \u00e9stos\u00bb. <\/p>\n
Sosti\u00e9nese a continuaci\u00f3n que, cuando una empresa estatal adquiere un bien para desarrollar obras p\u00fablicas o para la prestaci\u00f3n de un servicio p\u00fablico determinado, \u00abla acci\u00f3n rescisoria… s\u00f3lo puede ejercerse por el complemento del precio\u00bb; agregando que al no haber rescisi\u00f3n del contrato tampoco hay lugar a pagar perjuicios sobre la suma que debe darse como complemento. <\/p>\n
Reit\u00e9rase, posteriormente que \u00ab…el hecho de que la empresa demandada tenga por naturaleza jur\u00eddica ser una persona de derecho p\u00fablico, no la exime de quedar incursa en la lesi\u00f3n en aquellos contratos en los que mediante la llamada contrataci\u00f3n directa adquiere el dominio de bienes ra\u00edces\u00bb; y asevera que la existencia de una norma que establezca un l\u00edmite a esas entidades en la fijaci\u00f3n del precio para adquirir un predio, no implica que no se lesione el patrimonio del vendedor y que no opere la acci\u00f3n rescisoria, pues ese l\u00edmite \u00abes solo para la entidad estatal que adquiere, y no para el particular que vende\u00bb; de donde, afirma, para decidir el litigio basta comparar el precio pactado con el aval\u00fao comercial practicado por los peritos. <\/p>\n
Complementa su planteamiento diciendo que si no se aceptaren los anteriores argumentos y se insistiere en que las normas del C\u00f3digo Fiscal hacen improcedente la acci\u00f3n rescisoria de lesi\u00f3n enorme, debi\u00f3 haberse comprobado la existencia y vigencia de tales disposiciones, lo que no sucedi\u00f3. <\/p>\n
Con los anteriores argumentos, el ad-quem deniega la primera excepci\u00f3n que fuera propuesta, desechando luego la segunda, atinente a la renuncia de la acci\u00f3n rescisoria, expresando que mientras el contrato no se haya rescindido, cualquiera de los contratantes puede exigir su cumplimiento sin que ello implique renuncia t\u00e1cita de esa acci\u00f3n. <\/p>\n
Entra a rengl\u00f3n seguido a estudiar si se re\u00fanen para el caso los presupuestos de la lesi\u00f3n enorme y establece las siguientes circunstancias: <\/p>\n
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El contrato de compraventa aparece demostrado con la copia de la escritura p\u00fablica correspondiente. <\/p>\n
En ese mismo t\u00edtulo se halla tambi\u00e9n la prueba de que el precio pagado a la demandante fue de $224.328.000. <\/p>\n
En el dictamen pericial que obra a folios 137 a 151, aclarado y complementado a folios 119 a 134 del cuaderno No.1, los peritos avaluaron el predio en la suma de $471’116.869.oo para el 1o. de febrero de 1989, fecha en que se otorg\u00f3 la respectiva escritura p\u00fablica. <\/p>\n
En el dictamen recogido a prop\u00f3sito de la objeci\u00f3n presentada contra aquel experticio, tambi\u00e9n para la fecha de la escritura se dio al inmueble un valor de $461’397.200.oo <\/p>\n
Confrontando el precio de venta con el determinado en cualquiera de los dos anteriores aval\u00faos, resulta que la vendedora recibi\u00f3 menos de la mitad del que justamente ten\u00eda el bien para el 1o. de febrero de 1989, cuando se perfeccion\u00f3 el contrato de compraventa. <\/p>\n
Luego, el ad quem pasa al estudio de la objeci\u00f3n presentada contra el dictamen pericial que inicialmente avalu\u00f3 el inmueble, y la declara no probada. Toma as\u00ed como precio justo el que al bien dieron los peritos primeramente nombrados, a saber, el de $471’116.869.oo. <\/p>\n
Para no acceder a la pretensi\u00f3n de restituci\u00f3n por tratarse de la adquisici\u00f3n de un bien para desarrollar obras p\u00fablicas, conden\u00f3 entonces a la demandada a completar el justo precio en la proporci\u00f3n legal. <\/p>\n
Revoca, entonces, el tribunal la providencia del a quo, declara no probadas las excepciones, reconoce la existencia de la lesi\u00f3n y condena a la demandada a pagar a la demandante la suma de $199’677.182.10 como complemento del precio, m\u00e1s los intereses al 6% anual desde el 29 de marzo de 1994 hasta la ejecutoria del fallo. <\/p>\n
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La demanda de casaci\u00f3n <\/p>\n
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Dos son los cargos formulados contra la sentencia, montados ambos sobre la causal primera de casaci\u00f3n, cargos \u00e9stos que ser\u00e1n resueltos en el mismo orden en que han sido presentados. <\/p>\n
Cargo Primero <\/p>\n
