S-123-99 [5320]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado ponente: <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Santa Fe de Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 5320 <\/p>\n
Se ocupa la Corte del recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por el apoderado del demandado, contra la sentencia del 14 de Octubre de 1.994, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santaf\u00e9 de Bogot\u00e1, Sala de Familia, dentro del proceso de investigaci\u00f3n de la paternidad extramatrimonial promovido por CLAUDIA G\u00d3MEZ JARAMILLO, en representaci\u00f3n de su menor hija ANDREA G\u00d3MEZ, contra JULIAN TRUJILLO POSADA. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La mencionada demandante llam\u00f3 a proceso de investigaci\u00f3n de la paternidad al referido demandado, para que en sentencia definitiva se hicieran las siguientes declaraciones y condenas: <\/p>\n
A) Declarar que Andrea G\u00f3mez es \u201chija natural\u201d de Juli\u00e1n Trujillo Posada. <\/p>\n
B) Ordenar que en el registro civil de la menor se inscriba el nombre de su padre. <\/p>\n
C) Expedir copias de la correspondiente sentencia. <\/p>\n
D) Condenar en costas del proceso al demandado. <\/p>\n
2. Los hechos que sirvieron de fundamento a las anteriores pretensiones se resumen de la siguiente manera: <\/p>\n
A) Por el a\u00f1o de 1976, en la ciudad de Manizales, se conocieron Claudia G\u00f3mez Jaramillo y Juli\u00e1n Trujillo Posada, quienes a partir de 1978 tuvieron relaciones sexuales, quedando ella embarazada en mayo de 1979. <\/p>\n
B) Enterado el supuesto padre del estado de Claudia, le pidi\u00f3 no contarlo a sus padres porque \u00e9l hablar\u00eda con un t\u00edo de nombre Luis Carlos Trujillo quien, en el t\u00e9rmino de tres d\u00edas, les dir\u00eda como podr\u00eda ayudarles. Este familiar recomend\u00f3 el aborto, haci\u00e9ndose cargo de los gastos. Sin embargo, se acord\u00f3 luego que los padres del demandado lo apoyar\u00edan a \u00e9l y los t\u00edos de la madre a ella. <\/p>\n
C) Trasladada Claudia G\u00f3mez a un hogar para madres solteras de la ciudad de Bogot\u00e1, el 23 de febrero de 1.980 dio a luz a la ni\u00f1a que hoy responde al nombre de Andrea, pero Juli\u00e1n Trujillo, quien fue citado a reconocimiento de su hija ante el Bienestar Familiar, neg\u00f3 la paternidad. <\/p>\n
D) El demandado, en 1.988 y luego de su estad\u00eda en los Estados Unidos, le manifest\u00f3 a Claudia su deseo de ayudarla, colaborando con el sostenimiento de Andrea. Fue as\u00ed como el d\u00eda 20 de abril de ese a\u00f1o, conoci\u00f3 a la menor a quien despu\u00e9s sac\u00f3 de paseo, llev\u00f3 a comer y, en el a\u00f1o de 1989, la ayud\u00f3 econ\u00f3micamente, pag\u00e1ndole la matr\u00edcula y compr\u00e1ndole los \u00fatiles escolares. <\/p>\n
E) Desde el 23 de Febrero de 1.989, d\u00eda del cumplea\u00f1os de Andrea, cuando Juli\u00e1n la llam\u00f3 por tel\u00e9fono, no volvi\u00f3 a verla, ni a llamarla; solo se supo que \u00e9l no quer\u00eda saber nada de Claudia \u201cni de esa muchachita\u201d. <\/p>\n
F) El demandado cit\u00f3 a Claudia G\u00f3mez a declaraci\u00f3n de parte extraproceso en un Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, interrog\u00e1ndola sobre la paternidad de Andrea. <\/p>\n
3. Enterado el demandado de las pretensiones de la parte actora, las respondi\u00f3 a trav\u00e9s de apoderado oponi\u00e9ndose a ellas. Sin embargo, el Juzgado de conocimiento, que inicialmente fue el S\u00e9ptimo Civil del Menores, luego denominado de familia, por auto del 16 de febrero de 1.990 (folio 20 c.1), decret\u00f3 las pruebas del proceso y tuvo por no contestada la demanda, porque quien lo hizo fue el apoderado sustituto, sin que el principal nombrado manifestara su voluntad de no actuar. Contra esta providencia se interpuso el recurso de reposici\u00f3n, que fue resuelto en forma adversa mediante auto de 5 de junio de 1990 (fl.24 c.1). <\/p>\n
4. Tramitada la primera instancia, el Juzgado profiri\u00f3 sentencia el 6 de Julio de 1.993, en la cual accedi\u00f3 a las pretensiones del libelo, esto es, declar\u00f3 la paternidad solicitada. <\/p>\n
5. Inconforme con el fallo del a-quo, el demandado interpuso el recurso de apelaci\u00f3n, para que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogot\u00e1 lo revocara. Esa Corporaci\u00f3n, mediante sentencia del 14 de Octubre de 1.994, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado, adicion\u00e1ndola en cuanto a la privaci\u00f3n de los derechos de patria potestad del demandado respecto a su hija Andrea, de acuerdo con el art\u00edculo 62 del C. C. <\/p>\n
6. Contra la decisi\u00f3n del Tribunal, el apoderado del demandado interpuso, oportunamente, el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, que la Corte pasa a resolver. <\/p>\n
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Despu\u00e9s del acostumbrado recuento hist\u00f3rico del litigio, de no encontrar reparo respecto de la concurrencia de los presupuestos procesales que permit\u00edan dictar sentencia de m\u00e9rito, y de no hallar causal de nulidad que invalidara la actuaci\u00f3n, expres\u00f3 el Tribunal que, del an\u00e1lisis del libelo introductorio, se deduc\u00eda que la causal invocada por la parte actora era la contemplada en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba de la ley 75 de 1.968, vale decir, las relaciones sexuales entre la madre y el presunto padre en la \u00e9poca en que se presume pudo tener lugar la concepci\u00f3n; consider\u00f3 que deb\u00edan excluirse las contempladas en los numerales 5\u00ba y 6\u00ba ib\u00eddem, atinentes al trato personal y social dado por el presunto padre a la madre durante el embarazo y parto, y la posesi\u00f3n notoria del estado de hijo, como equivocadamente lo vio el juzgador de primera instancia, pues de \u00e9stas no se hizo alusi\u00f3n en el escrito de demanda, motivo por el cual el Tribunal se abstuvo de hacer pronunciamiento sobre dichas causales. <\/p>\n
Delimitada as\u00ed la causal invocada y en procura de su demostraci\u00f3n, dijo el ad-quem que se allegaron al proceso pruebas documentales, testimoniales, ex\u00e1menes gen\u00e9ticos y hechos indiciarios, de cuyo an\u00e1lisis concluy\u00f3 que la sentencia recurrida se profiri\u00f3 conforme a derecho. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la prueba documental, se remiti\u00f3 al registro civil de nacimiento de la menor, conforme al cual ese hecho aconteci\u00f3 el 23 de Febrero de 1.980, de lo que dedujo que la concepci\u00f3n ocurri\u00f3 entre el 22 de Abril y el 22 de Agosto de 1.979. <\/p>\n
Respecto de la prueba testimonial sostuvo, luego de transcribir los apartes pertinentes de las declaraciones de quienes fueron llamados a rendir versi\u00f3n sobre los hechos discutidos, que de tales versiones no se pod\u00eda concluir \u201ccon claridad\u201d la \u00e9poca en que tuvieron lugar las relaciones sexuales entre la madre y el presunto padre, resaltando que algunos de los testigos eran \u201cde o\u00eddas\u201d. <\/p>\n
