S-121-99 [6259]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: Dr. JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). <\/p>\n
Ref.: Expediente No. 6259 <\/p>\n
Decide la Corte el recurso de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante (HENRY BANSWEL STEPHENS TAYLOR y el cesionario HERNAN FLOREZ CARRASQUILLA), contra la sentencia proferida el 30 de mayo de 1996 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del proceso ordinario seguido contra la sociedad PROMOTORA TURISTICA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA LTDA. <\/p>\n
A N T E C E D E N T E S: <\/p>\n
1. En demanda instaurada ante el Juzgado Civil del Circuito de San Andr\u00e9s, Islas, HENRY BANSWELL STEPHENS TAYLOR, parte demandante primigenia, pidi\u00f3 que con citaci\u00f3n y audiencia de la demandada designada, y previos los tr\u00e1mites de un proceso ordinario, se hiciesen las siguientes declaraciones y condenas principales: <\/p>\n
\u00abPRIMERO: Que el siguiente inmueble es de propiedad y pertenece en dominio pleno y absoluto al se\u00f1or , HENRY BANSWELL STEPHENS TAYLOR: Un lote de terreno ubicado en jurisdicci\u00f3n de la Intendencia Especial de San Andr\u00e9s y Providencia (Isla de San Andr\u00e9s), antiguo municipio de San Andr\u00e9s, en el lugar denominado \u201cSPRAT BIGHT\u201d, el cual se encuentra distinguido por medio de los siguientes linderos y medidas: Se toma como punto de partida el v\u00e9rtice formado por los linderos S y ESTE bordeados por las v\u00edas p\u00fablicas que se denominan Avenida Col\u00f3n y carrera (5) avanzando hacia el Norte hasta encontrar los predios del antiguo Coliseo Intendencial, en una extensi\u00f3n de treinta metros (30.00 Mts); desde ese lugar avanza hacia la izquierda por dicho lindero hasta encontrar una paredilla que al parecer corresponde a una construcci\u00f3n del Hotel El Isle\u00f1o, midiendo treinta y cuatro metros con sesenta cent\u00edmetros (34.60 Mts); de all\u00ed se toma en \u00e1ngulo buscando hacia el lindero Sur y bordeando la construcci\u00f3n antes aludida, en extensi\u00f3n de once metros con cincuenta cent\u00edmetros (11.50 Mts.); desde este punto, se toma a la derecha bordeando la misma construcci\u00f3n hasta encontrar el lindero Oeste, en treinta y tres metros con treinta cent\u00edmetros (33.30 Mts.); de all\u00ed se toma hacia la izquierda y avanzando hacia el lindero Sur, en extensi\u00f3n de veinticinco metros con treinta cent\u00edmetros (25.30 Mts.); desde este punto se avanza bordeando todo el lindero Sur, con frente a la Avenida Col\u00f3n hasta encontrar el punto de partida, en sesenta y dos metros con cincuenta cent\u00edmetros (62.50 Mts.). <\/p>\n
SEGUNDO: Que por haberse probado que la sociedad demandada viene en ocupaci\u00f3n irregular, clandestina y violenta e ilegal del lote de terreno que se ha descrito en el ordinal PRIMERO, se condena a la Sociedad \u201cPROMOTORA TURISTICA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA LIMITADA\u201d a restituir dicho inmueble a favor del se\u00f1or HENRY BANSWELL STEPHENS TAYLOR, junto con todos sus usos, mejoras, servidumbres, anexidades, derechos y agregaciones, dentro del plazo que se determina en esta sentencia y para la entrega material trasl\u00e1dese el despacho al lugar de ubicaci\u00f3n del inmueble y proc\u00e9dase a la misma haciendo uso de la fuerza, si fuere necesario. <\/p>\n
TERCERO: Cond\u00e9nase a la firma \u201cPROMOTORA TURISTICA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA LTDA.\u201d A PAGAR y restituir a favor del se\u00f1or , HENRY BANSWELL STEPHENS TAYLOR, los frutos civiles y naturales que \u00e9ste ha dejado de percibir desde que la parte demandada ocup\u00f3 el inmueble objeto de la demanda. <\/p>\n
CUARTO: Ord\u00e9nase la inscripci\u00f3n de esta sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos del C\u00edrculo de San Andr\u00e9s, para que figure el inmueble libre de todo sojuzgamiento, perturbaciones y actos que afecten el dominio en contra del demandante. <\/p>\n
QUINTO: Cond\u00e9nase a la parte demandada al pago de costas y perjuicios. T\u00e1sense por secretar\u00eda\u201d <\/p>\n
2. Las s\u00faplicas transcritas tuvieron como apoyo los hechos que a continuaci\u00f3n se compendian: <\/p>\n
