S-124-99 [5294]<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA <\/p>\n
SALA DE CASACION CIVIL y AGRARIA <\/p>\n
Magistrado Ponente: <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
Santa Fe de Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) <\/p>\n
Referencia: Expediente No. 5294 <\/p>\n
Decide la Corte el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por EDUARDO MENESES VELA, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogot\u00e1 -Sala Civil-, el 8 de agosto de 1994, en el proceso ordinario promovido por el recurrente contra GLORIA MENESES DE MURIEL. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante demanda presentada ante el Juzgado Civil del Circuito de T\u00faquerres (Nari\u00f1o), el se\u00f1or Eduardo Meneses Vela convoc\u00f3 a la se\u00f1ora Gloria Meneses de Muriel a un proceso ordinario de mayor cuant\u00eda para que, luego de cumplidas las formalidades propias del mismo, se declarara que en el predio denominado El P\u00e1ramo, ubicado en el Municipio de Sapuyes (Nari\u00f1o), alinderado como se dej\u00f3 consignado en la primera pretensi\u00f3n, el demandante realiz\u00f3 unas mejoras cuyo valor asciende a la suma de $16’274.092.oo moneda corriente que la demandada deber\u00eda pagar al actor, actualizada conforme al precio del gramo oro a la fecha en que se le imponga la condena. <\/p>\n
2. Como fundamentos f\u00e1cticos de sus pretensiones manifest\u00f3 el demandante, en resumen, los siguientes hechos: <\/p>\n
B. El proceso culmin\u00f3 con la fijaci\u00f3n de los linderos respectivos y con la entrega de una porci\u00f3n de terreno a favor de la se\u00f1ora Gloria Meneses, dej\u00e1ndose a salvo el derecho del se\u00f1or Eduardo Meneses para reclamar las mejoras efectuadas en el inmueble, reconocidas por el Juzgado Civil del Circuito, mediante auto del 9 de mayo de 1987. <\/p>\n
C. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, Sala Civil, mediante providencia de 9 de junio de 1987, confirm\u00f3 parcialmente la anterior decisi\u00f3n, pues se\u00f1al\u00f3 que \u201cno habi\u00e9ndose despejado las dudas respecto al valor de las mejoras, no es posible se\u00f1alar suma concreta y por consiguiente, a la parte demandada le queda el derecho de hacer avaluar sus mejoras para exigir el reintegro de una suma determinada\u201d (fl. 30 c. 1). <\/p>\n
D. En la diligencia de entrega, practicada como consecuencia de las anteriores decisiones, de igual modo se reconoci\u00f3 el derecho al se\u00f1or Meneses, quien para hacer efectivo el pago de las mejoras reconocidas, ulteriormente promovi\u00f3 un incidente ante el Juzgado Civil del Circuito de T\u00faquerres, presentando para el efecto una liquidaci\u00f3n por el valor de \u00e9stas, tr\u00e1mite que le fue rechazado \u201cpor no existir condena in genere o en abstracto\u201d, mediante providencia de septiembre 1\u00b0 de 1987 (fl. 532 c. de copias). <\/p>\n
3. Se precisa destacar que, de conformidad con lo reconocido por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Pasto, la parte demandada dentro del proceso de deslinde y amojonamiento \u201cno present\u00f3 la demanda dentro de los 10 d\u00edas previstos por la ley, y \u2026 si bien formul\u00f3 la demanda en dicho t\u00e9rmino, lo hizo invocando como petici\u00f3n principal la declaratoria erga omnes de la prescripci\u00f3n extraordinaria de dominio del fundo EL PARAMO, por haberlo pose\u00eddo durante m\u00e1s de 20 a\u00f1os\u201d (fl. 144, c.5) <\/p>\n
4. Cumplida la diligencia de notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda y efectuado el traslado y entrega de los correspondientes anexos, la demandada dio contestaci\u00f3n al libelo oponi\u00e9ndose a las pretensiones formuladas en su contra. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con los hechos, acept\u00f3 que se realiz\u00f3 la diligencia de deslinde referida en la demanda. Adujo tambien que, para el pago de las mejoras reclamadas, el demandante no agot\u00f3 el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 308 del C. de P. C. entonces vigente. Respecto de la inspecci\u00f3n judicial con intervenci\u00f3n de peritos practicada por el Juzgado Promiscuo de Sapuyes e invocada por el actor, dijo que se trata de una prueba anticipada en la que echaba de menos su citaci\u00f3n. <\/p>\n
5. Como excepciones de m\u00e9rito para enervar las pretensiones, propuso, adem\u00e1s de la gen\u00e9rica fundada en cualquier hecho que permita desconocer la pretensi\u00f3n, la de \u201cFalta de acci\u00f3n o de derecho para demandar\u201d (fl. 75, c.1). <\/p>\n
6. Tambi\u00e9n formul\u00f3 la demandada las excepciones previas de \u201cfalta de competencia\u201d y \u201ccaducidad\u201d. Y fue por haber sido declarada la primera, que se orden\u00f3 remitir el proceso a los Juzgados Civiles del Circuito de Santa Fe de Bogot\u00e1, correspondi\u00e9ndole por reparto al Primero de los citados despachos (fs. 45 y 46 c. 2). <\/p>\n
7. Decretadas y practicadas las pruebas se dispuso que las partes alegaran de conclusi\u00f3n, tras lo cual se profiri\u00f3 sentencia que deneg\u00f3 las pretensiones de la demanda y declar\u00f3 probadas las excepciones de \u201cFalta de causa\u201d e \u201cInexistencia de la obligaci\u00f3n, por falta de prueba\u201d. <\/p>\n
8. Apelado el fallo del a-quo, el Tribunal desat\u00f3 el recurso interpuesto por el demandante y mediante decisi\u00f3n proferida el 8 de agosto de 1994, confirm\u00f3 la sentencia recurrida. <\/p>\n
9. Inconforme con la providencia del Tribunal, la parte demandante interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, de cuya decisi\u00f3n se ocupa ahora la Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
II. LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. Luego de la acostumbrada s\u00edntesis de las pretensiones de la demanda, de la posici\u00f3n que asumi\u00f3 la parte demandada frente a ellas y de la actuaci\u00f3n que se desarroll\u00f3 durante la primera instancia, el Tribunal advirti\u00f3 que se encontraban reunidos los presupuestos procesales y que, en consecuencia, proced\u00eda el pronunciamiento de la correspondiente sentencia. <\/p>\n