Con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n, acusa el recurrente la sentencia de ser directamente violatoria, por aplicaci\u00f3n indebida, de los art\u00edculos 1946, 1947 y 1948 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Comienza por decir que, en punto a la lesi\u00f3n enorme, se matricul\u00f3 el C\u00f3digo Civil en la teor\u00eda objetiva donde el criterio preponderante es el desequilibrio prestacional en la magnitud prevista por la ley; y que en la codificaci\u00f3n civilista se consagra la procedencia de la acci\u00f3n rescisoria por lesi\u00f3n enorme para las ventas conmutativas, con la sola excepci\u00f3n de las que recaen sobre bienes muebles y de las que se realizan por ministerio de la justicia. <\/p>\n
Pero, afirma, existen otras excepciones a la aplicaci\u00f3n de la lesi\u00f3n y son las derivadas del r\u00e9gimen normativo de la ley 56 de 1981, y el decreto reglamentario 2204 de 1982, en concordancia con el decreto ley 222 de 1983, respecto de contratos de compraventa celebrados por entidades estatales en la etapa de negociaci\u00f3n directa sobre inmuebles afectos a obras declaradas por el legislador de utilidad p\u00fablica o de inter\u00e9s social, normatividad aplicable para el caso presente, por el origen, fundamento y partes de la negociaci\u00f3n. <\/p>\n
Las normas comentadas, sigue diciendo, incorporan dos mecanismos en las adquisiciones inmobiliarias para el precitado tipo de obras: la negociaci\u00f3n directa con el propietario, y la expropiaci\u00f3n, acudi\u00e9ndose a esta \u00faltima cuando el titular de los bienes exige un valor superior al l\u00edmite fijado en la ley. Entonces, concluye, no son los contratantes sino la misma ley la que determina el precio, lo cual excluye la lesi\u00f3n enorme. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, pasa a decir que es inaplicable para el caso el C\u00f3digo Fiscal de Bogot\u00e1, en lo referente a los tipos, clasificaci\u00f3n y efectos de esta clase de contratos. Situ\u00e1ndose as\u00ed en el r\u00e9gimen jur\u00eddico de las normas a que viene aludiendo, cita los art\u00edculos 143 del Decreto 222 de 1983, 10 de la ley 56 de 1981 y 39 del Decreto 2024 de 1982, seg\u00fan los cuales el precio en la compraventa de inmuebles, para los contratantes y no solo para el ente estatal, no puede superar el fijado por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, sin incurrir en la nulidad absoluta del contrato. <\/p>\n
Resultar\u00eda entonces, afirma, que de acogerse la posici\u00f3n del tribunal cuando acepta la lesi\u00f3n, \u00abla \u00fanica v\u00eda para celebrar la venta y evitar la configuraci\u00f3n de una eventual lesi\u00f3n enorme en el sub judice era la de violar la ley, esto es, la de convenir un precio superior al aval\u00fao rendido por el IGAC\u00bb. Y tal interpretaci\u00f3n carece de sentido, pues si la entidad estatal se aparta del m\u00e1ximo fijado en la ley, el contrato estar\u00e1 afectado de nulidad absoluta; pero si no se aparta de tal l\u00edmite legal, contrar\u00eda las normas civiles de la lesi\u00f3n enorme. \u00abEs decir -culmina-, que el contrato, seg\u00fan esta interpretaci\u00f3n, en cualquier caso estar\u00eda viciado\u00bb. <\/p>\n
Las normas civiles sobre lesi\u00f3n enorme, prosigue, no pueden tomarse aisladamente, sino que deben armonizarse con otras de igual jerarqu\u00eda, tales, la ley 56 de 1981 y el Decreto Ley 222 de 1983 y la determinaci\u00f3n de un tope en el precio con fuente en la ley, no puede considerarse lesivo. <\/p>\n
Asegura que aceptar la tesis del ad quem, puede abrir paso a un fraude a la ley mediante el acatamiento aparente de las normas que fijan un l\u00edmite al precio de venta para, por medio del allanamiento o la conciliaci\u00f3n posteriores, sobrepasarlo. Asegura que, en todo caso, de no casarse el fallo, el precio pagado sobrepasar\u00eda el l\u00edmite legal. <\/p>\n
Expresa tambi\u00e9n, que varios efectos propios del derecho civil, no se aplican o no funcionan de manera id\u00e9ntica en contratos de la Administraci\u00f3n, no obstante no existir norma positiva que as\u00ed lo indique; al respecto, hace menci\u00f3n a lo contemplado por los art\u00edculos 1546 y 1609 de esa codificaci\u00f3n. <\/p>\n
Concluye afirmando que el an\u00e1lisis de la situaci\u00f3n no puede, como sucedi\u00f3 con el del ad quem, limitarse a la vigencia en nuestro derecho privado del criterio objetivo en materia de lesi\u00f3n enorme, pues la pregunta, que el impugnante se responde a s\u00ed mismo negativamente, es la de si a una compraventa celebrada por entidad estatal y motivada por los fines de inter\u00e9s y utilidad p\u00fablicas, puede ser trasladada la instituci\u00f3n de la lesi\u00f3n enorme regulada en el derecho privado, sin contrariar normas especiales, posteriores y de igual jerarqu\u00eda que regulan tales adquisiciones. <\/p>\n