Se refiri\u00f3 enseguida el Tribunal al interrogatorio de parte absuelto por la madre, del que resalt\u00f3 la afirmaci\u00f3n seg\u00fan la cual, el demandado le propuso que abortara. <\/p>\n
Frente a la prueba gen\u00e9tica, precis\u00f3 el ad-quem que se realizaron dos ex\u00e1menes: el primero, en el desarrollo de la primera instancia (fl. 60 c. 1), y el segundo ante el Tribunal (fl.44 c. 5), peritajes cuyo resultado es el de \u201ccompatibilidad\u201d de caracteres entre el presunto padre y la menor Andrea G\u00f3mez, prueba que constituye -a su juicio- un indicio importante para la declaratoria de la paternidad. <\/p>\n
Por \u00faltimo, como prueba indiciaria en contra del demandado, se refiri\u00f3 el sentenciador de segundo grado a la inasistencia reiterada e injustificada del demandado a los interrogatorios que deb\u00eda absolver a petici\u00f3n de la parte actora y por convocatoria oficiosa del Juez de la primera instancia, apart\u00e1ndose de la declaratoria de confeso que dedujo \u00e9ste en cuanto al primero de ellos. Consider\u00f3 que de esa conducta no se pod\u00eda inferir una confesi\u00f3n sobre el estado civil. <\/p>\n
Y en cuanto al indicio grave que el fallador de primer grado calific\u00f3 en contra del demandado por la no contestaci\u00f3n de la demanda, tambi\u00e9n se apart\u00f3 el Tribunal de esa apreciaci\u00f3n, por cuanto analizadas las circunstancias, consider\u00f3 que \u00e9stas fueron ajenas al mismo demandando, sin que se pueda deducir la intenci\u00f3n deliberada de su parte de no hacer pronunciamiento alguno sobre el libelo. <\/p>\n
Concluy\u00f3 as\u00ed el Tribunal, que los indicios aludidos, acompa\u00f1ados de las dem\u00e1s pruebas mencionadas, acreditaban la existencia de las relaciones sexuales entre Claudia G\u00f3mez Jaramillo y Juli\u00e1n Posada Trujillo, motivo por el cual era procedente la declaraci\u00f3n de paternidad, confirmando entonces el fallo apelado, que adicion\u00f3 en el sentido de privar al padre del ejercicio de los derechos de patria potestad. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Oportunamente el apoderado del demandado impugn\u00f3 la decisi\u00f3n de segundo grado, mediante el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, formulando contra la sentencia tres cargos: el primero, con apoyo en la causal quinta prevista en el art\u00edculo 368 del C. de P. C, y los dos restantes con fundamento en la causal primera del mismo precepto, ambos por la v\u00eda indirecta y por error de hecho en la apreciaci\u00f3n de las pruebas, aunque en el \u00faltimo cargo, de uno de aquellos se hace derivar uno de derecho, lo que no obsta para que la Corte los pueda despachar conjuntamente – al segundo y al tercero -, por su innegable similitud. <\/p>\n
IV. CARGO PRIMERO <\/p>\n
Acus\u00f3 el recurrente la sentencia del Tribunal, como se acot\u00f3, con apoyo en la causal 5a. de casaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 368 del C. de P.C., por haberse dictado, pese a estar el proceso inmerso en la situaci\u00f3n de hecho prevista en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 140 ib\u00eddem, regulatorio de la nulidad por omisi\u00f3n del t\u00e9rmino u oportunidad para pedir y practicar las pruebas. <\/p>\n
En la explicaci\u00f3n que hizo de la censura, indic\u00f3 el casacionista que, una vez notificado el demandado de las pretensiones del libelo, \u00e9ste, mediante escrito que obra a folio 14 del cuaderno 1, comunic\u00f3 al Juzgado que confiri\u00f3 poder para su representaci\u00f3n en el proceso \u201cal Doctor Carlos Enrique Tejeiro L\u00f3pez y\/o a la Doctora Mar\u00eda Consuelo Arenas Garc\u00eda\u201d, quien le dio contestaci\u00f3n a la demanda, en la que formul\u00f3 la excepci\u00f3n consistente en que la madre tuvo relaciones sexuales con Manuel Grajales y con ingenieros de la firma \u201cPinski & Asociados\u201d, durante el tiempo en que se presumi\u00f3 la concepci\u00f3n, escrito en el que pidi\u00f3 tambi\u00e9n la pr\u00e1ctica de pruebas. <\/p>\n
Sin embargo, mediante auto del 16 de febrero de 1.990, el Juzgado de conocimiento dispuso la pr\u00e1ctica de las pruebas pedidas por la parte actora y tuvo por no contestada la demanda, sin decretar, por ende, las solicitadas en ella, con el argumento de que la apoderada sustituta del demandado actu\u00f3 sin que el principal hubiera manifestado su voluntad de no hacerlo. Contra esta decisi\u00f3n se interpusieron los recursos del caso sin resultado positivo, por lo que el demandado no fue o\u00eddo en lo que se refiere al pronunciamiento sobre las pretensiones, las excepciones que adujo y las pruebas que pidi\u00f3 para su defensa. <\/p>\n
Afirm\u00f3 el censor que el Juzgado obr\u00f3 equivocadamente y con excesivo rigor, al deducir una supuesta ausencia de voluntad del apoderado principal, cuando era manifiesta la voluntad del poderdante en el sentido de autorizar a la doctora Arenas para que lo representara, porque en el poder no se estableci\u00f3 jerarqu\u00eda alguna. Agreg\u00f3 que el art\u00edculo 66 del C. de P. C. no tiene la finalidad que le se\u00f1al\u00f3 el Juez, y que tan s\u00f3lo procura evitar la actuaci\u00f3n simult\u00e1nea de varios apoderados de una misma parte, como que ella pueda conducir a generar un conflicto cuando uno de ellos pretenda desalojar a los otros. <\/p>\n
Destac\u00f3 el recurrente que el poder se confiri\u00f3 a los dos profesionales bajo la f\u00f3rmula \u201cy\/o\u201d, lo que significa que ambos eran principales y a la vez sustitutos uno del otro. Esta circunstancia, manifest\u00f3, evidencia lo equivocado del razonamiento del juzgado, lo cual ocasion\u00f3 al demandado perjuicios grav\u00edsimos, pues lo priv\u00f3 de su derecho a la defensa en aspectos tan trascendentales como los que se dejaron se\u00f1alados. <\/p>\n
Precis\u00f3 el recurrente, seguidamente, que esta causal de nulidad no se encuentra saneada en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 144 del estatuto procesal civil, pues conforme a este precepto el saneamiento es una manifestaci\u00f3n expresa o t\u00e1cita de convalidar, lo que no sucedi\u00f3 en el caso de autos. En efecto, resulta palmaria la reacci\u00f3n de la parte demandada contra el auto que dio por no contestada la demanda, providencia que, de contera, le negaba la oportunidad de pedir pruebas, reacci\u00f3n que concret\u00f3 el recurrente proponiendo los recursos ordinarios, de la misma manera que protest\u00f3 contra dicho auto, en la audiencia de alegatos en primera instancia. Precis\u00f3, de la misma manera, que planteados por la v\u00eda de un recurso ordinario los hechos constitutivos de la nulidad con resultados adversos, proponerlos de nuevo en un incidente de nulidad habr\u00eda sido atentar en contra del principio procesal de que unos mismos hechos no pueden invocarse sucesivamente por v\u00edas distintas, encaminadas todas a obtener una misma finalidad. <\/p>\n