3. Afirm\u00f3 el Tribunal que, como se observa a folios 355 y siguientes del cuaderno No. 4, el juzgado de conocimiento, por auto de 23 de octubre de 1984 -confirmado posteriormente por la providencia de 4 de febrero de 1985 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto-, rechaz\u00f3 la demanda mediante la cual el se\u00f1or Meneses formaliz\u00f3 la oposici\u00f3n a la l\u00ednea demarcatoria trazada por el Juez en la diligencia de deslinde, por lo que en providencia de 28 de septiembre de 1985 se declar\u00f3 en firme el deslinde practicado y se procedi\u00f3 a la entrega de la zona de terreno que correspond\u00eda a la demandante Gloria Meneses de Muriel (fls. 393 y ss. c. 4). <\/p>\n
4. Agreg\u00f3 el ad-quem que, luego de la diligencia de entrega iniciada el 14 de febrero de 1986 y concluida el 27 de agosto de 1987, se recibieron testimonios, se aportaron documentos y se escucharon \u201copiniones periciales\u201d, (fl. 45 c.5) pruebas \u00e9stas tendientes a demostrar la existencia y el valor de las mejoras, con amplia oportunidad de las partes para \u00abcontradecir la prueba y discutir al respecto de las decisiones de primera instancia ante el superior\u00bb. El Tribunal puso fin a esta actuaci\u00f3n con la orden de entregar a la demandante \u201cla zona de terreno en disputa\u201d; revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del inferior en cuanto hab\u00eda reconocido \u201cmejoras en la suma de $3’545.800\u201d y agreg\u00f3 que el demandado quedaba en libertad para que hiciese \u201cvaler sus derechos a las mejoras, oportunamente\u201d (fl. 46, c.5). <\/p>\n
5. De igual manera, trazado ya el lindero en el proceso de deslinde y amojonamiento a que se ha hecho alusi\u00f3n, Eduardo Meneses Vela intent\u00f3 promover un incidente para la liquidaci\u00f3n del valor de las mejoras, que fue rechazado por considerar el juzgador, que no se configuraba ninguna de las hip\u00f3tesis f\u00e1cticas previstas en los art\u00edculos 308 y 339 del C. P. C. -vigente para la \u00e9poca-, conforme aparece en auto del 1\u00ba de septiembre de 1987 (fl. 37 c. 2). <\/p>\n
6. Asever\u00f3 luego el Tribunal que, en virtud de las actuaciones procesales mencionadas en los numerales precedentes, quedaba claro que el aqu\u00ed demandante \u201ctuvo cierta e indiscutida oportunidad judicial para obtener el reconocimiento y pago de las mejoras\u201d (fl. 46 c. 5), no s\u00f3lo en el momento de formalizar la demanda de oposici\u00f3n al deslinde a que alude el art\u00edculo 465, numeral 1\u00b0 del C. de P. C., sino, tambi\u00e9n, con posterioridad a la oposici\u00f3n efectuada en la diligencia de entrega de la zona que correspondi\u00f3 a Gloria Meneses, luego de trazada la l\u00ednea demarcatoria, de acuerdo con lo preceptuado por el art\u00edculo 466 del mismo C\u00f3digo. <\/p>\n
De tal suerte que, si la demanda en cuesti\u00f3n fue rechazada y, adem\u00e1s, el demandado fracas\u00f3 luego en la oposici\u00f3n, para que se le reconocieran las mejoras, as\u00ed como su valor con derecho de retenci\u00f3n hasta obtener el pago, no puede ahora ejercer el derecho de acci\u00f3n, para intentar nuevamente el reconocimiento y pago de las mismas, pues ya se produjo el decaimiento o caducidad de ese derecho. Las anteriores razones llevaron al Tribunal a confirmar la decisi\u00f3n del a quo. <\/p>\n
III. LA DEMANDA DE CASACION <\/p>\n
Tres cargos se formularon en la demanda de casaci\u00f3n presentada por la parte demandante contra la sentencia del Tribunal, con respaldo en la primera de las causales consagradas por el art\u00edculo 368 del C. de P.C., cargos que la Corte procede a depachar en el orden propuesto. <\/p>\n
1. Cargo Primero <\/p>\n
Con apoyo en la primera de las causales de casaci\u00f3n consagradas por el art\u00edculo 368 del C. de P. C., el recurrente acus\u00f3 en este cargo la sentencia impugnada, por \u201cser violatoria en forma directa de los art\u00edculos 5o. y 8o. de la Ley 153 de 1887 y del art\u00edculo 739 del C\u00f3digo Civil\u201d (fl.. 7, c. Corte). <\/p>\n
En la argumentaci\u00f3n expuesta para sustentar la acusaci\u00f3n, afirm\u00f3 que \u00aben desarrollo de la normatividad contenida en los art\u00edculos 4\u00b0, 5\u00b0, 8\u00b0 y 48 de la Ley 153 de 1887\u00bb, una de las fuentes de las obligaciones en el derecho colombiano es el enriquecimiento sin causa, cuyos elementos estructurales record\u00f3 el impugnador, as\u00ed: \u201c1.- Que haya un enriquecimiento. 2.- Que se produzca un empobrecimiento relativo. 3.- Que la ventaja patrimonial obtenida por el enriquecimiento carezca de causa. 4.- Que la persona que ejercita la acci\u00f3n de in rem verso carezca de otro medio o acci\u00f3n con base en una de las otras fuentes de las obligaciones o en los derechos absolutos y, 5.- Que no se pretenda soslayar una disposici\u00f3n imperativa de la ley.\u201d (fl. 7, c. Corte). <\/p>\n
Sentado lo anterior, manifest\u00f3 que, en este caso, tales elementos se encuentran debidamente acreditados, pues se halla establecido que en la parte del predio El P\u00e1ramo, que correspondi\u00f3 a Gloria Meneses, se encuentran las mejoras de que trata la demanda, las cuales fueron plantadas por el demandante, \u201cen el convencimiento de que el predio El P\u00e1ramo era de su propiedad y con anterioridad a la fecha en la cual se dej\u00f3 en posesi\u00f3n de dicho predio a la demandada\u201d. Dijo que estas mejoras no pudieron ser reconocidas en la diligencia de deslinde y amojonamiento, practicada por el se\u00f1or Juez del Circuito de T\u00faquerres, por lo que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, en providencia de 9 de junio de 1987, visible a folio 173 del cuaderno No. 3, expres\u00f3 que el ahora demandante podr\u00eda \u201chacer valer sus derechos a las mejoras oportunamente\u201d. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, expres\u00f3 el censor que el \u00fanico medio que ten\u00eda a su disposici\u00f3n para obtener el aval\u00fao y pago de tales mejoras era el proceso ordinario, que, en su sentir, result\u00f3 evidente por el hecho de que \u201cel mismo juez de instancia rechaz\u00f3 de plano el pretendido incidente de liquidaci\u00f3n de mejoras tal como consta al cuaderno No. 4, folio 532, auto de septiembre 1\u00b0 de 1987\u201d (fl. 7, c. Corte). <\/p>\n
