S-122-99 [5277]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Santa Fe de Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) <\/p>\n
<\/p>\n
Referencia : Expediente No. 5277 <\/p>\n
Dec\u00eddese el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 7 de Diciembre de 1.993, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga, Sala Civil, en el proceso ordinario promovido por CAROLINA SALGUERO CAYCEDO y DIANA MOLANO CAMACHO contra la CONFERENCIA DE SUPERIORES MAYORES RELIGIOSOS. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las referidas Carolina Salguero Caycedo y Diana Molano Camacho, mediante apoderado judicial constituido para el efecto y con escrito presentado ante el Juez Civil del Circuito de Santa Fe de Bogot\u00e1, demandaron a la Conferencia de Superiores Mayores Religiosos para que, previos los tr\u00e1mites propios del proceso ordinario de mayor cuant\u00eda, se hicieran las declaraciones y condenas que a continuaci\u00f3n se relacionan: <\/p>\n
A. Que la entidad demandada era responsable de la celadur\u00eda de la oficina No. 205, ubicada en el edificio localizado en la calle 71 No. 11-14 de \u00e9ste Distrito Capital; <\/p>\n
B. Que como consecuencia de la anterior responsabilidad, la persona jur\u00eddica demandada deber\u00e1 cancelar a las demandantes la suma de $ 7’850.950,oo moneda corriente, correspondiente al valor del instrumental hurtado en la oficina arrendada; <\/p>\n
C. Que tambi\u00e9n deber\u00e1 cancelar la demandada, a t\u00edtulo de lucro cesante y da\u00f1o emergente por el mencionado hurto, la suma estimada en $6’500.000,oo moneda corriente, as\u00ed como los da\u00f1os morales sufridos por las demandantes, de valor incalculable, pero tasados en $6\u2019000.000.oo moneda corriente; <\/p>\n
D. La correcci\u00f3n monetaria establecida por el gobierno nacional, desde el momento en que se hizo exigible la obligaci\u00f3n hasta cuando se verifique el pago o, en su defecto, los intereses a que haya lugar; <\/p>\n
E. Al pago de las costas y gastos en que se incurra en el proceso. <\/p>\n
2. Los hechos invocados por las demandantes como fundamento de sus pretensiones, se resumen de la siguiente manera: <\/p>\n
A. Las demandantes suscribieron con la entidad demandada un contrato de arrendamiento respecto de la oficina No. 205, ubicada dentro del inmueble distinguido con el No. 11-14 de la calle 71 de esta ciudad, que ser\u00eda destinada exclusivamente a consultorio odontol\u00f3gico, comprometi\u00e9ndose la arrendadora al pago de los servicios de agua, energ\u00eda el\u00e9ctrica y celadur\u00eda. <\/p>\n
B. La Secretaria General de la Conferencia de Superiores Mayores Religiosos, hermana Luc\u00eda Arbelaez, con nota del d\u00eda 29 de Enero de 1.982, ratific\u00f3 que el servicio de celadur\u00eda quedar\u00eda incluido en el contrato. <\/p>\n
C. Entre los d\u00edas 3 y 4 de febrero de 1.988, se present\u00f3 un hurto calificado en el local arrendado, acto delictuoso que fue denunciado ante la Unidad investigativa de la Calle 40, previa elaboraci\u00f3n del correspondiente inventario del material sustra\u00eddo. <\/p>\n
D. La entidad demandada, el 9 de Febrero de 1.988, envi\u00f3 a las arrendatarias una comunicaci\u00f3n en la que les solicitaba cambiar las guardas de las cerraduras y tambi\u00e9n reforzarlas, asumiendo la arrendadora los gastos y aceptando que no ten\u00edan seguro contra \u2018robo\u2019, petici\u00f3n que fue prontamente atendida por las demandantes con un costo de $ 23.300,oo moneda corriente, valor cancelado \u00edntegramente por aquella. <\/p>\n
E. Extrajudicialmente las demandantes solicitaron a la demandada el reconocimiento de los perjuicios ocasionados con tal hecho, petici\u00f3n que fue rechazada. <\/p>\n
F. Los duplicados de las llaves del local eran guardados en la Presidencia de la demandada, y al ser solicitados por las arrendatarias no aparecieron, pero d\u00edas despu\u00e9s se encontraron en el lugar que les correspond\u00eda. <\/p>\n
G. El d\u00eda 30 de Junio de 1.988 las demandantes entregaron el inmueble arrendado, el cual fue recibido a plena satisfacci\u00f3n por la Conferencia de Superiores Mayores Religiosos. <\/p>\n
H. Se destaca en el libelo generatriz que el servicio de celadur\u00eda era prestado directamente por la arrendadora, quien – aducen las demandantes -, asumi\u00f3 el riesgo y, por ende, debe responder por los perjuicios causados a ellas. <\/p>\n
I. Por \u00faltimo, afirman quienes demandan que como consecuencia de los hechos narrados, Carolina Salcedo, una de las demandantes, por la angustia y depresi\u00f3n experimentadas, ha tenido que someterse a un tratamiento sicol\u00f3gico. <\/p>\n
3. Admitida la demanda, se orden\u00f3 correrla en traslado a la entidad demandada, quien por intermedio de apoderado judicial la contest\u00f3 oponi\u00e9ndose a las pretensiones formuladas. Propuso como excepciones perentorias las que denomin\u00f3: Falta de legitimaci\u00f3n en la causa pasiva, Limitaci\u00f3n de la responsabilidad por pacto entre las partes, Culpa de las demandantes, Exoneraci\u00f3n de responsabilidad de la demandada por culpa de las demandantes y Ausencia de los presupuestos para la responsabilidad tanto contractual como extracontractual. <\/p>\n
4. Adelantado el tr\u00e1mite de la primera instancia, el Juzgado del conocimiento profiri\u00f3 sentencia el 10 de Noviembre de 1.992, en virtud de la cual resolvi\u00f3 declarar probada la excepci\u00f3n denominada \u00abAusencia de los presupuestos de la responsabilidad contractual\u201d, negar por consiguiente las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte actora. <\/p>\n
5. El apoderado de las demandantes, inconforme con la decisi\u00f3n precedente, interpuso en su oportunidad recurso de apelaci\u00f3n, que con fundamento en lo dispuesto en el decreto 2651 de 1.991, fue resuelto por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga con sentencia del 7 de Diciembre de 1.993, confirmatoria de la decisi\u00f3n del a-quo. <\/p>\n