Mediante escritura p\u00fablica N\u00famero 186 del 7 de noviembre de 1947 otorgada en la Notar\u00eda Unica de San Andr\u00e9s, registrada en la entonces denominada Registradur\u00eda de Instrumentos P\u00fablicos y Privados el 27 de noviembre de 1947, bajo el n\u00famero 124, p\u00e1ginas 325 y 326 del Libro Radicador No I, Tomo III, el se\u00f1or HENRY BANSWELL STEPHENS TAYLOR adquiri\u00f3 varios lotes, entre ellos, dos, cuyas medidas se encontraban expresadas en yardas, situados en el sector SPRATT BIGHT, en San Andr\u00e9s. A ra\u00edz del incendio acaecido en enero de 1965, los archivos tanto de la Notar\u00eda como de la mentada Registradur\u00eda se destruyeron, por lo cual se procedi\u00f3 a la reinscripci\u00f3n del t\u00edtulo, pero esta vez contenido en la escritura p\u00fablica n\u00famero 2 del 7 de enero de 1982, bajo los n\u00fameros de matr\u00edcula inmobiliaria 450-000-3925 A y 450-000-3929, instrumento en el que se adopt\u00f3, como patr\u00f3n de las medidas de los inmuebles, el sistema m\u00e9trico decimal, en cumplimiento de la Resoluci\u00f3n 1126 de 1967 expedida por el Ministerio de Desarrollo. <\/p>\n
A finales de la d\u00e9cada del cincuenta las administraciones locales ejecutaron obras p\u00fablicas utilizando predios de propiedad privada, en la mayor\u00eda de los casos reconociendo compensaciones y en otras \u201csimple y llanamente y con abuso de poder del gobierno, apoder\u00e1ndose de zonas y porciones de propiedad privada\u201d, como fue el caso del demandante, ya que en el prenombrado sector de Spratt Bight se construyeron canchas y v\u00edas, entre ellas la prolongaci\u00f3n de la Avenida Col\u00f3n o \u201cV\u00eda al Aeropuerto\u201d y la calle Quinta. Tambi\u00e9n se construy\u00f3 el Hotel El Isle\u00f1o as\u00ed como el \u201cAntiguo Coliseo Intendencial\u201d, sobre predios de propiedad del actor, qued\u00e1ndole la porci\u00f3n de lote que \u00e9ste describi\u00f3 en los puntos primero y segundo de sus peticiones. <\/p>\n
A ra\u00edz del esc\u00e1ndalo administrativo ocasionado por la venta que una entidad oficial hizo a un particular de un lote de terreno que hab\u00eda sido entregado a aquella con destino a obras tur\u00edsticas de inter\u00e9s p\u00fablico, la entidad oficial se vio precisada a tratar de subsanar los errores cometidos, entregando al comprador \u201cla porci\u00f3n de lote de terreno del se\u00f1or HENRY BANSWELL STEPHENS TAYLOR que es objeto de esta demanda reivindicatoria\u201d. <\/p>\n
Al temer un despojo violento, el demandante decidi\u00f3 encerrar la porci\u00f3n del inmueble que le quedaba, para lo cual solicit\u00f3 el permiso del caso ante la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n Intendencial, despacho que lo concedi\u00f3 despu\u00e9s de dos conceptos previos. Entretanto, la sociedad demandada se apoder\u00f3 del lote materia de la demanda, lo cerc\u00f3 y destruy\u00f3 una cerca lateral lim\u00edtrofe, \u201ccomo se constat\u00f3 en la inspecci\u00f3n judicial efectuada con intervenci\u00f3n de peritos y citaci\u00f3n de la parte demandada, por el Juzgado Civil del Circuito de la localidad, el d\u00eda 10 de noviembre de 1989\u201d. Sin embargo, el demandante ya hab\u00eda solicitado con antelaci\u00f3n la pr\u00e1ctica de una inspecci\u00f3n judicial con intervenci\u00f3n de peritos, llevada a cabo el 21 de junio de 1989, en la que se constat\u00f3 que el lote en menci\u00f3n \u201cno se encontraba encerrado ni cercado ni ocupado por personas distintas\u201d. \u201cS\u00f3lo encontraron un pozo en deshuso (sic) y \u00e1rbol de cocotero, obras realizadas por el propietario peticionario y una cerca por los l\u00edmites que lo separan del lote donde est\u00e1 construido el Hotel El Isle\u00f1o; esta cerca fue destruida para dar la impresi\u00f3n de que todo era un solo predio\u201d. O sea que entre una y otra fecha la demandada se apoder\u00f3 del inmueble de que se trata, \u201ccerc\u00e1ndolo y destruyendo una medianer\u00eda para simular que no exist\u00eda divisi\u00f3n o separaci\u00f3n entre este lote y otro donde est\u00e1 situado el Hotel El Isle\u00f1o\u201d. <\/p>\n
Cuando se practic\u00f3 la segunda diligencia de inspecci\u00f3n judicial, es decir, la llevada a cabo el d\u00eda 10 de noviembre de 1989, el representante legal de la demandada, se\u00f1or Guillermo Cabo Ol\u00f3zaga, \u201cconfes\u00f3 haber ordenado la ejecuci\u00f3n de las obras de cerrramiento del inmueble\u201d. Y, seg\u00fan informaciones conocidas por el actor, se puede deducir que \u201cla firma podr\u00eda afianzarse en una pretendida adjudicaci\u00f3n\u201d seg\u00fan los decretos 255, 256 y 2087 de 1973, disposiciones especiales que promulg\u00f3 el Gobierno Nacional, a cuyo amparo se adelantaron clandestinamente, dada la brevedad sumarial, muchas adjudicaciones y apoderamientos contra la ley. <\/p>\n
Concluye el actor que la sociedad demandada se apoder\u00f3 del lote de su propiedad \u201cen forma ilegal, arbitraria, injustificada, clandestina y violenta\u201d y nunca hizo acto de posesi\u00f3n anterior, distinto del cerramiento a que se ha hecho referencia. <\/p>\n