Luego, el impugnador asever\u00f3 que en este proceso \u201cno se est\u00e1 acudiendo sino al cumplimiento de la decisi\u00f3n judicial y por motivo alguno se soslaya la normatividad\u201d (fl. 7 y 8, cdno. Corte), m\u00e1xime si se tiene en cuenta que el aqu\u00ed demandante, en virtud de la decisi\u00f3n aludida, \u201cperdi\u00f3 la posesi\u00f3n sobre el predio El P\u00e1ramo puesto que en ella se dej\u00f3 a la se\u00f1ora Gloria Meneses de Muriel y de consiguiente Eduardo Meneses Vela, goza de la acci\u00f3n personal para lograr el reembolso del valor de las mejoras que en dicho predio plant\u00f3, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 739 del C\u00f3digo Civil que es precisamente una de las normas violadas por la sentencia acusada\u201d (fl. 8, c. Corte). <\/p>\n
De esta manera, en opini\u00f3n del censor, la sentencia recurrida, en cuanto dio por \u201ccaducado el derecho al reconocimiento y pago de las mejoras\u201d a que se refiere la demanda, prohij\u00f3 \u201cun enriquecimiento injusto en favor de la aqu\u00ed demandada, en detrimento patrimonial (empobrecimiento) de Eduardo Meneses Vela\u201d. Por esta raz\u00f3n, incurri\u00f3 en violaci\u00f3n directa por falta de aplicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial cuya transgresi\u00f3n se denunci\u00f3 en este cargo. <\/p>\n
Siendo ello as\u00ed, se impone casar la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, se revoque luego la de primer grado y se acceda a las s\u00faplicas de la demanda. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El recurrente invoc\u00f3 como fundamento de la primera censura, como se indic\u00f3, que con el fallo impugnado, fundado en el decaimiento del derecho de su poderdante, se produjo un enriquecimiento injusto en cabeza de la demandada y en detrimento del se\u00f1or Meneses Vela. <\/p>\n
Al rompe, se observa que este planteamiento del recurrente constituye una novedad en el proceso, que no fue sometido en las instancias correspondientes, de conformidad con las disposiciones legales, pues el enriquecimiento sin causa, conforme lo tiene sentado la jurisprudencia, constituye una pretensi\u00f3n en s\u00ed misma considerada, que requiere su encausamiento por medio de una demanda que da origen al proceso jurisdiccional correspondiente. <\/p>\n
As\u00ed formulada la censura, de antemano, encuentra la Corte que el cargo en referencia no se encuentra debidamente ajustado a los requerimientos legales, ni jurisprudenciales pertinentes, pues lo que realmente est\u00e1 planteando el casacionista en su recurso es un t\u00edpico medio nuevo, m\u00e1s a\u00fan, una nueva pretensi\u00f3n -como fue la aducci\u00f3n del enriquecimiento sin causa-, cuya interposici\u00f3n, a m\u00e1s de subsidiaria por su propia naturaleza -como se ver\u00e1-, no puede ser materia de un recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en donde lo que se debate es la legalidad del fallo del Tribunal frente a las pretensiones formuladas en la demanda, los supuestos f\u00e1cticos y pruebas del proceso. <\/p>\n
Asuntos -o desarrollos- nuevos y ajenos al tema in iudicando, por atinados que en gracia de discusi\u00f3n resulten, est\u00e1n llamados a ser desatendidos y, de suyo, condenados al fracaso, en desarrollo del basilar, am\u00e9n de arraigado axioma del derecho de defensa, llamado a impedir que una parte sorprenda a la otra con argumentos que no fueron ventilados en las instancias de juzgamiento y, por ende, pasibles de ser controvertidos en juicio, al mismo tiempo que por consideraciones atinentes a la imposibilidad de alterar la causa petendi y al deber de lealtad procesal. <\/p>\n
Este medio \u2018ex novo\u2019 deber\u00e1, como lo ha dicho sistem\u00e1ticamente la jurisprudencia vern\u00e1cula, dejarse de lado, vale decir soslayar su examen, pues plantear argumentos de hecho no debatidos en instancia, no tiene cabida en sede de casaci\u00f3n, pues ello origina el defecto jurisprudencial y doctrinariamente conocido como medio nuevo, respecto del cual esta Corporaci\u00f3n se ha referido en diferentes oportunidades. Al efecto, en sentencia del 22 de marzo de 1988, la Corte explic\u00f3 que as\u00ed como la cr\u00edtica que se formula en casaci\u00f3n a la sentencia del Tribunal por error netamente jur\u00eddico, aunque contenga planteamientos no formulados en las instancias, no tiene el limitante del medio nuevo, \u201c \u2026 no ocurre lo propio cuando el cargo, montado por la v\u00eda indirecta, contiene puntos destinados al ingreso a la litis de un hecho nuevo, porque una parte no puede quedar expuesta, en el recurso extraordinario, a que la otra, a \u00faltima hora la sorprenda con hechos no controvertidos o alegados en las instancias y, por ende, con desconocimiento de la garant\u00eda constitucional de la defensa. Precisamente la Corte, sobre el punto que se viene analizando, ha sostenido de manera reiterada y uniforme, que se quebrantar\u00eda ‘el derecho de defensa si uno de los litigantes pudiese echar mano en casaci\u00f3n de hechos, extremos o planteamientos no alegados o formulados en instancia, respecto de los cuales, si lo hubiesen sido entonces, la contraparte habr\u00eda podido defender su causa. Pero promovidos ya cerrado el proceso, la infirmaci\u00f3n de la sentencia con apoyo en ellos, equivaldr\u00eda a la pretermisi\u00f3n de las instancias, de las formas propias del tr\u00e1mite requerido, con quebranto de la garant\u00eda institucional de no ser condenado sin haber sido o\u00eddo y vencido en juicio’. (G. J. LXXXIII, 76)\u00bb. <\/p>\n