Por lo dicho, culmin\u00f3 su censura el recurrente, pidiendo que se decrete la nulidad de lo actuado, a partir del auto del 6 de febrero de 1.990, mediante el cual se tuvo por no contestada la demanda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Con arreglo a la causal 5a. de casaci\u00f3n, para que una sentencia pueda ser censurada por haberse incurrido en alg\u00fan motivo generatriz de nulidad, indefectiblemente se requiere que \u00e9sta no se hubiere saneado. No puede ser de otra manera, en efecto, si se tiene en cuenta que, entre los principios que informan el r\u00e9gimen de las nulidades en materia procesal civil, a la par con los de especificidad y protecci\u00f3n, se encuentra el de convalidaci\u00f3n, en virtud del cual, salvo expresas excepciones, las irregularidades en la estructuraci\u00f3n y desarrollo del proceso pierden su conocida fuerza aniquiladora, si la parte afectada con la materializaci\u00f3n o floraci\u00f3n del vicio lo ratifica expresa o t\u00e1citamente, vale decir, asienta la actuaci\u00f3n, suprimiendo as\u00ed los efectos letales que estereotipan la figura de la nulidad en la esfera procedimental. <\/p>\n
Es as\u00ed como se puede precisar, delanteramente, que tal caracter\u00edstica frustra la pertinencia del cargo propuesto, pues, trat\u00e1ndose del motivo de invalidez procesal consistente en omitir los t\u00e9rminos u oportunidades para pedir o practicar pruebas o para formular alegatos de conclusi\u00f3n (nral. 6 art. 140 C.P.C.), el r\u00e9gimen de procedimiento establece que no podr\u00e1 alegarla \u201cquien haya actuado en el proceso despu\u00e9s de ocurrida la respectiva causal sin proponerla\u201d (inc. 6\u00ba art. 143 C.P.C.). De suerte que si no se invoca incidentalmente y en el instante siguiente al momento en que se genera, queda saneado el vicio (nral. 1 art. 144 ib.), al punto que la solicitud de nulidad posterior debe ser rechaza de plano por el Juez, seg\u00fan lo precisa el inciso 4\u00ba in fine del art\u00edculo 143 ib\u00eddem. <\/p>\n
Lo anotado precedentemente \u201cequivale a afirmar, y esto es lo que importa subrayar ahora, que para que pueda fundarse un recurso de casaci\u00f3n en un error de actividad procesal consistente en haberse omitido la oportunidad para evacuar diligencias de prueba oportunamente solicitadas, es imperativo que tal omisi\u00f3n produzca indefensi\u00f3n en el sentido estricto que esta palabra tiene en el lenguaje jur\u00eddico, luego evidentemente estar\u00e1 condenado al fracaso dicho recurso, y por consiguiente tendr\u00e1 que ser desestimado, si cual aconteci\u00f3 en este caso seg\u00fan enseguida se ver\u00e1, denuncia el casacionista una irregularidad de aquella estirpe pero que al no ser reclamada en ocasi\u00f3n apropiada durante las instancias porque estaba legitimado para hacerlo, result\u00f3 convalidada por disponerlo as\u00ed el numeral 1o. del art\u00edculo 156, hoy 144 del estatuto de enjuiciamiento tantas veces mencionado\u201d (Sent. febrero 2\/90). <\/p>\n
Por eso, entonces, con abstracci\u00f3n o independencia de los hechos que el censor alega para soportar la pretendida causal de nulidad, en cualquier caso estar\u00eda saneada si se aplican los derroteros trazados por el legislador colombiano, pues la parte demandada actu\u00f3 en el proceso con posterioridad al hecho que se adujo como provocador del defecto procesal, clausurando un debate que si no se suscit\u00f3 en las respectivas instancias, no puede ventilarse con \u00e9xito en casaci\u00f3n, como se sabe un escenario enderezado a examinar el fallo de segundo grado, a modo de thema decissum. Efectivamente, aunque es cierto que la decisi\u00f3n del Juzgado de no dar curso a la contestaci\u00f3n de la demanda (fl. 20 vlto. c.1) fue impugnada por la v\u00eda de la reposici\u00f3n (fls. 21 a 28 c.1), el demandado continu\u00f3 participando en el proceso sustituyendo su apoderado el poder (fl. 33 c.1) y reclamando actos de impulso procesal (fl. 37 c.1), sin que en ning\u00fan momento alegara – de la manera que correspond\u00eda – el vicio que le enrostra a la actuaci\u00f3n, de donde se colige que su omisi\u00f3n le impide ahora rebatirla. La declaraci\u00f3n de nulidad debi\u00f3 solicitarse en forma incidental (inc. 5\u00ba art. 142 C.P.C.), justo despu\u00e9s de ocurrida la causal en comento (inc. 6\u00ba art. 143 y nral. 1\u00ba art. 144 ib.). <\/p>\n
2. En todo caso, no sobra expresar que la causal en cuesti\u00f3n \u00fanicamente se configura cuando se omiten los \u201ct\u00e9rminos\u201d u \u201coportunidades\u201d legales previstos en los distintos tr\u00e1mites procesales, para pedir o practicar pruebas o para formular las alegaciones finales, sin que pueda subsumirse en ella, en consecuencia, el evento que se aduce en el escrito contentivo del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, alusivo a la falta de tr\u00e1mite de la contestaci\u00f3n de la demanda, pues claramente se aprecia que el demandado goz\u00f3 del plazo legal para pronunciarse sobre \u00e9sta, s\u00f3lo que el documento en el que planteaba su posici\u00f3n frente a la pretensi\u00f3n y solicitaba pruebas, no fue tenido en cuenta por razones que no ata\u00f1en propiamente al motivo de nulidad de que se habla. <\/p>\n
3. Para la Sala es claro que no se estructura la causal de casaci\u00f3n planteada, cuando la lesi\u00f3n al derecho de pedir o practicar pruebas o a formular alegatos de conclusi\u00f3n, no tiene su causa directa, irresoluble e inmediata en deficiencias temporales, sino que tal hecho descansa en otro tipo de motivos procesales, como ser\u00eda el de carecer de apoderado judicial en debida forma, o el de inacci\u00f3n de \u00e9ste \u00faltimo, habida cuenta de que en uno y otro caso, \u201cstricto sensu\u201d, ha existido un t\u00e9rmino y una oportunidad procesal para la petici\u00f3n o pr\u00e1ctica de pruebas, o para la formulaci\u00f3n de alegatos – situaci\u00f3n diferente a aquella en que \u00e9stos no se hayan utilizado -, puesto que una cosa es la omisi\u00f3n del plazo u oportunidad legal para esos espec\u00edficos fines, y otra muy distinta su no aprovechamiento, toda vez que s\u00f3lo el primer evento da lugar a la precitada causal sexta de nulidad, por lo dem\u00e1s de interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n restrictivas. <\/p>\n
Por consiguiente, en atenci\u00f3n a las consideraciones que anteceden, el cargo no prospera. <\/p>\n
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V. CARGOS SEGUNDO Y TERCERO <\/p>\n
1. Cargo segundo <\/p>\n
Se acus\u00f3 la sentencia de ser violatoria, por aplicaci\u00f3n indebida, de normas de derecho sustancial, a consecuencia de errores cometidos en la apreciaci\u00f3n de la prueba, invoc\u00e1ndose como disposiciones violadas, los art\u00edculos 6\u00ba de la ley 75 de 1968 y numerales 4\u00ba y 8\u00ba de la ley 45 de 1936, que presumen la paternidad extramatrimonial cuando entre la madre y el presunto padre existieron relaciones sexuales en la \u00e9poca en que, conforme al art\u00edculo 92 del C\u00f3digo Civil, pudo tener lugar la concepci\u00f3n. <\/p>\n