3. Por conducto de apoderado judicial, la sociedad demandada compareci\u00f3 al proceso en el que se opuso a las pretensiones y manifest\u00f3 no constarle la mayor\u00eda de los hechos (primero a noveno), admiti\u00f3 unos (d\u00e9cimo primero y decimotercero) y afirm\u00f3 no ser ciertos otros (los restantes). Formul\u00f3 como excepciones de fondo las que denomin\u00f3 \u201cinexistencia del derecho alegado por t\u00edtulo de mejor derecho de la demandada\u201d, \u201cprescripci\u00f3n\u201d y \u201ccosa juzgada\u201d. <\/p>\n
La primera instancia concluy\u00f3 con sentencia en la que se acogi\u00f3 la pretensi\u00f3n de reivindicaci\u00f3n de la parte demandante, se orden\u00f3 la inscripci\u00f3n de la sentencia en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos \u201cen donde figura el cesionario Hern\u00e1n Fl\u00f3rez Carrasquilla como propietario\u201d del inmueble reivindicado, se neg\u00f3 la condena al pago de los frutos civiles y naturales pedidos por la parte demandante y se conden\u00f3 en costas a la demandada. <\/p>\n
Inconforme con esa determinaci\u00f3n la demandada PROMOTORA TURISTICA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA LTDA., interpuso recurso de apelaci\u00f3n, que desat\u00f3 el Tribunal mediante sentencia revocatoria de la de primera instancia al declarar probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n y denegar consecuencialmente las pretensiones del demandante, a quien conden\u00f3 en costas en primera instancia. <\/p>\n
Contra la sentencia de segunda instancia se interpuso el recurso de casaci\u00f3n del que ahora se ocupa la Sala. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL: <\/p>\n
Parte el Tribunal del relato de las peticiones y los hechos de la demanda, las excepciones de m\u00e9rito propuestas por la demandada, as\u00ed como la actuaci\u00f3n adelantada en primera instancia y los argumentos del fallo del a quo, para luego entrar a examinar en primera medida la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n alegada por la demandada, \u201cporque ante la p\u00e9rdida de eficacia de la acci\u00f3n de dominio propuesta por el accionante, como consecuencia de prosperar la pretensi\u00f3n de usucapi\u00f3n (sic), es obvio que el examen relacionado con la reivindicaci\u00f3n se hace innecesario\u201d. <\/p>\n
Inicia entonces el Tribunal el an\u00e1lisis de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, dada la intenci\u00f3n manifestada por la parte demandada de \u201csumar la posesi\u00f3n que ella ostenta en el inmueble materia de la acci\u00f3n de usucapi\u00f3n seg\u00fan su propia confesi\u00f3n vertida en el libelo demandador, a la de sus antecesores a partir del a\u00f1o 1960, cuando en virtud de la escritura No. 27 de 1948 del 11 de octubre (sic), la Naci\u00f3n adquiri\u00f3 en mayor extensi\u00f3n, el lote donde est\u00e1 ubicado el terreno que persigue el actor, de manos de sus propietarios de esa \u00e9poca, y luego se fue transfiriendo a otras entidades de manera sucesiva e id\u00f3nea, hasta llegar a la entidad accionada\u201d. Y al efecto, relaciona los diversos y sucesivos t\u00edtulos para concluir que tal acervo probatorio, que constituye la suma de posesiones aducida por la sociedad accionada, demuestra que la misma viene en posesi\u00f3n material del inmueble desde el 11 de octubre de 1960 hasta el 3 de julio de 1.990, fecha de la demanda, esto es, por m\u00e1s de veinte a\u00f1os, requisito que exige el art\u00edculo 2532 del C\u00f3digo Civil, reformado por Ley 50 de 1936. <\/p>\n
De pruebas testimoniales deduce el Tribunal que la posesi\u00f3n est\u00e1 demostrada de manera p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida por m\u00e1s de 20 a\u00f1os. Y si a lo anterior se le agrega la serie sucesiva de t\u00edtulos, seg\u00fan arriba se mencion\u00f3, \u201cdebe concluirse que se dan los presupuestos para obtener el inmueble por prescripci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Del interrogatorio de parte al representante legal de la demandada, se\u00f1or Guillermo Cabo O., de los testimonios de Mario Pinilla, Libardo Orozco y Celedonio Camacho, el Tribunal encuentra demostrado que \u201ccon anterioridad a la fecha de la presentaci\u00f3n del libelo demandador, la firma Promotora Tur\u00edstica de San Andr\u00e9s y Providencia Ltda., evidentemente viene en posesi\u00f3n del predio que reclama el demandante\u201d. Agrega la Corporaci\u00f3n que con esas mismas pruebas unidas a la confesi\u00f3n vertida en el interrogatorio de parte al demandante, se infiere que \u00e9ste nunca lo posey\u00f3, \u201cpuesto que apenas asevera que en 1991 -cuando le hicieron al lote una revisi\u00f3n sin precisar de qu\u00e9 clase y qui\u00e9n, pero en todo caso no fue su persona ni por su cuenta sino un funcionario de la Registradur\u00eda, de San Andr\u00e9s, quien le manifest\u00f3 que una parte del predio era suyo, la otra de la Intendencia\u201d. Y remata la Corporaci\u00f3n su argumentaci\u00f3n aseverando que el t\u00edtulo que invoca el demandante \u201cs\u00f3lo