Del mismo modo, esta Corporaci\u00f3n, insistiendo en el aludido punto, expres\u00f3 que ciertamente la sentencia del ad quem no puede enjuiciarse \u201csino con los materiales que sirvieron para estructurarlo; no con materiales distintos, extra\u00f1os y desconocidos. Ser\u00eda de lo contrario, un hecho desleal, no s\u00f3lo entre las partes, sino tambi\u00e9n respecto del tribunal fallador, a quien se le emplazar\u00eda a responder en relaci\u00f3n con hechos o planteamientos que no tuvo ante sus ojos, y a\u00fan respecto del fallo mismo, que tendr\u00eda que defenderse de armas para \u00e9l hasta entonces ignoradas\u201d. (Sentencia No. 006 del 16 de marzo 1999, proceso 5111) <\/p>\n
La precedente posici\u00f3n jurisprudencial, cumple someramente registrarlo, no resulta extra\u00f1a a la doctrina for\u00e1nea sobre la materia. En efecto, el maestro Manuel De la Plaza, luego de avalar las palabras del autor Garsonnet, indic\u00f3 que \u201cel recurso extraordinario, en cuanto censura una actividad in judicando, no puede rebasar los l\u00edmites en que se ejercit\u00f3; y tal ocurrir\u00eda si, extempor\u00e1neamente, se resolviese tesis distinta de la que en la instancia, por determinaci\u00f3n voluntaria de las partes, sometieron estas al juzgador\u201d (Manuel De la Plaza, La Casaci\u00f3n Civil, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1944, pag 161). En igual sentido, el Profesor Salvatore Satta cuando puso de manifiesto que \u201c\u2026 l\u00f3gica del instituto indica que tales cuestiones (las nuevas y ajenas al litigio) no puedan ser admitidas\u201d (Diritto Processuale Civile, Cedam, Padua, 1967, pag. 407). <\/p>\n
De consiguiente, el nov\u00edsimo argumento sobre la existencia o floraci\u00f3n del enriquecimiento sin causa con ocasi\u00f3n del decaimiento del derecho se\u00f1alado por el Tribunal, por raz\u00f3n de su extempor\u00e1nea formulaci\u00f3n, no puede ser examinado por la Corporaci\u00f3n, dado el car\u00e1cter restrivtivo que, \u2018ab initio\u2019, reviste el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Ahora bien, conforme a lo se\u00f1alado en el numeral anterior es menester subrayar que la novedosa pretensi\u00f3n planteada en el recurso extraordinario relativa al enriquecimiento sin causa, tal y como ha sido estructurada por la jurisprudencia nacional e internacional, reclama como uno de sus elementos definitorios e integradores, \u201cque el demandante, a fin de recuperar el bien, carezca de cualquiera otra acci\u00f3n originada por un contrato, un cuasicontrato, un delito, un cuasidelito, o de las que brotan de los derechos absolutos. Por lo tanto, carece igualmente de la acci\u00f3n in rem verso el demandante que por su hecho o por su culpa perdi\u00f3 cualquiera de las otras v\u00edas de derecho. El deber\u00e1 sufrir las consecuencias de su imprudencia o negligencia\u201d, doctrina \u00e9sta que no hace m\u00e1s que reiterar el anunciado car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n de enriquecimiento sin causa \u2013o injustificado-, no solamente con arraigo en la esfera patria, sino tambi\u00e9n en el Derecho Comparado, en general, como se acot\u00f3, en el que se tiene establecido que la acci\u00f3n en comento es un t\u00edpico \u2018remedio supletorio\u2019, a fuer de \u2018extraordinario\u2019 y, en modo alguno, una v\u00eda paralela encaminada a suplir -o a subvertir- los recursos y los procedimientos fijados con antelaci\u00f3n por el ordenamiento jur\u00eddico. Y mucho menos un camino expedito para corregir los errores o las omisiones en que incurri\u00f3 el demandante con antelaci\u00f3n, pues como lo realz\u00f3 esta corporaci\u00f3n hace un apreciable n\u00famero de lustros, \u201c\u2026carece igualmente de la acci\u00f3n el demandante que por su hecho o por su culpa perdi\u00f3 cualquiera de las otras v\u00edas de derecho\u201d (Sentencia del 1 de noviembre de 1.918). <\/p>\n
En este sentido, la doctrina ciertamente es elocuente. A este respecto, el Profesor LUIS JOSSERAND, puntualiz\u00f3 que, a lo expresado \u201c\u2026hay que a\u00f1adir que la acci\u00f3n de \u2018in rem verso\u2019 se rehusa tambi\u00e9n a quien perdi\u00f3, por su culpa o por su hecho, otro medio de derecho; este deber\u00e1 sufrir las consecuencias de su negligencia o de su imprudencia\u201d;\u2026 \u201cla acci\u00f3n de in rem verso, no pretende otra cosa que conjurar un hundimiento del orden jur\u00eddico que hubiera podido asegurarse bajo el \u00e9gida de otra acci\u00f3n,\u2026\u201d (Derecho Civil, T. II, Vol I, Edit: Bosch, Barcelona, 1.950, pag 460). <\/p>\n
Bajo este entendimiento, entonces, la s\u00faplica que fue objeto de litigio no est\u00e1 acorde con la nueva pretensi\u00f3n -y argumentaci\u00f3n- del recurrente, pues aquella constituye, seg\u00fan \u00e9l lo ha venido sosteniendo en las instancias, el medio o mecanismo procesal id\u00f3neo para \u201chacer valer sus derechos a las mejoras\u201d, lo que descarta una reclamaci\u00f3n por la v\u00eda que ahora propone, la que se insiste se estereotipa por la orfandad de acci\u00f3n o v\u00eda precedente. <\/p>\n
3.- En adici\u00f3n a lo manifestado en los numerales que anteceden, importa relievar que el ordinal 3\u00ba. del art\u00edculo 374 del C. de P.C., establece como requisito formal de la demanda que sustenta el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, la formulaci\u00f3n \u201cde los cargos contra la sentencia recurrida… en forma clara y precisa\u201d, es decir, con estricto ce\u00f1imiento a las razones o fundamentos del fallo impugnado, porque l\u00f3gica y jur\u00eddicamente debe existir cohesi\u00f3n entre el ataque o ataques contenidos en la demanda de casaci\u00f3n y la sentencia del ad quem (o en caso de la casaci\u00f3n per saltum del a quo), pues no de otra manera puede llegar a desvirtuarse, seg\u00fan el caso, la acerada presunci\u00f3n de legalidad y acierto con que llega amparada -a esta Corporaci\u00f3n- la sentencia recurrida. <\/p>\n