Para demostrar su acusaci\u00f3n, el casacionista, luego de precisar que el Tribunal defini\u00f3 como causal de filiaci\u00f3n la prevista en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba de la ley 75 de 1968 y, en ese marco, la \u00e9poca en que la concepci\u00f3n pudo ocurrir, refiere que esa Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 los testimonios y el interrogatorio de parte practicado a la demandante, para hacer descansar la declaraci\u00f3n de paternidad en dos indicios, uno deducido de la prueba gen\u00e9tica que valor\u00f3 como \u201cimportante\u201d y otro que calific\u00f3 como \u201cgrave\u201d, derivado de la inasistencia injustificada del demandado a los interrogatorios de parte que deb\u00edan practicarse los d\u00edas 10 de noviembre de 1990 y 10 de abril de 1992, de los cuales no pod\u00eda, seg\u00fan reflexi\u00f3n del Tribunal, deducirse confesi\u00f3n, que no sirve como medio de prueba para acreditar el estado civil. <\/p>\n
Destac\u00f3 luego que el error manifiesto en que incurri\u00f3 el Tribunal, consisti\u00f3 en haber establecido un \u201cindicio grave\u201d de la paternidad en los informes de compatibilidad del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que si bien permiten deducir \u201cla compatibilidad de la paternidad\u201d, no agregan \u201cdato alguno alusivo o relativo a determinada caracter\u00edstica heredo-biol\u00f3gica particular y com\u00fan a Juli\u00e1n Trujillo y a la menor Andrea G\u00f3mez, que permitiera inferir v\u00ednculos de familia entre ellos\u201d (fl. 18 c. 6), lo que explica que se hubiere ordenado una nueva pericia en la segunda instancia, cuyos resultados tienen la misma limitaci\u00f3n. <\/p>\n
Adujo luego el censor, en referencia con la jurisprudencia de la Corte, que un simple examen \u201cno puede ser tenido como hecho indicante de la relaci\u00f3n de filiaci\u00f3n averiguada\u201d, pues \u201cel indicio, para que sea tal y revista la categor\u00eda de prueba judicial, impone que medie una relaci\u00f3n de conexidad l\u00f3gica y necesaria entre el hecho indicante y el hecho indicado, o sea el que es objeto de la verdad que se quiere establecer\u201d, de donde colige \u201cque de la mera circunstancia de que entre dos personas se establezca una compatibilidad de semejante \u00edndole – refiri\u00e9ndose a la sangu\u00ednea – no puede en modo alguno inferirse que una de ellas pueda ser hija de la otra, pues id\u00e9ntica inferencia cabr\u00eda hacerla con todas las dem\u00e1s personas con las cuales pueda existir la misma compatibilidad\u201d (fl. 19 c. 6), resaltando que la fuerza demostrativa de esos ex\u00e1menes es definitiva pero s\u00f3lo en caso de incompatibilidad entre los signos sangu\u00edneos, y corroborante de la relaci\u00f3n de filiaci\u00f3n que mediante otras pruebas se establezca. <\/p>\n
Concluy\u00f3, entonces, sosteniendo que no existe prueba indiciaria y menos a\u00fan \u201cimportante\u201d, quedando sin soporte probatorio el fallo, puesto que \u201cel solo indicio de inasistencia del demandado a rendir interrogatorio no era fuente suficiente de convicci\u00f3n y certeza\u201d. Estos errores, afirm\u00f3, provocaron la aplicaci\u00f3n indebida de las normas que se alegan violadas, pues de no haber incurrido en ellos, el Tribunal habr\u00eda revocado la sentencia de primera instancia y, en su lugar, absuelto al demandado. <\/p>\n
2. Cargo tercero <\/p>\n
En el tercero y \u00faltimo cargo el recurrente le endilg\u00f3 a la sentencia impugnada la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, a consecuencia de errores manifiestos en que incurri\u00f3 el sentenciador en la apreciaci\u00f3n de las pruebas. Cit\u00f3 como violados el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba de la ley 75 de 1.968 y el art\u00edculo 8\u00ba de la ley 45 de 1.936, ambos por aplicaci\u00f3n indebida. <\/p>\n
Concret\u00f3 el casacionista el yerro aludido en las siguientes consideraciones: <\/p>\n
Despu\u00e9s de interpretar la demanda, el Tribunal dedujo que la causal invocada era la prevista en el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba de la Ley 75 de 1.968, para cuya demostraci\u00f3n desech\u00f3 la prueba testimonial practicada, pero lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n de que el acervo probatorio obrante en autos era suficiente para declarar la filiaci\u00f3n, pruebas que hizo consistir en dos indicios unidos en un solo haz: calificando el primero como \u201cimportante\u201d , fundado en que tanto en la primera como en la segunda instancia se realizaron los respectivos ex\u00e1menes de sangre sobre paternidad que arrojaron como resultado la \u201ccompatibilidad\u201d entre Juli\u00e1n Trujillo Posada y Andrea G\u00f3mez; y el segundo indicio, que valor\u00f3 como \u201cgrave\u201d, consisti\u00f3 en que el demandado no concurri\u00f3 a dos interrogatorios de parte decretados, uno por el a-quo a solicitud de la demandante y el otro por requerimiento oficioso del Juzgado. <\/p>\n
Prosigui\u00f3 la censura refiri\u00e9ndose a la calificaci\u00f3n de \u201cimportante\u201d que le dio el Tribunal al primer indicio anotado, vocablo que se\u00f1al\u00f3 no es distinto al de \u201cgrave\u201d, por lo que no hay duda de que asign\u00f3 al resultado \u201ccompatible\u201d de la prueba gen\u00e9tica, el valor de \u201cindicio grave\u201d, valoraci\u00f3n que calific\u00f3 el recurrente como exagerada y desmedida, porque un informe de compatibilidad sangu\u00ednea no ofrece el alcance necesario para tener la categor\u00eda de grave, pues no refleja sino remotamente la idea de paternidad. Entonces, sostuvo el recurrente, no hay duda que el Tribunal le dio a ese resultado una fuerza indiciaria de la que carec\u00eda, incurriendo as\u00ed en un error de hecho manifiesto que repercuti\u00f3 en la solidez del fallo acusado. Ello fue as\u00ed porque su base probatoria se vio reducida al otro indicio en que se fund\u00f3 el fallador, es decir, en la inasistencia del demandado a los interrogatorios de parte, indicio que seg\u00fan el casacionista nada aporta al de la \u201ccompatibilidad\u201d, cuya virtualidad probatoria resultaba m\u00ednima. Agreg\u00f3 tambi\u00e9n que la apreciaci\u00f3n conjunta de esos dos indicios, calificados en su real m\u00e9rito probatorio, no constitu\u00eda un s\u00f3lido cimiento enderezado a obtener, como corresponde en derecho, una convicci\u00f3n racional que permita acoger las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Se reproch\u00f3, finalmente, que el error de hecho cometido involucr\u00f3 la comisi\u00f3n de otro, pero ya de derecho por infracci\u00f3n a los art\u00edculos 187 y 250 del C. de P.C., en cuanto que se\u00f1alan pautas en materia de apreciaci\u00f3n probatoria y especialmente en lo tocante con los indicios. Expres\u00f3 al respecto que el Tribunal no apreci\u00f3 las pruebas conforme a las reglas de la sana cr\u00edtica, ni eval\u00fao los indicios teniendo en cuenta su gravedad, concordancia y convergencia. <\/p>\n
Concluy\u00f3 la censura afirmando que si el Tribunal no hubiera cometido los errores denunciados en la apreciaci\u00f3n probatoria, dicha colegiatura hubiera revocado el fallo y, correlativamente, absuelto al demandado de las pretensiones de la demanda, motivo por el cual la sentencia impugnada, en su entender, deb\u00eda casarse. <\/p>\n