es demostrativo de una posesi\u00f3n inscrita, pues eso es lo que se deduce de la inscripci\u00f3n en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de la escritura p\u00fablica que adujo, por haberse anotado en la columna de falsa tradici\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Finalmente, antes de concluir que no ofrece duda la suma de posesiones alegada por la demandada, el Tribunal expresa que de la experticia practicada y \u201cde las distintas pruebas escriturarias, as\u00ed como en los juicios de pertenencia\u201d, encuentra probado que el lote que el demandante pretende reivindicar forma parte del denominado Lote B, aportado por la Corporaci\u00f3n Nacional de Turismo a la demandada, mediante escritura p\u00fablica No. 071 de 1974, de la Notar\u00eda de San Andr\u00e9s. <\/p>\n
LA DEMANDA DE CASACION: <\/p>\n
Dos cargos le endilga el recurrente a la sentencia acabada de sintetizar, ambos con fundamento en la causal primera del art\u00edculo 368 del C. de P.C., por violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, los cuales ser\u00e1n despachados por la Corte en forma conjunta dada su conexidad y defecto comunes. <\/p>\n
PRIMER CARGO <\/p>\n
Con apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n, se acusa a la sentencia de ser indirectamente violatoria de la ley sustancial, por errores evidentes de hecho y de derecho en que incurri\u00f3 el Tribunal en la apreciaci\u00f3n de las pruebas sobre las que bas\u00f3 su conclusi\u00f3n de estar demostrada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, que fund\u00e1ndola en agregaci\u00f3n de posesiones propuso la entidad demandada. Menciona como normas legales violadas las siguientes: <\/p>\n
\u201ca.) Por aplicaci\u00f3n indebida, en cuanto acogi\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n dicha, de los art\u00edculos 762, 764, 765, 770, 778, 787, 981, 1871, 2512, 2518, 2521, 2522, 2531 del C\u00f3digo Civil; 1\u00ba de la Ley 50 de 1.936; 305, 306 incisos 1\u00ba y 2\u00ba, 332 incisos 1\u00ba y 5\u00ba, 407 numerales 1 y 11 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; y 39, 40, 42, 69, 70 y 71 del decreto 1250 de 1.970; y <\/p>\n
b.) Por falta de aplicaci\u00f3n de los textos 669, 740, 742, 743, 745, 946, 950, 952, 961, 962, 963, 964, 966, 1849 y 1857 del C\u00f3digo Civil, en cuanto deneg\u00f3 la acci\u00f3n reivindicatoria\u201d <\/p>\n
Y como violaci\u00f3n medio, en lo que se refiere a los errores de derecho que le reprocha a la sentencia, el recurrente cita los art\u00edculos 178, 185, 195, 198, 200, 229, 258 y 264 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil. <\/p>\n
Luego de la enunciaci\u00f3n del cargo el recurrente se da a la tarea de enmarcar te\u00f3ricamente su argumentaci\u00f3n con esbozos conceptuales acerca de la posesi\u00f3n y sus elementos, la suma de posesiones y los requisitos que legal y jurisprudencialmente se han exigido para su configuraci\u00f3n, para as\u00ed arribar a la demostraci\u00f3n de los errores f\u00e1cticos y de derecho que le atribuye al Tribunal en la sentencia combatida, singularizando los tipos de errores cometidos en las diversas probanzas, que bien pueden ser resumidas as\u00ed: <\/p>\n
1. Incurri\u00f3 el ad quem en error de derecho en la apreciaci\u00f3n de las escrituras p\u00fablicas aportadas por la demandada y constitutivas de su excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, instrumentos todos que dicen relaci\u00f3n a las sucesivas enajenaciones del bien inmueble que finalmente lleg\u00f3 a la titularidad de la demandada: escritura p\u00fablica 2748 del 11 de octubre de 1960 por la cual el Gobierno de Colombia dijo vender el inmueble a la Empresa Colombiana de Turismo S.A. \u201cEcoturismo\u201d; escritura p\u00fablica 1999 del 6 de mayo de 1964 por la cual Ecoturismo dijo venderlo a Inversiones San Andr\u00e9s Ltda.; escritura p\u00fablica 2301 del 12 de junio de 1967 por la cual se protocoliz\u00f3 el remate que del bien hizo Ecoturismo dentro del proceso ejecutivo seguido por ella contra Inversiones San Andr\u00e9s Ltda; escritura p\u00fablica 6742 del 4 de diciembre de 1972 contentiva de la adjudicaci\u00f3n del bien hecha a la Corporaci\u00f3n Nacional de Turismo, Corturismo, dentro de la liquidaci\u00f3n de Ecoturismo, y finalmente la escritura p\u00fablica 1 del 2 de enero de 1974, mediante la cual se constituy\u00f3 la sociedad demandada y por la cual Corturismo, socio de ella, aport\u00f3 el aludido bien al capital social de la sociedad constituida. <\/p>\n