El recurso de casaci\u00f3n -ha dicho la Corte- \u201cha de ser en \u00faltimas y ante la sentencia impugnada, una cr\u00edtica sim\u00e9trica de consistencia tal que, por m\u00e9rito de la tesis expuesta por el recurrente de manera precisa, y no por intuici\u00f3n oficiosa de la Corte, forzoso sea en t\u00e9rminos de legalidad aceptar dicha tesis en vez de las apreciaciones decisorias en que el fallo se apoya raz\u00f3n por la cual al analizar el recurso , la Corte tiene circunscrito su radio de acci\u00f3n a los l\u00edmites se\u00f1alados por la demanda, dado que no puede entrar oficiosamente en la consideraci\u00f3n de cuestiones que no se hayan planteado concretamente, aspecto este que por lo mismo marca ostensible diferencia entre las funciones de juzgamiento en instancia y la que compete al Tribunal de casaci\u00f3n, toda vez que aquellos son expresi\u00f3n de atribuciones amplias de los juzgadores para examinar las cuestiones de hecho y de derecho, en tanto que las de la Corte en casaci\u00f3n est\u00e1n restringidas a examinar las causales invocadas dentro de los t\u00e9rminos de cada una de ellas, y siempre que la demanda tiene la forma que prescribe la ley…\u201d (Cas. civ. de 10 de septiembre de 1991). <\/p>\n
La simetr\u00eda de la acusaci\u00f3n referida por la Sala en el aparte anterior, debe entenderse no solo como armon\u00eda de la demanda de casaci\u00f3n con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, sino tambi\u00e9n como coherencia l\u00f3gica y jur\u00eddica, seg\u00fan se dej\u00f3 visto, entre las razones expuestas por el juzgador y las propuestas por el impugnante, pues en vano resulta para el \u00e9xito del recurso hacer planteamientos que se dicen impugnativos, por pertinentes o depurados que resulten, si ellos son realmente extra\u00f1os al discurso argumentativo de la sentencia, por desatinada que sea, seg\u00fan el caso. No en balde, como se ha acotado insistentemente, el blanco privativo del recurso de casaci\u00f3n es la sentencia de segundo grado, salvo trat\u00e1ndose de la casaci\u00f3n per saltum, situaci\u00f3n en la cual dicho blanco estribar\u00e1 en la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
Pues bien, una panor\u00e1mica comparaci\u00f3n entre los fundamentos de la sentencia del Tribunal y los que sirven de sustento medular al cargo se\u00f1alado, basta para observar, y de suyo corroborar, una asimetr\u00eda entre aquellos y \u00e9ste, la cual lo torna en antit\u00e9cnico, toda vez, se repite, que en la censura el recurrente realiza propuestas y valoraciones jur\u00eddicas que, para nada, orientan o explican la decisi\u00f3n del ad quem, y menos a\u00fan fustigan -como de \u2018lege data\u2019 debe ser- el juicio ahijado por el Tribunal, concretamente en lo que toca con el decaimiento del derecho para solicitar el reconocimiento y pago de las mejoras, eje central de su pronunciamiento. <\/p>\n
En efecto, el fallo del Tribunal, luego de examinar en concreto la situaci\u00f3n f\u00e1ctica pertinente, fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en el hecho de que el demandante tuvo la oportunidad para hacer valer el derecho al reconocimiento de las mejoras y no lo hizo (nral. 1\u00ba art. 465 C.P.C), lo que signific\u00f3 – para esa Corporaci\u00f3n – el decaimiento del derecho o de la pretensi\u00f3n, \u201cdesde el instante en que le fue rechazado ese acto procesal de parte, sin que lo impida la decisi\u00f3n del a-quo que la declar\u00f3 no probada (4 de diciembre de 1989, fl. 56 c.2)\u201d (fl. 47 c. 5). <\/p>\n
De igual forma, concluy\u00f3 el Tribunal que result\u00f3 absolutamente claro que en el proceso de deslinde no le fueron reconocidas las mejoras al se\u00f1or Meneses Vela \u201cporque de otra manera no se explicar\u00eda que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto hubiera revocado la decisi\u00f3n del a-quo que reconoci\u00f3 las mejoras, su valor y el derecho de retenci\u00f3n del terreno en disputa – y en su lugar hubiese ordenado su entrega a Gloria Meneses de Muriel\u201d (fls. 47 y 48 ib.). <\/p>\n
La censura que efectu\u00f3 el recurrente en este cargo no dice relaci\u00f3n con los fundamentos precedemente expresados, sino que, por el contrario, como se deline\u00f3, invoca una nueva pretensi\u00f3n ajena a la litis primigenia, que no fue ventilada en el curso del proceso, como fue el enriquecimiento sin causa. Expres\u00f3 el casacionista que el ad-quem ha debido aplicar los art\u00edculos 5 y 8 de la Ley 153 de 1887, cuando no fue formulada en el libelo demandatorio tal petici\u00f3n, ni se fund\u00f3 \u00e9l mismo en estas espec\u00edficas disposiciones. <\/p>\n
El recurrente, en tal virtud, analizado el cargo desde esta otra perspectiva, incurri\u00f3 en un yerro t\u00e9cnico por cuanto no atac\u00f3 todos los fundamentos medulares y, por ende, determinantes del fallo impugnado, por manera que su censura deviene impr\u00f3spera, pues \u201caunque el recurrente acuse la sentencia por violaci\u00f3n de varias disposiciones civiles, la Corte no tiene necesidad de entrar en el estudio de los motivos alegados para sustentar esa violaci\u00f3n, si la sentencia trae como base principal de ella una apreciaci\u00f3n que no ha sido atacada en casaci\u00f3n, ni por violaci\u00f3n de la ley, ni por error de hecho o de derecho, y esa apreciaci\u00f3n es m\u00e1s que suficiente para sustentar el fallo acusado (G.J. LXXI, pag. 740, LXXIII pag. 45, LXXV, pag. 52)\u201d (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, G.J. CXLVIII, pag. 221). <\/p>\n
<\/p>\n
As\u00ed las cosas, el cargo no prospera. <\/p>\n
2. Cargo segundo <\/p>\n
Con fundamento en la primera de las causales de casaci\u00f3n, establecidas por el art\u00edculo 368 del C. de P. C., se acus\u00f3 la sentencia \u201cde ser directamente violatoria de los art\u00edculos 185, 187, 322 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil por aplicaci\u00f3n indebida, 5o. y 8o. de la Ley 153 de 1887 y 739 del C\u00f3digo Civil por falta de aplicaci\u00f3n, como consecuencia de error evidente de hecho en que incurri\u00f3 el fallador de segunda instancia en la apreciaci\u00f3n de la prueba trasladada\u201d (fl. 8, c. Corte). <\/p>\n