6. Contra el fallo de segundo grado propuso la parte demandante el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que por haber sido concedido condujo el asunto en comento al conocimiento de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Luego del acostumbrado recuento del litigio y del tr\u00e1mite procesal surtido por el a-quo, precis\u00f3 el Tribunal que el contrato de arrendamiento genera para las partes una serie de obligaciones acordes con su naturaleza. Sin embargo, agreg\u00f3, suele ocurrir que las partes dentro del margen de libertad autorizado por el legislador, pacten obligaciones que no sean de la esencia del contrato, caso en el cual deben los contratantes estipular sus condiciones, plazo y forma en que deben prestarse, para que en el evento de un incumplimiento se pueda solicitar por parte del contratante que ha cumplido, la sanci\u00f3n convenida o aquella consagrada en la normatividad que la rige. <\/p>\n
Descendiendo al estudio del caso sub judice, se pregunt\u00f3 el Tribunal cu\u00e1l fue el compromiso adquirido por la \u00abConferencia de Superiores Mayores Religiosos\u00bb al suscribir el contrato de arrendamiento con las demandantes. Encontr\u00f3 que, en efecto, \u201cno se estipul\u00f3 la entidad del compromiso adquirido\u201d, como tampoco lo relacionado con el incumplimiento concerniente al servicio de celadur\u00eda, omisiones \u00e9stas que imponen al Juez el deber de \u201cdesentra\u00f1ar la naturaleza y el contenido de la obligaci\u00f3n, cuando el contrato se presenta para que se condene al pago de los perjuicios\u201d, respecto del contratante que ha incumplido con lo pactado (fl 21 c.2). <\/p>\n
Afirm\u00f3, pues, dicha colegiatura, que en el contrato de arrendamiento suscrito el 1\u00b0 de Febrero de 1.982 (folio 2 Cdno. 1), se acord\u00f3 que \u201clos servicios de agua, energ\u00eda el\u00e9ctrica y, celadur\u00eda son por cuenta de los arrendadores y los dem\u00e1s por cuenta de los arrendatarios\u201d, estipulaci\u00f3n que, a juicio del Tribunal, permite apreciar que los contratantes nada dijeron respecto a la naturaleza de la obligaci\u00f3n, pero que f\u00e1cilmente se colige que el compromiso del arrendador \u201cno se extend\u00eda m\u00e1s all\u00e1 del pago de los servicios, como bien claro aparece en el contrato, el cual se hizo extensivo al pago del celador\u201d (fl. 21 vlto. c.2). Del mismo modo, anot\u00f3 el juzgador de segunda instancia que en el acuerdo objeto de an\u00e1lisis, no se dijo que en desarrollo de esta obligaci\u00f3n se garantizaba que los bienes de las arrendatarias no ser\u00edan sustra\u00eddos del local arrendado. Tampoco – sigui\u00f3 afirm\u00e1ndose – estaba la arrendadora obligada a custodiar los bienes de las demandantes como lo pretende el recurrente, pues, de lo que se trataba, seg\u00fan se desprende de la naturaleza y contenido de la referida obligaci\u00f3n, era de proveer el pago de la celadur\u00eda, as\u00ed como lo hac\u00eda con los servicios de agua y energ\u00eda, d\u00e9bito \u00e9ste que no ha sido desconocido por la demandada, ya que, de acuerdo con los testimonios recibidos dentro del proceso, no hay duda de que el deudor voluntaria y cabalmente cumpli\u00f3, como quiera que los testigos se\u00f1alaron que en el edificio en donde se encontraba el consultorio hab\u00eda un vigilante en forma permanente durante las 24 horas del d\u00eda. <\/p>\n
Concluy\u00f3 el Tribunal anotando que la estipulaci\u00f3n adicional introducida por las partes en el contrato de arrendamiento, no le fij\u00f3 un norte diferente al establecido por la ley, pues es claro que la celadur\u00eda, como tal, no estaba a cargo de la demandada, sino simplemente su pago, por lo que de acuerdo con los t\u00e9rminos del correspondiente acuerdo, contrario a lo afirmado por el apelante, all\u00ed nada se dijo alrededor de la forma como dicha prestaci\u00f3n deb\u00eda cumplirse. De ah\u00ed que en su entender, jam\u00e1s se podr\u00e1n producir los efectos invocados en el libelo y en los alegatos, en donde el recurrente hace referencia a los presupuestos propios del contrato de celadur\u00eda, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 848 de 1.990, reglamentario de la vigilancia privada, diferentes en todo caso a los que estereotiparon el anunciado negocio jur\u00eddico. <\/p>\n
No existiendo entonces en el contrato de arrendamiento estipulaci\u00f3n expresa que obligara a los arrendadores a vigilar y cuidar el local arrendado, afirm\u00f3 el Tribunal, erraron las recurrentes al endilgarle responsabilidad a la entidad demandada, raz\u00f3n por la que encontr\u00f3 ajustada a derecho la providencia atacada, por lo que decidi\u00f3 su confirmaci\u00f3n. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Dos cargos formula el recurrente contra la sentencia del Tribunal, ambos apoyados en la causal primera de casaci\u00f3n, prevista en el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, censuras que se analizar\u00e1n conjuntamente por tener consideraciones comunes. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Acus\u00f3 el casacionista la sentencia del Tribunal por violatoria de la ley sustancial en sus art\u00edculos 1.494, 1.495, 1.496, 1.497, 1.501 y 1.527 del C.C., adem\u00e1s del art\u00edculo 871 del C. de Co., por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea como consecuencia de error de hecho, consistente en la violaci\u00f3n medio de los art\u00edculos 174, 175, 183, 187, 252 y 279 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en el que incurri\u00f3 el fallador al no haberle dado valor probatorio al contrato de arrendamiento suscrito entre las partes y a las dem\u00e1s pruebas aportadas con la demanda, espec\u00edficamente a la comunicaci\u00f3n del 29 de enero de 1982, suscrita por la Secretaria General de la entidad demandada, obrante a folio 6 del cuaderno No. 1 del expediente, dirigida a las demandantes. <\/p>\n