Ya para rematar, como \u00faltimo argumento, trae el de que el mismo tribunal, al negar la restituci\u00f3n del inmueble, est\u00e1 reconociendo un r\u00e9gimen especial para el contrato en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Consideraciones <\/p>\n
1.- El problema fundamental que plantea la censura, puede reducirse a la cuesti\u00f3n de si existi\u00f3 quebranto directo de los art\u00edculos 1946, 1947 y 1948 del C\u00f3digo Civil en la medida en que la sentencia impugnada consider\u00f3 que las precitadas normas, referentes a la figura de la lesi\u00f3n enorme, pueden aplicarse cuando una de las partes en el contrato de compraventa sea una entidad de Derecho P\u00fablico que act\u00faa conforme a disposiciones legales que encauzan y limitan su actividad. Y m\u00e1s concretamente a\u00fan, si las citadas normas del C\u00f3digo Civil son aplicables frente a las disposiciones que regulan las compraventas de inmuebles celebradas por las entidades estatales en la etapa de negociaci\u00f3n directa. <\/p>\n
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Cuestionamiento para dilucidar el cual es pertinente regresar, una vez m\u00e1s, a las consideraciones generales sobre un tema que frecuentemente ha ocupado a esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Naturalmente, hay un trasfondo \u00e9tico en la concepci\u00f3n objetiva de una instituci\u00f3n que como la lesi\u00f3n descansa sobre el concepto de que, en trat\u00e1ndose de contratos conmutativos, el valor recibido debe ser en, cierta medida, proporcional al valor entregado, garantiz\u00e1ndose de tal manera un m\u00ednimo de equilibrio en las relaciones jur\u00eddicas, concepci\u00f3n \u00e9sta con la cual la figura de la lesi\u00f3n trasciende la simple protecci\u00f3n de las personas incapaces, para llegar a ser un principio general de los contratos, que no podr\u00edan, en virtud del mismo, convertirse en fuente de lucro indebido; no sin advertir, dicho sea incidentalmente, que en Colombia su \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n ha quedado reducido a ciertos actos jur\u00eddicos debidamente determinados. <\/p>\n
As\u00ed pues, no es posible prescindir de la apreciaci\u00f3n \u00e9tica de la lesi\u00f3n, planteada primeramente, seg\u00fan algunos autores, por la moral cristiana y reconocida como existente en una constituci\u00f3n de los emperadores Diocleciano y Maximiliano (v\u00e9ase Claro Solar, T. XI, ‘De las obligaciones’, pg. 241); acus\u00e1banse en todo caso desde aquellos tiempos la explotaci\u00f3n y la injusticia usuraria, entendida esta en su sentido m\u00e1s amplio. La verdadera presentaci\u00f3n del problema se basa entonces en el postulado de que no es posible tolerar el lucro excesivo por medio del contrato, de que no es permisible que uno de los contratantes saque ventaja sobre el otro que, por cualquier raz\u00f3n, mal defiende sus propios intereses. <\/p>\n
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Ahora bien : al no ser posible -y quiz\u00e1 tampoco deseable-, lograr una igualdad absoluta de las prestaciones entre los contratantes, h\u00edzose necesario hallar una medida o l\u00edmite a partir del cual el precio, por indebido, llegase a dar lugar a la rescisi\u00f3n del contrato; y el l\u00edmite escogido por la legislaci\u00f3n colombiana fue el tradicional de la lesi\u00f3n en m\u00e1s de la mitad, como as\u00ed lo pregona el antes mencionado art\u00edculo 1947 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
3.- Precisados los precedentes conceptos, compr\u00e9ndese con nitidez la raz\u00f3n por la que la lesi\u00f3n irrumpe en los actos jur\u00eddicos para los cuales ha sido prevista sin consideraci\u00f3n diferente a la desproporci\u00f3n entre las prestaciones rec\u00edprocas entre los contratantes, desproporci\u00f3n que, en la cuant\u00eda determinada en la ley e independientemente de cualquier proceso volitivo vicioso, habr\u00e1 de buscarse en el contrato mismo. <\/p>\n
Y las dichas caracter\u00edstica de la lesi\u00f3n, su car\u00e1cter objetivo, implican tambi\u00e9n que ella, ya en el caso concreto del contrato de compraventa, opere independientemente de la persona del comprador o del vendedor, sea mayor o menor, persona natural o jur\u00eddica, o entidad de derecho p\u00fablico. <\/p>\n