De tales instrumentos, dice el impugnante, el Tribunal dedujo que formaban t\u00edtulo para acreditar la suma de posesiones ininterrumpida y que dichas escrituras constituyen el puente jur\u00eddico de esas transferencias. Y as\u00ed, puntualiza que con tal aserto el Tribunal viol\u00f3 los art\u00edculos 258 y 264 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, al extender el alcance probatorio de esas escrituras a la demandante, sin haber sido parte en los contratos all\u00ed contenidos, por lo cual especialmente viol\u00f3 el Tribunal el art\u00edculo 175 del Estatuto Procesal Civil en cuanto que dicha norma prohibe admitir pruebas que no se ci\u00f1an al asunto materia del proceso y le ordena al juez rechazar las ineficaces y las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes. <\/p>\n
Con apoyo en jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, precisa luego que tales instrumentos pueden acreditar el dominio del inmueble y hasta servir de \u201cpuente\u201d en las transacciones, pero no demuestran la posesi\u00f3n, ni mucho menos que las posesiones alegadas hayan sido ininterrumpidas entre ellas. <\/p>\n
2. Cometi\u00f3 el Tribunal error de derecho en la apreciaci\u00f3n de las sentencias declarativas de pertenencia, de fechas 1\u00ba de septiembre de 1966 y 9 de noviembre de 1978, aportadas por la demandada para invocar la excepci\u00f3n prescriptiva, pues con su estimaci\u00f3n viol\u00f3 los art\u00edculos 185 y 229 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, atinentes a la ratificaci\u00f3n de la prueba trasladada. <\/p>\n
En procura de su demostraci\u00f3n, expresa el recurrente que si bien es cierto, conforme lo indica el art\u00edculo 185 mencionado, que una prueba puede ser trasladada de un proceso a otro, tal operaci\u00f3n debe cumplir con cierto rito probatorio que permita su adecuada valoraci\u00f3n y d\u00e9 a la parte contra la cual se aduce, oportunidad de contradecirla, si en el proceso primitivo no se hubiere practicado a petici\u00f3n suya o con su audiencia. <\/p>\n
Y ambas sentencias aluden a pruebas testificales y de inspecci\u00f3n judicial con base en las cuales se declara el dominio en dichos fallos, que al ser estimados por el sentenciador ad quem, lo hizo incurrir en error de derecho \u201cpues olvid\u00f3 que por tratarse de prueba trasladada est\u00e1 hoy aqu\u00ed desprovista de valor probatorio, pues advinieron trasladadas de procesos diversos y en los que el aqu\u00ed demandante de la reivindicaci\u00f3n no fue parte, ni pudo por ende contradecir esas pruebas\u201d. Por consiguiente, remata el impugnante, con esa prueba documental no puede darse la suma de posesiones que la demandada invoc\u00f3 en apoyo de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n. <\/p>\n
Agrega despu\u00e9s que al considerar el Tribunal aisladamente las sentencias, con abstracci\u00f3n de otros actos procesales surtidos en los procesos en que ellas se dictaron, tambi\u00e9n incurri\u00f3 en error de derecho, pues tales providencias judiciales no acreditan la posesi\u00f3n ininterrumpida, en la medida en que las sentencias, de acuerdo con lo afirmado por la doctrina y esta Corporaci\u00f3n, seg\u00fan citas que reproduce, s\u00f3lo prueban la existencia de ellas en cuanto tales, las motivaciones que le sirvieron al juez que las profiri\u00f3, las cuales son y deben ser indiferentes al juez de la causa. <\/p>\n
3. El Tribunal tambi\u00e9n incurri\u00f3 en error de derecho en la apreciaci\u00f3n del interrogatorio absuelto por el representante legal de la demandada, al deducir de su manifestaci\u00f3n seg\u00fan la cual la demandada hab\u00eda cercado el lote que la misma configuraba una confesi\u00f3n judicial, con lo cual viol\u00f3 el art\u00edculo 195 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil que exige de la confesi\u00f3n una manifestaci\u00f3n que produzca consecuencias jur\u00eddicas adversas al confesante o favorables a la parte contraria, y no, como en este caso, favorable a quien las hace. <\/p>\n
4. Cometi\u00f3 tambi\u00e9n error evidente de hecho en la apreciaci\u00f3n del interrogatorio de parte del demandante reivindicador y de los testimonios de Mario Pinilla, Libardo Orozco y Celedonio Camacho, <\/p>\n
En cuanto al interrogatorio de parte del demandante, le endilga al Tribunal la alteraci\u00f3n de la prueba al adicionarle expresiones que ella no contiene, como que el demandante \u201chubiese reconocido que \u2018nunca posey\u00f3\u2019 el inmueble, y que solamente una vez, en 1991, alg\u00fan funcionario le dijo que era de su propiedad y que por eso pidi\u00f3 la revisi\u00f3n\u201d <\/p>\n
Y en cuanto a los testimonios de los deponentes Pinilla, Orozco y Camacho, expresa que el Tribunal, incurriendo en error de hecho, dio por probadas las diversas y sucesivas posesiones desde 1960, cuando en realidad nada dicen esos testimonios acerca de la posesi\u00f3n material que hubiesen ejercido los antecesores de la demandada. <\/p>\n
SEGUNDO CARGO <\/p>\n