Finaliz\u00f3 la acusaci\u00f3n as\u00ed formulada, con la petici\u00f3n de que se casara la sentencia impugnada y, en sede de instancia, se acceda a las s\u00faplicas de la demanda. (fls. 9 y 10, c. Corte). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La segunda censura adolece tambi\u00e9n, en sentir de la Corte, de varias vicisitudes t\u00e9cnicas que impiden su estudio de fondo. <\/p>\n
1. En primer lugar, acorde con lo se\u00f1alado en l\u00edneas anteriores, los argumentos normativos citados por el ad-quem en el fallo, referentes al decaimiento o caducidad de los derechos reclamados por el demandante, no fueron atacados por parte del recurrente, como tampoco, en consecuencia, \u00e9ste procedi\u00f3 a la demostraci\u00f3n de la violaci\u00f3n de las disposiciones de derecho sustancial indicadas por la sentencia del Tribunal, con prescindencia de su real pertinencia. <\/p>\n
2. En segundo t\u00e9rmino, en sede de casaci\u00f3n, no es de recibo acusar la sentencia de ser directamente violatoria de los art\u00edculos 185 y 187 del C.P.C., omitiendo que la causal primera de casaci\u00f3n exige la violaci\u00f3n de una norma de derecho sustancial, entre las cuales \u201cs\u00f3lo est\u00e1n comprendidas aquellas que, al decir de la Corte, \u2018en raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n \u2026\u2019, determin\u00e1ndose que de esa naturaleza no gozan entonces los preceptos que \u2018se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos o a descubrir los elementos de \u00e9stos o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco las tienen las disposiciones ordinativas o reguladoras de la actividad in procedendo\u2019 (G.J. CLI, p\u00e1g., 241). Y m\u00e1s concretamente en lo relativo a normas referentes a pruebas, ha expresado esta Corporaci\u00f3n que no son sustanciales \u2018las disposiciones reguladoras de esta actividad y, en general, todas las que disciplinan la actividad in procedendo\u2019 (Cas. de abril 19 de 1978, entre otras), puntualizando por dem\u00e1s que normas de tal estirpe \u2018tampoco por s\u00ed s\u00f3las pueden dar base para casar una sentencia, sino que es preciso que de la infracci\u00f3n de una de esas disposiciones resulta infringida otra norma sustantiva \u2026\u201d (G.J. LVI, p\u00e1g. 318) (G.J. CCXLIX. 2do. sem. 1997. V. I. P\u00e1g. 536). <\/p>\n
Por tanto, es claro que de los art\u00edculos 185 y 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, alusivos a la prueba trasladada y al sistema de apreciaci\u00f3n de los medios de prueba, no puede predicarse que sean disposiciones materiales, por lo que mal pueden acusarse como violados, por la v\u00eda directa, como se pretendi\u00f3. <\/p>\n
3. En tercer lugar, el cargo igualmente registra una falla relativa a la t\u00e9cnica que estereotipa al recurso extraordinario de casaci\u00f3n, en cuanto el casacionista manifest\u00f3 que se hab\u00eda producido \u201cuna violaci\u00f3n directa de la ley\u201d, por raz\u00f3n o con ocasi\u00f3n de \u201cerror evidente de hecho en que incurri\u00f3 el fallador de segunda instancia en la apreciaci\u00f3n de la prueba trasladada\u201d (fl. 8 c. Corte). <\/p>\n
Sabido es, como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, que se presentan dos diferentes maneras de infringir la ley sustancial \u201cdestacando como nota caracter\u00edstica de la violaci\u00f3n directa, la de que en su formulaci\u00f3n ha de prescindirse por completo de las conclusiones y apreciaciones que el fallador haya hecho en el an\u00e1lisis f\u00e1ctico y probatorio de la contienda que desat\u00f3, pues si se acusa la sentencia de violar directamente una norma de rango material a que invariablemente alude la primera causal de casaci\u00f3n, ning\u00fan reparo debe hacerse al se\u00f1alado aspecto, porque en tal situaci\u00f3n deben coincidir sentenciador y recurrente; en otros t\u00e9rminos, el impugnador no puede separarse de las conclusiones a que arrib\u00f3 el ad quem en el examen de los hechos y los medios de convicci\u00f3n aducidos al proceso. \u2018En tal evento, la actividad dial\u00e9ctica del impugnador tiene que realizarse necesaria y exclusivamente en torno a los textos legales sustanciales que considere no aplicados, o aplicados indebidamente, o err\u00f3neamente interpretados; pero, en todo caso, con absoluta prescindencia de cualquier consideraci\u00f3n que implique discrepancia en el juicio que el sentenciador haya hecho en relaci\u00f3n con las pruebas\u2019 (Cas. Civ. de 20 de marzo de 1973)\u201d (Sentencia No. 016 del 25 de mayo de 1999, expediente No. 05185). <\/p>\n
En el cargo esbozado por el recurrente, se observa que \u00e9ste fund\u00f3 su censura en una violaci\u00f3n directa de la ley, mientras que en el desarrollo del mismo somete a consideraci\u00f3n de la Corte la denuncia de la existencia de un error de hecho relativo a una prueba trasladada (fl. 9 c. Corte). En efecto, el recurrente manifest\u00f3 que \u201cincurri\u00f3 el fallador de segundo grado en la sentencia acusada en error de hecho al tener en cuenta la prueba traslada que contiene el proceso de deslinde y amojonamiento\u2026\u201d y que \u201cEste error, en la apreciaci\u00f3n de la prueba trasladada, llev\u00f3 al fallador de segunda instancia a dar por demostrados los supuestos de identidad de partes, identidad de objeto e identidad de causa, que se requieren para que opere la Cosa Juzgada\u2026\u201d (fl. 9 ib\u00eddem). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el recurrente est\u00e1 atacando en un mismo cargo, por v\u00eda directa y por v\u00eda indirecta (de cara a la comisi\u00f3n de un error de hecho) la sentencia, es decir le est\u00e1 endilgando en la misma censura un error iuris in iudicando y un error facti in iudicando, lo cual lo torna improcedente, como lo tiene sentado la jurisprudencia. <\/p>\n
En tales circunstancias, el cargo debe ser rechazado. <\/p>\n
3. Cargo tercero <\/p>\n