A prop\u00f3sito de ese tema y en proceso similar adelantado contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot\u00e1 D. E. por Ricardo Castillo y otro, expres\u00f3 esta Corporaci\u00f3n: \u00abDesde el punto de vista de la persona del comprador o de la del vendedor, no existe ninguna limitaci\u00f3n para que quien haya sufrido la lesi\u00f3n enorme pueda alegarla, sin que est\u00e9 limitado como en el derecho romano inicial al menor de 25 a\u00f1os que ten\u00eda la calidad de vendedor. En Colombia el lesionado accionante puede ser quien compra o quien vende, persona natural o jur\u00eddica, menor o mayor. Desde este \u00e1ngulo no existe, pues, excepci\u00f3n, todo el que haya padecido una lesi\u00f3n enorme puede demandar la rescisi\u00f3n del contrato de compraventa de inmueble, pues la ley ha querido que una injusticia, como la que entra\u00f1a recibir un precio que es inferior a la mitad del justo o pagar uno que es mayor del doble de este, debe ser corregida as\u00ed sea indispensable atentar contra los principios de la libertad contractual, de la autonom\u00eda de la voluntad y la seguridad de las transacciones\u00bb. Y adelante se agreg\u00f3: \u00abY en cuanto a que la lesi\u00f3n debe aparecer de comparar el precio pagado o recibido con el justo precio de la cosa al momento de celebrarse el contrato, de tal manera que aquel sea, respectivamente, m\u00e1s del doble de \u00e9ste o menos de la mitad, la ley no ha hecho tampoco diferencia seg\u00fan sean las partes personas naturales o personas jur\u00eddicas de derecho p\u00fablico o de derecho privado. Demostrada la lesi\u00f3n de ultra dimidium, debe decretarse la rescisi\u00f3n\u00bb. (Casaci\u00f3n de noviembre 20 de 1980). <\/p>\n
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4.- Y por otra parte, tambi\u00e9n debe descartarse el argumento del recurrente acerca de la inaplicabilidad de las normas referentes a la lesi\u00f3n enorme en eventos como el del sub lite, a causa de que el precio est\u00e1 limitado por el legislador, particularmente por la Ley 56 de 1981, el decreto reglamentario 2024 de 1982 y el Decreto Ley 222 de 1983 en la parte en que tales disposiciones ordenan estarse al aval\u00fao que del bien haga el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi. <\/p>\n
Y se descarta tal afirmaci\u00f3n como cierta, porque si bien las precitadas normas fijan unos l\u00edmites para la negociaci\u00f3n directa, ellas ni se refieren ni excluyen la aplicaci\u00f3n de las disposiciones ata\u00f1ederas a la lesi\u00f3n enorme. Es perfectamente aplicable sobre el punto lo dicho en la providencia de esta Corporaci\u00f3n a que se aludi\u00f3 en p\u00e1rrafos anteriores: \u00abEsa norma (se refiere al Decreto extraordinario 2895 de 1963, art\u00edculo 7o.), nada tiene que ver con el tema de la lesi\u00f3n enorme. Ella impone una limitaci\u00f3n a las entidades de derecho p\u00fablico en la fijaci\u00f3n del precio cuando adquieran, por negociaci\u00f3n directa, un inmueble rural, pero en ning\u00fan momento expresa que, en caso de demanda por haberse padecido por el vendedor lesi\u00f3n enorme, para averiguar si existi\u00f3 \u00e9sta, ha de confrontarse el precio recibido por el demandante con el aval\u00fao que el inmueble tenga en la oficina de Catastro. Si el precio que se paga es inferior a la mitad del justo, la lesi\u00f3n enorme se produce aunque el comprador sea una entidad de derecho p\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
Actualmente, y ya con relaci\u00f3n a las disposiciones legales citadas por el recurrente, la interpretaci\u00f3n de esta Corporaci\u00f3n es la misma que en ese entonces se hiciera. As\u00ed, tales disposiciones se refieren al precio de adquisici\u00f3n, que debe ser serio y real, como en toda compraventa, y que adem\u00e1s est\u00e1 controlado por ser una entidad estatal el comprador, pero sin que la noci\u00f3n del precio justo haya por esto desaparecido, como tampoco la sanci\u00f3n prevista cuando ese precio llega a ser lesivo. La ley no prev\u00e9 semejante excepci\u00f3n. <\/p>\n
5.- Y los precedentes razonamientos resuelven tambi\u00e9n el dilema que el impugnante plantea cuando afirma que son incompatibles el precio limitado por el legislador para esta especie de compraventas y la eventualidad de la lesi\u00f3n enorme. Porque no es cierto, como se pretende, que al cumplir la ley en cuanto a uno de esos precios, se contravenga con relaci\u00f3n al otro, con el resultado de que, en cualquier caso, el contrato resulta viciado; hay un sofisma en esa presentaci\u00f3n, pues la escueta verdad es la de que en eventos como el sub judice el precio de adquisici\u00f3n se determina siguiendo, como no pod\u00eda ser menos, las pautas legales, mas cuando eventualmente se rompe el equilibrio contractual hasta el punto ya no tolerado por la ley, esto es, en m\u00e1s de la mitad, vuelve ella a operar para poner remedio a la iniquidad; el precio, es verdad, est\u00e1 controlado, pero arribando al l\u00edmite fijado para la lesi\u00f3n, como tampoco puede ser menos y con plena vigencia del sistema objetivo, act\u00faa una vez m\u00e1s la ley para controlar el agravio. <\/p>\n