Amparado tambi\u00e9n en la causal primera de casaci\u00f3n, acusa el recurrente a la sentencia de violar de manera indirecta la ley sustancial, a consecuencia de errores evidentes de hecho y de derecho en que incurri\u00f3 el Tribunal en la apreciaci\u00f3n de las pruebas sobre las que bas\u00f3 su conclusi\u00f3n de estar demostrada la suma de posesiones y de all\u00ed deducir la prosperidad de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n. Menciona como normas legales violadas las siguientes: <\/p>\n
a.) Por aplicaci\u00f3n indebida, en cuanto acogi\u00f3 la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, los art\u00edculos 762, 764, 765, 770, 778, 787, 981, 1871, 2512, 2518, 2521, 2522, 2527 y 2531 del C\u00f3digo Civil; 1\u00ba de la Ley 50 de 1936; 305, 306, 332 incisos 1\u00ba y 5\u00ba, 407 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil; y 39, 40, 42, 69, 70 y 71 del decreto 1250 de 1.970; y <\/p>\n
b.) Por falta de aplicaci\u00f3n de los textos 669, 740, 742, 743, 745, 946, 947, 950, 952, 961, 962, 963, 964, 966, 1849 y 1857 del C\u00f3digo Civil, en cuanto deneg\u00f3 la acci\u00f3n reivindicatoria. <\/p>\n
1. Acomete entonces la tarea demostrativa de los errores en que incurri\u00f3 el Tribunal, para lo cual inicia con la prueba documental aportada por la demandada, escrituras p\u00fablicas de transferencia del dominio del inmueble y sentencias de pertenencia, de las que afirma que el Tribunal les alter\u00f3 su objetividad incurriendo as\u00ed en error manifiesto de hecho. <\/p>\n
En cuanto a las escrituras p\u00fablicas expresa que si bien se indica en ellas que se transfiere el derecho de dominio y posesi\u00f3n no se alude, en la primera, n\u00famero 2748 de 1960 al tipo de posesi\u00f3n (inscrita o material) que se transmit\u00eda; en la segunda, de n\u00famero 1999, a si la tradente hab\u00eda pose\u00eddo materialmente el bien que enajen\u00f3 a Inversiones San Andr\u00e9s Ltda, sociedad esta que \u201cbien pronto perdi\u00f3 la tenencia de \u00e9l, porque fue secuestrado en el ejecutivo hipotecario que se le adelant\u00f3, sin que, por otra parte, exista constancia de que el rematador haya recibido la tenencia material del inmueble\u201d. Tampoco las escrituras 6742 de 1972 y 2 de 1974 traen constancia de la entrega material del bien. <\/p>\n
Y respecto de las sentencias tambi\u00e9n se incurri\u00f3 en error de hecho, \u201cporque la alusi\u00f3n que esos sentenciadores hicieron en la motivaci\u00f3n de tales providencias de los testimonios de Albert Ben May, Robinson Smith, Luc\u00eda Corpus Bawie y Acacio Ford Manuel, en la primera; y de V\u00edctor V\u00e9lez Lynton y F\u00e9lix Palacio Sthepens, en la segunda, no prueban la posesi\u00f3n material que sobre el fundo hubiese ejercido \u00faltimamente la aqu\u00ed demandada y anteriormente, en 1966, la Empresa Colombiana de Turismo\u201d. <\/p>\n
2. Procede luego a acusar al sentenciador de haber incurrido en error grave y manifiesto en la apreciaci\u00f3n de los testimonios rendidos por Camacho, Pinilla y Orozco, por haberlos desfigurado al suponer que all\u00ed se encuentra que sus autores hubiesen afirmado actos posesorios de la demandada en el inmueble de la contienda. <\/p>\n
3. Reproduce, sintetizadas, las mismas acusaciones elevadas contra la apreciaci\u00f3n del Tribunal a los interrogatorios de parte, contenidas en el cargo primero, y referidas a error de hecho en la apreciaci\u00f3n del interrogatorio del demandante al suponer que \u00e9ste admiti\u00f3 no haber pose\u00eddo nunca el inmueble; y referida tambi\u00e9n a error de hecho en la contemplaci\u00f3n del interrogatorio al representante de la demandada, en el que crey\u00f3 ver una confesi\u00f3n de parte. Igualmente, trae las mismas argumentaciones, pero resumidas, en punto del error de hecho que le achaca al Tribunal al suponer que el dictamen pericial demuestra la posesi\u00f3n ininterrumpida, cuando \u00e9l para nada alude a tal punto. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Mucho, y en el mismo sentido, se ha dicho por la jurisprudencia y la doctrina en torno de los elementos de la acci\u00f3n reivindicatoria, los que, no por sabidos deben ser dejados de lado en la tarea del juzgador tendiente a encontrarlos probados para deducir de all\u00ed la aplicaci\u00f3n de las normas que consagran el derecho de persecuci\u00f3n en cabeza del actor propietario. En apretada s\u00edntesis, se reitera ac\u00e1 que para la prosperidad de la acci\u00f3n reivindicatoria -aquella que tiene el propietario de una cosa singular (o una cuota de ella), para lograr su restituci\u00f3n -el due\u00f1o debe demostrar en primer lugar el t\u00edtulo del que deriva su derecho de propiedad, el cual debe recaer sobre una cosa singular (o una cuota), que precisamente es la misma pose\u00edda por el demandado. <\/p>\n