En la fundamentaci\u00f3n de su censura, anot\u00f3 el casacionista que resulta importante analizar la consideraci\u00f3n hecha por el ad-quem, punto de partida de su decisi\u00f3n, acerca de cual fue el compromiso adquirido por la Conferencia de Superiores Mayores Religiosos al suscribir el citado contrato de arrendamiento con las demandantes, por lo que estim\u00f3 oportuno y preciso remitirse a los documentos aportados al proceso, particularmente al contrato de arrendamiento en donde se consign\u00f3 claramente que la arrendadora pagar\u00eda los \u201cservicios de agua, energ\u00eda el\u00e9ctrica y celadur\u00eda\u201d (folio 2 del cdno. No. 1), acuerdo que tuvo origen en la comunicaci\u00f3n suscrita por la Secretar\u00eda General de la entidad demandada (folio 6 cdno. No. 1), la que en sus principales apartes expresa: \u201cEn confirmaci\u00f3n a nuestra conversaci\u00f3n del d\u00eda de ayer, me permito presentarles por escrito las dos alternativas del contrato de arrendamiento que tratamos personalmente, consideradas las circunstancias de alzas de celadur\u00eda y administraci\u00f3n.\u201d <\/p>\n
En el presente asunto, sostuvo el censor, las partes expresaron con claridad sus obligaciones en el contrato de arrendamiento. En efecto, en \u00e9l se aludi\u00f3 al pago del servicio de celadur\u00eda, motivo por el cual, no existiendo duda acerca de la obligaci\u00f3n contra\u00edda por parte de la arrendadora, el recurrente concluye que la demandada debe responder por lo sustra\u00eddo. Afirm\u00f3 tambi\u00e9n que prestar el servicio de vigilancia conlleva, previamente, tomar las precauciones debidas con el fin de preservar la seguridad de los bienes de fortuna. De igual manera adujo que, en el presente caso, dichas medidas se tomaron luego de ocurridos los hechos, circunstancia que hace responsable a la demandada, quien deber\u00e1 responder por su impericia o negligencia, responsabilidad de la que no puede ser liberada, dado que esta actividad, por su naturaleza, es peligrosa. <\/p>\n
<\/p>\n
Estim\u00f3, del mismo modo, que la apreciaci\u00f3n de las pruebas debi\u00f3 hacerse consider\u00e1ndolas conjuntamente, porque as\u00ed lo establece el art\u00edculo 187 del C. de P. C., y no de manera aislada, porque se da as\u00ed una \u201c… figuraci\u00f3n totalmente err\u00e1tica\u201d, como sucedi\u00f3 con la sentencia atacada, en la que se vari\u00f3 el concepto de celadur\u00eda, convirti\u00e9ndolo en un simple pago. La realidad contractual, sigui\u00f3 anotando en su escrito el casacionista, se encuentra plasmada en los documentos aportados. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Con igual apoyo en la causal primera de casaci\u00f3n, le endilg\u00f3 el recurrente a la sentencia del Tribunal ser violatoria de la ley sustancial en sus art\u00edculos 1494, 1495, 1496, 1.497, 1.501 y 1.527 del C.C., y el art\u00edculo 871 del C. de Co., por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, como consecuencia de error de hecho, consistente en la violaci\u00f3n medio de los art\u00edculos 174, 175, 183, 187 y 198 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en que incurri\u00f3 el fallador al no haberle dado valor probatorio al interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada y a los testimonios recepcionados a instancia de la misma. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, en su recurso, el recurrente analiz\u00f3 las respuestas dadas con ocasi\u00f3n del interrogatorio de parte que considera trascendentes, para entender demostrados, con fundamento en ellas, \u201c… los presupuestos contractuales\u201d y el convenio de la prestaci\u00f3n del servicio de celadur\u00eda celebrado entre las partes, as\u00ed como \u00bb lo que es a\u00fan m\u00e1s profundo de sus obligaciones y responsabilidades\u00bb (sic). <\/p>\n
Insisti\u00f3 el censor en reprochar la interpretaci\u00f3n hecha por el ad-quem, en el sentido de que la Conferencia de Superiores Religiosos tan solo se limitaba a pagar el servicio de celadur\u00eda, contrario a lo afirmado en el interrogatorio de parte absuelto por su representante legal (respuesta No. 6), en el que habla de la prestaci\u00f3n del servicio de celadur\u00eda y no del pago de un celador, argumentando que ambos supuestos son bien diferentes. <\/p>\n
De otra parte, afirm\u00f3 el acusador que los testimonios presentados como prueba por la \u201cConferencia de Superiores Mayores Religiosos\u201d, ratifican lo ya planteado. Es as\u00ed como la deponente Mariela Mogoll\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que \u201cla vigilancia era pagada por las Conferencias Religiosas\u201d, aserto que coincide con las narraciones de Alejandra Vergara Chaparro y Sonia Esther Maya Caro. <\/p>\n
Concluy\u00f3 manifestando el casacionista que los dos cargos planteados hunden sus ra\u00edces en la valoraci\u00f3n aislada de las pruebas, sin buscar para ello puntos de enlace o coincidencia entre las mismas, lo cual condujo a la factura de una sentencia alejada de la realidad procesal. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Trat\u00e1ndose de la responsabilidad que pretenda fundarse en el incumplimiento de un contrato de arrendamiento, resulta imperativo para el juzgador determinar previamente, con exactitud y medida, los elementos que le son caracter\u00edsticos a ese negocio jur\u00eddico, las obligaciones que de \u00e9l fluyen, as\u00ed como el alcance de los acuerdos que de manera particular vinculen a los contratantes. <\/p>\n
En efecto, la acentuada inseguridad que, en general aqueja a la ciudadan\u00eda patria – sobre todo en los \u00faltimos lustros -, ha conducido a que dentro de ciertos contratos – como el de arrendamiento -, se contemplen, ex voluntate, una serie de obligaciones, como las de vigilancia o celadur\u00eda inmobiliaria, que exigen que el funcionario judicial fije su car\u00e1cter y extensi\u00f3n, toda vez que van mas all\u00e1 de la finalidad protot\u00edpica de este contrato, con sujeci\u00f3n al cual una de las partes, el arrendador, se obliga a proporcionar a la otra, el arrendatario, el goce continuo e imperturbable durante cierto tiempo de una cosa en estado de servir para lo que en efecto fue arrendada, y \u00e9ste, a su vez, a recibirla, a pagar un determinado precio por dicho goce o uso – en las condiciones de modo y tiempo pactadas -, y a conservarla y restituirla en el mismo estado en que primigeniamente la recibi\u00f3, una vez termine el respectivo contrato (arts. 1973, 1975, 1977, 1982, 1996, 2000 y concordantes del C.C.). <\/p>\n