Para decirlo de otra manera, la circunstancia de que en el presente proceso, previo un amplio debate probatorio, se haya demostrado que la entidad demandada efectivamente pag\u00f3 por el bien una suma inferior a la mitad del precio justo, no otra cosa quiere decir sino que el desfase del aval\u00fao que se tuvo como fundamento para aquella negociaci\u00f3n era de magnitud tal que desbord\u00f3 los l\u00edmites de lo permisible, al punto de resultar lesivo; lo que merece, en el campo contractual, la condigna sanci\u00f3n. A buen seguro que cuando se cre\u00f3 el punto de referencia del precio que puede pagarse, siempre se anduvo sobre la idea de que dicho tope llevaba de la mano un esp\u00edritu justiciero, tanto m\u00e1s cuanto que el aval\u00fao emana de un organismo especializado en la materia, que, por ende, jam\u00e1s llegar\u00eda a lesionar de manera tan notoria el patrimonio de cualquiera de los contratantes. De modo que cuando el agravio de ultramitad se presenta, necesariamente hay que consentir que alg\u00fan error se configur\u00f3, pues solamente as\u00ed se explica que el aval\u00fao aparezca tan distante de un precio justo y razonable; y por ah\u00ed derecho es forzoso concluir que sin la anomal\u00eda el Estado hubiera tenido que pagar un precio algo mayor. El argumento aquel de que el estado no puede rebasar tal l\u00edmite siempre juega sobre la base de una normalidad de cosas y no sobre situaciones excepcionales o absolutamente extra\u00f1as. L\u00ednea de argumentaci\u00f3n esta que por igual vale para el caso en que la lesionada sea la Administraci\u00f3n, cuando pague por causa de una anormalidad, m\u00e1s del doble de lo que justicieramente vale la cosa. Esa debe ser la genuina teleolog\u00eda de las normas que se analizan , las que, por tanto, han de mirarse como un todo armonioso; y no aquella otra que podr\u00eda propiciar la idea de que en tales eventos se debe respetar a ultranza un tope que ri\u00f1e con la realidad, y que en consecuencia se convertir\u00eda en amplio p\u00f3rtico para entrar a saco en el patrimonio de cualquiera de los contratantes. <\/p>\n
Es este un buen ejemplo de c\u00f3mo el inter\u00e9s general y el particular, con el obvio predominio del primero, no tiene por qu\u00e9 resultar ser inconciliables; la contribuci\u00f3n que se exige al individuo en aras de la colectividad y la convivencia social, puede y debe de armonizar con sus derechos; que la responsabilidad que tiene el Estado de defender esos altos intereses no implica carta blanca para desconocer o vulnerar las garant\u00edas que a aqu\u00e9l resguardan; resulta apenas natural y equitativo, en efecto, que las libertades individuales sean limitadas en tanto el Estado requiera de la contribuci\u00f3n de las personas para la satisfacci\u00f3n de las necesidades comunes, pero no existe raz\u00f3n alguna para exigirle adem\u00e1s al particular que decline el derecho que, con todo, en eventos tales correlativamente se le reconoce. <\/p>\n
Hay que convenir en que aun las leyes que afectan negativamente al individuo como tal y que entonces desde su perspectiva lucen odiosas o restrictivas, merecen el calificativo de ‘ leyes buenas’ si se piensa en la utilidad mediata que a la comunidad reportan; empero, el sacrificio tiene que conocer una frontera; lo contrario ser\u00eda despotismo y el Estado ha de saber que cuando arrolla a sus miembros levanta la mano contra s\u00ed. <\/p>\n
<\/p>\n
6.- Viene de todo lo anterior que cuando el tribunal consider\u00f3 que el fen\u00f3meno de la lesi\u00f3n enorme se produce no obstante ser el comprador una persona de derecho p\u00fablico y a pesar del l\u00edmite que del precio establece la ley cuando de negociaci\u00f3n directa se trata, aplic\u00f3 correctamente las normas sustanciales que el impugnante considera vulneradas, por lo cual el cargo resulta impr\u00f3spero. <\/p>\n
<\/p>\n
Segundo Cargo <\/p>\n