En este cargo el casacionista, con invocaci\u00f3n de la primera de las causales de casaci\u00f3n establecidas por el art\u00edculo 368 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, censur\u00f3 la sentencia impugnada por \u201cser indirectamente violatoria de los art\u00edculos 713, 739 del C\u00f3digo Civil, 5o. y 8o. de la Ley 153 de 1887, 174, 175, 185, 187, 213, 225, 226, 233, 238, 243, 244, 246, 248, 250, 262, 268, 278 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil hoy vigente, 300 del derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, por falta de aplicaci\u00f3n y 465 y 466 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil por aplicaci\u00f3n indebida\u201d, todo a consecuencia de errores de hecho evidentes y de errores de derecho en la apreciaci\u00f3n probatoria (fl. 10, c. Corte). <\/p>\n
Del mismo modo, el Tribunal, en sentir del censor, tampoco tuvo en cuenta \u201clos anexos de la demanda en los cuales se incorpor\u00f3 la prueba de inspecci\u00f3n judicial anticipada, surtida con peritos, y en la cual el juez que la evacu\u00f3 dej\u00f3 constancia de la existencia de las mejoras alegadas y el aval\u00fao que de las mismas se hizo dentro de dicha prueba, seg\u00fan la cual conforme a la derogada disposici\u00f3n contenida en el art\u00edculo 300 del C. P.C. se le daba el valor de indicio que no fue advertido por el fallador de segundo grado\u201d (fl. 11, c. Corte). <\/p>\n
Por otra parte, indic\u00f3 que el Tribunal incurri\u00f3 en error de derecho al hacer \u201cvaler como sentencia las providencias del Tribunal Superior de Pasto de fechas 20 de enero de 1984 y 9 de junio de 1987, sin que ellas trascendieran a la calidad de cosa juzgada\u201d (fl. 11, c. Corte). <\/p>\n
Por las razones anteriores, a juicio del recurrente, el Tribunal dej\u00f3 de aplicar los art\u00edculos 5o. y 8o. de la Ley 153 de 1887, as\u00ed como el 739 del C\u00f3digo Civil, conforme a los cuales el enriquecimiento injusto es fuente de las obligaciones y el propietario de un bien sobre el cual se hubieren plantado mejoras por un tercero, ha de reembolsar a \u00e9ste el valor de ellas. (fl. 12, c. Corte). <\/p>\n
En cuanto incurri\u00f3 en los errores mencionados, el Tribunal consider\u00f3 como aplicables los art\u00edculos 465 y 466 del C. de P. C., que regulan el proceso de deslinde y amojonamiento, pero que resultaban inaplicables \u201cen el proceso ordinario derivado de la acci\u00f3n personal que inicia aqu\u00e9l que ha plantado mejoras en predio ajeno contra su propietario al momento de perder su posesi\u00f3n o su tenencia\u201d (fl. 12, c. Corte). <\/p>\n
Por \u00faltimo, solicit\u00f3 el recurrente que se casara la sentencia impugnada y que, en sede de instancia, la Corte despachara favorablemente las pretensiones del demandante (fl. 12, c. Corte). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En este \u00faltima cargo, como se evidencia, se acus\u00f3 la sentencia recurrida por ser violatoria de las normas all\u00ed se\u00f1aladas (fl. 10, c. Corte), como consecuencia de errores, de hecho unos y de derecho otros, en la apreciaci\u00f3n probatoria. Respecto de los errores de hecho, en palabras del recurrente, por haberse ignorado \u201ctotalmente\u201d la prueba existente en el proceso de deslinde y amojonamiento surtido entre las partes ante el Juzgado Civil del Circuito de T\u00faquerres, as\u00ed como el acta de inspecci\u00f3n judicial anticipada con participaci\u00f3n de peritos, anexada a la demanda. Agreg\u00f3 el casacionista que, adem\u00e1s, el sentenciador le dio efectos de cosa juzgada a las providencias de 20 de enero de 1984 y 9 de junio de 1987 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, que obran en el proceso de deslinde y amojonamiento. Con relaci\u00f3n a la presencia de errores de derecho, el censor puso de manifiesto que uno de ellos aflor\u00f3 al momento en que el sentenciador \u201chizo valer como sentencia las providencias del Tribunal Superior de Pasto de fechas 20 de enero de 1984 y 9 de junio de 1987 sin que ellas trascendieran a la calidad de cosa juzgada, valor\u00f3 dicha prueba trasladada incurriendo en un error de derecho respecto de la calidad de dichas providencias, error que hizo valer al confirmar la sentencia del juez de instancia\u201d (fl. 11). <\/p>\n
Concretando los errores que por preterici\u00f3n de pruebas se denunciaron, se\u00f1al\u00f3 el casacionista que \u201cal ignorar las anteriores pruebas, que fueron regular y oportunamente arrimadas a los autos, el sentenciador de segundo grado no advirti\u00f3 que evidentemente en el predio el P\u00e1ramo el actor hab\u00eda plantado y realizado unas mejoras que le deben ser reembolsadas al tenor del art\u00edculo 739\u201d, precitado, \u201cso pena de incurrir en un enriquecimiento injusto.\u201d (fl. 11 Cdno. Corte) <\/p>\n
2. En este tercer cargo, como en los anteriores, igualmente edificado dentro de la \u00f3rbita de la causal primera, se observan ciertas vicisitudes de car\u00e1cter t\u00e9cnico en su formulaci\u00f3n, que impiden su examen de fondo. <\/p>\n
En efecto, se combate de manera global el m\u00e9rito demostrativo de los elementos probatorios, sin individualizar, cual o cuales de las pruebas fueron preteridas, ni menos a\u00fan, demostrar su incidencia en la resoluci\u00f3n jur\u00eddica atacada, cargas \u00e9stas de forzosa observancia. <\/p>\n
La Corte, en relaci\u00f3n con este mismo punto, ha anotado que \u201cSi, como reiteradamente lo tiene dicho la jurisprudencia, la acusaci\u00f3n de un fallo por error de hecho manifiesto o error de derecho en la estimaci\u00f3n de las pruebas no puede prosperar cuando se refiere a una o algunas, si las dem\u00e1s constituyen un soporte suficiente de la decisi\u00f3n, debe seguirse que el cargo no puede prosperar por no ajustarse a la t\u00e9cnica de la casaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cNo es procedimiento correcto en este recurso extraordinario el ataque aislado de los medios de prueba, porque aun en el evento de hacerlo victoriosamente, subsistir\u00e1n las razones que en torno a los dem\u00e1s expuso el sentenciador, y que por ser suficientes para fundar la decisi\u00f3n impugnada hace inevitablemente impr\u00f3spera la acusaci\u00f3n\u201d (G.J. CXLII, p. 146). <\/p>\n