Como se aprecia, el servicio de vigilancia o celadur\u00eda inmobiliaria, a la luz de lo indicado, no se enmarca en un requisito ni de la esencia ni de la naturaleza del contrato de arrendamiento, pero puede encontrar su fundamento en la voluntad de las partes, recogida en un reglamento de propiedad horizontal, o en una cl\u00e1usula especial del contrato de arrendamiento a manera de estipulaci\u00f3n accidental de \u00e9ste \u00faltimo, seg\u00fan expresa e inequ\u00edvoca autorizaci\u00f3n del art\u00edculo 1501 del ordenamiento civil, contentivo de la conocida clasificaci\u00f3n trimembre de los elementos del contrato, a la saz\u00f3n prohijada por don Andr\u00e9s Bello: esenciales, naturales y accidentales, la que, por lo dem\u00e1s, ha sido aplicada por esta Corporaci\u00f3n en repetidas ocasiones, incluso en materia del contrato de arrendamiento (Sent. del 25 de febrero de 1975). <\/p>\n
En efecto, \u2018la cl\u00e1usula de vigilancia a cargo directo del arrendatario\u2019, es aquella estipulaci\u00f3n contentiva del pacto agregado al contrato de arrendamiento, en virtud del cual \u00e9ste asume expresa y directamente – rectae via – la obligaci\u00f3n de velar por su vigilancia y por la de sus bienes, la que puede ejecutar por s\u00ed mismo o por conducto de otra persona natural o jur\u00eddica, inclusive profesional en estos menesteres, circunstancia frente a la cual las relaciones y las consecuencias jur\u00eddicas se trabaran privativamente entre el arrendatario y la persona o entidad encargada de dicha vigilancia (arts. 1494, 1495, 1602 y concordantes del C.C.). <\/p>\n
Al fin y al cabo, el \u00faltimo de los contratos mencionados, en guarda del acerado principio de la independencia tipol\u00f3gica contractual, aunado al de la relatividad de los negocios jur\u00eddicos, es un acuerdo que no vincula al arrendador, un t\u00edpico tercero en la supraindicada relaci\u00f3n negocial (res inter alios acta). Algo similar, pero en forma consecuencial, se produce en el caso de la \u201ccl\u00e1usula de vigilancia a nombre del arrendador\u201d, en la medida en que se traduce en un pacto adherido o agregado al contrato de arrendamiento – con arreglo a su estructura medular -, en virtud del cual el arrendador asume el encargo de obrar como representante del arrendatario en la contrataci\u00f3n del servicio de vigilancia con un tercero (persona natural o jur\u00eddica), hip\u00f3tesis en la que las relaciones y sus consecuencias legales de rigor, se generan entre el arrendatario representado (por cuya cuenta y riesgo se est\u00e1 actuando) y el contratista prestatario del servicio de vigilancia (arts. 1505, 2142, 2177 y concordantes del C.C.). <\/p>\n
Situaci\u00f3n de suyo diferente, en cambio, se presenta cuando se est\u00e1 frente a una \u201ccl\u00e1usula de vigilancia a favor del arrendatario\u201d, porque en este evento se materializa un pacto anexo al contrato de arrendamiento que, en esencia, se erige en un acuerdo por el cual el arrendador confiere u otorga, onerosa o gratuitamente, el beneficio – o servicio – de vigilancia que un tercero, con fundamento en un contrato independiente, se obliga a prestar de cara al inmueble dentro del cual se encuentra, previamente individualizado, el bien arrendado. <\/p>\n
De lo anterior se sigue que, si bien es cierto el arrendador y el arrendatario son las partes contratantes en el contrato de arrendamiento, no lo es menos que en desarrollo del prenotado pacto, el arrendatario adquiere el rol de beneficiario del servicio de vigilancia que presta el tercero, no empece a que \u00e9l no forma parte del contrato de vigilancia mencionado. <\/p>\n
En uno y en los otros casos, sin embargo, la relaci\u00f3n, los deberes, los derechos y responsabilidades que puedan emerger de la no prestaci\u00f3n, o de la prestaci\u00f3n defectuosa del servicio de vigilancia conciernen a su acreedor y a su deudor, esto es, al arrendatario como titular del derecho o beneficio y a la entidad encargada de la vigilancia correspondiente (art. 1506 del C.C.), y no al arrendador que ha contratado la vigilancia, pero en beneficio general del inmueble y, claro est\u00e1, de sus residentes, en particular, salvo pacto inequ\u00edvoco en contrario, se insiste. <\/p>\n
Diferente, de todas maneras, es la situaci\u00f3n relativa a la cl\u00e1usula en virtud de la cual el arrendador asume frente al arrendatario la obligaci\u00f3n de prestar la vigilancia del inmueble arrendado, pues en este evento, al contrario de lo acaecido en relaci\u00f3n con las cl\u00e1usulas precedentes, es la misma parte arrendadora quien adquiere el deber espec\u00edfico de cuidar a las personas y cosas, directamente o por conducto de un tercero, en favor del arrendatario, por lo que dicho pacto, en s\u00ed mismo, se constituye en un contrato o convenio de vigilancia, accesorio al contrato de arrendamiento. <\/p>\n
La regla general, en consecuencia, es que los contratos de arrendamiento no cobijan este tipo de responsabilidad en materia de la vigilancia de los bienes ubicados dentro del bien dado en arrendamiento, la que admite, sin embargo, pacto en sentido contrario. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, una vez examinadas las notas cualificadoras del contrato de arrendamiento en la esfera nacional, a la par que analizadas algunas de las diferentes modalidades de estipulaciones relativas a la prestaci\u00f3n del servicio de vigilancia, por lo dem\u00e1s no muy frecuentes en el tr\u00e1fico contractual vern\u00e1culo, como se acot\u00f3, resulta claro que el arrendador no est\u00e1 obligado, en l\u00ednea de principio, a prestar dicha vigilancia, como quiera que una obligaci\u00f3n en tal sentido necesariamente supone la existencia previa de un acuerdo inequ\u00edvoco que le sirve de fuente, al igual que de soporte funcional. Resulta natural que si toda obligaci\u00f3n \u201c… da la idea de un v\u00ednculo que limita la actividad humana y la dirige en un sentido determinado\u201d, seg\u00fan lo pone de presente el Profesor de la Universidad de Bolonia, Michele GIORGIANNI (La Obligaci\u00f3n, Edit: Bosch, Barcelona, 1985, p. 19), no ser\u00eda de recibo asignarle m\u00e1s deberes a un sujeto de derecho que los real y reflexivamente asumidos, l\u00edmite de su responsabilidad efectiva, a la vez que manifiesta cortapisa que inhibe al titular del derecho crediticio a pretender – con \u00e9xito – m\u00e1s de lo debido, stricto sensu. <\/p>\n