Con fundamento en la causal primera del art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, se acusa la sentencia por ser violatoria, indirectamente, de los art\u00edculos 1946, 1947 y 1948 del C\u00f3digo Civil, del art\u00edculo 89 de la ley 153 de 1887 y de los art\u00edculos 822, 845 y 861 del C\u00f3digo de Comercio, como consecuencia de errores evidentes de hecho, por preterici\u00f3n de las siguientes pruebas: la comunicaci\u00f3n No. 422347 de septiembre 20 de 1988, dirigida por la E.A.A.B. a la actora; la correspondiente carta de respuesta, de septiembre 29 de 1988; la comunicaci\u00f3n de 14 de octubre de 1988 de la demandante al ente estatal; el acta de entrega y recibo del predio \u00abLa Esperanza\u00bb, suscrito por los contratantes el 23 de diciembre de 1988; la demanda ejecutiva instaurada por Asesor\u00edas e Inversiones Sher Ltda. contra la entidad estatal, y el dictamen pericial de 12 de abril de 1991; adem\u00e1s, dice, se apreci\u00f3 err\u00f3neamente la escritura p\u00fablica No. 302 de febrero 1 de 1989, pasada en la Notar\u00eda 10 de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Empieza el impugnante su demostraci\u00f3n se\u00f1alando que desde el a\u00f1o 1969 la Corte viene sosteniendo que en los contratos de compraventa precedidos de contrato de promesa, el justo precio para determinar la configuraci\u00f3n de la lesi\u00f3n enorme debe referirse al tiempo del contrato preparatorio y no al del definitivo. <\/p>\n
Pasa a decir que el tribunal emprendi\u00f3 el an\u00e1lisis probatorio correspondiente tomando como referencia el 1o. de febrero de 1989, fecha de celebraci\u00f3n del contrato de compraventa, sin considerar que tal contrato fue el resultado del cumplimiento de una obligaci\u00f3n de hacer originada en una promesa de contrato suscrita el 12 de diciembre de 1988, que a su vez recogi\u00f3 el acuerdo anterior de las partes sobre el aspecto econ\u00f3mico de la compraventa. <\/p>\n
Al insistir en que la negociaci\u00f3n no fue fruto de un acto volitivo instant\u00e1neo, sino consecuencia de un procedimiento previo dentro del cual se acordaron las condiciones econ\u00f3micas de la misma, relaciona una vez m\u00e1s el impugnante los medios probatorios inicialmente se\u00f1alados para afirmar que el ad quem, o no los vio o los interpret\u00f3 err\u00f3neamente, medios con los cuales \u00e9l considera acreditado que el 12 de diciembre de 1988 se suscribi\u00f3 la promesa de compraventa que fue cumplida precisamente mediante la escritura p\u00fablica 302 de 1o. de febrero de 1989. <\/p>\n
Dice a continuaci\u00f3n que, aunque el contrato de promesa de compraventa no est\u00e1 incorporado al proceso y por ello no se conoce su contenido completo, son inobjetables tanto el hecho de su celebraci\u00f3n como la fecha, pues as\u00ed lo acreditan los documentos atr\u00e1s rese\u00f1ados. <\/p>\n
El yerro f\u00e1ctico a que se viene haciendo alusi\u00f3n, contin\u00faa la censura, se encuentra ligado con otra pretermisi\u00f3n del juzgador, cual es la no apreciaci\u00f3n del dictamen pericial, rendido el 12 de abril de 1991, (folios 119 a 134 del cuaderno No. 1), y que se\u00f1ala como valor comercial del bien para el a\u00f1o 1988, fecha de la promesa, el de $318.921.410, suma que, al ser comparada con la convenida, no era inferior a la mitad del justo precio, por lo que, para ese tiempo, el precio no era lesivo. <\/p>\n
Por tanto, concluye el impugnador, si el ad quem no hubiera preterido y apreciado incorrectamente las pruebas, habr\u00eda llegado a la conclusi\u00f3n de que los t\u00e9rminos econ\u00f3micos del contrato fueron definidos con anterioridad a su celebraci\u00f3n y de que para el tiempo de esos acuerdos preparatorios, en el a\u00f1o 1988, el precio convenido no era lesivo, por lo cual, conforme a la tesis jurisprudencial vigente, no era viable reconocer la lesi\u00f3n enorme solicitada. <\/p>\n
1.- En muy breve resumen, la esencia de la acusaci\u00f3n consiste en que el tribunal para decretar la rescisi\u00f3n del contrato de compraventa tuvo en cuenta el valor del inmueble para la fecha de su celebraci\u00f3n, sin considerar, ni el material probatorio que indica que ese contrato estuvo precedido de una promesa, ni el aval\u00fao que se\u00f1ala que para el tiempo de la promesa el precio convenido no era lesivo. <\/p>\n
2.- En punto a la lesi\u00f3n enorme, es incontrovertible que la ley dispone que el justo precio del inmueble al tiempo del contrato de compraventa, es el que ha de tenerse en cuenta para determinar si la desproporci\u00f3n entre las prestaciones rec\u00edprocas alcanza el l\u00edmite fijado para que opere la figura. (Art. 1947 C\u00f3digo Civil). <\/p>\n
No obstante, es tambi\u00e9n cierto que esta Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo que, excepcionalmente, cuando las negociaciones se han plasmado en una promesa que como tal precede al contrato, es procedente la rescisi\u00f3n de la compraventa sin considerar el precio del inmueble para la fecha del contrato prometido, sino sobre la base de que la diferencia de ultramitad hubiese existido al tiempo de celebrarse tal promesa. <\/p>\n