<\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De conformidad con reiterada jurisprudencia emergente de esta Corporaci\u00f3n, cuando, con fundamento en la causal primera de casaci\u00f3n, se acusa la sentencia de segundo grado de ser violatoria de la ley sustancial, como corolario de errores de hecho o de derecho en la apreciaci\u00f3n probatoria, es necesario que ello se encuentre cabal y fehacientemente acreditado y, menester adem\u00e1s, que los yerros sean manifiestos – en el primer caso -, y en ambas hip\u00f3tesis trascendentes, esto es, que aparezcan objetivos e hirientes a simple observaci\u00f3n, adem\u00e1s de decisivos – causalmente concebidos – en la determinaci\u00f3n de la sentencia. <\/p>\n
As\u00ed mismo, la naturaleza del recurso de casaci\u00f3n impone que se ataquen todos los fundamentos del fallo, pues si \u00e9ste mantiene inc\u00f3lume uno cualquiera de los argumentos de hecho o de derecho que le sirven de apoyatura o sustent\u00e1culo, la r\u00e9plica formulada no podr\u00eda tener \u00e9xito. \u201cEl impugnante – ha dicho la Sala -, al atacar la sentencia por error evidente de hecho, se compromete a denunciar y demostrar el yerro en que incurri\u00f3 el Tribunal, como consecuencia directa del cual se adopt\u00f3 una decisi\u00f3n que no deb\u00eda adoptarse. Esta incidencia del error en la parte resolutiva de la providencia, se combate quebrando uno a uno los soportes del fallo. Vale decir, impidiendo que quede en pie alg\u00fan soporte que, por s\u00ed solo, pueda darle respaldo a la decisi\u00f3n que se impugna\u201d\u201d. (G.J. CCXL, primer semestre 1996, p\u00e1g. 82) <\/p>\n
De igual forma, resultan anodinos los juicios de reproche que responden a criterios de mera valoraci\u00f3n probatoria, por ponderados y atinados que sean, pues si bien el Tribunal no es soberano absoluto en la apreciaci\u00f3n de la prueba, \u201cha de respetarse su autonom\u00eda para formarse su propia convicci\u00f3n sobre la determinaci\u00f3n concreta del asunto debatido, pues la facultad de la Corte frente a una impugnaci\u00f3n que utilice esta v\u00eda es velar por la recta inteligencia y la debida aplicaci\u00f3n de las leyes sustanciales, no as\u00ed la de revisar una vez mas y sin cortapisa de ninguna especie, cuestiones de hecho y de derecho ventiladas en las instancias\u201d (G.J. Tomo CCXLIX. Sent. agosto 26\/97, p\u00e1g., 445) <\/p>\n
En punto, pues, del error de hecho, la equivocaci\u00f3n del Tribunal tiene que ser ostensible, manifiesta, palmaria y protuberante, sin que la tarea del censor pueda fundarse o reducirse a una demostraci\u00f3n que, por erudita que sea, exponga un conflicto de opiniones sobre el alcance que tenga o deba tener un determinado medio de prueba o un conjunto de ellos, menos a\u00fan si el m\u00e9rito que les dio el sentenciador no origina un fallo contraevidente, esto es, opuesto a la realidad probatoria y f\u00e1ctica del proceso. <\/p>\n
Como argumento de car\u00e1cter consecuencial, se sigue que la decisi\u00f3n prohijada por el ad quem no podr\u00e1 invalidarse en casaci\u00f3n cuando \u201cno se aparta de las alternativas de razonable apreciaci\u00f3n que ofrezca la prueba o que no se impone frente a esta como resoluci\u00f3n il\u00f3gica o arbitraria\u201d (Cas. civ. 31 de mayo de 1994), quedando de lado, como posible f\u00f3rmula de ataque, la argumentaci\u00f3n soportada en \u201cconjeturas m\u00e1s o menos l\u00f3gicas o por razonamientos, interpretaciones y analog\u00edas que los litigantes estimen apropiadas, habida cuenta que estas apreciaciones complementarias pueden ser tan falibles como las del Tribunal y por eso desbordan los l\u00edmites del motivo de casaci\u00f3n por error probatorio de hecho que, por sabido se tiene, o se funda en la completa certeza o se desvanece en el fallo sin posible correcci\u00f3n\u201d (G.J. Tomo CXXXIX, p\u00e1g. 240) <\/p>\n
Adicionalmente, como ya se advirtiera, el error que puede provocar la fractura o desmoronamiento de la sentencia debe tener tambi\u00e9n relevancia – causal – en la decisi\u00f3n, de forma tal que si el Tribunal no hubiere incurrido en aquel, el sentido del fallo ser\u00eda muy otro. Las equivocaciones del sentenciador, por graves que sean, no se tornan pr\u00f3speras en casaci\u00f3n si por fuerza de la evidencia, aun cuando por otra v\u00eda, conducen a la misma determinaci\u00f3n judicial, pues el prop\u00f3sito que inspira este recurso extraordinario de \u201cproveer a la realizaci\u00f3n del derecho objetivo en los respectivos procesos\u201d (art. 365 C.P.C.), ser\u00eda vacuo en la medida en que la decisi\u00f3n, a pesar de ellas, se mantuviera en el mismo sentido. Al fin y al cabo, el yerro que no incide en lo resolutivo de la sentencia es inofensivo para el derecho, desde la perspectiva del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Aplicados estos criterios de orden general a la prueba indiciaria, en particular, cabe afirmar que el respeto por el trabajo in iudicando del sentenciador resulta m\u00e1s acentuado cuando de ella se trata, pues salvo el caso de contraevidencia, la valoraci\u00f3n del Juez de instancia debe permanecer intacta. Y ello es as\u00ed porque, como oportunamente lo se\u00f1al\u00f3 el profesor Antonio Dellepiane, en el an\u00e1lisis indiciario no existe una \u201cdeducci\u00f3n rigurosa\u201d, sino que se trata de una operaci\u00f3n compleja realizada a trav\u00e9s de un \u201craciocinio por analog\u00eda\u201d, en el cual, de varios hechos debidamente demostrados, se infieren conclusiones desconocidas (Nueva teor\u00eda de la Prueba, Editorial Temis, Bogot\u00e1, 1989, p\u00e1g. 59). Esa garant\u00eda frente al juicio del sentenciador resulta necesaria, pues de lo contrario la seguridad jur\u00eddica y judicial, producto de los fallos ahijados en las instancias, quedar\u00eda en el vac\u00edo, provocando un estado de caos que ni la sociedad, ni las instituciones toleran. <\/p>\n
Precisamente por lo anterior, de tiempo atr\u00e1s viene sosteniendo la Sala que \u201cLa apreciaci\u00f3n de los indicios, de su mayor o menor gravedad y de sus relaciones entre s\u00ed, es una operaci\u00f3n de la inteligencia y de la conciencia del Juez, que no est\u00e1 ni puede estar sujeta a reglas determinadas; y un error de apreciaci\u00f3n no puede elevarse a la categor\u00eda de voluntaria y maliciosa violaci\u00f3n de las leyes sobre pruebas. Se deduce de lo expuesto que no es procedente el recurso de casaci\u00f3n por error de hecho o de derecho en la apreciaci\u00f3n de la prueba indiciaria, sino en casos especiales en que su interpretaci\u00f3n por el juzgador ha sido tan absurda que pugne con la manifiesta evidencia de los hechos, en otra forma demostrados en el proceso\u201d (Cas. Oct. 26\/39 G.J. 1950, pags. 741\/42). <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, con apoyo en lo rese\u00f1ado en los precedentes numerales, es claro entonces que el recurso de casaci\u00f3n, en l\u00ednea de principio, no tiene virtualidad para cuestionar el ejercicio intelectual del juzgador que lo condujo al hecho indicado, supuesta la probanza de los hechos indicadores, como tampoco para refutar la fuerza que les hubiere otorgado, salvo en el caso de contraevidencia, menos a\u00fan si no puede predicarse de los eventuales errores su palmariedad y relevancia, como ya se anot\u00f3. <\/p>\n