S\u00f3lo cuando medie un acuerdo di\u00e1fano entre arrendador y arrendatario que ampl\u00ede el haz de obligaciones asumidas por el arrendador, podr\u00e1 hablarse – con propiedad – de un pacto que, por su claridad y precisi\u00f3n, obligue a aquel a prestar o a sufragar, seg\u00fan el caso, el servicio de vigilancia en las condiciones establecidas, las cuales no pueden, ni deben sobrentenderse o ensancharse, pues de plano se vulnerar\u00edan los t\u00e9rminos del negocio jur\u00eddico convenido y, por contera, se eclipsar\u00eda la \u201c… intenci\u00f3n de los contratantes\u201d (art. 1618 del C.C.), muy especialmente la del arrendador, titular – en la descrita hip\u00f3tesis – de la carga o gravamen en menci\u00f3n. Ello explica que el arrendatario, con apoyo en el entramado contractual b\u00e1sico, no pueda reclamar el cumplimiento de una prestaci\u00f3n no asumida por el arrendador, tanto m\u00e1s cuanto no es de su esencia, ni de su naturaleza. No en vano, como se puso de manifiesto en el Derecho Romano cl\u00e1sico y tambi\u00e9n en el poscl\u00e1sico, \u201cEl locatario debe conformarse en todo a la ley del contrato…\u201d (Conductor omnia secundum legem conuctionis facere debet) (Institutas de Justiniano, Libro III, Titulo XXXIV, 5). <\/p>\n
En s\u00edntesis, todo deber de prestaci\u00f3n que, en la \u00f3rbita contractual, no derive de la ley misma, tiene como fuente un negocio jur\u00eddico que puede estar integrado por la sumatoria de elementos esenciales, naturales y accidentales, de conformidad con la clasificaci\u00f3n escol\u00e1stica inmersa en el referido art\u00edculo 1501 del C\u00f3digo Civil. Y si esto es as\u00ed, es porque los convencionistas, en adici\u00f3n al plexo obligacional fundamental que estereotipa a cada relaci\u00f3n negocial en particular, le han dado carta de ciudadan\u00eda a nuevos deberes que, en su real contexto y extensi\u00f3n, deben ser evaluados, tal y como sucede en el contrato de arrendamiento en punto a la estipulaci\u00f3n concerniente al servicio de vigilancia, lato sensu. <\/p>\n
2. Ahora bien, para el establecimiento de la responsabilidad contractual por incumplimiento o por cumplimiento defectuoso, como reiteradamente lo ha precisado esta Corporaci\u00f3n, se hace necesario que aparezcan demostrados plenamente los elementos que la configuran. <\/p>\n
Es as\u00ed como se ha indicado que uno de los presupuestos de esta responsabilidad es la existencia precedente de un contrato o de una obligaci\u00f3n negocial surgida entre las partes, de suerte que para fijar sus reales alcances, si fuere necesario, puede acudirse a la interpretaci\u00f3n de los contratos. <\/p>\n
Al respecto ha dicho la Corte que, \u201cLa interpretaci\u00f3n de los contratos en general, como actividad para establecer el verdadero alcance y sentido que se controvierte, supone, de una parte, la preexistencia de la declaraci\u00f3n de voluntad, en una o varias cl\u00e1usulas o documentos, pues su inexistencia o vac\u00edo no puede ser suplida por el parecer del juez, so pena de sustituir al autor, sino por otras declaraciones de voluntad susceptibles de analog\u00eda o por las normas positivas supletorias del caso; y, de la otra, por una actividad intelectual tendiente a establecer su existencia, vigencia, estructura t\u00edpica, general o espec\u00edfica, nominaci\u00f3n legal, naturaleza jur\u00eddica as\u00ed como el alcance y sentido de todo el contenido (claro u obscuro, especialmente el \u00faltimo) del contrato, quedando, por tanto, fuera de esta propia actividad interpretativa la correspondiente a la verificaci\u00f3n de vicios contractuales o an\u00e1lisis de pruebas referentes a los hechos. Para ello es imprescindible acudir a las reglas convencionales y claras de interpretaci\u00f3n y, en su defecto, a las legales relativas a su tenor literal, antecedentes hist\u00f3ricos de su formaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n, funci\u00f3n y orientaciones integrales del contrato con los principios legales de buena fe, igualdad, libertad contractual y dem\u00e1s pertinentes.\u201d <\/p>\n
\u201cEsta actividad puede predicarse de la totalidad del contrato o de algunas de sus cl\u00e1usulas, teniendo en cuenta en este \u00faltimo caso, adem\u00e1s de lo expuesto, su propio sentido y alcance as\u00ed como su relaci\u00f3n con el contrato de complemento adicional, modificatorio, excepcional, etc. con su correspondiente funci\u00f3n\u201d (Sentencia del 23 de Mayo de 1.988). <\/p>\n
De all\u00ed que, en aplicaci\u00f3n de estas reglas de interpretaci\u00f3n, sea necesario que el juzgador, teniendo presente el objeto y la finalidad esencial del contrato de arrendamiento, atendiendo adem\u00e1s a lo que ordinariamente sucede en la praxis – notablemente permeada por las circunstancias espacio – temporales propias de la \u00e9poca -, dilucide la clase o modalidad y el sentido concreto de la cl\u00e1usula de vigilancia, a fin de poder establecer su correspondiente alcance y sus consecuencias jur\u00eddicas, como base fundamental para determinar si hay lugar o no a responsabilidad contractual y, en caso afirmativo, a quien le incumbe el deber de reparar los perjuicios irrogados. <\/p>\n
Pero para el buen suceso de la tarea hermen\u00e9utica, es menester tener en claro que, en caso de duda sobre el significado real de una determinada cl\u00e1usula que no ha sido posible esclarecer mediante interpretaci\u00f3n directa, bien puede el int\u00e9rprete resolverla acudiendo a criterios informadores m\u00e1s generales u omnicomprensivos, al mismo tiempo que connaturales al tipo contractual pertinente, por v\u00eda de ejemplo, realzando que, en el contrato de arrendamiento, in casu, la obligaci\u00f3n de prestar vigilancia en torno al bien arrendado no le corresponde al arrendador – salvo inequ\u00edvoco pacto en contrario -, toda vez que, de marras, dicho negocio \u201c… tiene por objeto permitir el disfrute de una cosa durante un determinado tiempo\u201d, seg\u00fan sint\u00e9tica – y diciente – opini\u00f3n expresada por el jurista belga F. LAURENT (Cours El\u00e9mentaire de Droit Civil, Bruxelles, 1887, p.477). Es de se\u00f1alar que el referido procedimiento, es avalado por el art\u00edculo 1621 del C\u00f3digo Civil, a cuyo tenor \u201cEn aquellos casos en que no aparece voluntad contraria, deber\u00e1 estarse a la interpretaci\u00f3n que mejor cuadre con la naturaleza del contrato\u201d. <\/p>\n