Razones muchas han sido expuestas para sostener la aludida tesis, que pueden englobarse en el concepto de que la eventualidad de una variaci\u00f3n fundamental del valor de los bienes en el intervalo entre la promesa y el perfeccionamiento de la convenci\u00f3n, hace inadecuada una aplicaci\u00f3n mec\u00e1nica de la instituci\u00f3n de la lesi\u00f3n, pues ello implicar\u00eda no considerar las circunstancias econ\u00f3micas que existieron al concretar el negocio en una promesa, lleg\u00e1ndose a desconocer los m\u00f3viles y la real voluntad de las partes y desviando as\u00ed esa instituci\u00f3n de los fines para los que fue establecida, convirti\u00e9ndola en un momento dado en instrumento de fraude e iniquidad. <\/p>\n
<\/p>\n
Puede pues sintetizarse la posici\u00f3n de la Corte al respecto, diciendo simplemente que para los efectos de la lesi\u00f3n de ultra dimidium, el justo precio del inmueble es el que tuviere al tiempo de la convenci\u00f3n, a menos que las partes hayan estampado previamente su voluntad de contratar en una promesa de contrato, caso en el cual ser\u00e1 en el tiempo de \u00e9sta en donde habr\u00e1 de situarse el juzgador para averiguar si el precio fue lesivo. <\/p>\n
3.- Sin embargo, f\u00e1cil es comprobar que el anterior es aspecto que nunca fue planteado por las partes en el proceso; tanto el demandante como su contradictor se situaron, en efecto, para averiguar por el justo precio del inmueble objeto del contrato de compraventa, en el momento de la celebraci\u00f3n del mismo, y nunca en la fecha en que se habr\u00eda ajustado la mencionada promesa. <\/p>\n
Y si bien es verdad los peritos incluyeron en su dictamen el valor del predio en controversia para el a\u00f1o de 1988, tal era el aspecto f\u00e1ctico que no hab\u00eda sido sometido a su consideraci\u00f3n, como que para esos efectos no fue solicitada su intervenci\u00f3n. Menos a\u00fan, valga aclarar, se les solicit\u00f3 determinar ese precio para la \u00e9poca de la promesa, punto que no mencionaron las partes y al que tampoco, por cierto, se refirieron los peritos. Tan cierto es esto, que el juez a quo, recibido que fue el informe conteniendo el valor del bien para los a\u00f1os 1988 y 1991, hubo de pronunciarse expresando que previo al traslado, los expertos deb\u00edan aclarar y adicionar su dictamen \u00abteniendo en cuenta para efectos del aval\u00fao la fecha de la celebraci\u00f3n del contrato de compraventa, esto es, el primero (1\u00ba.) de febrero de mil novecientos ochenta y nueve\u00bb; lo cual cumplieron, avaluando entonces lo que se les hab\u00eda ordenado ( folios 115 a 151). <\/p>\n
De manera que lo planteado en este cargo por el recurrente es a todas luces un medio nuevo, esto es, la pretensi\u00f3n de que el litigio se solucione mediante el estudio de extremos absolutamente distintos a los debatidos en las instancias, lo cual es inadmisible en casaci\u00f3n en la medida en que viola el derecho de defensa de la contraparte, a la cual toma por sorpresa con ataque semejante, a la par que enjuicia la sentencia con base en situaciones que nunca fueron sometidas a consideraci\u00f3n del juzgador. <\/p>\n
Las razones para descartar los hechos que constituyen un medio nuevo como materia de estudio en casaci\u00f3n, los ha recogido la doctrina de la Corte; as\u00ed, se ha dicho que para ello hay una raz\u00f3n de orden constitucional, cual es la de que \u00bb se violar\u00eda el derecho de defensa si uno de los litigantes pudiese echar mano en casaci\u00f3n de hechos, extremos o planteamientos no alegados o formulados en instancia , respecto de los cuales, si lo hubiesen sido entonces, la contraparte habr\u00eda podido defender su causa. Pero promovidos ya cerrado el proceso, la infirmaci\u00f3n de la sentencia con apoyo en ello, equivaldr\u00eda a la pretermisi\u00f3n de las instancias, de las formas propias del tr\u00e1mite requerido, con quebranto de la teor\u00eda institucional de no ser condenado sin haber sido o\u00eddo y vencido en juicio\u00bb. <\/p>\n