2. Es preciso advertir inicialmente que el Tribunal bas\u00f3 su conclusi\u00f3n de hallar demostrada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n alegada por la demandada en el an\u00e1lisis de varios elementos probatorios que figuran en el expediente, encadenando unos a otros y, a decir, verdad, desvi\u00e1ndose de su prop\u00f3sito inicial y equivocado de acometer delanteramente el estudio de la prenombrada excepci\u00f3n, dado que, seg\u00fan su discurrir, si \u00e9sta resultaba triunfadora, no era menester el examen de los elementos de la acci\u00f3n de dominio. Y se dice que se desvi\u00f3 de la senda que se traz\u00f3 porque es notorio que algunos de los nombrados elementos de la acci\u00f3n de dominio fueron analizados. En efecto, estudia la titulaci\u00f3n aportada por la demandada y de all\u00ed infiere, a la par que con los testimonios que despu\u00e9s entra a considerar, la cadena de posesiones. L\u00edneas despu\u00e9s retoma los testimonios de tres de los deponentes y luego de ratificar su conclusi\u00f3n de que ellos demuestran la posesi\u00f3n quieta, tranquila e ininterrumpida por espacio de veinte a\u00f1os en cabeza de la demandada, examina el interrogatorio de parte rendido por el representante legal de esta, del que, luego de calificarlo de confesi\u00f3n, extrae que demuestra la referida posesi\u00f3n, no s\u00f3lo para beneficio de la misma demandada, sino para efectos de hallar acreditada la identidad del bien pose\u00eddo por \u00e9sta con el perseguido por el actor, elemento, que, como es bien sabido, estructura junto a otros la acci\u00f3n de dominio o reivindicatoria. A continuaci\u00f3n, de manera asaz somera, alude a otro elemento de la acci\u00f3n reivindicatoria, cual es la calidad de titular del derecho dominio de quien la ejerce, aspecto en el cual expresa que el t\u00edtulo que aport\u00f3 el actor \u201cs\u00f3lo es demostrativo de una posesi\u00f3n inscrita, pues eso es lo que se deduce de la inscripci\u00f3n en la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de la escritura p\u00fablica que adujo, por haberse anotado en la columna de falsa tradici\u00f3n\u201d. Y as\u00ed finalmente, se refiere al dictamen pericial practicado en el proceso, para deducir de all\u00ed aquel principal y ya nombrado elemento de la acci\u00f3n reivindicatoria, a saber, la identidad del bien que se pretende reivindicar con el pose\u00eddo por la demandada, con lo cual, nuevamente, se extravi\u00f3 de su derrotero. <\/p>\n
3. Con esta advertencia liminar, quiere la Corte resaltar, de entrada, que por raz\u00f3n de la confusi\u00f3n en que incurri\u00f3 el Tribunal resulta pertinente escindir la sentencia en dos aspectos, a efectos de lograr as\u00ed la adecuada interpretaci\u00f3n del fallo que se impugna. El primero, desde el punto de vista l\u00f3gico, estriba en algunos de los elementos de la acci\u00f3n de dominio que analiz\u00f3 el Tribunal, para encontrar demostrada la identidad del bien y no acreditada la calidad de propietario que debe ostentar el demandante; y el segundo, referido a la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n a cuyo an\u00e1lisis se aplic\u00f3 el Tribunal, hall\u00e1ndola probada. Orden l\u00f3gico que, por lo dem\u00e1s, es el que debi\u00f3 imperar en el an\u00e1lisis del caso por parte del Tribunal, como que, contrario a lo que advirti\u00f3 esa corporaci\u00f3n, debe el fallador en primer lugar estudiar la acci\u00f3n incoada por el demandante y, de hallar pr\u00f3spera las pretensiones, pasar luego al estudio de las excepciones formuladas por el demandado o que se encuentren probadas y sea dable su pronunciamiento de oficio. <\/p>\n
Y es en este marco en donde la Corte encuentra, al rompe, el silencio guardado por el recurrente en punto de la cardinal apreciaci\u00f3n del Tribunal sobre la falta de legitimaci\u00f3n del actor al deprecar la reivindicaci\u00f3n, sin tener t\u00edtulo. Esta falencia, ostensible en ambos cargos, da lugar a que la Corte se exima de cotejar, seg\u00fan el rumbo trazado por el casacionista, la sentencia con los errores advertidos por \u00e9ste, en tanto que aquella se encuentra adecuadamente sustentada con un pilar no debatido. No ser\u00e1 entonces necesario aludir al segundo aspecto que fue el analizado por el Tribunal, esto es, el de la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, que por lo dem\u00e1s es el centro de ataque de los dos cargos. <\/p>\n