En dicha misi\u00f3n interpretativa del texto del contrato (fase gen\u00e9tica) y en la labor apreciativa de los medios de convicci\u00f3n relativos a la ejecuci\u00f3n contractual (fase funcional), el juzgador de instancia, con sujeci\u00f3n a los aspectos objetivos y jur\u00eddicos de los medios de prueba, tiene la clara atribuci\u00f3n de estimarlos conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica y arribar a las conclusiones pertinentes que sustenten el correspondiente fallo. Por esta raz\u00f3n, en principio, tales conclusiones deber\u00e1n mantenerse, a menos que el sentenciador hubiese incurrido en error evidente de hecho o en error de derecho trascendente, para quebrar el fallo atacado. <\/p>\n
Es por ello por lo que el censor, invariablemente, debe ajustarse a las reglas de t\u00e9cnica que signan al recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que indican que las acusaciones que se formulen por la causal primera – seg\u00fan la cual se tilda la sentencia de ser violatoria de normas sustanciales, por error de hecho o de derecho -, no solo deben ajustarse a su espec\u00edfico concepto o significado, sino tambi\u00e9n que su alegaci\u00f3n debe ser coherente, de suerte que su desarrollo est\u00e9 \u00edntimamente ligado con el tipo de censura enrostrada: yerro de facto, o de jure. De ah\u00ed que en torno a una misma apreciaci\u00f3n judicial, no sea de recibo alegar – o sustentar -, en forma concomitante, la comisi\u00f3n de ambos errores, claramente diferenciados por la ley, por la jurisprudencia y por la doctrina. <\/p>\n
En efecto, mientras que el error de hecho concierne a la existencia o inexistencia del medio de prueba, en s\u00ed mismo considerado, el error de derecho no ignora su existencia, pues el sentenciador lo entiende latente, sin perjuicio de que propicia una falta de armon\u00eda entre el valor dado o negado a la prueba y el que, ex lege, le otorga o niega un precepto. Al respecto tiene sentado la Corte, que aunque ambos \u201ctienen como punto com\u00fan el de conducir al quebranto de la ley sustancial, entre uno y otro yerro existen no obstante notorias diferencias en su estructuraci\u00f3n, de tal naturaleza y entidad que no es posible confundirlos, porque el yerro de facto en la apreciaci\u00f3n probatoria se presenta, bien cuando el sentenciador supone una prueba que realmente no existe en el proceso, ora cuando ignora la presencia de la que s\u00ed existe, ya cuando altera la objetividad de la prueba, adicionando o cercenando su real contenido. En cambio el error de derecho o de valoraci\u00f3n presupone que el Juez s\u00ed ve y aprecia la prueba, pero sucede que al valorarla no le otorga el m\u00e9rito probatorio que ciertamente tiene, o le concede la eficacia probatoria que legalmente no tiene\u201d (G.J. CCXLIX. 2do. sem. 1997. V.I. p\u00e1g., 812) <\/p>\n
3. A la luz de las consideraciones y razonamientos generales que anteceden, seguidamente la Corte entra al estudio de las glosas efectuadas al fallo atacado, al que se le endilga, en la primera censura, interpretaci\u00f3n err\u00f3nea como consecuencia de un error de hecho al no haberle dado el Tribunal valor probatorio a los documentos aportados en la demanda, como el contrato de arrendamiento del inmueble y la comunicaci\u00f3n suscrita por la Secretaria General de la entidad demandada, los que demuestran, seg\u00fan el recurrente, que la obligaci\u00f3n de vigilancia y celadur\u00eda qued\u00f3 a cargo de esta \u00faltima, deber que, en su segunda censura, afirma que qued\u00f3 debidamente probado con los testimonios incorporados al proceso por la demandada y en virtud del interrogatorio de parte absuelto, de lo que el casacionista colige que el fallo del Tribunal fue desacertado, concretamente por \u201cinterpretaci\u00f3n err\u00f3nea\u201d al no haberles \u201cdado el valor probatorio (sic)\u201d. <\/p>\n
A. Sea lo primero anotar, como se ha subrayado en varias oportunidades, que el quebranto de la ley sustancial, como corolario de una interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de la misma, s\u00f3lo puede tener lugar trat\u00e1ndose de una violaci\u00f3n de estirpe directa y no por una transgresi\u00f3n de \u00edndole indirecta, vinculada, como se sabe, con cuestiones de car\u00e1cter probatorio, en particular con yerros cometidos por el juzgador en el proceso de valoraci\u00f3n de las pruebas, a diferencia de aquella – la directa -, ajena a la cuesti\u00f3n meramente f\u00e1ctica. Es por ello por lo que se ha acotado que esta forma de violaci\u00f3n aflora cuando se vulnera la ley sustancial \u201c…derecha o rectamente\u201d, o sea prescindiendo de cualquier consideraci\u00f3n de facto. De ah\u00ed que se aluda a que en la violaci\u00f3n directa el error que comete el sentenciador es iuris in iudicando, por oposici\u00f3n al yerro facti in iudicando, de visible conexi\u00f3n con aspectos de tipo probatorio y, por tanto, de naturaleza f\u00e1ctica. <\/p>\n
\u201cInterpretar err\u00f3neamente un precepto legal\u201d, a juicio de esta Corporaci\u00f3n, \u201ces, pues, en casaci\u00f3n aplicarlo al caso litigado por ser pertinente, pero atribuy\u00e9ndole un sentido o alcance que no le corresponde. De consiguiente, el quebranto de una norma sustancial, en la especie de interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, excluye la falta de aplicaci\u00f3n de la misma; y excluye igualmente la aplicaci\u00f3n indebida, porque en el caso del yerro hermen\u00e9utico se aplica la disposici\u00f3n legal que corresponde, pero con una inteligencia que no puede darse, en tanto que en la aplicaci\u00f3n indebida se emplea el precepto que no corresponde al caso litigado\u201d (Sentencia del 22 de septiembre de 1972). <\/p>\n