Igualmente se invoca una raz\u00f3n originada en la esencia del recurso, \u00abporque \u00e9ste tiene por objeto restablecer el imperio de la ley infringida en la sentencia, la cual no pod\u00eda basarse sino en lo alegado ante el juez, no en lo que pudiese ser alegado con posterioridad ante la Corte. El recurso va dirigido contra el fallo, en cuanto ha desatado una controversia teniendo en cuenta los elementos aducidos y los hechos invocados en ella y no elementos ni hechos ajenos al litigio, y por tanto desconocidos del juez. En otros t\u00e9rminos, la sentencia no puede enjuiciarse sino con los materiales que sirvieron para estructurarla, no con materiales distintos, extra\u00f1os y desconocidos, ser\u00eda, de lo contrario, una lucha desleal, no solo entre las partes sino respecto del tribunal fallador, a quien se le emplazar\u00eda a responder con hechos o planteamientos que no tuvo ante sus ojos, y a\u00fan respecto del fallo mismo, que tendr\u00eda que defenderse de armas para \u00e9l hasta entonces ignoradas\u00bb. (Casaciones de 1\u00ba de marzo de 1955, G.J. LXXXIII, pg. 76 y de 24 de abril de 1977, exp. 4474). <\/p>\n
4.- Razones bastantes son pues las anteriores para descartar la prosperidad del cargo. Con todo, no est\u00e1 de m\u00e1s resaltar que si se hubiese querido averiguar el valor del bien al tiempo del contrato de promesa, menester insustituible habr\u00eda sido el acreditar v\u00e1lidamente su existencia. <\/p>\n
Y lo cierto es que al proceso nunca se arrim\u00f3 el documento contentivo de ese contrato que ahora se invoca; omisi\u00f3n probatoria reconocida expresamente por el mismo recurrente. Y de todos es sabido que el dicho es acto solemne que debe constar por escrito y cuya prueba no puede ser otra que el mismo escrito. No es posible entonces tener por acreditada la celebraci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa con las solas alusiones que a una pretendida convenci\u00f3n de ese linaje se haga en otros documentos. Sobre el punto, la Corte, de manera invariable, ha ense\u00f1ado que \u00abLos caracteres que en nuestro derecho tiene la promesa de contratar constitutiva en s\u00ed misma de una convenci\u00f3n, le dan la naturaleza de contrato solemne porque para su perfeccionamiento y validez se requieren condiciones especiales sin cuya concurrencia no produce obligaci\u00f3n alguna, entre las cuales la primera es la de que conste por escrito… En el caso del art\u00edculo 89 (de la ley 153 de 1887) la forma escrita de la promesa de contratar se exige ad substantiam actus, como requisito esencial para la validez del contrato, que junto con las dem\u00e1s condiciones requeridas, integra el conjunto de formalidades especiales, sin los cuales no produce ning\u00fan efecto civil, como est\u00e1 dicho en el art\u00edculo 1500 del C.C. al definir el contrato solemne… por ello esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que la inadmisibilidad de prueba distinta para demostrar la promesa de celebrar un contrato se funda en que la forma escrita que la ley ha establecido para el caso constituye una solemnidad, esto es, un requisito esencial insustituible en que se confunden la condici\u00f3n de validez y el medio de prueba, raz\u00f3n por la cual, la prueba distinta de la documental, para estos efectos es prueba ineficaz y carece totalmente de valor\u00bb (Cas. Civil de 18 de agosto de 1989). <\/p>\n
5.- Y para terminar, quiz\u00e1s no sobre reiterar que los peritos nunca pretendieron avaluar el bien para el tiempo de la pretendida promesa de compraventa. Seg\u00fan los datos suministrados por el impugnante, dicha promesa se habr\u00eda celebrado a finales de 1988 y el dictamen simplemente hizo alusi\u00f3n (alusi\u00f3n no pedida) al valor del predio en ese a\u00f1o, sin precisar el momento del mismo al cual se refer\u00eda. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en todo y por todo, el cargo no prospera. <\/p>\n
Decisi\u00f3n <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de procedencia y fecha anotadas. <\/p>\n
<\/p>\n
Costas en casaci\u00f3n a cargo de la parte recurrente. T\u00e1sense. <\/p>\n
Notif\u00edquese y devu\u00e9lvase oportunamente al tribunal de origen. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
<\/p>\n
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S-119-99 [5368] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Manuel Ardila Vel\u00e1squez Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999).- Ref: Expediente No. 5368 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81722","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81722","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81722"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81722\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81722"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81722"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81722"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}