La censura que cabe formular por los errores de hecho en la apreciaci\u00f3n de este medio de prueba, rodea al indicio como tal, que para ser considerado por el Juez debe estar plenamente probado en el proceso (art. 248 C.P.C.), de suerte que se incurrir\u00e1 en tal yerro si el Juez establece la existencia de un hecho desconocido a partir de un hecho indiciario que no fue probado, o si est\u00e1ndolo ignor\u00f3 su presencia, o advirti\u00e9ndolo le neg\u00f3 la posibilidad de generar conocimiento de otro hecho, o provoc\u00f3 uno con desd\u00e9n hacia la prueba que obra en el expediente, sin perjuicio, por supuesto, de las fallas inherentes a su apreciaci\u00f3n, vinculadas a la concordancia y convergencia que debe existir entre unos y otros, as\u00ed como entre todos ellos y los restantes medios de prueba recaudados, como lo impone el principio de la unidad de la prueba que albergan los art\u00edculos 187 y 250 del C.P.C. <\/p>\n
4. Ahora bien, trat\u00e1ndose de procesos de filiaci\u00f3n extramatrimonial, cuya pretensi\u00f3n se soporta en la presunci\u00f3n de paternidad contemplada en la causal cuarta del art\u00edculo 6\u00ba de la ley 75 de 1968, referida a las relaciones sexuales entre la madre y el presunto padre para la \u00e9poca en que seg\u00fan el art\u00edculo 92 del C\u00f3digo Civil pudo tener lugar la concepci\u00f3n, las que podr\u00e1n inferirse de numerosos hechos indicadores o del trato personal y social entre ellos, seg\u00fan lo previsto en la ley, ha precisado esta Corporaci\u00f3n que \u201c\u2026 el trato del cual han de inferirse las relaciones \u00edntimas de la pareja, no solo debe quedar plenamente establecido en lo atinente a su naturaleza, intimidad y continuidad, como lo exige la ley, sino que el material probatorio debe acreditar con igual celo que ese trato se present\u00f3 adem\u00e1s en la \u00e9poca en que se presume la concepci\u00f3n\u201d (Sent. de abril 23\/98). <\/p>\n
En este orden de ideas, se ha puntualizado suficientemente que el dictamen pericial antropoheredo-biol\u00f3gico que se obtiene dentro de una investigaci\u00f3n de filiaci\u00f3n extramatrimonial, en el que se concluye \u00fanicamente con la indicaci\u00f3n de compatibilidad entre el hijo y su presunto padre o madre, s\u00f3lo es susceptible de una valoraci\u00f3n eventual y, de suyo, relativa, am\u00e9n que circunstancial, pues la ley ordena que se \u201c\u2026valorar\u00e1, seg\u00fan su fundamentaci\u00f3n y pertinencia\u201d (inc. 1\u00ba art. 7\u00ba ley 75\/68). De all\u00ed que si bien sea una prueba determinante y concluyente para excluir la presunta filiaci\u00f3n cuando se niegue la compatibilidad, no es menos cierto que, en caso de afirmarse, no constituye una prueba necesaria e inequ\u00edvoca de la paternidad, menos directa y, por contera, irrefragable de la misma, esto es, con virtualidad suficiente para excluir la convergencia de otras pruebas. Lo anterior, habida cuenta de que ese medio de probanza resulta impotente, \u2018per se\u2019, para acreditar con \u00e9xito y, sobre todo con certeza, la paternidad, al contrario de lo que tiene lugar en punto tocante con pruebas cient\u00edficas m\u00e1s modernas y sofisticadas, as\u00ed como reveladoras, entre otras la denominada del DNA, divergente de las que obran en el plenario. <\/p>\n
Es por ello, entonces, que la aludida experticia podr\u00e1 catalogarse como un indicio que, si bien facilita o coadyuva a la valoraci\u00f3n positiva de las dem\u00e1s apreciaciones probatorias, tambi\u00e9n lo es que, en s\u00ed misma, no contribuye al establecimiento certero de la paternidad, raz\u00f3n por la cual no puede valorarse como prueba capaz de inferir, con alto grado de probabilidad, la filiaci\u00f3n reclamada. Porque si la referida conclusi\u00f3n encierra la mera posibilidad de que el hijo pueda serlo o no de su respectivo padre, ello est\u00e1 indicando, in abstracto, que – en igualdad cuantitativa – puede ser tanto lo uno como lo otro, situaci\u00f3n que, por consiguiente, excluye una mayor probabilidad de car\u00e1cter positivo o directo de la filiaci\u00f3n. Lo anotado explica que esta Corporaci\u00f3n haya se\u00f1alado que \u201cel indicio que se deduce de la compatibilidad de caracteres gen\u00e9ticos entre el presunto padre y quien respecto de \u00e9l reclama ser su hijo, no es en el estado actual de la ciencia un indicio necesario, sino meramente contingente, raz\u00f3n esta por la cual, por s\u00ed solo no puede servir de fundamento de una sentencia que declare la filiaci\u00f3n paterno-filial que se investiga, y solo puede apoyar un fallo favorable a esa pretensi\u00f3n cuando sea concurrente y convergente con otros hechos indicadores de la paternidad impetrada\u2026\u201d. (Sent. de noviembre 24\/94). <\/p>\n
En sentido similar se pronunci\u00f3 la Corte en providencia del 6 de junio de 1.995, se\u00f1alando que si \u201c\u2026bien el resultado positivo de grupos sangu\u00edneos, no excluye la posibilidad de que una persona sea el padre de un ni\u00f1o, ello no puede resolverse en la tesis de que tal resultado sea prueba cient\u00edfica de la paternidad de aquella. Sin duda que lo cient\u00edfico de la prueba es tan s\u00f3lo su car\u00e1cter negativo o excluyente, o como recientemente se reiter\u00f3: \u2018el resultado de la prueba no se\u00f1ala paternidad, sino que la descarta\u2019 \u201d. <\/p>\n
5. Una vez establecidas las anteriores premisas de tipo general, pertinentes para el examen puntual del caso sometido a la consideraci\u00f3n de la Corte, aborda seguidamente la Sala las acusaciones segunda y tercera, que, por su inescindible conexi\u00f3n jur\u00eddica y f\u00e1ctica, ser\u00e1n estudiadas y despachadas conjuntamente, como ya se anunci\u00f3. <\/p>\n
El Tribunal, para confirmar el fallo del a-quo, apoy\u00f3 su decisi\u00f3n en dos indicios, uno de ellos fundado en dos hechos. En efecto, de un lado, afirm\u00f3 que existe un indicio \u201cimportante\u201d en el resultado de los ex\u00e1menes gen\u00e9ticos practicados en la primera instancia (fl. 60 c.1) y en el de H.L.A. que obra a folio 44 del cuaderno 5, cuya conclusi\u00f3n fue la \u201ccompatibilidad\u201d entre el presunto padre y la menor Andrea G\u00f3mez y, del otro, dedujo un indicio de la inasistencia injustificada del demandado a las audiencias de interrogatorio de parte que deb\u00edan practicarse los d\u00edas 19 de noviembre de 1990 y 10 de abril de 1992 (fls. 41 y 119 c.1), el cual calific\u00f3 como grave. <\/p>\n
El censor, por su parte, reprocha que el primero de tales indicios no tiene la gravedad que le asign\u00f3 el sentenciador, pues es contingente, mientras que el segundo de ellos es un simple indicio, tampoco grave, seg\u00fan lo precisa el inciso segundo del art\u00edculo 202 del C.P.C. Tales los errores de hecho y de derecho que, en su orden, se predican del fallo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no est\u00e1n llamadas a prosperar las censuras formuladas a la sentencia, pues el Tribunal, mediante un razonamiento que en casaci\u00f3n, con prescindencia de su validez cualitativa, se presume atinado – en desarrollo de la presunci\u00f3n de acierto que reviste la sentencia dictada por el fallador de segundo grado -, encontr\u00f3 probada la filiaci\u00f3n con base en la articulaci\u00f3n de esos dos indicios, cuya apreciaci\u00f3n no estructura un error de hecho, harto exigente, como se sabe, por las siguientes razones b\u00e1sicas: <\/p>\n