De igual modo, ha enfatizado la Corte que \u201cla violaci\u00f3n indirecta de la ley ocurre siempre con motivo de la labor investigativa del tribunal en el campo probatorio; fuera de \u00e9ste no puede haber violaci\u00f3n indirecta de la ley\u201d (G.J. T.LX VIII, p. 604), por manera que la interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, en s\u00ed misma, es ajena al supuesto engastado en este tipo de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, cuando el censor ataca en su escrito la sentencia del Tribunal \u201c… por interpretaci\u00f3n err\u00f3nea como consecuencia de un error de hecho …\u201d – en el que s\u00ed existe inescindible vinculaci\u00f3n con el tema de la valoraci\u00f3n de la prueba-, est\u00e1 amalgamando dos conceptos inconciliables en casaci\u00f3n, dada la acentuada e inveterada diferencia reinante entre la acusaci\u00f3n que se hace por v\u00eda directa y la que se formula por v\u00eda indirecta, seg\u00fan se se\u00f1al\u00f3 a espacio. <\/p>\n
B. En segundo lugar, observa la Corte que en ambas acusaciones se incurre en impropiedad, cuando se reprochan a la sentencia errores de hecho por violaci\u00f3n del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en cuanto el sentenciador de segundo grado no habr\u00eda apreciado en conjunto los diversos medios de prueba, haci\u00e9ndolo \u201cde manera aislada sin buscar puntos de enlace o coincidencia\u201d (fl. 15 c. 3), pues tal yerro constituye, propiamente, un error de derecho, como que se trata de una omisi\u00f3n en la aplicaci\u00f3n de una norma cuyo se\u00f1alado prop\u00f3sito es establecer la manera como el Juez debe apreciar las pruebas y cu\u00e1l el sistema de valoraci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, aunque se examinara el cargo en el sentido \u00faltimamente se\u00f1alado, la impugnaci\u00f3n tambi\u00e9n se frustrar\u00eda, porque para \u201cque ese error aparezca debe el impugnante demostrar que la tarea evaluativa de las distintas probanzas cumplidas por el sentenciador se llev\u00f3 a cabo al margen del an\u00e1lisis de conjunto pedido en el art\u00edculo 187, o sea, poniendo de manifiesto c\u00f3mo la apreciaci\u00f3n de los diversos medios lo fue de manera separada o aislada, sin buscar sus puntos de enlace o de coincidencia. Ese y no otro debe ser el criterio a seguir cuando de individualizar este tipo de yerro se trata. En consecuencia, si, con prescindencia de las conclusiones obtenidas en el campo de los resultados de la prueba, pues es asunto que cae en el terreno rigurosamente f\u00e1ctico, la referida tarea valorativa se ci\u00f1\u00f3 a la norma citada, no ser\u00e1 admisible la predica del error cuando bajo el pretexto de su demostraci\u00f3n, lo que se persigue es la sustituci\u00f3n del examen de conjunto realizado por el sentenciador por el que proponga el recurrente. Expresado de otra manera, se debe tener un cuidado sumo para que el planteamiento no derive hacia el aspecto de la objetividad de los hechos pues en \u00e9ste la cuesti\u00f3n queda ya bajo el influjo del error de hecho que, como se sabe, tiene una naturaleza distinta a la del error de derecho\u201d, como atr\u00e1s se se\u00f1al\u00f3 (Cas. civ. del 4 de marzo de 1991. En sentencia de octubre 22 de 1997. G.J. CCXLIX. 2do. sem. 1997. Vol. II, p\u00e1g. 1319). <\/p>\n
Por tanto, como el censor se limit\u00f3 a rese\u00f1ar los medios de prueba que, en su criterio, conducen a una conclusi\u00f3n distinta de la que recoge la sentencia cuestionada – espec\u00edficamente el contrato de arrendamiento, la comunicaci\u00f3n suscrita por la Secretar\u00eda General de la entidad demandada, el interrogatorio de parte absuelto por su representante legal y los testimonios rendidos por los empleados de la misma -, exponiendo sobre ellos su propia opini\u00f3n, cu\u00e1l si se tratase de un juicio de instancia, pero sin demostrar el error trascendente por el desd\u00e9n del juzgador en la aplicaci\u00f3n de la norma probatoria aludida, los cargos no pueden prosperar, con mayor raz\u00f3n si equivoc\u00f3 su ataque contra el fallo, al endilgarle un error de hecho que t\u00e9cnicamente es de derecho, como se se\u00f1al\u00f3. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase a este respecto que \u201ces extra\u00f1o, en el \u00e1mbito de la causal primera de casaci\u00f3n, que el recurrente pretenda una revisi\u00f3n general de la situaci\u00f3n de hecho planteada, como si se tratara de una instancia m\u00e1s y no de un medio de impugnaci\u00f3n extraordinario. Seg\u00fan la t\u00e9cnica del recurso extraordinario, no se trata en \u00e9l de armonizar o permitir al recurrente un an\u00e1lisis diverso para sacar consecuencias contrarias a las obtenidas por \u00e9ste, porque en tal evento ha de prevalecer, en principio, el juicio sacado por el ad quem, por venir protegido por la presunci\u00f3n de acierto. De no ser as\u00ed, el recurso de casaci\u00f3n no pasar\u00eda de ser una instancia m\u00e1s, y ello no encuentra respaldo en el derecho que regula dicho recurso\u201d (G.J. T. CCXLIX. 2do. sem. 1997, p\u00e1g. 801) <\/p>\n
C. No obstante todo lo anterior, a\u00fan dejando de lado los anunciados defectos de t\u00e9cnica que, por s\u00ed solos, hacen impr\u00f3speras las acusaciones formuladas, \u00e9stas \u00faltimas tampoco est\u00e1n llamadas a tener \u00e9xito. <\/p>\n