Ha sido jurisprudencia reiterada de esta Corporaci\u00f3n la de que en el recurso de casaci\u00f3n el impugnante, para aspirar al aniquilamiento del fallo que combate, debe refutar todos los argumentos en que aqu\u00e9l se funde, para luego s\u00ed proponer la interpretaci\u00f3n normativa o la apreciaci\u00f3n probatoria que estima procedente, no s\u00f3lo -como generalmente se ha dicho- porque la Corte tiene circunscrito su radio de acci\u00f3n a los l\u00edmites se\u00f1alados por la demanda (G.J. Tomo CII p\u00e1g. 131), sino porque, revestida de la presunci\u00f3n de acierto, la sentencia del Tribunal llega a la Corte de tal modo protegida, que la labor del casacionista debe entonces orientarse a rebatir uno a uno todos los argumentos del Tribunal y a\u00fan m\u00e1s, todas las pruebas en las que el fallador se apoya para llegar a sus conclusiones. Pero en este caso se aprecia con m\u00e1s nitidez la necesidad de rebatir el fundamento que se ha dejado inc\u00f3lume, como que \u00e9l, por s\u00ed solo le presta suficiente apoyo a la sentencia que a fin de cuentas, desestima la pretensi\u00f3n de reivindicaci\u00f3n, toda vez que ese pilar o fundamento (ausencia de la prueba del dominio del actor) es precisamente la puerta de entrada que debe franquear quien pretende reivindicar, comoquiera que para tener derecho de persecuci\u00f3n de la cosa, debe ostentar, y probar, la calidad de propietario de la que deriva aquel derecho, salvedad hecha de lo preceptuado en el art\u00edculo 951 del C\u00f3digo Civil, que al caso no viene. <\/p>\n
Pero de este aserto no puede inferirse que la Corte prohije y deje pasar por alto otro concepto errado del Tribunal, cuando alude a la \u201cposesi\u00f3n inscrita\u201d, concepto que, dilucidado por la Corte a\u00f1os atr\u00e1s -concretamente a partir del fallo del 27 de abril de 1955- y constantemente reiterado, no obedece a especie alguna de posesi\u00f3n, pues en esa denominaci\u00f3n no se conjugan los tradicionales elementos que la caracterizan (corpus y animus), am\u00e9n de resultar su improbable aplicaci\u00f3n en total contradicci\u00f3n con la regulaci\u00f3n general de la posesi\u00f3n y la usucapi\u00f3n, adem\u00e1s de otras figuras cuyo basamento es la posesi\u00f3n f\u00edsica o material, \u00fanica real y jur\u00eddicamente eficaz (Sentencia del 30 de mayo de 1963). <\/p>\n
Y as\u00edmismo, debe tambi\u00e9n advertirse, para resaltar el tratamiento il\u00f3gico dado por el Tribunal al caso que se le someti\u00f3 a estudio, que si \u00e9ste no encontr\u00f3 demostrada la propiedad del actor, ning\u00fan derecho pudo extinguirse por raz\u00f3n de la prescripci\u00f3n alegada por la demandada y reconocida por el Tribunal. En otros t\u00e9rminos, si el Tribunal no encontr\u00f3 que el actor era propietario de la cosa que pretend\u00eda reivindicar, no ten\u00eda porqu\u00e9 aludir a la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, cuya aplicaci\u00f3n cabal supone la extinci\u00f3n de un necesario derecho de dominio del actor que, se repite, no se prob\u00f3. <\/p>\n
Pero no s\u00f3lo esa equivocaci\u00f3n se aprecia en la sentencia. En medio de las disquisiciones que all\u00ed sent\u00f3 con el prop\u00f3sito de hallar demostrada la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de dominio, indag\u00f3 el Tribunal por la posesi\u00f3n del demandante y, a manera de argumento adicional, concluy\u00f3 que este \u201cnunca posey\u00f3\u201d, aspecto que es por completo ajeno a la acci\u00f3n reivindicatoria, en raz\u00f3n a que \u00e9sta puede ser pr\u00f3spera a\u00fan en el caso en que el demandante \u201cnunca haya poseido la cosa\u201d, porque lo que exige el art\u00edculo 946 del C\u00f3digo Civil es que el due\u00f1o de una cosa singular no est\u00e9 en posesi\u00f3n y no que haya sido poseedor y luego haya perdido esa posesi\u00f3n. Este aspecto, por lo dem\u00e1s, tambi\u00e9n fue decantado por la doctrina y la jurisprudencia hace ya largos a\u00f1os, como se aprecia, por ejemplo en la sentencia del 5 de marzo de 1931 (G.J. 1876) o en la del 19 de junio de 1921 (G.J. XXXIII) <\/p>\n
Los cargos, pues, no prosperan. <\/p>\n
DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley NO CASA la sentencia proferida el 30 de mayo de 1.996 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del proceso ordinario seguido contra la sociedad PROMOTORA TURISITICA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA LTDA por HENRY BANSWEL STEPHENS TAYLOR y HERNAN FLOREZ CARRASQUILLA, cesionario de los derechos litigiosos de aquel. <\/p>\n
NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
S-121-99 [6259] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: Dr. JORGE SANTOS BALLESTEROS Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). Ref.: […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81724","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81724","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81724"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81724\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81724"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81724"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81724"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}