Y espec\u00edficamente, en torno a la singularizaci\u00f3n de pruebas, la Sala ha puntualizado: <\/p>\n
\u201cHa sido doctrina constante e invariable de la Corte, que a la luz de lo preceptuado por dicha norma conserva hoy toda su vigencia, la de que no es de recibo en casaci\u00f3n hacer referencia gen\u00e9rica e indeterminada al conjunto de pruebas, o a todas ellas; que siendo improcedente acusar la sentencia a trav\u00e9s del planteamiento global del problema probatorio, es deber inexcusable del recurrente singularizar cada uno de los medios que se pretenden no considerados o err\u00f3neamente apreciados por el sentenciador\u201d (CXLVIII, p. 207). <\/p>\n
Adem\u00e1s cabe recordar que si el Tribunal, en el fallo, no se refiri\u00f3 en forma pormenorizada a todas y cada una de las pruebas recaudadas en el proceso, y a\u00fan a aquellas relacionadas por el recurrente, no fue porque el fallador las haya ignorado, de plano o ra\u00edz, sino que consider\u00f3 innecesario su an\u00e1lisis particular y detallado, dada la materializaci\u00f3n del fen\u00f3meno jur\u00eddico del decaimiento del derecho que encontr\u00f3 presente, en su sentir, en el asunto de autos. Este argumento del Tribunal, como se ha resaltado en varias ocasiones, no fue desvirtuado por el recurrente en casaci\u00f3n y mientras tal razonamiento siga en pie, el an\u00e1lisis sistem\u00e1tico de las pruebas en menci\u00f3n, deviene improcedente. <\/p>\n
3. Con independencia de lo plasmado precedentemente, suficiente para el despacho negativo del cargo que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, resulta \u00fatil subrayar que no se acierta respecto del error de hecho que se le imputa al sentenciador en este cargo, como fue \u201cignorar totalmente la prueba recopilada en el curso del proceso bien evacuada dentro del mismo o mediante traslado de la misma\u201d (fl. 11 ib.). <\/p>\n
En efecto, conforme aparece a folios 45 a 48 del cuaderno No. 5, el Tribunal s\u00ed hizo un amplio an\u00e1lisis de la actuaci\u00f3n adelantada por Eduardo Meneses Vela, y que hecha de menos el recurrente, por lo que la censura por supuesta ignorancia de lo actuado en ese proceso, resulta re\u00f1ida con la realidad. Como se resalt\u00f3 en el numeral anterior, si el Tribunal no se refiri\u00f3 a las pruebas recaudadas -bien trasladadas o bien recibidas dentro del proceso-, no fue porque desatendi\u00f3 objetivamente su existencia, sino porque encontr\u00f3 que no era pertinente su an\u00e1lisis, debido a la anunciada floraci\u00f3n del decaimiento del derecho en referencia, soporte de su pronunciamiento. En tal virtud, no existe ning\u00fan error de esta naturaleza. <\/p>\n
4. Ahora bien, en lo que ata\u00f1e al supuesto error de derecho por haberle dado a los autos citados el valor de cosa juzgada, tampoco tiene asidero f\u00e1ctico, a la par que jur\u00eddico, tal aserto, como quiera que el Tribunal sentenciador no efectu\u00f3 este tipo de juicios. Simplemente, lo que hizo el ad-quem fue delinear un argumento seg\u00fan el cual \u201cun criterio contrario al anteriormente esbozado (relativo al no reconocimiento de las mejoras al demandante en la diligencia de entrega), inevitablemente conducir\u00eda a pasar por alto el hecho de la oposici\u00f3n del ahora demandante fue declarada desierta, pero tambi\u00e9n a estudiar las pruebas juzgadas por otra autoridad judicial sobre el mismo tema decisorio, no modificado por circunstancias posteriores, convirtiendo este proceso en una especie de recurso de revisi\u00f3n del impl\u00edcito desconocimiento de las mejoras, con la eventualidad de decidir en forma diversa a la tambi\u00e9n compendiada, con detrimento de la seguridad jur\u00eddica que est\u00e1 necesariamente \u00ednsita en las actuaciones y decisiones judiciales\u201d (fl. 48 c. 5). Esa expresi\u00f3n del fallador en manera alguna se puede entender como una calificaci\u00f3n de sentencia a unas providencias dictadas dentro del proceso de deslinde y amojonamiento, que se encuentran debidamente ejecutoriadas. <\/p>\n
Por las razones esgrimidas este cargo tampoco est\u00e1 llamado a tener \u00e9xito. <\/p>\n
Viene de lo dicho, entonces, que ninguno de los tres cargos con los cuales se combate la sentencia recurrida, est\u00e1 orientado a prosperar, como en efecto no prosperan. <\/p>\n
IV. DECISION <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil y Agraria, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogot\u00e1 -Sala Civil-, el 8 de agosto de 1994, en el proceso ordinario promovido por EDUARDO MENESES VELA contra GLORIA MENESES DE MURIEL. <\/p>\n
Costas en casaci\u00f3n a cargo de la parte recurrente. T\u00e1sense. <\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
<\/p>\n
JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES <\/p>\n
MANUEL ARDILA VELASQUEZ <\/p>\n
NICOLAS BECHARA SIMANCAS <\/p>\n
CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO <\/p>\n
JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ <\/p>\n
JORGE SANTOS BALLESTEROS <\/p>\n
SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO <\/p>\n
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S-124-99 [5294] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACION CIVIL y AGRARIA Magistrado Ponente: CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO Santa Fe de Bogot\u00e1, D.C., diez (10) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999) Referencia: Expediente No. 5294 Decide la Corte el recurso […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[80],"tags":[],"class_list":["post-81727","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-80"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81727","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81727"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81727\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81727"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81727"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81727"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}