Efectivamente, dan cuenta los antecedentes que: a) la entidad demandada es propietaria del local No. 205, ubicado en el inmueble de la calle 71 No. 11-14 de esta ciudad, el que entreg\u00f3 en arrendamiento desde el 1o. de Septiembre de 1.976, a las ahora demandantes Carolina Salguero Caycedo y Diana Robayo Camacho; b) que dicha relaci\u00f3n contractual continu\u00f3 hasta su \u00faltima pr\u00f3rroga que se efectu\u00f3 mediante contrato celebrado el 1o. de Febrero de 1.982, cuyo documento contempla en una de sus cl\u00e1usulas que, los \u201cservicios de agua, energ\u00eda el\u00e9ctrica y celadur\u00eda\u201d correr\u00e1n de cuenta de la arrendadora, servicios que han sido contratados en favor de los arrendatarios con incidencia directa en la renta del arrendamiento (folio 6, cdno. No. 1) y, c) que entre los d\u00edas 3 y 4 de febrero de 1.988, se present\u00f3 un hurto en el local arrendado, hecho que origin\u00f3 que las arrendatarias reclamaran judicialmente a la entidad arrendadora el resarcimiento de los da\u00f1os y perjuicios por responsabilidad contractual, pretensiones que neg\u00f3 el Juez de primera instancia y confirm\u00f3 el Tribunal concluyendo que el compromiso adquirido en el contrato de arrendamiento por la entidad demandada, esto es, por la Conferencia de Superiores Mayores Religiosos, como arrendadora del local, fue el pago del servicio de celadur\u00eda, pero que, con ello, no estaba garantizando que los bienes de las arrendatarias no ser\u00edan sustra\u00eddos del inmueble arrendado, y que tampoco se oblig\u00f3 a custodiar dichos bienes, raz\u00f3n por la que hall\u00f3 a la demandada ausente de responsabilidad. <\/p>\n
En efecto, este tipo de cl\u00e1usulas es de aquellas que se denominan de vigilancia en favor del arrendatario o residente, donde, como ya se dejo precisado en la primera parte de las consideraciones de la providencia, el arrendador se compromete a sufragar el costo de la celadur\u00eda en favor del arrendatario, pero la responsabilidad que surja del incumplimiento de este negocio jur\u00eddico, ora total o parcial, s\u00f3lo se pregona del titular del derecho (el arrendatario) y de la entidad o persona encargada de la vigilancia, seg\u00fan el caso. Adem\u00e1s, el relato de los anteriores medios de prueba igualmente demuestra que su ejecuci\u00f3n se acomoda al sentido dado por el Tribunal, porque ciertamente la entidad arrendadora, vale decir, la Conferencia de Superiores Mayores Religiosos, realiz\u00f3 el pago del servicio de vigilancia. <\/p>\n
M\u00e1s a\u00fan, esta conclusi\u00f3n tambi\u00e9n guarda armon\u00eda con las reglas de orientaci\u00f3n interpretativa, porque el Tribunal encontr\u00f3 en el contenido de la cl\u00e1usula del contrato relacionada con el pago de los servicios, claro su sentido, cual es que el aducido compromiso de la vigilancia no iba m\u00e1s all\u00e1 o exced\u00eda de su simple pago, lo mismo que sucede, seg\u00fan su propio texto, con los servicios de agua y energ\u00eda el\u00e9ctrica. De all\u00ed que no se observe error en esta tarea interpretativa, – menos de la envergadura exigida para la prosperidad del cargo que se cimenta en la comisi\u00f3n de un error de hecho -, circunstancia que corrobora la falta de legitimaci\u00f3n pasiva para reclamarle a la demandada la responsabilidad aludida. <\/p>\n
Ahora bien, como ya se anticip\u00f3, lo rese\u00f1ado precedentemente relieva la inexistencia de un error evidente en la interpretaci\u00f3n del contrato, porque se trata de un examen que, adem\u00e1s de razonable, tiene respaldo en el acervo probatorio apreciado por el juzgador. Efectivamente, cuando el contrato, de un lado, dice que el pago de los servicios de agua, energ\u00eda el\u00e9ctrica y celadur\u00eda correr\u00e1n por cuenta de la arrendadora y, del otro, se\u00f1ala que \u201clos gastos de desinfecci\u00f3n o de cualquier otra medida tendiente a restablecer la salubridad y seguridad del inmueble ser\u00e1n por cuenta de los arrendatarios\u201d, permite inferir, razonablemente, que la obligaci\u00f3n contra\u00edda por la entidad arrendadora respecto a la vigilancia, no iba m\u00e1s all\u00e1 de su escueto pago, porque las medidas de seguridad, rectamente entendidas, segu\u00edan gobern\u00e1ndose con sujeci\u00f3n al contrato, a cargo de las arrendatarias. <\/p>\n
Finalmente, como tambi\u00e9n se resalt\u00f3 en otro aparte de este fallo, no puede colegirse otra cosa de lo que normalmente tiene lugar en el tr\u00e1fico contractual contempor\u00e1neo, porque lo cotidiano, lo usual, lo que ordinariamente sucede, es que el arrendatario sea el obligado a la vigilancia y al cuidado de los bienes que mantiene en el inmueble arrendado. El pacto que imponga tan peculiar e intensa obligaci\u00f3n al otro extremo de la relaci\u00f3n arrendaticia, no por ello inv\u00e1lido, claro est\u00e1, debe aparecer expresa y claramente reflejado en el contrato, vale decir, manifestada dicha voluntad de manera inequ\u00edvoca, de suerte que no arroje la menor duda. Una cosa es comprometerse a pagar el servicio de vigilancia, como efectivamente lo hizo la entidad demandada, y otra muy diferente es responder por los perjuicios derivados de la sustracci\u00f3n de unos bienes supuestamente atribuible a la negligencia de los encargados del precitado servicio, prestaci\u00f3n \u00e9sta divergente de aquella. <\/p>\n
Por consiguiente se desestiman los cargos. <\/p>\n
IV. DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 7 de Diciembre de 1.993, en virtud de la cual culmin\u00f3 el proceso ordinario promovido por DIANA BEATRIZ MOLANO CAMACHO y CAROLINA SALGUERO CAYCEDO contra la CONFERENCIA DE SUPERIORES MAYORES RELIGIOSOS, que se adelant\u00f3 en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogot\u00e1 y que se fall\u00f3 por el Tribunal Superior de Guadalajara de Buga, conforme a lo dispuesto en el decreto 2651 de 1991. <\/p>\n
Costas a cargo de la parte recurrente. T\u00e1sense. <\/p>\n
C\u00d3PIESE, NOTIF\u00cdQUESE Y DEVU\u00c9LVASE el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
S-122-99 [5277] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL Y AGRARIA Magistrado Ponente: CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO Santa Fe de Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) Referencia : Expediente No. 5277 Dec\u00eddese el recurso extraordinario de casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81725","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81725","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81725"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81725\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81725"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81725"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81725"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}