A) En cuanto a los dict\u00e1menes periciales, aunque por regla general – trat\u00e1ndose de la materia que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala – tan solo sirven como un indicio llamado a corroborar las dem\u00e1s pruebas positivas, m\u00e1xime si no van acompa\u00f1ados de razones excepcionales o puntuales que les otorguen \u201cfundamentaci\u00f3n y pertinencia\u201d (art. 7 ley 75\/68), como atr\u00e1s se dijo, no constituye un error evidente o manifiesto su calificaci\u00f3n como \u201cimportante\u201d, en la medida en que esa ponderaci\u00f3n no raya con lo absurdo o il\u00f3gico, de forma tal que eclipse el entendimiento, independientemente de que se comparta o no el raciocinio judicial – como tambi\u00e9n se anot\u00f3 en l\u00edneas preliminares -, pues como lo ha sostenido en el pasado esta Sala, del hecho cierto consistente en que no prospere un determinado ataque contra un fallo, no puede decirse que la Corte est\u00e9 avalando los cimientos de la sentencia o la sensatez de los juicios que en ella se plasman, dados los rasgos tan singulares que, ab initio, estereotipan la casaci\u00f3n. Lo anterior adquiere mayor relieve, si se tiene en cuenta que el Tribunal no dedujo la paternidad de la sola circunstancia de la compatibilidad sangu\u00ednea, situaci\u00f3n que de haber ocurrido, ciertamente provocar\u00eda el quebranto inmediato de la sentencia. <\/p>\n
Para los efectos del reproche que se formula contra la decisi\u00f3n del Tribunal, no puede afirmarse la equivalencia o simetr\u00eda entre el indicio grave y el se\u00f1alamiento de importante que a uno de ellos le haya dado el juzgador, pues este adjetivo tan solo refleja que para el Tribunal dicha compatibilidad adquiere relevancia en la medida en que existen otros medios de prueba que asisten a la conclusi\u00f3n. Si, como es sabido, \u201cLas pruebas deber\u00e1n ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana cr\u00edtica\u201d (art. 187 C.P.C.) – principio de unidad que en materia de indicios reitera el art\u00edculo 250 del C\u00f3digo de Procedimiento civil, seg\u00fan el cual el Juez deber\u00e1 valorarlos \u201cteniendo en consideraci\u00f3n su gravedad, concordancia y convergencia, y su relaci\u00f3n con las dem\u00e1s pruebas que obren en el proceso\u201d -, nada impide, entonces, que el juzgador le otorgue a uno de ellos una especial significaci\u00f3n atendiendo el convencimiento que, en conjunto, los diversos medios de prueba le generen. Ello es consecuencia natural del sistema de valoraci\u00f3n probatoria que prohija el ordenamiento procesal civil, fundado en la aplicaci\u00f3n de reglas de sana cr\u00edtica que no han sido dictadas y que le permiten al Juez persuadirse racionalmente, \u201ccon arreglo a principios l\u00f3gicos y de experiencia, ordenados de acuerdo con las reglas que hoy se admiten para juzgar las cosas; es decir, de acuerdo con los principios admitidos por la l\u00f3gica y de acuerdo con las m\u00e1ximas de la experiencia que nos da la observaci\u00f3n diaria de la vida\u201d (Eduardo J. Couture. En Estudios de Derecho Procesal Civil. Ediciones Depalma. Buenos Aires, T. II, p\u00e1g., 320). <\/p>\n
Por tanto, el m\u00e9rito otorgado al indicio en cuesti\u00f3n no puede considerarse como emergente de su propia naturaleza, sino como dimanante de la apreciaci\u00f3n que, en conjunto, hizo el Tribunal de las pruebas obrantes en el expediente. Y esa ponderaci\u00f3n, se repite, es del fuero del sentenciador de instancia, intocable en casaci\u00f3n cuando no existe contraevidencia. De ah\u00ed que el yerro que se enrostra a la sentencia no sea manifiesto, pues, como atr\u00e1s se se\u00f1al\u00f3, no se advierte a simple vista como una flagrante equivocaci\u00f3n del fallador de segundo grado. <\/p>\n
B) En lo que ata\u00f1e al indicio que deriv\u00f3 el fallador de la inasistencia del demandado a los interrogatorios de parte para los cuales fue convocado, tanto a solicitud de la demandante (fl. 41 c. 1), como el que ordenara de oficio el Juez a quo (fl.117 c.1), aunque podr\u00eda estimarse que el Tribunal incurri\u00f3 en error al calificarlo como grave, puesto que el inciso segundo del art\u00edculo 202 del C.P.C. tan solo permite apreciar esa conducta remisa como indicio, en todo caso este reproche s\u00f3lo resulta v\u00e1lido frente a la \u00faltima de las hip\u00f3tesis mencionadas, esto es, por la no comparecencia del se\u00f1or Trujillo al llamado que motu proprio le hizo el Juez, en uso de las facultades oficiosas que le confieren los art\u00edculos 179 y 180 del C.P.C.. Pero en nada afecta, desde esta espec\u00edfica y puntual acusaci\u00f3n, el indicio que crey\u00f3 ver el sentenciador por la observancia de igual comportamiento frente a la diligencia en la que la parte demandante pretendi\u00f3 interrogar a su demandado (art. 249 C.P.C.), independientemente de si ese era el efecto probatorio concreto se\u00f1alado por la ley. <\/p>\n
Por consiguiente, si el indicio en cuesti\u00f3n se sostiene en dos hechos que no se pueden confundir por la simple coincidencia en el efecto probatorio se\u00f1alado por el juzgador, el ataque a uno solo de ellos, por pertinente y exitoso que sea, impide que la acusaci\u00f3n pueda realmente prosperar, sobreviviendo el fallo combatido con amparo en el medio que le sirve de piedra de toque, pues, como en otra parte se anot\u00f3, \u201c\u2026 cuando la sentencia impugnada se funda en varios pilares de orden probatorio y la acusaci\u00f3n viene montada por la causal primera de casaci\u00f3n por v\u00eda indirecta, es menester que se ataque y destruyan todos los soportes de ella para poder infirmarla, pues si la impugnaci\u00f3n no comprende la totalidad de los puntos de apoyo que le sirven de fundamento, o si a\u00fan atac\u00e1ndolos queda por lo menos uno que sea suficiente para respaldar la sentencia, esta no puede ser quebrada (Cas. Civ. Del 15 de abril de 1997). <\/p>\n
C) Adicionalmente, si en gracia de discusi\u00f3n se admitiera que en la apreciaci\u00f3n de los informes de compatibilidad el Tribunal incurri\u00f3 en evidente error de hecho, en todo caso ser\u00eda intrascendente, dada la fuerza de los restantes medios de prueba, que aparejados al m\u00e9rito que a aquellos legalmente corresponde, conducir\u00edan a la misma decisi\u00f3n que, como tal, es menester preservar en guarda de las exigencias que caracterizan a la casaci\u00f3n, en un todo de acuerdo con lo rese\u00f1ado en las consideraciones de tipo general, ya esgrimidas. <\/p>\n
En efecto, si a la inasistencia del demandado a la diligencia de interrogatorio de parte que deb\u00eda llevarse a cabo el 19 de noviembre de 1990 (fl. 41 c.1), por petici\u00f3n de la demandante, se le otorga la consecuencia probatoria de confesi\u00f3n presunta que la ley procesal invariablemente le asigna, pues as\u00ed lo establece el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 210 del C.P.C., con irrefragable car\u00e1cter general, tendr\u00eda que tenerse como hecho probado que entre la madre y el presunto padre existieron relaciones sexuales \u201cen mayo de 1979\u201d (hecho cuarto de la demanda, fl. 5 c.1), tiempo probable de la concepci\u00f3n de Andrea G\u00f3mez, lo que conduce a establecer la presunci\u00f3n de paternidad consagrada en la causal cuarta del art\u00edculo 6\u00ba de la ley 75 de 1968 y, con soporte en ella, provocar la declaraci\u00f3n de filiaci\u00f3n solicitada. Esta es la consecuencia, de suyo severa, que fluye de la \u201c\u2026no comparecencia del citado a la audiencia\u201d, situaci\u00f3n de hecho predicable, justamente, de la conducta asumida por el se\u00f1or Trujillo, quien dej\u00f3 de asistir al interrogatorio que deb\u00eda adelantarse el 19 de noviembre de 1990, convocado por petici\u00f3n de su demandante, efecto aquel que debi\u00f3 mensurar, en la medida en que \u201cla ley no tiene en absoluto en cuenta en la rebeld\u00eda el elemento subjetivo de la voluntariedad, sino s\u00f3lo el elemento objetivo de la no comparecencia\u201d (Giuseppe Chiovenda. Instituciones de Derecho Procesal Civil. V. III. Editorial Revista de Derecho Privado. Madrid. 1940. P\u00e1g., 266) <\/p>\n
A este respecto cabe recordar, que no se puede asimilar la prueba del estado civil con la de los hechos que pueden dar lugar a su establecimiento. En el primer caso, debiendo constar en el registro respectivo, la ley ha estatuido que para acreditarlo es necesaria la \u201ccopia de la correspondiente partida o folio, o con certificados expedidos con base en los mismos\u201d (art. 105 Dec. 1260\/70). En la segunda hip\u00f3tesis, cualquier medio de prueba es \u00fatil para ese prop\u00f3sito, entre ellos la confesi\u00f3n, sea real o ficta, tal como lo ha se\u00f1alado la Corte en otros fallos, como es de apreciar en el calendado en noviembre 29 de 1982, en el cual se afirm\u00f3, en torno a la causal de filiaci\u00f3n de que se trata, que \u201csi el demandado, en proceso de filiaci\u00f3n natural propuesto con base en que existe la cuarta de las presunciones de paternidad, acepta que es una misma la persona con quien tuvo las relaciones sexuales durante la \u00e9poca en que fue concebido el demandante, y la madre de este, tal prueba es suficiente para hacer la declaraci\u00f3n de paternidad sin que sea necesario el aporte de copia de la partida o folio del libro de nacimientos o el certificado notarial correspondiente\u201d (G.J. CLXV, p\u00e1gs. 327,328) <\/p>\n
Es de se\u00f1alar, por su relevancia, que ninguna distinci\u00f3n legal cabe hacer entre el poder de convencimiento que se asigna a la confesi\u00f3n que directamente hace el se\u00f1alado padre, de aquella que se presume como efecto de la inasistencia injustificada a la audiencia en que su contraparte pretende provocarla, o de la renuencia a responder o de las respuestas evasivas, sea que la presunci\u00f3n de ser ciertos se predique de los hechos \u201csobre los cuales versan las preguntas asertivas admisibles, contenidas en el interrogatorio escrito\u201d, o, en defecto de \u00e9ste, de los contenidos en la demanda o la contestaci\u00f3n a las excepciones de m\u00e9rito que se hubieren propuesto (art. 210 C.P.C.). Ese es el costo, se reitera, que probatoriamente asume la parte rebelde al llamado leg\u00edtimo de su contraria, que no podr\u00eda ser premiado – a juicio del legislador procesal -, con un efecto distinto del que inspira la convocatoria. <\/p>\n
Siendo as\u00ed las cosas, resulta claro que ninguna incidencia en la parte dispositiva de la sentencia tienen los errores que se predican de ella, \u201clo que cuando acaece determina que la Corte no debe ocuparse del examen de los errores delatados, dada su inocuidad\u201d (G.J. CCXLIX. 2do. sem. 1997. V. II. P\u00e1g., 1605) <\/p>\n
D) Finalmente, si el juzgador de segunda instancia consider\u00f3, dentro de su amplia, a fuer que l\u00edcita, facultad de apreciaci\u00f3n de las pruebas, que con base en los prenombrados dos indicios (el que dedujo de los informes periciales y el que advirti\u00f3 por la inasistencia del demandado a los interrogatorios de parte), encontraba acreditados los elementos que daban prosperidad a las pretensiones, se insiste, ese juicio se enmarca dentro de la soberan\u00eda hermen\u00e9utica otorgada por las disposiciones legales que en Colombia rigen la materia, sin que sea posible su desconocimiento en esta sede extraordinaria, con mayor raz\u00f3n si no se acredit\u00f3 que a ellos se opone de manera categ\u00f3rica la evidencia de los hechos. <\/p>\n
6. En s\u00edntesis, los errores de hecho que se endilgan a la sentencia cuestionada no son evidentes, ni trascendentes, en s\u00ed mismos considerados, a la luz de lo que la ley y la jurisprudencia tienen establecido. Lo primero, porque el juicio de valor que hizo el Tribunal, muy a pesar de las falencias y reproches que ciertamente se le pueden atribuir, no vulnera – por lo menos con la evidencia necesaria – el recto entendimiento que le corresponde a las pruebas recaudadas; lo segundo, porque ninguno de ellos conduce a una decisi\u00f3n diferente de la que se adopt\u00f3, si se justiprecian los medios de prueba en su real m\u00e9rito. <\/p>\n
7. De todo lo se\u00f1alado, entonces, se impone que los cargos no prosperan, sin que sea necesario referirse a las observaciones finales que, ex latere, hace el casacionista en su demanda, para desvirtuar, en sede de instancia, los efectos probatorios que dedujo el sentenciador de primer grado, consideraciones hechas, en su sentir, \u201cal margen del recurso de casaci\u00f3n\u201d (fl. 26 c. 6). <\/p>\n
VI. DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 14 de Octubre de 1994 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogot\u00e1, en el proceso de investigaci\u00f3n de la paternidad extramatrimonial promovido por CLAUDIA GOMEZ JARAMILLO, en representaci\u00f3n de su menor hija ANDREA GOMEZ, contra JULIAN TRUJILLO POSADA. <\/p>\n
Costas del recurso de casaci\u00f3n a cargo del recurrente. Liqu\u00eddense. <\/p>\n
C\u00f3piese, notif\u00edquese y devu\u00e9lvase al Tribunal de origen. <\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
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S-123-99 [5320] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL Y AGRARIA Magistrado ponente: CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO Santa Fe de Bogot\u00e1 D.C., diez (10) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) Referencia: Expediente No. 5320 Se ocupa la Corte del recurso extraordinario […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81726","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81726","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81726"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81726\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81726"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81726"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81726"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}